“Puede que no te guste cumplir años pero, créeme, la alternativa es peor”. No sé si habrás oído esta frase, pero con los políticos sucede algo similar.

Y no es que no haya motivos sobrados para el enfado o la desafección, pero si queremos que ese enfado se canalice de forma constructiva conviene detenerse en el origen y la dirección de esta nueva ola “anti política”.

No son los de abajo pidiendo una mayor profundidad democrática en nuestra sociedad, no son “indignados” exigiendo acercar la participación, actualizar la Constitución o democratizar la toma de decisiones.

Muy al contrario, son los de arriba, con un dominio apabullante de medios para imponer los términos de la conversación pública, quienes pretenden impugnar lo existente sin atreverse aún a explicitar el escenario siguiente.

En ocasiones aparece de forma velada y otras veces de manera más explícita, pero la idea de fondo es clara: puede haber bienestar y desarrollo económico sin democracia.

De hecho, ni siquiera es una idea nueva. Los defensores de esta tesis suelen poner de ejemplo al gobierno de Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur entre 1959 y 1990.

Bajo los gobiernos de Kuan Yew, Singapur experimentó un importante crecimiento económico mientras se limitaban la libertad de prensa, la libertad de asociación y el pluralismo político. Se olvidan quienes defienden esta aberración antidemocrática de que, además, el éxito económico de Kuan Yew no puede separarse de otros factores, como el contexto de la Guerra Fría que situó al país como un enclave capitalista en Asia recibiendo un fortísimo respaldo económico de EE. UU. y Reino Unido, o la desindustrialización de Occidente que buscó puertos estratégicos con mano de obra barata que no había oído hablar de derechos laborales en su vida.

El último empuje a estas tesis viene de la mano del fracaso en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la hora de gestionar desastres climáticos.

A finales de octubre de 2024, la DANA destrozó Valencia. Previamente, la coalición de gobierno formada por PP y Vox había eliminado tanto la Unidad Valenciana de Emergencias como la Agencia Valenciana de Cambio Climático. Durante la tragedia, el presidente Carlos Mazón permaneció ausente en una comida y la alarma tardó horas en enviarse. Fallecieron 228 personas.

Rápidamente, los medios afines a la derecha comenzaron a cruzar acusaciones señalando al gobierno central, a la Confederación Hidrográfica del Júcar y hasta a la AEMET. El discurso fue girando hasta señalar a “los políticos”. Sintonizando con esta idea, Mazón puso al frente de la reconstrucción a un militar, el teniente general retirado José Gan Pampols.

Un esquema similar ha sucedido recientemente durante los incendios que afectaron a varias comunidades gobernadas por el PP. Nuevamente, pese a tener todas las competencias y responsabilidades en materia de prevención y extinción de incendios, así como en la gestión de emergencias, pese a haber explicitado su desinterés por sostener el dispositivo de prevención durante el invierno, pese al precario estado de las plantillas autonómicas de extinción de incendios y su oposición tácita a mejorar las condiciones de los mismos, tanto la derecha política como la mediática se apresuraron a señalar al gobierno central, generando una confusión entre la ciudadanía que terminó señalando a su vez, de forma general, a “los políticos”. Este hecho fue después amplificado por toda la parrilla mediática y una vasta red de cuentas en redes sociales.

La única diferencia en este sentido entre el PP y Vox es el ritmo: mientras el PP usa el discurso de la antipolítica para tomar el relevo en las instituciones, Vox aboga abiertamente por alcanzar el poder político para desguazarlas cuanto antes.

En un escenario en que el poder va mucho más allá de lo que sale de las urnas y se reparte entre enormes conglomerados financieros y empresariales, el último bastión de la democracia, el último clavo ardiendo al que puede agarrarse la ciudadanía y el único sobre el que tiene algo de influencia, es el Estado. Es ahí precisamente donde se dirigen los ataques de quienes se presentan como pretendidamente rupturistas o antiélites, cumpliendo escrupulosamente los deseos de las élites que representan al capital privado.

