Ángel Víctor Torres nos acusa sin tapujos de poner por delante el proyecto de e-sports frente al resto de la educación y de crearlo para ocultar unas supuestas vergüenzas. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la previsión era culminar y presentar el proyecto en septiembre, pero bastó una simple encuesta a los centros, con el fin de que expresaran si estarían interesados en participar en ese nuevo proyecto educativo que se estaba diseñando, para que toda la oposición arremetiese contra él. Sin haberlo presentado, sin siquiera estar ultimado. Desde luego, no es este Gobierno quien ha puesto el foco sobre ese proyecto. Aparte de la rueda de prensa de presentación que adelantamos a finales de julio, para dar toda la información que solicitaba el resto de partidos y la sociedad en general, pocos habrán oído declaraciones de esta consejera o del equipo de la Consejería al respecto y, las que se han producido, son por petición directa de los medios de comunicación.

Y esto es porque se trata de un proyecto más de las decenas de proyectos de innovación que impulsa la Consejería cada año y no de un 'proyecto estrella' o una prioridad absoluta. Consideramos necesario educar a nuestros jóvenes en el uso responsable de los videojuegos y lo hemos previsto en horario extraescolar, de forma voluntaria, con la participación de las familias y una duración de tres meses y así lo defendemos, como defendemos el resto de proyectos impulsados por esta Consejería. Por lo tanto, si alguien ha puesto el foco sobre él o considera una prioridad hablar de él y no del resto de la educación, no somos nosotros.

Hace referencia el secretario de los socialistas al pasado Debate de la Nacionalidad y, sin embargo, obvia todo cuanto allí se explicó sobre la evolución del sistema educativo. No dice en su artículo que esta Legislatura ya se han aprobado 40 millones de euros para la modernización tecnológica de los centros, que se ha aprobado la histórica y justa demanda del profesorado para implantar el modelo retributivo de sexenios y equiparar sus condiciones al resto de docentes del Estado, además de los complementos por tutorías y bilingüismo, o que se ha extendido el programa para el uso gratuito de los libros de texto a toda primaria, secundaria, bachillerato y FP, cuando al inicio del mandato apenas se cubría primero y segundo de primaria y el gran esfuerzo lo venían realizando las ampas. Tampoco nombra las mejoras en las becas a estudiantes universitarios, adelantando los pagos, llegando a más familias, bajando las tasas y recuperando la financiación universitaria. Y, por supuesto, se olvida del impulso a que seamos comunidad bilingüe, a la FP, a las infraestructuras educativas (con 9 centros iniciados ya), olvida la creación de un protocolo para atención del alumnado trans, que ha tenido una gran acogida en los centros, o la implementación del Plan de Igualdad en el Archipiélago.

Esto, sólo por poner algunos ejemplos. En cambio, lo que sí hace es calificar de “penosa” la educación en Canarias, obviando la pasada legislatura y la responsabilidad de su propia formación política en aspectos como que mi predecesor en el cargo fuese también el secretario general de los socialistas canarios. Queda mucho por hacer en educación, pero si algo ha hecho el sistema educativo en estos años es mejorar en prácticamente todos los aspectos; mejoras a las que, en los años de crisis e inacción de la administración, contribuyeron familias y docentes sin lugar a dudas.

Por lo que si en la actualidad es penoso, una afirmación que no compartimos en absoluto, habría que recordarle cuál fue el punto de partida. Por ejemplo, para justificar su crítica, Ángel Víctor Torres echa mano de los aspectos más mejorables en el actual sistema educativo. Dedica buena parte de su texto a la Educación Infantil de 0 a 3 años, señalando que Canarias está muy por detrás de otras comunidades autónomas en su cobertura.

Hoy en día, hay una treintena de escuelas infantiles autorizadas más que al inicio de la Legislatura y logramos tres millones de euros del Estado. Y, ya que hace referencia a otras comunidades autónomas, tal vez no leyó las crónicas de la última Conferencia sectorial de Educación, en la que todas, incluidas las gobernadas por el partido socialista, coincidieron en señalar que el Estado debe regular esa etapa convenientemente y financiarla en caso de declararla obligatoria. No olvidemos que en la LOE, ley aprobada por un Gobierno socialista, la educación infantil de 3 a 6 años se plasmó como gratuita, mientras que hasta los 3 años quedó configurada como no gratuita, ni obligatoria. Esto es lo que ha llevado a la actual situación en la que varias comunidades que la impulsaron se han visto en la obligación de recortar sus prestaciones o, cuando menos, reclamar el auxilio estatal para mantenerla, entre ellas la socialista comunidad andaluza. Mejor actuación haría si se sumara a las reivindicaciones autonómicas frente al Gobierno del Estado, como el interlocutor que pretende ser.

