La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, impulsada por el Gobierno de coalición progresista, supone un hito legislativo en materia de defensa de los derechos de los niños y niñas.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990, mandata a los países a desarrollar políticas que promuevan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.

Las personas menores de edad están expuestas a situaciones de vulnerabilidad que deben protegerse por parte de las instituciones públicas. Los datos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes son estremecedores. Según datos del Ministerio del Interior, en 2019, se registraron más de 5.400 denuncias por delitos de maltrato familiar a menores y más de 5.900 por delitos contra la libertad sexual, también a menores.

En demasiadas ocasiones, ese tipo de violencia que se produce en el ámbito familiar, y por lo tanto en el espacio privado, es relativizada al interpretarse por el imaginario colectivo como “un asunto familiar”, como antaño sucedía con la violencia de género, cuando en realidad, debería interpelarnos a todos y cada una de nosotras.

Pero el abordaje de la violencia no debe realizarse de manera homogénea. La perspectiva feminista es crucial para analizar los datos y planificar e implementar políticas públicas eficaces y efectivas. Por eso para el Grupo Parlamentario Socialista era y es esencial que todas las leyes que se impulsen tanto desde el Gobierno, como por iniciativa parlamentaria en las Cortes Generales, tengan en cuenta el impacto de género. La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres interpela a que toda iniciativa pública incorpore esta mirada, cumpliendo de esta manera también con el principio de igualdad de la propia Constitución española.

La Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia está hoy en trámite parlamentario. Los grupos políticos tenemos la oportunidad de mejorar las leyes que nos llegan a impulso del Gobierno. Para el grupo socialista ha sido prioritario reconocer las bondades del proyecto de ley y diagnosticar mejoras que surgen del propio posicionamiento del PSOE, así como de propuestas de la sociedad civil. Profundizar en la mirada feminista de este instrumento legal ha motivado buena parte de nuestras enmiendas a la misma.

No se puede entender la violencia en la infancia en el ámbito familiar, si no se reconoce la realidad a la que están expuestos cientos de miles de menores fruto de la violencia de género que sufren sus madres. El Pacto de Estado reconoce a tales menores como víctimas directas de violencia de género. Según los datos del estudio “Menores y Violencia de Género” elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer sufre violencia. En total, el 24,7% de los menores encuestados ha reconocido haber conocido algún tipo de violencia machista contra su madre, y de los 2.455 menores que respondieron que su progenitora había sido víctima de algún tipo de maltrato, el 77% reconoció haber sufrido directamente ese tipo de conductas violentas. La suspensión obligatoria del régimen de visitas si el padre tiene orden de protección por violencia de género es la propuesta que desde el Grupo Socialista hemos incorporado a la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conjuntamente con el grupo de Unidas Podemos.

Asimismo, ha sido para nosotras y nosotros imprescindible blindar la entrada del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en nuestra legislación. Esta supuesta patología, que se ha demostrado científicamente que no existe, no puede ni debe ser utilizada en los juzgados de manera habitual para evitar que se investiguen las verdaderas razones por las que los hijos e hijas muestren rechazo hacia el padre que ejerce violencia de género. Por eso hacemos constancia en esta ley de la necesidad de negar su uso. Una propuesta que nace de la mano de la Asociación de Juristas Themis.

Reconocer la violencia especifica contra las niñas es también una voluntad expresa del PSOE en esta norma. El estudio antes citado muestra unos datos terribles sobre el acoso sexual online que sufren las adolescentes, nativas digitales, fuera de las relaciones de pareja. El 47,1% de las chicas han recibido imágenes sexuales, al 40% les han pedido fotos sexuales y al 22,7% les han pedido cibersexo. Los datos no hacen si no corroborar que urge trabajar la prevención de la violencia machista mediante la coeducación desde la pequeña infancia. Sin duda, la incorporación de la perspectiva de género también en la Ley de Educación, así como la introducción de manera obligatoria de la educación afectivo sexual en los planes educativos, ayudará a disminuir el consumo de pornografía y de prostitución entre los adolescentes, prácticas que fomentan la violencia contra las mujeres generando relaciones asimétricas entre los sexos, normalizando la explotación sexual e incitando a situaciones de violencia sexual como el de la Manada. No es casual que 150 millones de niñas en el mundo, una de cada diez, haya sufrido violencia sexual.

