Durante décadas, un proceso legal opaco y profundamente injusto ha permitido a la Iglesia Católica apropiarse de bienes que, por historia, uso y financiación, pertenecen a la ciudadanía. Se trata de las inmatriculaciones, un mecanismo que, amparado por leyes preconstitucionales y un decreto de Aznar en 1998, ha convertido a la Iglesia en la mayor inmobiliaria de España y posiblemente de toda la UE, y también ha dejado una profunda huella en Canarias.

Entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó en nuestro archipiélago 532 propiedades. La cifra, de por sí significativa, es aún más grave cuando se analiza su procedencia: el 76% de estos bienes —es decir, 407— carecían de certificación que acreditara su propiedad. La Iglesia simplemente declaraba, sin mostrar documentos, que esos bienes le pertenecían “desde tiempo inmemorial”, y el Registro de la Propiedad lo aceptaba. Por apenas 25 euros por propiedad, se adueñó de inmuebles cuyo valor real asciende a muchos millones. Ese 76% de las propiedades que la Iglesia inmatriculó en las Islas de 1998 a 2015 y que no tiene documentación acreditativa de propiedad, se distribuye así por islas: la totalidad de las 21 en La Gomera; 53 de 56 en La Palma; 17 de 19 en El Hierro; 110 de 136 en Gran Canaria; 34 de 38 en Lanzarote; 117 de 161 en Tenerife y 53 de 102 en Fuerteventura.

Tomemos como ejemplo La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Allí, la Iglesia posee 114 inmuebles exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con un valor catastral de 40,3 millones de euros. De ellos, 28 fueron inmatriculados en ese periodo, y 25 lo fueron sin ningún documento que lo justificara. Aún estamos esperando a que el Ayuntamiento actúe recuperando para lo público lo que pertenece al conjunto de la ciudadanía. Casos similares se repiten en Los Realejos, Teguise, Güímar o Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué se esconde detrás de esta operación? No se trata solo de templos, sino también de plazas, solares, viviendas y locales que han sido patrimonio comunal durante siglos, construidos y mantenidos con el esfuerzo y el dinero de los vecinos. La inmatriculación no buscaba dar “seguridad jurídica”, sino la capacidad de vender, alquilar o hipotecar unos bienes que, en realidad, son de todos.

Este proceso ha sido calificado como arbitrario por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como inconstitucional por vulnerar el principio de separación Iglesia-Estado. Sin embargo, a pesar de que en 2015 se modificó la ley, las inmatriculaciones realizadas hasta entonces no se anularon. La Iglesia conserva lo adquirido. Y el Gobierno del Estado ha dado por buenos los datos proporcionados por la Iglesia, intentando dar carpetazo a este expolio silencioso, cuya recuperación clamamos a gritos desde Europa Laica y Canarias Laica. 

Frente a esto, los ayuntamientos canarios tienen una responsabilidad y una herramienta legal clave. La Ley de Patrimonio les obliga a defender los bienes públicos y a ejercer las acciones judiciales necesarias para recuperarlos. Algunos, con resultados dispares, ya lo están haciendo, litigando por plazas y parques inmatriculados. Pero solo 13 de los 88 municipios canarios respondieron a la solicitud de información sobre bienes exentos de IBI propiedad de la Iglesia hecha en su momento desde el Parlamento de Canarias.

Es hora de que las instituciones canarias, empezando por los ayuntamientos y con el apoyo del Gobierno autónomo, asuman un papel activo en la recuperación de este patrimonio expoliado. Necesitamos un inventario completo y transparente, y acciones legales firmes para revertir unas inscripciones que se realizaron al margen de la legalidad vigente y del sentido común.

Lo que el pueblo construyó entre todos y se mantiene con subvenciones públicas —es decir, con el dinero de todos— debe volver a ser de todos. Y así debiera ser, tanto con la Mezquita de Córdoba como con la Catedral de La Laguna. Este es un asunto de justicia histórica y democracia. Canarias no puede permitir que su patrimonio cultural y colectivo siga en manos privadas gracias a un procedimiento que señala un déficit de calidad democrática en nuestro estado de derecho.

La ciudadanía debe estar informada y exigir a sus representantes que actúen. El expolio fue silencioso, pero la recuperación no puede serlo. Debemos convertirlo en un clamor a las instituciones: separación Iglesia-Estado y recuperación de los bienes públicos de los que, a través de las inmatriculaciones, se ha adueñado la Iglesia Católica. Al César, lo que es del César. 

La erupción en La Palma evidenció lo que todo el mundo sabía, pero no se asumía; que Canarias es la única comunidad autónoma de España con evidente riesgo volcánico y potencial geotérmico de alta entalpía.

Sin embargo, siendo un territorio de riesgo volcánico, durante años no se apostó por un centro, que fue creado por el Cabildo Insular de Tenerife, como ha sido el Involcan, ni por realizar oferta de estudios especializados en nuestras dos universidades.

Nuestras islas están asentadas sobre volcanes, pero paradójicamente nuestras dos universidades no tienen ni un grado, ni master de especialización, ni un doctorado sobre vulcanología.

Durante todo el proceso eruptivo, en La Palma hubo más de 200 investigadores de todo el mundo, pero toda esa sabiduría foránea volvió a sus países de origen cuando todo acabó.

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias ha defendido que la erupción volcánica que afectó de septiembre a diciembre de 2021 a la población palmera, además de la tragedia social y económica que ha supuesto para la población afectada, podría servir como una oportunidad para generar un revulsivo en el conocimiento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) en nuestras Islas.

Por eso, durante el Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria celebrado en marzo propusimos que el Gobierno del Pacto de Las Flores creara de un Centro de excelencia sobre el fenómeno volcánico entendido de una forma transversal, que sirviera como motor del conocimiento y generador de valor añadido al fenómeno volcánico.

Concretamente, el Parlamento apoyó nuestra iniciativa para instar al Gobierno de Canarias a estudiar, valorar e impulsar la creación en Tenerife de un centro de excelencia destinado a la investigación, asesoramiento en materia de seguridad y a la gestión integral del vulcanismo en las islas, donde confluyan de forma cooperativa las distintas instituciones que están actualmente desarrollando estudios geológicos y de vigilancia y riesgo volcánico en el Archipiélago.

Este objetivo, que el propio Involcan pretendió llevarlo a cabo en sus orígenes, por razones diversas que no vienen al caso enumerar, nunca se ha conseguido.

Por eso, creemos en la creación de un Instituto de Geociencias de Canarias, que vaya más allá de abordar únicamente la vulcanología, sirviendo para impulsar la geotecnología, la geotermia, la catalogación y conservación de una geodiversidad única, así como investigar en reducción del riesgo volcánico e, incluso, expertos en la planificación territorial en zonas con riesgo. Hasta podría ser fuente de valorización del llamado geoturismo.

La ventaja de Canarias es que ya sabemos cómo se puede hacer pues contamos con ejemplo a seguir, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), un centro mundialmente reconocido. 

