Aunque parezca una frase paradójica, los incendios se apagan en invierno. La planificación y control de las masas forestales y bosques en la Región de Murcia es un elemento fundamental en la prevención y minimización de los incendios y conatos de estos en el periodo estival. Un reciente estudio en Science Advances muestra la vinculación del calentamiento global con el aumento del peligro de fuego en comparación con 1980.

Este verano pasado hemos tenido suerte en lo referente a los siniestros por incendios y parece que es una tema que mediáticamente y en el imaginario popular no está presente en invierno.  Sin embargo, el mes de febrero, nos sorprendía un incendió en Cabo Tiñoso, con estimaciones de 80-90 hectáreas calcinadas y un incendio agrícola en Caravaca. Hay que señalar que el 70% del monte es privado y que los propietarios reclaman un papel en la prevención de incendios.

La prevención es un elemento fundamental para abordar el riesgo de incendios. Hay que mantenerla durante todo el año, con desbroces estratégicos para romper la continuidad del combustible, la limpieza de vegetación, evitar quemas agrícolas o fogatas, así como la planificación previa, con especial énfasis en zonas naturales y espacios protegidos. También la retirada de biomasa, las áreas cortafuegos y la gestión del sotobosque reducen el riesgo.

No hay soluciones fáciles ni simples para un problema tan complejo como los incendios. Es necesario poner el foco en atajar las causas de las igniciones que son, en su mayoría, de origen humano. Hay que enfatizar la importancia de gestionar el territorio con criterios de conservación para aumentar la resiliencia a los incendios. El contexto de cambio climático genera las condiciones para incendios más frecuentes y violentos. Hay dos cuestiones fundamentales: la reducción de las igniciones y la actuación temprana en la extinción y, para ello, se necesitan muchos más recursos y compromiso por parte de todas las administraciones

Los sindicatos denuncian la falta de previsión, las jornadas maratonianas, la ausencia de bolsas de empleo y la insuficiente formación real de los operativos de extinción. Ha habido algunos avances técnicos en las administraciones, pero la dotación de medios de vigilancia y pronto ataque es insuficiente. Se necesitan recursos suficientes y condiciones de trabajo dignas para los equipos de extinción. Una queja recurrente es la falta de efectivos, que compromete la operatividad del dispositivo en emergencias prolongadas. Es necesario un modelo de actuación que permita garantizar una respuesta adecuada en situaciones críticas. Hay que establecer sistemas de relevo que permitan mantener la operatividad durante más tiempo.

La falta de cobertura en numerosos parajes naturales de la región es un riesgo añadido en el entorno de determinadas zonas. Un ejemplo es el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, donde existen amplios tramos sin señal, que puede dejar incomunicados a senderistas y bañistas en caso de incendio, dificultando tanto el aviso a los servicios de emergencia como la coordinación de una posible evacuación. Además de ser un elemento de preocupación el avance de las llamas en los siniestros, la propia densidad del humo generado puede reducir la visibilidad dificultando la evacuación y la llegada de los equipos de emergencia. Por otra parte, frente a la quema de rastrojos es necesario que las instituciones implementen medidas alternativas de trituración y gestión de restos de podas.

Se cuenta también con la Unidad Militar de Emergencia (UME), que mantiene catorce aviones apagafuegos, junto a 63 aeronaves coordinadas por el Ministerio de Transición Ecológica. A estos recursos hay que añadir el dispositivo de apoyo a las comunidades autónomas, que incluye a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que facilita predicciones diarias de riesgo de incendio.

El elemento más vulnerable y prioritario es el suelo, cuya erosión puede multiplicarse por once en el primer año del incendio. Es necesario implementar medidas de mitigación de estos siniestros, como tratamientos de cobertura o acciones para disminuir la pérdida de suelos.

La reconstrucción de los territorios tiene que dirigirse a la protección de los suelos, la regeneración natural, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático; evitando situaciones que perjudiquen la recuperación o favorezcan intereses ajenos. Debe evitarse la repoblación de los suelos quemados con especies introducidas o exóticas. Las administraciones tienen una responsabilidad en la labor informativa y divulgativa, los trabajos de restauración de la cubierta vegetal y la protección de espacios naturales durante todo el año.

Los intentos de desprotección de nuestra laguna salada han sido una constante en la práctica de nuestra administración regional auxiliada por la ultraderecha en los últimos años. Otra vuelta de tuerca en la desprotección y desregulación del Mar Menor es la reforma de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor; propuesta por el PP a las órdenes de Vox y registrada en la Asamblea Regional en diciembre pasado. Los diferentes colectivos sociales, políticos, conservacionistas y ecologistas que batallan por un Mar Menor vivo han expresado su rechazo absoluto a la pretendida reforma denunciando el hecho de que es una expresión exclusiva de pactos políticos e intereses empresariales.

Las implicaciones de la modificación legislativa son muy graves para el futuro del ecosistema, que se encuentra en un frágil equilibrio. La propuesta de reforma parte de un compromiso político del Partido Popular con la ultraderecha de Vox a cambio de que este último apoye los presupuestos regionales y garantizar su aprobación. No está elaborada para reforzar las protección ambiental del Mar Menor sino para el beneficio del sector agroindustrial, que es el principal responsable de la entrada masiva de nutrientes en la laguna y su eutrofización.

La laguna sigue en un equilibrio inestable, a pesar de la imagen de aparente estabilidad del Mar Menor en los últimos meses. Continúa en una situación crítica. La eutrofización derivada del exceso de nutrientes de origen agrícola y ganadero sigue siendo el principal problema estructural.

A esta contaminación estructural y crónica del acuífero se suman las entradas masivas de nutrientes por escorrentías durante estos últimos episodios de intensas precipitaciones, como se ha evidenciado. Este verano, la zona sur de la laguna sufrió un episodio de hipoxia y anoxia que, aunque no alcanzó la gravedad de otros anteriores, volvió a poner de manifiesto la fragilidad del ecosistema. Sin embargo, los mecanismos legales que incluye esta normativa no se han desarrollado en sus apartados más urgentes: medidas contra la contaminación por nitratos, la ordenación del territorio y la reducción de las escorrentías.

La modificación de la ley se ha querido presentar como una simple corrección técnica pero no lo es. El PP, junto con la ultraderecha, impulsó una comisión parlamentaria con comparecencias. Sin embargo, tras las intervenciones de los representantes del sector agroindustrial y técnicos próximos a sus intereses, en una maniobra filibustera, el calendario de comparecencias fue cancelado. Fue un proceso incompleto y sesgado, oyendo solamente a una parte, e impidiendo la participación de voces científicas, ambientales o sociales críticas.

La tramitación de esta reforma se hace con escasa transparencia, nula participación social y sin rigor técnico en su elaboración. No se ha consultado de una manera preceptiva al Consejo Económico y Social, al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente ni a la Tutoría del Mar Menor, encargada de velar por los derechos del ecosistema, establecida en Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Tampoco se ha consultado al Comité de Asesoramiento Científico, creado por la propia Ley 3/2020.

Esta propuesta de reforma legislativa supone una drástica disminución de las sanciones por incumplimiento, eliminando el carácter disuasorio de ellas y estableciendo un agravio comparativo frente a las empresas que cumplen la legislación. En definitiva, esta reforma otorgaría, aun más si cabe, una situación de impunidad a los mayores responsables de la contaminación del Mar Menor. Este cambio es manifiestamente incompatible con la protección de la laguna, responde más bien a la alianza política de la derecha y la extrema derecha junto a los intereses empresariales del agronegocio.

Se necesita un giro radical del Gobierno regional que haga desprenderse de la mochila de Vox y se dirija a la aplicación efectiva y plena de la la ley vigente, con el desarrollo de mecanismos y prácticas que eviten la entrada de nutrientes y sedimentos en la laguna, la eliminación de la contaminación por nitratos, una ordenación sostenible del territorio, un control exhaustivo de escorrentías que fluyen hasta la laguna.

Pero esto no lo va hacer, sería un cambio radical la sustitución de los intereses por la razón en su dinámica política. Es la movilización ciudadana y la crítica de la sociedad civil, en todos sus aspectos, la que puede conseguir un cambio o la eliminación de esta reforma. Es una tarea ambiental y de justicia social que nos concierne a toda la ciudadanía.

Los humedales se definen como zonas cubiertas de forma permanente o temporal por aguas poco profundas. Son áreas pantanosas, artificiales o naturales, lagos, marismas y salinas. Albergan multitud de endemismos y son refugio de muchas especies animales y vegetales amenazadas. Tienen un papel esencial por sus funciones de laminación de avenidas en periodos de lluvias torrenciales, así como de acumulación agua, en episodios de sequía.

El 2 de febrero pasado se celebraba el Día Mundial de los Humedales, conmemorando la firma del Convenio de Ramsar (1971), para la conservación de estos ecosistemas, tan valiosos como amenazados en nuestro país. En el ámbito mundial, los humedales desaparecen a un ritmo tres veces mayor que los bosques, poniendo en riesgo su función y contribuyendo a la disminución de la capacidad de adaptación al cambio climático, un elemento esencial en ambientes semiáridos como la Región de Murcia. El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, participará en el proyecto LIFE HumedalES, una iniciativa del Programa LIFE de la Unión Europea destinada a reforzar el conocimiento, la gestión y la restauración de humedales integrados en la Red Natura 2000.

El grado de conservación de los humedales es un indicador ambiental y de gestión del territorio. La mayoría de los humedales del país tienen serias amenazas. Entre las principales causas de su degradación, se encuentra su destrucción por actividades agrícolas o urbanísticas, la contaminación de sus aguas y suelos por vertidos o contaminación difusa, su uso como vertedero ilegal de residuos y la entrada de especies exóticas invasoras, como la caña o la gambusia. La recuperación y mantenimiento de estos ecosistemas tiene que ser un objetivo prioritario de las políticas de biodiversidad de la administración estatal y del gobierno regional ya que tienen un papel regulador del agua. un recurso cada vez menos disponible.