La desigualdad que sufrimos las mujeres en todo el mundo es estructural. Y la sufrimos desde niñas, por el simple hecho de haber nacido niñas. Desde pequeñas se nos educa y se nos somete mediante el sistema de géneros. Roles y estereotipos de género que condenan a los sexos a una existencia machista y androcentrica. Urge que legislemos para corregir la desigualdad sostenida contra niñas y mujeres durante siglos. Y urge que lo hagamos con mirada feminista. Solo así lo conseguiremos.

“Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican”. Esta certera conclusión de concepción Arenal representa lo que en el año 2017 todas las fuerzas políticas entonces representadas en las Cortes Generales conseguimos con el pacto de estado contra la violencia de género, incluido el Partido Popular. El 29 de abril de 2020, en plena crisis del coronavirus y con las mujeres víctimas de violencia machista confinadas con sus agresores, el PP abandona el Pacto de Estado.

Los trabajos del pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres fueron arduos y en determinados momentos tensos, aproximar posicionamientos ideológicos no fue tarea sencilla. Sin embargo, tanto en el Congreso como en el Senado, las fuerzas políticas del Parlamento nos implicamos en sacarlo adelante y pusimos toda nuestra predisposición en conseguir un gran acuerdo político, social e institucional para erradicar la violencia machista. El Pacto de Estado no era el programa electoral de ninguno de los partidos que formamos parte de este consenso, lo que sí fue este pacto fue un gran acuerdo de mínimos, de cuestiones irrenunciables, para una política necesariamente de máximos, de máxima implicación y máxima urgencia.

Lo cierto es que el escenario era otro, el PP de 2017 no era el PP de Casado y afortunadamente para la salud democrática de aquel año Vox no tenía representación en las Cortes Generales. Gobernaba Mariano Rajoy y aunque el pacto no fue iniciativa del PP, ni una de sus prioridades, es de reconocer que finalmente formó parte activa del mismo. Con un gobierno del Partido Popular, el PSOE en la oposición apoyó un pacto de Estado, es decir, la lealtad de la oposición frente a un problema de Estado fue ejemplar. Lealtad del principal partido de la oposición, señores y señoras, esa gran ausente en la crisis que vive este momento España.

Es evidente que la memoria sitúa a los actores políticos en lugares muy distantes, mientras el PSOE es leal al Gobierno cuando la ciudadanía le ha situado en la oposición, véase el pacto de Estado contra la violencia de género como también el apoyo al articulo 155, el PP es un auténtico furtivo de la lealtad cuando los ciudadanos y ciudadanas los convierten en perdedores de las elecciones.

La lealtad al Gobierno en momentos tan dramáticos como el que nuestro país sufre a consecuencia de una pandemia mundial se traduce en lealtad al país, lealtad a España y más concretamente a las españolas y españoles. En el pleno del día 29 de abril, el PP no apoyó el decreto que traduce el pacto de estado de violencia de género en medidas excepcionales para proteger a las victimas de violencia machista en la Crisis de la COVID-19. El Partido Popular se saltó los acuerdos del pacto de estado y se sumó a Vox en su obsesiva estrategia por derrocar las reivindicaciones feministas y abandonar a las víctimas de la violencia machista. Y lo hizo en el peor de los momentos, cuando las víctimas de violencia machista viven situaciones de mayor dureza y peligro.

El recorrido del Partido Popular en materia de violencia de género ya era preocupante. En su carrera por radicalizar su discurso para competir por el espacio con la extrema derecha ha llegado a cuestionar la propia violencia de género, incluso Gobierna con Vox haciendo concesiones que suponen retrocesos en el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres.

Más recientemente se ha unido a los fascistas de Vox en intentar defenestrar las manifestaciones del 8M relacionándolas con la incidencia de víctimas de COVID-19. Es importante que a toda la derecha le quede claro una verdad incuestionable, el feminismo no puede ser nunca acusado de arrebatar vidas sino más bien de todo lo contrario, de salvarlas, la historia del feminismo no tiene víctimas, la del machismo es la violencia.

