El derecho a la vivienda es uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa y democrática. Aun así, en Catalunya, este derecho está en peligro constante por los efectos devastadores de un mercado inmobiliario desregulado, que prioriza el beneficio de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría.

El precio del alquiler ha subido un 78% en diez años, mientras la inflación y los salarios crecen el 24%. Datos que evidencian el esfuerzo económico más grande de los catalanes y catalanas para arrendar una vivienda: el 2014 representaba el 30% de los ingresos anuales, mientras que actualmente, supone casi la mitad del salario. Visto así es evidente que este mercado está totalmente descontrolado y que hay que poder aplicar criterios de regulación. 

La Ley Estatal que regula el precio de los alquileres fue un paso importante en la buena dirección, pero no podemos quedarnos aquí, tenemos que continuar avanzando. Porque a cada paso que damos para proteger el derecho a la vivienda, los especuladores acaban encontrando la manera fraudulenta de escapar.

Es por eso que la crisis de los alquileres se ha visto agraviada por el auge del alquiler de temporada. Este tipo de alquiler, pensado inicialmente para cubrir estancias cortas, se ha convertido en un mecanismo perverso para expulsar vecinos y vecinas de sus barrios y hacer los contratos de alquiler todavía más precarios. El resultado es que muchos jóvenes, familias y gente mayor se ven obligados a marchar de sus hogares, mientras los pisos se alquilan a precios desorbitados.

Catalunya necesita una regulación clara y valiente de los alquileres de temporada. No podemos permitir que este tipo de alquiler se convierta en una vía de escape para la regulación del mercado de la vivienda permanente. La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones es clave para garantizar que estas prácticas no se escapen de las leyes.

Que la vivienda sea para las personas y no para la especulación significa que necesitamos avanzar hacia un parque público de vivienda más robusto y ampliar la protección de los inquilinos e inquilinas. Lo cual tiene que ir de la mano de una política anti-especulativa. O dicho de otro modo, que especular con la vivienda sea un mal negocio.

De entrada, hace falta que la vivienda se reconozca como un bien de uso y de primera necesidad, no como una herramienta para inversiones lucrativas. Por eso, hay que impulsar un plan de recuperación de vivienda de protección oficial que tiene la protección a punto de caducar o que ha caducado hace poco. Así como poner a cero las listas de espera de las mesas de emergencia.

Por otro lado, es fundamental que se prohíban las compras especulativas que no tengan como finalidad la vivienda habitual, tal como se está haciendo en Holanda. Estas medidas ayudan a proteger las vecinas y vecinos de las ciudades. Además, la compra por tanteo de edificios enteros por parte de las administraciones públicas permite evitar que estos edificios caigan en manos de fondos de inversión.

Apostamos, también, por contratos de alquiler indefinidos, que garanticen la estabilidad para las familias y pongan fin a la incertidumbre que sufren muchos inquilinos Y, en zonas tensionadas, es imprescindible la eliminación de las viviendas de uso turístico, que han contribuido directamente a la expulsión de vecinas.

Pero no basta con frenar la especulación: necesitamos un parque público de vivienda que garantice un acceso real a alquileres asequibles. Por eso, proponemos una apuesta por un ambicioso presupuesto que destine el 1% del PIB para políticas de vivienda. El objetivo, de mínimos, es trabajar para llegar a la media europea del 9% de vivienda pública.

Este parque público se tiene que construir tanto directamente por el Incasòl, que se tiene que convertir en una inmobiliaria pública, como a través de colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado. También es fundamental captar viviendas del mercado privado porque sean cedidas a la Generalitat para su gestión, una medida que ha demostrado ser eficaz para ampliar rápidamente el parque de alquiler asequible.

Y por último, la medida más inmediata que puede aplicar la Generalitat, y que formaba parte del acuerdo de investidura, es aprobar de urgencia el régimen sancionador que prevé la Ley de Vivienda para poner en marcha un equipo de inspección que pueda detectar y sancionar aquellos que ofrecen alquileres por encima del índice establecido o que utilizan los alquileres de temporada de manera fraudulenta.

Es hora de construir una nueva cultura de la vivienda en Catalunya que asegure que la vivienda es un pilar central de nuestro Estado de Bienestar. No podemos seguir permitiendo que la lógica del mercado imponga sus reglas a expensas del bienestar de las personas. La Constitución y la Declaración de Derechos Humanos reconocen la vivienda como un derecho fundamental, tal como lo son la sanidad y la educación. Si no aceptamos que la sanidad o la educación funcionen exclusivamente bajo la lógica del mercado ¿porque si que se permite con la vivienda? 

Garantizar el acceso a la vivienda no es solo una cuestión de justicia social, sino también de garantizar la cohesión de nuestros barrios y ciudades. Tener una vivienda digna es una condición de posibilidad para la libertad. Y por tanto, si queremos ciudades habitables, llenas de vida y diversidad, tenemos que poner fin a las prácticas que favorecen la expulsión de sus habitantes y la transformación en parques temáticos para turistas.

Un nuevo año, muchas prisas y un acuerdo de presupuestos que sigue sin llegar. El Govern pide responsabilidad a los partidos y afirma en público que quiere aprobar las cuentas este mismo mes, pero la realidad es que nos encontramos en el mismo punto que estábamos antes de acabar el año. Incumplimiento de los presupuestos del 2023, puerta abierta al casino más grande de Europa en el Camp de Tarragona y unas prioridades de gobierno que no conocemos.