En el ámbito estatal hay tres humedales de referencia: Doñana, L’Albufera de Valencia y el Mar Menor que representan casi el 90% de la superficie total nacional del hábitat 'lagunas costeras'. El pésimo estado ecológico de estos tres espacios hace imprescindible la inmediata declaración del ecosistema 'lagunas costeras' como primer hábitat en 'Peligro de extinción' a integrar en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición (CEHPD), que acumula un retraso de casi 20 años desde su creación, con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Desde 1982 se han incluido 76 zonas húmedas españolas en la lista de importancia internacional del Convenio intergubernamental Rámsar. De esa lista, la Región de Murcia alberga tres: las Lagunas de Campotéjar en Molina de Segura, las Lagunas de las Moreras en Mazarrón y el Mar Menor. Además de estos, la región cuenta con otros humedales que ostentan diferentes figuras de protección, como Espacio Natural Protegido, y/o espacios de la Red Natura 2000 europea (las ZEPA y LIC/ZEC). Algunos de los más importantes son el Humedal del Ajauque y Rambla Salada, los Saladares del Guadalentín o el río Chícamo, la única reserva fluvial en nuestra región.

Existen 53 de estos ecosistemas en el inventario regional. Es necesario la actualización del Catálogo Regional de Humedales, y su traslado al Inventario Nacional, así como el cumplimiento de los planes de gestión. Esta revisión y actualización es una tarea urgente. Un objetivo debiera se la ampliación de algunos de los existentes y la incorporación de algunos nuevos en la zona de Molina de Segura y Fortuna, asociados a cuencas de drenaje.

La puesta en marcha de los planes de gestión aprobados de humedales como el del Mar Menor, el del Guadalentín o el de Ajauque Rambla Salada son acciones urgentes. También lo es dotar de una figura de protección a los humedales regionales que no la tengan, como el de Cañada Lentisco en Caravaca o el de Cañada Brusca en Águilas. Un caso de riesgo extremo es el la Boquera de Tabala, del municipio de Murcia, que se localiza en el límite con la provincia de Alicante, al pie de la Sierra del Cristo, afectada por un proyecto de presa.

Proteger los humedales es mantener ecosistemas que tienen un papel clave en la conservación de la biodiversidad y en la lucha contra los efectos del cambio climático y defender un patrimonio natural irreversible.

No podemos dejar que la desinformación y los bulos sobre el cambio climático sean un relato alternativo que llega a las redes sociales, medios de comunicación y algunas instituciones. Aunque estos últimos dos años, parece que han aflojado en su virulencia los relatos negacionistas del calentamiento global, el hecho de que políticos negacionistas gobiernen en EE.UU y en algunos países europeos, lo hacen asentarse como contrapartida a la evidencia científica y distribuyendo el discurso y la práctica de no hacer nada frente a uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad en su conjunto.

El relato de estas ideas negacionistas apunta que el calentamiento global es solo una variación natural del planeta, que el CO2 no guarda relación con el aumento de las temperaturas, que no hay consenso científico, que no es un problema nuestro o que sus efectos no nos tocarán de cerca; siguen circulando con fuerza gracias al empuje y la ubicuidad de sus acólitos en las redes sociales. Sin embargo, el consenso científico confirma que el cambio climático es real, está acelerado por la actividad humana, y que sus efectos, como el aumento de fenómenos extremos, ya son visibles y requieren acciones urgentes.

Los bulos negacionistas señalan que el CO2 en la atmosfera es del 0,04 %. La lectura del dato también tiene trampa, porque es un 0,04 % dentro del 0,05 % de gases responsables de modular la temperatura del planeta. Así que, puesto en contexto, resulta que ese CO2 es un montón.

La persistencia de estos bulos, unido a la facilidad con que se propagan, es en sí misma un obstáculo formidable, lastrando la toma de decisiones y las acciones individuales necesarias para frenar el desastre. Porque la desinformación no solo mina la confianza en la ciencia; también desactiva la urgencia de un cambio radical en la forma en que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno. El propio Foro Económico Mundial considera la desinformación y los bulos como el principal riesgo para la economía de cara a los próximos años, porque corremos el riesgo de considerar que algo peligroso no lo es.

Desde hace un par de décadas, investigadores y científicos señalaron que a partir de los dos grados de aumento de la temperatura es cuando se empiezan a poner en marcha procesos que son muy difíciles de parar. EL IPPC anticipaba para el Mediterráneo Occidental, en la que está la Región de Murcia, un aumento de los fenómenos extremos (sequías, olas de calor cada vez más intensas, lluvias torrenciales y danas) lo que evidencia que nuestras administraciones tienen que desarrollan medidas urgentes ante la emergencia climática. 

En Murcia tenemos la práctica negacionista también en las instituciones. Un concejal de la extrema derecha de la ciudad de Murcia decía hace tiempo, ante el aumento de las temperaturas, que en Murcia siempre ha hecho calor. Sí, pero no estas olas de calor cada vez más intensas y frecuentes. La práctica totalidad de las encuestas publicadas en el último año señalan que el principal beneficiado político de la crisis provocada por la dana de València es la ultraderecha. Es la paradoja perfecta: un partido negacionista del cambio climático recoge los beneficios de una catástrofe que los expertos vinculan al calentamiento global. Otro bulo esparcido es que clima es algo que ha cambiado siempre y eso es cierto, pero no lo ha hecho de la forma en la que está cambiando en la actualidad. Por otra parte, el PP de la región arrastra los pies y se mueve en una ambigüedad calculada.

Uno de los problema del cambio climático está en la velocidad con la que suceden esos cambios. Es decir, tanto la magnitud como la velocidad, porque además tenemos constancia de que esto no ha sucedido nunca. ¿Cuál es el factor que es más necesario que la ciudadanía comprenda para tomar conciencia de la situación? La respuesta es que si no se hace nada es irreversible: eso es lo más importante. Porque lo que estamos viendo ahora respecto al sistema climático es lo mejor que vamos a ver en los próximos años, ya que hay una inercia muy difícil de parar. 

Hay que seguir divulgando las consecuencias del calentamiento global y estando presentes en las redes, donde los mensajes de desinformación sobre el cambio climático son numerosos. Porque si las abandonamos, los mensajes mayoritarios que va a encontrar quien quiera consultar algo de información sobre este tema son los bulos y las mentiras.

Parafraseando a un viejo filósofo del siglo XIX, un fantasma recorre Europa… y el mundo: es la extrema derecha, convertida ya en un peligro real para la democracia y los derechos humanos. Independientemente de cómo denominemos al fenómeno: fascismo, posfascismo, derecha populista, populismo autoritario, extrema derecha, ultraderecha, etc., ha venido para quedarse en un proceso histórico que con ascensos y descensos puede durar muchas décadas. No hay que perderse en un debate sobre definiciones mientras estos movimientos siguen su ascenso.

Las nuevas extremas derechas tienen elementos comunes con el fascismo al compartir una visión excluyente y exclusiva del nacionalismo, aunque han adaptado su programa e ideología a estos tiempos nuevos. Primo Levi opinaba que cada época tiene su fascismo y como señala la escritora Elfriede Jenilek, el nuevo fascismo se alimenta de la envidia, el odio y el miedo. Estas organizaciones consiguen imponer sus ideas en parte de la sociedad y la Región de Murcia no es inmune a ellas.

El conveniente y urgente sacar lecciones para el futuro de como la ultraderecha ha llegado por elecciones al poder en muchos casos (Chile, Argentina, Hungría, Italia, Finlandia o como el caso del Emperador del Mundo, etc.), en otros coaligada o apoyando gobiernos de la derecha clásica frente a opciones socialdemócratas o gobiernos de coalición. Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana (BKA), ha advertido contra la participación de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las instituciones como un peligro real.

Hay que contraponer a este ascenso el relato de una democracia real e inclusiva con la defensa de los derechos humano, de la dignidad de estos independientemente de dónde hayan nacido y de la igualdad de hombres y mujeres.

Un gran objetivo conseguido por la ultraderecha ha sido normalizar su relato y discurso supremacista y segregacionista con la ayuda indiscutible de medios de comunicación y redes sociales. Ha llegado a un parte significativa de la gente joven, conectando con la parte más egoísta, insolidaria y narcisista. Con frases e ideas cortas, pretenden recetas para el mundo y la sociedad.

En este contexto hay que destacar el papel irresponsable de la derecha clásica que ha comprado gran parte del relato de la extrema derecha, en nuestra región, en este país, en Europa; en un intento de frenar el trasvase de votos, así como la crisis de la socialdemocracia y la izquierda en general.

Los datos agencias de encuestas como 40dB o el propio CIS describen que las posiciones de derecha y ultraderecha avanzan no solo en los diferentes tipos de elecciones, sino en las ideas de la gente, en la estructura profunda de la opinión pública, Se produce un efecto doppler social con un corrimiento hacia el azul, hacia posiciones reaccionarias en temas como impuestos, feminismo, igualdad, medio ambiente y migración. Hay que contrarrestar también el revisionismo histórico que nos pretende hacer creer que la dictadura del general Franco, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y otros regímenes autoritarios eran situaciones buenas de progreso y estabilidad.

Frente a esto hay dos actitudes, la pasividad ante esta situación o una actitud activa de contraponer ideas. Creo que es más acertada la segunda. No eludir el debate en cualquier espacio: no solamente político sino en el debate social, el de a pie de calle; oponiéndoles los derechos humanos frente a esta agenda excluyente de la extrema derecha. Utilizo la frase de Aznar, “quien pueda hacer, que haga”, aunque en un sentido totalmente contrario a su planteamiento. Hay que hablar y debatir con nuestros cuñaos o nuestros cayetanos conocidos cuando se plantean ideas de exclusión, machistas o racistas. Sobre todo, tratar de evitar que estas ideas se vuelvan a considerar normales.

En nuestra región sabemos mucho de esto. En Murcia la agenda de la deshumanización de los menores inmigrantes considerados como una amenaza, los sucesos de Torre Pacheco, las agresiones al medio ambiente y el recorte de la agenda de protección del Mar Menor son jalones de un camino hacia una erosión profunda de los derechos democráticos de la gente.

