El 20 de septiembre se publicaba el Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea. Éramos muchas las que estábamos esperando estas nuevas líneas generales y que habíamos depositado esperanzas en una política migratoria común que cambiara el enfoque de la seguridad por un enfoque más basado en los Derechos Humanos. 

Lejos de basar la política migratoria en la acogida de personas migrantes y refugiadas, el nuevo Pacto cristaliza las políticas de control de fronteras y las amplía en cuanto a refuerzos de Frontex y a la externalización de fronteras. Por si fuera poco, el nuevo documento incluye una especie de “solidaridad a la carta” en la que los Estados miembro pueden decidir si acogen o si “patrocinan el retorno” de dichas personas a través de financiación a los países que más presión migratoria padecen. 

Este es el caso de España, un país fronterizo que ha tenido que gestionar prácticamente en solitario la presión migratoria en Ceuta, Melilla, Algeciras y ahora, principalmente, en Canarias. También es el caso de Grecia, Italia y Malta. Países, donde la derecha y la extrema derecha se han aprovechado de la acumulación de migrantes y refugiados en campamentos o en los CIE para hacer crecer las políticas del odio y el rechazo y con ello ganarse un puñado de votos. 

Sin duda, este nuevo Pacto supone una victoria para los países del norte y especialmente donde gobierna la extrema derecha que han condicionado la solidaridad de los distintos pueblos de Europa. Una solidaridad que se expresa constantemente a través de una sociedad volcada en la ayuda humanitaria y que se va desde las CCAA, los Ayuntamientos, entidades locales y las ONG profesionalizadas hasta las asociaciones de vecinos de los pueblos más pequeños de la geografía europea. Desgraciadamente, las distintas sociedades europeas han demostrado y están demostrando estar más a la altura que sus gobiernos en cuanto a humanidad se refiere.   

Ante esta situación, el Gobierno de España tiene un reto importante. Entendemos la dificultad que supone negociar a nivel europeo unas políticas distintas de las que hasta ahora la Unión Europea ha estado aplicando, pero tenemos el deber moral, y no sólo moral, sino también desde el punto de vista del Derecho Internacional, de estar a la altura de un reto migratorio y de refugiados que ACNUR estima sin precedentes a nivel mundial. 

Movidas por el desconocimiento de la posición que nuestro Gobierno quiere tomar en Europa, la pasada semana interpelamos a la Ministra de Exteriores González Laya. Cabe decir que la respuesta de la ministra nos agradó, por un lado, pero nos intranquilizó por otro. 

González Laya anunció en primicia seis posicionamientos a defender ante el resto de Estados miembro que queremos analizar. En primer lugar, el Gobierno cree que hay que ampliar e incrementar las capacidades e instalaciones de acogida, especialmente para mujeres y niños. Sin duda es una buena noticia si hablamos de acoger y en especial poner el foco en los más vulnerables, ahora bien, si de lo que estamos hablando es de ampliar las capacidades de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), significa que vamos a ahondar todavía más en el problema que estos centros están generando cuanto a vulneración de Derechos Humanos. Los CIE y los CATE siguen privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito sino una simple falta administrativa y que deberían poder gozar de libertad. 

La siguiente medida anunciada por la ministra nos parece del todo acertada. Se trata de la petición por parte del Gobierno del acceso a todos los servicios públicos básicos para todas las personas, independientemente de su condición migratoria, es decir, sin hacer distinción entre migrantes económicos o refugiados. En este sentido, es urgente que España de ejemplo con el centenar de menores en edad obligatoria de escolarización que viven en Melilla desde hace años, algunos nacidos en la propia Comunidad Autónoma y que siguen sin escolarizarse a pesar de la sentencia del Comité Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que obliga a España a escolarizarlos y del pronunciamiento del mismo Defensor del Pueblo. 

En tercer lugar, la ministra habló de un nuevo sistema ágil y solidario que permita el rescate y desembarque responsable de pateras interceptadas en alta mara. Esta también es una cuestión muy importante y cabe destacar que el nuevo Pacto de Migración y Asilo la recoge adecuadamente gracias a una resolución del Parlamento Europeo que por fin deja de criminalizar a las ONGs o embarcaciones de pesqueros que rescatan a personas en peligro de naufragio en alta mar, evitando así que sigan muriendo seres humanos intentando cruzar el mar sin condiciones para ello y cumpliendo con el derecho internacional. 

