El 21 de marzo volví a las oficinas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Era el tercer sábado consecutivo que lo hacía desde que conocimos el primer fallecimiento en una residencia madrileña porque esas visitas me permitían hablar con el equipo que estaba en primera línea, profundizar en la evolución de la crisis y transmitirles el apoyo del Gobierno en un momento tan difícil.

Esa mañana, el gerente de la AMAS me informó, nada más llegar, de que acababan de recibir un protocolo de Sanidad que les tenía muy preocupados. Era la primera vez que me hablaban de la existencia de un protocolo que, de aplicarse, impediría que muchos de nuestros residentes fuesen atendidos en los hospitales. Le pedí que me lo enseñara. El documento les había llegado adjunto en un correo electrónico enviado por Carlos Mur, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, área dependiente de la Consejería de Sanidad, con el siguiente mensaje:

Asunto: PROTOCOLO DERIVACIÓN HOSPITALES A RESIDENCIAS (GERIATRA REFERENTE)- ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

Att./ Directores Gerentes y Directores Médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid

Buenos días a todos,

Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo actualizado para criterios de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS (Dr. Primitivo Ramos) y listado de recursos (residencias de mayores con sus hospitales de referencia)

Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible. En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo primordial en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros.

Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada.

Muchas gracias a todos por el esfuerzo y la comprensión

Un afectuoso saludo, y mucho ánimo

Además del protocolo de marras, el email contenía otros documentos que no son relevantes ahora, pero que algunos aprovecharían después para confundir. El que nos interesa aquí es el que el correo denominaba “Protocolo actualizado para criterios de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada)”. De entre todos esos documentos, este era el único firmado digitalmente por el director general, en concreto a las 16:37 del 20 de marzo, aproximadamente una hora antes de la hora de envío del correo electrónico (más tarde me enteraría de que la primera reunión para elaborar el protocolo se había celebrado el 13 de marzo y de que existía una versión anterior fechada el 18 de marzo).

El nombre completo del documento en cuestión, el famoso protocolo al que dedicaríamos tanto tiempo después, era “Protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19”. En él se establecía un objetivo general de carácter muy poco concreto:

Establecer un modelo de coordinación entre los centros residenciales públicos, concertados y privados dependientes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Centros Asistenciales dependientes de la Consejería de Sanidad de los hospitales de la Red Sanitaria Pública del Servicio Madrileño de Salud, que permita garantizar una atención a las necesidades de los residentes afectados por el Covid-19 con criterios de calidad, adecuación científico técnica y seguridad.

Donde sí revelaba su verdadera naturaleza era en sus objetivos secundarios, entre los que destacaba el primero de ellos:

Contribuir a la sostenibilidad del Sistema de Salud evitando las graves consecuencias que el colapso del mismo tendría tanto para la población afectada por el Covid-19 como para los pacientes no afectados por el virus y cuya salud debiera sufrir las menores consecuencias posibles de la actual crisis.

Personalmente, creo que en las palabras “sostenibilidad” y “colapso del sistema de salud” se encuentran las verdaderas razones que explican ese documento.

El protocolo abarcaba contenidos tan diversos como la definición de nuevos roles profesionales (geriatra de enlace y coordinador de plazas sociosanitarias) o el material a suministrar a las residencias (equipos de protección individual y medicación). Pero lo que más le preocupaba al gerente era el apartado 5, denominado “desarrollo operativo”, donde se indicaba que, ante la detección de un paciente con sospechas de contagio por Covid-19, habría que proceder de la siguiente manera (subapartado 3):

Valoración, conjuntamente con el geriatra de enlace, de los CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA ANTE UNA INFECCIÓN RESPIRATORIA

- Los protocolos de determinación de PCR diagnóstica serán los que se establezcan en el “Procedimiento de actuación frente a casos de nuevo coronavirus” del Ministerio de Sanidad (última actualización disponible)

- Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

El siguiente subapartado, el número 4, recogía los “criterios de exclusión” que debían aplicarse en los casos en los que no había sospechas de Covid-19 pero sí se presentaba cualquier otra patología. Es decir, pongamos el caso de una persona con un agravamiento de su enfermedad crónica, algo que en circunstancias normales habría supuesto la derivación de la persona afectada:

Valoración, conjuntamente con el geriatra de enlace, de los CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA ANTE OTRA PATOLOGÍA:

NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

Estos protocolos expresaban que un residente que presentase síntomas de Covid-19 o sufriese cualquier otro problema de salud no sería trasladado a un hospital si cumplía alguno de los “criterios de exclusión”. Estos criterios no se aplicaban para las personas que viviesen en sus domicilios y no en una residencia. Es decir, la condición sanitaria de los pacientes no era tan importante como el lugar en el que vivían. Tal cual.

Meses después, el 13 de noviembre de 2020, en la comisión de investigación en la Asamblea, la directora de una residencia de Alcorcón, Lidia Sánchez, explicaría de forma muy sencilla lo que eso significaba:

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: De hecho, en uno de los protocolos se habla de... —si me dejan un momento, lo miro— la escala de fragilidad, que un poco viene a decir que, si voy en silla de ruedas —tenga deterioro cognitivo o no lo tenga—, no entro [dentro] de los criterios de derivación, ya sea una derivación por motivos respiratorios, una infección respiratoria, o cualquier otra patología.

Aunque no recuerdo haberlo comentado con el gerente de la AMAS en nuestra conversación del 21 de marzo, en dicho protocolo se establecía también el papel que tendría desde ese momento el geriatra de enlace en la activación del traslado; y lo hacía en su punto 5:

(PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN):

Será el geriatra de enlace quien activará el traslado al centro hospitalario de referencia o apoyo que considere, traslado consensuado con el médico responsable del paciente (en las residencias que haya).

El matiz estaba en ese adjetivo, “consensuado”. La realidad es que, si el hospital decía que no, quedaban pocas posibilidades de consenso. Encontramos un ejemplo en la declaración, también en la comisión de investigación, en este caso el 4 de diciembre de 2020, de Mirthaines Castro de Ponzo, doctora de una residencia de Griñón que peleó por conseguir la derivación al hospital de un enfermo de su residencia:

La Sra. CASTRO DE PONZO: ...un protocolo lo tienes que cumplir, obviamente, pero en el momento en que tú decides derivar a un residente no tenías la manera de hacerlo.

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: O sea que se sintió obligada a actuar en función del protocolo.

La Sra. CASTRO DE PONZO: Obviamente, porque yo —voy a citar algo— en una de esas conversaciones le dije al geriatra: mira, lo monto en mi coche y me lo llevo al hospital. Y, bueno, tuve una respuesta, y la respuesta fue: bueno, lo llevas al hospital y se quedará en una silla dos días hasta que pueda ser atendido, porque estamos colapsados.

A la conversación que inicié con el gerente se incorporó el coordinador médico asistencial de la AMAS, Primitivo Ramos, quien me confirmó que también estaba en desacuerdo con ese protocolo y me ayudó a entender lo que significaba la terminología médica (GDS, Barthel). Me quedó claro que personas con un nivel de dependencia 2 o 3 quedarían excluidas de la derivación hospitalaria. O lo que es lo mismo: la mayoría de nuestros residentes. El nivel 2 de dependencia, por ejemplo, incluye a personas que no necesitan apoyo permanente de un cuidador, sino solamente ayudas puntuales dos o tres veces al día. Esto implicaba que una persona bastante autónoma en silla de ruedas o con síndrome de Down tampoco podría ser trasladada a un hospital, ya sufriese Covid-19 o cualquier otro problema de salud. Una barbaridad.

Que no se atienda a alguien en un hospital porque su traslado puede resultar perjudicial, no lo discute nadie. Sí cuestiono que se negara el traslado automáticamente a aquellos que estaban en condiciones de ser trasladados y que se podrían haber beneficiado del tratamiento en el hospital. Sobre todo, cuando existían alternativas hospitalarias —lo veremos más adelante— y cuando la prometida medicalización de las residencias no se estaba llevando a cabo. No hace falta que entre en detalles acerca de cómo morían las personas contagiadas de covid; imaginaos las que lo hacían sin un adecuado soporte sanitario.

