La reticencia al cambio es humanamente comprensible. Modificar lo que se tiene, aquello que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, implica esfuerzos individuales y colectivos que, de entrada, cuesta asumir. Y también es natural que los cambios que afectan a instituciones centrales para nuestro modo de vida sean objeto de un escrutinio especialmente intenso.

Por esas dos razones, vaya por delante que, como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comprendo que la reforma del Poder Judicial diseñada en el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal pueda generar recelos, más subjetivos que fundados, en jueces, magistrados y fiscales.

El Poder Judicial es un pilar fundamental de nuestro Estado democrático y de Derecho y, por eso mismo, no podemos obviar las reformas que son imprescindibles para adaptarlo a las necesidades sociales actuales. El inmovilismo no es una opción porque es el camino seguro hacia la cronificación de los problemas que afectan a la Justica desde siempre.

Con esa voluntad, el proyecto de Ley Orgánica que se encuentra en tramitación parlamentaria implica reformas estructurales del Poder Judicial pendientes desde hace décadas. Por ejemplo, el modelo de acceso por oposición a las Carreras Judicial y Fiscal proviene de una regulación de finales del s. XIX, la última gran reforma de la Carrera Judicial se hizo hace 40 años y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no ha tenido una reforma integral desde su aprobación en 1981.

La España de hoy, sin embargo, no es la del s. XIX ni la de la Transición, tampoco lo son nuestras necesidades sociales actuales y, por tanto, el Poder Judicial debe reformarse para poder hacerse cargo de la España del s. XXI. Reformar para avanzar, avanzar para servir a la ciudadanía.

Algo que configura de manera trascendental a las Carreras Judicial y Fiscal es el modelo de acceso a las mismas. En este sentido, resulta fundamental mantener el sistema de oposición como mecanismo principal, que no único, que garantiza los criterios de mérito y capacidad.

Sin embargo, este modelo no puede ser incompatible con configurar una oposición que evalúe realmente las competencias imprescindibles para el buen desempeño hoy de la labor de juez o fiscal: la aplicación del Derecho a casos concretos y la expresión escrita. Por eso se propone que una de las pruebas evaluables pase a tener la forma de dictamen escrito que, por lo demás, se corregirá de manera anonimizada.

Y, por supuesto, el Gobierno está comprometido no solo con la igualdad formal en el acceso al Poder Judicial, sino también con la igualdad material. Por ello, el Proyecto de Ley Orgánica blinda legalmente las Becas SERÉ previstas para los opositores a las Carreras Judicial y Fiscal y a los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de Abogados del Estado, con una cuantía individual que no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional y con un período de disfrute de hasta 4 años.

Porque un Estado moderno es el que hace que sus servidores públicos sean aquellos que tienen el mejor expediente y las ganas de aportar a lo común, provengan de la familia que provengan y nazcan en el código postal que nazcan. Estoy seguro de que esta política pública de becas hará bien a la Justicia y por extensión, a nuestro país.

Otro de los pilares de esta reforma es la ampliación del número de integrantes de las Carreras Judicial y Fiscal. Y esta ampliación es integral, pues hace convivir un incremento de las plazas convocadas en las oposiciones anuales con un proceso extraordinario de estabilización de los jueces, magistrados y fiscales sustitutos. En cuanto a ampliar la Carrera, la nueva Ley, mediante enmiendas, permitirá convocar cada año, durante los próximos tres, 480 plazas de jueces y fiscales (360 por oposición a través del turno libre y 120 por concurso-oposición por el cuarto turno), lo que hará que en 2027 España habrá incorporado casi 1.500 nuevos efectivos a ambas Carreras.

Por otra parte, la Ley Orgánica cumple con los requerimientos de la Comisión Europea para acabar con la precariedad laboral en la Administración de Justicia, previendo un único procedimiento de estabilización de juezas y fiscales sustitutas y magistradas suplentes (lo digo en femenino porque casi el 80% de este colectivo son mujeres), siguiendo un sistema de concurso-oposición que garantice los principios de mérito y capacidad, en los términos dictados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia un proceso extraordinario de cuarto turno para cumplir con la UE.

