Tras cumplirse 10 años de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del  Embarazo, desde el Ministerio de Igualdad se está promoviendo una reflexión en torno a esta norma; una  aproximación que deberíamos hacer desde un espíritu crítico, pero nunca polarizado si nuestro propósito real es  mejorar su contenido y desarrollo. 

La llegada de esta ley dejó atrás la ley de supuestos del 85 que tutelaba la decisión de las mujeres y que implicaba  una gran inseguridad jurídica. La norma actual supuso para las españolas un reconocimiento de su libertad, ya que  por primera vez contamos con una legislación que permite a la mujer decidir hasta la semana 14, si quiere o no interrumpir su embarazo sin tutelas ni explicaciones. Nuestra norma actual combina además ese plazo de libre  voluntad con supuestos concretos; de tal forma que se podrá interrumpir la gestación por patología fetal o materna  hasta la semana 22 y más allá de esta semana por patología fetal incompatible con la vida o enfermedad  extremadamente grave e incurable. 

Como consecuencia de lo anterior, hoy más del 90% de las mujeres acceden a la IVE libremente y antes de la  semana 14. La seguridad jurídica que aporta la ley y los avances en la práctica sanitaria de aborto hacen que la IVE en España sea una práctica segura, con una tasa de morbimortalidad cercana a cero. Asimismo, la norma ha  incluido el aborto provocado en la cartera del Sistema Nacional de Salud, por lo que esta intervención no tiene  coste alguno para la mujer, gracias a un sistema de concertación entre los centros IVE y las administraciones  sanitarias autonómicas.  

Estas circunstancias han procurado que, durante la pandemia, la IVE se declarase prestación esencial y se pudiera  garantizar el acceso de las mujeres a los centros, así como, la elección de método, ya que la mujer tiene derecho  no solo a interrumpir su embarazo, sino a elegir la técnica más acorde a sus circunstancias médicas y personales. 

Pero la Ley también cuenta con escollos y retos aun por superar. Pese a que la gran mayoría de las casi cien mil  mujeres que abortan en nuestro país, accede a la IVE en su territorio o cerca de él, la accesibilidad a la prestación  para algunas mujeres implica realizar un desplazamiento indeseado fuera de su residencia, especialmente en  interrupciones por patología fetal de segundo trimestre.  

Ocho, más las ciudades de Ceuta y Melilla, de las 50 provincias españolas no realizan abortos en su territorio. Las  razones son diversas. Por una parte, nos encontramos con la objeción de conciencia ética, pero sobre todo con la  objeción profesional, ya que realizar abortos no suma en la trayectoria de los/as profesionales. De otro lado, chocamos con un déficit formativo del personal médico y sanitario de la Sanidad Pública en las técnicas IVE, ya  que, pese a que la ley exige dicha formación, a día de hoy el aborto provocado sigue sin ser materia curricular en  las carreras de Medicina o Enfermería. Asimismo, a veces, las administraciones sanitarias autonómicas establecen  conciertos ateniéndose a razones económicas y no a motivaciones médicas o logísticas.  

Para afrontar las situaciones descritas, algunas comunidades recurren a la realización de abortos directamente por  los centros públicos basándose únicamente en el método farmacológico, ya que dicha alternativa no exige una gran formación ni implicación del personal médico. Para nosotras esta “solución”, aliada de la objeción de conciencia, supone un retroceso en la calidad, ya que estamos privando a la mujer de una técnica: la instrumental, elegida por  más del 70% de las usuarias en España, mermando, además, su libertad de elección. Tal y como establece la OMS,  las dos técnicas de IVE, farmacológica e instrumental, deben convivir, son complementarias, y deben mantenerse por la seguridad, intimidad, igualdad y libertad de las mujeres.  

Las dificultades de acceso de algunas mujeres migrantes a la IVE, vinculadas a la pérdida del derecho a la salud durante el mandato de los Populares, también debe ser objeto de nuestra atención; si bien tenemos que señalar  que estos problemas de accesibilidad se presentan fundamentalmente en Madrid. 