En un futuro próximo es probable que la extrema derecha murciana, dada la sociología electoral, no necesite estar en el gobierno para imponer su agenda a la administración regional. Es tarea de todos y todas tratar de evitarlo, luchar por una democracia inclusiva y la defensa intransigente de los derechos humanos.

Hace unos días se celebraban los diez años de Pacto por el Mar Menor bajo el lema de 'Salvemos el Mar Menor', que refleja la necesidad de seguir trabajando y movilizándose por este patrimonio de toda la ciudadanía. La dana Alice puso de relieve, si no es que siempre lo ha estado, la fragilidad de un ecosistema en equilibrio crítico. Suponía un nuevo período de crisis de anoxia en la cubeta sur del Mar Menor. Los peces han podido evitar la zona de anoxia, pero los organismos fijados al fondo, como las nacras, no.  A esto se añade un flujo subterráneo de agua contaminada con mercurio y metilmercurio analizada recientemente por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). El péndulo del frágil equilibrio inestable puede caer del lado de la catástrofe, por eso todavía necesita actuaciones urgentes.

Las lluvias intensas provocan que la contaminación acumulada por meses o años en el terreno, entre de golpe al Mar Menor empeorando su estado eutrófico rápidamente. El principal problema sigue estando tierra adentro, y las medidas en origen son las más necesarias, eficaces y urgentes.

Una vez más se retuercen los argumentos para justificar un proyecto de Colector Norte y batería de pozos públicos, que en realidad no es un proyecto ambiental, sino agroindustrial. Este proyecto, con la pretendida excusa de reducir la contaminación, en realidad se trata de conseguir agua con calidad para regar, a través de un costoso proyecto público, que además asume todos los riesgos y que redirige parte de la contaminación de un ecosistema a otro (toneladas de nitratos acabarían en el Mediterráneo). Este proyecto no podrá reducir significativamente la entrada masiva de suelos y nutrientes agropecuarios, que entra por diferentes ramblas, y dependiendo de dónde se centren las lluvias torrenciales, puede que en su mayor parte ni siquiera pasen por la Rambla del Albujón.

Por otro lado, se sigue con la estrategia de pasar la pelota a la administración central, exigiendo costosos proyectos ineficaces de final de tubería, mientras la administración regional sigue eludiendo sus propias competencias que, precisamente, son las principales para poder adoptar medidas eficaces en el origen. Parece más preocupada en salvaguardar los intereses privados empresariales que en proteger el interés general de la ciudadanía.

Los dos principales cambios de la cuenca vertiente que más afectan al ecosistema del Mar Menor se han producido en las últimas décadas, y están relacionados con el sector primario y el urbanístico. Hay una responsabilidad clara en la administración autonómica y las locales, por no controlar ese cambio masivo del paisaje, que se ha llevado a cabo sin prácticamente ninguna evaluación previa. Tampoco la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha hecho lo propio con la conservación de las ramblas, aunque existen proyectos recientes de recuperación de cauces.

Por todo eso es tan importante que se elijan bien las soluciones necesarias, para usar los escasos fondos públicos con la mayor eficacia, y cuando nos acercamos a los diez años desde que se produjo la primera 'sopa verde' que cambió para siempre al Mar Menor, y cinco desde que se aprobó la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, la mayor parte de las soluciones en origen siguen sin implementarse, especialmente las que dependen de competencias autonómicas.

Como ha señalado la Comisión de Seguimiento del Mar Menor es urgente el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, poner orden en la cuenca vertiente, de forma que limite las transformaciones del paisaje y se recupere capacidad de retención de agua y sedimentos. Necesitamos el cumplimiento urgente de las cinco medidas de la Ley 3/2020 con efectos más estructurales en el origen del problema.

Hay que implementar de una manera ambiciosa el Programa de Actuación en la Zona Vulnerable por Nitratos y un Programa de prevención de la erosión y conservación de suelos, que incluya la obligatoriedad de setos realmente funcionales en los cultivos, entre otras actuaciones en toda la cuenca. Unido a esto hay que desarrollar un Plan de Restauración hidrológico-forestal de toda la cuenca vertiente, que reduzca las escorrentías, como ya se ha hecho con éxito en el pasado en otras zonas de la región. El Mar Menor es una joya de nuestro patrimonio natural. Hay mucha gente que parece más interesada en convertirlo en una piscina, aunque hay mucha más gente más que quiere regenerarlo y conservar este ecosistema.

Desde hace décadas el problema del tráfico en la ciudad de Murcia se ha agudizado con sus secuelas de atascos, deficiente e ineficaz transporte público, abuso del vehículo privado, colapsos en determinadas horas, ruido y contaminación atmosférica. En diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Murcia presentaba su nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible que actualizaba el anterior «Plan Muévete» con el fin de adaptarlo a la realidad de la movilidad en el municipio. Desgraciadamente, su falta de ejecución no ha supuesto en estos años una mejora significativa de la movilidad en el casco urbano y pedanías. No ha habido ninguna evaluación ni balance de las propuestas contenidas en él y su aplicación práctica.

En octubre de este año, con pompa y circunstancia, el consistorio presentaba un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible Murcia 2025-2032. El alcalde describía el proyecto formado por tres ejes estratégicos, nueves líneas de actuación y 64 actuaciones. Este plan nace con una deficiencia estructural por la falta de transparencia informativa a la ciudadanía y el déficit de participación real en la elaboración del documento. Es un plan que no tiene plazos de ejecución, calendario o compromisos reales de actuación sobre la movilidad. Los objetivos no son cuantificables y no transforma la movilidad en la ciudad, sino que plantea algunas mejoras en el modelo existente.

No se ha contado con las aportaciones de entidades que llevan trabajando mucho tiempo en movilidad urbana: asociaciones vecinales, ambientales o sindicatos del transporte, entre otras. La Mesa del Transporte del municipio, un espacio de información y debate para temas de movilidad y tráfico, no ha tenido el más mínimo conocimiento sobre este plan ya que el ayuntamiento lleva sin convocarla desde 2021.

El plan tiene un carácter sesgado al favorecer el casco urbano frente a las pedanías. Las medidas y actuaciones más significativas son para el centro urbano mientras que, solamente, un tercio de ellas se destina a las 55 pedanías de la ciudad que concentran la mayoría de la población del municipio. 

Se renuncia a la idea del tranvía como eje estructurante de la movilidad. Supone un paso atrás respecto al anterior plan, en el que apostaba por el tranvía como eje vertebrador que, ahora, es sustituido por un tranvibús, un servicio de autobús de tránsito rápido (BTR), que tiene un alcance limitado y no responde a la concepción de una red integral de transporte público. La ampliación del tranvía solamente llega al barrio de El Carmen. Es necesaria la planificación de un modelo de tranvía que se convierta en eje vertebrador de un área metropolitana, uniendo Molina de Segura con El Palmar y Alcantarilla con la Costera Sur; que ya se había proyectado en 2013.

Además de los tres ejes peatonales de Oeste a Este, que se proyectan sin plazos de ejecución (corredores Acequia Nueva, Arrixaca y antiguo zoco de Verónicas), necesitamos una mayor peatonalización en el casco histórico y en pedanías unido a procesos de despavimentación de suelos urbanos. Hay que apostar por la remodelación de las plazas, con vegetación con el objetivo de una renaturalización del municipio frente al auge del hormigón, el ladrillo y el granito.

El plan vuelve a insistir los proyectos de aparcamientos urbanos y subterráneos que incentivan la entrada de vehículos al centro, disfrazados de aparcamientos disuasorios. Además, se ubican en zonas de flujo preferente como el entorno del Auditorio o proyecto del Malecón. La amnesia del Ayuntamiento, que tanto enfatizaba proyectos como el parking subterráneo de Floridablanca, es palmaria.

Se necesita también la constitución de una Área Metropolitana que coordine los planes de movilidad con el Gobierno regional y los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura, Santomera o Beniel, un área que supera los 700.000 habitantes; ya que los problemas y los proyectos de movilidad sostenible para el futuro están interrelacionados.

El deterioro continuo de la calidad del aire es un problema real. Los contaminantes crónicos en Murcia son el ozono troposférico (O3), las partículas (PM10 y PM 2.5) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Necesitamos un transporte público sostenible, de calidad y medidas de disuasión del uso del coche. En el municipio, la mitad de los viajes se hacen en vehículo privado. Hay que desarrollar una Zona de Baja Emisiones (ZBE) que limite el acceso de los vehículos más contaminantes a la almendra central urbana,  como elemento de mejora de la calidad del aire y de mitigación de los impactos del cambio climático en nuestro ámbito.

A pesar de las declaraciones del emperador en la Asamblea General de la ONU, negando el cambio climático y la evidencia científica, el monstruo está aquí, ha venido para quedarse. Tanto hablar del cambio climático desde hace unas décadas, hoy ya sentimos sus efectos extremos como olas de calor, danas y lluvias torrenciales. El calentamiento global es una de las grandes crisis que tenemos no solo como región, país o Unión Europea (UE), sino como humanidad. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) nos orientaron sobre la magnitud de la reducción de emisiones globales que necesitamos para este reto, del orden del 7,6% anual durante esta década, muy alejado de las tendencias de emisiones actuales.

La adaptación y mitigación de sus efectos deben ser temas centrales en nuestro país. El Congreso de los Diputados aprobó una declaración política de emergencia climática en 2019, firmada por todos los partidos excepto Vox. Se comprometieron a implementar una acción conjunta y coordinada de todas las instituciones para luchar contra el desafío del cambio climático. Sin embargo, el balance es tremendamente insatisfactorio. Es necesario un acuerdo estructural que integre conocimiento científico, naturaleza y acción sociopolítica con un mismo objetivo.

En la Región de Murcia, los fenómenos extremos asociados al calentamiento global serán cada vez más recurrentes y severos. Nos enfrentamos, con extrema urgencia, a actuar con medidas concretas. Son necesarias acciones en agricultura, alimentación, urbanismo, usos del suelo, así como en bosques, humedales y mares. Necesitamos cambios sistémicos profundos para descarbonizar la economía murciana y alcanzar una neutralidad de emisiones globales antes de 2040. La administración regional cuenta con una Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que se ha quedado en un papel mojado y cuyos resultados son invisibles todavía. Este año, nuestra tierra recibirá financiación de la Unión Europea para desarrollar un proyecto durante 22 meses que permitirá identificar y evaluar los principales riesgos climáticos del territorio.

