La experiencia de cientos de mujeres que ven limitado o negado su derecho al aborto en España nos demuestra que ningún derecho está plenamente garantizado solo por figurar en una ley. Ojalá bastara con eso. Así, además de problemas de acceso, falta de información, burocracia excesiva y desesperante, traslados forzosos a otras provincias, el ejercicio real del derecho al aborto es restringido cuando cada día, a las puertas de clínicas acreditadas, las mujeres siguen teniendo que atravesar un pasillo de presión y de señalamiento de quienes quieren decidir por ellas.

Hace ya más de cuarenta años que, en España, gracias a la lucha del movimiento feminista, se legalizó el aborto. Y, sin embargo, aún hoy las mujeres que quieren ejercer este derecho siguen sufriendo hostigamiento y acoso. Siguen teniendo que enfrentarse a grupos de personas que quieren coartar su libertad.

Esto, además, pese a que en 2023 se logró reformar la ley para considerar como delito los actos intimidatorios o coactivos que intentasen obstaculizar este derecho. Así, mediante el artículo 172 quater del Código Penal, se reconoció que las pacientes y las profesionales de las clínicas vivían cada día una intimidación que tenía un fin: señalar a las mujeres, generar miedo, culpa, angustia, coartar e impedir el acceso a una prestación sanitaria legalmente reconocida.

Esta reforma recibió el aval del Tribunal Constitucional, que consideró que esta tipificación persigue un fin constitucionalmente legítimo —la protección de un derecho fundamental—; resulta proporcionada, necesaria y adecuada para evitar formas específicas de coacción ambiental; y no vulnera la libertad de expresión ni el derecho de reunión ya que no sanciona la manifestación de ideas, sino aquellas conductas que, por su contexto, reiteración o finalidad, pretenden perturbar gravemente la libertad de decisión de las mujeres.

Pese a lo bien intencionado de la reforma, las resoluciones judiciales interpretan de manera restrictiva este artículo. La sentencia más reciente, la del caso Askabide, en Gasteiz, ha absuelto a 21 personas que participaron en concentraciones frente a esta clínica. Según la jueza, se limitaron a “rezar por la vida y ofrecer su ayuda” en las inmediaciones del centro, actuando “de forma exquisitamente pacífica”.

Esta sentencia, vacía el artículo 172, resulta contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y, sobre todo, supone una amenaza a la libertad de cualquier mujer, ya que justifica la intimidación y el acoso ante el ejercicio de un derecho.

Implica, además, una inversión de la carga de la prueba. No corresponde ni a las mujeres ni a las trabajadoras de las clínicas demostrar que estas concentraciones les causan malestar, les intimidan o les impiden acceder a esta prestación sanitaria. El acto en sí, la presencia de estos ultras, es una forma de acoso.

Por eso, para cerrar estas grietas y para que la protección frente al hostigamiento se cumpla, nuestro grupo parlamentario ha registrado una propuesta de modificación del artículo 172 quater.

En concreto, por un lado, perseguimos definir con total claridad que la generación de “un entorno intimidatorio, hostil o coactivo, mediante actos molestos u ofensivos” supone una limitación a la libertad de las mujeres. No se concentran en las clínicas para “cantar y rezar”, se concentran para influir y coaccionar a las mujeres que quieren ejercer un derecho básico.

Y por otro lado, prohibir la realización de concentraciones, manifestaciones, vigilias, etc., dentro de un perímetro de seguridad de doscientos metros alrededor de las clínicas.

Debe existir un espacio protegido en torno a las clínicas para que las mujeres puedan abortar con tranquilidad, sin intromisiones ni condicionamientos. Un espacio protegido para garantizar el derecho efectivo, algo que es responsabilidad de los poderes públicos.

El aborto debe poder ejercerse como un derecho, como una prestación sanitaria, y no como una carrera de obstáculos y hostigamientos. Y para que eso ocurra, el Estado no puede mirar hacia otro lado, tiene que proteger.

La obligación del Estado es estar al lado de quienes quieren ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es asegurar que el ejercicio de ningún derecho dependa del miedo, de la culpa o de la determinación para soportar la presión.

En el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar lo tenemos claro. No vamos a permitir que se vulneren derechos, menos aún que se retroceda en ellos.

Una sociedad democrática no deja solas a las mujeres. No permite que acceder a un centro sanitario se convierta en una prueba de resistencia emocional frente al acoso.

Porque si la libertad depende del miedo, no es libertad. Y si la ley no basta para garantizarla, entonces la ley debe cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer.

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Yolanda Díaz, Verónica Barbero, Esther Gil de Reboleño, Laura Vergara, Candela López, Aina Vidal, Júlia Boada, Viviane Ougou, Engracia Rivera, Tesh Sidi, Alda Recas y Mar González.

Esta semana Naciones Unidas conmemora el 80 aniversario de su creación, mediante la Carta de San Francisco. Delegaciones de 193 estados miembros se dan cita a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York para hacer frente al genocidio de Gaza y la crisis del sistema internacional multilateral basado en el derecho internacional que representa.

El tema de UNGA80 es “Trabajando juntos por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. Pero en vez de avanzar, los retrocesos en el cumplimiento de la Agenda 2030 son patentes. El Consejo de Seguridad, bloqueado por el veto de las grandes potencias nucleares es incapaz de buscar soluciones para los casi 60 conflictos armados existentes, comenzando por la invasión rusa de Ucrania y el genocidio del gobierno israelí en Gaza. Acaba de votar la retirada de la principal misión de mantenimiento de la paz en el Líbano, FINUL, en dos años aumentando el peligro de una guerra generaliza en Oriente Próximo. La Nueva Agenda de Paz y la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad del secretario general Guterres parecen propuestas utópicas por la crisis financiera provocada por la retirada de contribuciones obligatorias y voluntarias de EEUU y otros grandes donantes. La competencia multipolar impune de las potencias nucleares empuja a los márgenes de la Asamblea General la defensa del multilateralismo basado en el derecho internacional.

“No dejar a nadie atrás” ha sido la consigna de un programa de cambio basado en la cooperación internacional que articulaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Junto con el cumplimiento de los Acuerdos de París para la lucha contra el cambio climático constituyen el único programa de emergencia para la supervivencia de la Humanidad basado en la evidencia científica y en la convicción de que los problemas más imperiosos de la Humanidad son problemas globales que solo se pueden abordar desde la cooperación multilateral. Este programa fue desarrollado, consensuado y adaptado por los 193 miembros de Naciones Unidas en los últimos quince años. Pero el ascenso del autoritarismo, ligado al proteccionismo y a la búsqueda de un nuevo reparto del planeta en zonas de dominación e influencia están cerrando la ventana de oportunidad no solo de un mundo mejor para todos, sino de la misma supervivencia de cientos de millones de personas.

Y sin embargo, no hay alternativa a un multilateralismo eficaz que pasa por la reforma de Naciones Unidas, como ha propuesto su secretario general Guterres. La prueba de ello es la falta de resultados positivos de la cadena de Cumbres que han precedido en estos meses a UNGA80: Anchorage, Bruselas, Washington DC para conseguir un alto el fuego en Ucrania; Pekín para establecer un contrapeso al unilateralismo de la Administración Trump. Ucrania, Palestina, Sudán siguen siendo escenarios de crímenes de guerra, de matanzas, de prohibición de acceso de la ayuda humanitaria que interpelan a las conciencias de cada uno de los habitantes de este planeta.

UNGA80 ha adoptado un programa para esta semana de reuniones de alto nivel que es en sí mismo una hoja de ruta de los problemas más urgentes para romper con esta dinámica suicida: la reafirmación del derecho de Palestina a existir en la fórmula de dos estados; la recuperación del aliento para el cumplimiento de la agenda 2030; la centralidad de la emancipación de las mujeres en el 30 aniversario de la Conferencia de Pekín y la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos; el cumplimiento y anuncio de nuevos objetivos de descarbonización en la hoja de ruta de los Acuerdos de París y la próxima COP30 de Brasil; la reforma del sistema internacional de financiación al desarrollo, tras la Cumbre de Sevilla, para hacer frente a una crisis de la deuda que afecta a la cuarta parte de los estados miembros, que transfieren actualmente más capital a los países desarrollados que lo que reciben de ellos; la reforma de los sistemas sanitarios para hacer frente al crecimiento de las enfermedades crónicas y de salud mental en una población cada vez más envejecida; la integración de la juventud en las instituciones multilaterales, preparando la generación del futuro; la gobernanza internacional de la Inteligencia Artificial, principal factor de crecimiento de la productividad de la economía; la recuperación de la lucha contra las armas nucleares y el peligro de extinción planetaria que representan en la nueva competencia multipolar, relanzando el Tratado de No Proliferación (TNP) y reafirmando la obligación moral a través del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares; no dejando atrás causas perdidas de opresión como la situación de los Rohingyas de Myanmar, un país sumido en una cruel guerra civil contra la dictadura militar.

El programa parecerá demasiado ambicioso cuando se señorean del mundo quienes impulsan una nueva Guerra Fría y un nuevo reparto de zonas de influencia exclusivas. Pero es un programa imprescindible, que parte de los valores y principios de la Carta de Naciones Unidas, surgida de la esperanza de un mundo mejor y más justo tras los horrores de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi-fascismo.

El multilateralismo el eje de la construcción de la Europa de los Ciudadanos que queremos, de la política exterior progresista y feminista del gobierno de coalición. Sumar asume como propio la necesidad de defender el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho humanitario como base de ese programa de emergencia de la humanidad que una vez más se pondrá al día en UNGA80.

Además, no hay alternativa. En 2018, Trump se dirigió por primera vez a la Asamblea General y provocó algo más que sonrisas cuando aseguró que el mundo era mejor gracias a él. Ahora quiere un nobel de la paz mientras alienta el genocidio en Gaza de un criminal de guerra como Netanyahu. Y en los próximos meses querrá manipular el proceso de selección de un nuevo secretario general tras el fin del ejemplar mandato de Antonio Guterres.

La defensa del multilateralismo no solo es un imperativo ético. Es la única política que puede resolver mediante la colaboración y el derecho internacional los problemas globales y construir un mundo más justo. Por eso apelamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a tomar en sus manos la defensa y la reforma de Naciones Unidas.

Hoy en día, felizmente, la salud mental está en el centro de la agenda política y del debate público; sin embargo, muchos de los agentes políticos, mediáticos e institucionales que dicen preocuparse por la salud mental, dedican sus esfuerzos a destruir sistemáticamente los pilares del bienestar. Quienes promueven un mercado de la vivienda a merced de los especuladores, sueldos de miseria en la hostelería o la destrucción de producción ganadera y agrícola local a manos de las macrogranjas industriales, están provocando un enorme sufrimiento psicológico. La salud mental está directamente relacionada con las condiciones de vida, la personal y la colectiva, y es difícil sentirse bien cuando todo lo que te rodea es inestable y corre peligro de desaparecer. Por eso en el entorno de la salud pública se suele recuperar la máxima de Guillermo Rendueles y le recordamos a mucha gente que, a veces, para superar una depresión no se necesita una pastilla; se necesita un sindicato.