Siempre hemos trabajado para tener unos presupuestos que puedan ayudar a mejorar la vida de los catalanes y catalanas. Catalunya ha tenido tres presupuestos desde el 2017 y han sido posibles gracias a los comuns, incluso en año electoral. Es más, estamos orgullosas de haber cambiado la lógica de ‘si no formo parte del gobierno, tumbo los presupuestos’, pero no estamos dispuestas a hacerlo a cualquier precio. No a cambio de hipotecar el futuro de Catalunya. Buena voluntad o querer presupuestos no es un cheque en blanco.

Se han tenido doce meses para cumplir con todo lo que se pactó, así que si alguna prisa debe tener el Govern es la de pararse a pensar y analizar cuál es el contexto, cómo y cuándo cumple el acuerdo del 2023 con un calendario realista y urgente y cuáles son las necesidades del país de ahora.

Nosotros tenemos claro que las necesidades no son Eurovegas, Barcelona World, Hard Rock o como se diga. Tres maneras diferentes para referirse a un mismo delirio. Después de más de 10 años hablando, todavía está sobre la mesa –incluso en medio de la peor sequía de la historia– la apuesta por el macroproyecto del Hard Rock, el casino más grande de Europa que iría instalado en el Camp de Tarragona.

Un proyecto con un gran impacto ambiental y social que promueve un modelo de precariedad laboral y se basa en el juego y las apuestas, un fenómeno que genera adicciones y ludopatía y que ahora mismo es un verdadero problema de salud pública. Hay que dejar claro que apostar o no para convertir Catalunya en Las Vegas de Europa es exclusivamente una decisión política.

Desde los comuns creemos que el 2024 tiene que ser el año en que el Govern realmente sitúe como prioridades la vivienda, la salud, la educación y la planificación ecológica. Cuatro prioridades que no son de partido, sino que son de país, y que desgraciadamente coinciden con los ámbitos en que el Ejecutivo de ERC menos está cumpliendo.

Faltan miles de viviendas para hacer crecer el parque público en vez de ayudas al alquiler como promueve el Govern, que no ayudan a rebajar el precio. Hace falta valentía política para parar los pies a los especuladores y convertir el Govern de la Generalitat en el principal facilitador de vivienda pública.

En el ámbito sanitario, a pesar de tener el presupuesto en salud más grande de la historia, estamos viviendo un momento crítico para la salud pública: hospitales y centros sanitarios colapsados, huelga indefinida de enfermería o directivos de centros de atención primaria que amenazan con dimitir. En definitiva, unos profesionales que siguen diciendo que los refuerzos no llegan y que siguen como antes de la pandemia; sobrecargados y agotados.

En vez de hacer frente a la situación, el Govern ha anunciado que recorta un 80% el acceso a la pediatría: de 374 centros que hay en Catalunya, a partir de ahora solo en 79 de estos habrá servicio pediátrico. Y se incumple lo que recogía el acuerdo de los presupuestos de 2023 para fijar un plazo máximo de 5 días para poder acceder a la atención primaria.

En educación, nos encontramos con una crisis que se podría haber evitado, pero una vez la tenemos aquí hay que afrontarla y hay que hacerlo con diálogo, con recursos y con planificación, luchando contra la desigualdad y entendiendo la educación 24/7. Medidas como la sexta hora o tres tardes de extraescolares gratuitas son básicas.

Y en transición ecológica, aunque con algunas mejoras, seguimos a la cola en energías renovables, que es una energía más limpia y también más barata. Hay que seguir avanzando, pero también hay que hablar de la sequía. Después de una década de carencia de planificación de política hídrica, vamos muy tarde y el Govern no está fijando las prioridades claras, pidiendo unos sacrificios extraordinarios al sector primario, pero, en cambio, dando barra libre al turismo. Hay que reequilibrar.

Querer aprobar presupuestos tendría que ser sinónimo de querer definir el proyecto de país que se quiere. La sensación de muchos catalanes y catalanas es que su Govern no tiene claro qué proyecto propone. Estar en minoría no tiene que significar renunciar al liderazgo. El camino de Catalunya para el 2024 pasa sí o sí por la vivienda, la educación, la sanidad y las renovables.

La COP27 ha terminado en Egipto y la sensación que queda es que hemos perdido un año entero en la lucha contra el cambio climático. Cierto es que el establecimiento de un fondo de compensación de pérdidas y daños para los países más afectados es una buena noticia, a pesar de que aún no conocemos el origen, el volumen y el destino de ese dinero. Hasta ahora los países principalmente responsables de las emisiones en las últimas décadas se habían resistido a su establecimiento por el riesgo jurídico que entrañaba aceptar su responsabilidad en el calentamiento global. Su aceptación a establecer este fondo a última hora, por lo tanto, es una buena noticia.

Sin embargo, el objetivo principal de esta cumbre era avanzar a mayor velocidad en la mitigación, esto es, lograr mayores contribuciones de los países para una más rápida reducción de emisiones. Ello además es urgente si tenemos en cuenta que la trayectoria de calentamiento según Naciones Unidas es hoy, con las contribuciones actuales, de 2,6 grados, un grado por encima del objetivo establecido en el Tratado de París de lucha contra el cambio climático.

La COP anterior en Glasgow se cerró con la promesa de que sería en Egipto donde se acordarían nuevas contribuciones nacionales de reducción de emisiones. Nada más lejos de la realidad: estos compromisos no se han producido, se ha vuelto a posponer la decisión un año más, y en mitigación básicamente a lo que hemos asistido es a una repetición del ejercicio estéril del año anterior.

