Hoy día 15 de marzo celebramos el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y hemos querido poner el acento sobre la cuestión básica que es el consumo de una alimentación sana y la relación que existe entre nuestra salud y los productos que ingerimos a lo largo de nuestras vidas. La alimentación reviste una importancia tal, que se trata del factor que más contribuye a las enfermedades prevalentes en la sociedad (incluso más que el tabaco), y que puede suponer entre cinco y diez años en la esperanza de vida. La alimentación insana se ha convertido hoy en uno de los principales riesgos para nuestra salud, y más que una fuente de nutrientes, nuestra dieta es actualmente una de las causas más importantes de enfermedades.

El 44% de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste; y las enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada, como la diabetes, el cáncer y los problemas cardiovasculares son el primer desajuste de salud en España, según el informe presentado por la ONG VSF Justicia Alimentaria Global. El consumo de azúcares refinados, grasas insanas y sal no ha dejado de aumentar en los últimos 30 años y el 70% de estos ingredientes están “ocultos” en alimentos procesados.

La falta de tiempo para la planificación y cocinado de los alimentos, sumado al precio de los alimentos frescos explica que la comida procesada represente el 70% de la alimentación ingerida en España. Y es precisamente en estos productos, con ingredientes añadidos para alterar sus cualidades o características de conservación, donde se “esconden” azúcares refinados, grasas y sal. “Hay un truco de magia en medio que nos impide dejar de consumir estas cosas,” asegura el investigador Ferrán García. Ese truco de magia se llama alimentación procesada, donde los ingredientes se encuentran enmascarados y su presencia pasa inadvertida.

En España carecemos de una legislación específica que obligue a identificar con un lenguaje claro y comprensible en qué cantidad están presentes estos elementos perjudiciales para la salud. Es por ello que algunas organizaciones de consumidores no han cesado en exigir una legislación que obligue a identificar fácilmente el contenido de azúcar, grasas y sal, como ya se hace en otros países. También denuncian que el 80% de la publicidad es de alimentos obviamente insanos y lo más grave es que una buena parte de ellos están dirigidos al consumo infantil.

Como en muchos otros aspectos de la vida, la desigualdad social, económica y cultural sitúa en una posición de inferioridad a las clases populares. Comer no nos enferma por igual a todas las personas. Una de las funciones de la salud pública, y de su propia existencia, es reducir y eliminar estas desigualdades. De ahí que sea necesario para abordar este tema desde un enfoque de Derechos Humanos que nos permita identificar las obligaciones que asume el Estado. Entre estas obligaciones encontramos la de garantizar que los alimentos que lleguen al mercado sean seguros y nutritivos y no perjudiquen nuestra salud; y así garantizar una alimentación justa, sana y equitativa para nuestro pueblo.

Es imperiosa la necesidad de una política pública que aborde decididamente el conjunto de las causas de la alimentación insana. Hoy, haciéndonos eco de las exigencias de la sociedad civil, lo recordamos en el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y lo exigimos cada día desde nuestros escaños. No olvidemos que “somos lo que comemos”.