Porque todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a la sanidad y a no ser discriminados. Y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”).

¿A cuántas de esas personas que, con el tratamiento adecuado, podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabemos. Y no lo llegaremos a saber nunca. Pero intuimos que fueron muchas.

Seguimos conversando durante un buen rato en la sede de la AMAS e intenté tranquilizar a mis dos interlocutores. “No os preocupéis. Esto no pude ser. Se lo transmitiré al consejero de Sanidad”.

La mañana del día siguiente, 22 de marzo, envié un email a las 09:06 a Enrique Ruiz Escudero (consejero de Sanidad) y a Carlos Mur (director general de Coordinación Socio-Sanitaria), con copia a Javier Luengo (viceconsejero de Políticas Sociales) y a Miguel Ángel Jiménez (secretario general técnico de Políticas Sociales). No sé qué se me pasaría por la cabeza para escribir ese email a primera hora de la mañana de un domingo. No hay duda de que no había dormido mucho y durante toda la noche le había estado dando muchas vueltas a la cabeza a la conversación que habíamos mantenido sobre el protocolo en la AMAS. Lo primero que hice esa mañana, pues, fue trasladar nuestro desacuerdo a la Consejería de Sanidad en los siguientes términos:

Estimados compañeros,

Os agradezco la elaboración del Protocolo de Coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el COVID-19, pero me preocupan algunos de los criterios de exclusión de derivación hospitalaria establecidos en el mismo, como los siguientes:

No estoy muy familiarizado con el índice Barthel pero entiendo que su equivalencia con los grados de dependencia puede significar que gran parte de los grados 3 estarían incluidos dentro de las personas excluidas y no hay que olvidar que son uno de los colectivos más numerosos en nuestras residencias de mayores. Si esto ocurriera, tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Por lo que sería necesario un apoyo sanitario adicional por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener.

Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (lesionados medulares, personas con parálisis cerebral, personas con discapacidad intelectual grave, etc.), podrían ser rechazados en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened en cuenta eso. Además, las residencias de personas con discapacidad no cuentan en su mayoría con soporte sanitario porque en situaciones normales no lo necesitan y son atendidos de manera habitual por su centro de salud más cercano Sin otro particular, recibid un abrazo

Alberto

Como no conseguí hablar con el consejero de Sanidad a lo largo de la mañana, le envié otro email unas horas más tarde, en este caso solo a él, a las 14:18. En este segundo correo, aparte de insistir en la escasez de EPIs y de PCRs, le sugería que considerara dedicar parte de los hoteles medicalizados para el traslado de residentes sin síntomas de las residencias más castigadas por la epidemia y que por sus características pudieran ser reubicados. Pero el objetivo principal de este segundo email seguía siendo insistir en lo que ya había mencionado en el correo enviado a primera hora de la mañana, el protocolo de derivación a hospitales, que nos preocupaba enormemente. Este es el segundo texto enviado:

Buenos días Enrique,

Como estamos teniendo problema para poder hablar, te paso alguna de las cuestiones que me preocupan en relación a las Residencias.

Como he comentado en un email anterior en el que te he puesto en copia, me preocupan las consecuencias de excluir de la derivación hospitalaria a un número importante de nuestros residentes (básicamente los grados 3 de dependencia). Las Residencias son eficaces en la atención social pero la atención sanitaria está concebida para atender el día a día de los residentes, apoyada por el centro de salud más cercano y/o el hospital de referencia; una situación como la actual precisaría de una medicalización de las residencias que solo nos podríais facilitar vosotros o puntualmente las brigadas sanitarias del ejército.

Otra cuestión es la necesidad perentoria y conocida por todos de contar con EPIs y tests de detección rápida del COVID-19. En la actualidad son minoría las residencias con contagiados, pero resulta necesario y urgente proteger aquellas donde todavía no ha entrado. Ya que los familiares no pueden visitarlas en estos momentos, la única vía de entrada serían los trabajadores, por lo que es imprescindible contar con EPIs y tests de diagnóstico rápido con personal para implementarlo en la entrada de estos recursos para impedirlo.

