Los datos sobre la riqueza que la migración y las personas migrantes aportan a España son bien conocidos: hasta el 25% del crecimiento se vincula a la migración, el 71% de las personas jóvenes migrantes que llegaron solas a nuestro país están dadas de alta en la seguridad social. Pero esto no basta para desactivar el discurso de la extrema derecha y del Partido Popular, que actúa como su rehén, su cómplice y su altavoz, y que ha decidido estigmatizar a una parte de la población que vive en nuestro país en vez de señalar a quienes verdaderamente saquean y explotan nuestro territorio: los fondos buitres y las grandes fortunas que acumulan beneficios mientras precarizan la vida de la mayoría.

El dato no siempre mata el relato.

Pero la irresponsabilidad y la falta de altura institucional que el PP está demostrando en su carrera por competir con Vox en racismo merece, de todos modos, ser contada.

Después de las elecciones de julio de 2023, donde la mayoría social había dicho que no a Feijóo, aunque él quisiera ser presidente, la extrema derecha española, copiando un programa elaborado ya en otras partes de Europa, decidió utilizar el discurso del odio hacia la migración como resorte para dividir a la sociedad española. Con una particularidad de los patriotas de pulserita: señalar a las niñas y niños que llegan solos a nuestro país.

En ningún otro lugar de Europa la violencia racista se ejerce de forma tan explícita contra la infancia. No hay lugar en Europa donde el acrónimo administrativo que ha servido para describir (y ocultar) estas infancias se haya utilizado como insulto. Como herramienta de estigmatización, de criminalización y deshumanización

Sin embargo, a pesar de la estrategia de odio, de los recursos instrumentales ante la justicia y de los berrinches de los ultras encabezados por la señora que preside la Comunidad de Madrid, la ley se ha cumplido: ha habido traslados y ha habido acogida. La reforma del Artículo 35 ha sido una victoria de la decencia política en un contexto mundial en el que abundan ejemplos de gobiernos autoritarios y racistas.

Pero, además, ha sido un éxito en términos humanos. Hay imágenes que condensan mejor que cualquier discurso lo que significa la política cuando está al servicio de la gente: educadores de la comunidad de origen y de la comunidad de destino acompañando, sonriendo, sosteniendo el tránsito de un chico o una chica que vuelve a cambiar de ciudad para ganar seguridad, estabilidad y una oportunidad de futuro. En el centro de esa imagen está el país que queremos ser.

Cuando pienso en la acogida y en las historias de las personas migrantes me vienen a la mente estos momentos. También me vienen a la mente las travesías en el mar, las preguntas sobre el futuro que se hacen unos chicos a menudo hacinados en estructuras no dignas por la desidia de quienes han preferido usar su sufrimiento como arma electoral.

Sé que ni Feijóo, ni Abascal ni muchos de sus compañeros de partido han visitado nunca los centros de acogida para interesarse por estas historias. Lo sé, porque cuando invitamos a las y los consejeros del PP a visitar con nosotras los centros donde habitan los niños y niñas en Canarias, no se presentó nadie. Y lo sé, porque los ultras solo se convocan en las puertas de los centros de acogida para vomitar su odio contra ellos.

Nadie, en las 28 reuniones de coordinación que hemos tenido con las comunidades y ciudades autónomas ha puesto sobre la mesa ni un solo criterio para la acogida de los menores migrantes. Nadie.

El PP gobierna en 14 comunidades y ciudades autónomas. Gobierna en todos los territorios a los que llegan estos niños y niñas, y en muchos de los de destino. Debería tener todo el interés en encontrar una solución para el país, una solución que pudiera acreditar su capacidad de gestión como partido de Estado. Y, sin embargo, ni una sola vez una persona levantó la mano en una reunión para proponer un criterio. No lo hicieron ni siquiera fuera de las reuniones.

¿Por qué?

Porque al PP no le interesa.

No le interesa si las personas que viven en Canarias, Ceuta y Melilla tienen unos servicios públicos tensionados. No le interesa que los niños y adolescentes vivan en condiciones indignas.

No le interesa resolver. Le interesa rentabilizar electoralmente el sufrimiento ajeno en una competición delirante con Vox.

A pesar de todo esto, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una propuesta y una solución con la reforma del Artículo 35.

Y, sorpresa: el sistema de acogida no se ha roto. Como no se rompe la economía cuando se mejoran las condiciones de los trabajadores. Como no se fractura una sociedad cuando se amplían derechos. Como no se hundiría un país si tuviéramos una fiscalidad más justa que hiciera que los súper ricos pagaran más en lugar de hacerle regalos fiscales como hace el Partido Popular allí donde gobierna.

El resultado demuestra que a pesar de los bloqueos, esta reforma ha funcionado y señala el camino de cómo debemos seguir mejorando el sistema de acogida de menores en nuestro país.

El PP tenía la oportunidad de haberse sentado en la Conferencia Sectorial de Infancia para hablar, proponer o discrepar sobre este tema y otros de enorme importancia, como la evaluación de la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia. Sin embargo, una vez más, han preferido subordinar los derechos de los niños y niñas a su agenda de partido. A las exigencias de Vox para repartirse los gobiernos autonómicos o a las instrucciones de los gurús de la teoría ultra.

Porque para ellos nunca se trató de la infancia. Ni de Canarias. Ni de la convivencia.

Se trata del poder.

Y en la derecha el poder siempre ha sido un fin en sí mismo. El dispositivo necesario que garantiza los privilegios, el interés económico y el gobierno de su clase social: los ricos.

Y por eso necesitan un chivo expiatorio que nos convenza de que una trabajadora en España se parece más a un señor del IBEX 35 que a una niña migrante que llega sola a nuestro país.

Durante demasiado tiempo, la violencia contra las infancias ha habitado el silencio. No el silencio de la ignorancia, sino ese otro más peligroso: el que aparece cuando lo inaceptable se vuelve costumbre. Hemos tratado esta violencia como un asunto privado, algo que ocurre “puertas adentro”, como si no dijera nada sobre la sociedad que la permite.