Ante este fracaso, empieza a emerger la duda razonable sobre si mantener de forma retórica sin compromisos concretos el objetivo del grado y medio (como hace la declaración final de la cumbre) tiene ya mucho sentido. En el tramo final de las negociaciones, varias delegaciones trataron de hacer caer del texto final el grado y medio, preocupados por la reducción masiva de emisiones que exige. El objetivo sigue apareciendo en el texto, evitándose así lo peor, pero persisten las dudas sobre la viabilidad del mismo con el retraso que llevamos a nivel de contribuciones nacionales.

La realidad es que nos estamos acercando ya al grado y medio hoy, a toda velocidad. La elevación de la temperatura registrada es ya de 1,1 grados en relación a la era preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial. Para tener posibilidades de limitar la temperatura al grado y medio necesitamos que los gases de efecto invernadero bajen un 45% en 2030 en relación a 2010, y continúen bajando un 50% en la década siguiente. Sin embargo, según el programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), si seguimos con la trayectoria actual las emisiones van a aumentar más del 10% hasta 2030.

El desarrollo de nuevos yacimientos de explotación de gas o de petróleo en el mundo es absolutamente incompatible con la reducción de emisiones, pero según varios estudios hay comprometidos hasta 2030 inversiones en nuevas explotaciones por valor de más de 500 billones de dólares. La tendencia en algunos sectores y países europeos de regresar y alargar el uso de los combustibles fósiles en Europa no hace más que agravar esta dramática situación.

Todo esto es lo que lleva a Naciones Unidas a calcular un aumento de 2,6 grados porque la realidad es que no hay a día de hoy trayectoria creíble a 1,5. Una encuesta hecha por Nature entre los científicos que desarrollaron el último informe del IPCC releva que tan solo el 4% cree realista el objetivo mientras que seis sobre 10 creen posible llegar a los tres grados.

Es importante señalar que la diferencia en las consecuencias del calentamiento de ir más allá los 2 grados son enormes. Según los científicos, el deshielo se acelerará masivamente, se generalizarán las olas de calor y las sequía avanzarán en África de forma mucho más salvaje. El objetivo del grado y medio debe mantenerse sin duda (sería un fracaso renunciar a él), pero hay que ser conscientes que cada vez sirve más como indicador de la diferencia entre lo habría que hacer y lo que hacemos que como un objetivo alcanzable.

Escribimos todo esto porque no tenemos la sensación de que la alarma global que tenemos entre manos ocupe el lugar que merece en nuestro debate público en España. Abrir con grandes titulares sobre el cambio climático cada vez que hay una cumbre pero ignorar su dimensión en nuestro debate nacional no tiene ninguna coherencia. Hay medios de comunicación en España que estos días han publicado formidables portadas de denuncia de las insuficiencias de la COP y luego mantienen líneas editoriales de defensa de nuevas infraestructuras fósiles. Sin despeinarse.

Para sostener el calentamiento los acuerdos globales son imprescindibles, pero de nada sirven sin políticas concretas en cada uno de los países que son los que tienen que hacer que ese acuerdos puedan cumplirse. Acuérdense de ello cada vez que oigan a alguien defender la ampliación del aeropuerto de El Prat, construir el Midcat, o retirar las Zonas de Bajas Emisiones que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona. Es en estas decisiones donde nos jugamos el futuro del clima. Persistir en políticas de pasado nos convierte en parte del problema, y luego no vale lamentarse una vez al año esperando que la COP resuelva los problemas mientras ignoramos completamente nuestra responsabilidad en ellos.

Hoy, 28 de junio, se cumple el décimo aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Aquella sentencia supuso la ruptura del pacto constitucional entre Catalunya y el Estado. Pero no solo eso, también supuso una fractura emocional de una buena parte de catalanes y catalanas con el resto del Estado. Últimamente hablamos a menudo de lawfare, pero si nos fijamos bien, hace 10 años ya lo sufrimos. No es nuevo. Es recurrente la degradación democrática que practica la derecha a través de la judicialización de la política.

Hoy el país se enfrenta al reto de la crisis provocada por la COVID-19. La emergencia sanitaria sigue latente y ha llevado a una emergencia social que viene combinada con desafíos anteriores a la pandemia, como la crisis climática, el crecimiento de las desigualdades sociales, las violencias machistas o el agotamiento del modelo productivo basado en la precarización de las condiciones laborales.

Pero el conflicto político no ha desaparecido. La existencia de presos y presas, exiliados y exiliadas nos lo recuerda. La situación, sin embargo, es diferente a la de años atrás. En el Estado hay un gobierno con voluntad de diálogo, y el processisme ha fracasado.

El agotamiento de la fórmula de gobierno JXCat-ERC es ya una realidad reconocida por todo el mundo, consecuencia de la lucha sin fin por el liderazgo, pero también del agotamiento estratégico del independentismo que apostó por la vía unilateral. Antes de la pandemia ya era evidente que los planteamientos del president Torra de volver a repetir un referéndum unilateral no iban a ninguna parte y que su compromiso de hacer república durante esta legislatura ha quedado en nada.

Lejos de repetir fórmulas del pasado o quedarse anclados en la nostalgia, ahora se trata de afrontar el futuro y dar soluciones. Todo esto solo será posible con la construcción de un nuevo catalanismo que permita articular mayorías sociales anchas para hacer frente a los desafíos que tenemos como país en el corto y el medio plazo. Y también de contribuir a los avances sociales y democráticos en el Estado. Por eso, no necesitamos bloques ni confrontación. Necesitamos sentarnos a dialogar y a trabajar por unos objetivos compartidos.