Como sucede con el IAC, en ese Consorcio público deberían participar instituciones estatales y autonómicas, a través de un convenio entre los ministerios implicados y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y cabildos, con el fin de unificar los recursos que actualmente están repartidos en Canarias en la sección de Volcanología del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el CSIC con sus centros nacionales, el ITER, el Involcany las dos universidades públicas del Archipiélago, cada institución desde su propia autonomía; pero todos ellos participando de este Consorcio en igualdad y equidad de condiciones para impulsar este centro de excelencia.

Creemos que es el momento para dotar a Canarias, y a Tenerife por ser la isla con mayor riesgo volcánico, de un centro de excelencia capaz de recoger fondos privados y públicos y multiplicarlos. Es un reto importante para este final de Legislatura y principios de la próxima poder tener un centro netamente canario que tenga que ver con la vulcanología, el riesgo volcánico y la seguridad de la ciudadanía en zonas de riesgo.

Un centro de excelencia que, además, puede impulsar también el estudio de la geodinámica interna y externa, geoenergías limpias, la geología ambiental, la geomorfología, la o el patrimonio geológico. Todas las llamadas Ciencias de La Tierra que nos permitan entender la naturaleza de nuestras islas para conseguir ser más sostenibles.

Un instituto oficial de estas características puede ser utilizado, además, como motor económico, de atracción de talento y retención de nuestra juventud, que se ha visto obligada a emigrar por culpa de las dos fuertes crisis económicas de la última década. 

Estamos asentados, caminamos y vivimos sobre la mayor geodiversidad volcánica de Europa, más de la que tienen Islandia o Italia.

Empapémonos de su conocimiento para encontrar formas más sostenibles de utilizar los recursos y así tratar de frenar o mitigar los desafíos ambientales del cambio climático, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

En el día en el que los gobiernos de Canarias y España suscriben el Pacto por la Ciencia y la Innovación en las islas y se oficializa nuestra candidatura a ser sede de la Agencia Espacial Española, creemos necesario asumir que, si el IAC nos hizo mirar a las estrellas y nos situó en el mapa científico internacional, hay que impulsar un Instituto de Geociencias en Canarias a la vanguardia de Europa que nos haga comprender y aprender de nuestras arterias de lava.

Ninguna democracia digna de tal nombre puede eliminar el derecho al voto de más de dos millones de compatriotas, y por ello la supresión del voto rogado lleva formando parte del programa electoral de Podemos, de forma ininterrumpida, desde que concurrió por primera vez a unas elecciones generales en el año 2015, y no hay que olvidar que la incluimos en el acuerdo de coalición con el PSOE que propició la conformación del actual Gobierno progresista del Estado español.

El voto rogado fue impuesto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP, el PNV y CiU en 2011, justo en lo peor de la crisis económica de hace una década, cuando miles de canarias y canarios se vieron forzados a emigrar en busca de oportunidades, en la ya conocida ‘fuga de talentos’ de la que aún no nos hemos recuperado.

La generación más preparada de la historia, como se la llamó, se vio impelida a buscar su desarrollo profesional y vital fuera de la Islas y se la condenó con trabas burocráticas y administrativas, además de al éxodo, a no poder ejercer su derecho constitucional a elegir a sus representantes en el Congreso, en el Parlamento canario y en sus ayuntamientos.

El voto rogado provocó que la participación de los residentes en el extranjero se desplomara un 80 por ciento y que apenas el 6 por ciento consiguiera ejercer su derecho al voto con ese sistema tras haber soportado largas colas y pagar el envío de sus papeletas que, en muchas ocasiones, ni siquiera llegaban a tiempo.

Los datos son significativos: en la elecciones autonómicas de 2019 solo votaron 879 personas de las 148.000 canarias y canarios residentes en el extranjero mientras que en las del año 2007 (últimos comicios en los que se pudo votar sin rogar el voto) ejercieron ese derecho 20.000 personas.

A partir de ahora, acabamos con este sistema, y las canarias y canarios residentes en el extranjero recibirán de oficio los sobres y las papeletas y la Ley garantiza que ejercer su derecho no les costará dinero.

Esta reforma no es buena sólo para los más de dos millones de españoles que viven en el extranjero, sino que, al garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho al voto, hace mejor nuestra democracia; pues amplía la participación y garantiza una mayor pluralidad en la representación de las instituciones democráticas.

Por eso es momento de reconocer que esta reforma no habría sido posible sin la movilización y el esfuerzo continuado de colectivos como la Marea Granate, que han defendido los derechos de las personas residentes en el extranjero, y de toda la ciudadanía residente en el extranjero que durante 11 años ha hecho lo imposible por seguir ejerciendo su derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes, pese a las trabas que su propio país les había impuesto.

Suprimida esta traba antidemocrática, Sí Podemos Canarias se volcará aún más en lograr que las canarias y canarios que tuvieron que irse, personas jóvenes en su inmensa mayoría, puedan regresar a una tierra que debe ofrecerles oportunidades.

Estamos trabajando duro para que las Islas sean referencia en empleo digno para que nuestra gente, la que se quedó y la que se vio forzada a irse, afronte con garantías el porvenir con trabajo estable y sueldos decentes, sin precariedad.

En Canarias no sobra nadie, y necesitamos muchas manos, y muchos corazones, para la necesaria recuperación de las Islas.

 El Congreso de los Diputados aprobó a principios de mes una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que, en síntesis, elimina el voto rogado, una norma injusta y antidemocrática que ha impedido votar desde 2011 a miles de españoles y españolas residentes en el extranjero.

Ninguna democracia digna de tal nombre puede eliminar el derecho al voto de más de dos millones de compatriotas, y por ello la supresión del voto rogado lleva formando parte del programa electoral de Podemos, de forma ininterrumpida, desde que concurrió por primera vez a unas elecciones generales en el año 2015, y no hay que olvidar que la incluimos en el acuerdo de coalición con el PSOE que propició la conformación del actual Gobierno progresista del Estado español.

El voto rogado fue impuesto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP, el PNV y CiU en 2011, justo en lo peor de la crisis económica de hace una década, cuando miles de canarias y canarios se vieron forzados a emigrar en busca de oportunidades, en la ya conocida ‘fuga de talentos’ de la que aún no nos hemos recuperado.

La generación más preparada de la historia, como se la llamó, se vio impelida a buscar su desarrollo profesional y vital fuera de la Islas y se la condenó con trabas burocráticas y administrativas, además de al éxodo, a no poder ejercer su derecho constitucional a elegir a sus representantes en el Congreso, en el Parlamento canario y en sus ayuntamientos.

El voto rogado provocó que la participación de los residentes en el extranjero se desplomara un 80 por ciento y que apenas el 6 por ciento consiguiera ejercer su derecho al voto con ese sistema tras haber soportado largas colas y pagar el envío de sus papeletas que, en muchas ocasiones, ni siquiera llegaban a tiempo.

Los datos son significativos: en la elecciones autonómicas de 2019 solo votaron 879 personas de las 148.000 canarias y canarios residentes en el extranjero mientras que en las del año 2007 (últimos comicios en los que se pudo votar sin rogar el voto) ejercieron ese derecho 20.000 personas.