El estudio sobre Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España rompe esa ficción. Casi la mitad de las personas encuestadas sufrió violencia psicológica durante su infancia; cuatro de cada diez, física; y tres de cada diez, sexual. Son cifras, sí, pero detrás de cada número hay una vida: una niña a la que se le enseñó que el amor duele, un niño que aprendió a pedir perdón antes de entender por qué, una adolescente que calló para ser aceptada.

No hablamos solo de datos. Hablamos de un patrón cultural que atraviesa generaciones, de una estructura que respira a través de nosotros. La violencia no es un accidente ni una suma de errores individuales: es el reflejo del patriarcado que naturaliza el castigo, la vergüenza y el control como formas de educar y de amar. Pero cuando el cuidado se confunde con el control, la “disciplina” termina escondiendo la humillación y el silencio se vuelve una forma de defensa.

Este estudio revela que las niñas, las adolescentes, las personas LGTBQIA+, quienes viven con discapacidad o tienen nacionalidad extranjera son quienes sufren las tasas más altas de violencia. No es casualidad: es el resultado de una jerarquía que sigue decidiendo qué vidas merecen protección y cuáles no. Por eso, la respuesta no puede ser técnica ni moral: tiene que ser política.

Transformar esta realidad no consiste en imponer una nueva moral, sino en cambiar el aire que respiramos: la manera en que ejercemos la autoridad, cómo nos relacionamos, el valor que damos a la palabra del otro. Significa entender que cuidar no es mandar, que proteger no es poseer, y que la infancia no es propiedad de nadie. Significa reconocer a los niños y niñas como sujetos políticos, no como prolongaciones de los adultos.

Si casi la mitad de la población arrastra una historia de violencia infantil, no hablamos de estadísticas: hablamos de una herida colectiva que se hereda de generación en generación. Por eso la reparación no puede limitarse a la sanción, sino que debe transformar el modo en que entendemos el poder, la educación y el cuidado.

La ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) nace de esa convicción. Reforzamos el interés superior de la infancia y su derecho a ser escuchada. Fortalecemos los mecanismos de detección temprana, la coordinación entre instituciones y el acompañamiento integral a las víctimas y sus familias. Pero también sabemos que las leyes no bastan si no hay cuerpos que las sostengan: escuelas con recursos, servicios sociales con medios, profesionales estables y redes que acompañen sin juzgar.

Una norma, por sí sola, no transforma la realidad, pero puede abrir un camino. Puede ayudarnos a construir una sociedad donde cuidar no sea un gesto individual, sino una responsabilidad compartida. Donde la palabra de una niña o un niño pueda cambiar una decisión. Donde educar signifique acompañar, no domesticar.

Los resultados de este estudio no deberían producir solo alarma o indignación. Deberían movernos a actuar con claridad, coherencia y determinación. Reparar esta herida colectiva no es un acto de compasión: es una obligación política.

Y es una tarea que el Ministerio de Juventud e Infancia asume junto a la sociedad civil que sostuvo la voz de las infancias cuando las instituciones callaban. Su persistencia y su presencia han sido decisivas para llegar hasta aquí.

A menudo, cuando hablamos de infancia, lo hacemos proyectándola hacia el futuro, como si solo nos correspondiera prometerles un mañana mejor. Pero este informe nos recuerda algo esencial: las niñas y los niños no puede esperar. Su tiempo es ahora, y nuestro deber político es garantizar su presente.

Ese es, precisamente, el horizonte que marca la ampliación de la LOPIVI: pasar de una cultura del silencio a una cultura de la responsabilidad, donde cuidar sea una tarea colectiva y el bienestar de cada niña y cada niño se mida en presente, no en promesas.

Para que la infancia no vuelva a ser el primer lugar donde se aprende el miedo, sino el primer lugar donde se aprende la dignidad.

A menudo, cuando se habla de la juventud, se hace en términos de alarma. Que si lo quieren todo fácil, que si flojitos, que si generación de cristal. Como si se tratase de una generación sin rumbo, sin compromiso y sin memoria. Pero, ¿y si el problema no es la juventud, sino cómo la miramos?

En pleno 2025, seguimos atrapados en estereotipos desfasados que no resisten el más mínimo contraste con datos. Sobre las generaciones jóvenes, lo primero que deberíamos afirmar es que, como el resto de generaciones, no constituyen un bloque homogéneo: existe una gran diversidad de perfiles entre las juventudes de nuestro país. Ahora bien, esa diversidad no impide reconocer que sí hay una brecha clara –y persistente– marcada por la clase social y el género, que condiciona de forma significativa las oportunidades, los discursos y las vivencias de estas nuevas generaciones.

En cualquier caso, vamos a aproximarnos a los tópicos en cuanto a política: se dice que son revolucionarios sin causa, o que son apáticos sin remedio, o directamente extremistas. Sin embargo, los datos los ubican en términos globales en una ideología moderada, con una creciente brecha de género, y nos hablan de su compromiso con los grandes desafíos del presente: cambio climático, salud mental, igualdad, vivienda, empleo.

La llamada agenda joven no es una colección de caprichos generacionales, sino un termómetro social de los grandes temas pendientes de nuestro país, los debates de una época. Esa imagen incómoda que nos arroja no es más que el reflejo de las deudas sociales que tenemos con estas generaciones.

¿Y qué decir de la educación? Se dice que no se esfuerzan, que buscan atajos. Pero la mayoría aspira a estudios superiores, valora su etapa escolar con notable y compagina formación con trabajo.

Nada de generación nini, en todo caso son sisi. Sí estudian y sí trabajan. Si algo define a esta generación, es la capacidad de resistir en medio de un sistema que les exige más, pero les ofrece menos y tiene un alto coste: la imposibilidad de construir proyectos vitales autónomos.

Lo mismo ocurre en el empleo. Se les acusa de no comprometerse, cuando lo que hay es una precariedad que no eligieron. Aun así, gracias a cambios legislativos y reformas como la del 2022, los datos muestran una mejora real en la calidad del empleo juvenil. El gran cambio generacional que aportan es una nueva forma de relacionarnos con el trabajo y su rechazo a asumir la precariedad como un estado natural de las cosas, a la vez que introducen debates como la importancia de la salud mental con mucha valentía, rompiendo estigmas y tabús.