En cuarto lugar, el Gobierno va a apostar por procedimientos rápidos y con garantías para determinar si las personas que llegan son refugiadas, es decir, posibles demandantes de asilo o migrantes económicos. La verdad es que cuesta creer que se pueda ser rápido y garantizar los derechos humanos de dichas personas a la vez. Para asegurar esta cuestión no podemos basarnos en la nacionalidad o la procedencia de dichas personas puesto que hay países que no necesariamente están en conflicto donde también se vulneran los derechos humanos de las personas por razón de etnia, género, identidad de género, religión o tendencia sexual y que en estos momentos la UE y España los consideran “países seguros”. Es el caso de Marruecos, Argelia o Turquía. 

La quinta medida que el Ejecutivo español quiere impulsar es el retorno de todas las personas migrantes que han entrado de forma irregular y que no tienen derecho a protección internacional, según la UE. Como decíamos en el anterior punto, si el criterio es la procedencia o la nacionalidad, se puede considerar a personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos en origen y en tránsito, migrantes irregulares potenciales a retornar a sus países de origen cometiendo así una injusticia.

En sexto lugar, la ministra quiere apostar por vías de migración regular para luchar contra las mafias, aunque también es de la opinión, que no compartimos y que entraría dentro del marco de la criminalización de ONGs, de que hay personas u organizaciones “bienintencionadas” que fomentan las mafias intentando ayudar a personas irregulares a cruzar la frontera. Es de vital importancia que el Gobierno apueste por las vías legales y seguras para luchar contra las mafias y para poder garantizar un auténtico cumplimiento de los derechos humanos. Sólo consiguiendo visados en origen o en tránsito podemos garantizar que estas personas lleguen a Europa sin ser explotadas o maltratadas por organizaciones criminales y sin necesidad de reforzar con cantidades ingentes de dinero los controles policiales de nuestras fronteras. Es mejor que esa financiación la destinemos a la acogida e inserción de estas personas que al fin y al cabo sólo buscan su supervivencia o una vida mejor para ellas y sus familias. 

Discrepamos con el Gobierno de que los acuerdos que tiene España con Marruecos en política migratoria sean un ejemplo a seguir para el resto de la Unión Europea, pues son un claro modelo de externalización de fronteras y de delegación de nuestro deber de acogida y de respeto por el derecho internacional, a países terceros donde se vulneran sistemáticamente los derechos de estas personas.

Por otro lado, vemos con muy buenos ojos que el Gobierno quiera promover una diplomacia humanitaria, una diplomacia pública que desde siempre han ejercido actores civiles y españoles al servicio de la cooperación y de la solidaridad y que sin duda son siempre nuestra mejor carta de presentación internacional y nos ayudan en las buenas relaciones con países terceros. 

Finalmente, la ministra anunció que dichas medidas se discutirán el 26 de noviembre en la reunión de Vecindad Sur en Barcelona, esperemos que con la moción que próximamente se va a debatir en el Senado tengamos tiempo de matizar algunas de estas medidas y de llevar una postura consensuada a través de un proceso de participación con las distintas CCAA, Ayuntamientos, ONGs y demás actores civiles tal y como pide la propia moción. 

Nicaragua es conocida en España por la revolución sandinista protagonizada en el año 1979 pero también por los reportajes de Carmen Sarmiento, una vez ganada la guerra, en los que se narraba el asedio de la Contra, alimentada por Ronald Reagan, y que Carmen denunciaba por el suelo revolver en mano para protegerse de los paramilitares.  Sin duda, la situación ha cambiado y el Gobierno de Ortega ya no es el mismo de los 80, muchos aseguran que ya no tiene nada de sandinista y que Ortega se ha convertido en un dictador represor.

Decía Gabriel García Márquez que Nicaragua es el único país que estuvo inscrito en el registro de la propiedad, que perteneció a una familia. Nicaragua fue un país sin identidad que pasaba de mano en mano como la “bien pagá” llegando a ser ocupada por Estados Unidos de 1912 a 1933. Más allá de 1933 el control sobre su soberanía ha sido una constante por parte de los EUA.

La guerra declarada por parte de los EUA al sandinismo no es ninguna fantasía difícil de constatar con documentación histórica reciente, ahora bien, ¿significa eso que las actuales revueltas por parte de la sociedad civil de Nicaragua, sean manipulaciones financiadas y alimentadas por los EUA? Esto es algo más difícil de constatar, puesto que aunque USAID reconoce sin problemas que financia organizaciones nicaragüenses que participan en las revueltas, los primeros en salir a la calle legítimamente fueron los jubilados que no entendieron la cotización del 5% que el Gobierno les planteaba.

