“Tenemos miedo de hablar”, reconoce Ismail en voz baja. “Podemos ser detenidos y apartados de nuestras familias y, por supuesto, nos echarían del trabajo”, afirma su amigo, un experiodista que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. Nos reunimos en un hotel de Malé, la capital de Maldivas, al terminar la oración del mediodía. En un país de gran mayoría musulmana, las salidas de las mezquitas están a rebosar. Ismail no se dedica a la política, pero se ve obligado a hablar de ella por su situación familiar. Dos de sus hermanos llevan semanas en prisión por alzar sus voces contra el gobierno.

La situación de Maldivas es compleja. El pequeño archipiélago, situado en el océano Índico y conocido por sus paradisíacas playas tropicales y resorts de lujo, vive sumido en un maremágnum político desde que el pasado 1 de febrero el Tribunal Supremo ordenó anular las condenas a varios opositores y restituir en el cargo a los diputados apartados.

El presidente Yameen, elegido en 2013 por un dudoso y estrecho margen, no acató la sentencia e inició una campaña de detención de opositores, entre ellos políticos, jueces y jefes de policía. Además, declaró un Estado de emergencia,  mantenido hasta el pasado 22 de marzo, que ha recrudecido la situación.  Las últimas detenciones se saldaron con más de 140 personas arrestadas tras manifestarse en la capital. El secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, mostró su “seria preocupación” y exigió la puesta en marcha de “todas las medidas para asegurar la seguridad de la población del país, incluidos los miembros del poder judicial”.

El día previo al cese del Estado de emergencia, el Tribunal Supremo presentó cargos contra una decena de opositores por planear un golpe de Estado. Entre ellos, Ilham Ahmed, el hermano de Ismail y Farish. Para Amnistía Internacional (AI), este tipo de acusaciones no es nada nuevo, sino la excusa clásica que utilizan regímenes de todo el mundo para justificar su represión.

Uno de los hermanos de Ismail, Ilham Ahmed, era diputado en el parlamento de Maldivas hasta que el gobierno del presidente Abdulla Yameen, de su de su mismo partido, lo detuvo en febrero. Primero, acusado de soborno. Después, de terrorismo por planear, supuestamente, un golpe de Estado. “A mi hermano lo detuvieron en el aeropuerto cuando volvía de Bangkok. No pudieron presentar nada concreto contra él, así que el juez ordenó que lo liberaran. Sin embargo, lo volvieron a detener y ahora han cambiado la acusación”, cuenta Ismail, quien considera que la versión oficial no se sostiene.

“El gobierno está fabricando pruebas contra ellos para quitárselos de en medio, son presos políticos”. Farish, hermano también de los detenidos y residente en Londres, asegura que se trata de una venganza por denunciar los desmanes del gobierno. 

“Mi hermano y otra decena de diputados abandonaron el partido, por lo que el gobierno perdió su mayoría en el parlamento y quiso quitarles el acta de forma inconstitucional”. Su otro hermano preso, Adam Zalif, es abogado y está en la cárcel acusado de ocultación de pruebas. Aunque, para Farish, la realidad es distinta: “Está en prisión solo por ser el letrado de Ilham”.

Amnistía Internacional denuncia que el gobierno del país ataca desde hace años y de forma sistemática a cualquier tipo de voz discordante. A veces, incluso, empleando la tortura. Según la organización, las libertades de expresión, de reunión y de manifestación o los juicios con garantías son casi inexistentes en el archipiélago.

El experiodista compañero de uno de los presos hace un análisis más detallado. “Maldivas es una democracia muy joven y nuestras instituciones deberían ser mucho más fuertes. Lo que estamos viendo ahora es simplemente al presidente tratando de proteger su puesto de trabajo contra la voluntad de la gente”.

El factor chino

El descontento en Maldivas va en aumento. A la corrupción y la falta de libertades se han unido la posibilidad planteada por el presidente de recuperar la pena de muerte y la sumisión del gobierno ante la creciente influencia de China. Pasear por Malé es toparse con una infinidad de proyectos millonarios puestos en marcha por Pekín en un país tradicionalmente más cercano a India, la otra gran potencia regional.

Lo que para el gobierno maldivo es una oportunidad de mejorar las infraestructuras, para otros es la entrega de la soberanía a un país extranjero. “China tiene una política muy fuerte de controlar terceros países en Asia y África, no es algo que intenten esconder. Ya ha pasado en Sri Lanka, nuestro vecino. Le han prestado mucho dinero”, lamenta el amigo de Ismail.

“En unas circunstancias normales, querríamos que se construyeran puentes y edificios, pero lo que ocurre ahora es de economía básica. Nos estamos endeudando y esto no es viable económicamente. Con esa deuda están controlando el país”.

Miedo constante

Todo el mundo está enfadado en Maldivas, pero no todos están dispuestos a protestar, según Ismail. Y una de las razones es el miedo. “Esto no es una democracia, es una dictadura. El presidente tiene el control de todo”, dice. “Las autoridades no cumplen las leyes. Estamos muy preocupados, no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares”.

Su amigo experiodista narra una situación aún más cruda. “Cada vez que llaman a la puerta de mi casa tenemos miedo de que nos pase algo, de que sea alguien del ejército o de la policía. Yo ya lo he hablado con mi mujer para que esté preparada por si me llevan”, murmura. 

La profesión que el compañero de Ismail ya no ejerce es una de las más castigadas en Maldivas. “Los periodistas trabajan con miedo. Yo era periodista y he cubierto estas cosas, lo sé bien. Nunca sabes cuándo van a llevarte, cuándo van a venir a tu redacción. A muchos los han apaleado, los han detenido”. Pero las represalias han ido, según él, más allá de las detenciones. “Hay periodistas que han investigado la corrupción del gobierno y no sabemos dónde están desde hace más de un año”.

“Los turistas deben tomar conciencia”

Ismail y su amigo creen que la solución en Maldivas pasa por el extranjero. “Creo que la comunidad internacional no está haciendo suficiente. Desde luego, no queremos una acción militar, pero necesitamos apoyo. No tenemos nadie más a quien acudir”. Y hay alguien a quien piden un poco más de implicación. En 2017, 1,4 millones de personas visitaron el país y el turismo es, desde hace tiempo, el mayor sector de la economía maldiva.

“Nos gustaría que los turistas pidieran a sus gobiernos que exijan al nuestro seguir unas normas democráticas”, afirman. “Por supuesto, no apoyamos que se restrinja el turismo porque mucha gente podría perder su puesto de trabajo. Pero la gente que viene a Maldivas también debe tomar conciencia y hacerse responsable. Estás en la playa de tu hotel de cinco estrellas tomando el sol y en la isla de al lado están torturando gente sin ningún motivo, solo por expresar sus ideas, por decir algo en contra del presidente. Esto es algo que ningún demócrata debería aceptar”.

En 2018 debería haber elecciones presidenciales en Maldivas, pero Amnistía Internacional recuerda que todos los líderes opositores se encuentran en prisión o incapacitados. Entre ellos, Mohamed Nasheed, primer presidente elegido democráticamente en 2008 tras 30 años de dictadura y condenado a 13 años de prisión en 2015. Para la organización, las posibilidades de que las elecciones sean libres y limpias son escasas.

“Nosotros no creemos ni que vaya a haber elecciones”, predicen Ismail y su amigo. “¿Por qué correr ese riesgo? ¡Si incluso el presidente chino va a extender su mandato indefinidamente! Probablemente nuestro presidente hará lo mismo. Aprenderá del jefe”.