A partir de ahora, acabamos con este sistema, y las canarias y canarios residentes en el extranjero recibirán de oficio los sobres y las papeletas y la Ley garantiza que ejercer su derecho no les costará dinero.

Esta reforma no es buena sólo para los más de dos millones de españoles que viven en el extranjero, sino que, al garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho al voto, hace mejor nuestra democracia; pues amplía la participación y garantiza una mayor pluralidad en la representación de las instituciones democráticas.

Por eso es momento de reconocer que esta reforma no habría sido posible sin la movilización y el esfuerzo continuado de colectivos como la Marea Granate, que han defendido los derechos de las personas residentes en el extranjero, y de toda la ciudadanía residente en el extranjero que durante 11 años ha hecho lo imposible por seguir ejerciendo su derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes, pese a las trabas que su propio país les había impuesto.

Suprimida esta traba antidemocrática, Sí Podemos Canarias se volcará aún más en lograr que las canarias y canarios que tuvieron que irse, personas jóvenes en su inmensa mayoría, puedan regresar a una tierra que debe ofrecerles oportunidades.

Estamos trabajando duro para que las Islas sean referencia en empleo digno para que nuestra gente, la que se quedó y la que se vio forzada a irse, afronte con garantías el porvenir con trabajo estable y sueldos decentes, sin precariedad.

En Canarias no sobra nadie, y necesitamos muchas manos, y muchos corazones, para la necesaria recuperación de las Islas.

En la pasada legislatura, el grupo parlamentario de Podemos Canarias invitó a participar en una sesión de comisión de estudio de Parlamento de Canarias al Foro Agustín de Bethencourt, representado por el hoy senador socialista Pedro Anatael Meneses Roqué, quien presentó un estudio realizado por miembros de dicho foro sobre el Puerto de Granadilla como alternativa al Puerto de Fonsalía. 

En el acuerdo del Pacto de las Flores, y porque así lo exigió Sí Podemos Canarias, no se incluyó acuerdo alguno sobre Fonsalía, aunque los otros tres miembros del pacto sí estaban de acuerdo con su construcción.

Durante la presente legislatura, por una parte CC y por otra más reciente el PP con una PNL han traído a la cámara el debate sobre Fonsalía, tanto para reafirmarse en la exigencia de su construcción como para intentar ahondar en las diferencias entre los socios del gobierno, lo que no han conseguido. Sus propuestas han conseguido el voto de los 66 diputados y diputadas del grupo mixto, la Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias, el Partido Popular, CC-PNC y el PSOE. El único posicionamiento contrario a este nuevo intento de pelotazo y destrucción de nuestro litoral ha sido el manifestado de forma reiterada por los cuatro diputados y diputadas de Sí Podemos Canarias.

Estas circunstancias, se han repetido miméticamente en una reciente moción presentada por el grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife en la que se planteaba que el Cabildo mostrara “su rechazo a la construcción de una nueva macro infraestructura portuaria en Fonsalía (Guía de ISORA)”, y que fue votada en contra por el PSOE, CC-PNC, PP y Cs.

Valoramos muy positivamente algunos posicionamientos tácticos de determinados grupos respecto a Fonsalía: como el “rechazo frontal” de NC en Tenerife, a través de Carmen Nieves Gaspar Rivero, la exalcaldesa de Granadilla de CC-PNC hoy en las filas de NC, que en su momento se opuso a Jaime Cejas, alcalde del PSOE y ferviente defensor del Puerto de Granadilla. En un artículo titulado Fonsalía versus Granadilla defiende tesis coincidentes con lo que desde Sí Podemos Canarias hemos venido defendiendo.

También es el caso del diputado de CC-PNC, Juan Manuel García Ramos, quien al parecer “nada en el mar de dudas de Fonsalía”, con una pregunta que ha registrado al respecto sobre la necesidad de una tercera infraestructura portuaria en el sur de Tenerife, que no esté cubierta por Los Cristianos y Granadilla.

Un proyecto de treinta años. Un proyecto de otro puerto innecesario, sin justificación social, económica ni medioambiental alguna. El Puerto de Granadilla, ya construido y con el destrozo realizado, es la alternativa al Puerto de Fonsalía para desbloquear el Puerto de Los Cristianos. Y también es imprescindible revitalizar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, abandonado a su suerte.

En este periodo, la ciudadanía opuesta a Fonsalía ha continuado manifestándose a través de los medios de comunicación y de una masiva recogida de firmas que ha llegado a la Unión Europea a través de la organización Movemos Europa y que ha sido tenida en cuenta por la revista National Geographic, con afirmaciones como esta: “el proyecto de construcción del macro puerto de Fonsalía, al suroeste de la isla de Tenerife, amenaza el equilibrio del único santuario de ballenas europeo y tercero a nivel mundial, catalogado también como zona de especial conservación”. Y añade que las aguas oceánicas que bañan la costa del suroeste de la isla de Tenerife albergan una de las mayores concentraciones de biodiversidad y riqueza de cetáceos del territorio español. La franja recorre los 22 kilómetros desde la punta de El Fraile hasta Punta Salema, siendo el hábitat de una de las pocas poblaciones residentes de calderón tropical del mundo, que conviven en el canal entre Tenerife y La Gomera con ballenas, delfines, tiburones y otras 26 especies de cetáceos, registrándose al menos un total de 74 especies marinas protegidas, algunas de ellas en peligro de extinción, como la tortuga verde (Chelonia mydas) y la tortuga bomba (Caretta caretta).

Por tanto, parece que las demandas de la ciudadanía para que no haya dinero de los fondos europeos para Fonsalía y no se consume esta tropelía contra nuestro litoral, está dando sus frutos.

Sólo me resta instar al Gobierno de Canarias, a quien apoyamos y del que formamos parte, a que nos aclare definitivamente a la ciudadanía cuál va a ser el futuro de este proyecto de Fonsalía y si cuenta en la actualidad con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en su expediente administrativo. Y se lo pido expresamente a los dos consejeros competentes en esta materia, Sebastián Franquis (consejero de Obras Públicas y Transportes) y a José Antonio Valbuena (consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial).

Desde Sí Podemos Canarias tenemos la absoluta convicción de que este puerto no se realizará.

Sin Podemos, hoy no tendríamos gobiernos de coalición progresista ni en el Estado ni en Canarias. Sin Podemos, seguramente, esta crisis se estaría padeciendo con las mismas recetas y el mismo austericidio de 2008, con recortes en la Sanidad, la Educación, los Derechos Sociales, los salarios y en la pérdida de derechos de la ciudadanía.

Con Podemos, hoy se ha implantado un escudo social y estamos intentando que nadie se quede atrás. Dicho esto, conviene recordar que seguimos teniendo un pie en las calles, en las movilizaciones ciudadanas (pensionistas, defensa del territorio, lucha contra el cambio climático…) y otro en las instituciones.

Por todo ello, tengo que lamentar que la otra candidatura que se presentaba en Canarias a las primarias internas a la Secretaría General y al Consejo Autonómico, y que encabezaba Meri Pita, se haya retirado.