Aunque ya había protestas en Nicaragua por parte de los campesinos en contra de la construcción del Canal de Juigalpa, el conflicto estalló a raíz de una reforma del Seguro Social que, por un lado, pretendía incrementar la contribución de las empresas en un 3,5% (del 19 al 22,5%) y de los trabajadores en un 0,75% (del 6,25% al 7%) y, como novedad, pretendía que los pensionistas pasaran a contribuir con el 5% de su pensión al Seguro Social puesto que hasta ahora las pensiones de jubilación no habían cotizado. Todo ello para hacer frente a los dos millones de déficit en el que cerró el INSS el año pasado y para sostener la gratuidad de la medicación según el Gobierno.

Según Paul Oquist, Ministro-Secretario Privado de Políticas Nacionales de Nicaragua, en una entrevista de Alex Anfruns que trata de dar voz también a la contraparte, el Gobierno de Nicaragua trabajó en un modelo de consenso entre empresarios y sindicatos. El malestar de los empresarios empezó con la subida de los salarios mínimos interprofesionales (una subida de un 40% en los 11 últimos años) y reconoce con autocrítica que el Gobierno no fue suficientemente hábil para consensuar con la empresa ni para explicar la cotización a los jubilados

Se entiende que trabajadores y pensionistas salgan a la calle ante la reforma pero ¿por qué protestan los estudiantes? En las primeras manifestaciones del 19 de abril convocadas por los pensionistas, Paul Oquist reconoce que “la policía se excedió, hubo demasiada violencia policial al enfrentar la manifestación pero también se propagó la mentira de que hubo un estudiante muerto en los enfrentamientos… con esa falsa noticia quisieron atraer los estudiantes, y lo lograron”. El segundo día, los estudiantes y los empresarios se unieron a los jubilados y salieron a la calle y hubo dos jóvenes manifestantes muertos y un policía por heridas de bala. Sin embargo, la portavoz de Cruz Roja dijo que había una gran confusión. No se sabía de qué bando eran los fallecidos ni si estaban a favor o en contra de la reforma del Seguridad Social.

Es justo en este momento en el que el conflicto quedó desatado y empezó la violencia entre fuerzas gubernamentales, manifestantes y grupos armados, estos últimos identificados como paramilitares o fuerzas de choque “sandinistas afines al gobierno” según los opositores y sus medios de comunicación afines, e identificados como paramilitares de “extrema derecha, golpistas y terroristas” según el Gobierno. Los enfrentamientos siguieron en los siguientes días y el conflicto siguió cobrándose víctimas en medio de la confusión y relatos sesgados de los medios de comunicación internacionales, tal y como denuncia Max Blumenthal.

El Gobierno llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, hizo un informe donde contabilizaba todos los muertos que hubo en Nicaragua des del inicio de las protestas, tuvieran o no que ver con el conflicto y el Gobierno tachó de sesgado el informe. A nadie pareció importarle la opinión del Gobierno porque su deslegitimación ya había empezado, pero el hecho es que los informes de los organismos de DDHH ni si quiera han tenido en en cuenta los sandinistas y los policías asesinados.

En ese sentido, tanto el informe del antropólogo nicaragüense Enrique Hendrix, “Monopolio de la muerte”, donde se detallan los errores de los listados de muertos de los organismos de DDHH, como la página de la Policía Nacional de Nicaragua, donde se detallan los policías asesinados, pueden resultar de gran utilidad para entender la contraparte.

Es importante notar que las organizaciones de DDHH no recogen la vulneración de DDHH que cometen organizaciones que no están en el poder, como sería por ejemplo el caso de los ataques de la extrema derecha, narcotraficantes o la violencia ejercida por los manifestantes. No es su trabajo. Pues se entiende que los Gobiernos ya se ocupan de ello y además tienen los medios suficientes para comunicarlo. Desgraciadamente, no todos los gobiernos gozan del mismo trato por parte de los medios a nivel internacional.

Si se trata de solucionar este conflicto, de parar de forma urgente el goteo de muertos y heridos, hay forzosamente que sentarse a hablar y hacer llamamientos a la paz y al diálogo. No hay otro camino que la investigación independiente, la justica, la reparación y la reconciliación y confiar en la soberanía nacional para ello, sin injerencias. La petición de elecciones es, cuanto mínimo, oportunista por parte de la derecha y no busca en ningún caso la paz ni la justicia sino su propio beneficio. Tanto el reciente Presidente electo de México, López Obrador, Evo Morales o el Partido de los Trabajadores de Brasil, han optado por respetar la soberanía nacional y por confiar en que la sociedad nicaragüense sabrá resolver sus propios conflictos.