El sindicalismo es el auténtico motor de la democracia, porque nunca ha habido derechos sin lucha social, ni avances que se sostengan sin resistencia popular. La democracia tiene más que ver con una huelga de limpiadoras que con las peripecias de un puñado de “padres fundadores” de las instituciones. La historia lo demuestra, como demuestra que la represión sindical nunca es el ataque aislado a un colectivo o a un sindicato determinado. Es una ofensiva global contra los derechos sociales.

La tremenda sentencia en contra de Las 6 de La Suiza –seis sindicalistas asturianas de la CNT en riesgo de entrar en la cárcel por manifestarse en defensa de los derechos sociales y laborales– es inseparable del caso de los seis antifascistas de Zaragoza, tristemente ya en prisión, o de otros casos recientes, como el de los tres de Granada, el de los cuatro sindicalistas de piscinas municipales de Galicia, o los cientos de sindicalistas del SAT procesados en Andalucía. Y esto por citar solo un puñado de casos, dado que, año tras año, cientos de sindicalistas se enfrentan a juicios con amenaza de cárcel por defender los derechos de todos y todas.

Nos reconforta que la sociedad asturiana se haya volcado en solidaridad con Las 6 de La Suiza, como celebramos que el Gobierno asturiano haya solicitado el indulto, incoado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, con Ovidio Zapico al frente. Es necesario que, desde todos los ámbitos, empujemos y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que ese indulto sea efectivo. Porque hay mucho en juego. Está en juego, por supuesto, que se haga justicia para Las 6 de La Suiza, y que un grupo de trabajadoras no acabe en la cárcel por defender los derechos de las mujeres y de la clase obrera. Pero este caso es una puerta abierta, otra más, por la que se pone en cuestión la propia naturaleza de la democracia. ¿Qué dice de nuestra sociedad que las personas y las organizaciones que siempre están al pie del cañón para defendernos de cualquier tipo de abuso sean las que sistemáticamente están en la diana de las instituciones? Nada bueno, sin duda.

Ahora lo que toca es seguir movilizándonos, seguir empujando para que se logre el indulto, derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (ley mordaza) y seguir impulsando la solidaridad con quienes nos cuidan. Porque eso es lo que hacen las sindicalistas. Nos cuidan como personas, como sociedad y como democracia. Quienes de verdad se preocupen por la salud mental que no olviden que un sindicato puede hacer más por el bienestar social que un tubo de pastillas, y quienes teman por el avance autoritario que no olviden que la solidaridad es la única trinchera que nos permitirá defender nuestros derechos y libertades.

(Que los sindicatos protegen la salud es un hecho científicamente demostrado. El programa 'What Works for Health' ('Lo que funciona para tu salud') es un proyecto vinculado a los County Health Rankings & Roadmaps y desarrollado desde la Robert Johnson Foundation y University of Wisconsin Population, junto al cual se trabajó muchos años en Asturies a través del Observatorio de Salud. Hace unos meses este programa publicó una potente revisión científica significativamente titulada “Los sindicatos mejoran tu salud”. No sorprenderá a nadie que este proyecto esté actualmente bajo el ataque y los recortes de Donald Trump.

El 16 de mayo de 2020 se publicó en 43 periódicos, en 27 idiomas y 36 países de todo el mundo el manifiesto 'Trabajo: Democratizar, Desmercantilizar, Descontaminar' que fue firmado por más de 3.000 investigadores de 750 universidades e instituciones académicas de todo el mundo.

En plena crisis del COVID, se reflexionaba sobre los aprendizajes que nos había dejado la pandemia cuando aún la humanidad estaba en shock. El primero y más importante era que los seres humanos y su trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El miedo a la muerte hizo que la sociedad pusiera en valor la labor de tantos profesionales médicos sin cuyo trabajo las pérdidas hubieran sido mucho mayores aun. Comprobamos que la sociedad no funciona si las personas que la componemos permanecemos aisladas por mucha tecnología de comunicación que tengamos. Vimos que las máquinas facilitan las labores, pero aún no sustituyen el trabajo humano. Descubrimos que era necesario recuperar la dignidad en el trabajo. Y vimos claramente que no sólo las personas estábamos en riesgo sino también el planeta en el que habitamos. Se evidenció que las leyes del mercado por sí solas no regulan de manera adecuada el bien común. La escasez de mascarillas y de vacunas fueron un duro ejemplo.

Y como sucede cada vez que la humanidad afronta un peligro, surgió un sentimiento de cooperación que se instaló no sólo en las comunidades de personas de todo el planeta sino en los discursos políticos llamando a la unidad y a la solidaridad.

Sin embargo, han pasado ya cinco años y los graves problemas sobre los que se reflexionaba y que tan claros se veían entonces, lejos de mejorar, se han agravado. Desde entonces, varias crisis se han sucedido. Crisis económicas y humanitarias provocadas por nuevos conflictos bélicos. Y también crisis climáticas que provocan migraciones y desastres naturales con terribles consecuencias. Pero todas ellas tienen algo en común. Con cada nueva crisis, sea del tipo que fuera, comprobamos que la desigualdad aumenta. 

La desigualdad es la gran pandemia del siglo XXI. La brecha de desigualdad está creciendo y la diferencia entre los ricos y los pobres se amplía en lugar de reducirse. Las mujeres, las personas racializadas y las minorías excluidas se ven afectadas por la creciente desigualdad en los ingresos. Las mujeres ejercen los trabajos más inestables y peor pagados y siguen enfrentándose a una significativa brecha salarial.

La buena noticia es que ya hay una vacuna. Una vacuna que alivia los síntomas y que salva muchas vidas de la pobreza y la exclusión social. 

Una vacuna que ha sido testada durante muchos años en multitud de países y de comunidades y que el Manifiesto Trabajo había identificado como un signo de esperanza: esta vacuna es la Economía Social. Ha dado probadas muestras de éxito empresarial y social generando beneficios no sólo económicos sino también sociales. Reduciendo la brecha entre hombres y mujeres, ofreciendo trabajos decentes que hacen que millones de personas salgan de la economía informal y contribuyan con su trabajo al progreso de sus comunidades.

Pero la enfermedad de la desigualdad está muy extendida y hacen falta muchas más vacunas. Necesitamos producirlas en serie, generar más empresas con fines no sólo económicos sino sociales, con más prácticas democráticas, y para ello ha nacido ASETT.

Desde ASETT (Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank) proponemos trabajar en soluciones reales y contrastadas. Este es un proyecto global pero lanzado desde España, donde la Economía Social equivale al 10% del PIB. Un país en el que el turismo ha batido récord en 2024 con 96 millones de visitantes extranjeros, lo que supone un 12% de ese PIB. Estamos convencidos de que un país con más economía social sería un país mejor. Un país con menos desigualdades, con mejor reparto de la riqueza y con una sociedad más entrenada en ejercer las rutinas democráticas de participación y decisión colectiva. 

Las empresas de la economía social ya han demostrado que existe una alternativa real a la economía tradicional, que sólo busca maximizar el beneficio a cualquier precio y que, haciéndolo, aumenta las desigualdades. Una vía distinta, más humana, que tiene en consideración los derechos de las personas trabajadoras y busca la transformación ecológica y la justicia social. Por eso, desde ASETT queremos visibilizar esta economía, escalarla y adaptarla a distintos territorios para que más comunidades se beneficien de sus ventajas. Queremos replicar los muchísimos casos de éxito ya existentes en tantos lugares y hacerlo impulsando una red de agentes académicos, institucionales y empresariales que aporten conocimiento y trabajo a esta tarea. 

Porque no podemos asistir inmóviles al deterioro del planeta y de la sociedad. Porque creemos imprescindible intentar revertir la actual situación. Porque, como dijo José María Arizmendiarrieta, fundador de la Corporación Mondragón, la idea o la palabra buena es aquella que se convierte en acción.

Al enfoque académico queremos sumar el esfuerzo de tantas instituciones y empresas que no olvidan la dignidad de la gente trabajadora y de la ciudadanía.

Por todo esto, los abajo firmantes nos comprometemos a trabajar para mejorar los sistemas legislativos y los instrumentos financieros. Nos comprometemos a trabajar para que la educación incluya los modelos de empresa de la economía social y para que éstos puedan extenderse y generar más impacto. Nos comprometemos no sólo a denunciar los problemas sino a trabajar en posibles soluciones. Nos comprometemos a intentarlo porque creemos en la voluntad y el trabajo de multitud de colectivos que ya están haciendo un formidable esfuerzo, que tiene que ser mucho más conocido.

Es fundamental cambiar de rumbo. Podemos rediseñar nuestras economías para basarlas en la igualdad, las personas y el planeta. Necesitamos sistemas económicos justos y sostenibles; acciones firmes contra la crisis climática y nuevos marcos que empoderen a todas las personas para vivir con libertad, dignidad e igualdad de oportunidades.

Frente a un capitalismo cada vez más dominado por los oligopolios tecnológicos, que concentran poder y riqueza en manos de unos pocos y erosionan nuestras democracias, la economía social ofrece una alternativa concreta, plural y transformadora. En nombre de la dignidad de todas las personas, de la democracia y del planeta, es hora de extenderla.

*ASETT es un proyecto impulsado por el Gobierno de España en colaboración con el Gobierno vasco, la Confederación española de la economía social (CEPES), el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE), la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la corporación Mondragón.

Firmantes

Las pasadas elecciones europeas tuvieron lugar en un contexto de encrucijada histórica. Para los y las demócratas en toda Europa, el resultado fue agridulce. Por un lado, la ciudadanía europea evitó una victoria incontestable de la ola reaccionaria, pero se ha producido un evidente giro a la derecha en la composición del Parlamento Europeo. Asimismo, como afirma Chris Bickerton, la extrema derecha ha pasado del euroescepticismo más estridente a un reformismo tibio, una normalización no menos preocupante, con consecuencias también devastadoras para las mayorías sociales europeas.

En Bruselas, el gatopardismo ofrece un pequeño consuelo: todo parece cambiar para que, en realidad, nada lo haga. Se preservan los antiguos equilibrios, evitando, al menos, que el proyecto europeo caiga en manos de quienes desean desmantelarlo. Bajo esta lógica, surge la propuesta de una nueva Comisión Europea que produce, inevitablemente, sentimientos encontrados. Por un lado, la buena noticia: Teresa Ribera será una comisaria excepcional, consolidando el papel destacado de España en Europa y garantizando que la lucha contra el cambio climático siga siendo una prioridad —a pesar de los intentos del Partido Popular por desacreditar a su propio país—. Por otro lado, la mala: la derecha más reaccionaria tendrá su cuota de poder con Raffaele Fitto, una concesión facilitada por la propia socialdemocracia. Y no es el único escollo.

La propuesta inicial de la Comisión incluía los asuntos laborales y sociales en una cartera denominada «Personas, Capacidades y Preparación» (People, Skills, and Preparedness, en inglés), omitiendo explícitamente referencias a los derechos laborales y sociales en su título por primera vez desde el Tratado de Roma. Este enfoque levantó una importante oposición, tanto dentro como fuera del Parlamento Europeo, pues suponía invisibilizar cuestiones esenciales para millones de personas trabajadoras. No podíamos permitirlo.

