Desde la pasada crisis inmobiliaria y financiera que padecieron millones de personas, la atención sobre las decisiones y políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de cada país miembro, vienen siendo objeto de un mayor interés por parte de la opinión pública muestra de una creciente concienciación sobre las implicaciones que sus políticas tienen sobre la vida diaria de la gente. Este seguimiento de la actuación de los reguladores bancarios debe ser objeto también de escrutinio y control por parte de los representantes elegidos por la soberanía popular, y ello como parte de su desempeño y labor de servidores en pro de la ciudadanía.

Bajo esa premisa de fiscalización, el pasado mes septiembre varios diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional para obligar al Banco de España (BdE) a dar cuenta de la información que dispone, banco a banco, sobre el dinero público que les transfirió en concepto de intereses por depositar sus reservas en dicha institución en los años 2022 y 2023, y que había sido previamente denegada por el BdE aduciendo que esos datos estaban sujetos al secreto profesional.

La importancia de esta demanda ante la Audiencia radica en la utilidad de esta información detallada para hacer un buen diseño de la política fiscal, por ejemplo, para adaptar el gravamen temporal a la banca que a final de este año habrá que convertir en permanente. La cantidad a la que no referimos no es poca, en torno a 8.000 millones de euros obtuvieron las entidades de crédito en 2023 por dejar su liquidez en la facilidad de depósito del BdE. Esto representó el 65% de los beneficios que obtienen estos bancos en España a la vez que una merma para el propio BdE.

Hay que recordar que el ingreso de 2.000 millones que el BdE suele hacer anualmente en el Tesoro, procedente de sus beneficios, se redujo a cero el pasado ejercicio, lo que se tradujo en un importante menoscabo en las posibilidades de financiar iniciativas públicas. Es mucho dinero que debería estar bajo un riguroso control puesto que son ganancias de la banca privada que proceden de una transferencia con origen en el sector público. Asimismo, esta información daría transparencia al mercado de valores y sería muy útil para los inversores, pues no es equivalente a la hora de invertir, un banco que obtiene el 65% de su beneficio de la facilidad de depósito, que otro en el que ese 65% del beneficio se consigue de prestar a hogares y empresas.

La demanda planteada contra el BdE se sustenta en pétreos argumentos jurídicos, en tanto el derecho a obtener información ha sido reconocido en el ámbito internacional como un Derecho Fundamental, inherente y esencial para la libertad de expresión; así se señala en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, en el ámbito nacional, el Tribunal Constitucional ha considerado reiteradamente que el derecho de los parlamentarios a obtener información es un derecho de configuración legal que se integra en el contenido del artículo 23 de la Constitución y, por lo tanto, constituye un derecho fundamental.

Tras la primera respuesta negativa a los diputados escudándose en el secreto profesional, el BdE solicita ahora a la Audiencia la desestimación de la demanda apoyándose en una carta remitida por el todopoderoso Banco Central Europeo, en la que éste argumenta en un tono tajante y veladamente displicente con la justicia española, que la política monetaria, para ser eficaz, tiene que ser opaca, es decir, tiene que hacerse en secreto, a pesar de financiarse con dinero público. El BCE estaría dando con su argumento a este dinero el status de “fondos reservados” a algo que es obvio que no lo tiene.

Esto a su vez entra en colisión con un principio básico de los mercados eficientes, la transparencia. La información perfecta y simétrica para todos los agentes que participan asegura la eficacia de los mercados. Pues bien, el BCE quiere que su política monetaria financiada con dinero público opere al margen de la teoría económica de los mercados eficientes. Según el BCE para que la política monetaria sea eficaz, los inversores privados, por ejemplo, tienen que operar con una información parcial, al igual que los agentes públicos encargados de diseñar la política fiscal. Obviamente esto es un sin sentido. El BCE no puede basar una política tan importante como la monetaria en el secreto y la difuminación de la información con la que operan los mercados. Esto no es ni sólido, ni coherente.