El catalanismo que propongo está basado en los principios republicanos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Un nuevo catalanismo con fuertes raíces populares en nuestro país, que tiene que liderar la reconstrucción con una nueva economía y trabajar por una solución federal plurinacional.

Un catalanismo basado en la mayoría social trabajadora, que tiene que poner en el centro la igualdad social y el feminismo y que tenga como gran objetivo blindar los derechos de la ciudadanía: unos servicios públicos sanitarios, educativos y de cuidados universales y de calidad, una vivienda digna y la erradicación de la pobreza. La pandemia ha generado un sentido común mayoritario en la sociedad contrario a los recortes y a la mercantilización de los servicios públicos, que hay que traducir en políticas públicas.

Todo esto solo será posible con una fiscalidad justa y progresiva, con un nuevo modelo productivo y con unas instituciones limpias de corrupción. No podemos volver a la vieja economía del suelo y del ladrillo, que lo fía todo a los regalos fiscales y a la desregulación del mercado de trabajo para atraer inversiones internacionales. Hace falta un fuerte liderazgo público para impulsar una reindustrialización basada en la digitalización y la transición ecológica, en las energías renovables, la economía circular, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la fiscalidad verde. Una nueva economía más democrática, con unas pymes y una economía social más fuertes, que no dependa de los oligopolios y que avance hacia una mayor soberanía energética, industrial y alimentaria. Una economía del bien común.

Un catalanismo que trabaje por el reconocimiento de la realidad plurinacional de España y de la singularidad nacional de Catalunya y su voluntad de mayor autogobierno, al tiempo que se avanza desde la modernización del Estado en un sentido federal. Es el momento de la fraternidad entre los pueblos, también para hacer frente a la crisis, y de las soberanías compartidas. Hace falta un catalanismo que se implique en la gobernabilidad del Estado, al construir mayorías progresistas y al buscar alianzas para lograr un Estado en red y equidad territorial ante el modelo centralista y neoliberal de las élites económicas ubicadas en Madrid.

Hace falta un catalanismo municipalista porque los ayuntamientos son un pilar fundamental del autogobierno y del desarrollo del país y requieren más competencias y una mejor financiación.

Y hace falta un catalanismo inclusivo, que pasa por la liberación de los presos y las presas, y por la definitiva desjudicialización del conflicto, el abandono definitivo de cualquier tentación unilateral y la apuesta decidida por soluciones políticas negociadas. También desde el reconocimiento que es la ciudadanía de Catalunya quien tiene la última palabra, con su voto, sobre las soluciones que se acuerden sobre el futuro de Catalunya. Siempre sin pedir que nadie abandone sus legítimos objetivos políticos.

Este nuevo catalanismo puede ser el pegamento de una nueva mayoría de izquierdas en Catalunya, que apueste nítidamente por el diálogo. Es evidente que los objetivos finales de las fuerzas políticas progresistas, sobre la relación Catalunya-España, son diferentes, pero pueden ser coincidentes las políticas para hacer frente a la crisis social, ecológica y sobre todo coincidimos en que el único camino para resolver el conflicto político es el diálogo y la negociación.

Durante los meses de la crisis sanitaria se han ido conformando varios consensos sociales que ahora tenemos que concretar en un nuevo contrato social, con el apoyo de grandes mayorías que nos permitan avanzar.

No ocupa grandes titulares de periódicos ni abre los telediarios, pero la amenaza de cierre de Nissan en Catalunya es una cuestión central para los trabajadores y las trabajadoras en huelga desde hace 20 días, y también para el conjunto del país. Es clave ganar tiempo para negociar y garantizar una reconversión industrial, que sólo será posible si conservamos algo que transformar.

Ya con anterioridad a la crisis del coronavirus, la mundialización desbocada daba señales de agotamiento: dificultades del capital para obtener beneficios, deslocalizaciones de multinacionales y un aumento desgarrador de las desigualdades y la pobreza.

Según la Cambra de Comerç de Barcelona, durante el 2019 en Catalunya hubo cerca de 5.000 despidos vía expedientes de regulación. Un aumento del 51,2% respecto al ejercicio anterior y el mayor registro desde 2015. Casos como el del grupo Prysmian en Montcada y Manlleu, la multinacional alemana Continental en Rubí o, ahora, el grupo Nissan, dibujan una auténtica crisis industrial que dejará enormes heridas humanas y territoriales si no somos capaces de defender los puestos de trabajo y plantear una alternativa de futuro. Además, la crisis económica derivada del virus golpeará con más fiereza a una economía, como la nuestra, excesivamente dependiente del sector servicios y del turismo, y con un mercado laboral especialmente precarizado.

Lo que pone de manifiesto la nueva etapa de desindustrialización que se está acelerando exponencialmente con la crisis es que la producción mundial de bienes se está reorganizando ante la nueva coyuntura con ganadores y perdedores. Particularmente, la necesidad de transformación que impone la crisis climática y la reconfiguración de las relaciones comerciales entre países, que evidencian tensiones como la de Estados Unidos y China o el Brexit. En este proceso, nuestro país se encuentra entre los perdedores debido a tres elementos: la falta de una estrategia en ciencia e investigación, las facilidades otorgadas por las contrarreformas laborales a las empresas para actuar de forma unilateral, y un sistema fiscal débil que evita que se responsabilicen ante la ciudadanía y la sociedad en la que operan.

Necesitamos hablar de sectores estratégicos, que implican ciencia, innovación y, por supuesto, puestos de trabajo y vida. Los países que están en mejores condiciones para afrontar los cambios que requieren el reto ambiental y digital son aquellos en los cuales el empleo genera estabilidad y certidumbre para los trabajadores y trabajadoras, el Estado lidera estratégicamente inversiones públicas y políticas de investigación - de otro modo imposibles, pues no son rentables a corto plazo para las empresas-, y las empresas retornan una parte de sus beneficios a la sociedad en forma de impuestos.