Nuestra práctica diaria nos advierte de que algunas mujeres que se ven abocadas a interrumpir su gestación más  allá de la semana 22 están enfrentando dilaciones indebidas, diagnósticos tardíos y periplos médicos inadmisibles antes de que los comités clínicos públicos que han de corroborar la patología que sufre el feto, aborden sus  diagnósticos. Incluso constatamos que cuando lo hacen, los criterios con los que afrontan las patologías fetales varían entre las comunidades. Por ello, creemos que debe establecerse un protocolo jurídico y médico que unifique  criterios durante la actuación de los comités. Protocolos que deben incluir las consecuencias médicas de la  confirmación o el rechazo del diagnóstico.  

La reforma del Partido Popular en el año 2015 eliminó la única vía legal para que las menores de 16 y 17 años en  desamparo, unas 400 al año, pudieran acceder a un aborto seguro. Por nuestra experiencia, podemos afirmar que  la mayoría de esas menores vienen acompañadas de sus tutores, pero una de cada diez se encuentra en desamparo  familiar o vital y no puede contar con ese respaldo. Es necesario derogar esa reforma procurando un cambio  legislativo que venga incluso a superar la anterior normativa. La mayoría de edad sanitaria en nuestro país se fija en los 16 años, corrijamos por tanto esa anomalía y devolvamos a estas jóvenes la responsabilidad sobre su salud. 

Asimismo, creemos pertinente eliminar el periodo de tres días de reflexión que deben transcurrir desde que la  mujer recibe la información hasta que realiza la IVE, ya que pensamos que es la mujer la que debe manejar sus  tiempos durante el proceso.  

El acoso a mujeres y profesionales en los centros por parte de grupos contrarios al aborto es una realidad que ha  puesto de manifiesto un vacío en la ley: la falta de una normativa contra el hostigamiento anti elección. Creemos  imprescindible que tomando como modelo la legislación francesa, se tipifique como delictivas aquellas conductas  que obstaculicen o impidan el acceso de la mujer a la IVE. Asimismo, y en ausencia de la norma específica,  solicitamos el establecimiento de zonas de seguridad en los centros; de tal forma que quede garantizada la intimidad  de las mujeres, su integridad y su derecho a la libre circulación.  

No quisiéramos dejar de poner en valor un aspecto que la norma introdujo y que aún no se ha conseguido  implementar: el desarrollo de una estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que apostaba por incluir la educación  sexual como asignatura curricular, consolidar la gratuidad de la anticoncepción y el desarrollo de políticas enfocadas  a colectivos vulnerables. Medidas que disminuirían los embarazos no planificados y los abortos. La llave de una ley capaz de abrir la puerta a una sexualidad segura y responsable.

Hay que asegurar a las mujeres la apertura de los centros IVE, porque el aborto es una prestación esencial, que no puede posponerse y debe ser atendida con prontitud

Para los/as profesionales de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, la pandemia y la consecuente declaración del estado de alarma han supuesto un desafío muy importante; ante nosotros/as se abría el reto de asegurar la prestación sanitaria de aborto provocado con los mismos parámetros de seguridad, médica y jurídica, confidencialidad y libertad para la mujer. Y decimos asegurar y preservar porque en ningún momento nos planteamos la posibilidad de cerrar nuestros centros, al menos, no por nuestra voluntad. 

Tal y como declara la Organización Mundial de la Salud, y tal y como pensamos nosotros/as, la prestación de IVE es una prestación esencial y sabíamos, sabemos, que en coherencia con este planteamiento las clínicas acreditadas debían permanecer abiertas para atender a las mujeres que solicitaran una intervención de aborto provocado. En este sentido, tanto desde la derivación pública como desde los centros acreditados se ha luchado por garantizar el recurso, y ello pese al cierre o la concentración de algunos centros públicos, las bajas del personal médico, sanitario y administrativo y la falta o escasez de equipos de protección y medicamentos esenciales que hemos ido consiguiendo y asegurando con muchas dificultades. 

Había, hay, que asegurar a las mujeres la apertura de los centros IVE, porque el aborto es una prestación esencial, de urgencia, que no puede posponerse, que debe ser atendida con prontitud y por todo ello, teníamos, tenemos, que seguir estando al otro lado, asegurar a las mujeres que su derecho, reconocido en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, va a ser facilitado. Porque además, no debemos olvidar que el aborto provocado es una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud, financiada por este, garantizada por nuestra Sanidad Pública mediante un sistema de concertación.

