Venezuela ha vivido en este 2022 una previsible y lamentable estabilización del autoritarismo. Sus organizaciones de oposición están fragmentadas, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro ha “metabolizado” los efectos de las sanciones internacionales. El momento parece demandar una nueva teoría de cambio ya que la que se esgrimió en enero de 2019, con la proclamación de un gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó, ha caducado. 

Este país es un ejemplo de cómo los autoritarismos del siglo XXI se pueden imponer ante una sociedad que queda prácticamente indefensa. La táctica de usar mecanismos de represión y, a la vez, abrir ciertas rendijas, para que escape la presión, es funcional. 

Es lo que ha pasado con la dolarización de facto que ha permitido que la escasez de bienes de consumo diario como la harina de maíz o leche se haya mitigado, se respire un alivio de las penurias colectivas, al tiempo de que el país por fin salió de la hiperinflación.  

No obstante, la crisis de servicios es constante: en Caracas, la capital, tener agua corriente en el grifo es casi un lujo. Las rutinas de teletrabajo suelen ser interrumpidas por un sonoro grito: ¡pusieron el agua! Más de uno evita salir de casa si no ha podido ducharse y en otros casos el hedor, tanto en el hogar como en otros espacios, es insoportable. Mientras que en términos del índice de libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, según el Monitoreo mundial del Espacio Cívico, Venezuela es un país con un ambiente restringido, una categoría que comparte con otros países latinoamericanos, como Honduras, Colombia y México.  

¿Pero cuál es el camino para lograr una democratización del país? ¿La crisis venezolana entró en el limbo? ¿Qué opciones son viables y realizables para incentivar la vuelta a la democracia? ¿ Qué rol puede jugar aún la comunidad internacional?

De acuerdo con las acciones más recientes de la oposición la ruta electoral es la más viable, aunque obviamente la más lenta y con un trayecto empedrado. 

Un estudio nacional de opinión de la firma Delphos, dado a conocer en julio, halló que 72,5% quiere un cambio político a través de una elección. Esto pasaría por unas primarias, que es la discusión actual de las oposiciones; y luego participar en unas presidenciales que, según la ley, deben ser celebradas en 2024. 

Los obstáculos para hacer unas internas implican asuntos técnicos, decisiones políticas y finanzas. Si esas vallas llegan a ser superadas aún faltaría la fase de las elecciones nacionales, las condiciones, y sobre todo, que el o la candidata de la oposición pueda convocar una mayoría para ganar. Aunque según las encuestas, el chavismo es una minoría, como cuerpo político es el que tiene mayor capacidad de movilización. 

En otro estudio de opinión de la firma Datanálisis, ninguno de los presidenciables de la oposición, o que han expresado su intención de ser candidatos en una eventual primaria, supera el 25% de aprobación. 

En todo caso, es positivo que la agenda electoral esté tomando vuelo en la dirigencia opositora que se abstuvo en las parlamentarias de 2020 y en las presidenciales de 2018. Estas últimas fueron las que llevaron al desconocimiento de la reelección de Maduro por países de la Unión Europea y los Estados Unidos. La oposición, sin embargo, optó por participar en los comicios regionales de 2021. 

Celebrar elecciones ajustadas a los estándares internacionales es uno de los temas en la agenda de la mesa de negociación que se instaló en agosto de 2021 en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria. En octubre de 2021, la delegación chavista se levantó, hasta nuevo aviso.

En lo que va de año ha habido intentos unilaterales de revivir la mesa de México. La invasión a Ucrania impulsó un cambio en el gobierno de Estados Unidos que en marzo pasado envió a Caracas una delegación de alto nivel para hablar con Maduro. En adelante, en vez de acercarse la posibilidad de retomar la conversación, lo que se percibe es el desinterés del chavismo por este camino, mientras sigue buscando tener una relación directa con la administración de Biden y lograr que se flexibilicen más sanciones. 

A mediados de junio otra comisión estadounidense viajó al país suramericano. Según Maduro, esta visita fue para dar “continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el Gobierno de EEUU y el Gobierno de Venezuela”.

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en Colombia ha generado expectativas encontradas. Aunque el nuevo mandatario tiene preocupaciones más urgentes, no puede escapar del hecho de que en su país hay casi 2,5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos cinco años. Si bien Petro empezó a dar los pasos para reactivar las relaciones entre ambos países, aceptó que ningún representante de Maduro haya sido invitado a su toma de posesión. 

