Si alguien totalmente ajeno a la realidad del país hubiera paseado por las calles españolas hace unos meses, no habría encontrado ningún indicio de que el 15-M tuvo lugar. Las banderas y sus nacionalismos han tomado los balcones y en los Parlamentos apenas se oye el eco de los Indignados. Estas semanas, en cambio, las manifestaciones de jubilados están devolviendo a las avenidas su condición de espacio ciudadano frente al de mera superficie de consumo; algo que también se observa en el paro de mujeres organizado para el 8 de marzo. ¿Es una mera coincidencia que sean las mujeres y los mayores los que salen a la calle? ¿Son demandas tan alejadas la una de la otra como a priori pudiera parecer?

Albert Rivera afirmaba el otro día que el problema de las pensiones no se reduce a subirlas o bajarlas, que su origen está en las bajas tasas de natalidad. Acierta en señalar que se trata de un problema más profundo, pero no llega al final de la cuestión (¿quién da a luz, cría a los hijos y cuida de los mayores principalmente?). Las manifestaciones que estamos viendo son en última instancia exteriorizaciones de un mismo problema: un sistema económico que separa en compartimentos estancos las esferas productiva y reproductiva de la vida. Así, el modelo se construye en torno a una dicotomía que no existe en realidad, pues todos nos movemos de una esfera a otra constantemente y ambas contribuyen al crecimiento de la riqueza colectiva, a pesar de no recibir el mismo (mal)trato. En principio, todos debemos cuidar y todos queremos realizarnos en nuestra vida profesional, pero este sistema nos obliga a elegir, y cuando las mujeres deciden entrar al espacio productivo pero los hombres no hacen lo propio en el reproductivo, la burbuja estalla. Estos desequilibrios de género entre las esferas reproductiva y productiva también se reflejan en el sistema de pensiones, que contabiliza años de trabajo productivo y deja en desventaja a las personas (casi siempre mujeres) que se han dedicado a cuidar.

Sin los cuidados, la vida en sociedad se vuelve insostenible. No queda otra, hay que cambiar de modelo: la economía no es reductible a los mercados; economía es mantener la vida, sea o no a través de las esferas monetizadas, y necesitamos dotarnos de normas e instrumentos que se ajusten a esta idea elemental. Como la renta básica universal.

La RBU lleva sobre la mesa más de medio siglo y cuenta con numerosas experiencias positivas (entre otros: EE.UU. en los 60, Canadá en los 70, Namibia en 2008 y Kenia y Finlandia en la actualidad). Sin ser ninguna panacea (no es una política económica sino una medida que se inserta en ella), contribuye notablemente a solventar algunos de los problemas más importantes de la actualidad, como la pobreza, una realidad cada vez menos lejana para muchos españoles. En un contexto en el que tener trabajo ya no es sinónimo – si es que alguna vez lo fue – de disfrutar de una calidad de vida digna; las pensiones cada vez son más quiméricas; y el 47% de los trabajos (cualificados y no cualificados) están amenazados por la automatización, de acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Universidad de Oxford en 2013 (aquí), la renta básica constituye una medida tan necesaria como urgente. El planteamiento es sencillo: todo ciudadano por el hecho de serlo, a partir de cierta edad e independientemente de su condición social o de sus otras posibles fuentes de renta, recibe un ingreso del Estado que, como mínimo, se sitúa en el umbral de la pobreza de una sociedad dada, de tal forma que nadie quede por debajo de él. Es decir, se trata de disociar parcialmente la renta del empleo remunerado, no para sustituirlo sino como una garantía mínima de seguridad. Antes de llevarse las manos a la cabeza, conviene pensar en otros servicios públicos cuya universalidad no solo no se pone en cuestión, sino que se considera un valor añadido, como la educación, la sanidad o la justicia. El carácter monetario de la RBU no modifica el fondo.

