El mundo y las condiciones de vida han mejorado a través de los tiempos gracias a las aportaciones científicas. Pero, ¿todos los avances científicos son beneficiosos para la existencia del ser humano?, ¿son otorgados en igualdad de condiciones para todas las personas?, o se convierten en un beneficio para unas pocas.

La ciencia hace presencia en los diferentes campos de la existencia humana, tanto para bien como para mal; avances en las telecomunicaciones, innovación en los medios de transportes, fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares que son utilizadas única y exclusivamente para el exterminio de la humanidad.

Teniendo en cuenta que el campo de la ciencia es demasiado amplio, ponemos el foco en la medicina en relación con la industria farmacéutica, encargada de la cura de múltiples enfermedades, el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de millones de personas.

La industria farmacéutica es una de las economías más prósperas a nivel mundial, muchos señalan que las ganancias obtenidas por este negocio supera los ingresos de la venta de armas, las utilidades obtenidas por los bancos y por las empresas de tecnología; lo cual nos lleva a pensar si las innovaciones farmacéuticas aportan verdaderamente a la sociedad o son un negocio dedicado sobre todo a maximizar las rentas de sus accionistas.

En el diario La Información en un artículo escrito por Diego Caldentey señala de manera acertada que “En plena época donde cada vez hay más diferencias entre ricos y pobres, existen algunos sectores que se erigen como auténticos fabricantes de millonarios. En este sentido, a la cabeza de los rubros que mayor generarán riquezas en el mundo se sitúan el sector financiero, el tecnológico y la industria farmacéutica.” ,

¿Cómo se obtienen dichos beneficios?, muchos señalan que los precios de los medicamentos se fijan a voluntad de las farmacéuticas; especulan y hacen que los medicamentos no sean fácilmente accesibles a toda la población mundial. Así, agravan la situación de las personas más pobres y excluidas de la sociedad, siendo privadas de sus derechos a la salud y a la vida, pero las farmacéuticas se defienden indicando que dichos precios vienen dados en virtud de los recursos que se invierten en innovación y desarrollo.

Además de la especulación, las ganancias obtenidas por la industria farmacéutica se deben a la globalización “(…) que le ha permitido maximizar sus beneficios ya que compran las materias primas en los países donde son más baratas (países en vías de desarrollo), instalan sus fábricas en donde las condiciones laborales son más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están más desarrollados.” (Artículo de Nuevatribuna.esNuevatribuna.es )

¿Cuál es la entidad encargada de establecer normas y pautas en relación con la salud a nivel mundial?, pues nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud – OMS, que hace parte de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo es altamente criticado, se ha puesto en tela de juicio su imparcialidad e independencia pues algunos de sus asesores han presentado conflicto de intereses al favorecer a las farmacéuticas (BBC Mundo vincula a expertos de la OMS con farmacéuticas).

En la actualidad existe una crisis sanitaria en los países empobrecidos, pero las farmacéuticas dirigen todos sus recursos y sus esfuerzos en la producción de medicamentos dirigidos a las personas que tienen el dinero suficiente para pagar el costo de los mismos, dejando atrás las necesidades de la población más vulnerable.

En el informe 109 de Oxfam Internacional: “Invertir en la vida Cómo lograr el acceso a medicamentos esenciales a través de prácticas empresariales responsables” , se indica que:

“Ha llegado el momento de que las compañías se planteen sinceramente nuevas formas de hacer negocio, incorporando en sus razonamientos el punto esencial de la igualdad social, y trabajando de forma más flexible, transparente y práctica con todas las partes interesadas” teniendo en cuenta “que las compañías farmacéuticas podrían contribuir de forma más significativa y eficaz al acceso a los medicamentos de la población pobre en los países en desarrollo” y continúa el informe señalando que “la industria farmacéutica ha sido incapaz de reconocer el acceso a los medicamentos como un derecho humano fundamental consagrado en el derecho internacional, así como de aceptar que las compañías tienen responsabilidades en este contexto”.

No todo es negativo, existen personas maravillosas con fines altruistas que dirigen todos sus conocimientos y sus esfuerzos al servicio de la humanidad, es el caso del científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a la elaboración de una vacuna sintética para la erradicación de la malaria; así mismo, se ha mostrado como un firme opositor de la industria farmacéutica que reprobó la donación que hizo Elkin de su primera vacuna a la humanidad. En una entrevista realizada por Carmelo Rivero indicó que por esa vacuna las multinacionales farmacéuticas le ofrecieron ciento veinte millones de dólares, no accediendo a ello, por considerar que ayudar a la humanidad tiene más valor que el dinero.

