La semana pasada pude asistir a la conversación “Disputar el presente para ganar el futuro” entre Gabriel Rufián, Emilio Delgado y Sara Santaolalla en el teatro Galileo Galilei de Madrid. Una conversación que precedió al acto organizado por IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, que llevaba como título “Un paso al frente” y que tuvo lugar el mismo sábado en el cual Iniciativa del Pueblo Andaluz organizaba un encuentro en Málaga para hablar de modelo de Estado y las izquierdas plurinacionales, el cual asistí y participé. 

De estos encuentros extraigo algunas líneas de trabajo que me parece oportuno desarrollar de cara a construir una unidad de acción política y electoral en Canarias entre todas las izquierdas de obediencia canaria y confederales para las próximas elecciones generales. 

En primer lugar, hay que dejar meridianamente claro que lo que se nos viene no es un gobierno conservador al uso. No es el típico turnismo entre el PSOE y PP que, con sus más y sus menos, fue normalizado por la sociedad como expresión de estabilidad democrática. Viene un gobierno ultraconservador, identitariamente españolista, centralista y neofascista. Un gobierno del PP y VOX que se mirará en el espejo del peor Milei y del peor Trump. Y no nos engañemos con aquello de que “en el gobierno se moderarán”, puesto que si una cosa caracteriza a los nuevos neofascistas es precisamente cumplir con lo que dicen. Ya lo estamos viendo en EE.UU. con la policía paramilitar del ICE que secuestra a niños y mata a personas desarmadas; o en Argentina, aboliendo los derechos laborales. 

Soy consciente de que por sí mismo “parar” o “frenar” a este posible gobierno no puede ser la única oferta que las izquierdas ofrezcan a los ciudadanos, pero sin duda es uno de los principales motivos sobre los cuales debemos pavimentar la unidad, el programa y el método electoral. Si no somos conscientes de que vivimos en un momento histórico que necesita de nuevos consensos, no vamos a poder defender a la mayoría social de aquellos que vienen con motosierra, odio, precariedad y centralismo. 

Sobre el método habló Gabriel Rufián. Se ha interpretado de forma interesada que este se basa en que se presente en cada provincia sólo el partido de izquierda que haya obtenido más votos en las elecciones generales de 2023, obligando al resto a no participar. Sinceramente, no lo entendí así y posteriormente el propio Rufián lo explicó. Se trataría de buscar el método que mejor convenga a los actores políticos que operan en cada circunscripción electoral, teniendo en cuenta que hay 50 circunscripciones y dos ciudades autónomas con casuísticas diferentes y singulares. 

Por ejemplo, en Canarias tenemos dos circunscripciones electorales, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, donde se reparten 8 y 7 escaños, respectivamente. El método por el cual apuesta Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) es el siguiente: mirada canaria, es decir, programa de mínimos con los principales asuntos que debemos defender en Madrid priorizando en la defensa de nuestra identidad y autogobierno; marca canaria, un paraguas electoral de estricta obediencia canaria; y todas y todos dentro. Consideramos que no tiene ningún sentido ir separados con las marcas electorales de cada organización si queremos, precisamente, ganar cada voto y cada escaño. 

En julio de 2023 en la circunscripción de Las Palmas entre Sumar y NC-bc se obtuvieron más de 95.000 votos, de los cuales sólo tuvo representación la candidatura confederal. Estamos convencidos, pues, que la unidad de acción política y electoral entre todas las fuerzas de izquierda junto a más actores de la sociedad civil organizada revalidaría, holgadamente, el escaño. Del mismo modo, en Santa Cruz de Tenerife se obtuvieron unos 57.000 votos que dejaron sin representación a este espacio político. No obstante, creemos que, en un escenario de fragmentación en el bloque de la derecha entre PP, VOX, CC y SALF, y con una ultraderecha en el 20%, dejaría un escaño muy disputado entre la izquierda canaria y la derecha canaria de CC. 

Y esto nos lleva precisamente a la singularidad canaria. En nuestra tierra la izquierda tiene un doble objetivo: contribuir a restarle fuerzas a la derecha y ultraderecha española; y disputarle a la derecha canaria de CC-Primero Canarias su falsa atribución de “voz canaria y nacionalista”. Primero, porque es falso que sean la voz del pueblo canario. Son, en el mejor de los casos, los representantes de una minoría pudiente, rica, que busca en algunos actores políticos el mecanismo para mejorar su cuenta de resultados. Segundo, porque no les quepa duda de que levantarán la mano para apoyar a un gobierno del PP y VOX. Ya lo hicieron en 2023 cuando CC apoyó la investidura fallida de Feijoó a sabiendas de que la única posibilidad de este para ser presidente era gobernar con Santiago Abascal de vicepresidente; además de incorporar a la ultraderecha en las instituciones públicas canarias en Teguise, Arona, Granadilla de Abona y Telde. Todo un ejemplo de nacionalismo canario. 

Quiero terminar destacando un aspecto que me parece clave, la ilusión. Desde hace algún tiempo la ciudadanía sólo escucha de la izquierda división y falta de horizonte. Si algo quedó constatado la semana pasada es que existe un amplio sector social que tiene ganas de izquierda de obediencia territorial. Tiene ganas de volver a estar al lado de proyectos y personas que tiendan puentes, que sean propositivas y dejen las mochilas del pasado en la puerta. Que defiendan la identidad de sus pueblos y avancen en la capacidad de autogobierno. Tiene ganas de ganarle al PP y a VOX. 

Volvamos a ilusionar a nuestra gente. Digámosles que no podemos resignarnos a sufrir lo que ya están sufriendo la mayoría social de EE.UU., Argentina, Hungría o Italia. Canarias puede contribuir a la construcción de un bloque histórico que sea la herramienta para mejorar nuestra tierra y parar al fascismo.  

Mirada canaria, marca canaria y todas y todos dentro. 

Quizás la gran tarea de Pepe Juan y de la izquierda nacionalista canaria en Gran Canaria fue la de transformar municipios con altos índices de pobreza —como San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y Telde— en motores económicos de primer nivel, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera

Tuve el placer de disfrutar de una cena distendida con Pepe Juan Santana y Rita Navarro tras la inauguración del nuevo Ateneo local de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Un ateneo que servirá para reactivar una asamblea local histórica para la izquierda nacionalista canaria, que protagonizó la verdadera transformación social, económica y popular de uno de los municipios más ricos de Canarias. 

A esa transformación contribuyó, sin lugar a dudas, José Juan Santana Quintana, conocido popularmente como “Pepe Juan”, alcalde de San Bartolomé de Tirajana desde 1991 a 2001. Licenciado en Geografía e Historia, su vida profesional la dedicó a la noble labor de archivero municipal en el Ayuntamiento de su municipio, siempre rodeado de papeles que cuentan la historia pasada y viva del sur de Gran Canaria.

De tono tranquilo y poco dado a ponerse a hablar si nadie le ha preguntado antes, Pepe Juan me contó sobre su recorrido político. Desde el movimiento vecinal en su Tunte natal, que ejercía de contrapoder al hegemónico alcalde Paco Araña, hasta su coincidencia en el Instituto de Agüimes con otros personajes históricos de la izquierda canaria como Antonio Morales y Carmelo Ramírez. Allí se adentró en la recién iniciada Asamblea de Vecinos, que posteriormente desembocaría en Asamblea Canaria. Una militancia, la suya, que no estaba ligada tanto al cristianismo de base como a una conciencia política marxista y autodeterminista.  

Esa conciencia política explica que, durante su etapa universitaria en La Laguna, simpatizara con el Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC), donde militó junto a miembros destacados de la izquierda canaria como Pablo Ródenas. Un período en el que se dio cuenta de la necesidad de un proyecto popular y progresista estrictamente canario que reivindicara el hecho nacional de un pueblo que, por aquel entonces, presentaba índices de enorme pobreza y atraso económico. 

A finales de los 80, en el sur de Gran Canaria aún convivían las tradicionales cucañas de los tomateros y el chabolismo junto a la expansión del desarrollismo turístico y urbanístico. Dos realidades que coincidían pero no se tocaban, y a las que había que poner orden y sentido desde las instituciones públicas democráticas. 

Quizás la gran tarea de Pepe Juan y de la izquierda nacionalista canaria en Gran Canaria fue la de transformar municipios con altos índices de pobreza —como San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y Telde— en motores económicos de primer nivel, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Me atrevo a decir que esta generación de dirigentes de izquierdas fue la última generación que desempeñó su labor desde una clara conciencia de clase y con una identidad construida desde lo rural, antes, mucho antes, de que llegaran los turoperadores, las constructoras y los guiris. 

“800 viviendas públicas en 10 años”, me recalcó Pepe Juan cuando abordamos el problema de la vivienda en el municipio y en Canarias. 800 familias que han podido construir su hogar en su tierra. 800 viviendas dignas para los nuestros, para los de aquí. Muchas de ellas llegan a medir 200 metros cuadrados, algo inimaginable para alguien de 35 años como yo, que sólo puedo aspirar a vivir en una casa de 50 o 60 metros cuadrados por 200.000 euros como mínimo. 

¡800 viviendas públicas en 10 años vienen a ser 80 viviendas públicas cada año! La naturalidad con la que me explicaba la política de vivienda desarrollada bajo su mandato es la de alguien que, se nota, no busca reconocimiento ni galardones, sino que se maneja con la sencillez del empleado público movido por el servicio a su pueblo. 

En algún momento de la cena pensé que podría seguir toda la noche escuchando y aprendiendo de Pepe Juan. Si algo me reconforta de esta nueva responsabilidad como secretario nacional de Organización de Nueva Canarias-Bloque Canarista, es la posibilidad que tengo de conocer a miembros históricos del nacionalismo canario con anécdotas y vivencias que me ayudan a construir una cultura militante, genuina y con identidad. Una identidad política que se puede ver y tocar en cada vivienda pública construida, en la defensa de la cultura, en el desarrollo de infraestructuras como bibliotecas, canchas deportivas o escuelas infantiles. Una identidad que trasciende las modas y las coyunturas. Una identidad política que sobrevive. 

Después de la cena, tengo la certeza de que Pepe Juan Santana representa fielmente el perfil del político ideal que el sociólogo Max Weber desgranó en su obra La política como vocación: pasión y entrega a una causa; sentido de la responsabilidad; mesura y desprecio a la vanidad del cargo. 

Y añado: Pepe Juan Santana es uno de los últimos políticos que tienen obra. Que tienen algo que contar y a quien vale la pena sentarse a escuchar con atención. Este acto tan sencillo es hoy inusual en una clase política que no pasará a los archivos históricos precisamente por su contribución a la transformación real de su pueblo. 

Pero este es el momento que nos ha tocado vivir. Y encuentro en estos perfiles históricos una ventana de luz en medio de la saturación que genera la turbopolítica actual. Una oportunidad para ver que no todo está perdido y que hubo gente que entendió la política y la democracia como forma de sumar esfuerzos colectivos y mejorar la vida de nuestra gente en tiempos en los que todo estaba por hacer. Si ellos y ellas pudieron, ¿qué nos lo impide a nosotros? 

Acabo de terminar de ver la película La gran ambición, basada en la apuesta política del líder del Partido Comunista Italiano entre 1972 y 1984, Enrico Belinguer, por el denominado “compromiso histórico”. Se trataba de un acuerdo entre los comunistas italianos y la democracia cristiana de Aldo Moro que giraba en torno a la necesidad de confluencia entre ambos espacios ideológicos para, según Belinguer, sobrepasar la capacidad electoral de los comunistas y avanzar en el modelo reformista socialista en el que creía. Un pacto amplio y transversal que buscaba desactivar la influencia de los extremismos en la vida política italiana y asegurar los pilares democráticos. 