Casado se ha convertido en un gran problema para afrontar esta crisis y también para la política española. Los espacios que ha compartido con la ultraderecha se convierten en altavoces de odio, misoginia, homofobia, xenofobia... discursos que buscan debilitar nuestra democracia en un momento donde los valores democráticos tienen que protegernos incluso del virus. En la desaparición del virus, o se es parte del problema o de la solución y la posición de proximidad a Vox de Casado unida a su incapacidad para ser leal al Gobierno y a los pactos de Estado le sitúan en el el bando del problema.

Formar parte del pacto de estado contra la violencia de género fue importante pero lo crucial es convertir el pacto en realidad y es en este momento donde no se puede fallar y el Partido Popular ha fallado.

El 8 de marzo no es una fiesta. El Día Internacional de las Mujeres es una jornada de reivindicación, denuncia y manifestación pública. Es un día político, porque de incumbencia política son los datos de desigualdad, violencia, opresión e infrarrepresentación que padecemos las mujeres.

El avance feminista de las últimas décadas ha sido muy molesto para el patriarcado y los machistas se han organizado y rearmado. En la actualidad, la red tejida por millones de feministas en todo el mundo, junto a la inestimable ayuda del ciberactivismo, ha provocado una ruptura masiva del silencio de las mujeres y multitud de nosotras hemos señalado directamente a opresores, agresores y responsables políticos e institucionales de la desigualdad estructural.

La reacción no se ha hecho esperar. El reflujo, como lo llamaría la filósofa Alicia Miyares, es un fenómeno que conocemos, y que se produce tras el auge feminista de determinados periodos históricos que engloban vindicaciones comunes y que llamamos olas del feminismo. El reflujo machista en estos tiempos utiliza, entre otros, dos claros subdiscursos para desactivarnos y represaliarnos: uno es el discurso fascista y el otro, el neoliberal. Los dos tienen en común la persecución como método, la caza de brujas de toda la vida.

En pleno 2020 se abalanzan sobre nosotras los efectos más virulentos de la entrada de la ultraderecha española en las instituciones. La misoginia más tradicional se ha presentado a las elecciones bien acompañada de ultra dosis de xenofobia, lgtbifobia, clasismo y autoritarismo. La ultraderecha es patriarcado porque atenta directamente contra los derechos y libertades de las mujeres, con discursos que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra vida.

Escuchar a los dirigentes de Vox decir que la violencia de género no existe, que las mujeres mienten cuando denuncian o que la ideología de género es una persecución contra los varones es un atentado flagrante e imperdonable contra los derechos humanos.

Este 8 de marzo no es una fiesta porque, si lo es, la han organizado los machistas a nuestra costa. El discurso neoliberal nos dice que la mercantilización de los cuerpos de las mujeres debe legalizarse y que la explotación reproductiva es un derecho, todo ello enarbolando la bandera de la libertad. Para satisfacer los privilegios de ser varón, el neoliberalismo se encarga de ofrecer los cuerpos de las mujeres como posesiones y además de explicarnos que ser prostituida es un ejercicio de libertad, como si no fuesen las mujeres con menos recursos y las más vulnerables las que se ven abocadas sin posibilidad de elección hacia las continuas violaciones y vejaciones que supone la prostitución. Como si la prostitución no fuese el escaparate de la trata.

El neoliberalismo también nos intenta explicar a las mujeres que ser un vientre para otros es un ejercicio de altruismo en libertad. Como si un embarazo y un parto no dejasen secuelas para las mujeres, como si las mujeres pobres tuvieran posibilidad de elegir y no se viesen obligadas a aceptar estas prácticas para sobrevivir, como si en distintos países del mundo no hubiese granjas de mujeres a cargo de mafiosos que las hacinan y explotan para ser objetos reproductores para las familias ricas. La intención es crear un mercado de los deseos, con el perverso objetivo de confundir deseos con derechos.

Ante este reflujo terrible y virulento, el 8 de marzo las mujeres saldremos decididas a lanzar mensajes claros: queremos una vida libre de violencia, no queremos retrocesos en el reconocimiento de nuestros derechos, queremos condiciones igualitarias en todos los ámbitos de nuestra vida privada y pública, y queremos libertad.