Es, además, una falacia sostener que proporcionar información, banco a banco, sobre la transferencia de dinero público que reciben de la facilidad de depósito la estigmatizaría. En primer lugar, porque se puede aproximar el volumen individual de esta transferencia a partir de la dimensión de cada banco, habiéndose publicado varias estimaciones en este sentido, sin que tengamos noticias de que esto haya disuadido a ninguna entidad de ubicar su liquidez en la facilidad de depósito.

En segundo lugar, porque ya hay bancos que publican esta información en sus memorias, así pues la teoría de la estigmatización no parece muy sólida. En este mismo sentido, hay países, como el Reino Unido, que han solicitado esta misma información directamente a los bancos desde su Parlamento. Obteniendo una respuesta positiva y sin que esto se haya traducido en una estigmatización de la facilidad de depósito del Banco de Inglaterra.

Y, en tercer lugar, porque incluso si fuese cierto que revelar lo obtenido por cada banco hiciese menos eficaz la política monetaria, esto solo significaría que este instrumento no es suficientemente eficaz y que el BCE debería recurrir a otro -o en combinación con otro-, por ejemplo, la regulación del volumen de crédito.

Pese a la contundencia con que el BdE y el BCE exponen sus argumentos para denegar la información, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha manifestado en un reciente escrito su posición favorable a estimar la demanda, y ello pese a conocer los escritos de nuestro banco central y el del BCE. Así, el Ministerio Fiscal critica que el acuerdo del BdE impugnado no motive suficientemente su negativa a entregar la información solicita y se limite a “ofrecer una justificación formal con invocación de afectar a la ‘política monetaria-facilidad de depósito’ y al ‘secreto profesional’”, haciendo referencia a normas de derecho europeo, cuando dicha normativo “no regula, prohíbe ni impide que la información bancaria que pudiera constituir secreto profesional pueda ser facilitada a los diputados de los parlamentos nacionales cuando fuere recabada en el ejercicio de sus funciones parlamentarias”.

Además, la fiscalía recuerda que “los derechos fundamentales garantizados en los dos apartados del art. 23 CE encarnan el derecho de participación política en el sistema democrático consagrado por el art. 1 CE y son la forma esencial de ejercicio de la soberanía por el conjunto de los ciudadanos”, por lo cual pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que anule la resolución del BdE porque supone una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos, en su vertiente funcional de acceso a la información de los poderes públicos.

Obviamente, compartimos la posición de la fiscalía y el fundamentado apoyo que ha dado a nuestra pretensión, que no es otra que la de velar por el interés público. Ahora ya solo queda esperar a la decisión que adopte la Audiencia Nacional, que entendemos debe ser plenamente acorde con los principios de transparencia y buen gobierno y sujeta a los intereses de la soberanía popular.

Los conocidos como Papeles de Bárcenas se publicaron en prensa el 31 de enero de 2013. Muchas personas no salíamos de nuestro asombro por el hecho de que la Fiscalía no adoptase ninguna medida ante estos manuscritos, que recogían un gran número de presuntas donaciones ilegales (por su cuantía y por ser realizadas por empresas constructoras que estaban contratando con la Administración) así como supuestos pagos en negro a los principales dirigentes del PP, entre los años 1990 y 2008.

Esa inacción de la Fiscalía fue la que nos empujó a Izquierda Unida, a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y a Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones, a redactar una querella criminal que se presentó el 28 de febrero de 2013, hace ahora cinco años. Rápidamente fue admitida a trámite, el 11 de marzo.

A partir de ese momento empezó una larga carrera de obstáculos, algunos de los cuales repasaremos en este artículo. Esta incompleta lista de zancadillas y trabas no hace sino reforzar la importancia y necesidad de la acusación popular en un Estado que se pueda llamar de Derecho, y más si, como aparentemente es el caso, buena parte de los mecanismos del propio Estado tratan de dificultar el esclarecimiento de la verdad.

La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Gómez Bermúdez. Tras unas maniobras como mínimo irregulares, el caso quedó en manos de otro juez, Pablo Ruz, suplente del Juzgado 5. Resulta claro que a priori un juez con su plaza en propiedad resulta más difícil de presionar que otro interino.

