Veinte años después del mayor atentado terrorista de España, es momento para seguir recordando a las víctimas y, además, esclarecer aún más las causas y sobre todo las consecuencias de dicho ataque, así como las lecciones que todos deberíamos haber extraído de uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia reciente. 

Estoy convencido de que todos los españoles recordaremos ese horrible y trágico acontecimiento. Yo lo viví en mi calidad de candidato a las elecciones generales del Congreso de Diputados. Dada mi experiencia en Oriente Medio, el secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno en aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero, me pidió indagar ante mis fuentes de alto nivel en Oriente Próximo sobre los posibles responsables de tan atroz atentado. No me costó mucho recabar inmediatamente, a través de mis contactos en Egipto, Jordania, Palestina y Siria, la confirmación de que los autores pertenecían al denominado grupo Al-Qaeda. Así se lo transmití al secretario general del PSOE y a sus colaboradores, quienes me pidieron que compartiese esa información con el director del CNI, y así lo hice. Esta actitud por parte del que sería posteriormente presidente del Gobierno de España demostró su sentido de Estado, lealtad y su voluntad de contribuir a la estabilidad de nuestro país, manteniendo y trasladando toda la información que tenía a los responsables del Gobierno, entonces del PP.  Ese mismo día se supo por múltiples canales políticos y diplomáticos que era prácticamente seguro que ETA no fuese la responsable de aquella matanza, y que el atentando fue organizado y perpetrado por “Al-Qaeda”. No obstante, el Gobierno del presidente Aznar se empeñó en dar instrucciones a nuestro representante permanente en Naciones Unidas para que informase al Consejo de Seguridad de que ETA era el autor del atentado (hizo lo propio con los medios de comunicación).

Incomprensiblemente, se mantuvo ante toda la comunidad internacional la autoría de ETA, y se insistió en ignorar la pista yihadista, tal y como explica el libro 'Spain and the Wider World since 2000. Foreign Policy and International Diplomacy during the Zapatero Era', de Morten Heiberg.  

Este atentado marcó el inicio del nuevo Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. En efecto, una de las primeras tareas y preocupaciones de este fue elaborar toda una nueva estrategia para combatir un nuevo tipo de amenaza terrorista: el terrorismo yihadista, que hasta ese momento no había sido tomado suficientemente en cuenta por parte de la mayoría de los países occidentales. Y eso a pesar de los atentados terroristas en Kenia y Tanzania (1998), el 11S en Nueva York (2001) y los ataques en Bali (2002).

Una de las primeras preguntas que me hizo el presidente del Gobierno fue si en el Ministerio de Asuntos Exteriores existía un departamento en donde se tratase específicamente la coordinación o impulsión de una cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. En aquel entonces esta dirección no existía -tampoco en ninguno de los países de nuestro entorno occidental-. Ni el Foreign Office de Londres, ni el Quai d’Orsay de París, ni La Farnesina de Roma poseían un departamento especializado en aquellas cuestiones. 

La creación de una Dirección General para tratar estos temas fue una de las incorporaciones novedosas en el organigrama de nuestro ministerio, y desde el primer día ocupó un espacio prioritario en la elaboración de una teoría y acción de nuestra diplomacia en la lucha antiterrorista. A partir de ese momento, el Ministerio de Exteriores de sumó a toda la estrategia del Gobierno a la hora de combatir las acciones terroristas. Lógicamente, en primer lugar, dirigida ante la amenaza histórica y dramática de la lucha contra ETA. Mucho se ha hablado -y con razón-, de la labor esencial del Ministerio de Interior para lograr el final de esta banda armada, pero desearía modestamente recordar en estas líneas que la diplomacia española también contribuyó durante esos años a arrinconar y deslegitimizar a ETA. La cooperación y acciones concretas con el Reino Unido, Irlanda, Cuba, Venezuela, y otros actores relevantes complementaron las actuaciones de nuestro Gobierno para acabar definitivamente con ETA. Pero indudablemente quien venció a ETA fue la visión y valentía del presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, que supo combinar, en mi opinión las dos dimensiones esenciales para erradicar las acciones terroristas: la política y la seguridad. 