En aquellas Residencias donde el virus ha entrado, la situación es muy complicada y aunque se realicen bien las tareas de aislamiento, no sé si podríamos considerar dedicar parte de los hoteles medicalizados a trasladar a residentes sin síntomas de estas residencias y que por su situación puedan ser trasladados para un mejor aislamiento del virus.

Por último, trasladarte nuestra preocupación por la dificultad que nos trasladan desde varias residencias con casos positivos y situaciones complejas de contactar con los geriatras de los hospitales y por la dificultad de que pacientes de las residencias sean derivados a los hospitales de referencia por lo que, dado que no cuentan con los recursos anunciados de medicalizar las residencias, les aboca a una situación de indefensión.

De cara a paliar esta situación y encontrar soluciones con carácter inmediato, como sabes, he solicitado la intervención de personal militar sanitario y logístico. De cara a poder poner en marcha esta activación lo antes posible solicito el refuerzo y el apoyo de la consejería que diriges en la intermediación con el Ministro de Sanidad y el Gobierno de España.

Un abrazo y mucho ánimo

Alberto

Estos dos correos electrónicos, enviados ese 22 de marzo, contienen muchas de las preocupaciones que se materializarían con el paso de los días: la inquietud por los criterios de exclusión en los hospitales, por supuesto; la necesidad desesperada de contar con EPIs y test; la alternativa de trasladar a personas contagiadas a los hoteles medicalizados; o la constatación de que no se había avanzado nada respecto a los recursos anunciados diez días antes para medicalizar residencias. Aunque estábamos en un momento muy temprano de la pandemia, todavía no tenía la certeza de que se estuviera negando la atención a los residentes en los hospitales. El protocolo que me habían enseñado el día anterior en la AMAS no era más que un papel. No podía ser que lo estuvieran aplicando. “Eso no puede ser”, me repetía. “No puede ser”.

Antes comenté que el consejero de Sanidad no me había contestado al primer email, pero sí lo hizo el segundo de sus destinatarios: Carlos Mur, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria. La persona que firmaba el protocolo y el que había enviado el correo electrónico solicitando su difusión. En su comparecencia del 24 de febrero de 2021 en la comisión de investigación de residencias en la Asamblea afirmó, para mi sorpresa, que nadie le había comunicado su disconformidad con los protocolos, ni durante su proceso de elaboración ni después.

Lo podemos leer aquí:

La Sra. JOYA VERDE: ¿Algún responsable de la Consejería de Sanidad por encima de usted le llama o se pone en contacto con usted personalmente para trasladarle su disconformidad con esas recomendaciones?, ¿tienen alguna comunicación personal para hablar en concreto de esas recomendaciones o no? Simplemente, por ir un poco ágiles, sí o no.

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: No, no recibí ninguna llamada mostrándome la disconformidad con el contenido del protocolo geriátrico.

La Sra. JOYA VERDE: Ha quedado claro que ni por parte de ningún superior suyo de la Consejería de Sanidad ni tampoco de ningún responsable de la Consejería de Políticas Sociales.

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: No.

O en su respuesta, unos minutos después, a la pregunta directa de la portavoz de Ciudadanos, Ana García, quien le preguntó directamente por mi correo electrónico:

La SRA. GARCÍA GARCÍA: Le vuelvo a preguntar: ¿no recuerda que usted tuviera conocimiento de la oposición del señor Reyero a los Protocolos, a través de un correo electrónico del pasado 22 de marzo?

El SR. MUR DE VÍU BERNAD: Recuerdo perfectamente que el 22 de marzo yo no recibo un correo electrónico directamente del consejero Reyero. En los 64 días y 64 noches que estuve como director general durante la primera ola de la pandemia recibí y envié 3025 correos electrónicos, los cuales han sido convenientemente revisados, y le puedo asegurar que yo no recibí o no me consta haber recibido un correo electrónico con esas características.