Todo el personal médico, sanitario y administrativo que está trabajando en los centros IVE asociados en ACAI, lo está haciendo con máxima precaución, en conformidad con las pautas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. Entre otras medidas, se utilizan equipos de protección individual, se están espaciando las citas para reducir la presencia simultánea en los mismos espacios y se reduce la presencia de acompañantes. Al mismo tiempo, y para facilitar la movilidad de las mujeres y el personal médico y sanitario, se han elaborado documentos válidos jurídicamente que justifican sus desplazamientos. 

Con el objetivo de facilitar el acceso, reducir el número de desplazamientos y disminuir los riesgos, se solicitó al Ministerio de Sanidad que, durante el Estado de Alarma, la informativa presencial de la mujer previa a la IVE pudiera hacerse por medios telemáticos. Dicha opción finalmente se dejó en manos de las Comunidades Autónomas, siendo tan solo Cataluña y Galicia, las comunidades que decidieron habilitar esa posibilidad. 

En relación al número de abortos provocados realizados desde la declaración del estado de alarma, podemos decir que en general se está manteniendo más o menos estable, con ligeras variaciones territoriales. Durante la primera quincena, en Madrid, la comunidad más afectada por la pandemia, la afluencia de mujeres disminuyó en torno a un 20% aproximadamente, sin embargo, a día de hoy el número de IVE parece estar recuperándose en este territorio. 

Como eslabón básico del proceso, hemos compartido, compartimos con las mujeres sus miedos e inquietudes, hemos atendido a mujeres que han retrasado su intervención ante la expansión de la pandemia, la angustia de esas mujeres que no quieren que la intervención sea conocida por el entorno con el que convive, su desconocimiento de la apertura de los centros o la ralentización en la derivación pública por falta de personal, afectado por la pandemia, el cierre de centros o las limitaciones propiciadas por el estado de alarma. 

Hemos acompañado, seguimos acompañando, todas esas dificultades y temores y es intención de los centros de IVE y de sus profesionales continuar facilitando a las mujeres esta prestación sanitaria. Porque los derechos sexuales y reproductivos no pueden dar un paso atrás en nuestro país, porque la seguridad jurídica y médica de las mujeres debe ser preservada y porque su libertad de elección debe ser siempre considerada; tanto en relación a si interrumpe o no su gestación, como en relación al método que ella elige de acuerdo a sus circunstancias médicas y personales. 

Una de cada diez menores de 16 y 17 años no puede comunicarles a sus padres su embarazo no deseado, ni su decisión de abortar. Una de diez podría parecernos, y lo es, una cifra relativamente baja, pero ese hecho no debería llevarnos a pensar que es irrelevante; ya que esas mujeres jóvenes atraviesan situaciones difíciles, muy complejas, tal vez ajenas al imaginario colectivo y quizás por eso, no consideradas por la mayoría; pero esas coyunturas son reales, dolorosas y deberían sacudirnos como sociedad y hacernos volver nuestra mirada hacia ellas.

Decimos que entre un 12% y un 13% de las menores de 16 y 17 años que acceden a la IVE, un 0,44% del total de mujeres que abortan en nuestro país, no pueden comunicar a sus tutores legales la decisión de interrumpir una gestación, unas 400 jóvenes; por el contrario, la mayor parte de las chicas de 16 y 17 años (entre un 80% y un 90%, según la comunidad autónoma) pueden confiar en sus padres o tutores legales, más de un 87% en total.

Expuesta la realidad, cabe preguntarnos ¿qué circunstancias son las que hacen imposible que un grupo de menores no pueda compartir su situación con quienes están llamados a protegerlas, a acompañarlas?

Desde nuestra experiencia diaria, podemos afirmar que se trata de jóvenes mujeres que atraviesan alguna de estas situaciones: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedades paternas/maternas invalidantes o con patologías psíquicas o psiquiátricas incapacitantes, tutores que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor en sus circunstancias… y una situación muy frecuente y que no es otra que la que deriva de la posición abiertamente contraria al aborto de los progenitores de la menor.

