Hace ya años que aparece la demanda de la “libertad de elección de centro” por parte de partidos y organizaciones que declaran su afinidad por un sistema liberal de organización social. Pero, ¿que se dice realmente cuando se pronuncia esa frase?, ¿qué tipo de sociedad y educación dibuja?

Demandan que no se zonifique la ciudad por distritos para que cada uno pueda elegir el centro que desee esté donde esté y no se imponga nada a las familias, porque éstas tienen derecho a elegir el centro escolar que consideren mejor. Hay que señalar que la gran mayoría de las familias elige el más cercano a su casa.

A lo largo de todos los años que el PP ha tenido el gobierno de la ciudad de Valencia y de la Generalitat, desde los centros escolares y desde el Consejo escolar municipal de Valencia, se le ha pedido insistentemente al ayuntamiento la realización de un estudio sobre la zonificación de Valencia y sus consecuencias. Nunca se realizó, y se nos negaron los datos para poder hacerlo a los representantes de la comunidad educativa. ¿Por qué?, porque se hubiese visualizado cómo los decretos de admisión de alumnos de la Conselleria de Educación, iban encaminados a favorecer la selección de alumnado por parte de los centros privados-concertados. También, el distrito único del PP del que decían favorecía la libre elección de centro por parte de las familias, ha hecho que no se visualizara la falta de centros educativos en determinados barrios, ya que el ayuntamiento realizaba un cómputo global de todas las plazas escolares existentes y de toda la población en edad escolar de toda la ciudad y si cuadraban los dos, concluía que había suficientes plazas escolares y no era necesario ningún centro más. Consecuencia, barrios con muchos centros privados-concertados y pocos públicos, y barrios con falta de plazas escolares. Los pocos centros públicos reformados, ampliados o construidos lo han sido por el esfuerzo de la comunidad educativa en su reivindicación incansable y permanente.

Los que exigen la libertad de elección de centro, o no saben cómo funciona el tema o mienten y enredan descaradamente. Todas las familias pueden pedir el centro que consideren oportuno, y si hay plazas, se le adjudicará. Pueden elegir el centro que deseen que si hay plazas la obtendrán. Entonces, ¿por qué insisten en algo que ya está?, porque lo que se busca es que los centros puedan seleccionar al alumnado, no el alumnado al centro. ¿Y cómo lo hacen?, necesitan dos caminos:

1- que no se zonifiquen los centros por distrito, si no que toda la ciudad entera sea un distrito.

2-los factores de baremación. Si puntúas el ser antiguo alumno (padre, madre, hermanos) y además le das un punto extra al centro que puede aplicar bajo el criterio que considere conveniente, estás facilitando que al centro vayan quienes el centro decide, porque los criterios de baremación hacen que les des mas puntos a las familias que más te interese tener en el centro.

Los decretos de admisión y baremación del alumnado deben garantizar en todos los centros la calidad educativa, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la importancia de oferta pública en todos los barrios, sin embargo se ha utilizado todos estos años atrás para seleccionar y elegir al alumnado por determinados centros, poniendo en peligro todo lo anterior.

Quienes abogan por esa falsa “libertad de elección de centros”, también manifiestan que deberían tener subvenciones para poder llevar a sus hijos e hijas a centros privados, ya sea por medio de un cheque escolar o deducciones importantes en la renta. Ese es su verdadero objetivo.

Pero olvidan que la educación no es un negocio, es un derecho humano que sólo desde lo público se puede garantizar, llevando la educación no sólo a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales de poca población y a los lugares más recónditos de nuestra geografía.

Esta legislatura el Ayuntamiento de València ha hecho el mayor esfuerzo de su historia en materia de vivienda. En los próximos años se construirán cerca de 350 viviendas sociales, con una inversión que supera los 40 millones de euros. Se ha ayudado a más de 4000 familias a pagar el 40% del alquiler anual. Hemos desarrollado un servicio de asistencia jurídica y mediación ante desahucios para asesorar y acompañar a la gente en sus momentos más difíciles.

El problema es que los ayuntamientos, en el marco competencial actual, solos no podemos, necesitamos el compromiso real de todas las administraciones y de la sociedad para abordar esta situación. Por esto, aceptar un parche ante una situación tan grave no sería otra cosa que mentir a la gente y cronificar la situación de vulnerabilidad de los inquilinos. Es imprescindible poner freno a la subida indiscriminada de los precios del alquiler inmediatamente. Esto solo se puede conseguir si el Gobierno genera el marco que permita actuar a los ayuntamientos allí donde sea necesario.

La delimitación de espacios tensionados por la descontrolada subida del precio de la vivienda permitiría frenar la expulsión de las vecinas y vecinos de sus barrios. Esta sería una medida de emergencia, la solución a largo plazo del problema de la vivienda es crear un parque público para alquiler social. Una tarea en la que nuestro país lleva un claro retraso frente al resto de países europeos. Mientras Austria tiene un 24% de alquiler social y Reino Unido un 17,6% España dispone de un ridículo 2,5%.

A finales de año, el pacto de los presupuestos generales del estado entre el PSOE y Podemos parecía aportar luz al oscuro problema de la vivienda que combatimos diariamente los ayuntamientos. Pero, tristemente, parece que lo que unos defienden en público con cuatro llamadas lo cambian en los despachos. Esta situación ha dado como resultado el intento fallido de convalidar el Decreto Ley de Vivienda. Un decreto que no era más que un parche, maquillaje para simular que se cambia algo mientras todo sigue igual.

En la València de las últimas décadas, tanto los gobiernos conservadores como los pretendidos progresistas, cayeron en esta dinámica y, con el argumento de liberar suelo para hacer parques, proyectaron, más que construyeron (afortunadamente), diferentes torres de manera a veces caótica, a veces temeraria y casi siempre irrespetuosa con nuestro patrimonio.