También define como penosa la situación de las plantillas docentes y menciona un déficit de profesores y profesoras en el sistema educativo canario. Ya hemos hablado de la mejora retributiva que hemos implantado a través del modelos de sexenios. Pero es que, además, hoy hay 700 docentes más en nuestro sistema educativo que en el momento en el que lo dirigían los socialistas.

Habla de falta de atención a la diversidad por falta de docentes especializados. Sólo el curso pasado, reforzamos esta atención con más de 270 docentes en infantil y primaria, a través del programa Impulsa (que, por cierto, sí supone una inversión millonaria, no como los tres meses del proyecto voluntario sobre los videojuegos), pusimos en marcha el programa Tránsito, con el que se mejoró la adaptación de más de 2.500 estudiantes en su paso de Primaria a Secundaria, reforzamos los equipos de orientación y evaluación psicopedagógica con más especialistas en Audición y Lenguaje, abrimos catorce nuevas aulas Enclave, 16 más el próximo curso, incorporamos terapeutas ocupacionales a los Centros de Educación Especial, que no tenían esta figura, e incorporamos 36 educadores y educadoras sociales al sistema educativo, como nuevo recurso también para la atención a la diversidad y al absentismo escolar, muy demandados todos por la comunidad educativa. Más de trescientas personas más para atender a la diversidad en un solo curso.

Y, por último, la mayor perla del discurso socialista se refiere a lo establecido por la ley canaria en relación a que en el año 2022 se debe destinar el 5% del PIB a educación. Exactamente, la Ley establece que se deberá aumentar progresivamente el presupuesto para esta área, para alcanzar el objetivo. Nuestro primer año de Legislatura, el incremento fue de 16 millones de euros, el segundo fue de 42 millones de euros y, el tercero, de 100,4 millones, en clara progresión, sin contar los créditos extraordinarios. Sin embargo, el secretario general de los socialistas canarios tilda de vergonzosa la financiación de la educación en Canarias, de nuevo omitiendo cómo gestionó este aspecto el partido socialista. La Ley entró en vigor en septiembre de 2014, ya con ese mandato de incremento progresivo.

Aquel año, el presupuesto para educación era de 1.498.104.842 euros. Apenas dos meses después, el secretario general de los socialistas canarios, al frente de la Consejería de Educación, presentó un presupuesto inferior para 2015, dedicando a educación 1.497.337.702 euros. Sin embargo, ahora que sí incrementamos el presupuesto de educación de forma progresiva, para los socialistas es una vergüenza.

No seré yo quien obvie todo el trabajo que queda por hacer en Educación, puesto que a él me dedico cada día, y es obvio que aspectos como la Educación de 0 a 3 años o la financiación son aspectos a mejorar. Y en eso también trabajamos cada día donde corresponde y tratando de alcanzar acuerdos con quien sea necesario para hacer progresar nuestro sistema educativo, como con el Gobierno del PP anteriormente y el del PSOE en la actualidad para la regulación adecuada del primer ciclo de infantil o en la incuestionable petición de utilizar los casi 600 millones de euros de superávit de Canarias. Es el momento de luchar por ese 5% de financiación de la Educación a nivel estatal que hizo al PSOE romper la negociación del Pacto por la Educación, como lo es de modificar la tan criticada LOMCE, y no la Ley Canaria que salió del consenso y de una iniciativa popular.

Pero, desde luego, lo que no hacemos es crear pantallas o polémicas adrede para evitar hablar de lo que debemos mejorar, como tampoco nos dedicamos a calificar de penosas o vergonzosas decisiones anteriores que contribuyen a la situación actual. Miramos hacia adelante en busca de la mejor manera de fortalecer nuestra educación. Y todo ello, señor Torres, escuchando a la Comunidad Educativa, que es algo en lo que no nos da lecciones el Partido Socialista.

Me refiero a afirmaciones como las que ha realizado Ciudadanos para presentar una PNL pidiendo que se unifiquen las pruebas de acceso a la Universidad en toda España, criticando que en Canarias la media obtenida sea mayor que en Castilla y León, cuando . Estas comparaciones donde mezclan conceptos incomparables no son sino la muestra de una profunda demagogia y falta de respeto al alumnado de Canarias, que trabaja muy duro para preparar las pruebas, y, sobre todo, al profesorado que las coordina y evalúa.