Si pensamos también en las críticas que este bloque político e ideológico ha lanzado a la comunidad científica en relación con las vacunas, al papel de la AEMET o su negacionismo del cambio climático, podríamos concluir que en realidad no se trata de devolvernos a la España predemocrática, sino directamente a la Europa anterior a la Revolución Francesa.

Feijóo o Abascal solo se suben a una estrategia que Donald Trump y la ola reaccionaria ya han puesto en marcha en medio mundo. En ese contexto, la “antipolítica” se constituye como la salita de espera de nuevas formas de autoritarismo. La democracia liberal ya cumplió su función y toca saltar al siguiente nivel, en el que los contrapesos entre poderes, la pluralidad política, la arquitectura constitucional o el diálogo democrático son engorrosos lastres que han de ser sustituidos por la “firmeza” de liderazgos que “saben lo que hay que hacer”.

Ante esto, solo cabe defender más y mejor Estado. Más y mejor democracia. Más y mejores derechos.

El Gobierno debe lanzar una ofensiva democrática que ponga en valor el papel de las instituciones y del Estado: empujar por una redistribución intensa de la riqueza, por la liberación de tiempo de trabajo, apostar por empleo de alto valor añadido actualizando nuestro modelo económico y democratizar el acceso a la vivienda.

En 1915 Rosa Luxemburgo planteó la famosa dicotomía, socialismo o barbarie, y el mundo respondió: barbarie.

Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos por delante una decisión similar y el reto de desautorizar a Hegel cuando afirmó que lo único que hemos aprendido de la Historia es que no aprendemos nada de la Historia.

“¿Qué más da que sean públicas o privadas mientras den bien el servicio?”. Con este mantra ha justificado la derecha en Madrid la progresiva privatización de las residencias de mayores. La terrorífica situación que vivimos ha venido a demoler esa idea. En primer lugar porque, en la Comunidad de Madrid, ni las residencias públicas ni las privadas “funcionaban bien”. Las quejas por la falta de personal y de medios han sido una constante con pronunciamientos de sindicatos, familiares o autoridades como el defensor del pueblo desde hace años.

De las 474 residencias de la Comunidad de Madrid, solo 25 están bajo control netamente público. Es decir, de las 51.488 plazas residenciales para mayores de Madrid, apenas 6.400 son públicas, el resto se dividen entre unas 2.200 concertadas, otras de financiación pública por prestación económica vinculada al servicio en residencias privadas y las que son netamente de carácter privado tanto en lo relativo a la gestión como a la financiación, que son unas 30.000.

Hace seis meses, las 25 residencias de la Comunidad de Madrid tenían 215 empleos vacantes pese a las quejas reiteradas de trabajadores y familiares. En las privadas y concertadas, se sucedieron también numerosos episodios vergonzantes relacionados con la precariedad de medios materiales y humanos de las residencias que han acabado con sanciones y titulares en la prensa.

Sobre esto, cayó el coronavirus.

Según los datos que hemos podido conocer, prácticamente la mitad de los fallecidos de la Comunidad de Madrid proceden de las residencias de mayores y dentro de éstas, la tasa de mortalidad es un 33% superior en las residencias concertadas y privadas que en aquellas que son íntegramente públicas y que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social.

Sobre éstas últimas, se ha actuado dotándolas de materiales de protección progresivamente y contratando a 900 trabajadores (y hay margen presupuestario para llegar a contratar hasta 2.278 trabajadores más). Además, se han sumado aquellos trabajadores de centros ocupacionales por ejemplo, que al no poder hacer sus labores estos días se han enviado a las residencias del AMAS.

En las privadas, en cambio, no paran de llegar testimonios de bajas masivas que no se cubren y de personal desbordado que no puede resistir un solo día más a cargo de muchos residentes sin apenas protección.

Saber con exactitud cuál es la situación en esas residencias es tremendamente difícil, pues las inspecciones, reactivadas después de mandar a casa a los inspectores la primera semana, consisten en una llamada de teléfono al día a la residencia sin forma de contrastar esa información que no siempre coincide con lo que cuentan de nuevo familiares y trabajadores.