Por otra parte, en el caso de las menores tuteladas por la Administración, la actitud de las personas responsables suele ser en general colaboradora. Es decir, las autoridades no suelen ralentizar los trámites administrativos necesarios para realizar la intervención. De manera genérica, el certificado de conocimiento por parte del consejero/a, juez/a de menores o persona encargada de la tutela suelen expedirse con prontitud. Sin embargo, en algunas ocasiones, se han dilatado los procesos, obstaculizando el acceso de la menor tutelada a la IVE y propiciando la ocultación del embarazo por parte de estas jóvenes.

La reforma que en el año 2015 llevó a cabo el Partido Popular sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del embarazo, establece la obligación para las menores de 16 y 17 años, sin excepción, de comunicar a sus padres la gestación y su deseo de abortar. Este cambio legislativo supuso un duro golpe para los/as profesionales de los centros de IVE que atendemos a estas jóvenes ya que, a partir de dicho cambio normativo, desconocemos, aunque podemos presuponer, que está ocurriendo con estas menores.

Desde ACAI valoramos distintas posibilidades, creemos que un grupo de ellas al no contar con el apoyo necesario deciden continuar con su embarazo, otras recurrirán a un aborto clandestino, poniendo en riesgo su salud, y en otros casos la situación puede llevarlas a tomar decisiones trágicas como la de los menores de Besòs, en L'Hospitalet de Llobregat. Y es que cuando restringimos la autonomía y limitamos la capacidad de decisión de estas jóvenes, las estamos abocando a situaciones desesperadas, a un aborto inseguro o a un embarazo y un parto no deseados, con los consiguientes riesgos para su salud.

Mantener el requisito previo del consentimiento parental no protege a la menor, ya que se ha mostrado inviable en las menores en riesgo. La menor que atraviesa una situación como las descritas no acudirá a su tutor/a, lo evitará, tampoco acudirá al juzgado; si está sola, buscará, está buscando, la salida de la clandestinidad en la mayor parte de los casos.

Desde ACAI pedimos que se reforme de nuevo la ley y se abra la puerta para que estas mujeres de 16 y 17 años encuentren una salida jurídica a su situación, es decir, puedan decidir por sí mismas. Pedimos que en vez de dedicar esfuerzos improductivos a obstaculizar la interrupción del embarazo de estas jóvenes, se luche contra el aborto clandestino al que se ven abocadas, porque son menores que además de afrontar un embarazo no deseado, se ven inmersas en una compleja situación social, familiar y personal.

Por otra parte, resulta imprescindible potenciar la parte de la Ley de SSR e IVE del 2010 relativa a la educación sexual y las políticas en materia de salud sexual y reproductiva tan necesarias en nuestro país. Porque es obvio que los únicos caminos para reducir el embarazo no deseado son la prevención, la educación sexual y el acceso a la anticoncepción, de manera muy especial entre las/os jóvenes.

Tenemos que considerar que cuanto más precarias son las condiciones sociales y económicas de las mujeres jóvenes, menos atención prestan a la anticoncepción y más posibilidades tienen de quedarse embarazadas; por lo que desde ACAI pedimos estrategias de atención específicas sobre este colectivo de mujeres en riesgo social y económico, entre otras razones porque de quedarse embarazadas y continuar adelante con su embarazo profundizarán su frágil situación socioeconómica y de manera casi inevitable estarán en desventaja vital.

Por otra parte, desde un punto de vista jurídico, para los/as profesionales de ACAI resulta difícilmente sostenible que se reconozca capacidad suficiente a nivel general para que una mujer de 16 años pueda decidir libremente sobre aspectos decisivos de su vida, de su salud, su patrimonio, su educación, su estado civil y, sin embargo, se restrinja su libertad en relación al aborto provocado. Dicho de otra forma, resulta difícil de comprender que se reconozca la posibilidad de que las menores de 16 años no necesiten complementar su capacidad para casi ningún aspecto de su vida, se reconozca la posibilidad de gestionar su persona y sus asuntos y, sin embargo, se les impida tomar libremente decisiones sobre la interrupción voluntaria de un embarazo.

Cuando se cumplen ocho años desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), distintas voces del ámbito político y el feminismo reivindican que la prestación sanitaria de aborto provocado sea realizada directamente desde los centros públicos de salud.