Pero quizás el mayor malentendido está en cómo interpretamos su relación con la política. Se dice que están desencantados, y es cierto que otorgan a las instituciones tradicionales –partidos, Congreso, monarquía– notas inferiores al aprobado.

¿Significa eso que han perdido la fe en la democracia? Todo lo contrario: lo que expresan no es indiferencia, sino una visión crítica y madura. No cuestionan la democracia como idea, sino determinadas estructuras y, de forma especial, cuestionan que sus demandas no estén presentes en las agendas políticas. En definitiva, que las instituciones no miren a sus necesidades.

Hay amplios sectores de la juventud que no quieren menos democracia, quieren más y mejor. Una democracia que no se limite al voto cada cuatro años, sino que escuche, incorpore y transforme. Una democracia con participación.

Y para eso hace falta abrir espacios, no cerrarlos. Una de las formas más coherentes de hacerlo sería permitir que las personas jóvenes puedan votar desde los 16 años. No es una ocurrencia. Ya sucede en otros países, tanto europeos como en otros lugares del mundo, donde se reconoce que, si a esa edad puedes trabajar, tributar o incluso ser juzgado penalmente, también deberías tener voz en las urnas. Más de 50 académicos e investigadores de nuestro país acaban de lanzar un manifiesto con el que apoyan la propuesta, con argumentos que se basan en principios constitucionales, demográficos y de justicia intergeneracional. Agradezco enormemente a sus impulsores el trabajo.

Si los jóvenes están preocupados por temas que afectan directamente a su presente y su futuro –educación, salud mental, empleo, vivienda, clima–, ¿por qué negarles el derecho a incidir políticamente sobre ellos? Ampliar el derecho al voto no es solo una reforma técnica: es un gesto de confianza democrática, un reconocimiento de ciudadanía plena, y supondría la incorporación de casi un millón de nuevos votantes.

La juventud no necesita que la salvemos, necesita que dejemos de ignorarla. Escucharla con empatía y respeto, sin prejuicios, es el primer paso para construir una sociedad más justa, más coherente, más humana. Socialmente debemos hacernos cargo de la injusticia intergeneracional, ampliando el estado social y poniendo en marcha reformas que permitan que las personas jóvenes puedan emanciparse y construir su proyecto de vida, pero también que puedan elegir a quiénes decidirán en las instituciones nuestro presente y futuro. Una sociedad donde la edad no sea una etiqueta, sino una etapa que se transita con dignidad.

Y sobre todo, una democracia que no solo hable sobre la juventud, sino que hable con ella.

“La juventud siempre empuja / la juventud siempre vence, / y la salvación de España / de su juventud depende” (Miguel Hernández).

Los precios de la energía se disparan y con ellos se dispara la inflación. Todo sube y los salarios no alcanzan. La energía, que lo mueve todo, se hace presente en el ritmo de producción de la industria, en los intercambios comerciales, en las facturas eléctricas. Los precios de la energía se disparan y lo que, hasta hace unos meses, era una parcela de conocimiento reservada a unos pocos capaces de invertir tiempo y esfuerzo en asimilar un terreno deliberadamente complejo y retorcido, ahora es tema de conversación en la fila del súper. Los precios de la energía se disparan, con ellos se dispara la indignación y las demandas de las familias trabajadoras y de los sectores de la economía que ven cómo esa escalada impacta en su día a día.

Hoy es obvio que esta burbuja de precios se agudiza por la guerra en Ucrania. Casi desde el primer instante hubo voces que nos advirtieron del efecto que podía tener un conflicto de estas características sobre la vida y la economía en Europa. No faltó quien nos sugiriera con escasa sensibilidad que bajásemos el termostato de nuestros hogares. Pero lo cierto es que la guerra nos encuentra con problemas previos. Se suma a un aumento de precios que ya vivíamos como consecuencia de un fenómeno asociado a la crisis ecosocial: la escasez de fuentes de energía fósil. Y a un modelo de fijación de precios fallido: el mercado marginalista.

Grosso modo podríamos decir que estamos a merced de un modelo que se ha diseñado para garantizar que los oligopolios energéticos hagan caja a costa de los bolsillos de las familias, con un bien que debería ser público puesto que garantiza un derecho, todo ello sin hacerse cargo de su responsabilidad ambiental. Un modelo -marginalista- basado en complejas fórmulas, que hace que el precio de la energía lo determine la tecnología más cara, la del gas, y que se nos cobre cualquier otro tipo de energía al mismo precio. Por ello, al aumentar el precio del gas, aunque una buena parte de nuestra energía sea de origen solar, eólica o hidráulica, se nos seguirá cobrando al precio más caro, al precio del gas. En consecuencia, el debate sobre una menor dependencia del gas ruso es un debate tramposo mientras no nos planteemos una reforma del mercado marginalista: son nuestras reglas las que permiten el chantaje de Putin. Sin duda, quienes dirigen la política energética en la UE saben que con una sola gota de gas ruso que entre, automáticamente todo el sistema queda contaminado por el precio que Putin ponga desde su despacho.

Del mismo modo, las reglas del juego impuestas por este modelo han permitido que el oligopolio eléctrico en nuestro país haya cuadruplicado sus beneficios en 2021. Otras similares permiten un precio disparatado del litro de gasolina aunque el barril de petróleo no se haya encarecido más que épocas precedentes. Una burbuja especulativa en toda regla.

Por eso, el problema aquí no es qué hacer, si no si hay valor para hacer lo que el sentido común demanda en esta situación. Si nos conformamos con soluciones coyunturales y parciales que cargan todo el peso de la crisis sobre el estado, sobre lo común, o si en un momento extraordinario como este apostamos por limitar el beneficio de las grandes multinacionales y de paso cambiamos algunas de las reglas del juego.

De momento la UE apuesta por reformas parciales que tratan de salvar las cuentas de resultados de las multinacionales. Será difícil que los precios bajen a pesar de una sustitución de parte del gas ruso, no olvidemos que el gas licuado procedente del fracking además de muy contaminante e insuficiente, es muy caro. Otras voces hablan de topar precios o desacoplar el gas de forma transitoria. Otras insisten en la bajada de impuestos, pero todas ellas evitan propuestas de alcance que den una solución duradera y justa. 