Lo cierto es que el director general de Coordinación Socio-Sanitaria no solo recibió ese 22 de marzo un correo mío alertando sobre los protocolos y sus consecuencias, sino que lo contestó una hora y media después, a las 10:26. En su contestación puso en copia a todos los destinatarios de mi correo y añadió a la viceconsejera de atención sanitaria, Ana Dávila. Y para que quede constancia de lo que digo, lo copio a continuación:

Estimado Alberto,

Muchísimas gracias por este correo, y por las indicaciones que contiene. El protocolo elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de Geriatría de los hospitales madrileños, apoyados por el Dr. Primitivo Ramos (AMAS), intenta prestar la mejor atención clínica a la pandemia actual, utilizando los recursos existentes de la forma más racional posible. Por supuesto, son unas recomendaciones dinámicas, que deben evolucionar en base a datos objetivos: número de casos, número de fallecidos, profesionales de baja por aislamiento... Y disponibilidad de recursos en residencias, pero también en los centros hospitalarios, como sabes muy al límite esta semana. La idea núcleo era tratar “in situ” en las residencias aquellos casos que fuesen posibles, y trasladar al hospital a aquellos que pudiesen beneficiarse de ello. Evidentemente, las bajas y falta de cobertura de las mismas en las residencias de la red de Políticas Sociales con médicos y enfermeras, unidas a la falta global de EPIs, no nos permite funcionar todavía como “residencias medicalizadas”.

No obstante, vamos socorriendo las residencias con más apuros, suministrando material, fármacos y oxigenoterapia desde sus hospitales de referencia. Los EASD de Atención Primaria, ya desbordados por la atención a domicilio, han ayudado en casos puntuales. Hemos movilizado el Pal24, los equipos de cuidados paliativos domiciliarios, para que presten la cobertura que puedan a las residencias. En efecto, y es muy duro reconocerlo, con algunos casos solo aspiramos a proporcionar sedación y muerte digna. Aspectos que sugiero sean también consultados a expertos en Bioética. Ahora que los hoteles medicalizados y el Ifema comienzan a funcionar en tiempo récord, los hospitales podrán derivar pacientes allí y prestar atención aún con más rendimiento.

En cuanto a los criterios establecidos para traslado según el índice de Barthel y GDS, me parece adecuado revisarlos con vuestros interlocutores mañana mismo, los centros de discapacidad me preocupan enormemente. En efecto, sus residentes suelen tener una buena expectativa de vida. Estoy en contacto estrecho con la DG, Pilar López, para atender todo lo que podamos.

Como bien conoces, algunos nunca permitiremos criterios que resulten discriminatorios por ciertos motivos. Toda nuestra vida profesional ha estado presidida por la lucha contra el estigma y la discriminación de los más vulnerables, por trastorno mental u otras causas.

Gracias de nuevo

Un abrazo,

Carlos

La intervención de Carlos Mur del 24 de febrero de 2021 en la comisión de investigación no pudo ser más bochornosa. Puedo entender que intentara escabullirse de su responsabilidad afirmando que los protocolos no eran más que simples orientaciones para los geriatras, que incluso declarara estar disconforme con algunos de sus criterios o que llegara a decir que el protocolo recogía “una redacción inadecuada de los criterios o recomendaciones de derivación, utilizando el término de exclusión”. ¿Por qué los firmó, entonces? No una vez, ni dos, sino cuatro. Lo que no admito es que mintiera e intentara sumar en su ignominia a otros que no tenían nada que ver.

A la pregunta de la portavoz de Vox, Gádor Joya, acerca de si había consultado el protocolo con alguien, dijo lo siguiente: “Lo hablé con la viceconsejera y con el consejero de Sanidad, y con el consejero de Políticas Sociales”. No es admisible porque afirmaciones de estas características provocan una absoluta indefensión: ¿Cómo voy a demostrar yo que no hablé de este tema con él si nunca se produjo esa conversación? Por suerte, unos minutos más adelante y, ante las preguntas inquisitivas de la portavoz de Ciudadanos, Ana García, tuvo que retractarse de lo dicho con anterioridad: “Discúlpeme, quizá me he explicado mal. Yo no he dicho que el consejero Reyero validara ningún protocolo ni explicara nada”.