Manuel Elkin ha tenido múltiples adversidades en su trabajo, pero continúa trabajando para alcanzar el 100% de efectividad de la vacuna contra la malaria, desarrollando a la par un modelo universal de vacunas para el tratamiento varias enfermedades infecciosas, argumenta que volverá a donarla y que será su aportación a la humanidad, haciéndolo en nombre de Colombia y España de quienes ha recibido apoyo.

La investigación, producción y elaboración de medicamentos son un gran negocio para las multinacionales farmacéuticas y generan una grave desigualdad. Lamentablemente, los avances científicos están al servicio de quienes pueden pagarlo; los pobres y excluidos no tienen acceso a los medicamentos, ya que no son un sector poblacional relevante para su mercado. Por todo esto, es destacable el trabajo de científicos como el Dr. Manuel Elkin Patarroyo que de manera honesta y desinteresada aportan su conocimiento para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos sin ninguna distinción.

La salud y la vida no pueden ser tratadas como un negocio, es necesario repensar el papel que todas las personas realizamos desde nuestras profesiones u oficios, pero sobre todo es necesario que los gobiernos, lo organismos multilaterales y las empresas asuman la responsabilidad que les corresponde y tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso igualitario de los avances científicos a toda la humanidad.

Para referirnos a la precariedad laboral existente en España, debemos hacer referencia en primer lugar al Trabajo como un derecho, el cual se encuentra consagrado en el artículo 35 de la Constitución española, en el que se establece además del derecho al trabajo, el derecho a “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

Lo anterior quiere significar que el trabajo, además de ser un derecho consagrado constitucionalmente, debe ser remunerado de una forma justa, toda vez que debe ser digno y suficiente para la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, dicho mandato constitucional ha venido siendo conculcado con las nuevas formas en que las empresas vienen contratando los servicios de las personas que trabajan de forma externalizada.

Si bien la legislación laboral española ampara legalmente la posibilidad de la subcontratación y para muchos la figura es beneficiosa, basándose en la creación de empleo y la eficiencia empresarial, debemos preguntarnos lo siguiente: es la subcontratación, ¿beneficiosa para quién? Y la respuesta es contundente, “en la mayoría de las ocasiones para el empresariado”, toda vez que éstos se enriquecen a costa de la desmejora de las condiciones laborales, ya que los costos fijos relacionados con la carga laboral y prestacional, a la que tienen derecho por su labor, son sustituidos por costos variables. Ejemplo de ello son las plataformas digitales de reparto, que hacen parecer como autónomas a las personas que hacen este trabajo, pero que intrínsecamente conlleva a una verdadera relación laboral, toda vez que su labor y subordinación cumple con los requisitos de empleados y empleadas de plantilla.

Recientemente, y como una conquista en la protección de los derechos laborales de los famosos “Riders” de Deliveroo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València, a raíz de una denuncia sobre las condiciones de precariedad laboral en la que se encontraban, resolvió en diciembre de 2017 la existencia de una relación laboral señalando que los repartidores son “falsos autónomos” y ordenó a Deliveroo pagar 160.814,9 euros por concepto de cotizaciones no pagadas y otros recargos (El País 17/12/2017). Esta decisión sienta un precedente en toda España, pues a raíz de ello ya se encuentran bajo la lupa varias empresas de este tipo, entre ellas Deliveroo, Glovo, etc; además de ser un punto de partida para que los y las trabajadoras no tengan miedo y luchen por sus derechos.

La precariedad laboral en España va de la mano con la flexibilización de las estructuras organizativas internas de las empresas, buscando la fragmentación del ciclo productivo para externalizarlo, con el fin de obtener un abaratamiento de la producción del bien o servicio; y más allá de la disminución de costos del empresariado, se presenta de manera clara una inequidad salarial entre las personas que se encuentran en plantilla y las subcontratadas, las cuales desarrollan actividades iguales o similares con salarios completamente diferentes, lo que no garantiza una remuneración justa.

Otro de los inconvenientes de la subcontratación es la pérdida de fuerza de las organizaciones sindicales, las cuales se ven debilitadas por cuanto las personas subcontratadas no pueden formar parte de los sindicatos y mucho menos hacer uso de la negociación colectiva frente a la desmejora de las condiciones laborales, por miedo a perder su trabajo y a ser sustituido por otro. Teniendo en cuenta que existe una mayor oferta de mano de obra que de empleos disponibles, el empresariado se encuentra en una posición de privilegio para establecer las condiciones de trabajo.