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores inició una reflexión profunda para hacer frente a la nueva amenaza global del terrorismo, el denominado terrorismo yihadista. Para el Gobierno español, la respuesta norteamericana y occidental a los atentados de las torres gemelas no servía adecuadamente para hacer frente a este nuevo reto estratégico. Las intervenciones militares tanto en Afganistán como en Irak, en la denominada “guerra contra el terror”, no solo no eliminaron la amenaza terrorista, sino que las multiplicó exponencialmente.  Por ello, nos pareció fundamental profundizar en la reflexión para adoptar una estrategia que pudiese contrarrestar de manera eficaz este desafío del terror. Fue Ángel Lossada, el nuevo director de la dirección general de seguridad y terrorismo quien me propuso anunciar en una conferencia en la universidad de verano del Escorial la necesidad de crear “una alianza estratégica” entre países occidentales y arabo-musulmanes para combatir conjuntamente este reto. Este anuncio fue el germen que inspiró al propio presidente Zapatero para hacer suya esta propuesta, dándola un mayor desarrollo conceptual y político, y proponiendo a la comunidad internacional el establecimiento de una “Alianza de Civilizaciones” que se contrapusiese con la tesis defendida por el profesor emérito de Harvard Samuel Huntington de un “Choque de Civilizaciones”. Su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2004 fue una sorpresa y todo un éxito. Y su aceptación fue prácticamente unánime por parte de toda la comunidad internacional. 

Así nació la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, que vio su integración en la familia onusiana cuando un año más tarde el propio secretario general Koffi Annan la adoptó como una iniciativa de Naciones Unidas.  

Este año se conmemorarán 20 años de esta propuesta española, la única de nuestra diplomacia en toda la larga historia de Naciones Unidas, y que sigue reforzándose ante los actuales desafíos de este mundo en cambio. 

¿Cuáles son las lecciones que debemos extraer de ese 11 de marzo de 2004 que llevó a la creación de la Alianza de Civilizaciones?

Para España, la necesidad de ampliar su lucha contra el terrorismo de un ámbito nacional a otro más amplio internacional. En el caso nacional, la estrategia funcionó tanto en su lucha contra ETA y como contra la amenaza yihadista. Se envió un mensaje muy fuerte a las comunidades árabes y musulmanas de que España no estaba en contra del islam y del mundo Islámico; nuestro objetivo era compartir conjuntamente este reto que también ellos sufrían en sus propias carnes. 

Además, la Alianza de Civilizaciones contribuyó a desarrollar toda una serie de programas y proyectos para llevar a cabo una política de prevención frente al extremismo violente y permitir la deconstrucción de una narrativa perniciosa de enfrentamiento entre culturas y civilizaciones diferentes.

La guerra de Irak abrió la caja de pandora al declarar la “guerra contra el terror” sobre falsas bases, que multiplicaron y exacerbaron los grupos terroristas de manera sustancial. La comisión Chilcot denunció los errores y manipulaciones de este conflicto y las consecuencias negativas del mismo. La guerra de Irak y el fracaso de la estrategia de Afganistán en 2021 han sido la prueba evidente de que el enfoque exclusivamente militar y de seguridad para erradicar los desafíos terroristas no ha sido suficiente.

Esta es una de las tareas que tiene planteada la Alianza de Civilizaciones en sus programas integrados dentro de la estrategia global de Naciones Unidas en la lucha antiterrorista que dirige la UNOCT, su unidad de contraterrorismo. 

En definitiva, en mi opinión, hay que ir a la raíz de los problemas. La Alianza insiste y practica la necesidad de ganar “la mente y los corazones” de todos aquellos que pueden verse atraídos por una falsa ideología extremista y yihadista.

La lección principal para retener es clara. En España se pudo poner punto final al terrorismo de ETA gracias a la sabia combinación de la política y la seguridad. En el ámbito internacional, falta todavía en estos momentos lograr una integración mayor de ambas dimensiones. Se observa un déficit de la política y un superávit de las intervenciones militares y de seguridad. La Alianza es uno de los instrumentos que puede contribuir a eliminar las raíces profundas de este comportamiento bárbaro de los extremistas y lograr entre otros múltiples objetivos la derrota del extremismo violento, venga de donde venga. 

El pasado 15 de marzo se celebró en París la conferencia Finanzas-Clima: ¿Y si Europa decidiese poner las finanzas al servicio del clima? Esta iniciativa, liderada por el Premio Nobel de la Paz Jean Jouzel y el economista francés Pierre Larrouturou, fue inaugurada por la directora general de la UNESCO Audrey Azoulay y reunió a más de cincuenta personalidades europeas.