Es obvio que los policías que se hayan excedido en el uso de la fuerza o sean culpables de asesinar a balazos a manifestantes tienen que pagar por ello, pero también quienes han asesinado a sandinistas solo por el mero hecho de serlo, y a policías. Quien conoce Latinoamérica, y en especial Centroamérica y el Caribe, sabe la facilidad con la que se consiguen armas de fuego industriales o “hechizas”, armas de fuego artesanales igualmente mortales que hemos visto portaban los manifestantes en todos los medios de comunicación. ¿Se imaginan que los manifestantes del 15M o del 1O hubieran utilizado armas de fuego, hechizas, morteros o quemado edificios en sus manifestaciones? Desgraciadamente ahora estaríamos contando muertos. Lo más triste es que Nicaragua, era hasta hoy, el segundo país de Latinoamérica con menos índice de homicidios por habitante. Nicaragua tiene que seguir queriendo la paz por lo que ha sido y por lo que es.

Hay, sin embargo hechos que duelen des del punto de vista de la izquierda y son imposibles de justificar y es que en Nicaragua el aborto está totalmente penalizado y reprime a las mujeres. Así es. El aborto terapéutico (en el que peligra la vida de la madre) en Nicaragua fue legal y despenalizado hasta 2007, fue una vergüenza y una traición para las guerrilleras sandinistas y para las mujeres de Nicaragua que el FSNL junto con el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense, adoptaran las peticiones de la Iglesia Católica y Evangélica que movilizó una gran marcha social para ello con mucho éxito. Sin embargo, no hubo en su momento ni después grandes movilizaciones para derogar esa ley aunque sí ha habido siempre grupos feministas que la han rechazado no han tenido la fuerza suficiente. Es difícil juzgar la sociedad nicaragüense desde un punto de vista europeo pero sí es posible hacerlo des del punto de vista de los DDHH para no caer en un relativismo cultural.

Sin embargo, mi preocupación es que detrás de las actuales protestas no se dibuja ningún tipo de proyecto político alternativo feminista. Los eslóganes piden que dimitan Ortega pero no se perciben eslóganes del tipo “nosotras parimos, nosotras decidimos”. Lo que se divisa es un gran apoyo a la Iglesia y a los empresarios y temo que la alternativa que se construye puede ser todavía más conservadora y sobretodo más neoliberal.

El sandinismo creó empoderamiento en los y las nicaragüenses y por eso Nicaragua sigue siendo sandinista, la pregunta es si su gobierno sigue siendo fiel a los valores que lo llevaron a la revolución. Depende de quien lo mire. Des del punto de vista de la derecha, Ortega sigue siendo excesivamente de izquierdas por la reforma del Seguro Social o por su apuesta por la soberanía alimentaria y del nuevo canal, o por subir en un 40% el salario mínimo interprofesional. Des del punto de vista de una parte del sandinismo y la izquierda, Ortega ha dejado de ser sandinista por sus relaciones con la Iglesia, la penalización total del aborto y la violencia gubernamental con la que ha reprimido las protestas.

Quizás sea un buen momento para la regeneración democrática y para que el FSNL haga un buen ejercicio de autocrítica y de renovación de liderazgos, en cualquier caso, lo que venga, habrá que ganarlo pacífica y democráticamente porque Nicaragua, puede que sea imperfecta y se encuentre en el ojo del huracán, pero desde luego, no es una dictadura.

A nadie se le escapa a estas alturas que el Sr. Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores, es un eslabón débil del Gobierno del PP y que al poco tiempo de ser nombrado ya protagonizó un escándalo por recurrir a una “práctica habitual” de utilizar la embajada de Ecuador y su coche oficial para sus vacaciones. Su falta de tacto con la ciudadanía le ha llevado también al fracaso que ha supuesto el primer borrador del Plan, con el que ha demostrado que su relación y su interés por los agentes principales en Cooperación Internacional, las ONGDs, son inexistentes.