Y lamento aún más las dudas y las críticas, todas ellas infundadas, que esa candidatura han venido haciendo a Podemos como organización política y que han culminado con esta retirada de la candidatura.

Aunque, a decir verdad, es la segunda vez, en apenas un año y pocos meses, en que esas mismas personas se han retirado en mitad de un proceso trascendental. La de ahora busca realmente desmovilizar y que las inscritas e inscritos se hastíen, se les instale en la duda y, en definitiva, no participen. La anterior, que ha sido la más grave que le haya ocurrido jamás a una organización política en Canarias, fue la que intentó dinamitarla desde dentro, cuando 15 personas renunciaron a formar parte de las candidaturas al Parlamento de Canarias cuando faltaban apenas tres horas para que se cerrara el plazo en la Junta Electoral.

Algunas de esas 15 personas estaban ahora también en la lista que encabezaba Meri Pita y que el jueves 8 de octubre, menos de 48 horas antes de que se inicie el proceso de votación de las primarias, anunció su retirada.

Conviene que se sepa. Y también conviene decir que la candidatura de Laura Fuentes, nuestra próxima secretaria general en Canarias, con la que colabora también Noemí Santana y de la que yo también formo parte, es un proyecto unitario, plural, que pretende fortalecer Podemos y las políticas de progreso allí donde nos hayan colocado las urnas: gobiernos u oposición.

No somos políticos profesionales, al uso. Sabemos que estamos de paso, dando voz en las instituciones a los movimientos sociales y en la defensa de lo público y de los intereses generales.

Queremos fortalecer los círculos, fomentar aún más la participación y la horizontalidad que nos caracteriza, porque estamos convencidos de que con un Podemos fuerte seremos más útiles a la ciudadanía y a la defensa de los intereses de la mayoría social, tal y como lo estamos demostrando en Canarias en la gestión de los Derechos Sociales o de la Cultura o con nuestra labor en el Parlamento, en los cabildos y en los ayuntamientos.

Manuel Marrero Morales

Portavoz parlamentario del Grupo Sí Podemos Canarias

Señora ministra:

En calidad de diputado autonómico canario por el Grupo de Sí Podemos Canarias me dirijo a usted para reiterar una petición, que se ha convertido en un clamor dentro de la ciudadanía de las Islas Canarias: el Gobierno del Estado tiene que aplicar urgentemente la Ley y, en consecuencia, paralizar el atentado medioambiental que se está produciendo en la Playa de La Tejita en Tenerife.

Como usted bien sabe, la confluencia de Sí Podemos Canarias (Podemos, Sí Se Puede y Equo) forma parte del Gobierno de Canarias, como lo hace Unidas Podemos del Gobierno de coalición estatal; en ambos casos, nos hemos posicionado públicamente por la defensa del territorio y de nuestra biodiversidad, frente a los desmanes y atropellos contra el medioambiente, que durante décadas se han venido produciendo en las costas canarias, con sucesivos gobiernos de Coalición Canaria.

En este asunto, todas las instituciones locales, insulares, autonómicas y estatales han tenido o tienen algún grado de responsabilidad.

Y esas decisiones, recurridas y denunciadas, que permiten a una empresa construir junto a la orilla de una de las pocas playas vírgenes que restan en la isla de Tenerife, en un flagrante atentado contra el medioambiente, contra los derechos del conjunto de la ciudadanía, esas decisiones siguen esperando por una revisión de urgencia, por parte de su Ministerio, de la nueva delimitación marítimo-terrestre así como la fijación de la correspondiente zona de servidumbre.

Una vez cumpla su Ministerio, el consejero José Antonio Valbuena y el Ayuntamiento de Granadilla tendrían que actuar para poner orden a estos desmanes, paralizando la obra, retirando la valla opaca que impide la circulación de la arena, y planteando al proyecto las nuevas exigencias derivadas de la legalidad vigente.

Formar parte de estos gobiernos nos hace, en parte, corresponsables de sus decisiones. Por eso insistimos en que la inacción y el silencio no son una respuesta que podamos admitir.

La sociedad canaria valora como un bien preciado su territorio y la biodiversidad.

Y por eso nos movilizamos, cuando se atenta contra nuestro frágil territorio insular.

Un Gobierno que apuesta por la lucha contra el cambio climático, por la sostenibilidad, por un cambio de modelo productivo diversificando nuestra economía, no puede mirar para otro lado ante las demandas de la ciudadanía por las agresiones al medioambiente.

Usted, señora ministra, como autoridad competente, tiene la obligación de frenar cualquier atentado contra el medio ambiente, cualquier deterioro de un espacio natural protegido, cualquier invasión del territorio, perteneciente al común de la ciudadanía y destinado al uso y disfrute de todos.

A la espera de una urgente resolución, salud.

La estrategia Europea 2020 estableció entre sus objetivos reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10% en la UE y del 15 por ciento en el Estado español. En una década, redujimos a la mitad los resultados (2008, 34.1% - 2017, 17.5%), y de haber seguido la senda de la década 2007-2017 estaríamos en 2020 en un 12.9%.

Pero, de nuevo, se ha truncado la tendencia.

Clara señal de que estas cifras ponen sobre la mesa un asunto que preocupa en nuestra sociedad, y del cual se han hecho eco estos días los medios de comunicación, es que el pleno del Parlamento de Canarias ha abordado esta semana en profundidad el problema al que nos enfrentamos como comunidad.

Del absentismo se suele pasar a la frustración y al abandono escolar. De un asunto socioeducativo pasamos a un grave problema social, donde a la falta de preparación académica, se le unen las escasas opciones de inserción en el mundo laboral, las pocas expectativas de recualificarse y todo ello conduce a una generación con escasas expectativas vitales.

Por ese motivo, en muchos de los casos de abandono y fracaso escolar se hace imprescindible subir la autoestima, que las personas se sientan valoradas y necesarias socialmente.

La formación es una carrera de fondo, que exige perseverancia, constancia, entusiasmo, sacrificio y apoyos, muchos apoyos familiares y sociales. Cuando esos apoyos son inexistentes y llegan los momentos de cansancio, de hastío, de frustración, y el adolescente los tiene que enfrentar en solitario, comienza la desafección hacia el sistema educativo, el absentismo, que concluye en el abandono escolar.

Y aquí tenemos en cuenta a la población canaria de 18 a 24 años que no ha completado la FP de grado medio o el bachillerato y no sigue ningún tipo de formación tras la secundaria obligatoria.

Nos superan Baleares, Murcia y Andalucía. En el otro extremo, Euskadi (6.7%), Madrid (11.9%), Asturias (12.4%) y Galicia (12.6%), Cantabria, Aragón, Navarra y Castilla y León (todas por debajo del 15%). Países como Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Polonia, Grecia o Irlanda ya se encuentran por debajo del 10%.

Un problema de hoy, si no le ponemos solución, se prolonga en el tiempo y se enquista, convirtiéndose en un problema del mañana.

Las razones que podríamos aducir son múltiples y variadas, por tanto la solución no puede ser única.