Por eso desde la izquierda hacemos nuestras las demandas de las familias y los sectores afectados, de quienes se juegan su puesto de trabajo como consecuencia de esta situación. Y señalamos con humildad, pero con firmeza, algunas medidas inmediatas que pueden aliviar la situación de las familias. Rebajar impuestos sobre la energía (con criterios de eficiencia energética), pero gravando los beneficios extraordinarios de quienes han multiplicado sus beneficios de forma obscena a costa del bolsillo de las familias. Seguir apostando por una empresa pública de energía que pueda gestionar de forma directa las concesiones hidroeléctricas y establecer contratos bilaterales de energía con la gran industria, reformar el bono social en nuestro país para dar cobertura real a las familias más vulnerables. Hacer una auditoría de los costes de producción de la energía para saber cuál es el margen de manipulación de precios del oligopolio. Intervenir el precio de la energía, tal y como avalan las directivas europeas, pero no a 180€/MWh, sino a precios verdaderamente asequibles y que en todo caso se ajusten a los costes reales de generación y no al coste de oportunidad de los propietarios de las centrales de producción. Y desacoplar el precio del gas del sistema de fijación de precios, no sólo durante este episodio, sino de forma permanente.

Mientras todo eso sucede, reformar el mercado marginalista y poner una buena parte de los Fondos de recuperación para reforzar nuestra soberanía energética impulsando una red descentralizada de energías renovables, que sea justa y pública.

El 2021 se cerraba con la promesa de los Gobiernos, tras la celebración de la COP26 en Glasgow, de aumentar la ambición climática y reforzar durante este año las contribuciones nacionales para reducir las emisiones globales en al menos un 45% en 2030.

El 2022 ha comenzado con un golpe en el corazón de las políticas climáticas tras el anuncio de una nueva taxonomía europea que cataloga la nuclear y el gas como energías verdes, a fin de redirigir y atraer las inversiones.

Una propuesta de la Comisión Europea (CE), apoyada principalmente por Emmanuel Macron, que choca directa y abiertamente con los objetivos del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y la reciente Ley del Clima de la Unión Europea (UE) que, además, deja entrever de forma explícita el enorme poder del lobby fósil, incluso cuando se trata de desarrollar políticas públicas determinantes para la supervivencia del planeta.

Uno de los instrumentos clave de los que se vale la industria de los combustibles fósiles para mantener el status quo, cueste lo que cueste, es el Tratado de la Carta de la Energía (TCE): un acuerdo internacional, obsoleto, que protege las inversiones en materia energética y otorga a inversores y empresas el poder de demandar a los Estados por sus legislaciones climáticas.

El TCE ha pasado inadvertido durante casi tres décadas. Sin embargo, desde que comenzaron las negociaciones para modernizar el Tratado en junio de 2020, la polémica no ha parado de crecer: no se puede formar parte de un acuerdo que protege los combustibles fósiles y al mismo tiempo comprometerse a luchar contra la crisis climática. Es simple y llanamente imposible.

El ojo del huracán fósil

El TCE fue firmado en la década de los 90 por 53 países de Europa y Asia con el fin de garantizar el acceso de Occidente a los combustibles fósiles de los antiguos países del Este. A día de hoy, las necesidades energéticas son radicalmente opuestas y, sin embargo, el Tratado permanece intacto.

Con el TCE, los combustibles fósiles tienen un seguro de vida a todo riesgo. Solo en Europa, el valor de la infraestructura fósil protegida bajo el TCE asciende a 344.600 millones de euros. Lo que significa que, si los países deciden eliminar el carbón, el petróleo o el gas de forma progresiva para cumplir con sus compromisos climáticos, podrían verse obligados a pagar indemnizaciones multimillonarias a los inversores. En otras palabras: el TCE puede disparar el coste de implementar una transición energética justa más que indispensable.

Esto es posible debido al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que contiene el TCE. Ante medidas legislativas legítimas que afectan los beneficios de los inversores, éstos pueden demandar a los Estados eludiendo los sistemas de justicia nacionales: las demandas se resuelven ante tribunales de arbitraje, formados únicamente por tres árbitros privados cuya imparcialidad ha resultado muy dudosa en diferentes ocasiones.

El caso de Países Bajos es uno de los ejemplos más flagrantes que ha puesto en evidencia los efectos más nocivos del Tratado. Una ley para eliminar el carbón en 2030 ha originado dos demandas de las energéticas alemanas RWE y Uniper, por las que el país podría verse obligado a pagar alrededor de 2.400 millones de euros en compensación.

Pero el alcance del Tratado no termina aquí. La simple amenaza de demanda millonaria bajo el TCE puede ser suficiente para evitar que se lleven a cabo legislaciones importantes para el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. Este es, entre otros muchos, el caso de Eslovenia. Hace tan solo unos días salía a la luz que el Gobierno esloveno ha rebajado la regulación sobre fracking, tras introducir una serie de enmiendas a la ley minera del país. Esta medida allanará el camino a empresas energéticas como Ascent Resources, que en septiembre de 2020 amenazó con demandar a Eslovenia y reclamar 100 millones de euros por tener que realizar una evaluación de impacto ambiental antes de iniciar sus actividades de fracking previstas.

Si el TCE continúa vigente, sin lugar a dudas, muchas políticas de descarbonización podrían tener el mismo desenlace. La pregunta que se plantea entonces es, ¿a qué espera la UE para poner fin a esta trampa si realmente pretende acometer un cambio de modelo productivo sostenible con el Planeta y las personas? 

La crónica de una muerte anunciada

La semana pasada los Estados signatarios del Tratado se reunieron, una vez más, para avanzar en la modernización del TCE. Fue la primera de las cuatro rondas programadas para el primer semestre de 2022, y la décima desde que el proceso comenzó en junio de 2020.

La vuelta a las negociaciones está marcada por una falta total de transparencia y credibilidad en el proceso. Y es que, nueve rondas a lo largo de 24 meses no han dado lugar a ningún avance significativo de cara a alinear el TCE con las necesidades climáticas y energéticas de nuestro tiempo.