En el Senado, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, hemos mantenido varias reuniones de trabajo y coordinación con los distintos agentes de la cooperación española para preocuparnos por el contenido del Plan y, a su vez, somos miembros activos de la ponencia de estudio sobre la Agenda 2030. En esta ponencia nos cercioramos de que las CCAA y entidades locales van con ventaja en la aplicación de los mismos con respecto al Gobierno del Estado. Para ser justos, hemos visto por parte del Gobierno la intención de integrar en el V Plan Director de la Cooperación Española la estrategia de esta Agenda 2030, aunque desgraciadamente, borrador en mano, esta simbiosis no se ha desarrollado de forma concreta ni objetivable en el Plan.

A lo largo de esta legislatura hemos ido advirtiendo de que la política de cooperación que ejerce el Gobierno no se corresponde en absoluto con los niveles de solidaridad de nuestra sociedad. La sociedad española es la más solidaria de Europa, según el Eurobarómetro de 2016, y la política de cooperación al desarrollo es apoyada por un 93% de la población. Como españoles, deberíamos destacar entonces en políticas de cooperación, siendo esa una verdadera marca España de la que sentirnos orgullosos.

La sociedad española entiende que hay que revertir la situación de opresión económica y expolio de recursos naturales que sufren los países en vías de desarrollo. Además, considera que los Derechos Humanos son Universales y no sólo para los países que viven en la opulencia económica, porque sabemos que las causas objetivas de que las personas se desplacen y busquen refugio en Europa, son las guerras y las catástrofes derivadas del cambio climático. En ambas causas, detrás, está la mano del ser humano y especialmente de los gobiernos.

Sin duda, fue una buena noticia que el Ministro de Asuntos Exteriores anunciara que se estaba trabajando en el V Plan Director de Cooperación. Demasiados años de recortes habían dejado la política de cooperación en cueros y entendíamos que la voluntad de tener un nuevo plan correspondía a una voluntad por parte del ministerio de reflotarla. Sin embargo, el borrador que nos ha llegado no se corresponde en ningún caso con nuestras expectativas, no solo las nuestras, sino de los agentes más importantes de la Cooperación. Tanto las ONGDs como las propias CCAA, incluidas las que gobierna PP, así como la Federación Española de Municipios y Provincias, han mostrado su rechazo a este borrador por lo que el Ministerio ha tenido que retirar el Plan.

El Plan presentaba excesivos déficits; el más importante, la falta de presupuesto y de memoria económicas. Sin presupuesto no hay plan que valga, todo queda en agua de borrajas. Tampoco concreta cómo hacer operativo el marco estratégico de este plan. Por otro lado sólo se incorporan 29 metas de las 169 que marca la Agenda 2030, dejando fuera del mismo aspectos y áreas de trabajo fundamentales para combatir la desigualdad de género y económica, el desarrollo social y sostenible, la educación, la sanidad, la paz...

El propio Plan no cuenta con una apuesta estratégica de apoyo a la sociedad civil consecuencia directa de que no ha habido un proceso de participación real con la misma para elaborarlo. En esa falta de participación social es, de hecho, donde radica la principal razón del fracaso del borrador del Plan.

En cuanto a su enfoque político, hay algo que nos preocupa y nos ocupa especialmente a nuestro grupo, ya que los Derechos Humanos y las personas que se ven obligadas a migrar para encontrar un lugar seguro donde desarrollar su proyecto vital, siguen siendo vistas como una amenaza más que como una obligación legal des del punto de vista del Derecho Internacional. El borrador que se nos presentaba es una justificación para que la propia UE continúe con la política de cierre de fronteras y de “seguridad” con respecto a las personas que quedan atrapadas en las fronteras o que pierden su vida intentando llegar a Europa.

El Desarrollo Sostenible, va a quedar supeditado a otras prioridades, por lo que la propia evaluación del mismo que hace la Coordinadora de ONGD´s es la siguiente: “... por muy bueno que sea el desarrollo de este plan, ya habrá otras políticas que se encargarán de generar más cambio climático, ignorar los paraísos fiscales o vender armas a países en conflicto... ”. En definitiva, si realmente queremos hacer frente al conflicto armado, la desigualdad social o al cambio climático, hay que legislar y ejecutar desde los otros departamentos del Gobierno, no solo desde la Cooperación Internacional.

Por su falta de consistencia presupuestaria y concreción, y por supuesto por la falta de participación real de los agentes más implicados de la cooperación española, el propio Ministro de Asuntos Exteriores, ha decidido retrasar nuevamente la presentación del Plan. Desde nuestro grupo tomamos este retraso como una nueva oportunidad para corregir los despropósitos del Gobierno y enmendar esos aspectos que lo han llevado a trabajarlo en solitario.