Es demagogia relacionar los datos del informe PISA con la EBAU y lo es porque relaciona dos pruebas que no tienen un solo punto en común:

1.- La EBAU es una evaluación curricular (de contenidos), mientras que PISA es competencial (capacidades matemáticas, de comprensión lectora y científica).

2.- La EBAU está basada en la legislación española y autonómica, mientras que PISA no tiene en cuenta las características curriculares del sistema educativo del país.

3.- En PISA participa el alumnado según su edad (entre 15 años y 3 meses, y 16 años y 2 meses), independientemente del curso en el que esté matriculado, mientras que en la EBAU participa, voluntariamente, solo aquel que ha superado el Bachillerato previamente.

Por lo tanto, existe un porcentaje significativo de alumnado que participa en PISA y que no hace la EBAU, lo que ya sería un factor suficiente como para demostrar la demagogia que supone vincular linealmente los resultados de una y otra prueba.

Como bien sabe -o debería saber- esa formación política, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece, a través de una Orden Ministerial anual, las características, el diseño y el contenido de la EBAU, así como las fechas máximas para su realización. En esta orden se incluyen las matrices de especificaciones que establecen la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables, que se indican en la normativa curricular estatal de la etapa, asociados a los bloques de contenido. Las pruebas deben incluir, al menos, un 70% de los estándares de estas matrices, pudiéndose completar con otros estándares curriculares. Es decir, es el Estado el que fija un mínimo para las pruebas a nivel estatal, que deben contemplar todas las CC.AA. y, en el caso de completar ese mínimo, todo debe estar referenciado a la normativa curricular estatal.

Por lo tanto, ya existe un elevado grado de uniformidad y concreción en la prueba y, si lo que busca esta PNL es una nueva recentralización de la Educación en un Estado autonómico como el nuestro, nos van a encontrar de frente.

Pero lo más grave es, sin duda, que se insinúe siquiera que existe algún tipo de acuerdo entre todo el profesorado universitario y de Bachillerato que diseña, aplica y corrige las pruebas en Canarias, para que el alumnado de las Islas obtenga mejores notas que el resto. Es una afirmación inadmisible por la acusación que representa para empleados y empleadas de la Administración y las Universidades y completamente equivocada.

No sabemos si por buscar el apoyo en una determinada comunidad autónoma, Ciudadanos considera lícito desprestigiar lo que se hace en otras, pero desde luego no son de recibo las declaraciones en ese sentido, incluso de sus representantes en Canarias, señalando y poniendo énfasis en los datos negativos de las Islas y dando una imagen pública de nuestro sistema educativo que poco se corresponde con la realidad.

A estas personas que entran en comparativas poco deseables sólo cabe recordarles que siempre hay cifras que pueden no gustarles en el mismo sentido. Lamento que hayan puesto a Castilla y León, con cuyo Gobierno mantenemos una magníficas relaciones, como perjudicada en esta comparativa, pero hemos de señalar que Canarias, entre el año 2009 y el 2015, último del que se tienen datos, fue la comunidad autónoma que más mejoró sus resultados en PISA. De hecho, subimos 17 puntos en Matemáticas, 35, en comprensión lectora y 23 en Ciencias. La media española fue de 3, 15 y 5 y la de Castilla y León, de 4, 19 y 4.

Pero no sólo eso, puestos a hacer comparaciones que no tienen que ver, en Castilla y León la tasa de abandono escolar temprano al final de 2017 fue la misma que en 2015. En Canarias, bajamos la tasa en 4,4 puntos porcentuales.

Si tenemos en cuenta que numeroso alumnado que hizo el estudio de PISA en 2015 cumplió la edad para hacer la EBAU en 2017, que en estos dos años queda demostrada la mejora, evolución y mayor interés por el estudio del alumnado canario y que los parámetros de las islas mejoran a un mayor nivel, nosotros podríamos afirmar también de forma lineal que aquí se hacen las cosas mucho mejor que en otras comunidades y que fruto de ese gran impulso a la Educación en las Islas las personas que llegan a examinarse de la EBAU lo hacen con mejor preparación que en otro lugares.

Pero no lo afirmamos porque no es costumbre de esta consejera, ni de este Gobierno, hablar desde argumentos superfluos, extraídos a vuelapluma de publicaciones en prensa y, sobre todo, con un afán segregador, cuando nuestro objetivo primordial en el sistema educativo es la integración, la equidad y la inclusión.