En la región, las actitudes obstruccionistas y negacionistas de fuerzas políticas, fundaciones y asociaciones agrarias van a ser un poderoso hándicap a la hora de adoptar medidas efectivas de lucha y mitigación contra el calentamiento global. La Asamblea Regional está dominada por una mayoría que no propone medidas de acción, sino puramente cosméticas cuando no abiertamente negacionistas. La educación, la comunicación científica y la información ciudadana son herramientas para construir un consenso que implique a la inmensa mayoría de la sociedad civil. Solo una ciudadanía consciente y comprometida permitirá que las políticas de acción contra el calentamiento global se sostengan más allá del corto plazo y las coyunturas electorales.

Un amplio acuerdo para la acción sobre la emergencia climática es un reto que pasa por lograr un amplio espacio de consenso entre las administraciones estatal, autonómica y local, fuerzas políticas, empresas, sindicatos, ecologistas, sociedad civil y sector científico. El reto es enorme y para que este pacto sea realmente un marco transformador, debe ser lo máximo de transversal posible, pensado a largo plazo y poniendo a la ciencia y a la naturaleza como sus ejes centrales. Un gran acuerdo de región debe pasa por la reducción significativa de los gases de efecto invernadero y plantear acciones para la adaptación y la prevención de sus efectos negativos sobre las especies y los ecosistemas,

En la Región de Murcia, un programa de actuación debe basarse soluciones basadas en la naturaleza: bosques gestionados de forma ecológica para prevenir incendios y proteger la biodiversidad; cuenca hidrográfica planificada de manera sostenible y gestionada de manera participativa que afronte sequías e inundaciones, una apuesta por la agricultura regenerativa para fortalecer la resiliencia de los sistemas rurales; y ciudades verdes que contribuyan a mitigar las olas de calor. Necesitamos específicamente un acuerdo restrictivo entre todas las empresas que emiten gases de efecto invernadero en el Valle de Escombreras. Urge acelerar la recuperación del Mar Menor ante los efectos extremos del cambio climático.

En nuestra región sigue la presión de fuerzas y colectivos que niegan el cambio climático. Negar la evidencia científica se ha convertido en un relato temerario, extremista y suicida. El peso de la ciencia es necesario para entender la gravedad del futuro al que nos enfrentamos. Necesitamos acordar de forma consensuada una línea de actuación sobre el calentamiento global basada en la evidencia científica y en medidas de decrecimiento sectoriales. Es un imperativo social para la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

La decisión del gobierno chino de imponer aranceles entre el 15 y el 26% a la importación de carne de cerdos europeos, según Newtral (no el 62% que se está diciendo) ha puesto en alerta al sector porcino industrial español y al murciano, en particular. Los aranceles chinos ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo de ganadería industrial porcina en nuestro país y en la Región de Murcia. La solución no es buscar nuevos mercados a la ganadería industrial intensiva, sino cambiar el modelo.

La profunda insostenibilidad de este modelo de producción depende de la exportación masiva y deja a la ciudadanía, al medio rural y al medio ambiente las consecuencias de sus impactos, mientras el beneficio económico cae en unas pocas manos. Este modelo de ganadería agroindustrial se basa en el acaparamiento de recursos, en la concentración del poder y el beneficio en muy pocas empresas multinacionales.

El modelo de ganadería industrial exportador, intensivo y megaindustrial no es una solución, ha demostrado ser un fracaso estratégico. La dependencia de mercados volátiles y sujetos a decisiones geopolíticas (el mercado chino lo es) deja al sector en una situación de permanente vulnerabilidad económica e incertidumbre. En la Región de Murcia, este modelo se ha agudizado con el crecimiento insostenible de granjas, macrogranjas y plantas de biogás al calor del beneficio rápido y las subvenciones al biometano, mientras los problemas ambientales y sociales los tenemos que sufrir la ciudadanía

Los impactos ambientales de este modelo son graves y diversos. Además el consumo añadido de agua es una de las principales causas de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y superficiales y de la generación de ingentes cantidades de purines que el territorio no puede absorber. Los casos del Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena son paradigmáticos. Nuestro país está denunciado por la contaminación por nitratos ante el Tribunal Europeo de Justicia. La emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación por la importación de soja para piensos y la destrucción de la biodiversidad son otros impactos. Además, la ganadería industrial es la responsable de las principales emisiones de antibióticos a las aguas, uno de los contaminantes emergentes más preocupantes.

La ganadería industrial no fija la población en el mundo rural. La producción en macrogranjas generan pocos puestos de trabajo, degrada la calidad de vida de los núcleos urbanos del entorno debido a la contaminación y los malos olores, y acaba con las opciones de una ganadería familiar, social y extensiva, en equilibrio con la capacidad de carga del territorio.

Es necesario que las administraciones públicas: estatal, autonómica y local apuesten de forma decidida por una transición justa hacia la agroecología que reduzca drásticamente el número de cabezas de ganado para ajustarlo a la capacidad real de nuestro territorio; reorientar las subvenciones públicas hacia modelos que verdaderamente contribuyan al bien común; y ofrecer alternativas laborales y profesionales agroecológicas a las personas trabajadoras, con formación y ayudas. De manera paralela, hay que fomentar la ganadería extensiva, ecológica y local en equilibrio con la capacidad de carga del territorio, que emplea más gente, garantiza precios justos para las personas ganaderas, produce alimentos de mayor calidad y protege la biodiversidad.

Establecer una moratoria a nuevas macrogranjas y plantas de biogás es el camino para detener inmediatamente la autorización de nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de las existentes. Hay que priorizar la producción de los alimentos para el mercado interior y de proximidad, rompiendo la dependencia de la exportación masiva y de la importación de piensos. Se necesita una aplicación efectiva de la Directiva Marco de Nitratos y la Directiva Marco del Agua para proteger nuestros acuíferos y el patrimonio hídrico de la región.

La crisis suscitada de los aranceles chinos es la crónica de un fracaso anunciado. No es una crisis coyuntural, es una consecuencia directa de un sistema que prioriza los beneficios empresariales a corto plazo frente a la salud ambiental, social y animal. Es el momento de aprender la lección y dar un giro hacia un sistema alimentario resiliente, justo y sostenible. Un sistema que no colapse ante la decisión de gobiernos lejanos, porque su fortaleza estará en sus raíces locales. La oportunidad decisiva está en reconducir la política agroganadera hacia la soberanía alimentaria y la agroecología.

Este verano, una parte de la Península Ibérica ha sido asolada por incendios. Las llamas se han cebado con Galicia, Castilla y León y Extremadura sin olvidar nuestro vecino Portugal. El fuego ha arrasado cientos de miles de hectáreas, pese a que los incendios son menos de la mitad de los de 2022, un año muy significativo en el impacto del fuego. Una primera reflexión es expresar la solidaridad y empatía con los que han luchado contra los incendios, a veces con la pérdida de vidas, y quienes han perdido sus bienes. Compartir la consternación de la ciudadanía de muchas localidades que han visto cómo el avance de las llamas ha dañado y puesto en riesgo vidas, montes, animales, cultivos, viviendas e infraestructuras.

En nuestra región, parecía que nos habíamos librado, pero no. En agosto se produjeron incendios en Cieza, en la sierra del Almorchón, en Abarán en la Sierra del Oro, en Ricote el de Umbría; entre Moratalla y Caravaca en la Sierra de la Puerta, así como en Cartagena en las cuestas del Cedacero. Estos incendios son de una magnitud mínima si los comparamos con los anteriores, lo que no excluye que las instituciones y la sociedad civil debiéramos estar alerta ante los riesgos.

La prevención de incendios necesita adaptarse a las características y necesidades específicas de cada territorio, y realizarse con criterios de conservación de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático. En zonas cercanas a núcleos de población, infraestructuras críticas o puntos estratégicos, será necesario aplicar una gestión más intensa, que reduzca la carga de biomasa y facilite el acceso, aumentando la capacidad de extinción.

La gestión de espacios debe centrarse en el fomento de un mosaico agroforestal que combine espacios abiertos y áreas arboladas, contribuyendo a generar paisajes más resilientes al fuego. Deben limitarse las extensiones de las plantaciones forestales, también de pináceas, y favorecer la diversidad y la discontinuidad de las masas forestales, para tratar de contener la rápida propagación de grandes incendios.

Se han producido avances técnicos de las administraciones sobre la actuación temprana en extinción, pero la dotación de medios de vigilancia y pronto ataque es insuficiente. Se deben dotar de medios suficientes y condiciones de trabajo dignas a los equipos de extinción. Los sindicatos de profesionales denuncian la falta de previsión, las jornadas maratonianas, la ausencia de bolsas de empleo y la insuficiente formación.

La partida de los presupuestos regionales destinada a la vigilancia y a la extinción de incendios de 2025 ha tenido un recorte de más de 800.000 euros, al pasar de los 16,7 millones de euros de 2024 a 15,9 millones para este año. En nuestra región, la masa forestal repoblada, artificialmente, es uno de los puntos débiles frente a la proliferación de los incendios. Muchas zonas donde se han plantado pinos en densidades muy altas provocan un desequilibrio en el ecosistema, al haber más árboles de los que puede soportar un territorio especifico. El cambio climático, los efectos de la sequía, las tormentas eléctricas y una falta de gestión eficaz, con restos de podas abandonadas y pinos secos, convierten a buena parte de nuestros montes en un escenario perfecto para que se desaten incendios forestales. Es necesario también que los ayuntamientos identifiquen, en un plan, las zonas de riesgo de incendios en los municipios para actuar con medidas preventivas.

Nuestros ecosistemas no son un conjunto de árboles y arbustos; son sistemas vitales que regulan el clima, protegen los suelos de la erosión, mitigan inundaciones y albergan una biodiversidad única. Cada hectárea arrasada por incendios supone la destrucción de un patrimonio natural que tarda décadas en recuperarse.