La propuesta de la UE para modificar la “definición de actividad económica en el sector energético” y eliminar la protección a los combustibles fósiles de forma progresiva —la más ambiciosa encima de la mesa aunque insuficiente, ya que continuaría protegiendo las inversiones existentes entre 10 y 20 años más— ha sido bloqueada por algunos países como Kazajistán o Japón. Y, sin unanimidad no es posible introducir este tipo de cambios al Tratado.

En este escenario, la Secretaría del TCE ha pisado el acelerador y está impulsando una nueva propuesta que puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos alcanzados en la COP26. En lugar de tener que alcanzar un acuerdo conjunto y homogéneo para eliminar la protección de las inversiones en combustibles fósiles, la propuesta persigue dar flexibilidad a los países signatarios para que decidan por sí mismos el alcance de la protección de las inversiones en sus territorios. Es decir, los combustibles fósiles quedarían sujetos a distintos grados de protección en función de los criterios de cada país, incluso dentro de la UE Además, los principales países productores de combustibles fósiles no estarían obligados a dejar de protegerlos.

Por otro lado, a pesar de los problemas que plantea el mecanismo ISDS, éste seguirá siendo la piedra angular del TCE: no va a ser modificado o eliminado, lo que seguirá limitando la capacidad de legislar de los países firmantes. Una realidad que plantea serios problemas, también con relación al ordenamiento jurídico de la propia UE. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó, en septiembre de 2021, que las disputas basadas en el TCE entre un inversor de la UE y un Estado miembro de la UE son incompatibles con la legislación de la Unión. Ahora, encontrar la manera de cómo aplicar esta sentencia le corresponde a la UE y sus Estados miembro. La salida del TCE sería en este sentido la mejor manera de aplicar dicha sentencia.

La salida: la única vía posible

Ante el estancamiento crónico de las negociaciones, la inquietud crece entre las delegaciones europeas. Una filtración reciente de Investigate Europe ha revelado que la Comisión está presionando para que se alcance un texto final sobre la modernización del TCE en junio de 2022. Pero, si en los últimos dos años el proceso ha sido completamente estéril, ¿podemos esperar que se logren acuerdos ambiciosos en los próximos seis meses?

La respuesta es clara: no hay ningún indicio para pensar que los 53 países puedan alcanzar un pacto a la altura de las circunstancias y en línea con los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. Además, resulta preocupante que el calendario establecido no deje margen para las debidas consultas parlamentarias y debates políticos a nivel nacional. Una vez más, el Tratado brilla por su secretismo y falta de transparencia.

En varias ocasiones, España ha reconocido públicamente que “la salida del Tratado sería la única solución efectiva a largo plazo, en el caso de que no se pueda conseguir un TCE verdaderamente modernizado que cumpla plenamente con los objetivos del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática en 2050 y la defensa de la integridad y primacía del ordenamiento jurídico de la UE en todos sus Estados miembros”. Francia ha sido otra punta de lanza en la crítica a unas negociaciones que “claramente no están a la altura” y “no producirán un progreso real durante muchos años”. Ahora también Polonia, Grecia, Lituania, Hungría y Chipre se acercan a estas posiciones.

Los países con una visión climática ambiciosa tienen no solo la oportunidad, sino el deber de liderar este proceso de salida y ser la palanca de cambio para lograr que exista coherencia en todas las políticas de cambio climático y energía. Por este motivo, pedimos al Gobierno de España y al resto de países de la UE que se comprometan a abandonar el TCE lo antes posible, preferentemente de forma conjunta y, si no, unilateralmente, no más tarde de julio de este año cuando vuelva a constatarse el bloqueo en las negociaciones.

El Tratado sobre la Carta de la Energía, que se remonta a la década de los 90, limita gravemente la capacidad de Europa para cambiar las regulaciones del sector energético, con muchos Estados miembros de la UE enfrentándose a acciones judiciales que ascienden a miles de millones de euros. Por eso afirmamos que, si el tratado no puede ser reformado, debe ser derogado.

Imagina vivir en un país donde la ciudadanía ha comprendido que necesitamos medidas drásticas para combatir el cambio climático. Imagina que el Parlamento y el Gobierno han desarrollado un plan valiente pero realista para eliminar gradualmente los combustibles fósiles cumpliendo con el mantenimiento del calentamiento global por debajo de un grado y medio. Los fondos de recuperación ante la crisis económica causada por la COVID-19 se utilizarán para acelerar la transición energética. Pero entonces, las empresas de combustibles fósiles y los proveedores de energía deciden cuestionarlo todo y reclamar miles de millones en compensaciones, basándose en un oscuro acuerdo, el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Quieren que lo público pague para que ellos dejen de destruir el clima. ¿Suena como una historia absurda? Pues no lo es. Es una posibilidad real que podría materializarse si no tomamos medidas ahora.

Nosotros y nosotras, eurodiputados y eurodiputadas de diferentes países y grupos políticos, compartimos una profunda preocupación por el TCE, cuyas negociaciones para una “modernización” comenzaron el pasado 6 de julio. Muchos países de la UE han experimentado directamente cómo este acuerdo internacional de protección de inversiones realizado para proteger el sector de la energía fósil representa un gran obstáculo para alcanzar nuestros objetivos climáticos.

El TCE restringe la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para cambiar las regulaciones y políticas en el sector energético. Alemania ya ha sido demandada dos veces por la multinacional energética sueca Vattenfall. Tras la primera demanda, la empresa logró rebajar las normas ambientales impuestas a una central eléctrica de carbón cerca de Hamburgo. Ahora, está exigiendo más de 6.100 millones de euros por la pérdida de beneficios relacionados con dos de sus centrales nucleares, tras la retirada progresiva de la energía nuclear acordada en Alemania después del desastre de Fukushima de 2011. Estos casos podrían volver a ocurrir fácilmente cuando propongamos medidas para eliminar los combustibles fósiles.