Gracias a la presión ejercida por numerosos actores y la acción decidida de la sociedad civil, se ha logrado un cambio significativo: la cartera ahora se llamará «Empleos de calidad, derechos sociales, educación, capacidades y preparación» (Quality Jobs, Social Rights, Education, Skills, and Preparedness). Este cambio en la denominación envía un mensaje claro y contundente sobre las prioridades de la Unión Europea y su compromiso con el bienestar de las personas trabajadoras.

Confío plenamente en la persona escogida para la tarea, la socialdemócrata rumana Roxana Mînzatu, y celebro que esta cartera figure como vicepresidencia, con la relevancia y visibilidad que este gesto conlleva. Sin embargo, y aunque este cambio de nombre es indudablemente un paso en la dirección correcta, debemos ser conscientes del peligroso mensaje implícito que lanzaba la presidenta Von der Leyen con el nombre anterior puesto que, pese al cambio, es esperable que la misma lógica permanezca.

La insistencia en las «capacidades» (skills) que lleva instalada en Europa los últimos años parte de una lectura conservadora del mundo del trabajo, según la cual los problemas de precariedad, la epidemia de sueldos bajos o las dificultades para encontrar empleo son achacables no a los legisladores o a los empresarios, sino a la falta de competencias por parte de las personas trabajadoras. Este enfoque supone desplazar la responsabilidad de la parte fuerte de la ecuación a la parte débil, haciéndola culpable de sus propias condiciones. Lo sé muy bien a título personal: cuando el Partido Popular ocupó el Ministerio que hoy tengo la responsabilidad de liderar, también le privó de su nombre, en una época donde era frecuente que los periódicos no tuvieran una sección de Trabajo, solo de Dinero y Economía. En resumen, esta lógica reproduce el dogma neoliberal que tanto dolor causó en mi país y en Europa, y que se mostró, además, fallido e ineficiente.

La formación es un ámbito en el que he puesto especial atención en los últimos cuatro años, desde Bruselas o Luxemburgo. He sido la principal defensora de impulsar una directiva que reconozca de forma efectiva el derecho a la formación a lo largo de toda la vida laboral de todas las personas, ocupadas y desempleadas, que garantice su duración en el tiempo y las condiciones para su ejercicio, tanto durante la jornada de trabajo como fuera de ella, en forma de permisos o licencias de carácter retribuido para la formación. He insistido, asimismo, en la simplificación de los sistemas nacionales de acreditación, certificación, validación y homologación de las competencias adquiridas en otros Estados miembros, así como en el papel que los convenios colectivos deben jugar en la articulación y desarrollo de este derecho. A su vez, he reiterado la necesidad de aumentar los recursos del Fondo Social Europeo destinados a la formación profesional en el trabajo.

En definitiva, creo firmemente en la centralidad de la formación para que la doble transición verde y digital sea también justa, pero Europa no se puede permitir volver a discursos que se han demostrado desfasados y disfuncionales. Hemos de ser coherentes: es en tiempos de incertidumbre cuando más sentido tiene apostar por lo que sabemos que funciona. Precisamente por eso, la prioridad de esta cartera —ahora denominada «Empleos de calidad, derechos sociales, educación, capacidades y preparación»— debe estar en dar forma a un europeísmo laborista que ponga los derechos laborales y los intereses de las personas trabajadoras en el centro; que hable de codificar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales para hacerlos vinculantes; que defienda, como hace el sindicalismo europeo, un Protocolo de Progreso Social que haga prevalecer los derechos sociales sobre los privilegios de unos pocos; que continúe y lleve más allá los avances logrados en los últimos años, como la Directiva sobre salarios mínimos adecuados.

En la gestión de la pandemia demostramos que el austericidio no es inevitable; que las cosas se podían hacer de forma diferente para mejorar la vida de la gente. Todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Tenemos la oportunidad, pues, de garantizar que este cambio en la denominación se traduzca en compromisos de actuación ambiciosos y claros, en los que se prioricen los derechos de las personas trabajadoras en toda Europa.

No nos podemos permitir un déjà vu de 2008: sería el mejor alimento para la extrema derecha. El bienestar de las mayorías sociales y el futuro de la propia Unión están en juego. Este cambio en la denominación de la cartera es un paso en la dirección correcta, pero el verdadero reto radica en convertir las palabras en acción y en poner los derechos sociales y laborales donde siempre han debido estar: en el corazón del proyecto europeo.

Escribo estas líneas cuando se ha sobrepasado el medio año del inicio de la ofensiva israelí, que continúa con una normalidad monstruosa. Casi siete meses en los que hemos asistido a la mayor de las barbaries: un proceso acelerado de limpieza étnica y un genocidio en curso, por un lado; y la apatía y el inmovilismo cómplice de una gran parte de la comunidad internacional, por el otro.

Las cifras dan buena cuenta del horror: en este tiempo, Israel ha asesinado a 16 y herido a 36 de cada 1.000 gazatíes; son ya más de 34.000 personas muertas, entre ellos más de 14.000 niñas y niños; más de 75.000 personas heridas, y miles enterradas bajo los escombros. Mientras tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu, el más extremista de la historia de Israel, usa el hambre de millones de palestinos y palestinas como arma de guerra. Ahora, cuando la amenaza de una irresponsable escalada militar entre Israel e Irán amenaza con extender la guerra a toda la región y opacar el horror en la Franja de Gaza, es cuando resulta más necesario que nunca dar un paso modesto pero imprescindible: reconocer, de forma urgente, el Estado palestino. Reconocer, precisamente, para avanzar.

En un contexto europeo extraordinariamente difícil y decepcionante, España ha destacado por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Gobierno de coalición progresista ha demostrado que la postura correcta pasaba por trabajar por el fin de la agresión, que nuestro país debía y podía convertirse en una fuerza de progreso, estabilidad y certidumbre en medio de esta tragedia. Y lo ha hecho, sobre todo, porque Sumar ha hecho todo lo que estaba en su mano para que así fuese. Lo hemos hecho con lealtad y cuidando la coalición, con el convencimiento de que nuestro país no podía permanecer impasible ante la barbarie: nuestra ciudadanía no lo permitiría. Lo hemos hecho, en realidad, como en tantas otras ocasiones: empujando para que lo que siempre nos aseguran que es imposible, sin embargo, termine siendo no sólo posible, sino necesario. En este caso, tenemos que estar orgullosas de haber actuado de forma diferente. Hemos dado pasos importantes, pero podemos hacer mucho más. El pueblo palestino necesita mucho más.

El presidente Sánchez ha afirmado en múltiples ocasiones que nuestro Gobierno dará, al fin, el paso definitivo hacia el reconocimiento del Estado palestino y el apoyo a su ingreso como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, luego de que Sumar lograse incluirlo in extremis en el acuerdo de gobierno con el PSOE, tras demasiados años de procrastinación y pies de plomo, después de que el Congreso instase a ello por abrumadora mayoría casi una década atrás.

Son muchas las razones compartidas para llevarlo a cabo, todas de ellas de sentido común, la mayoría de ellas demasiado tiempo postergadas. Se trata, de algún modo, de saldar una deuda histórica que nuestro país mantiene con el pueblo palestino. Se trata, también, de entender que el reconocimiento no constituye una concesión: es, muy al contrario, un derecho; hacer realidad aquella resolución 3376 de la Asamblea General de Naciones Unidas, los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, que protegía el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la soberanía, además del derecho de los refugiados palestinos al retorno. Se trata, asimismo, de alinearnos con el mundo, puesto que son más de 140 los países que ya han reconocido al Estado palestino, sobre todo del Sur Global. Se trata, en definitiva, de atender a las demandas y preocupaciones de la sociedad española, que desea libertad y paz para el pueblo palestino y lo ha dejado meridianamente claro, una y otra vez, durante todo este tiempo, en las calles, universidades y lugares de trabajo.

Para Sumar, esta medida es mucho más que una declaración formal, un mero punto de llegada. Es, ante todo, un punto de partida, la condición de posibilidad de todo lo demás; un avance que debe ser acompañado de más medidas, dotado de contenido, el cumplimiento de un derecho y no un simple gesto de cara a la galería

Hay, también, diferencias notables en el alcance y objetivos del reconocimiento. Para Sumar, esta medida es mucho más que una declaración formal, un mero punto de llegada. Es, ante todo, un punto de partida, la condición de posibilidad de todo lo demás; un avance que debe ser acompañado de más medidas, dotado de contenido, el cumplimiento de un derecho y no un simple gesto de cara a la galería.

El reconocimiento debe convertirse en un punto de inflexión, un abandono explícito de la lógica que durante tanto tiempo ha imperado en la política de nuestro país y de la Unión Europea respecto a Palestina: la de que el reconocimiento llegaría al final de unas eventuales negociaciones de paz. La trampa de esa lógica ha estado siempre en que, mientras los gobiernos occidentales hacían llamamientos vacíos a la paz, Israel aumentaba sus asentamientos ilegales y castigaba a la población palestina con condiciones de vida cada vez más asfixiantes, reforzando el sistema de apartheid y recrudeciendo la desigualdad entre las partes. El resultado inevitable de esta política de hechos consumados ha sido el alejamiento creciente de una solución viable. Por contra, el reconocimiento, tomado con seriedad y bien orientado, puede convertirse en el primer ladrillo en la construcción de una paz justa y duradera, que empodere al pueblo palestino y su autogobierno, y reafirme la ilegalidad de la ocupación israelí, dando cuerpo a sus necesarias respuestas.

El reconocimiento, como apuntaba con anterioridad, debe afirmarse con muchas más medidas para no convertirse en papel mojado. Nuestra hoja de ruta al respecto es muy clara. La llevamos defendiendo desde octubre, tras condenar con rotundidad los ataques terroristas de Hamás, el terrible comienzo de la ofensiva israelí y las diferentes formas de antisemitismo e islamofobia que tomaron cuerpo esos días —esta es, en nuestra opinión, la única posición moral y política viable, de la que las derechas españolas se han desmarcado de manera flagrante—.

Es necesario exprimir todos y cada uno de los instrumentos diplomáticos a nuestro alcance, comenzando por la llamada a consultas de nuestra Embajadora en Tel Aviv. Asimismo, nuestro país ha de presionar en el marco europeo para cumplir con su propia arquitectura jurídica, estar a la altura de sus propios estándares. Es el caso, por ejemplo, del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que debe ser suspendido en base a su artículo 2, que compromete a las partes a respetar los derechos humanos, o el Instrumento Europeo de Vecindad, cuyos fondos destinados al régimen de Netanyahu han de ser paralizados. A su vez, España debe ofrecer su mediación para la liberación de todos los rehenes civiles, respaldar la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia —como ya han hecho Irlanda, Eslovenia y la inmensa mayoría del Sur Global—, y apoyar con más ahínco las investigaciones sobre crímenes de guerra de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como hicimos, sin dudas ni ambages, con Ucrania. Además, es imprescindible profundizar y completar la revisión de la compraventa de armas con Israel —incluidas, sí, las licencias otorgadas antes del 7 de octubre, además del tránsito armamentístico que discurre por nuestras fronteras— para evitar contribuir a su maquinaria de guerra, así como evitar que los productos procedentes de los territorios ocupados lleguen a nuestro mercado, y que empresas españolas operen en dichos territorios, apuntalando la ocupación. Por último, nuestro país no debe temer medidas más efectivas y contundentes: por coherencia, las sanciones a los colonos israelíes deben generalizarse, y no limitarse a una docena de personas.

