En julio pasado el Gobierno anunció su intención de crear una Comisión de la Verdad para conocer lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, entre otras medidas que implican una reforma integral de la denominada ley de memoria histórica, la Ley 52/2007. Esta decisión responde a una de las reivindicaciones de numerosos ciudadanos y ciudadanas, asociaciones memorialistas, activistas de derechos humanos y, muy especialmente, la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) no podemos sino valorar positivamente el hecho de que, por primera vez, un Gobierno de la Nación manifieste la voluntad expresa de abordar (por fin) el derecho a la verdad en nuestro país.

Lo cierto es que en España no ha habido hasta el momento una verdadera voluntad de conocer lo acontecido desde la Guerra Civil y hasta el final de la dictadura. Se han desarrollado, sin duda, numerosas iniciativas para llevar a cabo exhumaciones, lograr el acceso a los archivos o rescatar la memoria, pero no tantas que apunten a la creación de una Comisión de la Verdad. Frente a esta propuesta, han existido siempre profundas reticencias. Tanto es así que ni la Ley de 2007 la prevé, ni existe acuerdo entre las Comunidades Autónomas en torno a su creación, y las propuestas, en caso de haberlas, suelen estar más orientadas a la construcción de una verdad histórica y no “comisionizada”. La Proposición de Ley presentada por el PSOE en diciembre de 2017 sí incluyó la creación de una Comisión de la Verdad y ahora, ya en Gobierno, el PSOE reitera esta voluntad.

Existe en un cierto sector de la sociedad el temor profundo a lo que pueda conocerse. El miedo que antes era a las víctimas, tantas décadas silenciadas, pertenece ahora a aquellos que prefieren no saber, por lo que se pueda desvelar. Este temor es la causa de que no tengamos datos objetivos, que se nos haya negado cualquier ejercicio de aproximación a una verdad contrastada y, con mucho mayor motivo, a cualquier verdad que tenga una connotación judicial, y que nos permitiría conocer, por ejemplo, la identidad de la víctima o las circunstancias en las que fue asesinada y tener, de esta forma, una suerte de verdad “oficializada” por el poder judicial.

La verdad a la que aspiramos, a través de la creación de una Comisión, ha de tener unos componentes oficiales. No quiere esto decir que la Comisión esté compuesta por jueces (aunque puede haberlos), sino que se tienen que establecer métodos con la finalidad de llegar a una verdad contrastada y firme, y que al mismo tiempo garanticen el derecho de todos los participantes en esa comisión. Dotar a la verdad de garantías resulta fundamental, pues el derecho a la verdad constituye la base de todos los demás derechos: la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. El establecimiento de métodos creíbles permitirá llegar a la convicción de que, frente a la “verdad” hasta el momento contada, hay otro relato más próximo a lo que realmente sucedió .

La siguiente cuestión es para qué sirve esta verdad, cómo hacemos para que el trabajo de una Comisión de la Verdad no se convierta en otro extenso informe que muy pocos se van a leer. Frente a esta inquietud la respuesta es clara: la verdad es la base sobre la que se asienta un futuro en el que se garantice la no repetición de la historia de crímenes de lesa humanidad. Esto, en el actual contexto de surgimiento de movimientos fascistas en Europa, resulta especialmente revelador. Es una tarea aún por hacer, superar la idea de que está todo contado y construir y darle forma a un relato colectivo para que todos y todas quepamos en dicho relato. La construcción de verdad va por tanto más allá de las exhumaciones de los restos de desaparecidos forzados en España; ha de incluir medidas valientes, como la transformación del Valle de los Caídos en un lugar de memoria, en un lugar resignificado. Es una cuestión de dignidad democrática y de respeto a las víctimas, y así lo hemos expresado desde FIBGAR en numerosas ocasiones.

Contrariamente a la aparente contradicción entre verdad y justicia, es importante resaltar que se hace necesario encontrar un equilibrio entre ambos elementos que cumpla con los estándares internacionales. Estos estándares se refieren concretamente a la prohibición de amnistía de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y agresión (de amnistía y de prescripción, por mucho que los tribunales en nuestro país aún argumenten en este sentido). Esta relación de equilibrio entre verdad y justicia se ha desarrollado bajo diferentes modelos en contextos diversos, y ahí es donde tenemos todavía pendiente una importante labor pedagógica en nuestro país sobre las implicaciones de los mecanismos de Justicia Transicional. Sin embargo, hay que destacar que algunos informes elaborados por Comisiones de la Verdad han servido para procesos penales, como por ejemplo el denominado Informe Retting de Chile o el Nunca Más de Argentina, que fueron utilizados en los procesos desarrollados en España por delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