Esa opacidad ha llevado a la Fiscalía del Supremo a abrir diligencias sobre el descubrimiento por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos en condiciones de insalubridad grave. También desde Más Madrid hemos llevado ante la Fiscalía información relativa a la situación extrema de algunas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Varias de ellas, ayer mismo, no habían puesto en marcha ni siquiera la clasificación de los residentes como había exigido el Ministerio de Sanidad, y alguna incluso decía desconocer esa orden tal y como ha denunciado la Plataforma de Familiares PLADIGMARE (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias). Es decir, no tenemos ojos sobre lo que pasa en el 90% de las residencias de mayores en mitad de la pandemia más grave de nuestra historia reciente y que afecta fundamentalmente en Madrid y a las personas mayores.

El Gobierno de la nación facultó el pasado 23 de marzo a las comunidades autónomas a intervenir aquellas residencias privadas que considerara necesario por motivos de salud pública.

Desde Más Madrid, en las reuniones que hemos ido manteniendo con la Consejería de Políticas Sociales hemos insistido en la necesidad de activar de modo inmediato inspecciones presenciales, dotándolas de medios para que puedan hacer su trabajo con seguridad y establecer en qué residencias no se dan las garantías suficientes. A partir de ahí, hay dos opciones: o la residencia es capaz de aportar el personal y los medios que se necesitan, o deben intervenirlas inmediatamente, que es la única forma de poder aportar el personal necesario procedente de las contrataciones del AMAS.

Después, debe establecer un plan de saneamiento de las residencias separando a las personas en función de su grado de afectación y exposición al virus en espacios operativos y, en su caso, medicalizados para poder proceder a la desinfección completa de las residencias donde podrían volver después los residentes asintomáticos o que den negativo en los test.

Estas ideas eran en su mayoría compartidas por la propia Consejería, que ha demandado la intervención del Ejército, así como la intervención de las residencias en varias ocasiones.

En la mañana de ayer, el consejero Alberto Reyero decidió hacer públicos los dantescos datos de fallecidos en residencias de Madrid que multiplicaban por diez las primeras estimaciones y solo unas horas más tarde Isabel Díaz Ayuso se sacaba de la manga un plan de intervención de las residencias sobre el que el día anterior en reunión informativa con el resto de portavoces de los grupos políticos madrileños no dijo una sola palabra. Una de las consecuencias inmediatas de ese plan es que deja sin competencia alguna en este asunto al consejero de Políticas Sociales que hizo públicos los datos y que había chocado ya con la presidenta en al menos dos ocasiones.

Lamentablemente, la soberbia de Ayuso le lleva a deshacerse de quienes le exigen medidas estrictamente necesarias y de sentido común mientras ella pierde más tiempo en hacer crecer su perfil político dentro de la derecha enfrentándose al Gobierno central que atendiendo al inmenso problema que mientras tanto crecía en las residencias de mayores y que hoy tiene ya unas proporciones inasumibles.

Madrid no puede permitirse este bloqueo ni un segundo más, no podemos resignarnos al desfile de coches fúnebres a diario cuando hay medios para intervenir y paliar la situación de forma significativa.

Y tampoco nos podemos permitir gobernantes low cost de incapacidad manifiesta en el momento más grave que hemos enfrentado en nuestra historia reciente.

Como afirmaba Mike Tyson: “Todo el mundo tiene un plan, hasta que le dan el primer puñetazo en la cara”. Al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, le acaban de propinar el primero, y por extensión, a quienes consideran que la política es el ejercicio de lo que uno desea. Todos se encuentran más pronto que tarde con los límites de una institución. Sin embargo, el problema de las medidas para regular la publicidad de las apuestas deportivas anunciadas por Garzón no es que hayan topado con esos límites, es que han renunciado a la práctica totalidad de los planteamientos de partida de Unidas Podemos sin haber si quiera explorado dónde estaban.

Veamos, tras casi una década después de aprobarse la Ley de regulación del Juego, sigue sin desarrollarse el Art. 7, que establece el desarrollo de una norma reglamentaria para acotar el ámbito de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar. Esa ausencia de regulación se ha dado en paralelo junto a la alarma social que iba “in crescendo” en nuestro país por la explosión del negocio de las apuestas y por las formas de publicidad agresivas que este negocio ha generado.