La mera amenaza de denuncia puede ser suficiente para presionar a los Estados y que no adopten medidas ambiciosas para cumplir sus compromisos climáticos. En 2017, la empresa canadiense Vermilion amenazó al gobierno francés con emprender acciones legales invocando el Tratado de la Carta de la Energía si aprobaba una ley que pusiera fin a la exploración y extracción de combustibles fósiles en todo el territorio francés a partir de 2040. Después de eso, y de otras presiones, el gobierno francés dio marcha atrás: la ley final fue modificada, permitiendo que continuaran los permisos de explotaciones petroleras.

La protección de inversiones en combustibles fósiles está aumentando enormemente el costo de la transición energética para los y las contribuyentes y, por lo tanto, socavando directamente el objetivo de neutralidad climática de Europa definido en el European Green Deal (el Acuerdo Verde Europeo), lanzado por la Presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen. Hace unas semanas la empresa energética alemana UNIPER confirmaba su intención de demandar a Holanda por valor de 1000 millones de euros invocando el Tratado de la Carta de la Energía en concepto de compensación por la decisión neerlandesa de eliminar gradualmente el carbón para la producción de electricidad. Un caso de arbitraje de este tipo tardaría años en resolverse, sembrando mientras la inseguridad entre los legisladores de otros países y debilitando o retrasando potencialmente las políticas climáticas.

Todavía en shock por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, los países podrían ser víctimas de una nueva oleada de demandas de inversores debido a las medidas excepcionales adoptadas en los últimos meses. España ya era un objetivo importante después de la última crisis financiera. Este país es, hasta la fecha, el Estado más atacado en el marco del TCE, acumulando un total de 47 demandas, de las cuales 16 ya han sido resueltas a favor del inversor. Esto representa más de 1.000 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto comprometido por España para contribuir al Fondo Verde de la ONU para apoyar las acciones contra el cambio climático. Pero aún quedan 28 reclamaciones sin resolver contra España, que podrían costar a los contribuyentes españoles hasta 8.000 millones de euros.

Todos estos casos contra los Estados miembros de la UE deberían ser prueba más que suficiente para la Comisión Europea de que el Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo anticuado, incompatible con el logro de los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. Como señala Yamina Saheb, ex jefa de la Unidad de Eficiencia Energética de la Secretaría Internacional del TCE y autora del IPCC, las emisiones acumuladas protegidas por el ECT, desde su entrada en vigor en 1998 hasta enero de 2020, se estiman en 87 Gt de CO2, de las cuales el 62% son emisiones de CO2 procedentes de inversiones directas intra ECT en combustibles fósiles.

Somos conscientes de que el Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo revisado actualmente. Desafortunadamente, no esperamos que este proceso alinee el ECT con el Acuerdo de París. Para lograrlo, los combustibles fósiles tendrían que ser excluidos de la protección del tratado. Además, el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas reclamar esas absurdas indemnizaciones, debe ser desechado o reformado en su totalidad y fuertemente limitado. Ninguno de los signatarios del TCE -incluida la UE- presenta actualmente estas propuestas mencionadas, dejando claro desde el principio que la reforma no hará que el TCE sea compatible con nuestros compromisos climáticos, ni abordará un tema tan preocupante como que los mecanismos de arbitraje del TCE sean incompatibles con la legislación de la UE.

Por todo ello, instamos a la UE y a los Estados miembros a que aumenten sus ambiciones en su posición negociadora para hacer frente a estas deficiencias, o a que desarrollen vías para retirarse conjuntamente del Tratado sobre la Carta de la Energía en caso de que fracasen las negociaciones.

Estamos jugando el partido más decisivo de nuestras vidas. Y pese a tener en la conciencia colectiva la mejor herramienta para hacer de este partido el medio de transformación social, perdemos por demasiados puntos. La repercusión del cambio climático en este tiempo de descuento no lo marcará ningún árbitro. Tampoco partimos de las mismas condiciones, ni hay reglas justas del juego.

Y por eso es inevitable afrontar el conflicto.

En un lado están quienes pretenden perpetuar su negocio basado en el consumo ilimitado y la depredación de nuestro planeta, la alteración del metabolismo de la biosfera y el juego con nuestras condiciones de vida. En el otro estamos quienes buscamos un planeta sostenible, justo, socialmente comprometido, equitativo y construido colectivamente sin dejar a nadie en el camino.

Salvo para taciturnos negacionistas de codo en barra, las consecuencias del colapso ecológico son a día de hoy tan evidentes que su negación solo acentúa el servilismo hacia el sistema económico que lo causa. Afortunadamente, la ola de movilizaciones juveniles en todo el mundo ha sabido poner el foco en la exigencia de soluciones más allá de las vacías declaraciones de emergencia que, una vez aprobadas sin medidas concretas, quedan relegadas a posavasos de los brindis más elitistas. Estos gritos de rabia de la juventud exigen medidas concretas e inmediatas sabiendo que no es una circunstancia aislada, sino que es el resultado de décadas de capitalismo.

“El capitalismo mata el planeta” leemos en tantas y tantas pancartas.

Represión, recorte de libertades, tensión comercial, agotamiento de recursos, greenwashing, descafeinar la emergencia ecosocial… El capitalismo juega sus bazas avanzando mientras agudiza las desigualdades sociales. Multinacionales, sector energético, sector mediático y los principales partidos políticos de países ricos han construido un entramado de poder cuyo brazo se alarga hasta la actuación antidemocrática sobre gobiernos que se resisten a entrar en su rueda. Y para afrontar los efectos negativos de la contaminación, plantean “más mercado”. Es decir, potenciar la entrada a este “zoco” de los principales bancos y fondos de inversión, que acceden al mercado de emisiones simplemente para especular con nuestro futuro. Todo ello en el caso de la UE con una absoluta falta de transparencia por parte de la Comisión Europea, que es la única que tiene acceso a los derechos entregados y a la gestión de las emisiones por parte de quienes contaminan.

¿Nos toman acaso por idiotas? ¿Alguien en su sano juicio puede creer a estas alturas que hacer más negocio con el aire que respiramos va a parar la deriva suicida de este modelo económico?