El nuevo mandatario de Colombia ha dicho que necesita resolver, entre otras cosas, el estado de una empresa mixta colombo-venezolana, Monómeros, que produce fertilizantes y desde 2019 está bajo el poder del interinato opositor. El socio venezolano es la empresa estatal Pequiven, sobre la cual la oposición no tiene control. Eso ha encarecido los abonos que usa Colombia en sus campos.

Es apenas un ejemplo que denota la necesidad de que Petro se maneje con un pulso de filigrana si incluye entre su abanico contribuir, junto a otros pares latinoamericanos, especialmente de izquierda como Boric o Lula -en caso de ser electo-,  para que Venezuela se reconduzca por el camino a la democratización.

Esa opción no depende solo de la visión particular de Petro, y de las necesidades de Colombia. En las primeras de cambio, el veterano político ha invertido mucho de su tiempo espantando fantasmas. Ha tenido conversaciones con Estados Unidos, un socio estratégico de Colombia, que no reconoce a Maduro como presidente, pero que ha flexibilizado su postura. 

También la región ha cambiado políticamente y cada gobierno lidia con sus propios problemas, acentuados por el impacto económico de dos años de pandemia.

Sin embargo, no se pueden subestimar las capacidades de la comunidad internacional. Un ejemplo de ello es que la investigación que tiene abierta la Corte Penal Internacional sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, puede haber incidido en que violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales se hayan reducido casi en más de 50%, aunque se mantenga la “política de alta letalidad por parte del Estado”, según un estudio de la ONG Provea. 

También la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos han documentado las constantes violaciones a los derechos humanos. 

Un proceso electoral presidencial en Venezuela con estándares internacionales requiere una serie de condiciones. Algunas de ellas han sido identificadas por la Misión de la Unión Europea que estuvo en el país entre el 14 de octubre y el 5 de diciembre de 2021. La misión hizo 23 recomendaciones y advirtió sobre el patrón de “la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación, y la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral a facciones internas minoritarias de algunos partidos políticos”. 

Las capacidades de resistencia de los venezolanos siguen siendo admirables. En el reducido espacio cívico que aún pervive hay distintas iniciativas de sociedad civil que mantienen las banderas alzadas. Para que esos brazos no terminen por agotarse, los actores internacionales, especialmente de izquierda democrática, como Petro, pueden hacer alguna diferencia. 

Los cambios políticos en la región son un desafío y una oportunidad. Maduro tiene mucho más oxígeno, pero que respire en el poder a costo de las vidas y de las libertades no es lo ideal. Si Venezuela logra avanzar en una salida pacífica, electoral que promueva un cambio hacia la democratización se podrá generar un gran precedente. No es nada sencillo, pero tampoco imposible.

Ni un año duró la misión del embajador Jesús Silva en Caracas. Llegó a Venezuela el 29 de marzo de 2017, (justo en la víspera del inicio de la ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que se extendió durante cuatro meses y produjo más de 112 víctimas mortales) y debe marcharse este fin de semana, después de ser declarado persona non grata por las autoridades venezolanas.

La expulsión del diplomático ocurre dos días después del anuncio de las sanciones impuestas por la Unión Europea a cuatro funcionarios del Gobierno, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; al fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab; y al segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello.

Silva Fernández, de 54 años, sustituyó a Antonio Pérez-Hernández. Su elección, según declaraciones del ministro Alfonso Dastis, obedeció a la delicada situación de Venezuela. El diplomático tenía ya experiencia en Latinoamérica y el Caribe angloparlante (fue jefe de la misión diplomática española en Panamá, entre 2012 y 2014, embajador en Jamaica y representante ante el Caricom). En Venezuela hay una colonia de unos 200.000 españoles, así como empresas de alto impacto, entre ellas, BBVA y Telefónica.

Al presentar sus credenciales al presidente Nicolás Maduro, Silva Fernández declaró: “Le confirmé que España ha trabajado y va a seguir trabajando en todo lo que significa la reconciliación entre los venezolanos y la prosperidad del país”. También comentó que el mandatario venezolano le transmitió saludos al rey Felipe y al presidente del Gobierno español Mariano Rajoy.

Su antecesor fue llamado a consultas en dos ocasiones en medio de episodios de tensión en la relación entre ambos países.

Al diplomático le informaron extraoficialmente el pasado miércoles que sería declaradopersona non grata. El jueves, el anuncio se hizo oficial. Tiene 72 horas para salir del país, lapso que empezó a correr desde que recibió la notificación. “Gajes del oficio”, respondió, en confianza, a algunos que le preguntaron.

Silva Fernández destacaba en el cuerpo diplomático acreditado en Caracas por ser muy activo, abierto a la prensa y por evitar hacer comentarios off the record sobre el Gobierno venezolano o sus miembros. “No es un país para aburrirse”, nos diría en un encuentro con periodistas en diciembre pasado.