La ausencia de especies animales es otro de los problemas. La cabaña ganadera extensiva (cabras, ovejas), así como la fauna herbívora, ayudan con su actividad a mantener en buen estado los bosques. Con su alimentación, reducen la cantidad de combustible vegetal y contribuyen a crear discontinuidades de hierba en el paisaje que pueden ser pequeños cortafuegos.

Gestionar el territorio con criterios de conservación para aumentar la resiliencia a los incendios es una tarea necesaria, más aún en el contexto de cambio climático que genera las condiciones para que los incendios sean más frecuentes y violentos. La lucha contra el fuego es tarea de todo el año no solo durante los meses de verano.

Ya están aquí, han venido para quedarse. El cambio climático tiene sus secuelas de aumento de temperaturas y fenómenos extremos como las olas de calor, así como sus consecuencias ambientales y de salud pública. Las olas de calor han ocurrido en el pasado, pero el cambio climático está haciendo que estos eventos se conviertan en más extremos, más largos y más frecuentes.

El calentamiento global, generado por un mayor porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, está intensificando la frecuencia y presencia de las olas de calor en todo el mundo. La Organización Metereológica Mundial señalaba el año 2024 como el más cálido jamás registrado. La situación de altas temperaturas mantenidas durante días, se han dado también en otros países de Europa, como Francia, Reino Unido e Italia o Grecia; además de España.

Las olas de calor aumentan los impactos de la sequía, incrementan la virulencia de los incendios forestales, aumentan la contaminación por ozono troposférico, la inseguridad hídrica, y las pérdidas agrícolas; lo que causa daños importantes a las comunidades. Las olas de calor afectan la superficie terrestre y los océanos. Estas causan mortalidad de plantas, animales y peces, lo que puede generar una reducción actual y futura de la cantidad y disponibilidad de alimentos. El calentamiento global intensificará los efectos de las olas de calor sobre la salud.

Con la primera ola de calor del verano se están disparando los niveles de ozono en el aire del centro y sur de la península ibérica, por efecto combinado de la elevada radiación solar y de las emisiones contaminantes del tráfico rodado, el transporte y la mayor generación eléctrica en centrales térmicas. La Aemet prevé que el mes de agosto será de los más cálidos en nuestro país desde que hay registros. Casi la mitad de los municipios de nuestra región han superado los 44 grados el 16 y el 17 del mes.

Nuestras ciudades y nuestro territorio no están preparados para estas olas calor que van a ser cada vez más significativas en un próximo futuro. Los modelos urbanísticos que imperan en la principales ciudades de nuestra región (Murcia, Cartagena, Lorca o Molina) con plazas y calles, con nula o escasa vegetación, contribuyen a producir efectos de isla de calor que exacerban sus efectos. El efecto isla térmica, causado por la retención y generación de calor en entornos urbanos es debido a la edificación, las superficies que absorben el calor, el tráfico y los sistemas de refrigeración que eleva las temperaturas, sobre todo nocturnas.

También nuestros mares, el Mediterráneo y Mar Menor, se calientan con los riesgos de pérdida de biodiversidad e hipoxia en el caso de nuestra laguna, Se van convirtiéndose así en mares tropicalizados.

La pobreza energética es uno de los factores que más condicionan la capacidad de respuesta frente al calor. El calor evidencia la desigualdad en nuestras ciudades. Los barrios de menor renta suelen tener temperaturas más elevadas por contar con menos cobertura vegetal y espacios verdes y también edificios y viviendas peor acondicionadas. Se deberían incluir políticas públicas que permitan la rehabilitación de viviendas para garantizar que estén bien aisladas y priorizar las actuaciones en los barrios más sensibles al calor extremo. Por otro lado, los trabajos con mayor exposición a las temperaturas y riesgo de golpes de calor son la agricultura, la construcción o la limpieza viaria.

Se necesitan programas específicos de renaturalización urbana y despavimentación de nuestras ciudades, aumentar los refugios climáticos y un control más exhaustivo de las emisiones efecto invernadero y contaminación atmosférica (ozono troposférico y partículas) para luchar contra las olas de calor extremo. Las calles y plazas, los alcorques, las rotondas, los muros de piedra o los jardines permiten acoger intervenciones con un impacto muy positivo en la biodiversidad urbana.

Renaturalizar las ciudades de nuestra región es un objetivo a cumplir: la naturaleza es fundamental para luchar contra las temperaturas extremas al contribuir a proporcionar sombra y reducir la temperatura. También limpia el aire de contaminantes, reduce la contaminación acústica, fomenta el bienestar, la actividad física y la salud mental y da refugio a la fauna urbana. Los parques y zonas verdes, el arbolado, las fachadas y azoteas verdes y los huertos urbanos son formas de aumentar la cobertura vegetal urbana de manera que afronten las olas de calor en nuestras ciudades.

Un efecto directo del cambio climático es el calentamiento de océanos y mares, En este contexto, el Mar Mediterráneo se calienta más rápido que la media mundial. El calentamiento global está produciendo efectos que agudizan las agresiones existentes por la sobrepesca, la contaminación, el comercio marítimo y el desarrollo urbanístico. Se está convirtiendo en una zona caliente del cambio climático debido a su condición de entorno de transición entre dominios húmedos y secos. El Mediterráneo se está convirtiendo en un mar tropicalizado.

Desde mediados de enero, la temperatura superficial del Mar Mediterráneo está por encima de valores jamás registrados antes, para esta época del año, lo que evidencia el calentamiento acelerado que sufre esta zona en los últimos años. El agua del Mediterráneo supera en muchas zonas los 28 grados, con anomalías térmicas por encima de los 5 grados. La Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), señala que el conjunto del mar ha superado los 26 grados, más de dos grados por encima de la media de esta época, fenómeno que ha ocurrido en los dos últimos años. En algunos puntos es todavía peor: el 30 de junio, en la Dragonera (Les Illes) la temperatura del mar llegó 30,55º C. Son datos que corresponderían a mares cálidos tropicales.

El Mediterráneo se calienta dos o tres veces más rápido que otros mares, al ser un mar cerrado, con mucha radiación solar y sin apenas intercambio con otros océanos. Esto tiene como consecuencia que se parezca cada vez más a los mares tropicales. Una de las graves consecuencias del ascenso de las temperaturas y las olas de calor marinas son las afecciones a la biodiversidad. La reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, con una alta biodiversidad, se encuentran en una significativa situación de peligro por las olas de calor marinas.

La aparición de nuevas especies invasoras en las zonas más cálidas al Mediterráneo desplaza a las autóctonas y se está produciendo la disminución drástica de moluscos en las zonas más orientales. Las altas temperaturas y el incremento en la frecuencia e intensidad de las tormentas están transformando también el fondo marino. Las praderas de Posidonia oceanica, las poblaciones de gorgonias y las nacras, se han reducido en todas las zonas, llegando a extinguirse totalmente en algunos entornos. La Posidonia oceánica almacena entre un 11 y un 42% de las emisiones de dióxido de carbono.

Esta anomalía térmica también está sucediendo en el Mar Menor, donde estos extremos tienen repercusión. El aumento de temperatura del Mediterráneo también rompe el efecto regulador que enfriaba el Mar Menor. Este año, el aumento de la temperatura del Mar Menor alcanzado una media de 30.7 grados, con algunas áreas que llegan a los 32, que puede alterar el frágil equilibrio de la laguna. A esto se añade un crecimiento del fitoplancton con aumento de turbidez y pérdida de luz en el fondo marino.

Desde finales de mayo, se está produciendo una ola de calor que ha elevado la temperatura de sus aguas y que amenaza con prolongarse y acentuarse. La situación empieza a ser de alto riesgo. Aunque por ahora no se ha observado ningún impacto ecológico severo, se dan muchas de las condiciones que podrían derivar en la famosa sopa verde e incluso en episodios de mortalidad masiva de las especies más vulnerables a estos cambios.

Un reciente informe elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) alerta de que estas condiciones de estrés térmico multiplican la probabilidad de que la laguna vuelva a colapsar. Se dificulta que el Mar Menor pueda resistir y sobreponerse a fenómenos naturales como el calentamiento son las altas concentraciones de nutrientes. Este factor junto a la entrada de nitratos y agua dulce del acuífero hacen que haya un riesgo alto de sufrir este verano un episodio de hipoxia. Puede ser la tormenta perfecta.

El frágil equilibrio puede acabar. Un exceso de temperaturas aumentará los riesgos de que sufra otro episodio de hipoxia. Será necesario comprobar si los actuales valores térmicos, desencadenarán una demanda de oxígeno en el ecosistema que provoque mortandades de peces o una proliferación aún mayor de algas en la laguna.

El Mar Menor necesita una mayor monitorización y coordinación de las administración regional y estatal. La mejor forma de proteger y conservar los ecosistemas marinos frente al cambio climático es mantener unos ecosistemas saludables que tengan una mayor capacidad natural para adaptarse a los cambios.

En este camino de desregulación y desprotección ambiental que llevan a cabo PP y Vox con la influencia directa de la CROEM aparece una nueva norma de simplificación que elimina requisitos de evaluación ambiental de las modificaciones urbanísticas. El Decreto-Ley 1/2025, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia (BORM, 7 de junio) ha derogado una normativa de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia el apartado 1e de la disposición adicional primera de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Una medida que favorece determinados intereses urbanísticos.

Esta medida, suprimida ahora, obligaba a pasar una evaluación ambiental más rigurosa (denominada ordinaria) a las modificaciones de los planes generales calificadas como estructurales. Es decir, aquellas que pueden alterar sustancialmente el uso del suelo, los sistemas generales (parques, dotaciones, et) o incluso reclasificar el suelo no urbanizable.

Al eliminar dicha normativa, estas modificaciones que afectan a millones de metros cuadrados de territorio, generan miles de nuevas viviendas y habitantes, con sus correspondientes accesos, servicios, saneamiento, depuración, etc., se someterán sólo a una evaluación ambiental “simplificada”, lo que parece un elemento contrario a la Ley estatal de evaluación ambiental e incluso a la Directiva europea en la materia.