Desde el PP amenazaron con querellarse contra los colectivos firmantes de la querella por injurias y calumnias, pero nunca lo hicieron. Solo Álvarez Cascos se querelló contra uno de los abogados de nuestro equipo jurídico, Enrique Santiago, pero su demanda no prosperó. Como contrapartida, hubo una fuerte reacción de apoyo a esta acción popular que se materializó con una campaña, Queréllate tú, que recogió más de 30.000 adhesiones en pocas semanas.

En las primeras fases de la instrucción llegaron a estar imputadas hasta 36 personas, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país: Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr, etc. Pero esta instrucción se cerró de forma muy apresurada por el traslado a su destino definitivo del juez instructor. En abril de 2015 Pablo Ruz concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la “donación” se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE. Tras la marcha de Ruz solo quedaron media docena de imputados: los extesoreros y tres empleados de la empresa de arquitectura que había reformado, cobrando presuntamente en B, la sede del PP.

También resulta poco entendible que en enero de 2015 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara el fin de la prisión provisional de Luis Bárcenas. Paradójicamente, los magistrados señalaban que Bárcenas no había colaborado con la instrucción de la causa, habiendo mostrado “opacidad” en la “cadena de declaraciones vagas y confusas que ha prestado en el devenir procesal”. Y se sabe que acumuló hasta 48 millones de euros en sus cuentas suizas. “Hacemos lo que podemos” decía el famoso mensaje del presidente del Gobierno al extesorero.

Todo esto se producía tras un ímprobo trabajo de la acusación popular, que ha promovido o participado en más de 200 diligencias, como las declaraciones del propio extesorero, Luis Bárcenas, en verano de 2013, o las de la plana mayor del Gobierno (Arenas, Zaplana, Cospedal), unas diligencias de prueba cuyo resultado habría hecho dimitir a todo el Gobierno en cualquier país decente. La acusación popular también ha debido lidiar, por paradójico que suene, con una Fiscalía que más bien actuaba como la defensa de los imputados; con más que sospechosos relevos en la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, cuya jefatura ha cambiado nada menos que en tres ocasiones durante estos cinco años; o teniendo que neutralizar todo tipo de maniobras, en especial la de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados.

Por suerte, las conexiones de los Papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, cuyas revelaciones nos escandalizan día a día, han permitido reabrir el caso y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas.

Conviene recordar aquí que, siendo gravísimo e inaceptable, el principal problema para el interés público no estaba tanto en las comisiones del 3% o similar que se pudieran pagar de forma ilícita, sino en el 97% restante: esta dinámica de conseguir comisiones condicionó claramente el despilfarro en grandes obras de infraestructura de transporte, muchas veces inútiles o no ajustadas a las necesidades de la sociedad. Ahí están, sin necesidad de buscar ejemplos más lejanos, las 9 autopistas de peaje, todas ellas diseñadas y licitadas cuando Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y que ahora vamos a rescatar con fondos públicos asumiendo una factura milmillonaria. Otro ejemplo: la deuda del “grupo Fomento” –esto es, el ministerio y las empresas públicas como Adif o Aena– por haber construido por encima de nuestras posibilidades, es de alrededor de los 40.000 millones de euros, mientras que los recortes en educación y sanidad se cuantifican en 8.000 y 12.000 millones, respectivamente.

A partir del procedimiento principal de la Querella Bárcenas han ido desgajándose otros procesos judiciales. Uno de los más sonados ha sido el de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde se ha conseguido algo tan trascendente como la imputación del propio Partido Popular, y que tuvo que bregar con otro suceso más que peculiar: la desaparición de todo el expediente en un traslado entre juzgados. Otro caso que se ha desprendido de la causa principal es el de la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligado a un contrato de recogida de basuras que tuvo un sobrecoste de 11 millones de euros, en el que está implicada una filial de Sacyr.

¿Qué habría pasado con todo este escandaloso asunto de no estar la acusación popular, de no existir esta figura que aúna las voces de la ciudadanía de a pie, y que a través del trabajo durante estos cinco años de sus abogados y abogadas ha permitido que luchemos para que esta grave corrupción no quede impune? El PP ha intentado varias veces suprimir la acción popular o al menos limitarla. Por nuestra parte pelearemos para que eso no ocurra, y entre tanto seguiremos trabajando para que los corruptos que nos han estafado sean condenados. En ello estamos.