El movimiento feminista es pacífico, pero tremendamente reivindicativo. El 8 de marzo seremos las aguafiestas del patriarcado, incómodas para él, como siempre.

“Atrévete, sal de tu zona de confort”. Este mensaje manido es la recurrente invitación que nos hacen cientos de agencias publicitarias para consumir aquello que nos parece prohibitivo pero tentador, o para abandonar la aburrida monotonía y embarcarnos en el proyecto de nuestros sueños, normalmente un viaje caro.

También atrevidos textos de autoayuda nos lo recomiendan, sin una evaluación de la situación y la persona, sin un diagnóstico, sin un análisis funcional, sin un proceso serio basado en el conocimiento empírico que atesora la psicología como ciencia, sino solo a modo de consejo: sal de tu zona de confort.

En la moda del emprendimiento por el emprendimiento, esta idea fue una pieza clave. Emprende y deja el confort, cumple tus sueños. Tu idea es viable, no hay riesgos, el mercado te hará feliz, solo tienes que atreverte.

A su modo, nos lo dijo Stéphane Hessel, primero con “¡Indignaos!” y después con !“¡Comprometeos!”, salid de vuestro estado de comodidad somnolienta e inducida para oponeros a los poderes políticos y económicos que funcionan de manera opresiva contra la gente y cuyo corrupto funcionamiento ha pervertido la democracia. Hessel también nos invitó a salir de la zona de confort.

A invitarnos a abandonar el confort nos indujeron otros señores jóvenes que lideraban foros dialécticos de muy diversa índole, desde la extrema izquierda, pasando por el aparente centro, hasta la extrema derecha. Así conocíamos a Pablo Iglesias, Albert Rivera o incluso a Santiago Abascal. Albert y Pablo acusaban despreciativamente a los partidos tradicionales de ser lo mismo y formar parte de un sistema que había que descomponer y a ello se sumaba en 2014 Santiago con su discurso de regeneración democrática.

Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal coincidieron en pedirnos que rompiésemos con la habitualidad de nuestro voto para luchar contra el establishment y ofrecernos así el fin del bipartidismo que, según ellos, era el germen del fracaso de nuestra democracia.

Fue un discurso compartido, muy popular en medio de una crisis socioeconómica brutal donde los ciudadanos y ciudadanas sufrían la pérdida de poder adquisitivo, la pobreza y el incremento de las desigualdades. Las familias vivían auténticos dramas que tenían su origen en cuestiones políticas y económicas muy complejas, algunas que competían a poderes supranacionales. Los partidos emergentes lo cuestionaron todo, desde la democracia, a la totalidad de las instituciones e incluso al propio Estado del Bienestar. Culparon a la clase política y concretamente al PSOE y al PP como partidos de alternancia en el Gobierno.

Este brevísimo recorrido por la indignación y la salida de la zona de confort para participar en la vida política de la nueva era focalizó todos sus esfuerzos en la detección del problema; una detección sesgada, generalizada y poco minuciosa, pero la gran ausente fue la solución. ¿De qué manera se iban a resolver los problemas de la ciudadanía y cómo los nuevos iban a contribuir a lo que algunos llamaban democracia real?

El 10 de noviembre estamos convocados a unas nuevas elecciones donde la pregunta que tenemos que plantearnos es la siguiente: hay más partidos, pero ¿hay más democracia? ¿Se han solucionado los problemas de los ciudadanos y ciudadanas que salieron de su zona de confort indignados para derribar el establishment?

La respuesta es por todos conocida: no. La democracia crece con la política, no sin ella. Los nuevos partidos quisieron desprestigiar la política para encontrar su espacio, y lo único que consiguieron fue multiplicar las opciones sin incrementar las oportunidades. La ciudadanía tuvo motivos para estar indignada en 2011, pero también los tiene en 2019, porque las expectativas que entonces les infundieron los partidos emergentes se han visto frustradas.

No, el problema no era el bipartidismo, el problema era mucho más complejo. El problema eran casos concretos de corrupción que anidaban fundamentalmente en el Partido Popular, era una crisis económica mundial, era el inicio de una tendencia austericida en Europa que en España redujo la cobertura de derechos y libertades, etcétera.