¿Qué puede ofrecer una renta básica que no se obtenga ya por otras vías? Para empezar, y no es poco, erradicar la dimensión monetaria de la pobreza. Como todos los fenómenos económico-político-sociales, la pobreza es multidimensional, y no solo afecta a la renta sino que se relaciona con las capacidades y el uso de los tiempos; sin embargo, es indudable el efecto positivo (o negativo) que tienen los ingresos (o su ausencia) sobre ella. Con la renta básica esta dimensión desaparece: nadie vive por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, a pesar de estar concebida únicamente para erradicar la pobreza en términos generales, está lejos de implicar que no tenga efectos específicos. La situación de vulnerabilidad de ciertos colectivos o sectores hace que, en la práctica, la renta básica suponga una transferencia hacia abajo no solo de riqueza sino también de poder: de hombres a mujeres, de ricos a pobres y de unas mujeres a otras. En lo que respecta al primer caso, el hecho de que se asigne de manera individual hace que se democratice la sociedad al tiempo que se democratizan los hogares, algo que, en realidad, debería ser condición sine qua non para conseguir la primera. La dependencia económica del marido que padecen muchas mujeres, más habitual entre las mujeres que hoy son pensionistas o están a punto de serlo, elimina la posibilidad de separarse de él si libremente quisieran hacerlo (ya sea por cuestiones relacionadas con la violencia de género o por simple deseo). En esta línea, la renta básica también mejoraría la situación de vulnerabilidad de los hogares monoparentales, en su mayoría conformados por mujeres con hijos y ancianos a su cargo (datos del informe AROPE).

Además, dota al trabajador de poder de negociación frente al empleador, proporcionándole unos ingresos externos que hagan efectivo el derecho a huelga, por ejemplo. La libertad no se mide tanto por la posibilidad de decir sí como por la de decir no, y es esta última la que garantiza la renta básica. Este aumento potencial del poder de negociación se hace especialmente presente en el caso de las mujeres, dada la precariedad laboral y la feminización del sector de los servicios (cuidados) remunerados. En ese sentido, la transferencia también se produce entre mujeres de diferentes clases sociales, ya que muchas de las empleadas en este sector son inmigrantes que cuidan de dependientes y personas mayores. Teniendo en cuenta que la excesiva concentración de riqueza genera poder político, la RBU tiene un efecto igualador y democratizador que fortalece los vínculos de ciudadanía y la cohesión dentro de la comunidad en diferentes direcciones.

Por último, la renta básica revaloriza todo el conjunto de trabajos no monetizados, realizados en su mayoría por mujeres, que contribuyen a la riqueza colectiva y al desarrollo de las sociedades pero que han estado infravalorados socialmente y penalizados económicamente porque no se adaptaban al esquema valor = precio, como refleja la escuálida pensión no contributiva (además de la dependencia que se genera durante todo el camino hasta llegar a las pensiones). De esta manera, esa parte de la sociedad considerada como inactiva pero que en realidad ha participado activamente, no solo contribuiría a esa acumulación de riqueza sino que recibiría la parte correspondiente de la misma, algo que todavía hoy no sucede. El reconocimiento social iría ligado a una retribución económica, y el concepto de trabajo abarcaría mucho más que el empleo remunerado. Así, la RBU reconcilia las dos esferas de la vida, que se reconocen al fin como interdependientes. En consonancia, no solo se dejaría de penalizar a aquellos o aquellas que no trabajan por dedicarse a los cuidados, sino que se posibilitaría que las personas – hombres o mujeres - que desean reducir su jornada laboral para poder conciliar, también puedan hacerlo sin sufrir las consecuencias que ahora padecen.

Desde nuestro punto de vista, no es casualidad que salgan a la calle las mujeres, principales proveedoras de cuidados; y los mayores, principales dependientes de ellos. Porque no estamos ante una simple crisis económica, es todo el modelo lo que ha quebrado. Creemos que la RBU puede contribuir a solucionar diferentes necesidades de todos los grupos sociales, así como a construir un modelo social y productivo más respetuoso con la vida familiar y personal de los individuos. Esta transversalidad hace que pueda actuar como una demanda unificadora de las grandes luchas colectivas, que ya comienzan a salir del letargo.

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