Es evidente que no es indiferente a este asunto el lugar y la familia donde le ha correspondido nacer a cada persona. Los índices de pobreza en Canarias siguen siendo sonrojantes. Por tanto, el origen socioeconómico es otra variable importante.

El nivel de formación de los progenitores, el ambiente cultural en la familia, marcan también, en general, las expectativas de las familias y del propio alumnado. Así pues, el lastre generacional es otra variable a tener en cuenta.

El entorno es fundamental. Los barrios deprimidos, sin atención a sus necesidades, sin oferta cultural, deportiva, de ocio, que se sienten excluidos, son un caldo de cultivo para el absentismo y el abandono. El paro, la pobreza y la exclusión social forman parte del problema y de la baja autoestima de muchas de estas personas.

Nuestro sistema productivo, basado en el turismo y los servicios y en la construcción, ha planteado en general pocas exigencias de cualificación, lo que ha facilitado el trasvase desde los centros escolares hasta el andamio o el trabajo en la hostelería. Por tanto, ahí tenemos otra variable, la de construir un sistema productivo más diversificado, que a su vez exija una mayor especialización y cualificación.

El empleo precario y de escasa cualificación cotiza muy poco e influirá en la jubilación.

Por tanto, escaso pan para hoy y hambre para mañana.

La oferta de Formación Profesional no se ha caracterizado precisamente por ser impulsora de nuevas formas de producción y realizar estudios atractivos. Nos hemos limitado a repetir lo que hay.

Son múltiples, por tanto, las causas que están detrás del abandono escolar; poniendo remedio de forma transversal a las mismas, tal vez podríamos alcanzar mejores resultados para el futuro.

Por ello, hay que abordar de inmediato medidas dentro del sistema educativo para abordar el problema del abandono escolar con una serie de medidas incentivadoras destinadas a facilitar el acceso a las titulaciones a través de programas de segunda oportunidad o realizando adaptaciones curriculares.

Eso propuse en el último pleno del Parlamento a la consejera de Educación, incluyendo entre las propuestas de Podemos Canarias la adopción de medidas de tipo laboral, relacionando el regreso a los estudios con algunos niveles de inserción laboral en prácticas, e incluso medidas de tipo económico, con ayudas para los materiales escolares, el transporte o las prácticas.

Otras medidas podrían ser incrementar la oferta de plazas de titularidad pública de 0-3 años para comenzar una atención temprana, compensar desigualdades y socializar al alumnado; una atención individualizada en el alumnado con necesidades educativas o garantizar que los derechos sociales de la población, como la renta de ciudadanía son una prioridad de este gobierno en su lucha sin desmayo contra la pobreza y la exclusión social.

Junto a medidas educativas, al ser un problema poliédrico, es fundamental también garantizar una alimentación sana y suficiente para toda la población, mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras para influir positivamente en el bienestar familiar y personal. Porque, a veces, el ser trabajador pobre obliga a que más miembros de la familia contribuyan al mantenimiento de la misma aún a costa del abandono de los estudios.

También el derecho a una vivienda digna favorece el enraizamiento de las familias en un entorno y genera estabilidad y tenemos que conseguir que los niños y niñas, la juventud de las 8 islas y los 88 municipios canarios, puedan acceder en igualdad de condiciones a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre en horario de tarde.

Fomentar el asociacionismo, participar en circuitos culturales y deportivos, fomentar aprendizajes (así como refuerzos educativos), impulsar la lectura, todas ellas son medidas que favorecen la cohesión social y mejoran la autoestima. Y estas medidas precisan una enorme coordinación de ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y la sociedad civil.

La oferta educativa y cultural a lo largo de toda la vida es fundamental, para que las personas vuelvan a engancharse con la necesidad y las ganas de aprender, de mejorar, de recualificarse.

Si la educación de una persona necesita de toda la tribu y no sólo de la institución escolar, la prevención contra el fracaso, el absentismo y el abandono escolar necesita también de toda la tribu, y, con las alarmas puestas, como emergencia social que es.

En definitiva, hay que atender a los problemas buscando las causas profundas y procurando las soluciones que no son coyunturales, sino generalmente, estructurales: pobreza, vivienda, lastre generacional, insuficiente respuesta del sistema educativo y de la estructura social y escasas expectativas sociales.

El sistema educativo es poco flexible y hace poco atractivo el regreso a los que lo han abandonado prematuramente, por lo que, en la línea de caminar por la senda que marca la Ley Canaria de Educación al respecto, se hace necesario establecer algunos itinerarios específicos más flexibles, adaptaciones curriculares y enseñanzas ligadas a la práctica laboral para este tipo de alumnado, para que su vuelta a retomar los estudios, aparte de una necesidad, se convierta en algo atractivo.

Hay que descubrirles sus trampas y mentiras. La población tiene que empoderarse

Si as fuentes de energía renovables son gratuitas ¿por qué, entonces, permitimos que se adueñen de ellas y que los oligopolios eléctricos se enriquezcan a costa nuestra? Tenemos que ser los dueños de nuestros contadores.

¿Creemos aceptable que, después de 27 años de CC gobernando estas Islas, no tengamos un Plan Energético para Canarias? Si el Gobierno no toma las decisiones en esta materia, ¿quién las está tomando? Pues el oligopolio que controla el mercado eléctrico en Canarias: la multinacional italiana EON (antes Endesa-Unelco) y quien transporta la energía, Red Eléctrica Española (REE).

La posibilidad más salvaje del mercado se produce en Canarias en materia de energía. Ponen normas, exigencias y precios, a nivel de Estado y en las islas.

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, con la ayuda de CC y todo a costa de nuestros bolsillos.

¿Cómo nos podría explicar el Gobierno que haya subvencionado una treintena de proyectos de geotermia de baja y media entalpía a hoteles y centros comerciales, para que se ahorren sus dueños hasta un 25 por ciento de la factura eléctrica y, sin embargo, no se haya hecho instalación alguna en los centenares de edificios públicos de Canarias para reducir dicha factura eléctrica y repercutir este ahorro, por ejemplo, en políticas sociales? La factura eléctrica de un hotel equivale a los costes de su plantilla, aproximadamente.

Nos dicen que estamos en un periodo de transición de fósiles a renovables. En Canarias no producimos electricidad con carbón, ni con energía nuclear y, por tanto, no necesitamos suplirlas por otra energía fósil como el gas.

Y sin embargo, Clavijo y sus socio, siguen empeñados en permanecer en la ‘Edad del Fuego’, intentando instalarnos 3.000 km de tuberías.

José María Marín, presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, hace unos días, en el Congreso de los Diputados, negaba la posibilidad de instalar el gas en Canarias porque era deficitario. Y no estaba dispuesto a cargarlo en el peaje de los consumidores de gas peninsulares, como pretende el insolidario Consejero de Industria, Pedro Ortega.

El modelo actual, sea con fósiles o con renovables, es un modelo donde se produce la energía de forma concentrada en pocos puntos, propiedad de los oligopolios, ya sean motores de fuel, aerogeneradores o placas fotovoltaicas.

