El primer indicio de esta “esquizofrenia política” se dio cuando criticó como ineficaz la misma Ley del Suelo que había redactado y aprobado durante su primer mandato. Cuatro años después de su implementación, según él, dicha ley ya no servía. ¡Qué cosas!

La última muestra de esta dualidad se refleja en sus declaraciones radiales sobre la ecotasa turística. Esta tasa, vigente en Cataluña, Baleares y otros destinos nacionales e internacionales, oscila entre uno y cinco euros diarios por estancia, sin que afecte al flujo turístico. Ciudades como París, Londres, Nueva York o Ámsterdam, al igual que destinos en Túnez o México, la aplican sin problemas. Pero, en nuestro archipiélago la patronal turística se ha revirado desde el principio como panchona acorralada argumentando que dejarían de venir turistas, cosa que está por demostrar.

Fiel a los intereses de los empresarios, el señor Clavijo respalda esta posición en sus declaraciones. Pero, curiosamente, en la misma intervención, alaba a la alcaldesa de Mogán por implementar una tasa turística municipal, calificándola de valiente. Así, en un despliegue de incoherencia, sostiene que es valiente aplicar una tasa mientras afirma que no debe aplicarse. Para rematar, su consejera de Turismo ha argumentado que la ecotasa sería injusta porque también la pagarían las y los canarios que hacen turismo insular. Lo que no deja de ser una patochada; bastaría con incluir en el decreto que regulara la cuestión la excepción el que las personas residentes en Canarias estén exentas y que sería suficiente presentar el carné de identidad, que debemos presentar siempre en un establecimiento turístico, para que no nos facturaran la tasa. La informática sirve entre otras cosas para esto.

En las mismas declaraciones nuestro hombre se despacha con una preferencia: antes que poner la tasa que tan valientemente ha puesto su correligionaria en Mogán, él prefiere subir el IGIC de las actividades turísticas. Este impuesto indirecto gravaría cualquier transacción, desde reservar una habitación hasta alquilar un coche, afectando a todas las personas que viven en Canarias y que viajan entre islas. Es decir, mientras que los turistas quedarían exentos de cualquier tasa, los residentes cargarían con el peso del aumento del IGIC, pues una de las diferencias entre tasas e impuestos es esa; con las primeras es más fácil decretar excepciones, con los impuestos es más difícil, peor si son indirectos. Es decir, por ejemplo, cuando un gomero viaje a El Hierro o un majorero a Gran Canaria, ambos apoquinarían por el IGIC pertinente. Que paguemos todos, canarios incluidos, pero que los turistas no paguen nada.

Lo paradójico es que este planteamiento proviene de un presidente que, en su programa y en el acuerdo de gobierno con el Partido Popular, había prometido una reducción del IGIC. Una contradicción más que reafirma nuestra tesis: la “esquizofrenia política” está instalada en Canarias. Sin ánimo de ofender, quizá don Fernando esté atravesando un ataque cervantino: “La razón (el motivo) de la sinrazón que a mi razón se hace, (la injusticia con que se juzga mi propósito o designio) de tal manera que mi razón (mi cordura) enflaquece; que con razón (con justo motivo) me quejo de la vuestra fermosura”. O tal vez sea un giro galdosiano, como el título de una de sus últimas novelas: La razón de la sinrazón.

Todo indica que el verdadero objetivo es perpetuarse en el sillón presidencial, pero no necesariamente para servir al pueblo canario. Porque de nada sirve escuchar cifras récord en turismo o un aumento del PIB si no se ve reflejado en una mejora real de nuestra calidad de vida. Como señala el ODESOCAN, “el problema de los presupuestos no es la cantidad, sino la mala gestión”. Y yo me pregunto: ¿a quiénes están beneficiando estas políticas? Porque, al final, somos nosotras, el pueblo, quienes seguimos siendo olvidadas o lo que es peor, expulsadas de nuestro propio paraíso.

La ONU ha designado el 28 de enero como el día clave para la determinación de medidas encaminadas a la reducción de gases de efecto invernadero o el desarrollo de fuentes de energía renovables y sostenibles, todo ello encaminado a revertir el cambio climático a que estamos abocados y que llama a nuestras puertas. (No olvidamos la crisis de las microalgas de este pasado verano y la continua referencia del gobierno al cambio climático como causante de los blooms, como si fuéramos impotentes ante ello).

La UE este pasado 17 de enero aprobó, con tibieza, la política energética europea para las próximas décadas, para contribuir a la lucha contra el cambio climático. El Parlamento europeo apuesta porque las energías renovables supongan un 35% de la energía que se consuma (aunque las comisiones europarlamentarias de medioambiente y energía aprobaran un porcentaje mayor). La tibieza de la actitud del Parlamento europeo no es solo por la reducción de este porcentaje, sino también porque se han negado a adoptar fechas vinculantes para los Estados miembros. En la práctica, esto va a suponer que los gobiernos como el de España (y el autonómico de Canarias) que defienden políticas neoliberales y que están al servicio de las grandes empresas del IBEX35 y los lobbies energéticos, hagan que estos objetivos y los compromisos de la Cumbre del Clima se queden en el papel, convirtiendo en estructural el retraso de nuestro país en el campo de las renovables y la eficiencia energética.