La CROEM se vanagloria de que, el texto legal de López Miras, incorpora 63 propuestas elaboradas por la patronal en un proceso de consulta con siete asociaciones sectoriales y dos grandes empresas. Pero este decreto no lleva ninguna aportación de las organizaciones sindicales, sociales, ciudadanas y ambientales. Para el gobierno estas últimas no existen, se gobierna solo en función de los intereses de la patronal y de las constructoras, no se tienen en cuenta los intereses generales de la ciudadanía.

A pesar de más de año y medio en la preparación de este decreto, el pretexto de la urgencia es un mantra de la confusión. Es la forma en la que se justifica que las modificaciones a la carta se aprueben mediante decreto, evitando el debate público, las aportaciones de otros sectores y de la sociedad, así como los informes preceptivos del Consejo Jurídico o del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, por el que no han pasado la mayor parte de las modificaciones legales sobre las que debieran haberse pronunciado. Estos organismos se convierten en una suerte de convidados de piedra ante la normativa urbanística y ambiental del Gobierno regional. Eso sí, el Gobierno regional es tremendamente receptivo en favorecer determinados intereses económicos y eliminar salvaguardas ambientales en urbanismo.

El Gobierno regional aprovecha estos decretos de simplificación para eliminar garantías de protección del interés público y facilitar el beneficio privado de unas pocas empresas. La administración pública debe velar y controlar lo contrario: que el beneficio privado no se haga en detrimento del interés general ciudadano.

Una región donde las salvaguardas medioambientales sean un elemento a eliminar en función de un urbanismo sesgado, interesado y depredador en contra del bienestar social y ambiental de la ciudadanía es un paso atrás para un desarrollo sostenible. Las organizaciones ecologistas han emplazado a la patronal a que identifique públicamente esas grandes empresas beneficiarias de la generosidad simplificadora del ejecutivo regional.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Murcia ha aprobado iniciar los trámites para tres modificaciones del Plan General que permitirán desarrollar nuevos sectores urbanísticos en el Campo de Cartagena, con la construcción de cerca de 8.700 nuevas viviendas en las pedanías murcianas de Corvera y de Baños y Mendigo, Frente a esto, se necesitan planes específicos urgentes de vivienda protegida pública, en régimen de alquiler o venta. que puedan ser un elemento de solución para solventar el acuciante problema de la vivienda en el municipio y en toda la región.

Estos decretos de simplificación se utilizan para colar la eliminación de garantías de protección del interés público, en aras de facilitar el beneficio privado de unas pocas empresas. La administración regional no gobierna para la mayoría de la ciudadanía de la Región de Murcia, Esto se plasma, en el plano legal y normativo, en el seguimiento de las directrices de la patronal y las constructoras con un objetivo muy claro, a lo largo de estos años, los recortes ambientales y las eliminaciones o el deterioro consciente de normas medioambientales en aras de un urbanismo a la carta, sin límites.

Los vertidos a las aguas, suelos y acuíferos son uno de los problemas de primera magnitud en el territorio murciano. Se producen y se han producido vertidos de múltiples procedencias y características, que suponen un problema de contaminación y degradación en grandes zonas de la región, con consecuencias negativas para la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

La contaminación por vertidos es una lacra que afecta negativamente a la agricultura, la pesca, turismo y otras actividades económicas que dependen de un medio ambiente de calidad. Generan perdidas de ecosistemas y puede afectar la salud humana a través del consumo de agua contaminada o alimentos cultivados en suelos contaminados. En la Región de Murcia tenemos innumerables ejemplos de ellos y de sus impactos provocados.

En Calasparra, se producía un vertido de petróleo que contaminaba una finca rural tras romperse el oleoducto Cartagena–Puertollano. Según el informe de la empresa, el vertido afecto a más de dos mil metros cuadrados zona que, además, es un paraje de especial importancia al ser vecina a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Llanos del Cagitán. La finca afectada está en la cuenca del río Quípar, cuyo control corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. El combustible vertido se ha infiltrado dos metros en el subsuelo de la finca afectada. La empresa concesionaria atribuye el vertido de Calasparra a un intento de robo de petróleo, Sin embargo, casi un mes después, no hay una información a la ciudadanía sobre las causas reales de este vertido. Este episodio es un ejemplo de un problema mucho más grande que afecta a toda la ciudadanía.

En el marco de la legislación de aguas continentales, se considera vertido toda emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a estas aguas, así como al resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Un problema central son los vertidos de nitratos asociados a la actividad agrícola industrial en el Mar Menor; que han supuesto una situación de extrema gravedad y vulnerabilidad. Los vertidos procedentes de la actividad agrícola industrial han supuesto un grave proceso de desequilibrio en nuestra laguna salada. En este contexto, el control sobre el regadío ilegal supone 9.100 hectáreas cerradas en el Campo de Cartagena hasta ahora.

El acuerdo PP Vox para descafeinar la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor es una nueva agresión a un marco normativo para restaurar y preservar este ecosistema único. Hay que establecer actuaciones urgentes para solucionar el urbanismo descontrolado, la contaminación por metales pesados de la Sierra Minera y, especialmente, la presión de la agricultura de exportación y de la ganadería industrial intensiva. En esta situación de vertidos, en la cubeta sur del Mar Menor, están los lixiviados de los depósitos mineros la Sierra Cartagena-La Unión que constituyen un riesgo cotidiano social y ambiental. El Mar Menor tiene capacidad de recuperarse, pero para ello es imprescindible eliminar el impacto de los vertidos, con el objetivo de vertido cero a la laguna.

El Campo de Cartagena y las vegas Alta y Media del Río Segura, especialmente el Valle del Guadalentín, son zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura o la ganadería industrial intensiva. Los vertidos agroganaderos, a través de las escorrentías o lixiviación, afectan la calidad de las aguas subterráneas y son un problema medioambiental crónico. Al mismo tiempo, en la ciudad de Murcia se producen vertidos periódicos con las características espumas que afectan al rio Segura, especialmente durante los periodos de lluvias desde hace varios años sin que se hayan tomado medidas para evitarlos.

Una línea de actuación que es manifiestamente mejorable es el desarrollo de medidas preventivas junto a control de vertidos que minimicen los aportes de nutrientes a través de prácticas agrícolas sostenibles. Es necesaria la restauración del ecosistema del Mar Menor y desarrollar medidas para recuperar la calidad del agua y el equilibrio ecológico de la laguna. Es urgente una mejor y más acertada legislación y medidas de control para regular la actividad agrícola y los vertidos ilegales. Pero esto no se hará sin un giro en las actuaciones de los poderes públicos y una mayor conciencia de la ciudadanía murciana sobre los impactos sociales y ambientales de los vertidos.

A las 12:33 horas de este 28 de abril se producía un apagón de todo el sistema eléctrico en la Península Ibérica que significo una caída a cero de la red de transporte eléctrico operada por Red Eléctrica. Sin embargo, en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla no hubo cortes de suministro al tener redes eléctricas autónomas. La respuesta de la sociedad civil en nuestro país ha sido tranquila, calmada y con sentido común. En la Región de Murcia, una de las últimas comunidades en reconectarse, la tranquilidad y resiliencia fueron respuestas unánimes. Todo ello, a pesar de que decenas de personas se encontraban atrapadas en las estaciones de trenes por el colapso del transporte ferroviario. Además, hubo quien ayudó a otros a la hora de compartir y comentar las informaciones que llegaban a través de la radio, sin olvidar a aquellos que se quedaron atrapadas por el apagón y no pudieron intercambiar con nadie dudas e incertidumbres.

Sobre este colapso han surgido numerosas informaciones, muchas de ellas meras especulaciones y bulos interesados que, sin embargo, no han tenido la magnitud de otras ocasiones. Es necesaria una reflexión rigurosa, que ayude a clarificar las mentiras y las intoxicaciones en las redes sociales. Todavía no sabemos las causas últimas del proceso que inició el fallo en cadena, por el momento lo único que se conocen son hipótesis y conjeturas. Algunas de ellas han sido desmentidas de forma oficial, pero siguen circulando por redes sociales. Lo público ha salido reforzado de este episodio, sobre todo por los trabajadores que han intervenido con profesionalidad y solidaridad en el colapso provocado por el apagón. Si hay que invertir más en algo es en infraestructuras civiles y públicas, así como en recursos que sostengan a las personas.

El apagón ha puesto en primera línea la importancia de la energía eléctrica y la vulnerabilidad de la sociedad civil. El acceso a la energía es un derecho fundamental que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. El apagón ha sido una situación eventual para la mayoría de la población, pero existen zonas de pobreza energética cotidiana. En nuestro país hay barrios como la Cañada Real (Madrid), Padre Pío, Amate o Su Eminencia (Sevilla) que se enfrentan a cortes eléctricos de forma permanente o muy frecuente.

Hay que tener en cuenta que nuestro sistema eléctrico lleva meses operando una red donde la producción renovable en las horas centrales del día es muy significativa. El 16 de abril de 2025 se alcanzó el 100% renovable durante unas horas. Una gran cantidad de energía renovable en el sistema no es la causa del apagón; de hecho, es una buena noticia porque esa penetración permite evitar toneladas de emisiones. Existen soluciones suficientes y necesarias para alcanzar una red eléctrica con suministro de energías renovables.

Las centrales nucleares han sido de las primeras en desconectar, ya que tardan bastante tiempo en poder incrementar o reducir su producción. Señalar la continuidad de las nucleares como medida para enfrentar crisis de este tipo es falaz, oportunista e interesado. En la actualidad, la liberalización del sector y la privatización de Red Eléctrica Española ha dejado en manos de los beneficios y el mercado la ubicación y dimensionamiento de la producción renovable. En lugar de planificar un mix energético equilibrado de tecnologías solar, eólica, hidráulica y almacenamiento, se deja a la voluntad de grandes empresas la ubicación y características de estos proyectos.