Caóticas son las torres de hoteles que rodean el Palacio de Congresos, convirtiéndolo en poco más que una gasolinera, temerarias son las torres de Sociópolis que se alzan sobre un inmenso espacio “verde” totalmente deshabitado, irrespetuosas serán las torres que se planifican en el entorno de la Marina junto al Edificio del Reloj o los Docks. Del PAI del Grao no diré nada porque tengo la firme esperanza de que lleguemos a tiempo de replantearlo.

València podría crecer pensando en conservar la escala humana que la hace una ciudad especialmente agradable para vivir. Podría defender que los edificios no demasiado altos generan barrios más amables y más seguros. No lo digo yo, lo dice Jane Jacobs en su “Muerte y vida de las grandes ciudades”, tan presente en nuestros discursos políticos como ausente en nuestro planeamiento. Podríamos defender la plaza como elemento de cohesión social, necesaria para el desarrollo de la vida en los nuevos barrios y las calles como la mejor manera de proteger a nuestros mayores, nuestros niños y el pequeño y mediano comercio. El tamaño de los elementos urbanos es importante y un parque gigante accesible por una vía rápida gigante y rodeado de torres gigantes, no es mejor solución que muchos parques de barrio entre calles arboladas de tráfico pacificado. Esto último, que para las gigantescas ciudades es un sueño, para València es su privilegiado día a día.

València conserva una escala histórica no megalómana, de la que deberíamos sentirnos orgullosas y que creo que podría defenderse como elemento diferenciador de cara al futuro. Deberíamos pensar el impacto que tendrán en nuestra ciudad los barrios fuera de escala que le estamos proyectando. València tiene la suerte de estar rodeada por un entorno natural productivo precioso y tal vez debería diseñar su encuentro con él de una manera más amable.

La decisión de no crecer a costa de este entorno natural no puede ser sólo una especulación política, a la espera de alguna realidad impuesta por el mercado, que consiga que el posibilismo progresista o el descaro conservador vuelva a ver “necesario” el crecimiento sobre la huerta protegida y nuestro maravilloso mar.

María Oliver es portavoz del Grupo València en Comú. Concejala de Vivienda, Patrimonio Educación y Acción Cultural del Ayuntamiento de València,  arquitecta y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podem.

A la burbuja en los precios de la vivienda en propiedad de 2008, le sigue ahora una muy bien diseñada burbuja de los alquileres. Con la suma de las dos burbujas, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los mayores problemas para casi todas nosotras.

Ante esta situación, el turismo aparece, en ciudades como Valencia, como el causante principal de esta subida súbita de los alquileres. Sin embargo, el mismo efecto se produce en ciudades como Zaragoza, donde la presión turística no es tan significativa, por lo que podríamos concluir que el turismo, si bien agrava la situación, no es el único factor a tener en cuenta.

Si los alquileres crecen de manera indiscriminada desde 2013 no es porque nuestras ciudades tengan un repentino atractivo especial para el turista. Suben porque la reforma de la LAU lo permite, desprotegiendo al inquilino y despojándole de los pocos derechos que le dejó la redacción de la ley en 1994.

Es muy significativo comprobar los estragos que un cambio legislativo produce en nuestros barrios. Desde 2015 a 2017 se viene registrando una subida indiscriminada de los alquileres, coincidiendo con la finalización de los contratos suscritos con el cambio de la ley. Este espectacular repunte es posible gracias a que la subida del precio del alquiler ya no está sujeta al incremento del IPC.

Como consecuencia directa de la liberalización de la actualización de precios, se ha producido la desaparición en toda la ciudad de los alquileres asequibles (de menos de 600€), y una reducción del 60% de la oferta general de alquileres. Sí, otro logro de la LAU es facilitar que el propietario se deshaga del inquilino con mayor agilidad y para esto hace desaparecer el derecho de adquisición preferente del inquilino y la  subrogación en el contrato de alquiler cuando existe un cambio de propietario.

El fenómeno se produce del centro a la periferia. Dos factores fundamentales convierten a un vecindario concreto en una especie en peligro de extinción: la concepción del espacio público como lugar exclusivamente de tránsito y consumo (sus calles y plazas) y la mercantilización del espacio privado (su vivienda).

Dentro de la especie denominada vecindario, aquellos que habitan en régimen de alquiler son, como ya hemos visto,  los más vulnerables y los primeros en ser expulsados del barrio. Les seguirán los propietarios, bien porque les sea especialmente rentable alquilar sus viviendas, bien porque se harten de no tener un bar, una tienda, ni una sola cara conocida con quien ejercer felizmente su vecindad. Por efecto dominó, esta expulsión genera el mismo problema en el barrio vecino, donde residen las familias de perfil socioeconómico más bajo, hasta que los reagrupamientos familiares se hacen inevitables como última opción legal para aquellas personas que no pueden, ni aun trabajando, permitirse un alquiler.

Hay que continuar con las ayudas al alquiler e incrementar los parques de vivienda pública, pero el gran reto está en la movilización del parque privado de vivienda vacía, muchas veces sin condiciones mínimas de habitabilidad. El reto es incentivar la puesta a disposición de estas viviendas para alquiler social, a cambio de incentivos a los propietarios. Estos incentivos pueden ir desde las rebajas de impuestos, a la garantía municipal frente a impagos y otros riesgos o la gestión de fórmulas como la masovería, es decir, vivienda a cambio de trabajo en la consolidación y rehabilitación de la misma. El reto es reducir el número de familias sin casas y de casas sin familias. Pero la reforma de la LAU es inaplazable para parar esta sangría social.