La gran ambición me trajo a Canarias, tanto por sus diferencias con la política de hace tres décadas, como por sus similitudes con el contexto histórico actual.  

En el año 1993 se produjo en Canarias nuestro propio “compromiso histórico”. En el campo político de los partidos denominados de “obediencia canaria” se dio un particular proceso de confluencia para sacar adelante una moción de censura al por aquel entonces presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Jerónimo Saavedra. 

Los principales partidos promotores de aquella moción fueron las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) del tinerfeño Manuel Hermoso, conglomerado de partidos insularistas de corte liberal y conservador con destacada presencia de exalcaldes de la extinta UCD; e Iniciativa Canaria (ICAN), partido que aglutinaba a la izquierda canaria de los poscomunistas clásicos y los autodeterministas, así como importantes sectores con origen en el cristianismo progresista. 

Lo que ocurrió posteriormente es ampliamente conocido. Se aprobó la moción de censura que desbancó a Saavedra y se constituyó Coalición Canaria, con un marcado perfil nacionalista e interclasista, acaparando el poder desde 1995 hasta la actualidad (salvo en la etapa del pacto de progreso) y con una presencia en las Cortes Generales que ha ido disminuyendo gradualmente con el paso del tiempo. 

Este “compromiso histórico” entre las AIC e ICAN (junto a Asamblea Majorera, Agrupación Herreña Independiente, el PIL y el Centro Canario Independiente de Lorenzo Olarte) se produjo en gran medida gracias a un contexto histórico concreto. La última década del siglo XX estuvo marcada por la caída del Muro de Berlín en el año 1989 y la consecuente disolución del régimen de la URSS. Como teorizaron autores como Fukuyama en su “fin de la historia”, o antes Daniel Bell con el “fin de las ideologías, el avance del modelo político liberal y el colapso de las tesis marxistas daban al sistema capitalista una hegemonía cultural y política que forzaba a los bloques ideológicos históricos y, por ende, a los partidos políticos, a moverse hacia el centro, la moderación y la economía de mercado. Ya no había dos modelos económicos y políticos, sino una hegemonía del modelo liberal. 

En Canarias, este contexto histórico fue determinante para que fuerzas políticas históricamente enfrentadas pudieran converger. Pero el contexto por sí solo no es suficiente, y se necesitaba de un conflicto y un antagonista. Este se visualizó en el Estado español (o Madrid) en relación con el trato que recibía Canarias en asuntos que iban desde el REF y la financiación autonómica a las inversiones en carreteras en las islas, entre otros.

Además, existía entre la población una demanda de mayor autogobierno, dado que la autonomía no conseguía despegar y aún se mantenían muchas problemáticas heredadas de décadas de pobreza, analfabetismo y atraso económico. Es decir, la chispa que encendió el “compromiso histórico” canario fue fundamentalmente materialista y utilitarista, y así se constató posteriormente en la cultura política que se construyó en torno al denominado nacionalismo moderno, que sigue vigente en todas sus vertientes a derecha e izquierda. 

Con la victoria de CC en 1995 se dio paso no sólo a un sistema político centrípeto y simplificado en su oferta partidista (prácticamente eran tres grandes partidos, PSOE, PP y CC), sino a una suerte de cultura de consenso y moderación, en algunas ocasiones desvirtuada por las típicas mociones de censura y las cuitas locales pero, fundamentalmente, con un orden previsible y estable: CC como pivote entre los dos bloques ideológicos gracias a su posición moderada y a su carácter interclasista, oscilando en su apoyo a populares o socialistas en Madrid en función del contexto y asegurándose ser imprescindibles para la gobernabilidad de España mientras mantenían el poder en Canarias. 

Ni la ruptura de CC en el año 2005 y el nacimiento de Nueva Canarias; ni el cambio en el sistema de partidos en 2015 con la aparición de Podemos y Ciudadanos; ni tan siquiera con el pacto de progreso entre PSOE, NC, Podemos y ASG (2019-2023), que rompió con 26 años de gobiernos de CC, consiguieron revertir ese pacto no escrito de moderación, centrismo y estabilidad política y económica. Esto da cuenta del éxito del “compromiso histórico” canario surgido en 1993 en comparación con el italiano de Belinguer. Esta capacidad para perdurar en el tiempo y resistir a los cambios coyunturales se produjo mientras seguía viva la hegemonía liberal. 

En la actualidad, se está iniciando un debate en torno a una supuesta vuelta al “espíritu del 93” promovido precisamente por su hasta ahora valedora, la propia CC, junto a los desertores de la izquierda canaria. Una apuesta que resulta anacrónica en el contexto histórico que nos está tocando vivir. Me explico. 

Algunos teóricos han convenido en que estamos ante el colapso del sistema liberal y capitalista tal y como lo conocíamos. Este colapso, o mutación extrema, hunde sus raíces en la crisis ecológica, en la evolución digital que transforma los hábitos y las relaciones humanas, en el estancamiento económico capitalista occidental y la supremacía china y, fundamentalmente, en la disputa entre democracia y autoritarismo. 

Si, como decía el politólogo Samuel P. Huntington, a una “ola democratizadora” le sucede una “ola de retroceso”, es más que evidente que a la tercera “ola democratizadora” de finales del siglo XX la están sustituyendo los postulados antiliberales y autoritarios. Los principales consensos establecidos durante décadas de democracia liberal -pluralismo político, separación de poderes y globalización- chocan con la polarización política y social, el lawfare y el etnocionalismo reaccionario y populista de la extrema derecha. 

Una de las consecuencias de este nuevo tiempo es la aparición de partidos políticos marcadamente autoritarios, reminiscencias de los antiguos partidos fascistas del siglo XX. Ejemplos hay varios, pero por poner algunos casos concretos, hablamos de los Hermanos de Italia, de la primera ministra Georgia Meloni; Alternativa por Alemania; Reagrupamiento Nacional, en Francia; y Vox, en España. Todos ellos comparten una agenda antiliberal, xenófoba y autoritaria. Lo vimos, por ejemplo, con la barbaridad de Santiago Abascal señalando que había que hundir el barco humanitario Open Arms. 

En el ámbito canario, la ruptura con el modelo anterior de moderación y la constatación de que estamos ante una nueva gramática política se evidencia en el hecho de que CC haya facilitado la entrada del fascismo -es decir, Vox- en instituciones tan relevantes por su peso poblacional y económico como los ayuntamientos de Teguise, Arona y Granadilla de Abona. Para algunos, este hecho pudiera suponer algo anecdótico por su carácter local, pero a mi entender, sugiere un punto de inflexión que rompe con los consensos y el equilibrio ideológico que la propia CC ha llevado como bandera. 

¿Alguien puede imaginar a Aldo Moro abriéndole las puertas de las instituciones al MSI neofascista italiano de la época? ¿A ICAN pactando un “compromiso histórico” en 1993 si las AIC se hubiesen apoyado en Fuerza Nueva? ¿Por qué creen que el PNV, partido histórico democristiano y liberal, ha descartado pactar con el PP mientras siga apoyándose en Abascal?

No me cabe duda de que CC ha interpretado el cambio de época y lo ha hecho en dos fases. Por un lado, blanqueando a Vox al permitirles la entrada en las instituciones locales para, a medio plazo, reforzar el bloque de la derecha en 2027. Así, han intentado normalizar que el fascismo pueda ser socio de gobierno a nivel local -sin descartar, en absoluto, que se amplíe a otros ámbitos-. 

La segunda fase, promoviendo la ruptura de NC-bc y creando una versión blanda de un supuesto nacionalismo progresista, precisamente para construir un falso relato de la vuelta al “espíritu del 93”. Digo falso relato porque la unión de los desertores de la izquierda canaria con CC no tiene nada que ver con el “compromiso histórico” de los 90. Primero, porque los líderes desertores han interpretado este contexto histórico en las mismas claves que CC, hacia el conservadurismo y el pragmatismo y no harán de equilibrio ideológico alguno –¿o por qué creen que un alcalde de Roque Aguayro se puede permitir decir que no son “ni de izquierdas ni de derechas”; o incorporar a sus filas a un clan familiar como es Ciuca que gobierna la ciudad de Telde con Vox?- . Y, en segundo lugar, porque su prioridad está en el poder a toda costa, por encima de las ideas y de la transformación social que presupone debe tener un compromiso como este. 

Con todas las contradicciones de la política, NC-bc ha conservado parte del espíritu de la izquierda canaria nacionalista en torno a valores y principios, entendiendo que existen momentos históricos donde toca posicionarse. En el 93, muchos de nuestros compañeros lo hicieron apostando por un “compromiso” que jamás desligaron de sus ideas progresistas, como el propio Berlinguer, y que abandonaron cuando CC tomó rumbo a la derecha y cedió su acción política a la oligarquía canaria.  

Hoy, a esta nueva generación de la que formo parte, también le toca imaginar su propia “gran ambición”. No será como el de Belinguer ni como el de 1993. Estará en consonancia al contexto que nos ha tocado vivir, con sus virtudes y sus defectos, pero teniendo claro que primero va la democracia y la mayoría social del pueblo canario. Que debemos luchar en contra del autoritarismo, el fascismo y la oligarquía. Que tenemos claro en qué lado de la historia queremos estar. Hagámoslo posible entre las fuerzas que nos denominamos progresistas, de izquierda y de obediencia canaria. Las que no cedemos al chantaje ni a los cantos de sirenas. 

Este SBC tiene muchas aristas y un análisis completo del mismo requeriría un formato que sobrepasa la extensión de este artículo de opinión. No obstante, recomiendo su lectura sosegada, puesto que del mismo se desprende el estado actual de clima social y político de nuestro archipiélago. Yo lo he hecho, y tengo que decir que me ha dejado francamente preocupado. 

Me detendré en varios aspectos relacionados con los principales problemas de Canarias tanto en su percepción general como personal; y en la valoración de cómo ha evolucionado desde 2021 la percepción de discriminación según identidades sociales. 

En primer lugar, a la pregunta relacionada con “el principal problema de Canarias que necesita una solución más urgente” en su formato de respuesta espontánea y de única mención, el paro encabeza la lista con el 14,7% de menciones, seguido de la inmigración con el 12,9% y el sistema sanitario con el 9%. En su variante de respuesta múltiple (hasta 3 respuestas), la inmigración sube al 37,5%, los problemas de índole social al 26,7% y el sistema sanitario al 23,7%. El paro, por el contrario, baja al cuarto lugar con el 23,6%. 

Que la inmigración sea valorada como el principal problema a solucionar en Canarias no debe de sorprendernos, aunque si comparamos los datos de SBC con el CIS a nivel estatal la preocupación por la inmigración en este último año ha pasado en el conjunto de España del 14,3% al 18,4%, mientras que en Canarias lo ha hecho del 29,9% al 37,5%. Como se evidencia, la percepción de que la inmigración es uno de los problemas prioritarios a solucionar está más acentuada en las islas que en el resto del Estado debido, fundamentalmente, a la realidad migratoria en la que vivimos. 

No obstante, donde sí debemos prestar más atención es en la categoría de problemas “egotrópicos”, es decir, aquellos que afectan directamente a las personas y a su hogar. Aquí observamos una diferencia con los anteriores SBC al producirse una subida exponencial de la inmigración que se coloca como el problema que más afecta personalmente a los canarios y canarias con el 24,1%, igualado a la inflación en respuesta múltiple. Para hacernos una idea de su dimensión, en el SBC de 2023 la inmigración estaba en el octavo lugar de la lista de preocupaciones personales con el 13%. En el Barómetro del CIS de noviembre de 2023 representaba el 5,4% y en la actualidad está en el 6,1%, prácticamente igual. 