Son los dueños de nuestros contadores y, por tanto, ponen las condiciones a los gobiernos y a los consumidores. Un ejemplo gráfico: la isla de La Palma, isla platanera por excelencia, paga en factura eléctrica tanto dinero como el que entra en la isla por la venta de plátanos.

En el caso concreto del agua y la energía, tenemos que apostar porque este binomio vaya unido indefectiblemente a las energías renovables.

Extraer, desalar, potabilizar, transportar, depurar y reutilizar el agua tiene que hacerse con energías renovables. No podemos permitirnos que los Consejos Insulares de Aguas y las organizaciones de agricultores y comunidades de regantes sean los principales clientes del oligopolio eléctrico en Canarias.

Estamos asistiendo a un crecimiento exponencial, subvencionado, de eólicas y fotovoltaicas, en sistemas eléctricos que, como el de la isla de Tenerife (aunque algo similar ocurre en Gran Canaria), la demanda mínima está en torno a 270 Mw en ‘horas valle’ y la demanda máxima en torno a los 530 MW.

Sin embargo, en estos momentos, la potencia instalada de eólica en Arico y Chimiche llega a los 505 MW y la fotovoltaica prevista en el ITER es de 350 MW, un sistema eléctrico sobredimensionado. Y, además debemos tener en cuenta que entre el 8 por ciento y el 10 por ciento de la energía transportada se pierde en el camino.

Las medidas para seguir concentrando la producción de energía en pocas manos, instalando aerogeneradores a mansalva en suelo rústico, han venido facilitadas por la Ley del Suelo, prioridad del gobierno de Clavijo en esta legislatura.

La eólica inyectada a la red durante el año en curso no llega al 9 por ciento y, sin embargo, el Gobierno no tiene empacho en hablarnos de una producción del 20 por ciento.

Nos mienten y ni se sonrojan.

Canarias esta sobrada de energías renovables desaprovechadas: sol, viento, mares, volcanes.

Sol y viento en todas nuestras azoteas. Mares que circundan más de 7.000 kilómetros de costas, con múltiples corrientes. Posibilidades de Geotermia de alta entalpía para aplicarla a Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y su conexión con Fuerteventura.

La geotermia de alta temperatura es la joya de la corona en materia de energía, duradera para los próximos siglos. Una inversión rentabilísima, de propiedad pública, que nos haría soberanos energéticamente en el mix de las renovables, como la auténtica energía de respaldo, cuando fallen las otras o no haya suficiente energía acumulada.

Por eso desde Podemos Canarias apostamos por un nuevo modelo energético, en el que los consumidores podamos ser productores e incluso volquemos a la red el excedente.

Un modelo donde, al no haber transportes largos, no haya pérdidas. Un modelo, donde mediante fotovoltaicas, que debieran ser subvencionadas, o mediante utilización de geotermia de baja y media entalpía, podamos satisfacer nuestra demanda energética, democratizar la propiedad de las fuentes de energía y ser, en definitiva, dueños de nuestros contadores.

Las mentiras del Gobierno tienen las patas cortas.

Las renovables de generación distribuida son nuestra meta a conquistar como sociedad.

La lucha por la propiedad de los contadores es desigual. Pero somos mayoría, tenemos el tiempo y la razón de nuestra parte.

Y vamos con firmeza en la dirección adecuada.

Eso lo sabíamos y no es una novedad. Pero no nos lo podemos permitir.

Alejados del ojo del huracán, desde la distancia del foco del seísmo madrileño y de la convulsión que se vive en el epicentro, de manera tan agitada y removiendo las entrañas, desde la ultraperiferia se percibe de forma modulada y tamizada por la pérdida de intensidad propiciada por la distancia. No por eso es menos preocupante.

Además, todo lo que ocurra en Madrid, con los altavoces de los medios de comunicación, repercute en Canarias. Nunca ocurre al revés, lógicamente.

Quisiera entender que cada parte en contienda considera que su posición es la más razonable e incluso la mejor para el proyecto. Pero ambas partes no son antagónicas, sino complementarias. Unas con más razones que otras, pero ambas complementarias y absolutamente necesarias, -que no imprescindibles- para sumar y conseguir el objetivo: desalojar al corrupto Partido Popular de las instituciones madrileñas y gobernar para la mayoría social.

Si el objetivo nos une, los medios para conseguirlo parece que son el motivo principal de discrepancia. Y aquí viene una primera premisa: es necesaria la unidad de todas las fuerzas progresistas y las personas que quieran sumarse a un proyecto transformador. Podemos, siendo la fuerza principal, no es la única.

Unidad y humildad, fue el grito unánime en Vistalegre II y a ello nos debemos.

Hay que enmendar errores, hay que retomar canales de comunicación, espacios privados para el diálogo sereno y, sobre todo, que prevalezcan la razón, la argumentación, la defensa de las convicciones, el contraste de pareceres y la decisión de llegar a acuerdos.

Las vísceras no son buenas consejeras para ese necesario diálogo sereno. Y en estos días, algunas vísceras han quedado al descubierto de forma descarnada.

Estamos inmersos en nuestras propias contradicciones. Nacimos como un movimiento fresco, alternativo, en las calles. Sin abandonar las calles, aunque en estos momentos con la movilización estancada, hemos llegado a las instituciones.

Y estamos en proceso de reajuste.

Hay que construir organización, sin perder las esencias del movimiento; pero con un objetivo: la organización no tiene que convertirse en un fin en sí misma; es un mero instrumento dinamizador, aglutinante, para el diálogo y el acuerdo con otras organizaciones hermanas, desde la generosidad y las convicciones firmes para ilusionar y que la ciudadanía sienta que sí la representamos.

Siempre ha habido tendencias al control centralizado de las organizaciones desde pequeños grupos, olvidando que la participación democrática y la descentralización son premisas que debieran servirnos para tomar decisiones en nuestros respectivos ámbitos territoriales, para aumentar la participación, para impulsar la corresponsabilidad.

Está claro que tenemos deficiencias y que es necesario plantearnos mejoras, tanto en lo organizativo como en la participación.

Mejorar la coordinación de los distintos territorios entre sí, a nivel estatal, es perfectamente compatible con propiciar una mayor descentralización hacia los distintos territorios. Favorecer los canales de participación democrática, impulsar los procesos unitarios con todos aquellos grupos y organizaciones con los que podamos confluir en proyectos comunes, no sólo es una necesidad sino es nuestro deber.

Por tanto, aún queda tiempo para la esperanza, para el diálogo, para seguir impulsando dentro y fuera de Podemos, dentro y fuera de Unidos Podemos, a nivel estatal, todas las confluencias posibles para ganar en mayo las instituciones para esos millones de personas que desean un cambio progresista en nuestro país, que garantice los derechos de la ciudadanía.

Desde la ultraperiferia canaria, a pesar del ruido mediático, seguiremos trabajando por las confluencias y los procesos unitarios para los municipios, los cabildos y el Parlamento canario.

Estamos convencidos de que será posible, porque lo estamos haciendo desde la voluntad, desde la razón y asumiendo nuestras responsabilidades.