Una de las actividades públicas que más repercusión tuvo en los medios fue la organización de un foro con Adolfo Suárez Illana para que relatara la experiencia de su padre en la Transición española. La actividad, que fue totalmente exitosa y ampliamente difundida, trajo algo de cola por donde menos se pensaba. En el marco de esta visita, se realizó una reunión privada con dirigentes de oposición venezolanos y Suárez Illana. La foto de este encuentro fue filtrada en las redes sociales. Era la primera vez, en tiempo, que emblemáticos dirigentes de la dividida oposición venezolana se veían las caras.

Pero Silva Fernández no se daba por aludido ante estas situaciones. Así pudo lidiar con uno de los picos de los continuos desencuentros entre España y Venezuela, como fue la declaración de independencia de Catalunya.

El presidente venezolano aupó el referendo independentista. “Resiste Cataluña, América Latina te admira”, dijo en una alocución y esto desató alguna polémica, pero todo volvió a la normalidad.

Insultos y tensiones

Desde Caracas, los ataques verbales de Maduro hacia Rajoy son vistos como habituales. En mayo de 2017 le acusó de cobarde (tras el cerco de la embajada venezolana en Madrid por un grupo de manifestantes), le tachó de dictador por la represión en Catalunya, corrupto a raíz de diferentes escándalos de corrupción y lo ha acusado de injerencista.

Sin embargo, el tono de los insultos subió unos decibelios este 24 de enero, después de que Rajoy considerara que las sanciones de la UE contra cargos venezolanos son bien merecidas. En respuesta, Maduro, en una intervención pública en su campaña para la reelección, cargó contra el español con algunas expresiones que no había empleado antes. “Mariano Rajoy, ponte a cuatro 'paticas', compadre, que el pueblo lo que te va a dar es 'pela”. Este comentario tiene en el habla coloquial de los venezolanos una carga sexual.

Por su parte, Rajoy, si bien no insulta al venezolano, recibe a líderes emblemáticos de la oposición, entre ellos al prófugo Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, quien sin juicio, estaba encarcelado en su casa. Ledezma, que huyó en noviembre de Venezuela y viajó a Madrid es considerado por el Gobierno de España “uno de los principales referentes de la lucha del hermano pueblo venezolano por recuperar su libertad y la normalidad democrática”.

Pese a que las relaciones entre España y Venezuela no han sido un camino de rosas, es la primera vez que la tensión escala a este nivel. El embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, también ha sido expulsado.

Isea fue llamado a consultas a Caracas el pasado martes, una vez conocidas las sanciones de la UE. El ministro Dastis dijo desde Davos que era una reacción desproporcionada. Horas después, ante la decisión del gobierno de Maduro contra Silva Fernández, España actuó contra Isea.

La pregunta que todos se hacen es ¿qué llevó a Maduro a reaccionar así ante España?

Para Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales, es una forma del Gobierno venezolano de radicalizarse y tratar de evitar nuevas medidas o sanciones porque muchos países no quieren ser expulsados de Venezuela. “Con la reducción de diplomáticos en Venezuela se limitan las posibilidades de una salida política a la crisis”, comenta.

El español no es el primer diplomático que ha abandonado recientemente Venezuela. En diciembre de 2017 ya lo hicieron el encargado de negocios de Canadá y el embajador de Brasil, ambos declarados personas non gratas por el Gobierno venezolano. Tampoco es la primera representación que se queda sin embajador. Desde 2010, la sede diplomática de Estados Unidos está encabezada por un encargado de negocios.

Canadá, al igual que Estados Unidos, México y, ahora, la Unión Europea han aplicado sanciones a distintos funcionarios venezolanos señalándolos por violación de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a los encontronazos en la diplomacia, Venezuela solo ha roto relaciones con Israel. Y esto ocurrió en 2009 por la acción de este país en Gaza.

“España -explica Mariano de Alba- ha sido el país que ha liderado el esfuerzo para que las sanciones sean una realidad. La embajada de España en Caracas es un enlace crucial para la oposición con toda Europa”.

Fuentes de la Embajada indican que el embajador posiblemente haga uso de todo el lapso que le ofrece el Gobierno para salir del país. En su periodo en funciones, Silva Fernández no tuvo mucho tiempo para recorrer el país. Según relata una fuente directa, una vez el canciller venezolano, Jorge Arreaza, le preguntó por qué hablaba con tantos opositores. El embajador respondió: como hacen ustedes con los líderes de Catalunya.