Como vemos, en Canarias lo que hace apenas un año se consideraba principalmente una problemática general, hoy es considerado como un problema que afecta personalmente a cada individuo u hogar. Es decir, de la percepción, que se genera principalmente a través de los heurísticos como los partidos políticos y los medios de comunicación, se ha pasado a la valoración objetiva y a la aceptación personal. 

Pero si notable son estos datos sobre inmigración, más me lo parecen los datos que se desprenden de la comparación sobre los sentimientos de discriminación entre 2021 y 2024. Aquí se evidencia que todos los ítems han aumentado, especialmente los relacionados con las ideas políticas, la raza y la orientación sexual. Destacan la edad, que pasa del 8,8% en 2021 al 20% de la actualidad; y la raza, que pasa del 2,8% al 13,7%. El único ítem que se mantiene estable e incluso baja un punto es la “creencia religiosa”, posiblemente debido a que la mayoría de los encuestados son personas oriundas de Canarias y culturalmente católicas, dogma religioso mayoritario y que no estaría siendo víctima de discriminación. 

¿Por qué debemos preocuparnos de estos datos sobre discriminación? A mi entender porque ponen luz sobre un clima social de polarización afectiva nunca vista en Canarias. Recordemos que existen dos tipos de polarización, la ideológica y la afectiva. La primera, llamada la “polarización buena”, tiene que ver con las creencias, las actitudes y convicciones de cada cual, ligadas a preferencias partidistas. Lo normal en una democracia de partidos donde impera la competición agonista. En cambio, la segunda, la “polarización mala”, tiene que ver con los sentimientos que nos despiertan determinadas identidades/grupos, partidos y votantes. Esta polarización afianza la posición intragrupo y nos aleja de las ideas, identidades y votantes del intergrupo. Es decir, que un aumento de la polarización afectiva incide en una mayor división de la sociedad entre “nosotros” y “ellos” y en una cada vez mayor posición de hooliganismo, sesgo político e intransigencia con los que no son miembros de mi grupo. Una lucha tribal de identidades. 

Como decimos, la polarización afectiva está ligada a identidades grupales, sean estas partidistas o de otra índole. Cabría esperar, pues, que ante un ambiente de crispación donde los principales actores políticos están cada vez más separados entre sí, se esté permeando un clima social de animadversión entre grupos que nos llevaría a altos índices de intolerancia. Esto, ligado a la batalla cultural que la ultraderecha está librando desde todos los ámbitos y que cuenta como factor principal la inmigración, estaríamos ante un cambio de modelo social y político propicio para el auge de ofertas ultraconservadoras y nativistas (más si se analizan los datos del propio SBC sobre valoración de las ayudas sociales). Un ejemplo entre ellas es la de Alvise Pérez que en las últimas elecciones europeas sacó en Canarias el 6,31% (42.730 votos), dos puntos más que la media estatal (4,58%). 

Con todo, estos datos contrastan con la reciente investigación sobre polarización y fragmentación parlamentaria de los investigadores Pablo Domínguez, Andrés Benítez, Beatriz Carrasco y Carles Pamies que evidencian que, entre las Comunidades Autónomas de España, Canarias presenta índices bajos de polarización ideológica mientras mantiene índices de fragmentación parlamentaria altos. Una evidencia, pues, que comprende un sistema de partidos canario moderado y centrípeto alejado del clima social imperante. Para entendernos, la institucionalidad partidista parece no influir en las valoraciones y comportamientos ciudadanos, sino que ahora son otros los heurísticos los que están incidiendo en que la sociedad canaria se esté encaminando al tribalismo y hooliganismo. Hay más polarización en la calle que en el Parlamento de Canarias. 

No obstante, espero que sea una más de las erróneas predicciones e hipótesis politológicas. 

Aunque la pregunta que a todo el mundo le gustaría contestar es si el presidente de Canarias adelantará o no las elecciones, para un científico político lo verdaderamente importante es saber en qué circunstancias y contextos los partidos políticos y, por extensión, los líderes deciden cambiar/innovar o se quedan estáticos. Para contestar a tal pregunta utilizaré dos líneas de análisis: el enfoque path dependency y los principios de impugnabilidad y apropiación.

El enfoque path dependency se basa en la influencia que ejerce los acontecimientos y decisiones pasadas en las futuras. La adopción de determinadas decisiones conlleva a una institucionalización estable y auto-reforzante que influye sobremanera en los acontecimientos posteriores. Es decir, el establecimiento de un modelo institucional y reglas de juego tenderán a congelarse en el tiempo y reproducirse dado que sus costes y beneficios son conocidos. Desde esta lógica, Ángel Víctor Torres, en un hipotético adelanto electoral, no estaría simplemente adelantando unos comicios, sino generando una transformación en la secuencia institucional canaria en su vertiente electoral. Dado que no podemos saber cómo se comportarán los electores en unas elecciones exclusivamente autonómicas, la lógica de los partidos políticos tenderá a la reducción de incertidumbres y asegurar los intereses creados con el sistema establecido. En definitiva, no hacer cambios y que el ciclo electoral siga como hasta ahora.

Por su parte, los principios de impugnibilidad y apropiación se establecen en el marco de la innovación política. El primero hace referencia a la capacidad de innovar de los partidos. Así, si los partidos dominantes disfrutan de una cuota de mercado que les posiciona en una correlación ventajosa, no tendrán incentivos para cambiar. La apropiación señala la probabilidad de que el cambio tenga éxito, protegiendo la ventaja competitiva.

Tanto el enfoque path dependency como los principios de impugnabilidad y apropiación son cálculos estratégicos y tácticos, es decir, de comportamientos racionales utilitaristas y de aminoración de costes de incertidumbre. Los partidos políticos, en mayor medida los dominantes, son propensos a conservar su ventaja de titularidad y no hacer cambios.

Pero, ¿cuándo deciden cambiar? 1) Cuando existe un rendimiento mayor al statu quo; y 2) cuando su dominación se ve amenazada.

Los partidos políticos dominantes tenderán a innovar en un contexto normalizado si el escenario futuro conlleva mayores y mejores réditos electorales, de cargos y de políticas públicas que el escenario actual. Por tanto, cabe preguntarse ¿puede asegurarse Ángel Víctor Torres una mejor posición adelantando las elecciones? La respuesta a mi entender es que no. Para ello debería conseguir mayoría absoluta, improbable en un contexto tan fragmentado y volátil, o generar un gobierno de coalición mayoritaria, es decir, con CC. ¿Qué incentivos tiene para dar oxigeno gubernamental a su mayor competidor? ¿no le generaría contradicciones internas importantes en islas como Tenerife y Lanzarote?

En el caso de las amenazas, estas pueden darse de diferentes formas: debilitamiento de la lealtad partidista; excesiva convergencia distintiva; eventos externos; y mejora de los competidores en escenario de statu quo. Analicemos cada una con los datos que nos proporciona el Sociobarómetro de Canarias de marzo de este año.

Referente a la lealtad partidista el PSOE se situaba como el partido político mejor valorado de Canarias con un 41,6%. Entre sus votantes, la valoración aumentaba hasta el 85,2%. En fidelidad de voto, en relación a las elecciones autonómicas de 2019, estaba en un 88%. Unos datos muy buenos que generan estabilidad de marca y una fuerte vinculación votante-partido.

La convergencia distintiva tiene que ver con qué tan parecidos son los partidos políticos. Se presupone que una alta convergencia genera un sistema político donde la mayoría de las formaciones se mueven al centro, buscando atrapar el máximo apoyo electoral desde la transversalidad y el pragmatismo. Esto dificulta la heterogeneidad ideológica y el carácter distintivo de la oferta electoral, e incentiva a los nuevos partidos a entrar con marcos diferentes y con un mayor margen de apropiación de determinados temas.

En el siguiente gráfico de la escala ideológica, donde 0 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, se puede apreciar cómo el 90% del electorado del PSOE se sitúa entre los puntos 3 y 4, sin demasiada concurrencia competitiva. Donde sí se observa concurrencia es en el punto 5, entre NC, ASG, CC y Cs. Por tanto, el PSOE disfruta de una amplia ventaja en un segmento ideológico de centro izquierda.

Si hay algún valor predominante en el presidente de Canarias es su resiliencia a los acontecimientos externos. Desde el comienzo de legislatura ha tenido que gestionar la caída del turoperador Thomas Cook, la intensa calima sahariana, la pandemia de la Covid-19 y su derivada económica, y la erupción del volcán Tajogaite. Al calor de los datos parece que no ha sufrido un coste de gobierno, sino todo lo contrario: es el político canario mejor valorado, con un 5,2 de media en una escala de 0 a 10; el 47,7% de los canarios se mostraban satisfechos con la acción del Gobierno de Canarias; y el 36% consideraban que lo estaba haciendo “bien” o “muy bien”. Recuerden, datos de marzo de 2021.

Por último, la mayor amenaza para Torres radicaría en que sus competidores estuvieran en una posición predominante para mayo de 2023, escenario electoral normalizado. En estos momentos carecemos de encuestas públicas que nos ayuden a tener datos fiables de cómo están, principalmente, CC y PP, partidos que podrían sumar una mayoría alternativa al pacto de las flores. En todo caso, en marzo de 2021 el Sociobarómetro de Canarias predecía una caída de 5 puntos porcentuales para CC respecto a los resultados de 2019; y una leve mejoría de 2 puntos para el PP. De seguir esta tendencia demoscópica, sería imposible que CC y PP sumaran solas, siendo fundamental incorporar apoyo alternativo. De la misma forma, nadie asegura que los canaristas lleguen cohesionados al 23, y que el PP siga capitalizando la luna de miel ayusista. Estos factores pueden ser valorativos para que el presidente agote la legislatura. A más tiempo, mayor desgaste de sus oponentes.

La lógica de bloques ideológicos en la que estamos instaurados invita a no dejar pasar una cuestión: la situación de los socios preferentes en un escenario de adelanto electoral. El presidente ha reiterado que reeditaría el pacto actual porque considera que es el mejor gobierno para hacer frente a los retos presentes y futuros. Si las elecciones autonómicas se llevasen a cabo separadas de las locales, lo cierto es que NC estaría en una posición de desventaja mayúscula al imposibilitarle una movilización local a través de sus alcaldes. Por su parte, a Podemos los cogería en un momento de reestructuración a camino entre seguir con su marca o adentrarse en la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz, a día de hoy sin concreción alguna.

Así las cosas, queda patente que el escenario de adelanto electoral lleva al presidente Torres a una suma 0. Adelantarlas no mejoraría su ventaja actual, pero sí generaría incertidumbre. De tal manera que no veo incentivos suficientes para adelantar las elecciones. Otra cuestión diferente es si Pedro Sánchez pueda o no hacer coincidir las generales con las autonómicas y locales en un súperdomingo electoral. En ese escenario, y viendo los vaivenes de la política estatal, a lo más que puede pretender Torres es a “virgencita que me quede como estaba”.

Autonomía. Actual modelo territorial de Comunidades Autónomas donde Canarias ejerce, según el reciente reformado Estatuto de Autonomía de Canarias, su derecho al autogobierno como nacionalidad. Este modelo territorial descentralizado se instaló en Canarias por la vía del artículo 143 de la CE, denominada vía lenta, sin reconocimiento político histórico, sin todo el paquete competencial que sí tuvieron Comunidades Autónomas como País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía, y sin ratificación popular vía referéndum. Aunque sucesivas leyes de transferencias han visto aumentadas las competencias para Canarias, la vía lenta supuso (y actualmente sigue suponiendo) un freno a las capacidades reales de autogobierno del archipiélago. El encaje territorial canario, mejor definido en el marco normativo de la UE, representa un reto no sólo para los poderes institucionales centrales, desconocedores la mayoría de las veces de la realidad insular y reacios a la pérdida de poder centrípeto, sino para las propias instituciones de la Comunidad Autónoma que deben exprimir toda la capacidad real de autogobierno que les capacita el marco estatutario. Sin esta voluntad de sacar todo el rendimiento al statu quo, las demás vías territoriales se antojan, en cierta forma, fantasiosas.