Los problemas de aquel tiempo fueron muchos, pero no en sí el bipartidismo imperfecto, porque, entre otras cosas, esa tendencia gubernamental era la que legislatura tras legislatura había elegido la ciudadanía con su voto, y elegir libremente en democracia no puede ser un problema. Además, no podemos olvidar que este sistema imperfecto trajo a España 40 años de confort del que, estoy segura, los ciudadanos y ciudadanas no querrían salir.

La Tertulia Feminista Les Comadres daba la voz de alerta. Las compañeras asturianas suelen ser pioneras en la reivindicación y en la denuncia pública y gracias a ellas descubrimos acontecimientos reprobables que atentan contras los derechos de las mujeres. El día 6 de agosto hacían público su absoluto rechazo al curso “Jornadas sobre trabajo sexual”, programado por la Universidade Da Coruña.

El jueves 19 y 20 de septiembre, en la facultad de sociología de la Universidade da Coruña en el Campus de Elviña se celebrarán, si nadie lo impide, unas jornadas que promocionan no el trabajo sexual, sino la prostitución. El trabajo sexual no existe, utilizar terminología laboral para hacer alusión a un sistema de opresión sobre las mujeres es la fórmula que han encontrado los proxenetas y prostituidores de blanquear lo que supone la esclavitud del presente.

Durante siglos, los sindicatos y trabajadores y trabajadoras han reivindicado un trabajo digno y en condiciones saludables. No se puede hablar de trabajo cuando la prostitución es la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, la posesión de nuestros cuerpos, y un ejercicio de poder basado en el dominio de las mujeres. La prostitución supone condiciones que atentan contra la salud física, psicológica y social de las mujeres; supone poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra propia vida, y supone pobreza extrema, violaciones y esclavitud. Carole Pateman la definió como una práctica por la que los hombres se aseguran el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres.

La prostitución es inseparable de la trata con fines de explotación sexual, porque es la propia prostitución la que encubre la trata. Es el escaparate de la prostitución el que utilizan las mafias para tratar a las mujeres y niñas. La ONU nos dice que el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y el 90% de este porcentaje tiene como víctimas a mujeres y niñas. Existe poca investigación sobre prostitución y este dato ya en sí es relevante, pero los estudios realizados apuntan que la legalización de la prostitución solo acarrea más redes de trata (Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking, World Development, Volumen 41, January 2013, páginas 67-82).

Y dicho todo esto, ¿es un debate lo que propone la Universidade da Coruña? “Jornadas sobre trabajo sexual” no es un debate universitario, sino una campaña publicitaria sobre la prostitución y toda la trama opresiva que la envuelve. Y no, no hay debate si con el mismo lo que se pretende legitimar son prácticas que vulneran los derechos humanos, con el agravante de que quien lo promueve es una universidad pública.

La terminología que utiliza todo el sistema que prostituye a las mujeres es economicista y, nunca mejor dicho, no es gratis. Amelia Valcárcel nos avisaba, en un Feminario en Córdoba, que utilizar expresiones como “industria del sexo” autoriza el mercadeo de mujeres y absuelve a los responsables de la prostitución: los prostituidores y próxenetas. En el cartel de las Jornadas, una de las ponencias se titula “Inmigración y prostitución: proyectos migratorios e industria de rescate”. Llamar industria de rescate a la prostitución es poco menos que intolerable. No solo por aceptar que la prostitución es una industria, sino por ofrecerla como rescate. Rescate es sinónimo de salida, de oportunidad, de liberación, de salvación. Es indigno que una universidad pública ofrezca como salida a las mujeres migradas la prostitución y que dicho contenido formativo tenga como destinatarias a las universitarias y universitarios.

España tiene un sistema universitario de alta calidad en el que durante décadas se han abierto paso, no sin dificultad, contenidos feministas y estudios de género. El fin es promover una sociedad más igualitaria, que identifique el machismo y rechace la violencia hacia las mujeres. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, por lo que no tiene cabida entre los contenidos universitarios. La universidad forma a la sociedad, no la deforma.

Acabó 2018, un año en el que, sin lugar a duda, el concepto político-histórico más comentado, debatido y manoseado ha sido el de Constitución. Lo hemos utilizado fruto de la efeméride del 40 aniversario, en relación con el conflicto territorial de Catalunya, para ensalzar la patria o para hablar del espíritu de la transición a la democracia.