Catalunya tiene una historia y un presente industrial, solo la automovilística representa más del 10% del PIB. Más de 150.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Pero, durante los últimos años, hemos ido perdiendo progresivamente tejido productivo de alto valor añadido. Hoy es la fábrica de Nissan, que emplea de forma directa a 3.000 personas y de forma indirecta a 22.000, la que pende de un hilo, pero si no acertamos en la respuesta, esta puede ser la primera pieza del dominó.

Y no hablamos de números, sino de personas, porque la industria es el sustento para centenares de familias. Es vida y equilibrio territorial, y también capacidad de reacción como país. Soberanía palpable. La falta de política industrial y de iniciativa en torno a una transición ecológica justa, y la ausencia de una gobernanza socialmente equilibrada en la digitalización de la economía, convertirá a los países del sur en el patio trasero de la Unión Europea.

No es una casualidad que Francia o Alemania sufran la crisis en menor medida. Entre otros motivos, ellos han puesto en marcha políticas a favor de sus sectores industriales, entendiendo que son estratégicos para el país. La desindustrialización no es un fenómeno meteorológico, sino un proceso político que tiene responsables y no solo en términos de ausencia de políticas industriales. Las nefastas contrarreformas laborales que han aprobado durante años sucesivos gobiernos -la más dura aprobada por el PP con la complicidad de Convergència - han fomentado el despido, la precariedad y la ley de la selva en lugar de proteger el empleo y a los trabajadores y trabajadoras, haciéndonos mucho más vulnerables. A nivel autonómico, además, la Generalitat de Catalunya no ha tenido entre sus prioridades la cuestión industrial, haciendo dejación de funciones en sus competencias de planificación y destinando unos recursos absolutamente insuficientes.

Distintas voces han planteado acertadamente que ha llegado el momento de liderar una reconversión del sector, desarrollando una transición ecológica justa y convirtiendo el país en un centro tecnológico puntero del sur de Europa. En este sentido, la apuesta por el coche eléctrico sería positiva y segura. Según diversos estudios, en el plazo de seis años en el Estado circularán cerca de 200.000 turismos eléctricos y a largo plazo, dos millones. Esta puede ser nuestra oportunidad y el motivo por el que el cierre de Nissan no solo sería una devastadora noticia para sus trabajadores, lo sería para toda Catalunya. Necesitamos una apuesta clara por parte de las instituciones, y el Govern de Catalunya debe apostar por la reconstrucción del tejido industrial y de la transición justa. Este fue también uno de los motivos por los que nuestro grupo facilitó la tramitación de los presupuestos: la dotación del Pacto Nacional por la Industria. Un primer paso en la buena dirección.

En pocos días la multinacional anunciará qué plantas cierra en Europa, y si queremos hacer un planteamiento de reconversión para mantener el empleo y la industria necesitamos tiempo. No son pocas las ayudas que esta multinacional ha recibido en los últimos años, Nissan debe responsabilizarse y las diferentes instituciones trabajar coordinadamente para que así sea.

La situación de emergencia sanitaria está resultando una trágica prueba de estrés para nuestra sociedad y nuestra economía que pone de manifiesto la importancia del trabajo, la política industrial y los sistemas de protección social. Desde estos tres elementos debemos apuntalar la estrategia de superación de la actual crisis, y de preparación para la transformación ambiental y tecnológica. Queremos una transición justa y acelerada que nos permita dar perspectivas de futuro a nuestra sociedad.

Hasta el momento, las lecciones las hemos recibido por parte de la plantilla de Nissan, que frente a todas las dificultades llevan veinte días en huelga. Haciendo turnos para garantizar que haya el número de personas máximo para respetar las medidas de seguridad establecidas. Un piquete seguro pero inquebrantable. El resto de instituciones debemos estar a su altura. Todas somos Nissan.

1. Ha comenzado un nuevo curso político, que no hace falta repetir que será histórico. En primer lugar, por la situación de excepcionalidad y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés, que está al caer y amenaza con ser dura. Una sentencia que marcará un antes y un después, y que puede degradar aún más la legitimidad del Estado entre una parte importante de la población catalana. En segundo lugar, por el agotamiento del proyecto del Govern Torra-Aragonès, dividido y que trata de disfrazar su fracaso con respuestas partidistas como la investidura de Puigdemont o el Govern de concentración de ERC. En tercer lugar, por el hecho de que las fuerzas políticas que echamos a Rajoy y a la corrupción del PP de la Moncloa contamos, tras los resultados del 28-A, con una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante un gobierno progresista, una oportunidad que no deberíamos malbaratar frente al trifachito por una hipotética mejora electoral de Pedro Sánchez.