Solo nuestra conciencia colectiva y organizada será capaz de construir la alternativa ecosocial que resista las embestidas de quienes pretenden asegurar la pervivencia de un sistema que nos condena al fracaso. Hay que actuar sabiendo que el coste de no hacerlo es disparatado en términos ambientales, sociales y también económicos. La Unión Europea prevé perder a finales del siglo XXI el 1,9% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual, es decir, unos 240.000 millones de euros, si el calentamiento global supera los tres grados centígrados, como indican las proyecciones actuales.

Así que, dar un paso al frente no solo tendría el gran efecto positivo de reducir la incertidumbre asociada al cambio climático, sino que también llevaría consigo muchos beneficios colaterales, también económicos. Una mejor calidad del aire y una reducción tanto de la mortalidad prematura como de la morbilidad asociada no son temas menores. Acompañarlo de una mayor justicia en las relaciones económicas y un mayor bienestar junto con la creación de millones de empleos asociados al rescate de nuestro planeta, lo convierten en la mejor opción de inversión posible.

Habrá quién dirá que es una buena idea pero que, lamentablemente, su elevado coste la hace imposible. Nos intentarán desanimar, como si fuera una ensoñación de utópicos. Por eso, para acallar esos absurdos argumentos basta con señalar que para mantener a flote al sistema bancario, el Banco Central Europeo ha creado de la nada cuatro billones de euros en estos últimos siete años. ¿Intentarán acaso convencernos de que es imposible actuar con decisiones firmes para abordar la emergencia planetaria que amenaza a nuestra población, especialmente la más vulnerable, al tiempo que se siguen dedicando ingentes recursos a salvar a las élites?

Tal y como grita nuestra juventud en las manifestaciones, “si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado”.

La Cumbre por el Clima que se celebra en Madrid se desarrolla en un contexto crítico. La tensión en torno a la represión en Latinoamérica, especialmente en Chile y Bolivia, juega un papel trascendental en la crisis ecosocial actual. Las reservas de litio y el avance en derechos democráticos se aúnan en la reivindicación social de un sistema que deja, una vez tras otra, abandonada a la gran mayoría. La tensión comercial entre China y EEUU también se sustenta sobre un tablero alejado de ambos países y refuerza un modelo comercial que basa su despliegue en la energía que proviene de los combustibles fósiles y en las políticas extractivistas. El expolio de recursos naturales continúa al alza.

Mientras, los primeros coletazos de esta Cumbre ya nos indican que el resultado de la misma no alterará la rueda de consumo ilimitado que el sistema capitalista necesita para su reproducción ya que, ante períodos de decadencia, las crisis del sistema están aseguradas. Las supuestas alternativas ecológicas precisan de una cantidad ingente de recursos naturales. El círculo de poder se encarga de presentarnos estas nuevas vías como el antídoto contra la crisis ecosocial, pero ¿en manos de quién cree el lector o la lectora que están esos recursos?

Por eso debemos tomar el mando. Si la transición ecológica la hacen los poderes económicos que nos han llevado al colapso climático, seguramente solo conseguiremos aumentar su cifra de negocio y los indicadores macroeconómicos, pero no conseguiremos que se resuelva el problema de la emergencia ecosocial y correremos el riesgo de que salgan reforzadas las salidas reaccionarias, e incluso ecofascistas.

Si por el contrario queremos una salida con futuro es imprescindible que la transición ecológica sea de carácter popular y por abajo, poniendo en el centro el cambio de modelo económico: redistribución, reducción, justicia, derechos y equiparación del ámbito productivo/reproductivo.

Y, por supuesto, será imprescindible que corramos, porque el tiempo hace mucho que se agotó. Toca reiniciar el sistema.

Quizá lo honesto en estos tiempos de límites imposibles sea decir la verdad, aunque también sea temerario. Estamos en momento de descuento, vamos inexorablemente hacia un abismo climático. Con dos grados más de temperatura la Tierra será un lugar en el que la vida se hará mucho más compleja y en algunas zonas será, directamente, imposible. No quiero ser agorera, ni muchísimo menos caer en el desánimo, más bien me pregunto cuánto estamos dispuestas a hacer para salir de la situación de emergencia climática y, sobre todo, si hemos pensado en el alcance social que puede tener una situación de colapso ecológico.

La buena noticia es que la experiencia de la humanidad nos dice que si somos capaces de plantear una salida que sea cooperativa, que refuerce las redes de apoyo mutuo y que reparta los recursos de forma equitativa, podremos afrontar el cambio que viene en mejores condiciones. Aunque solo podamos hacer referencia a escasas experiencias históricas, sabemos que las comunidades que han sido capaces de cimentar su estrategia en este tipo de comportamientos, han sido capaces de salir adelante con más éxito.

La mala noticia es que el momento del colapso está cada vez más cerca y que, como cuerpo vivo, la humanidad gasta cada vez más recursos que, o bien no se reponen, o bien tardan ciclos más largos de los que puede soportar el metabolismo de la biosfera. Eso significa, básicamente, que lejos de reducir el problema lo estamos agrandando cada año. Somos un barco a la deriva.

Obviamente, el campo político no es ajeno a este hecho y ya no hay nadie que haya querido perderse esta fiebre verde. Desde los partidos del régimen del 78, a las formaciones de nuevo cuño que aspiran a construirse como partidos verdes en España.

Podríamos caer en la tentación de salir despavoridas o creernos que con cambiar nuestros comportamientos personales resolveremos el problema. Podemos incluso pensar que hay una tecnología mágica que va a resolver la crisis. Pero todo parece apuntar que sin una buena reflexión acerca del fondo, del elemento que ha provocado esta emergencia climática, será difícil encontrar la solución. Y, sin duda, ahí el elemento central lo encontramos en nuestro modelo de producción y consumo, en el modelo económico global: el neoliberalismo.

Comemos naranjas de Sudáfrica, piñas de Costa Rica y vestimos prendas fabricadas en China o Vietnam. La deslocalización de la industria hace que se muevan empresas por el mundo a la búsqueda de la reducción de los costes laborales y ambientales, en una carrera loca por el beneficio creciente. Hay un puñado de multinacionales que controlan los recursos del planeta, que controlan gobiernos, provocan guerras, retuercen leyes y arrodillan pueblos.