Sin embargo, hemos hablado muy poco de Constitución para defender la libertad de las mujeres y reprobar la violencia de género. La violencia hacia las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad que existe en todas las sociedades y que afecta a más de la mitad de la población e igualmente, a más de la mitad de la población española.

La violencia machista es una problemática social que pone en riesgo la libertad, la salud y la seguridad de las mujeres y que por ende debe ser entendida como un problema de libertad, salud y seguridad pública. La Constitución Española de 1978 explicita muy claramente qué deben hacer los poderes públicos y el Estado en relación a estos conceptos. El Artículo 43 del texto constitucional nos dice que “se reconoce el derecho a la protección de la salud” y que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.  En relación a la libertad y la seguridad el articulo 17 explica que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado de su libertad”.

El termómetro del constitucionalismo no ha tenido en cuenta ni la seguridad, ni la salud, ni la libertad de las mujeres, puesto que aquellos que se coronan cum laude en defensa del texto constitucional tienen un registro histórico de grados bajo cero en defensa de los derechos de las mujeres e impulso de leyes igualitarias. Algunos como el Partido Popular niegan la necesidad de introducir medidas de acción positiva para reducir las brechas de género. Rajoy ya nos dijo públicamente que “no había que entrar en eso” y entre las filas del partido de Casado rompen a aplausos cada vez que alguien en un atril dice que las mujeres del PP no están allí por las cuotas, sino porque ellas, sus mujeres, las que ellos eligen, son válidas cuestionando la valía de las demás y aceptando deliberadamente la competencia de todos los hombres, los que no necesitan cuotas para estar. Pues bien, este proceder del Partido Popular le vuelve a situar en nuestro termómetro constitucionalista en el frío invierno, puesto que es inversamente proporcional al mandato del artículo 9.2. de la Constitución del 78 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por cierto, gracias a este bendito artículo, son constitucionales todas las leyes igualitarias que reconociendo la desigualdad entre mujeres y hombres proponen actuaciones para corregir la discriminación sexista y la violencia machista.

Cabe citar aquí otra cuestión de relevancia jurídica y constitucional en relación a la deseada y apreciada no intervención por parte del PP en las cuestiones de género.  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sala de lo Social) del 14 de febrero de 2018 dictaminó a través de una sentencia que la brecha salarial es un aspecto que excede de la mera legalidad ordinaria en tanto que discriminatoria y, por ende, vulnerado de derechos fundamentales. En la sentencia se observa cómo la dimensión constitucional es la clave en la que se interpreta la brecha salarial como discriminación. Por lo tanto es una obligación constitucional “entrar en eso”.

Solo si eres machista y no constitucionalista puedes estar en contra de leyes como la Ley 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Es importante conocer que la Ley estatal de violencia de género es muy constitucional, mucho más que el resto de legislación vigente, puesto que se ha sometido a cerca de 200 exámenes en forma de cuestiones de inconstitucionalidad, que se han ido resolviendo desde el 14 de Mayo de 2008 con sentencias de constitucionalidad favorables.

Sí señores, la Ley de violencia de género es muy constitucional y muy justa. Esta demostración empírica del asunto debería ser un “fin de la historia”, sin embargo no solo no está acallado el debate sino que la extrema derecha condiciona el apoyo a un Gobierno de la derecha en Andalucía a la derogación de la ley.

Cabe preguntarse ¿Quiénes son aquellos que no aprueban una ley contra las agresiones machistas? La respuesta es obvia, la rechazan aquellos que se benefician del machismo, es decir, los machistas que obtienen privilegios de la desigualdad y que son los mismos que justifican y ridiculizan las agresiones o acusan de desaprensivas a las mujeres que denuncian. Aquellos que son cómplices y promotores de la violencia. La conclusión es deductiva, Vox es una fuerza anticonstitucionalista cuyo enemigo público son las mujeres.