Federalismo. Para algunos analistas la tercera vía entre el actual estado de las autonomías y la secesión o independencia. Para otros, de facto, un modelo similar al actual, pero con pequeños matices. Sea lo que fuere, debemos explicar que el federalismo se constituye bajo la aceptación entre iguales, es decir, se considera un contrato entre partes que desean convivir aceptado un marco político y legal estable, donde sólo se podrá modificar con la coordinación y entendimiento de los actores implicados. El federalismo es abierto, pero en su apertura se presenta su virtud: la obligación de las partes a construir la matriz del poder desde la propia voluntad de unidad. En contraposición al modelo autonómico español, el federalismo excluye la soberanía única transformándola en un modelo policéntrico de autogobierno donde el equilibrio negociador es la máxima de la unidad. Precisamente, su valor radica en el equilibrio constante al acuerdo. Un modelo siempre discutido, pero forjado por la voluntad de unión. Para Canarias, esta vía podría ser cauce para el progreso en su autogobierno compartido, reconociéndose como sujeto político propio que acuerda su incorporación al marco federal español. Si esto fuese así, aún no queda claro si el encaje de Canarias queda solucionado, ni se sabría si el estado se comportaría como un modelo federal multinacional estilo canadiense, o tendería al modelo americano de federalismo nacional. Por el recorrido histórico español, mucho me temo que la segunda opción tendría mayores opciones de imponerse. 

TNA. Este modelo es defendido por algunos sectores nacionalistas y soberanistas canarios, especialmente, el MPAIAC. El movimiento que fundó Antonio Cubillo allá por los años 60 ha recuperado una vieja demanda política al considerar que Canarias debe ser incorporada en la lista de los Territorios No Autónomos. Según la ONU, los TNA son “territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”, en consecuencia, que se encuentran en una situación colonial. La repercusión directa de que Canarias se incorpore a la lista actual de los 17 TNA, es la obligación del Comité Especial de Descolonización o C-24 de la ONU de estudiar el caso colonial canario, impulsado y obligando a que la potencia administradora (en nuestro caso, España), abra un proceso de descolonización. Además, incorpora una serie de competencias exclusivas que Canarias ejercería sin tutelaje de España, más allá de la política exterior y defensa que quedarían en manos de ésta. Si bien la vía parece idealista, es bastante tangible en su procedimiento. Por ahora, la delegación del MPAIAC ha conseguido apoyo de varios países integrados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), y prevén que su propuesta pueda ser debatida en el actual Periodo de Sesiones de la ONU. ¿Dónde radica a mi entender el cuestionamiento de esta vía? En su reconocimiento popular. La inmensa mayoría del pueblo canario no está al tanto de este “movimiento” geopolítico, y el MPAIAC, organización con un importante acervo histórico, no representa a la sociedad canaria ni electoral ni simbólicamente. Un proceso de esta envergadura necesita de refuerzo popular, de una masa social que actúe de movimiento mientras el artefacto político busca las vías institucionales. Una alternativa es que el procedimiento siga su cause, y que Canarias se incorpore como TNA mientras se genera un debate interno amplio con todos los actores de la sociedad, principalmente, aquellos con legitimidad electoral. Si no, esto quedará en una cuestión de sectores minoritarios sin ninguna importancia real.

Soberanía compartida. Modelo que defendió en su última etapa como presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Este cauce posibilita que Canarias sea considerada soberana, en el sentido de que no existiría poder superior al poder constituido canario. En su versión “compartida”, el poder soberano estaría en manos de dos sujetos, el estado canario y el español, con vías políticas bilaterales entre ambos. Es decir, que ambos se compartirían la soberanía del territorio canario, en una relación que dejaría a España como una especie de Estado Mayor con competencias en defensa; y Canarias ejercería todas las demás. No obstante, el dilema estriba en el propio estatus soberano. Si Canarias fuese un estado reconocido internacionalmente, ¿qué necesidad habría de compartir la soberanía? ¿por qué renunciar a favor de otro estado? Otro asunto distinto es hablar de soberanía(s) en cuestiones o temas concretos sin necesidad de ser un estado, como pudieran ser la energética, alimentaria, sanitaria, etc. En este caso hablaríamos de máximo nivel de autogobierno pero dentro del estado español.

PAI. La Plena Autonomía Interna es la vía que permitiría reconocer a Canarias como estado propio a través de un proceso que debiera de iniciarse en la ONU. Los impulsores de esta propuesta, la Plataforma del Mar Canario, exponen que esta figura solucionaría el reconocimiento de las aguas internas canarias, además de otorgar un estatus de estado sin necesidad de desvincularse del estado español. Es decir, una especie de Estado Libre Asociado al estilo puertoriqueño.

Independencia. No supone un modelo territorial, sino un cauce para llegar a la soberanía plena. El proceso de independencia, que albergaría el derecho de autodeterminación, se antoja, de todos los modelos anteriormente citados, el más complicado. En Canarias se han dado momentos de fervor independentista, como el representado por el MPAIAC en los años 60 y 70, donde se generó un debate amplio y generalizado. La idea independentista consiguió entrar en el imaginario de mucha población canaria en un contexto de tardofranquismo y ansias de libertad. No obstante, la llegada de la democracia supuso que la canalización de las demandas sociales fuese a parar a partidos generalistas. Hoy día, la preferencia por una Canarias independiente se encuentra, según el Socio Barómetro de Canarias de febrero de 2020, en 3,4%. Del mismo modo, la oferta electoral independentista representada por Ahora Canarias aglutina 2.539 votos a las elecciones autonómicas de 2019, un 0,28% del total de votos emitidos.

Así las cosas, el debate territorial que ha abierto el PNC suscita interés porque ayuda a imaginar modelos alternativos al actual estado de las autonomías. Pero, insisto, sin llegar al tope de nuestro actual techo competencial, todos los debates alternativos quedarán en buenas ponencias ideológicas sin ninguna práctica real. Tenemos un Estatuto de Autonomía que necesita ser utilizado con el fin de convencer al pueblo canario de que mayor autogobierno es mayor grado de bienestar. En esa deberíamos estar.

El PSOE en Canarias parece que lo tiene claro. Con prácticamente el 80% de la población con la pauta completa el mensaje de la inmunidad de grupo no se hará esperar, con el consiguiente correlato de final de la pandemia. Ángel Víctor Torres, al igual que su homólogo Pedro Sánchez, operarán entre las ganas frenéticas de volver a la normalidad y la recuperación económica. Los contagios, aunque no han parado en ningún momento, se han normalizado. Si me permiten la expresión sociabilizar el dolor, las muertes y los ingresados en las UCI ya no reclaman la atención ciudadana, metida ésta en las problemáticas cotidianas y familiares. Al final de la pandemia se le añade su refuerzo materialista con los fondos europeos. Ya se ultima la gestión y el procedimiento a seguir para sacar adelante el caudal de recursos, que si bien no serán el Plan Marshall que muchos comentan, sí estimulará la economía y generará confianza al tejido empresarial canario molesto con alguna que otra gestión de la crisis económica provocada por la Covid-19. Por tanto, por un lado, el fin de la pandemia como apertura a un nuevo comienzo y, por otro, recuperación económica. Lo social y lo material como mantra de la buena socialdemocracia que, si cuaja, podría ser el mensaje general de una campaña electoral multinivel, es decir, la coincidencia de las estatales con las autonómicas. Que cada uno haga sus cábalas. 

Por parte del PP todo gira alrededor de la incertidumbre. Los populares no saben muy bien a qué jugar, y esperan una fatiga social al estilo “que caiga España que ya la levantaremos nosotros”. Pero tanto la UE como los diferentes gobiernos se han curado en salud y no dejarán, por el momento, que la situación se asemeje a la crisis de 2008. No hay Troika, no hay FMI, ni mucho menos recortes en los servicios públicos, blindados por la generación de deuda. Los populares no se han atrevido siquiera a criticar un aumento de la misma, puesto que el ciudadano entiende perfectamente que la excepcionalidad pandémica requería de este procedimiento. Por tanto, al PP le queda una estrategia de contención de fuga de votantes que les empuja a mimetizarse con la inexistente pero muy probable presencia en el próximo parlamento canario de la formación radical VOX. Otro asunto que deben solucionar con inmediatez es el liderazgo. En Canarias no hay una Ayuso ni un Feijoo, y Australia Navarro sigue sin convencer en Génova. El efecto luna de miel de las autonómicas madrileñas terminó, y se necesita convencer a la población del porqué del bloque conservador. Y digo bloque, porque el elefante sigue estando en la sala y se llama CC. El PP tiene dos vías de tratamiento hacia los ellos. Una ortodoxa, seguir como socio preferente esperando a que CC se revitalice con el mismo nicho de votantes; y otra denominada palmera-lanzaroteña que estaría en buscar cercar a CC para que no toque poder. Por ejemplo, en Lanzarote Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, lo tiene claro, vale más un buen pacto con el PSOE que seguir de segundón de CC.  

Los de Fernando Clavijo empiezan el curso político reafirmándose en el centro ideológico y bajando algunos decibelios de crítica al PSOE canario. El cambio de posición a la construcción del Puerto de Fonsalía busca bloquear los argumentos que identifican a la formación como una especie de plataforma empresarial y especulativa. Si CC se posiciona en postulados progresistas y tiende la mano al gobierno, ¿qué razón hay para ubicarlos en el bloque conservador desarrollista? ¿y en qué lugar deja al PSOE, especialmente en Tenerife, al posicionarse a favor de un proyecto con más de 400.000 firmas en contra? Parece que el objetivo de CC es llegar a 2023 con capacidad de articular alianzas transversales tanto a izquierda como a derecha, y ser la fuerza que en su día fue, aquella donde pivotaba la gobernabilidad de la comunidad. Esto sólo se podrá conseguir construyendo un nuevo relato que haga que los ciudadanos, concretamente los electorales de centro-izquierda, dejen de ubicarla en el espectro derecha y los ubique como fuerza formateur, es decir, la que tiene la iniciativa de gobierno. Son conscientes que en 2023 el aura del gobierno de progreso estará amortizada, y no habrá tantos costes para volver a pactos razonables con CC. 

Para el otro partido de ámbito no estatal, NC, la arrancadilla comienza en clave interna. Como comunicó su presidente, Román Rodríguez, en febrero de 2022 tendrán Congreso Nacional y se espera un cambio ideológico que ya se hace notar. Se pasa del concepto nacionalista al de canarista progresista, dando el paso a la transversalidad política en consonancia a la realidad actual de la sociedad canaria. Una sociedad que poco o nada se identifica con el nacionalismo entendido como mecanismo para la construcción nacional, pero sí desea autogobierno y defensa de lo propio. Por otro lado, y en clave electoral, NC tendrá que pasar de socio leal a partido con identidad propia. La teoría politológica es clara cuando se analizan las consecuencias de los partidos minoritarios dentro de los gobiernos de coalición, y es que los beneficios pocas veces se reparten. Aunque el tándem Ángel Víctor-Román guste, esto no debe llevar a engaños. NC y PSOE compiten en los mismos nichos electorales, y los socialistas grancanarios buscarán barrer del mapa a lo que queda de esa izquierda nacionalista que desde 1991 se ha mantenido entre los 80 y 90 mil votos. Si alguien espera una competición virtuosa entre ambos, esperen a ver la artillería que prepara el PSOE de Gran Canaria para 2023. 