Son muchas cuestiones pendientes, por supuesto, pero hay una buena noticia: todas estas acciones diplomáticas y decisiones políticas pueden tomarse ya. Llegaremos tan lejos como firme sea nuestra voluntad política, desde el entendido de que la paz solo será posible en la medida en que Israel sienta la presión de la comunidad internacional.

El Gobierno de coalición constituye una excepción histórica ante el avance reaccionario global que sacude el continente. Nuestra responsabilidad histórica es cuidar y ensanchar esta excepción, y la mejor forma de hacerlo es, sin lugar a dudas, avanzando, haciendo lo correcto, yendo a por más. Esta lógica se aplica, sobre todo, a nuestro papel con Palestina y su pueblo. En realidad, reconocer el Estado palestino es la mejor manera de dotar de contenido al punto y aparte, de gobernar más y mejor.

Estamos convencidas de que en un mundo golpeado por múltiples crisis y con unas instituciones internacionales que demuestran su incapacidad para velar por un orden global basado en reglas, la labor de España debe ser la de amparar siempre el derecho internacional como salvaguarda de los pueblos agredidos frente a los agresores, de los débiles frente a los poderosos. Ese es el internacionalismo que siempre hemos defendido desde Sumar, ya sea en Palestina, Ucrania o el Sáhara Occidental. El mundo se juega mucho: es el momento de reconocer para avanzar. 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, siempre mezcla la rabia ante la injusticia y la esperanza por un mundo mejor, cristalizada desde hace años en manifestaciones históricas convocadas en nuestro país por el movimiento feminista. Este año tenemos, además, una buena nueva que celebrar: el pasado lunes, gracias a la lucha histórica de las mujeres francesas, Francia blindó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución. Desde España, millones de mujeres y hombres lo hemos vivido con enorme alegría y admiración.

La historia de la lucha de las mujeres por su derecho al aborto es larga. Desde Federica Montseny y su compromiso con la libertad, la salud y la autonomía de las mujeres, pasando por las 11 de Basauri o los colectivos feministas que sostuvieron las movilizaciones para conseguir la pionera ley de 1985, hasta la nueva ola de cientos de miles de mujeres que salieron a la calle en toda España en 2014 para evitar recortes y retrocesos en ese derecho o el feminismo imparable que se abrió paso a finales de la década pasada, revelándose como motor de las transformaciones sociales de nuestro país. 

Inspiradas en las conquistas de derechos y libertades de las mujeres feministas de nuestro país vecino, y recogiendo la extensa genealogía de lucha por los derechos de las mujeres que tenemos en España, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar hemos querido seguir ese ejemplo inspirador. El pasado miércoles decidimos lanzar una propuesta de reforma de la Constitución para abrir el debate al conjunto de la sociedad española y compartirla con el resto de Grupos Parlamentarios. 

Estos días, y como cada año cuando el 8M se acerca, he tenido la oportunidad de encontrarme con mujeres diversas de nuestro país para reivindicar, entre otras muchas cosas que nos atraviesan a las mujeres por el mero hecho de serlo, la consagración de este derecho. Hemos hablado de la imperiosa necesidad de una política útil, bonita, que cuida a la gente y que pelea firmemente por los derechos de todas; de que no cabe retroceder ni un paso atrás, porque la libertad o es de todas o no es de nadie. Recordamos juntas que lo queremos todo, el pan y las rosas; que toca hacer realidad el grito contra la injusticia que tantas mujeres han hecho suyo en los últimos meses: #SeAcabó. Hemos hablado de lo público y de la necesidad de cuidarnos las unas a las otras. Y blindar el aborto también significa cuidarnos: protegernos ante cualquier retroceso futuro, hacer del feminismo un pilar de nuestra democracia, luchar por todas las mujeres cuyo techo es la vida cotidiana o asegurarnos de que nunca más una mujer se ve obligada a abortar en condiciones precarias, oscuras, clandestinas, como era el caso hace no tanto tiempo, en una España en blanco y negro a la cual hay quien parece querer devolvernos.

Creemos que es el momento de blindar constitucionalmente el derecho a la libre interrupción del embarazo. No solo porque queremos convertir lo que ya es un acuerdo de país y un consenso del sentido común en un nuevo derecho constitucional, sino porque nos parece una herramienta imprescindible para acabar de hacer realidad el derecho al aborto en España. Frente a las amenazas de las fuerzas reaccionarias en todo el mundo, que señalan los derechos de las mujeres como su objetivo prioritario una vez llegan al Gobierno, España tiene la oportunidad de ser una referencia feminista y democrática. Esta reforma será la garantía de que no volveremos hacia atrás: de que hemos aprendido del pasado y trabajamos en construir un presente feminista, asegurándonos de que lo será también el futuro. 

Blindar el derecho al aborto sería un paso determinante en el largo proceso de reconocimiento y protección de un derecho que le ha sido negado a las mujeres españolas durante demasiado tiempo. Quiero recordar que recientemente el Gobierno de coalición progresista aprobó, a iniciativa del Ministerio de Igualdad, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que reformaba la anterior legislación sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, con la voluntad de asegurar la gratuidad, accesibilidad y proximidad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como promover la educación en materia afectivo-sexual. 

Blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española supondría, además, la primera reforma constitucional feminista de la última etapa democrática. Con la modificación del artículo 49, gracias a la sociedad civil organizada y a la lucha de las personas con discapacidad, hemos demostrado que el texto constitucional no es letra muerta, sino que puede adaptarse al signo de los tiempos y servir como herramienta de reconocimiento de derechos. 

Somos conscientes de las dificultades que implica una reforma constitucional en España. Por eso, queremos hacerlo a la manera de Sumar: con diálogo social, escuchando al movimiento feminista, a las juristas, a las expertas y, por supuesto, al conjunto de los Grupos Parlamentarios. 

La gente está cansada de mirar a la política oficial y solo ver ruido, disputas entre políticos y crispación, en lugar de acuerdos para avanzar. Con esta propuesta, señalamos el camino de un gran acuerdo de país: trasladar a las instituciones lo que ya es el consenso de una sociedad que ha cambiado, de una España que hoy se reconoce feminista. El feminismo nos ha enseñado muchas veces el camino para avanzar en derechos. Esta puede ser otra oportunidad de caminar juntas como país y dar una lección de madurez, de serenidad y de fuerza. 

Este es nuestro pequeño aporte a esa lucha, convencidas de que no hay mayor fuerza que la de los derechos, que son la garantía de nuestra libertad. Y que la mejor manera de defenderlos, cuando hay quien ansía recortarlos, es ampliándolos y ensanchándolos.

Hace 46 años, un domingo 4 de diciembre de 1977, casi dos millones de andaluzas y andaluces salieron a la calle con un sentimiento compartido de responsabilidad histórica. En plena conformación del hecho democrático en una España que apenas iba a empezar a vivir en libertad tras décadas de dictadura, el carácter masivo y unitario de aquellas movilizaciones impuso una idea que aún hoy continúa vigente: nuestro país no acabará nunca de entenderse si no es con el protagonismo de Andalucía.

Aquel 4 de diciembre facilitó el reconocimiento a Andalucía del máximo rango constitucional, como nacionalidad histórica, y evidenció que existía una forma andaluza de reivindicar su autonomía política sin agravios, en positivo, solidaria y que se sostenía en la memoria colectiva de un pueblo trabajador que anhelaba mayor justicia social. En Andalucía no cabe proyecto político que no se construya sobre la imperiosa necesidad de mejorar la vida de la gente. 

De esta forma, para comprender Andalucía, para saber interpretarla y hacerla protagonista de un proyecto progresista veraz, hay que partir de las brechas de desigualdad estructural que siguen explicando su lugar en el mapa. Las repetidas promesas de convergencia estatal y europea han caído en saco roto, y eso forma parte de la realidad cotidiana que viven millones de hombres y mujeres. Los indicadores relativos al desempleo, la precariedad laboral o la pobreza reflejan la incapacidad de diferentes gobiernos por revertir desigualdades no solo respecto a otros territorios, sino también entre quienes viven en Andalucía. Si en cuatro décadas –incluido un proceso de descentralización y la incorporación a la Unión Europea– no se han visto reducidas ni las brechas territoriales ni las sociales algo ha fallado con Andalucía, y es la política. El bipartidismo, que ya es historia en nuestro país, no fue capaz de afrontar esa deuda. 

En España la deriva reaccionaria de nuestras derechas extremas pasa, entre otras cosas, por la reescritura descarada de determinados hitos históricos que han sido fundamentales para nuestra democracia: la conquista de las libertades y de los derechos democráticos que da pie el logro constitucional, la arquitectura del Estado de las Autonomías, el carácter social y económico de nuestro Estado de Derecho, etc. Reescribir el pasado para obstaculizar cualquier avance en el presente y cancelar la posibilidad de un futuro diferente. Y, de la misma forma, en Andalucía hay un esfuerzo inusitado por parte del aparato institucional de la Junta de Andalucía por reescribir la historia de luchas del pueblo andaluz por su autonomía como vía para desplegar sus potencialidades y superar desigualdades, entre ellas las intrínsecas. Moreno Bonilla desea proyectar la idea de que solo hay una manera de defender Andalucía, como solo habría una manera uniformada de ser andaluz, invisibilizando así el deterioro crónico y estructural que sus políticas han acabado por implantar en los mejores instrumentos de corrección de desigualdades que tiene cualquier sociedad, sus servicios públicos. Hoy en Andalucía hay más de un millón de personas que aguardan en listas de espera para ser diagnosticados por un médico especialista o a ser intervenidos quirúrgicamente, lo que viene a ser la peor tasa de España. Esto es muy grave porque refleja una mayor dificultad para superar determinadas enfermedades por el simple hecho de vivir en Andalucía, fruto de los recortes austericidas que ha venido sufriendo el sistema público sanitario andaluz. Al drama sanitario hay que sumar los indicadores crecientes en lo relativo a la segregación escolar, la asfixia financiera a la que se viene sometiendo al sistema universitario público andaluz o la incapacidad manifiesta por reconducir la estructura productiva de una tierra que, lejos de revertir la desindustrialización sufrida a costa de otros territorios en el pasado, consolida la terciarización de su economía en detrimento de sectores que pudieran generar mayor empleo y redistribución de riqueza. Y el enorme reto de la emergencia climática, que puede afectar gravemente a Andalucía y la protección efectiva de su riqueza natural, como Doñana. De nada de ello desea que se hable el actual presidente de la Junta de Andalucía, porque hacerlo sería reconocer que continúa extendiéndose la deuda política histórica que se contrajo con Andalucía y de la que él es hoy máximo responsable. 