2. Más allá del ruido mediático y de las declaraciones del día a día, hemos de tener un análisis claro de las causas que nos han traído hasta aquí. España sufre la crisis constitucional más grave de la historia democrática reciente. Esa crisis, en buena medida, se expresa a través de Catalunya: un Estatut recortado e impuesto por el Tribunal Constitucional, una Declaración Unilateral de Independencia, la prisión y el exilio de los dirigentes independentistas… La historia es por todas conocida. Como ha dicho con una expresión afortunada Ferrán Requejo, Catalunya vive también un “conflicto congelado”: el independentismo no tiene suficiente legitimidad como para llevar adelante sus planes, pero el Estado y las fuerzas políticas y sociales “conservadoras” tampoco pueden mantener sin más el statu quo. Se da una paradoja: España está bloqueada (en parte) por Catalunya, pero ésta no puede avanzar, si aquella no favorece condiciones de distensión y diálogo. La excepcionalidad contamina el debate público y todas las esferas de la vida política y social. A pesar de todas nuestras diferencias, la mayoría política de la moción de censura debería ponerse de acuerdo para avanzar. La última repetición electoral provocada por la ruptura de negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas o la investidura fallida de Sánchez también son producto de esta inestabilidad. Los votantes no lo han hecho mal, sino que nos han dado unas condiciones más plurales y más exigentes para acordar. Hagámoslo. Lo que más estabilidad daría sería un gobierno de coalición.

3. Ante esta situación de excepcionalidad política e inestabilidad institucional, las fuerzas progresistas hemos de ofrecer unas certezas mínimas. Nuestro primer objetivo debería de ser mantenernos firmes en las posiciones de diálogo y conseguir, a través de las vías que reúnan consensos más amplios, que los dirigentes independentistas presos puedan volver cuanto antes a sus casas. Este es el primer reto de septiembre y el más urgente. Mucha gente no independentista puede rechazar el comportamiento político de los dirigentes independentistas, pero quiere desjudicializar el conflicto y además sabe que la excepcionalidad no puede alterar toda la discusión política ni alterar la convivencia. Debemos explorar todas las vías legales y pacíficas para alcanzar este objetivo cuanto antes, pero nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de una reforma del Código Penal, en la que el legislativo aclare los límites de los delitos de rebelión y sedición, y ponga fin a interpretaciones discrecionales.

4. Después de años de bloqueo y de arrastrar unos presupuestos desde 2017, tenemos unos servicios públicos que se están degradando y una profunda desigualdad que fractura nuestra sociedad. La losa de la precariedad, la segregación y la falta de igualdad de oportunidades no pueden esperar y menos ante una coyuntura en que se asoma en el horizonte una nueva recesión. Por eso, Catalunya necesita unas cuentas que permitan avanzar en el blindaje de los derechos sociales, en más feminismo, y en la lucha contra la crisis climática. Nosotras estamos comprometidas con ser un dique de contención contra los recortes, pero si el Govern no da este giro y continúa en el desgobierno permanente, las elecciones serán irremediables.

5. Para terminar, quería referirme al tercer reto de septiembre, que tampoco puede esperar. El 27 de septiembre se producirá una huelga mundial por el clima, que en el Estado es convocada por más de un centenar de organizaciones y que tiene como objetivo exigir a las instituciones y las autoridades públicas que asuman su responsabilidad en la lucha contra la crisis climática. La juventud y los expertos están marcando el camino para que todas pongamos por delante el objetivo de salvar el planeta desde la colaboración y en un marco de soberanías compartidas: Europa, España, Catalunya y las ciudades, que son cada vez más protagonistas.

El conflicto no puede poner en pausa otros grandes retos que tenemos por delante.

Hace apenas ocho meses del éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con el apoyo de nuestro grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otras formaciones políticas como PDCat, Compromís, ERC o PNV, que quisieron poner fin al Gobierno del PP tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.

Esa mayoría alternativa no tenía un programa político común, ni un proyecto de largo recorrido. Se trataba de algo mucho más básico: recuperar unos mínimos de dignidad institucional, expulsando al partido más corrupto de Europa, y revertir el legado más lesivo de las políticas del PP. De un lado, se trataba de acabar con una década de austeridad y recortes para hacer llegar la recuperación a todas las capas de la población y, de otro, desjudicializar la política para afrontar democráticamente la crisis territorial del Estado y, en concreto, el conflicto con Catalunya.

En un momento crítico de represión como el que estamos viviendo actualmente, a las puertas de un juicio infame a dirigentes independentistas que nunca se debería haber producido, con una falta de garantías evidente durante toda la instrucción, con una prisión preventiva injusta e injustificada y con la acusación de unos delitos que no se corresponden con los hechos -como han demostrado cuatro países europeos y han confirmado más de un centenar de catedráticos de derecho penal-, y paralelamente, con un auge ultranacionalista en España, que ha generado una ola de crispación y venganza, promovida por las derechas desalojadas del poder de PP y Cs, y dirigidas por Vox, se hace más necesario que nunca defender lo evidente. ¿Qué otra alternativa existe al tripartito reaccionario de las derechas, que no pase por el reconocimiento de las diferencias entre los partidarios de la moción de censura? ¿Durante cuánto tiempo más Pedro Sánchez jugará a contemporizar a la parte más reaccionaria de su partido y a una derecha que quiere que pase cuanto antes a la historia? ¿Durante cuánto tiempo más habrá que esperar para que entienda que el conflicto con Catalunya sólo se resolverá dando la voz a la ciudadanía? ¿Y durante cuánto tiempo más algunos sectores de los partidos independentistas seguirán en posiciones de bloqueo y hablando de diálogo con la boca pequeña?La historia nos ha enseñado en demasiadas ocasiones que el autogobierno de Catalunya y la democracia en España son directamente proporcionales. Cuando uno se estrecha, la otra pierde, y viceversa. Deberíamos no olvidarlo para no cometer errores que nos lleven a un callejón sin salida.

Necesitamos un programa de mínimos, un proyecto de sentido común, que asuma que la democracia consiste, entre otras cosas, en la contraposición de proyectos diferentes e incluso contradictorios, y que el diálogo es la herramienta fundamental para empezar a articular un nuevo acuerdo de país que reconozca su pluralidad como un valor y sepa que sólo podremos avanzar desde el acuerdo y las soberanías compartidas.