Las declaraciones en favor del mantenimiento de los combustibles fósiles como medida de seguridad no son admisibles. Existen alternativas renovables para garantizar la continuidad de servicios básicos, pero es necesario un debate social que determine los usos prioritarios de la energía y establezca medidas para garantizar las respuestas ante emergencias a medio y largo plazo.

Un sistema descentralizado, más basado en microrredes, aportará resiliencia al sistema eléctrico ante este tipo de episodios en nuestra región. Por otro lado, acercar la producción a los puntos de consumo, así como apostar por un autoconsumo renovable que no dependa de la conexión a red, es prioritario y urgente, lo que no implica la renuncia al transporte de energía, ya que puede ser imprescindible un respaldo externo a estas redes. Necesitamos redes autónomas en las nacionalidades y regiones del estado español y un mayor impulso a la autogeneración y el autoconsumo.

Para el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la crisis del Mar Menor no ha sido una contradicción con su apoyo acrítico a la agricultura de exportación en el Campo de Cartagena. Nuestro Gobierno regional va asumiendo progresivamente el argumentario de extrema derecha de Vox, cuyo último demonio ha sido el del Pacto Verde Europeo, abriendo la posibilidad a unos presupuestos regionales con la ultraderecha.

El Gobierno Regional nunca ha creído en la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor. Maniobró en su aprobación porque no les convenía ir a contracorriente de una movilización social tan numerosa y significativa, en defensa de nuestra laguna salada. En un reciente artículo del presidente 'Consenso, compromiso e infraestructuras hídricas', publicado en el diario local La Opinión, no hay una sola referencia a la sobreexplotación y contaminación por nitratos en nuestros acuíferos, siguiendo el paradigma de que lo que no se nombra no existe.

Otra vuelta de tuerca en la agresión al Mar Menor se plasma en la publicación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), el Programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la región de Murcia, recientemente publicada en el BORM. Esta normativa apuesta por una mayor permisividad y un menor control ambiental, alineada con las demandas de los sectores agrícolas y ganaderos. La DAE supone una reducción de la protección ambiental en varios aspectos fundamentales: la flexibilización en el control de fertilizantes, la reducción de distancias de seguridad y la ausencia de medidas preventivas de mitigación. Significa, en la práctica, una menor capacidad de control sobre la actividad agrícola y ganadera en la zona.

Por la parte de atrás, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) introduce modificaciones en la regulación medioambiental que afectan a la protección del Mar Menor. La nueva normativa reduce las medidas de control sobre la contaminación agrícola y ganadera en la cuenca de la laguna. Uno de los cambios más significativos es la exención del cuaderno de explotación para los pequeños agricultores, un registro que permitía controlar la cantidad de fertilizantes utilizados en cada finca. La Ley 3/2020 del Mar Menor imponía este requisito a todas las explotaciones del Campo de Cartagena, pero la nueva normativa deja fuera a numerosos pequeños productores.

La eliminación de la obligatoriedad del cuaderno de explotación para pequeños agricultores también supone una dificultad adicional en la aplicación de sanciones, ya que los mecanismos de inspección no podrán comprobar si se están superando los límites legales de fertilización.

Se rebaja los valores de nitrógeno por hectárea, pese a las recomendaciones científicas e institucionales que instaban a plantear esta restricción en las zonas más vulnerables. Los reiterados avisos de investigadores/as sobre la necesidad de endurecer la regulación para evitar nuevos episodios de contaminación en el Mar Menor han caído en saco roto, aunque la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había solicitado una reducción de estos valores en áreas especialmente sensibles.

Las distancias de seguridad entre explotaciones agrícolas y cauces de agua son otros elementos de recortes en la Declaración Ambiental Estratégica. Mientras que la Ley del Mar Menor imponía distancias variables en función de la pendiente del terreno y el riesgo de escorrentía, la DAE fija una franja única de 5 metros sin fertilizar, independientemente de la inclinación del suelo. Esto supone una reducción de protección en zonas con alto riesgo de contaminación, donde antes se exigían hasta 15 metros de distancia. Es un paso atrás importante para las zonas de mayor pendiente, ya que las lluvias pueden arrastrar con mayor facilidad los fertilizantes hasta los cauces que desembocan en el Mar Menor. Desde la comunidad científica se ha advertido que reducir la distancia de seguridad en estos casos puede acelerar el transporte de contaminantes y agravar los episodios de eutrofización en la laguna.

La DAE no establece restricciones a la instalación de nuevas macrogranjas, especialmente de porcino en el Campo de Cartagena, ni establece nuevos controles sobre las existentes, lo que permite la continuidad y la futura expansión de estas explotaciones en el futuro. Este hecho contrasta con la tendencia, en otras regiones, que han aprobado moratorias para evitar la proliferación de granjas intensivas en zonas vulnerables. El Mar Menor sigue todavía en la cuerda floja y en un frágil equilibrio. Será necesaria toda la movilización y presión de la sociedad civil para un futuro ambiental y sostenible de este patrimonio natural.

Las vías pecuarias son caminos, redes viarias históricas con personalidad jurídica que servían y sirven para el traslado de la cabaña ganadera por toda la península. Están clasificadas en cañadas reales, cordeles y veredas. Esta clasificación tiene su origen en la necesidad de acotar el paso de los ganados por zonas de labranza. De esta manera, las cañadas reales tienen como ancho 75 metros, los cordeles 37,5 metros y las veredas 20 metros. Tuvieron su máximo auge durante la Edad Media con el desarrollo de la ganadería trashumante y la exportación de la lana. A finales de 2023, la trashumancia fue declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El 6 de abril se celebra la V edición del Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos. 

Ejemplos de vías pecuarias los encontramos en el Cordel de los Valencianos, que conecta el Noreste, atraviesa la Sierra de la Pila y Molina de Segura, pasa por la falda de Carrascoy, el Puerto de la Cadena y llega hasta el Campo y la ciudad de Cartagena. Otra vía es la Vereda de Poniente que conecta varias áreas incluidas en la Red Natura 2000, como la Sierra de Revolcadores, la Sierra de Mojantes, la Sierra de la Serrata, La Sierra de Casa Alta Salinas, el macizo de Pedro Ponce y Quípar, Sierra Espuña y la Sierra de Carrascoy.

La lucha por su conservación, uso social y colectivo es una campaña que dura varias décadas. Diferentes grupos de presión sociales, lobbies urbanísticos y agrícolas tratan de desarticular estas vías públicas y reducirlas a fragmentos. Las administraciones, que supuestamente las gestionan, han mirado muchas veces hacia otro lado mientras que sectores socioeconómicos las ocupaban, cerraban y modificaban estas propiedades públicas del suelo.

Los grupos ecologistas y ambientalistas de la Región llevan más de veinte años exigiendo reivindicaciones clave para el mantenimiento de las vías pecuarias: la clasificación (declaración de su existencia), deslinde (determinación de sus límites exactos), y el amojonamiento (materialización física del deslinde). Sin embargo, desde la aprobación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias no se ha desarrollado la correspondiente legislación autonómica, ni ninguna otra normativa que implemente la ley estatal. Una buena parte de las vías pecuarias no están deslindadas, amojonadas o señalizadas, en otras caducaron sus deslindes, lo que ha provocado que sean usurpadas, ocupadas, cortadas o cerradas por particulares.

En el Estado español existen 138.146 km de vías pecuarias de los que 113.575 km (82,21 %) se encuentran 23.313 km (20,52 %) deslindados y solamente 11.866,05 de los deslindados (50,89 %) amojonados, Nuestra región tiene un total 2.853 kilómetros de vías pecuarias de las que menos del uno por ciento han sido deslindadas y amojonadas, la ratio de deslinde más baja del país. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene el 40% de sus vías pecuarias deslindadas La situación es preocupante, es necesario un giro radical de las administraciones para acelerar las labores de inventariado, deslinde, rehabilitación, mantenimiento y recuperación de trazados íntegros.

El desarrollo de campañas de información y concienciación sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos es una primera etapa, así como la catalogación, defensa y conservación por parte de la administración regional y local. Estos caminos forman parte del patrimonio de dominio público, por los que pueden desplazarse los vecinos para múltiples actividades y para acceso a nuestro patrimonio natural y cultural. El buen mantenimiento de las mismas permite una buena comunicación entre municipios cercanos y un acercamiento imprescindible al medio natural. Las vías pecuarias también son indispensables para vertebrar las comunicaciones locales, evitando el despoblamiento y el aislamiento.

La red de vías pecuarias y caminos públicos también es esencial para nuestra biodiversidad como corredores biológicos por las que las especies se desplazan de unas zonas a otras. En este sentido, también es urgente la concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de su catalogación y conservación. Estas vías son importantes infraestructuras verdes para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que significa de mejora sostenible del desarrollo rural. Defender y mejorar las vías pecuarias y caminos públicos supone también una mejora de la calidad de vida y del bienestar de la ciudadanía murciana.

Muchas personas vieron con incredulidad y asombro como se desarrollaba una campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor que consiguió 639.826 firmas, más del medio millón necesario, y se convirtió en ley en el parlamento. El pasado mes de noviembre se emitió el fallo del Tribunal Constitucional, ante el recurso de Vox, declarando la constitucionalidad de la norma. En esta última etapa se ha aprobado el Reglamento de la Ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.

Las organizaciones en defensa del Mar Menor han celebrado y valorado el Reglamento que desarrolla la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna, a pesar de las dificultades, de algunos palos en la rueda y los retrasos en su elaboración. El reglamento establece cómo se van a desarrollar los tres órganos que contempla la Ley: Comité de Representantes, Comisión de Seguimiento y Comité Científico, lo que se denomina Tutoría del Mar Menor. Se ha regulado también cómo deben designarse a los integrantes de cada uno de ellos.

Hay que destacar que, en el artículo seis de la ley, se describe que cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor. Pueden hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta ley y las disposiciones que la desarrollen a través de una acción presentada en el Tribunal correspondiente o la Administración Pública. El principal cambio que se reivindica es que los defensores del Mar Menor no solo puedan actuar como acusación popular, sino también como acusación particular, en representación del propio ecosistema. Ahora hay una figura jurídica como es el Mar Menor, que puede defenderse a sí mismo, a través de cualquier persona. La diferencia es importante, pues mientras que la acusación popular es una persona, entidad o empresa que tiene o no relación con los hechos que se denuncian, la acusación particular la ejerce, la propia víctima, es decir la propia laguna. También otro elemento garantista es el hecho de que, si en un procedimiento el fiscal decide no acusar, el juez está obligado a dar traslado de ello a la víctima del delito, por si quiere mantener la acusación.