Pero hay que hablar de ello para dirigir la mirada hacia un porvenir que, por ser realista, aporte esperanza. Las andaluzas y andaluces han tenido siempre que disputar su espacio en la historia común. Fue así en 1977, de forma incomprensible para muchos, cuando salieron a la calle para construir a su manera el hecho democrático autonómico. “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”, fue uno de los gritos ese día. Aquel domingo, teñido de rojo por siempre por el asesinato del sindicalista Manuel García Caparrós, supuso la constatación de una manera de ser y entenderse para las mujeres y hombres de Andalucía. Desde la conciencia de no querer ser subalternos, construir una sociedad libre de desigualdades. A ese reto se incorpora Sumar como proyecto político de progreso de y para Andalucía. Hay camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pongámonos a ello. ¡Viva Andalucía Libre!

Europa son sus gentes. 

Son sus trabajadores, sus empresas y su sociedad civil. Es garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las personas y para todas las empresas. Es crear puestos de trabajo de calidad que permitan a todos desarrollar su potencial adecuado y garantizar una vida digna para todos. Es fomentar las oportunidades para las generaciones más jóvenes y el acceso a servicios de interés general de calidad, incluidos los cuidados vitales y de larga duración para las personas mayores. Es la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos y la igualdad de oportunidades para todos.

Es construir una economía que sea cada vez más sostenible, competitiva e inclusiva, en la que el diálogo social y la negociación colectiva desempeñen un papel activo en esas transformaciones positivas. 

Es garantizar la participación y la inclusión de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, las personas sin hogar o las personas vulnerables. Una sociedad en la que nadie se quede atrás, independientemente de su sexo, situación social, edad, salud, etnia, orientación sexual u origen.

Hace dos años, la Presidencia portuguesa del Consejo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y la sociedad civil se comprometieron a consolidar el compromiso ya asumido en el marco del pilar europeo de derechos sociales, en Gotemburgo, y a allanar el camino para una recuperación inclusiva, sostenible, justa y generadora de empleo, reconociendo al mismo tiempo que su aplicación debe llevarse a cabo tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, y dentro de sus respectivas competencias.

El Compromiso Social de Oporto y la Declaración de Oporto siguieron la agenda europea, dado que renovamos el contrato social europeo, comprometiéndonos a seguir desarrollando respuestas innovadoras e inclusivas para hacer frente a los retos presentes y futuros. 

A principios de 2022, en un momento en que la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia estaba empezando a promover la recuperación económica y social tras la crisis pandémica, la invasión rusa de Ucrania volvió a traer la guerra a Europa.

Aún estamos lejos de poder evaluar todos los efectos de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, en particular para las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Sin embargo, este acto cruel e ilegal ha reforzado los lazos de solidaridad entre los europeos y nos ha obligado a encontrar respuestas al debate estratégico en torno a la influencia de Europa en el mundo. Ha llegado el momento de debatir cómo se encuentran el modelo social europeo y nuestras políticas sociales comunes en una Europa más amplia y fuerte.

Actualmente la Unión Europea también se enfrenta a importantes retos estructurales, con la doble transición ecológica y digital, el cambio demográfico, un mundo laboral en constante transformación y la persistencia de desigualdades y pobreza, todo ello acompañado de una preocupante erosión de la clase media. Estos retos estructurales afectan no solo a los países de la Unión, sino también a aquellos cuyos esfuerzos y ambiciones van dirigidos a unirse a este proyecto. 

En este contexto, el Foro Social de Oporto, una iniciativa bienal promovida por el Gobierno portugués con el apoyo de la Comisión Europea, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y con la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil, marcó el segundo aniversario de la Cumbre Social de Oporto, brindando la oportunidad de reforzar el debate sobre la importancia de la dimensión social del proyecto europeo.

Lo hizo reconociendo nuestro modelo social como una ventaja a escala mundial y destacando, en el marco del Año Europeo de las Competencias, cómo unas políticas sólidas en materia de capacidades, educación y formación pueden crear mejores empleos y una integración más rápida en el mercado laboral, así como fomentar la inclusión social y, en consecuencia, impulsar la resiliencia y la competitividad de la economía y la sociedad de la UE. También reflexionó sobre cómo utilizar las herramientas más adecuadas, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y limitando la carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, destacó la importancia de contar con una estrategia integrada para luchar contra la pobreza y responder a la cuestión multidimensional de la exclusión social y del acceso de todas las personas, especialmente los niños, a los servicios esenciales. La aplicación efectiva de la Garantía Infantil Europea es un componente fundamental para velar por el éxito del pilar europeo de derechos sociales.

La educación y la formación no son un gasto inútil, sino una inversión inteligente en desarrollo humano. Europa debe ampliar su liderazgo en las fronteras del conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la mejor tecnología solo es útil en la medida en que haya trabajadores cualificados capaces de instalarla y utilizarla.

Las personas deben estar capacitadas para emprender un aprendizaje permanente, y las pymes y las grandes empresas deben contar con el talento que necesitan para prosperar.

Por tanto, es evidente que la prosperidad económica de la UE va estrechamente unida a su fuerte dimensión social. Ahora que nuestra Unión atraviesa un momento crucial, debemos dar mayor visibilidad a los derechos sociales y reforzar la evaluación de las normas sociales y la convergencia social al alza como parte de una gobernanza socioeconómica sostenible anclada en el tripartismo. 

Dos años después de Oporto, renovamos nuestros compromisos respectivos en el Compromiso Social de Oporto y en la Declaración de Oporto, así como nuestra voluntad de mantener el espíritu que los creó.

Seguiremos haciendo juntos que los principios del pilar de derechos sociales se conviertan en una plena realidad. 

El futuro de la UE es su gente y deberá ser social. 

El pasado jueves 3 de febrero se votó la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Sin miedo a equivocarse puede afirmarse que incorporamos de manera definitiva a nuestro ordenamiento jurídico la norma más importante de la legislatura. Como expresé en la exposición de la ley, reformar el trabajo para darle la centralidad social y política que tiene es defender la democracia. 

Lo sabemos bien todas las personas que desde hace diez años trabajamos incansablemente y nos movilizamos para dejar atrás la pesadilla social que supuso la contrarreforma laboral del Partido Popular de 2012. Lo fue no solo por ser impuesta unilateralmente sin un ápice de diálogo social, sino por consolidar el modelo de la precariedad en las relaciones laborales de nuestro país. Hoy las personas trabajadoras –especialmente, las más precarias– disfrutamos de más derechos y, por ello, se abre un tiempo más feliz.

No puede obviarse la singular manera en la cual se produjo la votación de la norma, que muchas personas hemos vivido con un inmenso estupor democrático. Resulta descorazonador ver al principal partido de la oposición en España deslegitimar nuestras instituciones, cuando la realidad es que uno de sus diputados se equivocó al votar y sobre todo los diputados de UPN engañaron a todo el mundo para tumbar a cualquier precio la norma. Nuestro país no se lo merece. 

Resulta descorazonador ver al principal partido de la oposición deslegitimar nuestras instituciones, cuando la realidad es que uno de sus diputados se equivocó al votar y los diputados de UPN engañaron a todos para tumbar a cualquier precio la norma

Pero, más allá del ruido o de estrategias partidistas, estamos ante el gran acuerdo a favor del trabajo decente. Hemos alumbrado una norma con toda la ambición para que el trabajo sea una fuente de seguridad en nuestras vidas y prosperidad de nuestro país.

La precariedad es la gran asignatura pendiente de la democracia, es el gran desafío de nuestro país. Durante 40 años hemos tenido de las peores cifras de paro y precariedad en Europa. Durante 40 años se nos dijo que la respuesta al principal problema de nuestra sociedad era la precarización del trabajo. Así las leyes fueron recortando derechos laborales y hundiéndonos en el barro de la precariedad. 

Avanzamos hacia un nuevo paradigma de relaciones laborales, en el cual el contrato indefinido es la norma para alcanzar la estabilidad en el empleo y el reequilibrio en la negociación colectiva y la recuperación de la ultraactividad indefinida permiten que las organizaciones de las personas trabajadoras recuperen capacidad real para hacer valer los derechos laborales.

Esta norma nos aproxima a Europa y nos ayuda en la modernización de nuestro mercado de trabajo. Eso es positivo para que las personas trabajadoras, sobre todo la gente joven, puedan asentar con normalidad proyectos de vida. Es positivo para los sectores más desprotegidos como las personas trabajadoras de ayuda a domicilio, las de los call center, las de la seguridad privada o las camareras de piso, entre otros muchos. También lo es para que las empresas sean más estables y productivas. Y es básico para que nuestro país tenga un horizonte de esperanza.

Todo ello constituye un gran acuerdo de la sociedad. El diálogo social ha alcanzado el acuerdo sobre el trabajo con la altura de miras que nos exige la ciudadanía de nuestro país. Ha sido el 13º acuerdo social después de otros decisivos para mejorar siempre la vida de los trabajadores y trabajadoras, así como para afrontar su situación, y salvar sus empleos y el tejido productivo durante la pandemia.

El acuerdo de nuestra sociedad se ha topado con el desencuentro, el partidismo e incluso algunas falsedades. Este Real Decreto-ley estaba llamado a tener un amplio apoyo parlamentario, como había sucedido habitualmente, con las Cámaras avalando los grandes y difíciles acuerdos sociales. No ha sido posible. Me temo que la distancia entre la ciudadanía y la política de los partidos se ha evidenciado una vez más.

El mismo esfuerzo que hemos hecho en las mesas de diálogo social lo hemos hecho en el diálogo político. Toda la voluntad y mano tendida no ha sido suficiente. Pero no dejaré de trabajar para estrechar esa distancia, porque estoy convencida de que la política es la mejor herramienta para defender la vida de la gente. 

Lo verdaderamente importante es que la vida de Eva María Cancelo mejorará con 2.529 euros más al año por su nuevo convenio sectorial de la provincia de A Coruña, o que la de Juan Manuel Formoso, que trabaja en el sector de la limpieza, hará lo propio ganando un 26% más. Esas pequeñas conquistas cotidianas le ponen rostro al fortalecimiento de la democracia. 

Decía el histórico dirigente francés Jean Jaurès que no era en vano que todos los hogares de las generaciones humanas hayan ardido. Pero que somos nosotros, porque luchamos por un nuevo ideal, quienes somos los verdaderos herederos del hogar de esos antepasados. Somos quienes hemos tomado la llama para darle continuidad. Y precisamente esto es lo que hacemos con esta norma. Es una reforma profunda, que da cumplimiento al acuerdo del gobierno de coalición pactado por el PSOE y Unidas Podemos. Este avance decisivo no es una carrera solitaria, sino una auténtica carrera de relevos, de la cual quedan muchas paradas. Estoy convencida de que es un cambio que fortalecerá nuestra democracia, como la reforma de las personas trabajadoras que es.

