En pocos espacios como en el diseño de nuestras ciudades se han naturalizado de forma más intensa los dogmas del patriarcado y el machismo. Las ciudades –desde las más puramente rurales a las grandes megalópolis- como resultado de la evolución histórica de nuestra sociedad se han construido a imagen y semejanza de las necesidades del hombre, al tiempo que han servido para relegar a las mujeres a ocupar esos espacios más subalternos tan convenientes para asegurar el statu quo masculino.

Esta afirmación se ha visto confirmada recientemente en la Comunidad ante el tsunami que ha causado en los círculos urbanísticos la valiente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se atrevió, nada más y nada menos que a declarar la nulidad del PGOU de Boadilla del Monte porque no incluía entre su documentación el informe de impacto de género tal y como exigen las más modernas leyes de igualdad.

La sentencia, cuya ponente fue además una mujer, desgrana de manera magistral la evolución de la normativa -sobre todo internacional- que llevó a la Sala de Madrid a declarar la nulidad del citado plan. Las reacciones de todos los sectores ante dicha sentencia han sido diversas.

Por una parte, están quienes consideran estos informes de impacto de género como un simple medio para parar planes urbanísticos sobredimensionados. Por otra, aquellos que plantean dar un paso más allá e intentar sortear estas “insolentes” declaraciones jurisdiccionales permitiendo por ejemplo que los planes generales declarados nulos puedan subsanarse añadiendo el papelito en cuestión. Para facilitar esta solución los Grupos del Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid presentaron una idéntica enmienda al Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo ahora en tramitación porque como decía uno de los ponentes de estos grupos: “¡Oye, es que mira lo que ha pasado con el PGOU de Boadilla!”. Parece que lo de menos son las decenas de sentencias que conforme a una pacífica jurisprudencia confirman que los planes generales por su naturaleza normativa no pueden subsanarse como si se tratara de meros actos administrativos.

Y es que la asunción de los valores patriarcales en la configuración de la ciudad provoca la invisibilización de los muchos problemas que los informes de impacto de género deberían resolver.

Pasan desapercibidas las inercias de las ciudades para generar desigualdades de todo tipo. Las de género, en primer lugar, pero también las económicas, las raciales, las intergeneracionales.

Esa misma estructura jerárquica y patriarcal tiene como importante derivada su infinita capacidad destructora del territorio y de los espacios urbanos, engullendo cada vez más suelos

–mejor si tienen valores culturales o ambientales pues el mercado los paga a mejor precio-, y haciendo desaparecer la vida de sus calles cuyas calzadas fueron entregadas al tráfico hace ya décadas. Las aceras ahora también se privatizan hasta llenarlas de terrazas y todo tipo de servicios que han expulsado a la ciudadanía.

El 2 de noviembre del año pasado defendí en el Pleno de la Asamblea de Madrid la enmienda a la totalidad del grupo Podemos contra el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, allí traté de explicar que muy al contrario de lo que plantea el texto del Gobierno, que es esta Ley debiera establecer las condiciones para que las ciudades se conviertan en espacios para la convivencia,

inclusión y equidad. Expliqué también que no pueden pasarnos desapercibidos los procesos de expulsión de todo tipo que se están produciendo ahora en las ciudades. Hechos como la desaparición de nuestras niñas y niños de las calles, en muchos casos porque dedican las horas en las que antes se jugaba en estos espacios a esperar a que sus madres vayan a recogerlos a colegios alejados de los centros urbanos a los que solo se puede acudir en vehículo privado.

Recluidos en patios escolares que normalmente reproducen los esquemas patriarcales de un espacio dedicado en su mayor parte a que los niños jueguen al fútbol, con un espacio residual para los juegos de las niñas…Expulsiones de las niñas y niños, pero también de personas ancianas, racializadas, discapacitadas, paradas, desplazadas…. que de forma paralela a su expulsión de la sociedad -tal y como nos viene contando de forma magistral Saskia Sassen-, se van invisibilizando también en nuestras ciudades.

Frente a ello, solo encontramos la incomprensión del Partido Popular y Ciudadanos de los retos que debería afrontar una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid. Semana tras semana, y haciéndose valer de la exigua mayoría de la mitad más uno que detentan ambos Grupos, rechazan la casi totalidad de las enmiendas presentadas por Podemos para intentar revertir estos procesos. Así, de forma silenciosa, oculta tras una oscura ponencia, va tomando forma a paso rápido una nueva ley que empeorará notablemente la actual situación del urbanismo madrileño e incidirá con especial saña en todos aquellos aspectos que desde los años setenta se reivindican desde el urbanismo feminista: retroceso en participación ciudadana a la que encapsula en meros trámites de alegaciones sin ninguna virtualidad para que las ciudades sean diseñadas desde la experiencia de sus usuarios; retroceso también en transparencia al no asumirse por el texto del proyecto ni siquiera los mínimos establecidos en la Ley Estatal de Transparencia; se plantea una disminución drástica de las dotaciones que tienen que ceder a la administración los promotores. Es decir, menos espacio para colegios, hospitales, calles, zonas verdes… La reducción de cesiones para vivienda protegida y la desaparición de las bolsas de suelo para viviendas sociales convertirá en una quimera la posibilidad de acceder a una vivienda para las muchas familias empobrecidas. Faltarán servicios de todo tipo en los pequeños municipios rurales. La introducción de una cantidad tal de usos urbanos en suelos con valores ambientales desbaratará toda posibilidad de establecer en un futuro políticas coherentes de lucha contra el cambio climático. El abandono de la consideración del urbanismo como una función pública y su correlativa entrega al sector privado. En definitiva, una región cada vez más alejada de la posibilidad de implantar un urbanismo inclusivo que no solo pueda revertir la brecha de género anclada en el adn de nuestras ciudades, sino que también verá cómo se profundizan los procesos de expulsión de aquellos sectores más vulnerables de la ciudadanía.