Podemos-Sí se Puede. Unidas Podemos. O Podemos a secas. La verdad que poco importa si se tiene en cuenta que la identificación con este espacio cada vez es menor. En las islas se escuchan latidos vagos de esa formación que en 2014 y 2015 convenció a miles de personas y activó a electores abstencionistas. Noemí Santana eligió una consejería que desde la época de la lanzaroteña Inés Rojas no da réditos políticos, y sólo provoca que te pongan en la picota independientemente de la sensibilidad que tengas con los más vulnerables. Además, si te has pasado tu corto ciclo vital argumentando de la necesidad de gestionar para los de abajo y ahora que tienes la oportunidad no lo haces, la confianza se merma. E insisto, da igual las causas y los porqués. Si no hay rendimiento de aquí a la próxima cita electoral estarán sin discurso y sin líder. Y sin estructura local. Hasta ahora no han conseguido construir la red municipal que, como argumenta el profesor José Adrián García Rojas en su tesis doctoral, es fundamental para cualquier partido político que pretenda ser alguien en el sistema político canario. Lo vasos comunicantes de lo municipal, insular y autonómico son muy estrechos, y si falla el primero fallan todos los demás. 

Por último (pero no por ello menos importante), Casimiro Curbelo. Y fíjense que prefiero utilizar su nombre porque a decir verdad a ASG poco se la nombra. En todo el debate de la posible vuelta del presidente del Cabildo gomero al PSOE no se ha hablado de siglas, sino de personas. Tampoco se mencionó ASG en esa operación de verano de alianzas paninsulares que lanzó Curbelo, y que en la actualidad ha quedado en meros murmullos. Por lo que tengo entendido, los contactos que se han realizado en diferentes islas no convencen al líder, pero mucho menos a los invitados a participar. Consideran que se ofrece poco a cambio de mucho. Pero si tenemos que sacar algo positivo de toda esta especulación, es para imaginarnos a una isla menor como isla continente, esa que mantiene un polo de atracción tan potente que es capaz de influir en los sistemas de poder. Acostumbrados a que sean Tenerife o Gran Canaria las que protagonizan las iniciativas políticas, La Gomera se postula como el pal de paller del insularismo canario. 

En definitiva, la arrancadilla política se presenta interesante y frenética. Para aquellos que nos dedicamos al análisis político cada ronda es interpretada como la última y definitiva. Pero, a decir verdad, en la política real nada es definitivo. Como expresó acertadamente el profesor Antonio Rovira en su libro ¡No es justo!, la política es como un tiovivo, unas veces estás en el cochito y otras en el caballito; unas veces arriba y otras abajo. Pero lo importante es seguir girando y subido encima de él. De eso se trata, de que nunca pare. 

La luna de miel que todo partido político o líder obtiene después de unos buenos resultados quiere ser aprovechada por los de Iñigo Errejón para reactivar una fórmula electoral que ya intentó en noviembre de 2019. Esta se referiría a una especie de alianza federal con fuerzas de ámbito no estatal de corte progresista, como es la que mantienen actualmente con Compromís en Valencia y la Chunta Aragonesista en Aragón. En Canarias han puesto la marida en Nueva Canarias (NC), formación con la que mantuvo algunos acercamientos en 2019 pero que, finalmente, no fraguó al considerar los nacionalistas canarios que era una alianza que no aseguraba la consecución del diputado por la Provincia de Las Palmas. Por otro lado, estos días el portavoz del grupo parlamentario y coordinador territorial de NC, Luis Campos, zafó a su formación de los rumores de acercamiento declarando tajantemente: somos un partido nacionalista.

Así, las preguntas que suscitan este artículo son las siguientes, ¿qué tan diferentes son MM y NC? ¿sus bases electorales comparten aspectos comunes? ¿podría tener NC incentivos para coordinarse con MM en unas futuras elecciones generales?

Teniendo en cuenta las encuestas poselectorales del CIS de las elecciones autonómicas canarias y madrileñas de 2019, en primer lugar, y en referencia a la autocategorización ideológica (Gráfico 1), se observa que los votantes de MM mantienen una clara tendencia a considerarse progresistas (35%), socialistas (19%) y feministas (17%). Por su parte, los votantes de NC se consideran mayoritariamente liberales (35%), ecologistas (17%) y socialistas (17%). Respecto a la media ideológica en una escala de 1 a 10 (Gráfico 2), donde 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, el votante de MM se ubica en una clara posición de izquierda (2.99 de media), mientras que el de NC se posiciona en el centro izquierda (4.95 de media).

Por lo que respecta a la identidad subjetiva, los dos partidos mantienen mayoritariamente electorados con identidades duales (tan de su Comunidad Autónoma como español). En el caso de NC representa el 52%, y el de MM el 73%. Es la formación canaria la que presenta mayor nivel de identidad dual asimétrica (más canario que español) y exclusiva (sólo canario), 12% y 20% respectivamente. MM concentra apoyos entre aquellos con identidad exclusiva española (16%).

El gráfico 4 refleja las preferencias de los electores de ambos partidos según el modelo de organización territorial del Estado. Así, los votantes de NC mantienen posiciones de statu quo (65%) frente al 19% que desea mayores cuotas de autonomía para Canarias. Por su parte, los votantes de MM son más diversos territorialmente, aunque tienden a posicionarse en el statu quo (44%), y en posiciones centralizadoras de menor autonomía que en la actualidad (19%) y sin autonomías (12%).

Las respectivas variables sociodemográficas (estudios, edad, renta, población y situación laboral), nos ofrecen algunas diferencias y similitudes entre las formaciones políticas. MM presenta mayores cuotas de electores con estudios superiores (60%), jóvenes (40 años de media), con niveles de renta media-alta (39% entre 1.200 y 2.400 euros/mes), urbanitas y con trabajo. Los nacionalistas canarios mantienen un perfil de votante con estudios medios (61%), con mayor edad (50 años de media), nivel de renta baja-media (70% se concentra entre los 600 a 1.200 euros/mes), más diverso territorialmente, con trabajo (61%), pero con un porcentaje considerable de jubilados (27%).

Entonces, pues, ¿tiene NC incentivos para una alianza electoral con MM? Debemos tener en cuenta que para que un partido de ámbito no estatal como NC pueda plantearse algún tipo de acuerdo con un partido de ámbito estatal, debe calibrar las ventajas e inconvenientes de la misma. Veamos algunas.

Como ventaja principal estaría la mejora de sus resultados electorales y la consecución de representación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, y al igual que en 2019, no parece que una alianza con MM asegure el diputado por Las Palmas y, ni mucho menos, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La marca estatal de MM, Más País, no ha hecho un trabajo de implantación municipal, insular y autonómica, y no sabemos hasta qué punto NC está rentabilizando lo suficiente su posición de poder en el Gobierno de Canarias para ser el empuje principal de esa hipotética alianza.

Como inconvenientes, a NC se le presentaría una contradicción ideológica en el eje nacionalista al entablar alianza con un partido que en su propia génesis tiene un competente considerable de nacionalismo español. El que siga la política canaria enseguida se dará cuenta que la dicotomía imaginaria que cruza todos los temas políticos en el archipiélago es Madrid/Canarias como forma de reivindicación utilitarista de fondos y recursos. Ligado a esto último, otro inconveniente es la pérdida de capacidad de chantaje que mantiene un partido político subestatal en las Cortes. Como ya le ocurriese a la propia NC en 2017 cuando votó a favor de los PGE de Mariano Rajoy a cambio de beneficios para las islas, la alianza con un partido estatal genera inconvenientes a la hora de ser independientes en las estrategias parlamentarias, posibilitando fricciones y rupturas. Además, el tan marcado nicho ideológico de la alianza (ubicada claramente en el espectro izquierda), distorsiona la acción de pivote de NC, tan importante para un partido que mantiene como principal tema la defensa de Canarias. El último inconveniente estriba en la problemática de ofrecer espacio electoral a un partido que compite en el mismo espacio que el tuyo, y el riesgo de producirse una OPA hostil escalonada. Con ello nos referimos a ofrecerle cohabitación de espacio electoral a una formación que no tiene presencia territorial en Canarias, pero sí capta capacidad mediática con un líder bien identificado. El riesgo de absorción o subalternidad está presente y no es cosa menor.

Así las cosas, todo apunta a que este tipo de alianza federal progresista no es el camino más rentable para una fuerza como NC. Sus electorados son diversos, y las variables de coordinación electoral caen a favor de las desventajas. No obstante, esto no es óbice para que NC camine en una dirección similar a la de MM, recogiendo temas posmaterialistas y radicales (en el buen sentido de la palabra), con mirada autocentrada y en consonancia a la ola verde que se vislumbra por Europa. En definitiva, afianzar su espacio en Canarias antes que Errejón se de un baño en Las Canteras.

Ayoze Corujo, Doctorando y Profesor-Tutor de Ciencia Política en la UNED.

Hassanias Arencibia, Politólogo y estudiante del Máster en Análisis Político y Electoral de la UC3M.

Desde hace dos años y de forma ininterrumpida el fenómeno migratorio ha copado toda la actualidad de Canarias junto a la pandemia. La oleada de inmigración ilegal por vía marítima a las costas del archipiélago superó en 2020 las 23.000 personas, cifra que supone un incremento del 756,8% con respecto a 2019 según los datos del Ministerio del Interior. Esta realidad ha tenido consecuencias políticas y sociales, reflejadas en el cuestionamiento a ministros como Escrivá y Marlaska; movilizaciones en contra de los albergues en diferentes localidades; o discursos de corte xenófobo por parte de actores políticos y empresariales. En paralelo, un contexto de parón económico que mantiene a la población canaria en una incertidumbre permanente y en un estrés social que hacen parecer a las islas un auténtico “polvorín” a punto de estallar. La sensación generalizada evoca descontrol, improvisación y pasividad a la hora de gestionar este fenómeno. No obstante, ¿es realmente esto lo que piensa la sociedad canaria? ¿Existen diferencias entre la percepción que se ha instalado y la opinión pública de las islas? ¿Este contexto social es comparable con la crisis de los cayucos de principios de milenio?

El Sociobarómetro de la Comunidad Autónoma de Canarias, elaborado por la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria (FESAD), entidad titular del Centro Asociado a la UNED, nos ofrece datos interesantes puesto que dedica un bloque a las actitudes de la opinión pública canaria ante el fenómeno de la inmigración irregular. Por otro lado, utilizando los datos del Informe “Actitud de los canarios ante la inmigración y la integración de los inmigrantes” publicado en el año 2007 por el Gobierno de Canarias, podemos comparar dos contextos aparentemente similares en lo que a conflicto migratorio se refiere, pero con escenarios de fondo distintos: una coyuntura económica favorable en 2007 y una desfavorable en la actualidad.

En primer lugar, la identificación de los principales problemas de Canarias en respuesta espontánea múltiple: en 2007 la inmigración ocupaba el primer puesto con el 54,9%, seguido del paro (18,8%). En la actualidad, el principal problema se

identifica en el paro con el 51,5%, seguido de la COVID-19 (37,5%). La inmigración ocupa el quinto puesto (18,8%).

Sobre la identificación del inmigrante se evidencia un cambio sustancial. Si en el 2007 se identificaba como inmigrante a los latinoamericanos (44,7%), seguidos de los “africanos en general” (28,4%) y magrebíes (22,9%); en 2021 son los marroquíes/argelinos los que ocupan el primer puesto (35,5%). Existe una tendencia decreciente a identificar a los latinoamericanos como inmigrantes (6,5%). Esto puede ser debido a que este colectivo ha conseguido una integración plena en la sociedad canaria, siendo percibidos como miembros iguales a la población oriunda.