Lo nuevo de esta normativa en el Estado español y en la UE es el hecho de que, por primera vez, un ecosistema ejercita en su propio nombre la acción penal, por entenderse que es titular de esos derechos el ecosistema, que tiene capacidad de acusación. Hay tres procedimientos penales en curso. Será la primera vez que el mar Menor va a un juicio como víctima y como sujeto que ejerce la acusación-

Es fundamental y urgente el establecimiento de los órganos de representación y participación, para poder tomar iniciativas frente a un Gobierno Regional, que ostenta la mayoría de las competencias necesarias para la protección y recuperación de la laguna, y perseguir las agresiones al ecosistema que se siguen produciendo en la actualidad. Como señala la normativa, al ecosistema lagunar, como sujeto de derecho, hay que dotarlo de una carta de derechos propios, con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras.

Las organizaciones en defensa del Mar Menor están trabajando en las principales líneas de actuación dentro del Comité de Seguimiento, en el que estarán representadas y que, en este momento, se centrarán, sobre todo, en la lucha contra la contaminación de origen agroindustrial y ganadero, sin olvidar el resto de impactos, velando por la restauración del ecosistema y su cuenca vertiente. Se abre un camino de defensa del Mar Menor frente a las agresiones crónicas que ha sufrido la laguna desde la contaminación ambiental hasta el urbanismo depredador.

Por otro lado, conocíamos recientemente que la CARM ha obligado a restituir 2.968 hectáreas de regadíos ilegales próximos al Mar Menor lo que supone más del 56 por ciento de las hectáreas comunicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), recogidas en 457 expedientes sancionadores. Pero al Mar Menor no solo se le defiende desde el punto de vista judicial y administrativo, es tarea de todos los murcianos y murcianas, la sociedad civil, en definitiva, mantener y defender esa joya del medio natural que tenemos en nuestra región.

El glifosato es un potente herbicida usado en la agricultura que tiene serios impactos ambientales y en la salud humana, En la huerta de Murcia y en muchos suelos agrícolas de la región se ha usado y se usa alegremente como un producto eficaz para acabar con las malas hierbas, sin reparar en los riesgos ambientales y sanitarios.

Los Estados miembro de la Unión Europea (UE) no han conseguido alcanzar la mayoría necesaria para anular el permiso de uso del glifosato. La Comisión Europea ha anunciado la renovación del permiso del glifosato por un periodo de diez años, sujeto a ciertas nuevas condiciones y restricciones, que incluyen la prohibición del uso como desecante antes de las cosechas y la necesidad de ciertas medidas para proteger a los organismos no objetivos del herbicida. Esto supone una postura abiertamente a favor a la industria química sin ningún rubor. La presión de los lobbies agroindustriales ha conseguido su objetivo. Prolongando el permiso del glifosato, la Comisión evita las denuncias que podría recibir por parte de las empresas productoras de este herbicida. Sin embargo, el 62 por ciento de los ciudadanos de la UE son favorables a su prohibición y, en el estado español, ciento cincuenta organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Ministerio de Agricultura el voto contrario a la renovación del permiso y la elaboración de un reglamento ambicioso en materia de uso sostenible de fitosanitarios.

La aprobación de este permiso durante diez años, es un paso atrás en el objetivo de evitar la contaminación de los suelos agrícolas y el desarrollo de una agricultura verdaderamente sostenible. La prolongación del glifosato atenta contra la biodiversidad y contra la salud pública, como han indicado numerosos estudios científicos. El más reciente es el del Instituto Ramazzini que establece la relación entre el uso de bajas dosis de herbicidas a base de glifosato y la aparición precoz de leucemia.

Un estudio llevado a cabo por la asociación Por Un Mar Vivo junto al Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción y la Universidad de Budapest concluye que la presencia del herbicida glifosato en el Mar Menor supera los niveles permitidos por la ley. También se ha hallado ácido aminometilfosfónico (AMPA), uno de los principales productos de degradación del herbicida.

Este fitosanitario es una importante amenaza para los ecosistemas acuáticos. El glifosato está clasificado como tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos. Las pruebas científicas demuestran que el glifosato y el AMPA suponen un riesgo alto para los ecosistemas acuáticos en las concentraciones en que se encuentran en el medio ambiente. Hay que señalar también que, niveles bajos de glifosato, afectan al crecimiento y desarrollo de especies acuáticas clave como algas, peces y anfibios. Por otro lado, la exposición crónica a herbicidas a base de glifosato, que también contienen tensioactivos y otros coformulantes, puede ser incluso más tóxica que la exposición al glifosato solamente.

Existen alternativas al uso del glifosato, como muestran las numerosas explotaciones agrarias que han abandonado su uso de forma voluntaria. Cada vez más crece el número de agricultores que deciden cultivar sin usar fitosanitarios tóxicos resistiéndose a la presión del modelo agrario actual y quienes dedican tiempo y conocimientos para avisar y denunciar situaciones en las que se incumple las normativas para el uso de esas sustancias.

La Comisión Europea debe dar un giro radical y eliminar el permiso para este herbicida tóxico. Es necesario que nuestras instituciones estatales y regionales se opongan al uso del glifosato para hacer frente a las consecuencias sobre la calidad del agua y los efectos adversos observados en un amplio espectro de especies, incluidos los seres humanos. Es urgente adoptar objetivos jurídicamente vinculantes para reducir a la mitad el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, como propone el Reglamento de la Comisión Europea relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios. Se deberían eliminar el uso de glifosato en zonas sensibles como parques públicos, jardines y zonas escolares y en el entorno de centros sanitarios.

En nuestro país y en nuestra región necesitamos otro modelo de producción agrícola que no comprometa el futuro de nuestros suelos y nuestras aguas con el objetivo de una agricultura más ecológica y sostenible. En este marco, es necesario eliminar el uso de herbicidas y fitosanitarios tóxicos para el medio ambiente y la salud humana.

La contaminación atmosférica en las principales ciudades de la región se ha convertido en un fenómeno recurrente y crónico, El deterioro de la calidad del aire urbano no solo afecta a la vegetación, sino que se convierte en un problema de salud pública. Cada vez más crece la preocupación y el reclamo de la sociedad civil murciana por una mejora de la calidad del aire que se ha manifestado a través, de colectivos asociaciones, plataformas, sindicatos y redes sociales. Los medios de comunicación se vienen haciendo eco y poniendo en la agenda los episodios de contaminación que nos afectan.

Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la contaminación atmosférica, ya que sus cuerpos, órganos y sistemas inmunitarios se encuentran en pleno desarrollo. También las personas mayores y con patologías previas, son especialmente sensibles. La contaminación atmosférica perjudica la salud durante la infancia y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades en etapas posteriores de la vida.

Uno de los principales elementos es la contaminación por partículas en nuestras ciudades. Los valores de emisiones de partículas PM10 siguen siendo altos superando los valores limite diarios que establecen las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lorca, Mompeán en Cartagena, San Basilio y Alcantarilla (área metropolitana de Murcia) son las estaciones donde más contaminación se mide de estas partículas. A esta situación, se suman las intrusiones naturales de polvo sahariano que contribuyen aún más al aumento de la contaminación en nuestras ciudades.

La contaminación por partículas finas PM2,5, asociadas directamente al tráfico rodado urbano, ha aumentado. Al ser muy pequeñas y de escaso peso, tienden a permanecer más tiempo en el aire. Esto aumenta las posibilidades de que se inhalen y que penetran más profundamente en los pulmones. Estaciones como San Basilio, Molina de Segura o Alcantarilla reflejan la contaminación de este tipo de partículas.

La contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) es un buen indicador de la contaminación debida al tráfico motorizado. Como en años anteriores, la estación urbana de San Basilio, es la más contaminada de la red, superando el valor límite diario de la OMS, seguida por la estación urbana de Mompeán en Cartagena, y Alcantarilla.

El ozono troposférico (O3) sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, y el más estrechamente ligado al cambio climático. Más de la mitad de las estaciones murcianas que miden este contaminante han seguido registrando durante 2024 más de 25 días de superación de las Directrices de la OMS, que son la referencia anual (en el promedio de tres años) establecido en la normativa para evaluarlo. Los peores registros se han dado en las estaciones Alcantarilla (área metropolitana de Murcia) y Lorca (Guadalentín).

Un paso atrás en el control de la contaminación han sido las declaraciones de que los ayuntamientos que Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura no limitarían el acceso en coche a Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), lo que vacía de contenido las ZBE y desvirtúa la lucha contra la contaminación y el cambio climático. La ausencia de limitaciones al acceso de vehículos a las ZBE contribuirá aún más al crecimiento insostenible del tráfico en las zonas centrales, la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2.

Se necesitan estrategias a medio y largo plazo para abordar los problemas de contaminación atmosférica. Es necesario que las administraciones locales y regional aborden la implementación de un Plan Estratégico de Calidad del Aire. Es urgente desarrollar un mayor control de las emisiones y mecanismos de prevención de los episodios cotidianos de deterioro de la calidad del aire urbano.

Los protocolos anticontaminación municipales se han mostrado escasamente operativos para abordar los episodios de contaminación atmosférica urbana. La red de vigilancia atmosférica necesita una amplia mejora, un programa escalonado de sustitución de medidores y un aumento de las estaciones fijas de medición, especialmente en Murcia y Lorca. Es necesario repensar como afrontar los episodios de contaminación atmosférica desde una perspectiva social e institucional de mejora sustancial de la calidad del aire y mitigación del cambio climático. Hay que plantear un giro radical para afrontar estos problemas desde el punto de vista de las administraciones. Los problemas de contaminación urbana afectan, de una manera decisiva, a la calidad de vida y el bienestar de toda la ciudadanía.