¿Pero qué ocurre con estos acuerdos europeos, con ese 35% de energías renovables?, supuestamente… Supuestamente porque la UE sigue considerando renovable a muchos subproductos de los combustibles fósiles. Así vemos que lo que pretende “enfriar” por un lado, lo “calienta” por el otro. Y es que la Comisión Europea ha propuesto invertir 873 millones de euros en proyectos europeos de infraestructuras energéticas “limpias”, pese a que 193 de esos millones son para proyectos de gas natural, uno de los principales causantes del cambio climático (es considerado un “gas de efecto invernadero potente” debido a que es 23 veces más eficaz para atrapar calor dentro de la atmósfera que el CO2, según la organización Globalmethane). ¿Es el gas la energía que necesitamos en un contexto de calentamiento global? El gas es un combustible fósil y debe permanecer, como el carbón y el petróleo, bajo tierra para cumplir los compromisos de París.

¿Por qué se adoptan estas decisiones en la política energética europea? Tal vez la respuesta esté en que quien se encarga de hacer la planificación de las infraestructuras de gas necesarias para atender la demanda futura sea un organismo denominado ENTSO-G, coalición europea de operadores de transporte de gas, integrada por empresas que luego serán las encargadas de construir dichas infraestructuras, entre las que se encuentran las españolas ENEGAS y REGANOSA.

¿Se necesitan estas infraestructuras? Pues no, la demanda europea ha caído un 20% entre 2010 y 2016 y, además, el sistema gasista español está sobredimensionado, siendo el cuarto país en capacidad de regasificación, con plantas que funcionan al 40% de su capacidad; hay centrales de gas de ciclo combinado la mayor parte del tiempo paradas. Pero aunque las proyecciones de consumo fueron exageradamente optimistas, el sistema nacional gasista retribuye las inversiones aunque la infraestructura no se utilice o resulte fallida… dando lugar a indemnizaciones como las del almacén Castor, que ha generado un déficit que pagaremos durante las próximas décadas las usuarias en nuestra factura del gas.

Las empresas del gas necesitan abrir mercado y han fijado sus ojos en Canarias, un territorio virgen en el que pretenden crear una necesidad que no tenemos. Para crear esta necesidad, con la complicidad de nuestro gobierno regional, se inventan una “transición energética” imponiendo el gas en nuestro territorio, enormemente alejado de la fuente más cercana de gas conocida, pretendiendo aumentar nuestra dependencia energética, para el beneficio privado de unas pocas empresas.

En este contexto, no sorprenden las declaraciones del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias en minoría defendiendo la legalidad de la adjudicación de la canalización y redistribución del gas a la empresa Redexis, recientemente galardonada por el Banco Europeo de inversiones con un suculento préstamo de 125 millones de euros firmado por esta empresa privada ante su servil presencia. No ponemos en duda la legalidad del procedimiento iniciado, por supuesto, ni de la normativa de aplicación, sobre todo porque ya sabemos que se confeccionan a medida de los lobbies, integrados en ENTSO-G, que dominan una política energética europea que llega en cascada hasta nuestro ámbito local.

Podría sorprender, eso sí, que esta apuesta decidida por el gas y este apoyo a la empresa adjudicataria por parte del gobierno de Canarias se realice pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pusiera en duda la idoneidad de acometer una infraestructura de regasificación en Granadilla de Abona. Solicita la CNMC mayor información sobre aspectos claves para su viabilidad tales como el mercado que abastecerá o la previsión de demanda, máxime por el desarrollo de fuentes de energía renovables y que la ciudadanía no ha salido a la calle demandando gas.

Quizá se espera que, aunque no sea una inversión rentable, un nuevo “efecto Castor” en Canarias proporcione mucho más beneficio a la empresa que el suministro de un gas para el que no existe una clara demanda... Porque ahí tenemos la foto de todo un consejero de Energía de Canarias en un acto supuestamente privado entre una entidad financiera y una empresa privada…lo que suscita dudas sobre el sentido de su presencia en tal acto, dudas razonables vista la práctica de los gobiernos liberales como el de CC, de privatizar lo que produzca beneficios y colectivizar las deudas. Indigna leer las declaraciones del consejero hablando del gas como imprescindible para la “transición a energía renovables” una transición inventada por intereses meramente empresariales que no públicos. Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publicado en la revista Energy (8 de noviembre de 2017) afirma que la instalación de centrales de energía eólica marina en el 12% de la superficie de las aguas canarias podría suministrar hasta 22 veces la energía que consumimos. Alemania, con excedente energético procedente de centrales fotovoltaicas ya quisiera tener las horas de insolación de Canarias. La energía geotérmica y la motriz de nuestro mar apenas están exploradas. Una apuesta decidida por las renovables no requiere transición de ningún tipo.

La implantación del gas en Canarias no es una fuente energética renovable, no es sostenible, es cara, no contribuye a paliar la pobreza energética y nos hace aún más dependientes. Avergüenza un gobierno en minoría que se autoplocama nacionalista y que lo que hace es vender nuestra soberanía, en este caso energética, al mejor postor.

Queremos ver a esos partidos que se autoproclaman nacionalistas, en lugar de defender a Rato o facilitar la aprobación del techo de gasto de Montoro, apoyando sin ambages las enmiendas de Unidos Podemos al Estatuto de Autonomía dirigidas a consagrar desde su artículo 1, la protección del medio ambiente de las islas como “tarea suprema” en las competencias de nuestra comunidad autónoma.

La ciudadanía canaria no quiere gas, lo ha manifestado por escrito y razonadamente en cientos de alegaciones contra la instalación de las redes de distribución en los municipios donde se pretende iniciar este suministro. Pero si nuestros y nuestras representantes públicos hacen oídos sordos no dudaremos en tomar las calles para gritar alto y claro “¡Canarias Sin Gas!”