Días antes de encarar el reciente Consejo EPSSCO de la Unión Europea, comencé a leer la última novela de Belén Gopegui. Me conmovió la crudeza con la que se retrata, en sus primeras páginas, la oblicuidad de la precariedad, su impacto en lo cotidiano, en un día a día en el que se aspira a “no perder, que no se parece a ganar, sino a mantenerse en esa zona donde no hay victorias ni derrotas absolutas y donde la tensión cansa”.

Afrontar, con las palabras de Gopegui en la retina, la reunión de ministras y ministros en Luxemburgo fue un estímulo para avanzar en la idea de un nuevo contrato social para Europa, centrado en revertir esa apatía mediante políticas públicas concretas y ambiciosas, que tengan como pilar fundamental la justicia social. Porque, como decía Wendy Brown, ésta es el “antídoto esencial contra las estratificaciones, las exclusiones, las abyecciones y las desigualdades”.

Este nuevo proyecto de futuro se despliega en cuatro ejes principales de reforma: el ámbito social, la armonización fiscal, la democratización institucional y el impulso de un Pacto Verde Europeo de mayor envergadura. El objetivo es poner a las personas primero y colocar la dimensión social en la centralidad de Europa: transitar, de forma decidida, hacia una Europa fuertemente social, que, según los últimos datos del Eurobarómetro, anhelan nueve de cada diez europeos y europeas.

Esto es especialmente relevante ahora, cuando, en el marco de una Unión Europea con 91 millones de ciudadanas y ciudadanos en riesgo de exclusión social, algunos pretenden entorpecer cualquier posibilidad de avance con amenazas reaccionarias y pulsos contra sus propios países, ajenos por completo a la realidad y necesidades de las mayorías sociales.

Así, frente a los acontecimientos de las últimas semanas, incluyendo el asalto a la sede romana de la CGIL, debemos defender uno de los pilares fundamentales del proyecto europeo: el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. La Unión Europea no puede enfrentar las ilusiones de repliegue con la parsimonia e inercias propias del pasado, sino reafirmando un compromiso real con la defensa de las libertades y los derechos, sólidamente anclado en la mejora de las condiciones de vida de su ciudadanía. Frente al discurso de odio, no debemos azuzar el miedo, sino volver a la cotidianeidad de la que nos habla Gopegui, recuperar los anhelos diarios de la ciudadanía europea y convertirlos en esperanzas tangibles

En consecuencia, y como primera medida en una hoja de ruta inédita a escala europea, hemos propuesto, de manera conjunta con Bélgica, la creación del Mecanismo de Alerta de Desequilibrios Sociales. Se trata de un sistema de aviso temprano que identifica los desajustes en materia de empleo, igualdad, educación, salud o consumo, y nos permite articular respuestas rápidas para abordar, de forma eficaz, las emergencias sociales, y asegurar así que los principios que inspiraron el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales no se convierten en papel mojado.

Esta iniciativa aspira a ser una pieza clave en el futuro Semestre Europeo, y parte de una convicción que, tras las fallidas experiencias de los últimos años, es ya una obviedad: los indicadores sociales deben tener la misma importancia que las mediciones macroeconómicas, del mismo modo que el Consejo EPSSCO ha de tener el mismo peso que el ECOFIN. Una Europa útil no puede desentenderse de las consecuencias sociales de sus políticas, y por eso es preciso que éstas sean tan centrales como las fórmulas de gobernanza económica.

De esta forma, el Mecanismo es resultado de las lecciones de la crisis de 2008, en la que la atención exclusiva a las grandes cifras macroeconómicas se saldó con millones de desempleadas y desempleados, una devaluación general de las condiciones de trabajo y un altísimo nivel de pobreza y desigualdad. En ese sentido, el manejo de la pandemia nos ha demostrado que no se trata de escoger entre justicia social y eficiencia económica. Muy al contrario. Se trata de desbordar ese falso dilema, reconciliar ambos conceptos y entender, a su vez, que la gestión pública es eficaz sólo cuando es socialmente justa.

El Mecanismo de Alerta Social constituye el primer paso en un proyecto de reforma que se comienza a perfilar, y que irá siendo completado, de manera gradual, por más propuestas ambiciosas y de largo alcance. La iniciativa hispano-belga apunta a un horizonte de cambio y siembra sus primeras semillas: consolidar el espíritu que dio origen a los Fondos de Recuperación para Europa, ensanchar este gesto de urgencia y convertirlo en un planteamiento estructural y sostenido. La Europa que responde a la crisis y se pone del lado de su ciudadanía no puede ser un paréntesis.

Este contrato social debe ser ambicioso, ampliando el funcionamiento democrático de la UE y los compromisos medioambientales, y, en lo que al trabajo atañe, debe promover el empleo digno en todo el continente mediante un Estatuto Europeo del Trabajo que ponga fin al dumping social entre nuestros países e incorpore nuevas formas de empleo como las plataformas digitales. Debe afrontar la creación de una renta mínima europea que, junto al impulso de las Directivas sobre salarios mínimos adecuados y transparencia retributiva, garanticen un trabajo de calidad e igualitario en una Europa para todas y todos. Porque la única Europa posible es la que no prescinde de sus jóvenes y se construye en femenino y feminista.

Asimismo, este programa converge con un nuevo sentido común económico que debemos acompañar, impulsar y afianzar: los trabajos del Nobel David Card en torno al salario mínimo, la revitalización del Estado emprendedor por la que aboga Mariana Mazzucato, los debates sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, procedentes, incluso, de posiciones ortodoxas como las de Olivier Blanchard, o las novedosas ideas de Thomas Piketty para combatir la desigualdad.

“No está todo dicho. Está dicho lo de siempre” decía el poeta Antonio Orihuela. Así, alejados de quienes aceptan acríticamente todo aquello que procede de Bruselas y frente a aquellos que alimentan las pulsiones reaccionarias, queremos que los principios que inspiraron el plan de recuperación se vuelvan permanentes. Queremos, en definitiva, tomarnos en serio el sueño europeo, el sueño de una Europa verde y social, que sea la Europa de toda su ciudadanía.

“Los tiempos están cambiando”, cantaba el gran poeta norteamericano del siglo XX. Es una melodía, un eco que llega con fuerza en los anuncios del presidente de los EEUU, Joe Biden, en relación a su ambicioso plan de estímulos para la economía de las familias norteamericanas o a la suspensión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Ese viento llena también las velas de ese gran proyecto colectivo que es la Unión Europea, como se ha visto en la reciente Cumbre de Porto, e impulsa hoy el lanzamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Hablar de futuro transforma nuestra mirada, la fecunda, la predispone al cambio y nos sitúa en un nuevo y esperanzador escenario.

La pandemia ha revelado las costuras de un sistema injusto, desigual, que respondió a la crisis financiera de 2008 con soluciones muy diferentes a las articuladas hoy, que, en el caso de España, se cifran en medidas trascendentales como el Escudo Social o el sistema de ERTE. Dejamos atrás lógicas económicas y políticas que se han relacionado con la desigualdad, la inhibición del Estado, la desprotección, la precariedad y la polarización.

El futuro de Europa, que es el de nuestro planeta, habla ahora otro idioma. Es el idioma de la igualdad como motor de transformación, y de una nueva actitud ante el futuro y ante las instituciones europeas.

El cambio que ahora perfilamos, entre todas y todos, supone dejar atrás esas políticas de austeridad, cimentando la recuperación en el empleo de calidad, la innovación, la cohesión y un crecimiento inclusivo que, a la vez, sea más consciente de nuestras responsabilidades en la defensa del planeta. Una Europa fundada sobre un nuevo contrato social, que recupera la movilidad social, y que sitúa en el epicentro a su juventud. Ellas y ellos tienen la llave de un continente que afronta un envejecimiento severo y que, en ningún caso, puede darle la espalda a ese caudal de innovación, energía y creatividad que nuestra juventud representa.

Las respuestas solidarias significan un salto en términos de construcción de una Europa unida, generando un importante volumen de deuda mancomunada con el objetivo de afrontar inversiones millonarias para hacerse cargo de enormes desafíos del presente.

Hemos visto, con mayor nitidez que nunca, que el marco económico y fiscal de la UE se mostró inservible, obligándonos a activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se trata solo de la excepcionalidad de la pandemia. Si queremos hacer frente al gran reto de la Humanidad y, en particular, de las sociedades europeas, que es la crisis climática, tenemos que seguir avanzando hacia un marco de gobernanza económica más racional y eficiente, que permita dar el gran salto en inversión que esta transformación requiere.

Tenemos también que plasmar esa voluntad solidaria, que está en el corazón mismo del proyecto europeo, en la armonización fiscal, en la búsqueda de una equidad tributaria en los países miembros, que evite el abuso fiscal y la competencia desleal, elementos que lastran la solidez y determinación de nuestros pasos colectivos hacia adelante.

Esa Europa debe afrontar, además, el paso hacia una unión política europea, que refuerce nuestro papel en el nuevo orden global, con reglas de toma de decisiones operativas como la unanimidad en materia de fiscalidad o política exterior, con controles democráticos y mecanismos de transparencia. Sin abandonar la solidaridad debida en un contexto de crisis migratorias que cuestionan, día a día, en todas nuestras fronteras, la nociones más básicas de humanidad. Europa no puede mirar hacia otro lado y sus respuestas ante ese drama cotidiano explicarán, también, el futuro de un proyecto que es solidario o no será.

También la Unión Europea debe asumir, de forma destacada, los objetivos de neutralidad climática para 2050. La transición ecológica hacia la descarbonización de nuestra economía es el gran reto de nuestra generación, que ve cómo la sensibilidad ecológica, verde, no es una mera opción sino la única garantía de futuro.

La Europa que no olvida a su juventud es la misma Europa que renuncia a la degradación de las condiciones de trabajo y de los salarios. La Europa que sabe de la importancia de unos salarios mínimos dignos, que combate la precariedad del empleo, refuerza el abanico de derechos sociales comunes para combatir la pobreza y aspira a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Europa es una historia de tiempo compartido, secular. Y esa soberanía del tiempo, depositada en las personas, en los cuidados, en la corresponsabilidad, también debe alimentar un proyecto colectivo que no puede admitir vías lentas ni vías muertas para el acceso a nuestros derechos.

 Hoy, cuando se cumplen 71 años de la declaración de Robert Schuman, debemos estar a la altura del momento histórico y dibujar un horizonte europeo de democracia más profunda, derechos y prosperidad. La Conferencia sobre el Futuro de Europa que hoy arranca es una oportunidad para nutrir esta reinvención y volver a darle la voz a su ciudadanía.

El proyecto europeo se ha constituido, siempre, en torno a fracturas históricas y sociales. La actual fractura no tiene por qué ser un paso más en ese vaivén cíclico, sino un punto de inflexión. Porque la crisis global nos ha revelado la materia misma de la que está hecha Europa: la solidaridad, la integración, la defensa colectiva de las personas.