Ahora más que nunca, hay que ser firmes en la defensa de lo evidente. En la defensa de que los derechos civiles y políticos son inseparables de los derechos sociales y nacionales, en la defensa de que el diálogo es la única vía que no ha fracasado y en la defensa de que la plurinacionalidad tiene que encontrar un encaje basado en el acuerdo, en las urnas y la voz de la ciudadanía. Ante unas derechas crispadas y dirigidas ideológicamente por el nuevo pupilo de Bannon, Santiago Abascal, hemos de saber que hay una mayoría social de Catalunya y de España que apoya el diálogo y el acuerdo, que no quiere volver al pasado y que cada vez se siente más alejada de una política incapaz de encontrar soluciones y adicta a la sobreactuación. Hay que defender sin complejos ese mandato democrático por el diálogo para desjudicializar la política y construir un horizonte plurinacional para el país, en el que puedan convivir proyectos muy diferentes.

Frente al odio, la imposición y la división de la sociedad que propugnan unas derechas, hipermovilizadas de cara a los próximos desafíos electorales, es la hora de un diálogo en profundidad, entre diferentes y con perspectiva de futuro. Es hora de dejar de lado los cálculos partidistas y de centrarse en proyectos que puedan afrontar los problemas cotidianos de la ciudadanía. Es hora de aprender del feminismo y de poner la vida en el centro. Es la hora de la política.

¿Dónde estamos?

No hace aún un año de las elecciones del 21-D y hemos vivido estos días los aniversarios de los hechos de octubre, que finalizaron en aquellos comicios convocados por el Gobierno de Mariano Rajoy previa intervención del autogobierno de Catalunya vía artículo 155 de la Constitución, el encarcelamiento de líderes independentistas, la represión violenta del 1 de octubre y el reprobado discurso del Rey.

En una situación de excepcionalidad política, los resultados arrojados por las urnas fueron paradójicos: Ciudadanos se convirtió en la primera fuerza política de Catalunya, pero el independentismo volvía a ganar la mayoría parlamentaria con la suma de los neoconvergentes (Junts per Catalunya), ERC y la CUP. Desde entonces y hasta ahora, la judicialización de la política ha seguido teniendo efectos perversos, y mientras, el Govern no tenía ni tiene un programa claro: de un lado, insisten en el mandato del 1-O de la construcción de la República y, de otro, se conjuran para ganar tiempo y moverse dentro de la legalidad, aunque solo sea de manera temporal hasta la llegada de un nuevo “momentum” más propicio para la enésima convocatoria electoral. Estrategias contradictorias que generan desorientación entre propios y ajenos; en definitiva, un gobierno que no gobierna y que está desaparecido del día a día de la gente.

La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa prometía un nuevo clima de distensión que nos diera una oportunidad para el diálogo y el acuerdo en Catalunya. Sin embargo, la gesticulación vacía y la sobreactuación procesistas siguen vivas, hasta el punto de hacer implosionar la unidad del independentismo -el President del Parlament, Roger Torrent, ha llegado a hablar de “puñaladas” para referirse a esa lucha fratricida- y de perder su mayoría parlamentaria.

Por su parte, Ciudadanos es un foco de tensión, un pirómano que solo busca tirar gasolina sobre el conflicto y sal sobre las heridas. Sigue los pasos del Partido Popular de utilizar las instituciones catalanas como una plataforma electoral, quedando aislado parlamentariamente en una política de agitación y renunciando a cambiar absolutamente nada a través de su acción. Sólo abona el terreno para la consolidación de Vox.

En general, una panorama donde se acumula la frustración en la sociedad: unos, porque la realidad se encuentra muy alejada de lo que les prometieron; otros, porque se sienten olvidados; y todos, porque el deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos se ha profundizado y los Ayuntamientos no dan abasto.

En este contexto, el desarrollo del espíritu de la moción de censura en un acuerdo de presupuestos progresista y fuertemente social, es una buena noticia tanto para España como para Catalunya. La subida del SMI a 900€, la revalorización de las pensiones al IPC, la equiparación de permisos de paternidad y maternidad, la reforma fiscal en clave progresiva y verde o la municipalización de competencias para pinchar la burbuja del alquiler son elementos que dibujan un horizonte común para el país. Este ambicioso acuerdo social no sacará de la prisión a los líderes independentistas ni resolverá la cuestión nacional.

Sin embargo, la implementación de esas medidas nos permite empezar a rehacer el pacto social con unos nuevos presupuestos de la Generalitat que tendrán que estar a la altura. Veremos si ERC se atreve a promoverlos. Para ello, debería tener presente que sólo con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Catalunya podrá impulsar unos presupuestos realmente sociales. Sólo así, el diálogo y el acuerdo ganarán terreno frente al miedo, la frustración y la parálisis. Así, podremos empezar a imaginar mayorías alternativas en Catalunya, que ante la ausencia del proyecto del Govern, planteen nuevas soluciones progresistas a los retos del país.

¿Diálogo para qué?

Una nueva Catalunya. Desde cada vez más lugares diferentes se plantea la necesidad de acuerdo para Catalunya, de profundización del clima de distensión, que nos permita dialogar sobre todo -sobre los derechos civiles y las libertades públicas y la cuestión nacional, pero también sobre el blindaje de derechos sociales y la construcción de un nuevo modelo productivo-, sabiendo que cualquier propuesta tendrá que ser votada por la ciudadanía de Catalunya. 