Dando así lugar a movilizaciones vecinales continuadas, llamadas de atención de asociaciones de todo tipo, pronunciamientos de instituciones como el defensor del pueblo e iniciativas parlamentarias que, junto al interés de la opinión pública, han logrado que el problema, al fin, se politice de modo que el drama de una familia que ve cómo su patrimonio familiar se desmorona por la adicción de su hijo no se viva en privado como algo vergonzante, sino que se inscriba en un fenómeno social que necesitamos regular desde el poder político.

Por ello, la llegada de Alberto Garzón al Ministerio de Consumo se vivió con ilusión y generó expectativas. Expectativas que hoy han experimentado un serio retroceso tras conocer los primeros pronunciamientos del Ministerio de Consumo liderado por el dirigente de IU Alberto Garzón. Unidas Podemos había fijado su posición en esta materia en su documento 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es estado social' −en el que reunía las propuestas de la formación para los presupuestos de 2019 y donde se abogaba por prohibir la publicidad de las apuestas deportivas, implementar un impuesto más exigente a los operadores privados con el fin de “reparar” el daño derivado del aumento de la ludopatía y se incluían otras propuestas como la obligatoriedad de informar al jugador de sus pérdidas de manera frecuente, de pausas obligatorias entre apuestas y límites de gasto y de tiempo y un largo etcétera−.

Sin embargo, en lo relativo a la publicidad hemos pasado de la prohibición a la “reducción”. Reducción a la que se le suman, además, excepciones precisamente en los partidos de máxima audiencia, cuando hasta la fecha las asociaciones, expertos de reputado prestigio, el Defensor del Pueblo o la propia formación venían demandando explícitamente la supresión de la publicidad en virtud de su equiparación con el tabaco y el alcohol.

Tampoco se prohíben los bonos ni los patrocinios con los clubes de fútbol para lucir publicidad en sus camisetas, ni siquiera las comunicaciones comerciales en redes sociales. Resulta incomprensible si lo comparamos con lo logrado el año pasado en la Asamblea de Madrid, en donde a pesar de encontrarnos en la oposición y con el PP en el gobierno, se consiguió, entre otras cosas, la supresión de la publicidad en la radiotelevisión pública de los madrileños y madrileñas.

No se entiende, por tanto, que hoy desde el Gobierno de España y desde la posición de poder que otorga la dirección del Ministerio de Consumo, se rebajen de este modo los objetivos planteados previamente sin haber al menos abierto un proceso de diálogo y acumulación de fuerzas que permitiera ofrecer algo más ambicioso. Podría, por ejemplo, haberse instado previamente al resto de televisiones públicas autonómicas a seguir el ejemplo de Madrid. Se podrían haber planteado incentivos a los clubes, que como la Real Sociedad rechazan hacer publicidad de Apuestas Deportivas. El ministro podría haberse reunido con quienes llevan o llevamos algún tiempo planteando diversas necesidades, regulaciones y propuestas.

Tal vez un elemento que explique este viraje, sea el mantenimiento en su puesto del Director General de Ordenación del Juego nombrado por el PP, y sostenido después por el PSOE, Juan Espinosa. Espinosa ha demostrado ser incapaz de desarrollar el Reglamento de las Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable que preveía la Ley de 2011 y ha permanecido impasible mientras crecía el número de ludópatas en España cuando, en paralelo, la patronal del juego le pagaba al menos una decena de viajes por todo el mundo. Que Unidas Podemos mantenga en el puesto a este señor es como si en Madrid hubiéramos llegado al gobierno para mantener en el mismo a Fernando Prats. Es, sencillamente, un escándalo que por cierto ha sido celebrado por el sector del juego y sus medios cercanos.