Mientras escuchaba esa comparecencia me reafirmé en algo acerca de lo que he reflexionado constantemente durante todo este tiempo: “Menos mal que puse muchas de las cosas por escrito”. Y es que, durante la comparecencia negó varias veces que le advirtiera de nada:

La Sra. GARCÍA VILLA: Cuando le dijeron que podría tener consecuencias legales, el consejero Reyero, ¿usted qué pensó?

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: A mí directamente, el consejero Reyero, con el cual hablaba directamente casi todos los días en aquellas semanas y mantuvimos una relación muy estrecha —incluso me invitó en una ocasión a comer y a reunirme con su equipo, el día 18, para hablar de determinadas necesidades, entre las que también se habló de cómo se iban a vehiculizar, posibilidad de contratación para dotar de personal a los recursos sociosanitarios y también para comentar un poco la posibilidad de establecer un mando único en los servicios sociales al igual que se había hecho en el mando sanitario—, nunca me comunicó directamente ese tipo de calificativos, que entiendo que comunicaría a su homólogo.

Tanto lo que decía mi email como su contestación revelan que Carlos Mur mentía y que lo hacía de manera deliberada. En su email contestaba a mis advertencias acerca de las consecuencias legales del protocolo con estas palabras: “Como bien conoces, algunos nunca permitiremos criterios que resulten discriminatorios por ciertos motivos”. ¿Qué le ocurrió a Carlos Mur durante la comisión de investigación?

Como oportunamente le recordó la portavoz de Ciudadanos, Ana García, los comparecientes en una comisión de investigación están obligados a decir la verdad, tal y como establece el Código Penal en su artículo 502.3: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”. No parece que eso le importara mucho entonces. Y posiblemente estaba en lo cierto: no ha tenido consecuencias.

Más tarde supe que, desde el envío del primer protocolo, el 18 de marzo, pese a la petición expresa del director general de Coordinación Socio-Sanitaria en su correo (“Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada”), la Dirección General de atención al mayor y a la dependencia había decidido no enviarlo. A juicio de su directora general, Begoña Cortés, en ese protocolo se establecían limitaciones a las derivaciones hospitalarias de acuerdo con criterios de dependencia y discapacidad que no eran aceptables. Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. Me siento orgulloso de que formara parte de mi equipo.

De ese protocolo se enviarían nuevas versiones el 24 y el 25 de marzo, aunque no será hasta el último, el del 25 de marzo, cuando se cambien los parámetros de exclusión por discapacidad y se sustituyan por una escala de fragilidad. Posiblemente en algo influiría el correo que envié al director general de Coordinación Socio-Sanitaria para introducir esos cambios. Pero, a pesar de todo, ninguna de las versiones del protocolo contó nunca con el visto bueno de la Consejería de Políticas Sociales.

Las distintas versiones del protocolo afirmaban que había vidas dignas de ser vividas y otras que no. Así de claro. La terminología médica escondía una discriminación inaceptable: si vives en una residencia no tienes derecho a ir al hospital. Tampoco si tienes una discapacidad. Hay otras vidas que merecen ser salvadas antes que la tuya. Y ese protocolo se aplicó. Por supuesto que se aplicó. Lo sabemos de distintas maneras, que veremos más adelante.

De momento, me gustaría abordar una última pregunta sobre este tema. ¿Por qué ninguno de los geriatras que colaboraron en su redacción alzó la voz contra estos protocolos? Encontramos la respuesta en la entrevista de El País a Antonio Burgueño, publicada el 22 de junio de 2020. “Los geriatras que los elaboraron pensaban que alguien vería a esos enfermos”, afirmaba Burgueño. Es decir, los geriatras que colaboraron en la elaboración de los protocolos estaban convencidos de que la anunciada medicalización se llevaría a cabo. Cosa que, como ya hemos visto y seguiremos analizando, nunca ocurrió.