El debate fue intenso y productivo y de él se extrajeron varias conclusiones. Todos señalamos la urgencia de actuar de forma inmediata. Los expertos del GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), reunidos en paralelo en la sede de la UNESCO, nos advirtieron de que quizás llegamos demasiado tarde. Sin embargo, eso no es excusa para no ponernos en marcha de forma inmediata. En diciembre de 2015, la COP 21 en París alcanzó un acuerdo político suscrito por los 193 países de Naciones Unidas. En sus conclusiones los dirigentes políticos mundiales se comprometieron a poner en marcha todas las medidas y políticas necesarias para reducir el calentamiento del planeta y que la temperatura de este no superase más del 2%. Sin embargo, casi tres años más tarde, seguimos constatando la insuficiencia de las acciones emprendidas y es cada vez más patente el sentimiento de que no se podrán alcanzar los objetivos suscritos en la capital francesa. Tanto por razones éticas, como por razones existenciales se necesita una cultura en favor de la lucha contra el cambio climático y la adopción de una agenda de sostenibilidad. Es necesario que la transición energética se acelere y que las energías renovables constituyan la mejor respuesta para reducir las emisiones de gas invernadero.

Pero no basta con que exista una voluntad política declarada si esta no se lleva a la práctica. Para ello es necesario contar con los recursos financieros suficientes para facilitar la aplicación de todas esas políticas de lucha contra el cambio climático. Se constató durante el debate que el mundo financiero parece haber comprendido que no hay alternativa y que existen múltiples mecanismos e instrumentos dentro del mundo de las finanzas que pueden acompañar este proceso. Todo un arsenal de iniciativas puede reivindicarse. Desde la actuación del Banco Central Europeo hasta la conversión del Banco Europeo de Inversiones en un Banco de Desarrollo Sostenible, pasando por el establecimiento de garantías públicas para proyectos de inversión en materia de clima como también la reforma en profundidad del mercado de cuotas de carbono. Todas estas actuaciones podrían quedar englobadas de forma más eficaz dentro de un Pacto Finanzas-Clima que solicitaría la puesta a disposición de mil millones de euros al año para este objetivo.

Es el momento y la oportunidad para Europa de demostrar su liderazgo. No solamente como potencia política que responde de forma decidida a uno de los retos globales de mayor relevancia en estos momentos frente al ensimismamiento de la Administración Trump, sino también como elemento regenerador de su propia agenda. La ciudadanía europea necesita una nueva Europa. Los europeos necesitamos una nueva frontera, similar a la que nos indicaron los padres fundadores de la Unión, y la lucha contra el cambio climático puede ser el catalizador más apropiado para ilusionar de nuevo a las distintas sociedades del continente, decepcionadas tras las recientes políticas de austeridad dictadas por Bruselas durante los últimos años.

Pero para alcanzar estos objetivos todos debemos movilizarnos y, en particular, las instituciones más cercanas a los ciudadanos. He aquí el papel fundamental de las ciudades. Los Ayuntamientos y  las entidades locales asumen desde hace cierto tiempo un protagonismo esencial en la lucha contra el cambio climático. Son ellos, como bien demuestran las políticas del Ayuntamiento madrileño a través del Plan A de Calidad del Aire, los primeros en desarrollar en la práctica una serie de programas y medidas  permanentes y estructurales, encaminadas a lograr un ambiente limpio y sano, y una movilidad más activa y de menores emisiones.

Es por ello por lo que es de justicia reclamar un fondo específico directamente gestionado por las propias ciudades. Este ha sido uno de los llamamientos fundamentales en París, para que tanto NN.UU como la UE otorguen los recursos financieros suficientes de forma directa a las entidades locales y que sean ellas las que inviertan estos fondos en los proyectos relacionados con esta causa.

Por todo esto, los organizadores han propuesto que sea Madrid quien acoja una segunda conferencia Pacto clima-finanzas, en paralelo al II Foro Internacional sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz que tendrá lugar en nuestra capital en la primera semana de noviembre de este año.

La conclusión es clara: no tenemos otra alternativa. Todos debemos implicarnos en ganar esta batalla contra el cambio climático y para ello necesitamos este pacto europeo  entre las finanzas y el clima.