El año 2017 y el principio del 2018 han estado marcados por el proceso de elaboración del V Plan Director de la Cooperación Española. Se trata de un documento fundamental en nuestra política de cooperación internacional para el desarrollo. Desde que se aprobó la Ley de Cooperación en 1998, se debe realizar cada cuatro años y constituye el documento rector de la política para dicho periodo.

Es responsabilidad del Gobierno hacerlo y aprobarlo, asegurando la participación de todos los actores. Conlleva un proceso de debate previo en el Consejo de Cooperación (donde está representado el conjunto de actores junto a la Administración General del Estado), la Comisión Interterritorial (donde el Gobierno se encuentra con comunidades autónomas y entes locales) y la Comisión Interministerial. El último trámite, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, es su paso por las Comisiones de Cooperación de Congreso y Senado. Ninguno de estos pasos supone una restricción para la actuación del Gobierno, ya que los dictámenes no son vinculantes.

Este proceso se ha llevado a cabo en cuatro ocasiones y estamos ahora aprobando el quinto. Han sido 20 años de política de cooperación en los que se ha intentado adaptarla a la evolución que ha seguido España en este periodo. Sin embargo, desde mi experiencia de muchos años vinculado a estos menesteres, la elaboración de todos los planes directores han compartido prácticamente el mismo diagnóstico de situación y han tenido, lamentablemente, un resultado similar: mantener la cooperación como una política de segunda, discrecionalmente manejable, sin la dotación de un marco institucional, presupuestario e instrumental acorde a sus especificidades y a su valor como política de Estado.

Una vez más hemos debatido sobre los mismos asuntos. En ocasiones, he de reconocer, con la sensación de estar viviendo en un bucle, en el día de la marmota. De nuevo se han llevado a cabo debates en diferentes foros y en el seno de los Consejos Consultivos, retomando diferentes estudios y las conclusiones de las evaluaciones que periódicamente nos realiza el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Un año de intercambios en los que los máximos responsables de la cooperación en el MAEC se han involucrado directa y personalmente, lo cual es de reconocer y agradecer. Un proceso en el que ha existido consenso amplio en torno a aprovechar el momento que vive el país, para provocar una mejora en las condiciones en las que se ha ejecutado la cooperación en estos últimos cuatro años.

Cambio de tendencia, punto de inflexión, hoja de ruta para un nuevo ciclo, han sido los términos más repetidos. Para ello, las conclusiones para la construcción de un nuevo plan, expresadas de forma mucho más detallada en la valoración que realizó la Coordinadora de ONG para el Desarrollo junto a expertos y actores del Consejo de Cooperación, se pueden resumir en tres:

1) Adaptar nuestras prioridades a la nueva agenda global de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al marco a medio plazo de la Agenda 2030 para el conjunto del Estado.

2) Adaptar la institucionalidad –especialmente la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero no solo– a las necesidades de especialización, coherencia con otras políticas y estabilidad que requiere este tipo de trabajo.

3) Asegurar la participación en la elaboración del Plan de todos los actores que forman parte del sistema, como son las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades autónomas y entes locales, el resto de la Administración General del Estado, las universidades, las empresas, los sindicatos, generando así un Plan para el conjunto y no solo para el Gobierno.

4) Contar con un marco presupuestario que nos acercase al compromiso de llegar al 0,4% del PNB y nos volviese a colocar en el lugar relativo que nos corresponde, por nivel de desarrollo, en el concierto de los donantes de la OCDE.

Lamentablemente, tras este proceso, no hemos alcanzado los resultados que muchos y muchas esperábamos. Nos encontramos con un Plan que, si bien ha incorporado la lógica de los ODS, carece de lo demás y lo condena a ser un documento de referencia en un plano muy general, de escaso valor estratégico y menor capacidad de orientar al conjunto de la Cooperación Española. Y lo peor, en mi modesta opinión, no es que el texto del V Plan Director pueda ser mejorado. La principal enseñanza de este nuevo intento es que nos hemos instalado en la idea de que la cooperación al desarrollo no es una prioridad, ni siquiera a nivel instrumental dentro de la acción exterior del Estado. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se puede llegar a intentar, pero dónde se toman las decisiones políticas este tema no merece dedicarle ni tiempo ni recursos. En este contexto, el resultado dista mucho del cambio de tendencia, del punto de inflexión que estábamos esperando y demandando.

Con este Plan, por lo tanto, nos mantenemos en el cortoplacismo que nos ha caracterizado los últimos 15 años y perdemos una nueva oportunidad de contar con una política potente para actuar en el plano internacional, como, por otra parte, hace abiertamente Alemania, Canadá, Japón o Francia, por poner solo algunos ejemplos. Nos ponemos nuevamente a navegar sin rumbo. En convoy, sin ninguna duda, pero sin saber hacia dónde. Esperemos no desorientarnos aún más y aguantar hasta que, dentro de 4 años, nuevamente, retomemos los mismos diagnósticos e intentemos poner en marcha las mismas medidas que llevamos esperando 20 años.