A pesar de lo anterior, si se pregunta a las víctimas de delitos atroces sobre su preferencia entre el cumplimiento de pena privativa de libertad de los autores de los delitos o la verdad, la mayor parte de ellas optará por el conocimiento de lo que ocurrió con su ser querido. Más allá de eso, hay circunstancias en las que las penas de prisión no son la respuesta más adecuada, por factores por ejemplo como el tiempo trascurrido desde la comisión de los hechos (como podría ser el caso de España), y en los que el enfoque de justicia restaurativa y reparación integral nos aporta una respuesta más satisfactoria para las víctimas.

Como señalábamos, la búsqueda de esta fórmula de Justicia Transicional ha de venir marcada por su coherencia con los estándares internacionales, en particular, con las recomendaciones dadas (y nunca contestadas por el Gobierno) por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, en su informe de 2014 sobre la situación española. A lo largo de los últimos años otros organismos internacionales han recomendado igualmente a España crear una Comisión de la Verdad, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.

Y es que, como señaló una asistente al curso de memoria titulado “Derecho a la verdad y deber de memoria para el fortalecimiento de la democracia” (celebrado en la Universidad Complutense el pasado mes de julio), establecer un relato de verdad implica hacer algo por los de antes y por los de después, dejar un poso de una verdad global que haga país. Una verdad que no sea pasto de historiadores u opinadores oportunistas que tratan de establecer discursos de posverdad. Un relato consciente y aceptado globalmente para que las generaciones venideras puedan transitar por él; un relato participativo y no el oficial impuesto.

La Jurisdicción Universal está aquí para quedarse. El informe Makeway for Justice #4, documento que analiza el estado de la Jurisdicción Universal en el mundo, ilustra el impulso internacional a la rendición de cuentas de los autores de crímenes internacionales a través del estudio de 58 casos que involucran a  un total de 126 sospechosos. Este documento ha sido elaborado por la organización TRIAL International y sus socios Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), FIDH, ECCHR y REDRESS. Todas ellas son organizaciones referentes internacionalmente en la promoción y defensa de la Justicia Universal y la lucha contra la impunidad.

Rara vez la lucha contra la impunidad ha sido tan dinámica y ha arrojado tales resultados. Durante el pasado año 2017, los países de África, Europa, América del Norte y América Latina han estrechado el cerco en torno a las redes de criminales de guerra al recurrir a la Jurisdicción Universal. Este principio permite a los Estados procesar a los presuntos autores de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometa el delito, bajo el entendido de que algunos crímenes constituyen una ofensa para toda la humanidad, por lo que toda la humanidad debe luchar contra ellos.

Para superar los desafíos específicos de la Jurisdicción Universal, un gran número de Estados han establecido unidades especializadas en crímenes de guerra (WCU). Solo el año pasado, estas unidades investigaron, enjuiciaron o llevaron ante la justicia a 126 sospechosos de los crímenes más graves. Muchas más investigaciones están en curso. “Los Estados que destinan medios suficientes para unidades especializadas lideran hoy la lucha contra la impunidad convirtiendo la palabra justicia en acción”, afirma Valérie Paulet, coordinadora de TRIAL Watch y autora del informe.

Fortalecer los medios para luchar contra la impunidad

El informe también señala las condiciones necesarias para alcanzar estos logros. Así, las unidades especializadas en crímenes de guerra con mayores avances cuentan con recursos y personal suficientes y gozan de un alto grado de autonomía, así como de la experiencia especializada y diversificada de funcionarios provenientes de diversos departamentos, como el de policía o el de inmigración. Philip Grant, director de TRIAL International, subraya la necesidad de mejorar la coherencia y la eficiencia al investigar y llevar ante la justicia los casos de Jurisdicción Universal. “El enjuiciamiento de crímenes de guerra requiere recursos suficientes e independencia. Los Estados que están rezagados en la implementación de la Jurisdicción Universal deben intensificar los esfuerzos para equipar a los fiscales en consecuencia ”.

Un nuevo impulso para la Jurisdicción Universal: Su uso en otras latitudes

Aunque los países europeos continúan siendo los principales impulsores de la Jurisdicción Universal, se han presentado denuncias en todo el mundo contra sospechosos de crímenes de guerra. Si en 2016 se producía la aplicación por primera vez de la Jurisdicción Universal por un país africano, con el proceso contra Hisséne Habré, durante 2017 países como Colombia, Brasil, Argentina y Gambia se han unido al uso de esta herramienta contra la impunidad, haciéndola cada vez más universal. Estos avances contribuyen a derribar el mito de que la Jurisdicción Universal es una herramienta neocolonial utilizada por Europa, al hacerse su uso cada vez más extensivo.