En este sentido, la última iniciativa en favor del debate y la reconciliación puede abrir oportunidades: la Mesa para el Diálogo, que anunció el President Torra para el próximo 16 de noviembre, a propuesta del PSC y con apoyo de ERC y nuestro grupo parlamentario. Porque no se puede empezar la casa por el tejado. La nueva Catalunya solo se construirá con diálogo y desde Catalunya; no desde el enésimo Consejo unilateral. A pesar de que la propuesta llegue tarde y sea insuficiente, puede ser una oportunidad.

¿Con qué contenido?

Desde nuestra perspectiva, la herramienta democrática más eficaz es un Pacto de Claridad en Catalunya, inspirado en la vía canadiense, que aúne a fuerzas políticas y sociales del país con la máxima transversalidad posible, y que nos permita discutir sobre todo. Esas fuerzas políticas y sociales que componen la Catalunya real tienen que poder tomar la palabra: desde Òmnium hasta el Sindicat de Llogaters, desde la Unión de Pagesos hasta CCOO, pasando por el movimiento feminista y el movimiento vecinal.

Es vital poder debatir y establecer un marco sobre el referéndum acordado que necesitamos. Qué pregunta o preguntas, con qué requisitos y condiciones, cuáles tienen que ser las garantías, cómo interpretamos los resultados y qué camino seguimos para implementar los cambios. Cuestiones fundamentales que blindarían las reglas del juego, y que tendrían que ser aceptadas por amplias mayorías; por lo tanto, con unos resultados vinculantes y reconocidos tanto por las distintas partes como a nivel internacional.

Esta perspectiva parte al menos de dos convicciones: de un lado, la convicción firme de que no hay solución posible al conflicto catalán sin dar la voz a la ciudadanía, que en toda su complejidad y diversidad, quiere muy mayoritariamente decidir sobre su futuro (y obviamente por la imprescindible puesta en libertad de los líderes independentistas), y, de otro lado, la convicción de que la política de bloques no sirve y tenemos que romper definitivamente con ella. Como fuerza política catalanista, republicana y progresista, creemos necesario reconstruir grandes consensos del pueblo de Catalunya, que nos permitan superar el régimen del 78, ya agotado, satisfaciendo los anhelos de mayor soberanía y control sobre nuestras vidas, al mismo tiempo que conservar los vínculos comunes y la unidad de una sociedad rica, creativa, plural y diversa.

Tenemos que impulsar una nueva agenda de país y de mayorías que dé una respuesta integral a los problemas de la ciudadanía, partiendo de una realidad plurinacional, de la necesidad de recuperar soberanías y no cerrando la posibilidad de ningún debate. Una Catalunya con una hacienda propia y una banca pública catalana. Una agenda para una Catalunya que pone a las personas en el centro, que sea vanguardia en el respeto a los derechos humanos, social, ecológica y feminista. Una Catalunya que imaginamos desde la radicalidad democrática y el municipalismo republicano, con nuevas posibilidades para blindar los derechos sociales y consolidar institucionalmente el reconocimiento nacional de Catalunya.

Cuando iniciamos el proyecto de ‘Amb tu, Més Podem’, la candidatura liderada por Xavier Domènech para el próximo Consejo Ciudadana de Podem Catalunya, lo hicimos convencidas de que era necesario hacer una apuesta valiente para Podem.

Una apuesta que, en un momento clave de la política catalana y española, se convirtiera en un paso decisivo para construir el espacio de cambio ganador en Catalunya. Una apuesta que dejara atrás la inestabilidad que había vivido Podem desde su fundación y apostara por fortalecerlo y construirlo desde su pluralidad.

Desde el primer momento quisimos poner sobre la mesa dos grandes retos: el de la unidad, imprescindible para crecer como organización, y el de la fraternidad, necesaria para construirnos desde nuestra diversidad.

Sólo recuperando la capacidad de escucharnos entre nosotros podremos recuperar ese impulso que nos permitió hacer de Podemos la fuerza central del cambio. Sólo escuchándonos seremos capaces de hacer de Podem una fuerza capaz de recoser Catalunya y de construir un país plural. En momentos de bloqueo, Podem debe ser un punto de referencia.

Por eso creemos que es necesario que estas primarias a la próxima dirección de Podem Catalunya sean un punto de inflexión. Deben ser un inicio de etapa. Unas primarias a la altura de lo que merecen las clases populares catalanas, unas primarias a la altura del camino que nos marcan las movilizaciones sociales vividas en los últimos meses. Unas primarias para fortalecer Podem y no para erosionarlo.

Apostamos hoy aún más convencidos y convencidas que cuando comenzamos por la candidatura de Xavi Domènech. Doblemente convencidas de que es el mejor candidato para construir Podem desde su pluralidad y para liderar una apuesta política para Catalunya.

Lo hacemos conscientes de que es precisamente en los momentos más complicados cuando es necesario que Podem dé ejemplo y recupere la política en mayúsculas. Ante los que quieren hacer de las primarias una maquinaria de barro y de ruido, hagamos de estas primarias el primer paso de una apuesta ganadora para Catalunya.

Queremos un Podem ganador, porque cuando gana Podem lo hacen los derechos sociales, porque cuando gana Podem lo hacen las mujeres y las pensionistas que han llenado nuestras calles de esperanza, porque cuando gana Podem gana la gente. Y no tenemos ninguna duda de que Xavier Domènech y su candidatura son el mejor camino para seguir luchando por todo aquello por lo que nacimos.

Jéssica Albiach y Yolanda López (diputadas en el Parlament), Mar García Puig y Alicia Ramos (diputadas en el Congreso) y Óscar Guardingo (Senador)