“La negociación colectiva es otra institución del mercado de trabajo que goza de gran reconocimiento como instrumento fundamental para resolver la desigualdad, en general, y la desigualdad salarial, en particular. El punto hasta el cual la negociación colectiva puede reducir la desigualdad salarial depende de la proporción de trabajadores amparados por los convenios colectivos y de la ubicación de esos trabajadores en la distribución salarial.” (Informe mundial sobre salarios 2014-2015 OIT).

En el mismo sentido, en el informe “Premiar el trabajo, no la riqueza” realizado por Oxfam Intermón en el mes de enero de 2018 se señala que “(…) la destrucción de puestos de trabajo, particularmente entre las personas más vulnerables y menos cualificadas, y la reducción de la protección por desempleo, han reforzado la capacidad de negociación de los empresarios y directivos a la hora de fijar salarios más bajos para nuevos empleos, quienes han encontrado en la reforma laboral de 2012 una herramienta magnífica para sus intereses, debilitando la negociación colectiva y permitiendo que las empresas se descuelguen de los convenios existentes. Las empresas se han visto con las manos libres para poder fijar, unilateralmente, salarios más bajos, ante el riesgo de los trabajadores de permanecer en el desempleo con una protección menguante.”

Se debe indicar igualmente que la desigualdad salarial conlleva intrínsecamente un componente de discriminación, toda vez que las personas externalizadas son sobre todo mujeres y trabajadores migrantes, es decir, mano de obra barata. Por ello, se debe hacer un llamado al establecimiento de políticas con justicia social que consagren igualdad de remuneración por trabajo igual, donde se respeten verdaderamente los derechos de los trabajadores.

En el objetivo 8 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible aprobada hasta el 2030 se fijó la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y en el punto 8.5 se estableció la lucha por el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Se ha comprobado que la precariedad laboral existente ha incrementado los cinturones de pobreza en el mundo, lo cual llevó a poner de manifiesto en la agenda global la problemática existente en relación con los y las trabajadoras y la necesidad inmediata de intervención.

“La principal conclusión de este informe es que el trabajo decente es una condición previa necesaria para poner fin a la pobreza. Por lo tanto, sin trabajo decente no podrá cumplirse el primer objetivo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Efectivamente, el crecimiento económico por sí solo no será suficiente para erradicar la pobreza. (…)” OIT Perspectivas Sociales y del Empleo del Mundo, Transformar el Empleo para erradicar la Pobreza 2016.

El ODS 8 está estrechamente relacionado con los ODS 1 y 10 de la agenda, toda vez que trata de poner fin a la pobreza en el mundo, y la precariedad laboral incide de manera directa en el aumento de la pobreza y desigualdad.

¿Y por qué hacemos hincapié en la pobreza? Porque los pagos realizados a personas subcontratadas son mucho más bajos, y éstos optan por vincularse de esta forma por miedo a engrosar la lista de desempleo. Al no tener una oportunidad diferente, son obligadas a trabajar por cualquier tipo de pago, lo que va en contravía de lo señalado en el artículo 35 de la Constitución. De este modo, nos encontramos frente a la vulneración no sólo del derecho al trabajo, sino frente a la transgresión de otros derechos constitucionales como la igualdad y la libertad de asociación.

La Renta Básica Universal es una propuesta para que todas las personas tengan derecho a una suma de dinero sin estar supeditado a ningún tipo de condición. Se aplicaría a todos independientemente de recibir otros ingresos como asalariado, autónomo, etc. Sería un derecho por el simple hecho de ser ciudadano o residente de un país.

La RBU difiere de los subsidios. Éstos últimos están supeditados al cumplimiento de unos requisitos, mientras que la RBU sería un derecho al que todos podrían acceder. Sería una buena respuesta a la lucha contra la pobreza en el mundo, toda vez que, como dice el sociólogo y politólogo Christopher Zahonero Ballesteros: “(…) la desigualdad, la exclusión, la pobreza y otras problemáticas sociales no sólo son causadas por el sistema capitalista, sino que son su condición intrínseca de existencia”(…) la desigualdad, la exclusión, la pobreza y otras problemáticas sociales no sólo son causadas por el sistema capitalista, sino que son su condición intrínseca de existencia,

Las personas tendrían una cierta libertad al tener solventadas sus necesidades básicas, y no estarían supeditados al gobierno de turno. Se formaría una población crítica que estaría más atenta a lo público, siendo propositivos en los asuntos de interés general, ya que una sociedad con hambre no opina, no habla, no cuestiona.