Ciudadanos es un partido construido a base de mucho eslogan, mucho marketing, mucho liberalismo económico y lo que queda, que no es mucho precisamente, de compromiso social. Un compromiso a caballo siempre del capitalismo lampante. Lo han dejado manifiestamente claro con su posición sobre el alquiler de vientres y la prostitución, depositando en manos del mercado la libertad, la salud y la seguridad de las mujeres. Por lo tanto, al igual que el Partido Popular, suspenden con calificación muy deficiente en la defensa de los valores constitucionales.

España tiene una Constitución que adolece de falta de perspectiva de género y visión feminista pero que establece principios claros para promover un país igualitario. Sin embargo, en Andalucía, se ha formado la tormenta perfecta para que el patriarcado acabe con las oportunidades igualitarias que ofrece la Constitución: PP y Ciudadanos, dos partidos con insuficiente compromiso constitucional con la igualdad de género, Vox que propone incumplir la constitución derogando las leyes igualitarias y todos ellos ambicionando el poder para destrozar los avances en reconocimiento de los derechos de las mujeres conquistado durante décadas. El poder al que aspiran la derecha y la extrema derecha se fundamenta en la dominación de las mujeres.

¿Serán PP y Ciudadanos capaces de retratarse ante la Constitución de manera tan ruin y propiciar su flagrante incumplimiento? La Constitución contempla en si misma herramientas para protegerse y garantizar su cumplimiento cuya aplicación estaría más que justificada si pretendemos salvaguardar la seguridad, la libertad y la salud de la mitad de la ciudadanía.

El pacto de la vergüenza en Andalucía es incompatible con el Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres que junto al resto de partidos suscribieron PP y Ciudadanos hace dos años. Permitir infringir la Constitución desarticulando la red de recursos que atiende a las víctimas de la violencia machista supondría romper el Pacto de Estado, con sus pertinentes consecuencias.

El posible Gobierno de la derecha en Andalucía se está construyendo con líneas rojas que proponen vulnerar la Constitución y lo están condicionado quienes defienden políticas que atentan contra los derechos de las mujeres, que aunque algunos voluntariamente quieran olvidar, también son derechos humanos.

“Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”. Una habitación propia, Virginia Woolf.

Las mujeres encontramos numerosas trabas y dificultades en el mercado laboral para poder conseguir dinero y nuestra habitación propia. Y si la tenemos, es alquilada, más pequeña y de mucho menos valor que la de los hombres. La sociedad patriarcal y machista en la que vivimos diseña numerosas estrategias para relegarnos a tres situaciones de vulnerabilidad en el ámbito del empleo: La primera, la de responsabilizarnos de los cuidados, un espacio que mientras no sea el Estado quien lo asuma, seguirá recayendo mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres y, por supuesto, en detrimento de nuestras oportunidades profesionales. 

La segunda, el mercado laboral, con reglas machistas y segregadoras, nos ofrece ínfimas oportunidades de promocionar con trabajos poco reconocidos, con condiciones precarias y con salarios muy bajos. Todo ello relacionado con la división sexual del trabajo y la desagregación horizontal y vertical del empleo. 

Y la tercera, y fruto también de las situaciones anteriores, las mujeres tenemos que soportar brechas en nuestros salarios con respecto a los de los hombres que deberían avergonzar a un país democrático como el nuestro. 

Las mujeres en este país tienen una tasa de actividad inferior a la de los hombres en casi 12 puntos porcentuales, datos de la EPA de 4º trimestre de 2017. La tasa de paro más alta y la menor tasa de empleo son femeninas. Con estos datos, sorprende ver a diferentes miembros del Gobierno en sede parlamentaria con intervenciones optimistas y regocijándose en aquello de la recuperación económica y del crecimiento. Pero, ¿dónde está la recuperación económica y el crecimiento para las mujeres? Según datos del INE y de la EPA las mujeres tienen salarios más bajos, empleos más precarios y pensiones hasta un 30% más bajas que las de sus hermanos o maridos. 