Lo que ocurre es que estos convenios estaban acordados con el PP desde 2017, además de los contenidos en el recurso que se ganó ante los tribunales de Justicia. Y nunca, en más de un año, se oyó clamor alguno por parte de Coalición Canaria, increpando y demandando al entonces presidente Rajoy.

Este cambio de actitud vociferante obedece a varias razones: la primera es que a Coalición Canaria no le ha sentado muy bien la moción de censura contra el partido más corrupto de la Unión Europea y, por ello, aún siguen los coalicioneros nostálgicos de aquellos tiempos en que gobernaban las derechas de Rajoy y Rivera, con el apoyo de PNV, CC y NC a la hora de votar aquellos presupuestos antisociales.

Otra razón, fundamental, es que llevamos una década con escasa inversión pública y con inmisericordes recortes sociales. Y el gran empresariado, amigo de Coalición Canaria, arregostado a la inveterada costumbre de los sobrecostes, ha recibido poco encargo de obras públicas, y lleva tiempo demandándolo, pues en ello les va el negocio.

Y, finalmente, otra importante razón es que nos encontramos a escasos ocho meses de unas elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y ya Coalición Canaria y su socio gomero de la ASG han sufrido un primer revés con la más que posible reforma del sistema electoral canario que, aunque insuficiente, significa un pequeño avance respecto al actual, el que con cinco mil votos en una isla puedes obtener tres diputados y con cincuenta mil en todo el archipiélago puedes quedar fuera del Parlamento canario.

Por eso, el Gobierno de Clavijo, en caída libre, necesita urgentemente algún proyecto de una carretera o un túnel, ante cuya maqueta fotografiarse, o alguna cinta que cortar delante de un terreno donde se construirá otro puerto innecesario, como el de Fonsalía.

Y ahí está el peligro: en los primeros nueve meses del año, y con datos de septiembre, el Gobierno de Canarias apenas ha ejecutado un 7.3% del presupuesto de inversiones en Obras Públicas y Transportes, fundamentalmente en carreteras.

De los 238 millones de euros, el Gobierno de Clavijo y Pablo Rodríguez tan sólo ha podido certificar 17,35 millones. Y están en el último -esperamos que esta vez sí- año de legislatura, después de 27 años ininterrumpidos en el Gobierno de Canarias.

No es de fiar un gobierno que no planifica con tiempo suficiente las obras, que funciona a base de ocurrencias, como el improvisado bono residente canario para la isla de Tenerife.

No es de fiar un gobierno que gastó ingentes cantidades de euros en los puertos de Arinaga y Granadilla, prometiendo miles de empleos, y actualmente se encuentran en estado de abandono.

No es de fiar un gobierno que entierra millones de euros en puertos, sin rentabilidad social ni económica alguna, como el de Tazacorte o Garachico. Y que además amenaza con seguir ampliándolos.

No es de fiar un gobierno que comenzó la legislatura aprobando la Ley del Suelo para favorecer la especulación, más aún si cabe, en nuestro territorio. Y que, posiblemente, en el último suspiro de los cuatro años de mandato, apruebe la Ley de Servicios Sociales. Primero, los negocios de unos pocos, olvidando las necesidades e intereses de la mayoría social.

Por tanto, no es de fiar un gobierno que piense sólo en unas pocas personas, que se enriquecen a costa de la obra pública, y deje en la cuneta a cientos de miles de personas que se encuentran en Canarias en situación de extrema pobreza y exclusión social.

Seguramente, por eso les molesta tanto Podemos y Unidos Podemos, y nos tachan de populistas,  porque somos capaces de hacer mirar al PSOE hacia la izquierda y acordar para los próximos Presupuestos para 2019 que el Salario Mínimo Interprofesional suba hasta los 900 euros, que las pensiones se actualicen conforme al IPC, que los autónomos paguen su cuota en función de los ingresos o que se universalice la educación infantil 0-3 años.

Ahí esperamos el voto de la diputada Oramas.

Esa medida y el resto de las 50 páginas acordadas, sí que benefician a la mayoría social en Canarias; tal vez no las apoyen, porque sus padrinos y beneficiados de la obra pública vayan a tener que pagar más al erario público. Y eso está “muy feo”.

Los que hemos venido a la política para cambiarla en beneficio de la mayoría social vamos a continuar por esa senda, trabajando por la defensa de lo público, que en definitiva son nuestros derechos.

Somos gente de fiar.

Como diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias en la Cámara regional, me sumo a las más de 125.000 firmas que en estos días se han entregado al nuevo ministro del Interior, pidiendo Justicia para Gloria, y reclamando al Gobierno de España “una actuación inmediata ante el acoso que viene sufriendo la sargento del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno”.

La sargento Gloria Moreno ha sido sancionada sin empleo y sueldo por realizar su trabajo en defensa del medio ambiente en su implicación contra el maltrato animal.

Ahora estaba investigando un caso de adopciones ilegales de animales en Arrecife, cuando un investigado la denunció por acoso y el director general de la Guardia Civil, siguiendo la propuesta del coronel de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz, le comunicó que quedaba sancionada con una medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo parcial durante tres meses desde el 20 de abril de 2018.

Es el último de una larga cadena de cuatro expedientes anteriores. Dos faltas leves y dos graves. Los tres primeros han sido caducados y archivados, mientras que del cuarto no le han comunicado el resultado final del expediente.

Gloria Moreno, la sargento del Seprona, de acuerdo con el mandato constitucional de perseguir los delitos, asumió con máxima profesionalidad los expedientes relacionados con las cacerías y comilonas que venían haciéndose en Alegranza, en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo y sobre especies protegidas, acabando con décadas de impunidad en las que los responsables públicos hasta la fecha miraban para otro lado y lo toleraban.

La sargento Gloria Moreno está siendo perseguida por querer hacer bien su trabajo de protección de la naturaleza, ante la impunidad en la que supuestamente desde hace décadas se venían desenvolviendo algunas personas en Canarias.

Por eso, me sumo a la petición de la reincorporación inmediata de Gloria Moreno a su trabajo, que se levante la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo desde el 20 de abril de 2018, que se abra una investigación en profundidad de las sanciones y expedientes y que se depuren y cesen a las personas responsables, el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Ricardo Arranz y al capitán del Seprona de la provincia de Las Palmas, Germán García, que han estado supuestamente en la cadena de maltrato, acoso y persecución a la sargento Gloria Moreno por querer hacer bien sus funciones.

Señora Máñez, no podemos permitir que el caso de Gloria Moreno quede así. Si usted no lo impide, el maltrato, acoso y persecución irá a más. En pocos días, el coronel y el capitán consumarán su despropósito.

La instructora del último expediente ha comunicado el viernes 22 de junio de 2018 la propuesta de sanción, seis meses de empleo y sueldo y separación del Seprona durante dos años.

Sentará un precedente muy peligroso: si el resto de los agentes saben que defender los derechos de los animales conlleva una sanción, se lo pensarán dos veces antes de protegerlos, como si la lucha contra el maltrato animal y la protección de la naturaleza fuera un delito y no una obligación.