El grado de simpatía hacia los inmigrantes por lugar de origen se mantiene prácticamente estable. Aumenta un punto porcentual con respecto a 2007 la simpatía a los europeos de la UE (7,3), los hindúes (6,2) y los asiáticos (6,3). Los magrebíes se mantienen como el colectivo de inmigrantes con menor simpatía para los canarios (4,4). Estos datos reflejan un cierto etnocentrismo europeo y una cercanía hacia los inmigrantes con rasgos culturales próximos. El recelo o la poca simpatía hacía los europeos del este y magrebíes puede venir dada por los estereotipos que se les identifican a algunas nacionalidades de estas zonas, relacionándolas con la delincuencia o prácticas culturales diferentes.

En la actualidad, la sociedad canaria rechaza de forma clara la afirmación que vincula aumento del número de inmigrantes y beneficio económico. Sólo el 23% está de acuerdo. En 2007 existía una mayor división, puesto que el 42,6% de las canarias y canarios estaban de acuerdo con que la inmigración era beneficioso para la actividad económica. Estos datos estarían evidenciando una percepción hacia el inmigrante como potencial “competidor” en un mercado laboral paralizado por la pandemia.

Otro factor que ha estado en boga por distintos actores y para distintos propósitos es el que vincula inmigración con delincuencia. Algunos episodios violentos se han vuelto virales por las redes sociales y han posibilitado una sensación de inseguridad y miedo entre la población canaria. Aunque los datos del Ministerio del Interior aseguran que no existe relación alguna entre aumento de inmigrantes y delincuencia, la percepción subjetiva de inseguridad de la opinión pública es de total acuerdo con la misma. No existen diferencias sustanciales entre los datos de 2007 y los actuales, superando en ambos casos el 70% en grado de acuerdo. Estas cifras nos estarían indicando una estabilidad subjetiva a la hora de relacionar inmigración y delincuencia independientemente del contexto económico.

Sobre la capacidad de carga de Canarias, los datos comparativos arrojan consideraciones paradójicas. En el año 2007 existía prácticamente unanimidad en el rechazo a admitir más población extranjera, superando el 84%. Hoy día esta afirmación refleja una cierta división pública al estar de acuerdo el 54,2% y en desacuerdo el 37,3%. Podemos intuir que esta división devenga de la polarización afectiva y política existente que actuaría de atajo informativo y refuerzo de las precondiciones y lealtades. Los mensajes ideológicos y partidistas podrían estar influyendo en la opinión pública, más si cabe en un contexto de división y rechazo al que piensa de forma diferente.

Otro mantra extendido es el que afirma que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los canarios y canarias. Según la comparativa, el grado de acuerdo ha bajado unos 8 puntos porcentuales (40,2%). En 2007, el 48,8% de la población canaria consideraba que los inmigrantes quitaban puestos de trabajo. Téngase en cuenta que aún no había estallado la crisis financiera y los índices de desempleo se mantenían estables (10,23% de paro registrado en el primer trimestre de 2007. En la actualidad se eleva a 32,26%). Volvemos a señalar el posible efecto de la polarización social como generador de este tipo de división en la opinión pública.

Tampoco parece que existan diferencias sustanciales en la percepción de rechazo al inmigrante. En los dos contextos, el índice de respuesta a considerar que ha aumentado el rechazo al inmigrante respecto al año anterior se sitúa en el 50%. En la actualidad sí se evidencia un incremento en la percepción “igual” (35%), debido a que aún en este año 2021 no se evidencian cambios significativos en la llegada de inmigración irregular con respecto al 2020. Por el contrario, en el año 2007 sí se podría considerar un año donde la crisis de los cayucos estaba aminorando después de un año 2006 con picos importantes de llegadas (31.245 personas llegaron irregularmente a Canarias).

Por último, la percepción que se mantiene sobre las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en Canarias y en España es de tolerantes (66%). En el 2007 esta opinión era suscrita por el 61%, frente al 13% que las consideraban correctas o el 10% como duras. Por tanto, mayoritariamente se sigue considerando a las leyes de extranjería como tolerantes o laxas y, por ende, esta percepción estaría relacionada con la demanda de mayor dureza y restricciones.

Así las cosas, en este artículo hemos querido ofrecer datos comparativos con el objetivo de analizar la realidad social de forma rigurosa y con perspectiva temporal. En estos últimos meses hemos asistido a infinidad de opiniones, actuaciones y reclamos, en muchos casos, en nombre de una supuesta aclamación popular que alentaba al rechazo al inmigrante. Sin embargo, los datos nos confirman que, en comparación con la anterior crisis migratoria acaecida en 2006, las actitudes ante el fenómeno migratorio poco han cambiado. Se sigue manteniendo opiniones extremas en determinados temas como la delincuencia y la sensación de inseguridad. Actitudes latentes y estables que parecen no estar relacionadas con el contexto de crisis económica y sanitaria. No obstante, nada nos dice que éstas no puedan seguir extremándose y ser canalizadas de forma de expresiones políticas o de violencia xenófoba.

Ayoze Corujo Hernández, Politólogo. Profesor-Tutor de Ciencia Política en la UNED.

Juan del Río Alonso, Sociólogo. Director Técnico del Sociobarómetro de Canarias y Profesor-Tutor en la UNED.

Estos datos reflejan que el sistema político estadounidense está altamente polarizado. Los electores mantienen divergencias considerables en cuestiones políticas, pero también en referencia a comportamientos sociales, hábitos, conductas, etc. Por tanto, no sólo estaríamos ante una situación de polarización ideológica, hasta cierto punto normal en las democracias liberales, sino ante una polarización afectiva, aquella que sobre pasa la esfera estrictamente política (la politics en términos anglosajones), para impregnar las relaciones sentimentales y las actitudes entre individuos. En un estudio poselectoral del reconocido Pew Research Center se evidenció que sólo el 2 por ciento de los votantes de Biden, y un porcentaje igualmente pequeño de los votantes de Trump, expresaban que los electores contrarios los entendían “muy bien”. Así, la combinación de una polarización ideológica con una polarización afectiva, tendría consecuencias en la percepción que se tiene sobre la democracia y, en consecuencia, de su posible conservación y/o degradación.

Cabría preguntarse, pues, si los acontecimientos acaecidos el 6 de enero tienen como origen una anteposición de las lealtades partidistas y afectivas a la conservación de la propia democracia. Es decir, ¿los votantes o simpatizantes de Trump serían capaces de socavar los principios democráticos para preservar sus propios intereses? Por los hechos vividos parecería que en una situación donde el líder alienta a las masas a la insurrección, éstas responderían a favor en una posición de “complicidad indispensable”. Como ha señalado en una investigación el profesor de ciencia política de la Universidad de Yale, Milan Svolik, “los votantes son reacios a castigar a los políticos por ignorar los principios democráticos cuando hacerlo requiere abandonar el partido o las políticas que les favorecen”.

Esta participación activa de los electores en la erosión de la democracia se expresa de diferentes maneras. Ya no es necesario una insurrección violenta para que el sistema quiebre, ni un asalto militar, sino que el mero apoyo electoral o dejación ante propuestas o ideas antidemocráticas es suficiente para ser adyuvante del cambio de régimen. Sin quererlo, los ciudadanos podemos estar un día aplaudiendo a nuestro líder por lo bien que se expresa ante el establishment, y mañana estar contando cuántos nos reunimos (pandemia a parte), qué escribimos y leemos, o qué profesamos.

Se da por sentado que está todo hecho, y que el sistema es un complejo armazón construido por élites que van en contra de los intereses del pueblo. Tampoco se busca comprender, informarse y contrastar, puesto que lo verdadero es todo aquello que salga de la boca del partido o político que “piensa y habla como nosotros”. Sin embargo, la idea se construye y se analiza antes y, posteriormente, es recogida por los ciudadanos que la hacen suya. El pueblo está siendo robado, ¡paren de contar! o gobierno ilegítimo, son expresiones e ideas que difícilmente podemos construir si no nos la proporcionan una fuente política de nuestra confianza. Además, si no estamos solos, sino que nos refuerzan miles que piensan de la misma forma, tendré la valentía para no callarme. No hay nada peor que una masa envalentonada con ideas preestablecidas que no atienden sino a lo que ya consideran como correcto. En un libro que ha pasado de puntillas pero que considero fundamental para comprender el populismo y las reacciones de las masas, Chantal Delson escribe: la particularidad perjudicial es la que consiste en tomar las opiniones propias como verdad única. En la ciudad, la particularidad más perjudicial es la que consiste en servir a sus propios deseos, en lugar de servir al interés general.

Alexis de Tocqueville analizó en su obra La democracia en América (año 1835) las causas que tienden a mantener una república democrática como la estadounidense. Entre ellas, destacó el término mores, es decir, los hábitos mentales que comparten todos los miembros de la comunidad. Para el francés, EE.UU. era el modelo idóneo de cultura cívica democrática, un pueblo con un espíritu moral que daban sentido al orden constitucional. Es decir, había una precondición para el establecimiento y mantenimiento del sistema, y no es otra que la puesta en común de unas condiciones sociales democráticas. En la actualidad, pareciera que el consenso social pre-democrático está siendo intoxicado por el virus del fanatismo y la irracionalidad. Si Tocqueville volviera a reescribir su obra lo haría, muy a su pesar, con lágrimas en los ojos.

Ayoze Corujo, Profesor-Tutor en Ciencia Política en la UNED

En el mismo momento que estaba teniendo lugar la insurrección sobre el Capitolio de los EE.UU. por parte de una turba trumpista, la encuestadora YouGov realizaba una encuesta a la población norteamericana. En ella se destacan varios datos a tener en cuenta y que explican, en parte, estos extravagantes acontecimientos. En primer lugar, el 62 por ciento de los votantes registrados cree que las acciones que estaban ocurriendo en el Capitolio representan un peligro para la democracia. Por identificación partidista, el 93 por ciento de los votantes del Partido Demócrata así lo consideran; el 55 por ciento de los que se catalogan como independientes; y el 27 por ciento de los republicanos (o lo que es lo mismo, el 68 por ciento de los republicanos consideran que no supone una amenaza para la democracia). Esta división se resalta en la descripción que ofrecen los mismos encuestados sobre los individuos asaltantes. Un 52 por ciento está de acuerdo en catalogarlos como extremistas; 49 por ciento como terroristas domésticos; y un 41 por ciento como criminales. Sin embargo, esto cambia dependiendo de los votantes, puesto que los republicanos los consideran como manifestantes (50 por ciento), o patriotas (30 por ciento). Sólo un 26 por ciento de los votantes pro-Trump los consideran extremistas. 

Estos datos reflejan que el sistema político estadounidense está altamente polarizado. Los electores mantienen divergencias considerables en cuestiones políticas, pero también en referencia a comportamientos sociales, hábitos, conductas, etc. Por tanto, no sólo estaríamos ante una situación de polarización ideológica, hasta cierto punto normal en las democracias liberales, sino ante una polarización afectiva, aquella que sobre pasa la esfera estrictamente política (la politics en términos anglosajones), para impregnar las relaciones sentimentales y las actitudes entre individuos. En un estudio poselectoral del reconocido Pew Research Center se evidenció que sólo el 2 por ciento de los votantes de Biden, y un porcentaje igualmente pequeño de los votantes de Trump, expresaban que los electores contrarios los entendían “muy bien”. Así, la combinación de una polarización ideológica con una polarización afectiva, tendría consecuencias en la percepción que se tiene sobre la democracia y, en consecuencia, de su posible conservación y/o degradación. 