Solo el año pasado, unidades especializadas han investigado a 126 sospechosos de cometer crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De esos individuos, 13 han sido ya condenados, mientras que centenares de casos están en marcha. Sin embargo, muchos de estos procesos no llevarán nunca a un juicio, debido a obstáculos como la falta de voluntad política o la falta de pruebas. Recopilar material en los casos de Jurisdicción Universal es complejo, debido a que los supuestos crímenes se cometieron en el extranjero, hace años o incluso décadas, y a menudo en contextos de gran agitación política o de conflicto. En este sentido, los testimonios de los testigos resultan claves, pero el trauma y el tiempo trascurrido pueden afectar tan valiosa información.

La cooperación entre Estados y el papel de las organizaciones

Ante estos desafíos, la clave es fortalecer la cooperación entre Estados para desarrollar investigaciones más efectivas. En esta coordinación juegan un papel principal las mencionadas unidades especializadas en crímenes de guerra, que intercambian evidencia digital, jurisprudencia y buenas prácticas. En el centro de esta coordinación se encuentran iniciativas como la Red de Genocidio, la Orden de Investigación Europea y la cooperación con Europol, pero también otras como la destinada a crear una red de fiscales africanos especializados en crímenes internacionales graves. Estas unidades son la expresión concreta de la determinación de los Estados en luchas contra la impunidad.

Por otra parte, también resulta fundamental el trabajo realizado por numerosas organizaciones de referencia que realizan difusión, investigación y monitoreo de casos; organizaciones como las que han elaborado el informe que hoy se presenta. Entre las mismas, la Fundación Internacional Baltasar Garzón lleva trabajando desde 2012 en la promoción de la Jurisdicción Universal.

Lo hace a través de la celebración de congresos internacionales, el seguimiento de casos como el de la querella argentina por los crímenes del franquismo, investigaciones como el informe elaborado en 2016 sobre el estado de la Jurisdicción Universal en España, acciones de concienciación social y el desarrollo doctrinal de esta herramienta a través de la articulación de unos principios rectores para dotar a la Jurisdicción Universal de mayores herramientas contra las nuevas fuentes de impunidad derivadas de los crímenes económicos y medioambientales e impulsar la protección integral de las víctimas, resultado de lo cual fueron lanzados los Principios Madrid-Buenos Aires.

Sin embargo, el papel protagonista lo tienen sin duda las víctimas, quienes con su esfuerzo y persistencia han impulsado la aplicación de la Jurisdicción Universal y la protección de aquéllas. A pesar de que muchas voces se han alzado para criticar la Jurisdicción Universal, el informe Makeway for Justice nos muestra otra realidad muy distinta, ya que solo en 2017 fueron 126 los acusados por la presunta comisión de crímenes internacionales gracias a la Jurisdicción Universal en 14 países distintos: 55 por crímenes de tortura, 12 por crímenes de genocidio, 46 por crímenes contra la humanidad, 91 por crímenes de guerra y 13 personas ya condenadas. El informe asimismo expone que son 119 los procesos que aún están en marcha, 16 de ellos en fase de juicio. Estas cifras suponen un incremento de un 106% en el uso del la Jurisdicción Universal si lo comparamos con datos del año anterior.

El estado de la Jurisdicción Universal en España

Para el caso de España, el informe recoge los avances producidos durante 2017 en los procesos contra 17 oficiales militares salvadoreños por el asesinato de seis Jesuitas y dos personas más, el caso contra Inocente Orlando Montano por crímenes contra la humanidad, asesinato y terrorismo, el caso contra Carlos Vielmann Montes por ejecuciones extrajudiciales en Guatemala y el caso contra nueve altos cargos de las fuerzas de seguridad e inteligencia Siria por terrorismo, desapariciones forzadas y tortura.

Si bien la Jurisdicción Universal en España quedó muy limitada en su aplicación debido a los requisitos de carácter procesales establecidos tras las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2009 y 2014, la Jurisdicción Universal continúa demostrando ser una herramienta muy valiosa y necesaria para la persecución de los crímenes más graves, también en España. Muestra de ello son los avances expuestos en el informe Makeway for Justice #4 que hoy se presenta con el objeto de divulgar los logros de la Jurisdicción Universal y su pertinencia para que la justicia se abra paso.