Le solicito su intervención inmediata para paralizar este maltrato, acoso y persecución. Espero de usted una acción rápida y contundente para acabar de una vez por todas con la actitud de permisividad y silencio que durante demasiado tiempo ha caracterizado la acción de determinadas instancias del Seprona en Canarias, cuando de proteger la naturaleza y la lucha contra el maltrato animal se trata.

Tanto el PP como el PSOE, y la muleta de ambos, Ciutadans, que cuentan siempre con el inestimable apoyo de Coalición Canaria cuando han gobernado, han incumplido reiteradamente la Constitución (vivienda, educación, sanidad, dependencia, empleo, igualdad…), bajo cuyo paraguas se refugian ahora, utilizándola como arma arrojadiza contra los que nos oponemos a sus tropelías, como es el caso de Podemos.

Al autodenominado bloque constitucionalista le interesan especialmente unos pocos artículos, que a la postre son: el artículo 2, sobre la unidad patria; el articulo 8 sobre el ejército, el 135 para poner el país a los pies de los bancos y priorizar el pago de la deuda y el 155 para aplicarlo de forma espúrea y bastante heterodoxa contra los sectores independentistas catalanes. El resto del articulado, cuyo cumplimiento reclama Podemos, como la vivienda, el empleo, las pensiones, la educación, la sanidad, la dependencia, a este bloque les importa muy poco y buenas pruebas de ello están dando con sus múltiples ataques a lo que resta del Estado del Bienestar.

La derecha del PP-C’s, junto con sectores de la justicia y el resto de poderes fácticos se han envalentonado. Y, ya puestos, quisieran recentralizar el Estado, hacen leyes para recortar derechos y libertades, legislan en favor de los poderosos atacando los derechos de los sectores más débiles, como es el caso de las personas jubiladas y pensionistas.

En esta carrera desenfrenada hacia la extrema derecha, que tanto predicamento tiene en otros países europeos, usan el mensaje xenófobo contra los refugiados y en consecuencia desarrollan sus políticas de no acogida, de vallas y concertinas.

No obstante, la guinda al pastel llega en las últimas fechas con la educación, por la que se niegan a apostar en tanto que servicio público, de titularidad pública, y que a coste cero pretenden impregnar de su ideología reaccionaria.

No sólo son incapaces de llevar adelante un pacto educativo, sino que contraatacan en la línea que hace años inició la ínclita Esperanza Aguirre cuando hablaba de “españolizar a los niños catalanes”; pues ahora su partido pretende uniformar al conjunto de la población escolar con su catecismo sobre los valores de Dios, Patria y Rey, haciéndonos retroceder más de medio siglo a pleno franquismo, cuando la ideología imperante se inoculaba en vena, a través de todos los textos escolares.

Ahora quieren hablar de educación en valores, exaltando el ejército, los valores patrios más rancios, a un rey impuesto, el himno, la indisoluble unidad patria, que tantos réditos les está dando entre algunos sectores de la población empobrecida, ninguneada, sin empleo o con salarios de miseria, con pensiones que no permiten salir de la zona de exclusión social, con recortes en sanidad, educación y dependencia, con miedo, con mucho miedo ¿miedo a perder qué? Esos son los valores con los que quieren uniformar a la población escolar.

Si quieren educar en valores universales, hay magníficos principios de los que echar mano: libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia, paz, declaración universal de los derechos humanos y carta de la tierra.

Más ciencia y menos doctrina. Más espíritus críticos y libres y menos adoctrinamiento.

Este Gobierno en minoría, apoyado antes por el PSOE, ahora por el PP y siempre por Casimiro Curbelo, pretende hacernos creer que acaba de llegar a la política, cuando lleva casi tres décadas dirigiendo los destinos de Canarias.

Por tanto, cuando hablamos de que uno de cada dos canarios se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, alguna responsabilidad tendrá este Gobierno de Coalición Canaria.

En este asunto nos diferencia claramente que desde Podemos apostamos por una renta mínima garantizada, que permita a las familias más desfavorecidas alcanzar mayores cotas de dignidad. Mientras, el Gobierno de Clavijo sigue apostando por el piche y el cemento y por beneficiar a las grandes fortunas.

En tres años de legislatura, el Gobierno ha traído a esta Cámara una sola ley, precisamente la del suelo, para convertir Canarias en un inmenso solar, para la depredación y los negocios inmobiliarios. Por el contrario, Podemos ha presentado siete leyes para beneficiar a la mayoría social. Leyes que la mayoría conservadora del Parlamento ha rechazado.

En fechas próximas, con tres años de retraso, pues el Gobierno no lo consideró prioritario antes que la Ley del Suelo, abordaremos la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Mientras desde los poderes públicos apenas se ofertan plazas públicas para la dependencia, esta Ley pretende profundizar en las desigualdades dejando en manos privadas o concertadas con dinero público la gestión de la dependencia.

La derecha conservadora (sea el PP, sea CC) se ha caracterizado por debilitar lo público y fortalecer los negocios privados de sanidad, educación y dependencia desviando dinero público en ingentes cantidades hacia los bolsillos de un sector del empresariado que vive de las subvenciones con empresas de riesgo cero.

Lo contrario de lo que ocurre a la mayoría de nuestro tejido empresarial, compuesto por pequeñas y medianas empresas de las que el Gobierno apenas se preocupa.

En islas como la de Tenerife es más que evidente esta práctica, pues después de tres décadas siguen los problemas de la sanidad para que funcionen los hospitales en el sur y el norte de la isla, porque hay oferta privada.

Uno de los exponentes más altos de connivencia político-empresarial, de obscenas relaciones entre representantes públicos que benefician los negocios del empresariado más poderoso, lo estamos viviendo actualmente por capítulos en asuntos como la regasificadora y la colocación de 2.900 kilómetros de tuberías para seguir en la Edad del Fuego, quemando combustibles fósiles para producir calor o electricidad con petrogás, como nos gusta llamarlo.

Los tribunales de Madrid y de Canarias están dejando en evidencia las chapuzas administrativas de este Gobierno, para intentar beneficiar a las eléctricas y las gasísticas, para beneficiar a Redexis-Goldman Sachs y seguir saqueando los bolsillos de la población canaria, descapitalizándonos.

Desde Podemos seguimos haciendo frente a este Gobierno y apostamos por las energías renovables, eólica, fotovoltaica, maremomotriz, geotermia; pero de manera especial por un nuevo modelo energético, en el que la propiedad de la producción de la energía se democratice ¿Por qué se van a apropiar las multinacionales del sol, del mar, del viento o de los volcanes?

Pretendemos descentralizar la producción de la energía, donde desde cada familia se pueda producir energía y autoabastecerse en gran parte. Y nos vamos a seguir oponiendo a las regasificadoras y al gas.

En definitiva, dos modelos contrapuestos, un Gobierno que piensa en el beneficio de unos pocos, en el deterioro medioambiental y en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, y enfrente, Podemos que está en las instituciones defendiendo a la mayoría social, defendiendo el territorio como un bien preciado y luchando en las calles y en las instituciones por las pensiones, la igualdad entre mujeres y hombres, los servicios públicos de sanidad, dependencia y educación, que, en definitiva, son nuestros derechos.