Cabría preguntarse, pues, si los acontecimientos acaecidos el 6 de enero tienen como origen una anteposición de las lealtades partidistas y afectivas a la conservación de la propia democracia. Es decir, ¿los votantes o simpatizantes de Trump serían capaces de socavar los principios democráticos para preservar sus propios intereses? Por los hechos vividos parecería que en una situación donde el líder alienta a las masas a la insurrección, éstas responderían a favor en una posición de “complicidad indispensable”. Como ha señalado en una investigación el profesor de ciencia política de la Universidad de Yale, Milan Svolik, “los votantes son reacios a castigar a los políticos por ignorar los principios democráticos cuando hacerlo requiere abandonar el partido o las políticas que les favorecen”. 

Esta participación activa de los electores en la erosión de la democracia se expresa de diferentes maneras. Ya no es necesario una insurrección violenta para que el sistema quiebre, ni un asalto militar, sino que el mero apoyo electoral o dejación ante propuestas o ideas antidemocráticas es suficiente para ser adyuvante del cambio de régimen. Sin quererlo, los ciudadanos podemos estar un día aplaudiendo a nuestro líder por lo bien que se expresa ante el establishment, y mañana estar contando cuántos nos reunimos (pandemia a parte), qué escribimos y leemos, o qué profesamos. 

Se da por sentado que está todo hecho, y que el sistema es un complejo armazón construido por élites que van en contra de los intereses del pueblo. Tampoco se busca comprender, informarse y contrastar, puesto que lo verdadero es todo aquello que salga de la boca del partido o político que “piensa y habla como nosotros”. Sin embargo, la idea se construye y se analiza antes y, posteriormente, es recogida por los ciudadanos que la hacen suya. El pueblo está siendo robado, ¡paren de contar! o gobierno ilegítimo, son expresiones e ideas que difícilmente podemos construir si no nos la proporcionan una fuente política de nuestra confianza. Además, si no estamos solos, sino que nos refuerzan miles que piensan de la misma forma, tendré la valentía para no callarme. No hay nada peor que una masa envalentonada con ideas preestablecidas que no atienden sino a lo que ya consideran como correcto. En un libro que ha pasado de puntillas pero que considero fundamental para comprender el populismo y las reacciones de las masas, Chantal Delson escribe: la particularidad perjudicial es la que consiste en tomar las opiniones propias como verdad única. En la ciudad, la particularidad más perjudicial es la que consiste en servir a sus propios deseos, en lugar de servir al interés general. 

Alexis de Tocqueville analizó en su obra La democracia en América (año 1835) las causas que tienden a mantener una república democrática como la estadounidense. Entre ellas, destacó el término mores, es decir, los hábitos mentales que comparten todos los miembros de la comunidad. Para el francés, EE.UU. era el modelo idóneo de cultura cívica democrática, un pueblo con un espíritu moral que daban sentido al orden constitucional. Es decir, había una precondición para el establecimiento y mantenimiento del sistema, y no es otra que la puesta en común de unas condiciones sociales democráticas. En la actualidad, pareciera que el consenso social pre-democrático está siendo intoxicado por el virus del fanatismo y la irracionalidad. Si Tocqueville volviera a reescribir su obra lo haría, muy a su pesar, con lágrimas en los ojos. 

En Canarias estamos enfrascados en el debate sobre la construcción o no de dos trenes en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Es un tema recurrente que entra en agenda cada cierto tiempo en consonancia a las posibles vías de financiación. La problemática de este hecho radica en el contexto actual de pandemia y crisis económica. Para los detractores, los trenes no son prioritarios en este momento; la cuantía, unos 3.800 millones, es desorbitada en comparación al impacto social; y el reparto no es equitativo, ya que la inversión se concentra al cien por cien en dos islas de ocho que componen el Archipiélago. En cambio, para los defensores, los trenes suponen una oportunidad para obtener fondos de la UE destinados específicamente a proyectos de transporte sostenible; mitiga el problema de movilidad en las islas capitalinas donde se concentra el 80% de la población de la Comunidad Autónoma; genera un estímulo en la economía; y abriría una ventana de oportunidad para un cambio en los hábitos de la ciudadanía.  

El Gobierno de Canarias tiene sobre la mesa un dilema que tiene que resolver. Por un lado, cobra sentido que en un contexto de salud pública la prioridad de la sociedad no sea la construcción de trenes o infraestructuras similares, sino la gestión de la sanidad y la inversión en servicios esenciales. Pero, por otro, la obtención de esos fondos finalistas pasa por proponer un proyecto potente que se enmarque dentro de las exigencias de Europa, y que sirva para, dentro de lo posible, resolver problemáticas internas y abrir paso a la transición ecológica. 

Mi formación académica y profesional no me permite valorar si los trenes son o no la panacea. En cierta medida, lo que sí puedo valorar son algunas variables que el ejecutivo canario puede tener sobre la mesa. Primero, obtener los fondos; segundo, que éstos se destinen a políticas públicas de largo recorrido; tercero, que resuelvan problemas y exigencias internas; y cuarto, que no entren en contradicción con intereses sociales, económicos y políticos establecidos. 

El cambio de modelo energético, de movilidad y de comportamiento es irreversible. El paradigma del Green New Deal viene para quedarse, y en algún momento la sociedad en su conjunto estará obligada a transformar su comportamiento. Los gobiernos de todo signo ideológico son conscientes de que la UE está siendo muy exigente con la transformación energética y la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Según los datos, más del 75% de los Fondos que emanarán de Europa en los próximos años estarán dirigidos directa o indirectamente con el cambio de paradigma y la Agenda 2030. Esto obliga a los decisores públicos a calibrar con cierto tacto los proyectos que empujan a la sociedad a salir del statu quo, puesto que un cambio brusco posiblemente generaría una reacción adversa. 

Por poner un ejemplo, desde hace varios meses dirijo una investigación sobre percepción y actitud ante el Cambio Climático en la población de la isla de Gran Canaria, de próxima publicación. Sin querer avanzar titulares, se puede extraer que en general la población reconoce que el Cambio Climático y sus consecuencias son una realidad, pero, paradójicamente, no son propensos a involucrarse en sus hábitos y conductas, además de mantener una cierta animadversión a políticas fiscales que se dirijan a este fin. Entonces, pues, ¿qué hacer? Los gobiernos suelen utilizar un gap entre lo generalmente aceptado por la sociedad, y el bien común, o lo que es lo mismo, áreas de penumbra entre el espacio de la calle (público-político) y el espacio público-institucional. En ese espacio entran decisiones, que si bien no están en las preferencias o problemáticas de la sociedad, no entran en contradicción con las mismas. 

¿Cuál sería el dilema que se le presenta al Gobierno canario si no busca políticas puente? Pues que estaría obligado a abrir un debate sustancial que chocaría directamente con la cuarta variable expuesta anteriormente: los intereses sociales, económicos y políticos establecidos. Reducir los trenes a una mera infraestructura faraónica y despilfarradora de dinero público es seguir obviando la mayor: el cambio gradual hacia un modelo más sostenible. Porque, si no, piensen, ¿qué gobierno legislaría a favor de la restricción al uso del coche? ¿qué gobierno presentaría un proyecto de cuatro o seis carriles más para agilizar la movilidad? ¿qué gobierno entraría a cuestionar el negocio de los rent a car que cada año aumenta el parque automovilístico de las islas en compra de coches nuevos y de compra-venta entre particulares? ¿qué gobierno, en las circunstancias actuales, propulsaría una fiscalidad verde? 

Insisto, no seré yo quien presente una conclusión sobre la idoneidad de los ferrocarriles. Vivo en una isla no capitalina y seguramente utilizaré esos trenes en contadas ocasiones. Al igual que cojo la guagua en mi isla de residencia. Es cuestión de cambio de mentalidad y emprendeduria gubernamental. No obstante, el dilema seguirá vivo y, muy probablemente, se resuelva de la forma menos mala. 

La gran mayoría muestra su insatisfacción con el sistema, su poca confianza en el gobierno e, incluso, no consideran al país una democracia

La fulgurante aparición del chavismo en la contienda electoral en el año 1998 supuso un elemento de polarización para la sociedad venezolana. Chávez planteó un modelo en el que se mostraba como solucionador definitivo a todos los males existentes tras la degradación progresiva de la democracia en Venezuela. En esa estrategia, los diferentes grupos opositores se sumaron a ese esquema de confrontación y plantearon un escenario de cordón sanitario que no funcionaría. 

Los primeros damnificados de esta nueva división fueron los partidos de izquierda, el Movimiento Al Socialismo y La Causa R se dividieron entre partidarios y contrarios a Chávez. Los segundos que experimentaron la división fueron los propios venezolanos. A principios del milenio ya no era extraño que a la gente en Venezuela se le definiera por su inclinación política. “Este es chavista” o “este es un escuálido” no eran expresiones ajenas al día a día de los venezolanos. La creciente dinámica de polarización propiciada por el chavismo en el gobierno (los que estaban contra Chávez, estaban contra la patria) y acelerada por una oposición que no tendió puentes ni entendió a los sectores que votaban al chavismo hasta bien entrada la década, tuvieron sus expresiones más duras en la creación de una institucionalidad a imagen y semejanza del chavismo o en el apoyo de un sector de la oposición al golpe de estado de 2002. También y no por ello menos importante en el diseño de un Estado que reparte sus recursos en función de la pertenencia política.

Dos todos y muchas partes

La creación de estos dos bloques confrontados elimina una realidad manifiesta: Venezuela es más heterogénea y sus agrupaciones políticas también. El chavismo no nace como un bloque monolítico, es diverso, y se apoya en los militares bolivarianos levantiscos del año 1992, en un grupo de independientes de toda ideología que fueron abandonando paulatinamente el barco chavista y en una multitud de grupos de izquierda revolucionaria que se encontraban orbitando alrededor del sistema democrático previo.

Más allá de las múltiples deserciones que se producen de manera escalonada, el chavismo intenta dirigir internamente a todas sus facciones a través de la creación de un partido único, el PSUV, en el año 2007, generando intimidación y guerras internas en algunos de los partidos que más reticencias ponen y solo permitiendo la supervivencia de las siglas más históricas como las del Partido Comunista.

En el otro polo, la oposición cumple con el paradigma de la mayor parte de aquellos partidos que utilizan el término “Unión” en sus siglas y que, paradójicamente, carecen de la misma. La Coordinadora Democrática, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) o el Frente Amplio han sido varios de sus proyectos. Las diferencias entre estos grupos son notables y cada uno de ellos tiene una ideología diferente. Los cuatro partidos principales son: el eterno Acción Democrática (centro-izquierda), Primero Justicia (centro-derecha), Un Nuevo Tiempo (centro-izquierda) y Voluntad Popular (centro), el partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López, surgido al calor de las protestas estudiantiles. A éstos se suman un sinfín de pequeños partidos que van de la izquierda de inspiración obrera a la derecha conservadora y donde destacan los personalismos de Henri Falcón (chavista reconvertido) y María Corina Machado, una voz autónoma que sobresale como líder desde la derecha.

El madurismo y la tensión disruptiva

La llegada del tándem Maduro-Cabello al poder en 2013 ha acelerado dos cuestiones: las divisiones internas y la polarización. Todo ello debido a la necesidad de supervivencia del chavismo dificultada por el empeoramiento de las condiciones económicas. Por el lado chavista se han desmarcado de la gestión de Maduro algunos miembros y ex ministros que buscan liderar el movimiento y que se oponen a la gestión económica del presidente. Pero estas divisiones son mayormente individuales.