Finalmente, desde el Ministerio de Alberto Garzón, se nos anuncia también la creación de un fichero de autoprohibidos para los llamados “créditos fáciles”. Craso error que se está aún a tiempo de no cometer. Hablamos aquí de productos financieros, muy vinculados a la ludopatía, que pueden alcanzar unos intereses de más de un 2000%, en un país que alguna que otra experiencia tiene como consecuencia de los productos bancarios tóxicos. El objetivo del Ministerio de Consumo no puede ser otro que la prohibición de estos créditos en virtud de la ley de usura.

En definitiva, nadie exige imposibles al Ministro de Consumo pero sí que al menos se den pasos encaminados hacia la protección real de la población más vulnerable, acordes con el poder del que dispone. Así como que maneje con ambición y valentía las posibilidades de la institución que dirige, ampliando y no estrechando el carril por el que ya buena parte de la sociedad ha tomado la delantera. En eso encontrará sin duda numerosos apoyos, incluyendo el de quien firma este artículo.

Con esta comparación abrió un turno de palabra en el Pleno de la Asamblea de Madrid el Consejero de Políticas sociales y Familia del Partido Popular, Carlos Izquierdo, hace tres semanas. Al día siguiente pedimos su reprobación, que será efectiva hoy. Podría pensarse que es exagerada una acción así por un exceso verbal, y sería cierto si no fuera por su desempeño en los dos últimos años.

En este tiempo ha conseguido estar en los medios recurrentemente por su mala gestión. Porque ha sido incapaz de esconder la degradación que sufren las residencias de mayores desde hace años -los familiares se han cansado y se han organizado-. Porque no ha sido capaz de tapar que los menores no acompañados duermen en las calles desatendidos por la falta de recursos en los centros de acogida. Porque se ha sabido que en el año 2017 en Madrid el número de mujeres asesinadas por violencia machista se incrementó un 400% pero fue incapaz de gastar el 30% de del presupuesto que disponía para prevenirlo; sin embargo, se hicieron recortes en la Red de Centros que tenían que acoger a las víctimas, precarizando las condiciones laborales de las trabajadoras que los atienden. Incompresible aplicar austeridad en un problema de este calado, especialmente teniendo fondos para abordarlo.

La última portada se la ha llevado por ser incapaz de gestionar la subvención del IRPF de las ONGs madrileñas, dejando a muchas sin ayudas. Han sido de cierres de proyectos, personas que se han quedado sin cuidar, despidos. Tal ha sido el malestar que ha tenido que cambiar la decisión y ampliar la resolución. Y se podría seguir con el aumento de la lista de espera para las ayudas a la dependencia, el endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta Mínima de Inserción, tener bloqueadas las ayudas contra la pobreza energética,…

Tapar, esconder, ocultar, en lugar de resolver, invertir o gestionar. Es aquí donde está la cuestión, en cómo entiende el ejercicio de la política. Carlos Izquierdo es ejemplo claro de una forma política que se ha instalado durante años en las administraciones. Persona de “partido” que lleva ocupando cargos institucionales más de veinte años. Ha sido de todo, desde concejal a tesorero del PP. Conocer la realidad no forma parte de lo que entiende necesario para hacer política. Se trata más bien de un ejercicio de esgrima cuyo fin es mantener la imagen para mantener el poder. El único objetivo, el electoral. La comunicación, por encima de la gestión real. Tres ejemplos son clarificadores:

Todo esto pasa en comunidad autónoma más rica –con mayor PIB- y también la más desigual, donde más está creciendo la pobreza. En una situación así, poner a la gente que peor lo está pasando en el eje de la actuación es un deber. En una situación así, el juego político es indolencia.

Entendemos que hay distintas escalas para priorizar los problemas, diferentes planteamientos ideológicos; pero aquí estamos hablando de incapacidad e incompetencia para resolver problemas que están haciendo sufrir a un millón y medio de personas.

Desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1983 sólo se ha reprobado a dos Consejeros y ambos han sido en esta legislatura. El anterior fue Jesús Sánchez-Martos, Consejero de Sanidad, y las razones fueron exactamente las mismas.

Al Consejero le parece que hay niños “normales” y niños “pobres”. Lo que no es normal es ejercer así la política; lo que no es normal es que se extienda la pobreza en la región más rica; no es normal.