El pasado miércoles, nos enteramos de que la Audiencia Provincial de Madrid reabría la causa por las muertes en cuatro residencias de Leganés. Aunque algunos interpretaron que se llamaba a declarar a los responsables del protocolo de Sanidad que impidió la derivación hospitalaria de muchos residentes en la Comunidad de Madrid, lo cierto es que los citados eran las personas que tuvieron que aplicarlo (responsables médicos de las residencias y del servicio de geriatría del hospital) y no sus autores.

A pesar de todo, la reapertura de esta causa supone un cambio de rumbo en los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora. Se trata de la primera vez, hasta lo que yo sé, que una instancia judicial solicita que se pregunte por la aplicación de esos protocolos.

Hasta ahora, y a pesar de la existencia de un protocolo que establecía criterios de exclusión para la derivación hospitalaria (con cuatro versiones, del 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020), nadie ha llamado a ningún responsable político para explicar qué es lo que pretendían con ese protocolo, si se trató de la iniciativa aislada de un alto cargo de la Consejería de Sanidad o si se trataba de una estrategia acordada. Y lo cierto es que la situación sigue igual. Seguirá sin comparecer ningún responsable político. Por ahora.

Como todos pudimos conocer hace meses, a pesar de los bulos, no se trató nunca de un borrador ni se quedó en un cajón sin ser distribuido. Ese protocolo era válido, se distribuyó y se aplicó. Y las consecuencias de su aplicación son elocuentes: las semanas posteriores a su distribución, es decir a partir del 18 de marzo de 2020, se redujeron dramáticamente las derivaciones de enfermos provenientes de las residencias a los hospitales, cuando debería haber ocurrido exactamente todo lo contrario. Ni siquiera se les consideró para ser derivados al hospital de campaña montado en IFEMA. Solo 23 residentes fueron trasladados allí, de un total de 3.811 personas atendidas.

Durante los meses en los que estuvo en marcha la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, hasta el cobarde cierre perpetrado por PP y Vox, pudimos escuchar testimonios estremecedores acerca de cómo fueron recibidos esos protocolos en las residencias. Con resignación y estupor. Hay decenas de ejemplos en el diario de sesiones, pero hoy voy a destacar dos.

El primero es el de la directora de una residencia de Alcorcón, Lidia Sánchez, que a las preguntas acerca de si no era posible derivar al hospital a las personas contagiadas de su centro, declaró el 13 de noviembre de 2020: “Directamente ni era algo planteable; era: ‘no hay camas, nosotros aquí no podemos atenderles’, porque había un colapso hospitalario. ‘Es mejor que fallezca en una residencia, con vosotros, a que muera en un pasillo de un hospital’; era la justificación que se nos hacía para, obviamente, acatar el protocolo que se nos había entregado”. Y así era cómo explicaba de manera sencilla lo que implicaban esos criterios: “en uno de los protocolos se habla de... -si me dejan un momento, lo miro- la escala de fragilidad, que un poco viene a decir que, si voy en silla de ruedas -tenga deterioro cognitivo o no lo tenga-, no entro en los criterios de derivación, ya sea una derivación por motivos respiratorios, una infección respiratoria, o cualquier otra patología”.

El segundo fue el caso de la médica de una residencia de Griñón, Mirtainés Castro de Ponzo, que a la pregunta de si había que cumplir el protocolo, contestó el 4 de diciembre de 2020: “Un protocolo lo tienes que cumplir, obviamente, pero en el momento en que tú decides derivar a un residente no tenías la manera de hacerlo”.

Y tampoco puedo dejar de comentar la excusa de que no hubo más remedio que aplicar protocolos de esas características porque los hospitales estaban colapsados. La noche del 19 de marzo, la presidenta Ayuso declaró lo siguiente en el programa El Cascabel de 13 TV: “La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos, pero necesitamos más material del que nos envía el Ministerio de Sanidad.” Esto lo afirmaba el día siguiente al envío de la primera versión del protocolo que impedía el traslado hospitalario a un gran número de residentes o el día antes de que la Consejería de Sanidad enviara su versión más cruel, la del 20 de marzo.