Desde la oposición, no es que la división haya aparecido, es que nunca se fue, solamente se oculta tras diversas expresiones de euforia como la del nombramiento como presidente interino de Juan Guaidó. Las tendencias hacia un lado u otro de personajes como María Corina Machado, perteneciente a la línea dura, dificultan la proyección de una estrategia unitaria y obstruyen la tarea de personajes que se sitúan en una perspectiva más moderada como Capriles Radonski o el propio Guaidó. Ello facilita a su vez la estrategia de Maduro y Cabello para mantenerse en el poder, que pasa por minimizar la división en su entorno a través del control férreo y acelerar las contradicciones que afloran en la oposición. Mientras esta situación se produce, la polarización en la sociedad venezolana no deja de aumentar. Lo evidencian los datos recogidos por el Latino Barómetro de 2017, y que a continuación nos proponemos a analizar.

El Gráfico 1 muestra el grado de satisfacción con la democracia de los venezolanos. Así, se evidencia que es a partir del año 2013, justo el mismo año en que fallece Chávez, cuando sube exponencialmente las opiniones “nada satisfecho”, aumentando del 22 por ciento de 2013 al 49 por ciento de 2017. Se podría considerar que la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia provocó un masivo descontento con el funcionamiento de la democracia, en parte gracias a la continuidad del proyecto político de Chávez, pero sin el elemento aglutinador de su figura. Como bien expresa Mariana González Trejo, “sin Chávez, el bloque del ”pueblo“ comienza a perder la homogeneidad brindada por el líder. En el espacio chavista surgen otras opciones: chavistas que no respaldan a Maduro” (Geografía del Populismo, Tecnos, 2017).

Gráfico 1. Satisfacción con la democracia en Venezuela (2011-2017).

Fuente: Latinobarómetro.

El aumento de la división y de la desconfianza con el gobierno de Maduro se refleja en el Gráfico 2. Este muestra el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en función del apoyo al gobierno o a la oposición. En mayor medida, los que están en contra del gobierno se muestran “no muy satisfechos” (14,2 por ciento) y “nada satisfechos” (81,4 por ciento). En cambio, los que se inclinan a favor del gobierno mantienen opiniones dispares. Si bien existe un 16,9 por ciento y un 20,4 por ciento que se sienten “muy” y “más bien satisfechos”, hay un 23,8 por ciento que se consideran “no muy satisfechos” y un 36,4 por ciento “nada satisfechos” con el funcionamiento de la democracia. Esto nos indica que la población a favor del gobierno no son “hooligans” que se posicionan pase lo que pase a favor de Maduro, sino que también mantienen opiniones críticas hacia su gestión.

Gráfico 2. Satisfacción con la democracia en Venezuela y apoyo al gobierno y oposición.

Fuente: Latinobarómetro (2017)

Por su parte, el Gráfico 3 añade mayor información sobre la opinión que tiene la población hacia su democracia en función, nuevamente, de apoyar al gobierno o a la oposición. Queda patente que los sectores no oficialistas se decantan por considerar que Venezuela “no es una democracia” (62,8 por ciento) o es “una democracia con grandes problemas” (31,1 por ciento). Por parte del sector oficialista las opiniones siguen siendo dispares. Sólo un 14,5 por ciento de los que apoyan al gobierno se decantan por considerar a su país como “una democracia plena”, decantándose por considerarla “una democracia con pequeños problemas” (28,7 por ciento) y “una democracia con grandes problemas” (29,1 por ciento).

Gráfico 3. Definición de la democracia en Venezuela y apoyo al gobierno y oposición.

Fuente: Latinobarómetro (2017)

Finalmente, el Gráfico 4 muestra cómo la desconfianza hacia el sistema político venezolano se sustenta en una creencia a que el país está gobernado por “grupos poderosos en su propio beneficio”. Tanto los que apoyan al gobierno (51,6 por ciento) como los que apoyan a la oposición (96,5 por ciento) lo creen así. Por contra, un 43,1 por ciento de los oficialistas consideran que se gobierna “para el bien de todo el pueblo”.

Gráfico 4. Opinión sobre quién gobierna en Venezuela y apoyo al gobierno y oposición.

Fuente: Latinobarómetro (2017)

En definitiva, lo que se desprende de los datos analizados es que la polarización del país, más que una novedad traída por el madurismo, es una constante que prevalece desde los primeros años del chavismo en el poder. Pero lo que resulta más interesante son las divergencias en el nivel de cohesión de las diferentes partes de la población venezolana. El oficialismo se muestra mucho más diverso y heterogéneo, lo que nos señala un soporte que no asume en su totalidad el discurso madurista y revela un apoyo más débil. En la otra vertiente, los favorables a la oposición se muestran compactos y unificados a la hora de expresar su desencanto con la situación que presenta el país. La gran mayoría muestra su insatisfacción con el sistema, su poca confianza en el gobierno e, incluso, no consideran al país una democracia. Los resultados contrastan con la división interna que ha caracterizado a muchas etapas de la vida de las diferentes coaliciones opositoras. Esto no se debe tanto a disparidades en la percepción de quién es el culpable de la situación y cuál es la solución a sus problemas, sino más bien a la estrategia para lograr este fin último.

El conflicto catalán no puede ser entendido de forma dicotómica, entre una masa a favor de la ruptura y otra en contra de la misma.

Existen tres sensibilidades en el conflicto catalán: los secesionistas acérrimos, los no independentistas o unionistas, y los que no queriendo una ruptura con España, sí consideran que existe un nivel de autonomía insuficiente.

Es necesario pensar en una vía intermedia para atraer a los “federalistas” catalanes hacia posiciones de “cambio moderado” más allá de la dicotomía ruptura-inmovilismo.

Hace unos meses, Lluis Orriols señalaba en este blog que el problema catalán podría solucionarse a través de un nuevo encaje de Catalunya en España. A su entender, existe un cuerpo considerable de electores que está a favor de una Catalunya que continúe perteneciendo al estado español pero que, sin embargo, opta por hacerlo dentro de un encaje federal. Estos votantes, conscientes del inmovilismo reformista estatal, siempre a favor de mantener el statu quo, se habrían posicionado en torno a las premisas independentistas, al no ver viable una salida intermedia.

Asimismo, y también en este blog, Santiago Pérez-Nievas y José Rama, han señalado recientemente que los catalanes que retienen algún tipo de identificación con España, muestran, sobre todo en las últimas etapas del procés, una inclinación hacia fórmulas de organización territorial que se alejan del compromiso con España como, por ejemplo, la independencia total de la región. Lo paradójico de este hecho es que éstos son ciudadanos que no procesan una identificación exclusiva con la región catalana, sino que poseen identidades híbridas o duales.

Parecería, pues, que el conflicto catalán no puede ser entendido de forma dicotómica, entre una masa a favor de la ruptura y otra en contra de la misma. Como ha señalado en una entrevista Josep María Vallés, existiría alrededor de un 35 por ciento del electorado que no se ubicaría en posiciones extremas, sino que estaría a favor de una mayor autonomía sin necesidad de romper con el Estado. Del mismo modo, tampoco sería idóneo considerar que la movilización independentista está insuflada de un carácter identitario o cultural, puesto que existe una amalgama de sentires (muy diversos) que hacen inclinar la balanza a favor de la misma. Valorar que con una Catalunya independiente el nivel económico y de bienestar aumentará, o creer que con mayores cuotas de autogobierno se tendrá un mayor margen para elaborar políticas a favor del ciudadano catalán, pueden ser variables instrumentales suficientes para optar por posiciones de ruptura.

El Gráfico 1, con datos del barómetro del Centre d´ Estudis d´ Opinió de la Generalitat de Catalunya de octubre de 2017, muestra las valoraciones de los encuestados sobre el grado de autonomía catalana, en función de su sentimiento (a favor o en contra) independentista. Así, aquellos que consideran insuficiente la autonomía catalana son, en un 85 por ciento pro independentistas. Mientras que, por su contra, los que señalan que Catalunya tiene demasiada autonomía, están en un 92 por ciento en contra de la independencia. No obstante, lo relevante de este gráfico es la constatación de que hay un electorado que, si bien no apoya el proceso de ruptura, sí alegan un nivel insuficiente de autonomía (un 25 por ciento). Se podría considerar que, previsiblemente, este electorado mantiene preferencias por nuevas relaciones entre España y Catalunya, siendo susceptibles a cambios en su posición de negación hacia la independencia si consideran que sus preferencias no son atendidas.

Por su parte, el Gráfico 2 apoyaría la tesis según la cual los electores con identidades no excluyentes estarían también a favor de la independencia. Así, aproximadamente un 15 por ciento de los que se consideran tan españoles como catalanes, están a favor de una Catalunya independiente. Por otro lado, existe una amplia mayoría a favor de la independencia entre los que se identifican como más catalanes que españoles (un 80 por ciento). Aunque se podría considerar que este último dato era fácil de anticipar, lo cierto es que resulta relevante que sean ciudadanos con algún tipo de identificación con España, es decir, que no excluyan al Estado en su identidad subjetiva.

Finalmente, el Gráfico 3 muestra como un 35 por ciento de aquellos que están a favor de que Catalunya sea un estado dentro de una España federal son, a su vez, independentistas. Es decir, existe un electorado que si bien posee preferencias por nuevas formas de encaje entre Catalunya y España, actualmente se decantan por la independencia.

Con todo, parecería que, al menos, existen tres sensibilidades en el conflicto catalán. Por una parte estarían los secesionistas acérrimos, aquellos que tienen una identidad exclusiva catalana y que consideran que Catalunya posee un nivel de autonomía insuficiente. Por otro estarían los no independentistas o unionistas, que valoran que existe demasiada autonomía y cuya identidad es dual o exclusivamente española. Y, finalmente estarían los que no queriendo una ruptura con España, sí consideran que existe un nivel de autonomía insuficiente. Estos desearían nuevas formas de relación entre el Estado y Catalunya, y al no ser atendidas, se decantarían por la independencia. Este último grupo de votantes es verdaderamente interesante, ya que pone de relieve que la polarización entre dos bloques no nos está dejando ver que existen vías intermedias que no necesariamente pasan por una ruptura radical o el statu quo.

Pese a todo, el camino no es sencillo. Los problemas que emanan de las reivindicaciones secesionistas, en el fondo, no tratan de aspectos primordialistas sino, más bien, de reivindicaciones que tienen como matriz el hartazgo hacia el sistema establecido. Pero las soluciones a estos problemas son tremendamente complejas. Por un lado, y como señaló en su día Juan J. Linz, cualquier camino que pase por el empoderamiento de los territorios minoritarios será criticado por la mayoría del Estado alegando ser ciudadanos de segunda. Y, por otro, cualquier vía que se abra para transferir más competencias al Estado en post de las Comunidades Autónomas, será percibida por éstas como un ataque a su autogobierno. Las sensibilidades territoriales existen y siempre serán objeto de conflicto si no se buscan soluciones de consenso.

De ahí que surja la necesidad de una vía intermedia para atraer a los “federalistas” catalanes hacia posiciones de “cambio moderado”, ofreciéndoles alternativas más allá de la dicotomía ruptura-inmovilismo. Como ha señalado Lluís Bassets, los federalistas tendrían la capacidad de incluir a las partes extremas en la idea de que se puede tejer una Catalunya con mayor autogobierno dentro del marco constitucional español.

La “piedra filosofal” del conflicto podría ser esa tercera Catalunya, que desea mayores niveles de autonomía pero que, no existiendo alternativa, mira hacia la independencia. Sólo ella puede enarbolar la “amicabilis compositio lites”, la mejor forma de parar este tsunami.