Nos recordaba el pensador portugués Eduardo Lourenço cómo Portugal forjó su identidad nacional, en el contexto europeo, en torno a su propia debilidad, y a la capacidad de hacer de la debilidad fuerza. Esa extraordinaria capacidad de hacer de la debilidad fuerza se exporta, ahora más que nunca, a la hora europea, como un mensaje de alegría y de esperanza, que a todas y a todos nos interpela.

Es el momento de que Europa negocie con la esperanza e implique en ese pacto a su juventud, a las mujeres, a la diversidad de los pueblos. Es el momento de que Europa venza el virus de la desafección, del abatimiento. Con una mirada que incluya y que abrace, que beba de la igualdad entre hombres y mujeres, de la justicia social, de nuestro magma cultural. Que ahonde en lo que nos vincula, en todo lo que nos ha traído hasta aquí, y que nos sitúe, como proyecto colectivo, en la vanguardia de un planeta verde, ecológico, que ya no teme al futuro, porque el futuro ya está aquí y nace de nuestras manos y nuestros corazones.

Hace ya algunas décadas Luigi Ferrajoli, el gran jurista italiano, se refirió a los derechos y garantías como la ley del más débil. Nos hablaba, con lucidez, de la salvaguarda y protección efectiva de esos principios fundamentales. La pandemia ha expuesto, con dureza, los rostros humanos de esa debilidad y es ahora cuando los derechos sociales se alejan del ámbito de lo opcional para convertirse en una necesidad y una tarea común.

Vivimos un desafío global que nos exige ahondar en el bienestar de las personas, cerrando el paso a una involución política, que bebe de la frustración y del miedo, en su tentativa de corroer los fundamentos de lo colectivo, de lo que nos protege y ampara, que es también lo que nos hace iguales. Profundizamos, así, en el esfuerzo de varias generaciones por hacer de España un estado que dejara atrás, parafraseo al historiador Gerhard A. Ritter, la vieja legitimación del Estado, sustituyéndola por la legitimación del estado social.

No es posible, sin embargo, caminar en esta dirección con los utensilios exclusivos de los Estados nacionales. No es momento de estar solos. La envergadura de los retos que nos esperan y de los peligros que nos atenazan exigen, como nunca antes, caminar de la mano, romper los esquemas de un modelo autoritario, narcisista y poco amigo de la verdad, que, como acabamos de ver en las elecciones estadounidenses, ha dado un primer e importante paso en su descomposición.

El enorme esfuerzo de la UE para afrontar la crisis global que atravesamos es el ejemplo más poderoso de este caminar juntos. Las personas se han situado, esta vez, en la clave de bóveda del proyecto europeo. Y este ejercicio de solidaridad colectiva debe servir para renovar nuestro compromiso con los derechos sociales, precisamente ahora que tanto los necesitamos.

La otra Europa, la que conforma el Consejo de Europa, y en cuyo seno no solo se levanta el Convenio Europeo de Derechos Humanos sino también su hermana la Carta Social Europea aprobada en 1961 y revisada en 1996, esperaba nuestra respuesta, nuestro compromiso con ese texto y su puesta al día.

El Consejo de Ministros de este martes dará el primer paso para que nuestro país se integre plenamente en la Constitución Social de Europa. Se trata con ello de obligarnos a cumplir con derechos imprescindibles para nuestro bienestar y fundamentales para las personas trabajadoras de nuestro país: tutela en caso de despido; protección frente a la insolvencia del empleador; derecho a la dignidad en el trabajo; a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares; a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa o a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.

Pero no se trata únicamente del trabajo. La Carta Social revisada incorporará a nuestro ordenamiento el compromiso con otros dos derechos que, en este tiempo, se han revelado ineludibles: la protección contra la pobreza y la exclusión social; y el derecho a la vivienda.

La garantía internacional de estos derechos, las prerrogativas de los débiles como decíamos al inicio, supone la consolidación de nuestro Estado Social, poniendo fin a la autoexclusión de España del texto más importante de todos los que en Europa garantizan los derechos sociales.

En Otoño, la última novela de Ali Smith publicada en España, la escritora escocesa sitúa a su protagonista en una Inglaterra convulsa, y dice: “Es como si la democracia fuese una botella que alguien puede amenazar con romper para hacer daño con ella. Es una época en que las personas hablan sin que lo que dicen llegue a convertirse en diálogo”. La ratificación de la Carta Social camina en el sentido contrario y abre una puerta de esperanza al diálogo y a la solidaridad. Con la absoluta certeza de que la vida y la salud de nuestra ciudadanía exigen, a la par, fortalecer la salud de la democracia y las estrategias comunes que, globalmente, amplían y mejoran su práctica.

Ahora que España ratifica la Carta Social revisada, no solo estará incorporando un nuevo convenio europeo: estará mostrando ante la comunidad internacional, y ante la ciudadanía española de hoy y mañana, que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder. 

De Julio Anguita, del hombre sabio y justo, aprendí, sobre todo, una filosofía de la vida. Por eso es tan difícil hoy, en unas pocas líneas, tratar de explicar el vacío que deja y asumir, al tiempo, que ya no estará. Ni con sus consejos ni con su apoyo, ni con su palabra certera, reveladora, alejada de las imposturas, en tiempo de fake news y verdades prefabricadas. Su oratoria brillante, próxima, que irrumpía en las casas de este país y le hablaba de tú a tú a la gente, no era un mero ejercicio retórico. Era la misma expresión de su ser generoso y humano, ajeno a las conveniencias, al cinismo de los cenáculos del poder, a la servidumbre de la corte y a los cálculos estratégicos que tan comúnmente atraviesan los discursos políticos.

El propio Julio se lo comentaba a Rafael Alberti, en un histórico mano a mano de camaradas de partido y andaluces de verbo ganado para la verdad: “Yo también pienso, Rafael, que la política debe tener una cierta concepción poética. Si la política se transforma en gestión, en pura administración, si no tiene un contenido propio de la creatividad, con un hacer histórico-cultural, si la política no tiene impulso poético, me parece que no hay verdadero mensaje que dar”.

Julio Anguita jamás se desentendió de su noble misión ni de su programa, que no era otro que la defensa de los derechos humanos. La izquierda, el comunismo, el republicanismo, eran su sustrato, incluso me atrevería a decir que él era, en algún sentido, la encarnación de todos esos parámetros ideológicos. Pero supo trascender las siglas en su noble propósito de defender a las personas desfavorecidas, promoviendo la unidad, el acuerdo, por encima de todas las cosas. Lo hizo con la convicción de aquellos que saben practicar judo con la vida: devolviéndole al contrincante su fuerza. Eso también lo aprendí de él, que en política te mides en función de la fuerza de tus adversarios.

Su respeto por la ciudadanía le impidió siempre el engaño y sobre las alas de la verdad impulsó su gran proyecto: ayudar a las personas trabajadoras de este país y solucionar sus problemas. Compartir con él esa convicción profunda, ahora desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es hoy un consuelo en el adiós y un impulso decisivo para continuar la labor emprendida.

Muchas veces me han preguntado sobre mi militancia política, sobre fuerzas y alianzas, etiquetas y adscripciones. Recuerdo a Julio desde aquella lejana asamblea en Galicia, en 1997, el respeto mutuo que en ella fraguamos, el cariño, y nuestro último encuentro en su querida Córdoba. Es fácil decirlo: yo soy de Anguita, de sus valores, de su integridad y de su compromiso. Y al decirlo niego también que se haya ido. Porque Julio permanece y permanecerá en todas y todos aquellos que creemos en el bando de la ética y de la alegría que él representó. Hasta siempre, compañero.

La crisis social y sanitaria global, provocada por la pandemia de la COVID-19, ha mutado el paisaje de nuestras vidas. También el de este 1 de mayo. Será un Primero de Mayo sin gente en la calle, por primera vez, pero en el que la voz de las personas trabajadoras estará más viva que nunca.

Apenas tres meses han transcurrido desde que iniciamos nuestra trayectoria en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprobando el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, con el acuerdo de todos los interlocutores sociales, e iniciando una importante dinámica de Diálogo Social. Casi al tiempo, derogábamos el despido por bajas médicas justificadas, avanzando en la lucha contra la discriminación. Por delante quedaba el reto de configurar una normativa más sensible a las necesidades de las personas trabajadoras, más cuidadosa con la gestión del tiempo de trabajo y con la corresponsabilidad, que recuperara el valor de la negociación colectiva y los derechos laborales perdidos. Todo ello teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta el Estatuto de los Trabajadores, de 1980, que debe, necesariamente, dar paso a un nuevo Estatuto de Trabajo del siglo XXI, que contemple una realidad diferente: atravesada por la igualdad de género, consciente de la globalización y de la descentralización, y con una clara vocación ecológica y de decidida acción contra el cambio climático.

La pandemia de la COVID-19 nos ha situado, de repente, en un nuevo escenario de emergencia que, pese a ello, no debe dejar atrás los propósitos de solidaridad y adaptabilidad con los que iniciamos este camino. Algo más. La necesidad de un gran acuerdo político y social que presidirá, en el futuro, la razón de ser de este Ministerio: la lucha contra la precariedad. Estamos convencidas de que la precariedad y la temporalidad, que afecta especialmente a jóvenes y mujeres, son la causa profunda de los daños en la estructura de nuestro mercado laboral que ahora esta pandemia ha revelado en toda su crudeza.

En el último mes y medio, desde este Ministerio, se ha articulado una normativa muy diferente a la que planeábamos antes de la excepción, el confinamiento y el estado de alarma, pero que mantiene intacto el compromiso con las personas trabajadoras. Figuras que recrean nuestra legislación laboral y que, como los ERTE, han dado respuestas rápidas y adaptadas a la inédita caída del empleo en nuestro país. Hemos asegurado rentas y ampliado el rango y extensión de las prestaciones por desempleo; hemos atendido a las necesidades del cuidado, con el programa Me Cuida, centrado en la flexibilidad horaria y la reducción de jornada; hemos tratado de integrar una nueva visión del trabajo, en el que la adaptabilidad funciona en una doble dirección, para satisfacer las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras; y allí a donde no hemos podido llegar estableceremos un Ingreso Mínimo Vital, que desmontará y cuestionará respuestas insolidarias de nuestro pasado inmediato.

Más que nunca, las personas y sus vidas deben ocupar la centralidad de nuestras preocupaciones. Personas que cuidan de personas, como nuestras profesionales sanitarias, o como las madres y padres que, mientras trabajaban a distancia, se han encargado de que sus hijas e hijos hicieran las tareas escolares. La defensa de lo público debe latir con fuerza en el corazón de nuestra recuperación económica y social. Una recuperación que debe dejar atrás unas relaciones laborales precarizadas, sobre las cuales resulta imposible cimentar la salida que queremos.

Definitivamente, este Primero de Mayo será diferente. La pandemia nos ha mostrado prioridades y principios que parecen nuevos, aunque no lo sean. Son los mismos que tantas personas trabajadoras han defendido, cada año, en esta jornada histórica, y son los que este Ministerio ha convertido en la más sólida expresión de su acción de gobierno. Las calles se volverán a llenar de gente, estoy convencida, y nuestro corazón colectivo volverá a latir unánime en la defensa compartida del trabajo decente. Trabajo decente para todas y para todos.