Por eso no basta con apelar al New Green Deal como solución vacía y cosmética para conseguir un puñado de votos. Al menos no puede bastar para nosotras. Cuando nos interpelen con ello, quizá podamos preguntarnos: ¿Cuánto New Green Deal cabe en el programa de quienes, como Más País, apoyan el pelotazo inmobiliario de la Operación Chamartín? ¿O en el programa de los que no apuestan por un control público de la energía que vele por el interés de nuestro pueblo por encima del negocio del oligopolio? Y diré más: ¿Cuánto New Green Deal tiene apoyar los vientres de alquiler y por tanto, mirar de lado al feminismo?

Merece la pena hacerse preguntas incómodas. Porque de eso va todo esto, de presentar programas honestos que aspiren a ser Gobierno, a ser compromiso para resolver los problemas de la gente. Y esto exige que, para cambiar de verdad el rumbo de la emergencia climática, digamos no a la Operación Chamartín porque supone, sin entrar en otras consideraciones, una presión ambiental y una reconfiguración de la ciudad que lejos de rebajar emisiones, va a empeorar la calidad del aire y a reforzar un modelo de ciudad imposible.

Y significa decir no a los vientres de alquiler, porque necesitamos romper con los modelos de mercantilización de la vida. Aferrarnos a la defensa de lo público, porque nuestras vidas dependen de ello. Trabajar menos horas y no menos días, porque la vida sigue y cada día necesitamos cuidar y que nos cuiden.

Y exige ser valientes, mirar de frente a los que legislan desde los consejos de administración y han decidido convertir nuestro mundo en un vertedero, y decirles que no nos rendimos y que sabemos que ellos son nuestro verdadero enemigo.

Hace unos días, en un tarde tranquila en Madrid, conversaba con un amigo acerca del futuro del país. “Perdimos la batalla de nuestro mundo posible”, me dijo. Vender eslóganes con futuros grises y difusos no es sexy, no anima a nadie a sumarse a este lado de la trinchera.

“Tenemos que atrevernos a soñar, pero nuestro sueño parece una pesadilla”, dije yo. ¿Cómo convencer a nuestra gente de que deberán adaptarse a vivir con menos? ¿Quién querría escuchar a quienes nos empeñamos en pintar un futuro más austero?

“Es que el futuro que soñamos no será más austero”, me contestó mi amigo. “Será mucho más rico, porque tendremos mucho más tiempo para estar juntas y para vernos. Tendremos muchas más tardes de otoño en Madrid, ¿acaso se te ocurre algo mas valioso?”.

En el año 1940 se instauraba en Francia la República de Vichy, su cabeza visible, el Mariscal Petain, acuñaba un concepto para animar a la población francesa a colaborar con los nazis: collaborationniste. Este término, reapropiado por la resistencia antifascista, sirvió sin embargo para señalar a quienes traicionaban al pueblo francés y cooperaban con el enemigo.

Hace apenas dos meses, un grupo de más de 100 mujeres suscribía en Francia un manifiesto defendiendo el “derecho a importunar” de los hombres. Resultó curioso encontrar entre sus firmantes a mujeres significativas del mundo de la cultura, el arte e intelectuales que no dudaron en reaccionar frente a ola provocada por el #MeToo, un movimiento de denuncia del acoso sufrido en la industria del cine y que ha animado a muchas otras a identificar, entre otras cosas, el abuso que subyace en muchas de las relaciones cotidianas entre mujeres y hombres.

Podríamos decir que el mismo fenómeno se reproduce en nuestro país. De este modo han comenzado a proliferar, primero tímidamente, pero luego con firmeza, las declaraciones de mujeres que desde distintas formaciones políticas  se pronuncian en contra de la Huelga Feminista del 8M. Con argumentos como “es una huelga ideológica”, “creo en la igualdad, pero no en el feminismo”, “somos feministas, pero no comunistas”, “hagamos huelga a la japonesa” o “no siento que tenga razones para hacer esta huelga”, representantes significativas del PP y C's toman posición frente a este proceso movilizador que promete ser histórico.

Es posible que precisamente por eso, por el potencial transformador que pueda alcanzar la experiencia que nos brinda el feminismo, la derecha empiece a tomar posiciones ofensivas en forma de lluvia fina para cuestionar el salto cualitativo que supone una convocatoria de estas características y que el movimiento feminista ha conseguido que gire, de una forma cristalina, en torno a cuestiones de sentido común. ¿No es acaso sentido común plantear que los cuidados y la reproducción sean compartidos? ¿O exigir que a igual trabajo, igual salario? ¿O que se respeten nuestro cuerpos y nuestras libertades? ¿No es acaso terrible el espantoso número de asesinadas por terrorismo machista? Sentido común.

Por supuesto, la ofensiva viene orientada desde la construcción de estereotipos y de un ellas “mujeres de orden” y un nosotras “locas feminazis”. Frente a quienes exigen una igualdad de diseño, las radicales que lo reclamamos todo. Frente a las supermujeres que trabajan 14 horas sin vacaciones, las flojas que exigimos más tiempo para nuestras vidas. Frente a las “neutrales” amigas del capitalismo, las comunistas expropiadoras que queremos trabajo y salario decentes…

Sin duda, debemos estar atentas a esta marejada de fondo que día a día está tejiendo un argumento contra la Huelga Feminista. Y sospechar que este rechazo de las mujeres de la derecha se debe a que no han entendido que éste es un movimiento por encima de siglas, que nos interpela a todas y que nos da una lección de autoorganziación desde abajo para reclamar un orden distinto de las cosas. O, por el contrario, que lo han entendido muy bien y han tomado partido. Saben el cambio que anuncia, saben que vamos juntas y que vamos lejos, pero optan por constituir un frente que represente y blinde las prerrogativas del patriarcado y su necesario cómplice, el capitalismo.

Por eso, llegado el caso, conviene aclarar y nombrar lo que hacen. Son el sujeto necesario para legitimar la continuidad de los intereses de los varones. Son las colaboracionistas necesarias para que todo siga como siempre, para que el patriarcado mantenga su poder.