A esta situación desoladora se suma el peor de los agravantes, las políticas del Partido Popular y de su líder Mariano Rajoy. Hemos presenciado en las últimas semanas diferentes intervenciones del presidente en las que mostraba total indiferencia por las brechas en las condiciones y en los salarios de las mujeres sin embargo, bajo mi parecer, a Rajoy si le in- teresa esta cuestión, le interesa y mucho. El Gobierno si “ha entrado en esto” lo ha hecho para expulsar a las mujeres del mercado laboral, en cuarenta años es la primera vez que se destruye empleo femenino. Resulta decepcionante que un presidente del Gobierno manifieste públicamente una declaración que atenta contra la Constitución. La Igualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres es una cuestión que el Gobierno debe impulsar, puesto que es una exigencia constitucional y por lo tanto legal. 

Las derechas de este país presumen de ser constitucionalistas y veneran la Carta Magna sobre todo para proteger aquellas cuestiones que, se supone, pueden romper España. La cuestión catalana cumple con esta premisa, la cuestión feminista para las derechas, no. No hay nada que atente más gravemente contra la unidad del país que ignorar a más del 50% de la población española. La brecha salarial entre mujeres y hombres se sitúa en un 22,9%. Es inadmisible pero también injusto que las mujeres cobren salarios más bajos que los hombres. Una democracia no es suficiente si no protege al 50% de su población de discriminaciones, desigualdades y violencias. Necesitamos más y mejor democracia, una democracia garantista que no permita ni discriminaciones estridentes como que en una misma plantilla una mujer cobre menos que un hombre por hacer lo mismo, ni discriminaciones estructurales que permitan que las mujeres ocupemos puestos de menor responsabilidad, que nuestra carrera profesional esté repleta de entradas y salidas del mercado de trabajo o que nuestros contratos sean obligatoriamente parciales. 

La Reforma Laboral del Partido Popular y con ello la extinción de una negociación colectiva con garantías, han endurecido las condiciones de trabajo de las mujeres y sus políticas nos han expulsado del mercado laboral. Las decisiones del Gobierno no permiten a las mujeres tener una habitación propia. Ni dinero, ni una habitación propia. Los contratos de empleo precario están firmados por mujeres. Casi el 70% del empleo temporal a tiempo parcial es realizado por nosotras. Todos estos datos contribuyen a los alarmantes datos de feminización de la pobreza en nuestro país, pobreza que se dispara con las mujeres jóvenes y con las madres solas por elección, más de la mitad de estas familias viven en situación de pobreza. 

Para combatir esta cruel realidad, el Gobierno debe sancionar el incumplimiento de la Constitución e impulsar iniciativas que erradiquen la desigualdad en el empleo y en los salarios de las mujeres. El PSOE a través de su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, anunciaba hace unas semanas algunas propuestas para caminar hacia una situación más favorable. Entre las medidas anunciadas se encuentra la implantación de auditorías en las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras o la creación de una agencia que actúe como un observatorio que detecte la desigualdad y pueda intervenir sobre ella. 

El compromiso del PSOE con el feminismo está en su ADN. Socialismo es Feminismo para el partido socialista. El PSOE es el partido que ha recogido las reivindicaciones feministas y las ha convertido en Ley. Los precedentes de 2004, 2007 y 2010, con la Ley de violencia de género, de Igualdad y de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, así lo evidencian. Este es el momento de una nueva Ley con pilares feministas y por ello el Partido Socialista presentará en sede parlamentaria una proposición de ley de Igualdad Laboral que contemple un buen diagnóstico de la situación estructural de desigualdad en el empleo de las mujeres y recoja un articulado que se dirija a corregirlas.

El PSOE no está dispuesto a esperar décadas a que la brecha se cierre, no permitiremos que tantas generaciones de mujeres sufran la inacción de gobernantes como los del partido popular. 

El PP está en un fin de ciclo, el Gobierno de Rajoy está agotado, superado por problemas que no han sabido solucionar o querido solucionar, y éste, es uno de ellos. Las mujeres de este país están en la calle, día tras día, denunciando una injusticia social tras otra. El movimiento mundial de mujeres que denuncian discriminaciones, violaciones y desigualdades es IMPARABLE. El PP no tiene a las mujeres en su agenda política, ni tienen la perspectiva de género y la filosofía feminista en sus programas. El Gobierno está fuera de juego porque no tiene una respuesta democrática para las mujeres de este país. El Partido Popular está fuera de juego porque no cree que las mujeres tengan derecho a tener una habitación propia, la habitación de la que hablaba Virginia Woolf.