Aunque existe reticencia para su implementación, algunos países han apostado por la iniciativa realizando planes piloto, si bien no universalmente como señala Gerardo Pisarello en “La Renta Básica como Derecho y como Contrapoder”, pero sí favoreciendo a los sectores más vulnerables.

El concepto de RBU no es nuevo. En Dauphin, Canadá (1974-1979), se realizó un plan piloto asignando una suma de dinero a familias económicamente desfavorecidas. Los resultados del proyecto fueron estudiados por la socióloga Evelin Forguet, quién en 2011 puso de relieve los efectos positivos del proyecto. Evelin comprobó que los beneficiados se sentían mejor, las enfermedades físicas y mentales disminuyeron, las personas elegían por vocación sus trabajos, y disminuyeron los problemas familiares, entre otras mejoras.

También han experimentado la RBU en Ontario (Canadá), en California (USA), en Holanda, en Finlandia, en Kenia, entre otros lugares. En Kenia se realizó a partir de una iniciativa de Harvard y el MIT a través de GiveDirectly. Los beneficios constatados fueron la utilización del dinero para la satisfacción de las carencias básicas y la adquisición de elementos para la autosostenibilidad (siembras, ganado, pozos de agua, etc).

Personajes influyentes del mundo están a favor de la RBU, ya que la tecnología desplaza la mano de obra acrecentando las desigualdades. Son numerosos los defensores de la iniciativa, como, por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, o Mark Zuckerberg, entre otros.

La OCDE indicó recientemente que la medida es beneficiosa ya que el actual modelo de protección social es insuficiente. Señaló que en países como España, Grecia y Portugal sería necesaria la RBU por las pocas ayudas que existen; lo cual es corroborado por un informe de Oxfam Intermón (abril 2015) en donde se indica que “En España, una de cada cuatro personas se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, sufre carencias severas y/o no dispone de ingresos suficientes para desarrollar una vida digna”.

En España, el Estado no ha optado por la RBU, al considerar imposible su financiación, pero no se ataca el problema de la falta de recursos, que es la evasión, la elusión fiscal y el dinero que se mueve hacia paraísos fiscales. En la campaña “El Dinero que no Ves” (Oxfam Intermon noviembre 2017) se denuncia la falta de compromiso del gobierno en el ataque a esta fuga de dinero, lo que “impide recaudar fondos para combatir la pobreza y la desigualdad económica y social”, recursos que son necesarios para el establecimiento de una verdadera política social.

Una encuesta realizada por Dalia Research para Bankinter respecto a la posición de la población europea sobre la RBU mostraba los siguientes resultados: el 68% de encuestados estuvo a favor; el 24% en contra; y el 9% se abstuvo. El nivel de aprobación de dicha medida en España fue del 69%, en la línea de la media europea, como se muestra en el siguiente gráfico:

En Valencia, una iniciativa presentada por la Vicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra fue aprobada el 20 de diciembre de 2017 con la Ley No. 19 relacionada con la Renta Valenciana de Inclusión. En la motivación del proyecto de ley se señaló que “el Reino de España es el tercer Estado con mayor desigualdad de la UE, después de Rumanía y Serbia”, dejando claro la gravedad y necesidad de tomar medidas políticas tendientes a mitigar la situación de desigualdad.

La ley fue pensada teniendo en cuenta la crisis económica que ha afectado a un gran número de población en España y en la Comunidad valenciana. De hecho, esta ley establece “un nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía, que garantice a la vez una cuantía económica mínima con la que las personas con carencia de patrimonio e ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades (…)”, promoviendo a su vez la inclusión social.

Dicha iniciativa es un avance importante en beneficio de los más vulnerables. Sin embargo, por parte del gobierno español falta compromiso para erradicar la pobreza y la exclusión. La implantación de la RBU paliaría dicha problemática. Los planes piloto han demostrado su eficacia, los beneficiados han cubierto sus necesidades básicas, han optado por actividades vocacionales, han realizado emprendimiento, etc.

La RBU es una buena propuesta para acabar con la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la excesiva burocracia, y la evasión fiscal, entre otros problemas que aquejan de manera grave a nuestra sociedad. EXIJAMOS SU IMPLEMENTACIÓN.