Como no podía ser de otro modo, los y las profesionales que realizan mayoritariamente las interrupciones del embarazo en los centros concertados y acreditados para la IVE en España, no pueden sino respetar esta legítima reivindicación. Si bien piden a las/os portavoces de estas asociaciones y partidos políticos que en la consecución de sus legítimos objetivos no se desvirtúe, la mayor parte de las veces por omisión, la realidad del aborto.

Al amparo de la actual normativa, la prestación sanitaria de aborto provocado en España es un recurso seguro, accesible y sin coste alguno para la mujer. Hoy la IVE se realiza a través de un sistema de concertación entre los centros acreditados y las administraciones sanitarias autonómicas. Circunstancia que ha facilitado que el aborto provocado deje de ser una intervención privada para consolidarse como una prestación financiada públicamente y reconocida por el Sistema Nacional de Salud. Un sistema que garantiza la accesibilidad para aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas (más del 90% del total) y que permite hablar de una tasa de morbimortalidad prácticamente nula.

Dicho lo anterior, también debemos señalar que a partir de las catorce semanas de gestación se registran algunas dificultades de acceso al no existir centros especializados en todas las autonomías, en gran medida porque los requisitos técnicos, sanitarios y humanos que se exigen a los centros de IVE son inasumibles y desproporcionados para una intervención de aborto en el segundo trimestre. Estos casos, si bien minoritarios, son especialmente importantes porque algunas de las mujeres afectadas, en la mayor parte de los casos por patologías fetales, se han visto obligadas a salir fuera de su comunidad, tras ser desatendidas, e incluso juzgadas y cuestionadas en sus decisiones, por el sistema público de salud. No cabe duda alguna que debemos denunciar estas situaciones que han ocurrido en comunidades como Galicia o Murcia; pero no podemos generalizar la parte por el todo por muy injusta que sea la experiencia.

Por otra parte, y con el afán de trasladar la práctica de la IVE a los centros públicos, distintas administraciones sanitarias (como la catalana) están generalizando la técnica farmacológica en detrimento de la instrumental. El método farmacológico, un método seguro si cuenta con supervisión médica, es un instrumento útil para “minar” la objeción profesional (que no de conciencia) del personal médico y sanitario; ya que podría suponer una implicación mínima de los/as profesionales en el proceso de aborto, dado que es la mujer la que con esta técnica “prácticamente realiza por sí sola su interrupción”.

Sin embargo, desde ACAI queremos advertir que de generalizarse esta tendencia impulsada por la industria farmacéutica, se perdería una técnica segura, la instrumental, elegida hoy por el 80% de las usuarias. Al tiempo, se estaría desoyendo una de las principales recomendaciones de la OMS y otros organismos internacionales, quienes advierten de la necesidad de que los/as profesionales que realicen abortos se formen en todas las técnicas de IVE para garantizar la libertad de elección, atender las diferentes situaciones médicas y personales de las mujeres, así como, las posibles complicaciones del método farmacológico, incluido su fracaso (situado entre el 2% y el 8%). En definitiva, es imprescindible que el personal médico y sanitario se forme en todas las técnicas y no solo en aquella cuya “prescripción” no les genera problemas profesionales que no morales.

Por otra parte, para ACAI, imponer, limitar o generalizar uno de los dos métodos de IVE sobre el otro, es mermar el empoderamiento de la mujer, ya que es ella la que debe decidir no solo si interrumpe o no su embarazo, sino el método con el que desea hacerlo de acuerdo a su situación médica y personal.

Para que el aborto provocado sea realizado directamente por la Sanidad Pública es imprescindible que haya voluntad política para que así sea y que se destinen partidas presupuestarias a este fin. Recursos para crear unidades multidisciplinares especializadas en aborto provocado, integradas por profesionales motivados/as que no solo no sean contrarios/as a la intervención, sino que estén dispuesto/as a preservar la intimidad y el acompañamiento que hoy son garantizados a la mujer; y sobre todo un personal médico dispuesto a ser formado en todas las técnicas de IVE no solo para garantizar la seguridad de la mujer sino y sobre todo, su libertad de elección.