La intensidad de la denuncia contra la brecha salarial, acrecentada a medida que se acerca el día europeo para la igualdad salarial, es sin duda una buena noticia. Preocupa, sin embargo, que la discriminación retributiva se mantenga, se banalice o incluso se llegue a admitir como endémica e irresoluble si los Poderes Públicos no se implican en su eliminación. Dos días antes del día europeo por la igualdad salarial se defenderá por primera vez en el Congreso una ley integral para la igualdad retributiva, y este acontecimiento no puede pasar inadvertido.

La proposición de ley registrada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el 24 de octubre de 2017 (PLIR) es un texto muy ambicioso, en algunos aspectos pionero, susceptible de cambiar conciencias, actuando más allá de la mera declaración de intenciones. Es una norma técnica, en algunos aspectos compleja, que merece ser adecuadamente difundida y expuesta. Este es el objetivo del presente artículo.

La PLIR se enfrenta a un problema real. Según EUROSTAT (datos oficiales de la UE) la brecha salarial se puede medir de dos formas: (i) El Gender Pay Gap es la diferencia entre la retribución por hora de hombres y mujeres contratados a tiempo completo y arroja un resultado del 16,3% en la UE y del 14,9% en España. (ii) El Gender Overall Earnings Gap compara las ganancias anuales de hombres y mujeres en activo con independencia de su tipo de contrato por lo que tiene en cuenta los huecos sin retribución por trabajo a tiempo parcial o por rotación laboral, las excedencias, permisos o abandonos. Es del 39,6% en la UE y del 35,7% en España. Nótese que no hay datos contradictorios, sino diferentes parámetros de medición. Adviértase también que a medida que se incorporan más factores “realistas” acerca de la verdadera situación de la mujer en el mercado de trabajo (tiempo parcial, ausencias y rotación) la brecha se acrecienta.

La PLIR es una proposición de ley realista que parte del presupuesto de que en la actualidad la identificación de la desigualdad retributiva se ha hecho mucho más compleja porque deriva fundamentalmente de la deficiente valoración del trabajo desarrollado por las mujeres. Estas incorrectas valoraciones no son tan naturales e inevitables como pudiera parecer a parte de la población. La PLIR pretende desvelar definitivamente lo que significa la igual valoración de los puestos de trabajo y obliga a que los convenios colectivos especifiquen de modo concreto y objetivo los criterios utilizados para la valoración en la clasificación profesional y por tanto en las retribuciones.

La transparencia retributiva es uno de los principales ejes de la PLIR. Se parte del presupuesto de que los trabajadores/as no pueden demandar ni denunciar si no disponen de la información necesaria acerca de las retribuciones abonadas en la empresa. Por ello se establece el derecho de los representantes de los trabajadores a disponer de información anual retributiva promediada desglosada por género. Asimismo, los trabajadores/as tendrán derecho a que esta misma información conste en sus propias nóminas. Esta información permite identificar inmediatamente indicios de discriminación. Las empresas de más de 250 trabajadores deberán contar además con auditorias salariales.

Uno de los datos más llamativos en España es el reducido número de procesos judiciales llevados a cabo en materia de discriminación retributiva por razón de género. Los pronunciamientos de los Tribunales españoles superiores (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) sobre discriminación retributiva dictados en lo que llevamos de democracia no llegan siquiera a diez. La escasa litigiosidad evidencia un grave problema de indefensión y tiene una consecuencia particularmente grave: solamente la jurisprudencia puede configurar los criterios para una correcta valoración de los puestos de trabajo y operar cierto efecto docente y preventivo. La PLIR abre la puerta a mayores posibilidades de reclamación judicial en esta materia.

La PLIR sigue la técnica de otros países de nuestro entorno que disponen de leyes específicas para la igualdad retributiva. No olvida, sin embargo, que deben acometerse reformas más profundas y, al efecto, incide en importantes cuestiones de ordenación de la jornada que tienen como principal presupuesto la corresponsabilidad. Asimismo, establece el principio de igualdad retributiva en el ámbito de la subcontratación, refuerza las atribuciones de la Inspección de Trabajo y establece mecanismos para la mayor participación de mujeres en los órganos de representación laboral en las empresas.

Con esta iniciativa parlamentaria se identifica la existencia de un problema real e importante que afecta a la mitad de la población española y que merece medidas eficaces y comprometidas, más allá de la mera declaración de intenciones. Sería bueno que prosperara.

Sí, hemos captado tu atención y nos reafirmamos en el título. No es un artículo de clickbait, mantenemos que nuestra condición de sexo, ser mujer u hombre, condiciona nuestra actividad laboral transversalmente. Y transversalmente no es un decir, es ver el informe último de Intermón Oxfam con el que al inicio de esta semana se nos atragantaba el desayuno confirmando lo que ya sabemos: que, si las personas trabajadoras de este país lo tenemos crudo, las mujeres trabajadoras lo tenemos doblemente mal. Y ya si eres joven o si llevas una familia monomarental, para qué contarnos.

Porque esta reflexión no es nueva, el Grupo Confederal intenta promover, desde su llegada al Congreso, una legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo que ponga fin a una discriminación histórica y extensa, que afecta al mercado laboral, a la calidad de pensiones o prestaciones y, de forma indisoluble, a los cuidados y derechos vinculados con la crianza, la maternidad o la paternidad. Por decirlo con una expresión que puede sonar antigua, pero es, en realidad, cristalina: queremos erradicar la división sexual del trabajo productivo… y reproductivo, pues el feminismo nos ha enseñado que no puede entenderse el uno sin el otro.

¿Qué tienen que ver los salarios, las condiciones de las prestaciones por desempleo en el caso de haber trabajado a tiempo parcial y la igualación de permisos de maternidad y paternidad (proposiciones de leyes todas presentadas por nuestro grupo)? Sin querer solucionar un debate teórico de recorrido centenario, a nadie se le oculta que en todo el mundo somos las mujeres quienes asumimos una mayor parte de ese trabajo invisible, no contabilizado y que sostiene el sistema, relacionado con el mantenimiento de la vida. Somos cuidadoras de nuestras personas mayores, pero somos madres que padecemos, en el mundo del empleo remunerado, una penalización fortísima por decidirnos a tener hijas e hijos y pretender conciliar nuestra vida laboral con esa crianza. Somos, en todo caso, quienes asumimos de forma mayoritaria las horas dedicadas a las tareas del hogar incluso en parejas jóvenes y sin criaturas.

Uno de los temas recurrentes en las caricaturas que satirizan a las feministas desde el siglo XIX es presentarlas como malas madres. La forma de mostrar esta dejación de funciones supuestamente naturales es reiterativa: la sufragista con escarapela al pecho llega tarde a una casa donde un hombre trata de ocuparse de un bebé, la cena, la higiene elemental del espacio y, a ojos de quien satiriza, su propia masculinidad perdida. La diferente ocupación del espacio público -ellas a cuidar, ellos a gobernar-, sigue aún en nuestro imaginario por mucho que las legislaciones avancen o reconozcan la igualdad formal, pues incluso las propias mujeres padecemos muchas veces las consecuencias de una educación en la culpa y la entrega a las demás personas por encima de nuestro propio bienestar y dignidad personal. Así que las mujeres que son madres o las que tienen que cuidar a otras personas van de cabeza a torpedear el éxito de su carrera profesional, directamente al abandono del mercado laboral, y lo hacen optando mayoritariamente por estrategias que les hacen más fácil seguir ocupándose del cuidado: reducciones de jornada, permisos, excedencias u optar de forma escandalosamente mayoritaria por el empleo a tiempo parcial que, entre otras cosas y por el vigente sistema de cómputo, garantiza peor prestación por desempleo y, a futuro, peores pensiones.

Los estereotipos culturales por los cuales nosotras cuidamos mientras ellos “ganan el pan” son poderosos y tienen vigencia de siglos. Por eso, desmontarlos requiere una clara acción por parte de los gobiernos que se dicen democráticos. Que a día de hoy en España exista brecha salarial de género sólo se entiende si pensamos que para muchos varones en posiciones de poder político y económico -pero también para muchas personas inmersas en este injusto sistema patriarcal-, el trabajo de las mujeres es una “ayuda”, un “complemento”, porque es el empleo masculino el que tiene verdadero valor (además de la obligación simbólica de mantener a su familia) y porque implícitamente se valida que una mujer es, por encima de todo, “madre”, y en el momento en que decide tener criaturas cualquier reivindicación de derechos laborales o preferencias íntimas es poco menos que egoísmo socialmente punible.

Este peso del valor del empleo masculino está íntimamente ligado a la forma en que todavía hoy nos comportamos las mujeres que decidimos ser madres en el mercado de trabajo: privilegiando el salario masculino, que es mayor de forma perversa debido a esa brecha de género injusta, y siendo nosotras las que boicoteamos nuestra carrera profesional muchas veces con gusto o sin darle importancia: por amor, por criar a nuestras hijas e hijos, por lo que parece un acto de voluntad libre y autónoma. Y habrá casos, sin duda, y es muy necesario repensar las condiciones del trabajo asalariado y su centralidad por encima de la vida, el cuidado  y otras formas de organización humana más libres y justas, pero cuando toda la estructura económica del Estado está diseñada para que nosotras cuidemos y ellos trabajen fuera de casa, la responsabilidad elemental de quienes tienen potestad legislativa es la corrección de esa injusticia flagrante que limita los alcances de la ciudadanía de mujeres y de hombres, por no hablar del rubor que da pronunciar la palabra democracia o la palabra justicia en estos casos.

Para dejar de ser trabajadoras de segunda, penalizadas por querer ser madres, empujadas fuera del mercado para que sigamos cuidando gratis (ese trabajo reproductivo no remunerado que sostiene, desde hace siglos, este sistema injusto), medidas como la vigilancia estatal de la igualdad salarial, acciones positivas que corrijan mecanismos que generan injusticias por razón de sexo en materia de derechos laborales y prestación por desempleo o la consideración de los permisos de maternidad y paternidad como iguales e intransferibles, equiparando a los sujetos que cuidan en el ámbito público además de en el privado, es fundamental.

Para el Grupo Confederal y los partidos que lo conforman, destruir los distintos sistemas de privilegios y castas que nos hacen una sociedad peor y que nos impiden un desarrollo justo y democrático como pueblo es una premisa de nuestra labor legislativa que tiene muy en cuenta la centralidad de las políticas públicas feministas en la agenda, no como asuntos apartados en un gueto rosa y tratados con menor empaque político, sino como elementos vertebradores de una justicia radical que afecta -como muestran estas tres iniciativas legislativas- al núcleo duro de la organización económica de un país, un continente, un mundo. Y es ponernos ya con esto, o seguir leyendo informes de Intermón Oxfam y de otras organizaciones, año tras año, en los que las mujeres seguiremos siendo las más perjudicadas por la desigualdad, hasta que quedemos relegadas a un limbo que ya no será ni empleo y sí únicamente el rostro de la pobreza.