En cualquier caso, creo que es imprescindible que haya un pronunciamiento claro acerca de la legalidad de esos protocolos, de su naturaleza jurídica, de si eran de obligado cumplimiento o si solo se trataba de recomendaciones. Puede que esté equivocado, pero la valoración de la legalidad de esos protocolos es algo que no me corresponde a mí. Mi responsabilidad se limita a un aspecto no poco importante: el ético y el político. Por eso he insistido hasta el hartazgo en que existiera una comisión de investigación que evaluara las actuaciones políticas; y por eso mismo dije lo que dije en la Asamblea cuando me preguntaron lo que pensaba acerca de esos protocolos: “no son éticos y posiblemente no sean legales.” Sigo pensando lo mismo. Esos protocolos ponen en riesgo valores tan capitales de nuestro estado de derecho como la igual dignidad de todos, con independencia de la edad o de la discapacidad.

Eso sí, ¿y por qué lo creo? Porque a pesar de todo lo que hemos sufrido, si ocurriera algo similar, ¿haríamos lo mismo? ¿Seguiríamos dando por buenos esos criterios, seleccionando quién es apto para ser admitido en un hospital según su discapacidad o dependencia? ¿Rechazaríamos el ingreso de una persona en un hospital por ir en silla de ruedas, como ocurrió hace dos años? Yo me resisto a pensar así, pero esas preguntas tienen que ser respondidas. Urge hacerlo. Por eso es una buena señal el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid.

Lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con la convocatoria del IRPF para proyectos sociales de este año, era desgraciadamente previsible.

Proyectos sociales con más de 20 años con financiación del IRPF, han visto de la noche a la mañana cómo se caían, al no alcanzar la puntuación requerida en la convocatoria. Entre ellos están proyectos tan necesarios como aquellos que servían para levantar de la cama y asear a personas con lesión medular y gravemente afectadas o los de pisos tutelados de apoyo para personas con VIH/SIDA. Un desastre en toda regla para la atención social madrileña y cuyo único responsable es el Gobierno de Cifuentes y su lamentable gestión.

Por primera vez en la historia de la casilla del 0,7% del IRPF, los gobiernos autonómicos eran los encargados de gestionar la mayor parte del presupuesto destinado a proyectos de interés social. Anteriormente era responsabilidad al 100% del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.

Una vez que el desastre prometía convertirse en drama, se sacaron de la manga el pasado lunes el anuncio de una convocatoria de subvenciones nominativas que reparará las consecuencias de esa calamitosa resolución.

Está bien que solucionen los problemas que han creado, pero hay que recordar que, si hubieran hecho las cosas de manera sensata, no subcontratando a TRAGSA la valoración de los proyectos, por ejemplo, no hubieran sido necesarias estas soluciones extraordinarias.

En la mejor encarnación del bombero pirómano, no se les ha ocurrido otra cosa que quemar el bosque, arrasarlo y ahora están muy orgullosos de enviar a los bomberos, que son los mejores del mundo mundial porque son del Gobierno de Cifuentes.

No se trata más que de un parche, de una nueva chapuza que nos va a salir por un dineral. Todavía no sabemos cuánto. El Gobierno tampoco. Pero se han precipitado a asegurar que habría dinero para todos, con objeto de evitar las movilizaciones que se anunciaban.

Un dinero que, si hubieran gestionado bien, no habrían tenido que gastar. Crean problemas y gastan más dinero del necesario para tapar sus errores. Ese y no otro es el modelo del PP en relación al Tercer Sector.

Resumiendo. La gestión del Gobierno de Cifuentes en relación a la convocatoria del IRPF para proyectos sociales ha sido un completo desastre. Ha generado un tremendo descontento entre usuarios y entidades, ha destruido proyectos que llevaban funcionando muchos años, se ha despedido a un elevado número de profesionales, se ha perdido la confianza del Tercer Sector y encima nos va a salir por un dineral a los madrileños. Unos genios.