Podría destacar otros avances previstos en la propuesta de reforma que son motivos para acabar con las reticencias infundadas al cambio que mencionaba al inicio, como, por ejemplo, la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales que mejorarán la apariencia de imparcialidad o el nuevo sistema de ascensos automáticos aplicable a jueces y fiscales, que facilitará la promoción profesional y le dotará de certidumbre.

Como canta Bob Dylan en su canción 'The times they are a-changin': “¡Vengan, senadores, congresistas! Por favor, escuchen la llamada. No se queden en la puerta, no bloqueen el pasillo. Porque quien saldrá perjudicado será aquel que se haya quedado parado”. Los tiempos cambian, también para la Justicia, y eso requiere de reformas valientes, que hoy son discutidas y que en unos años serán un gran consenso de la democracia española. La reforma necesaria para convertir nuestra Justicia en un servicio público del s. XXI ya está en marcha y es imparable.

Hay decisiones clave que marcan el destino de todas las organizaciones políticas. En el Partido Popular esa decisión ha sido qué hacer con Vox, al que siempre vio como un competidor por su espacio más que como una amenaza a los valores democráticos, como sucede en toda Europa. Desde la recuperación de la democracia, el principal partido de la derecha había tenido distintos nombres (Alianza Popular, Coalición Popular, Partido Popular), pero un solo proyecto. Un conservadurismo muy marcado, pero más o menos homologable a los estándares europeos. En esta campaña estamos viendo un cambio muy relevante. El PP conserva su nombre, pero su proyecto ha mutado. En apenas cuatro años, el partido de Feijóo ha pasado a integrar la familia de los partidos de ultraderecha. Sobre el papel, puede pertenecer al Partido Popular Europeo, pero en la práctica tiene el proyecto, la estrategia y el lenguaje de los extremistas. 

Las ciencias sociales usan el concepto “pendiente resbaladiza” para referirse a un evento o situación que genera una reacción en cadena de efectos cada vez peores e irreversibles. El momento en el que, a mi juicio, el PP comenzó a descender por esa pendiente resbaladiza hasta acabar en el mundo ultra se sitúa en la última legislatura cuando se tiene que enfrentar a un problema: las políticas del Gobierno funcionan y son reconocidas entre la población. El empleo bate récords, España lidera el crecimiento en Europa y la sociedad consigue nuevos derechos, como la eutanasia o los permisos de paternidad y maternidad de 16 semanas.

Entonces, el PP decide que, como no puede atacar la gestión, lo mejor que puede hacer es cuestionar lo que une a la sociedad de la mano de una ultraderecha, Vox, por entonces incipiente. Una vez comenzó la pendiente, el descenso fue muy rápido y se pueden identificar cuatro fases:

Una vez inaugurada esa senda, todo vale para Feijóo, incluso cuestionar el voto por correo y, por tanto, sembrar dudas sobre nuestro sistema electoral. Una patraña de este calibre contra uno de los elementos más sólidos de nuestro sistema democrático solo debería dañar la credibilidad de quien la dice. Sin embargo, la ultraderecha se siente cómoda en el bulo, está convencida de que deteriorar las instituciones democráticas no les perjudica. En campaña, les ayuda cabalgar a lomos de la mentira. Y después, si pierden, podrán cuestionar el resultado e, incluso, justificar asaltos a parlamentos por energúmenos vestidos de bisonte.

Por lo tanto, el viaje del PP del conservadurismo a la ultraderecha ya ha concluido. Ha roto con el respeto al adversario, a las instituciones, al constitucionalismo y a la verdad.

Cuando hablamos de un partido de gobierno como es el PP, estos cambios no son inocuos. El rechazo a los consensos sociales y a la verdad tiene consecuencias muy graves si pasan de las mentiras de los debates al Boletín Oficial del Estado. En términos de derechos, imaginen lo que supone que las leyes sobre violencia de género las redacten y aprueben partidos que incluyen a maltratadores en sus grupos parlamentarios. O lo que implica que un negacionista del cambio climático o un antivacunas puedan decidir sobre los límites a las emisiones de CO2 o la gestión de la salud pública, donde nos jugamos decenas de miles de vidas cada año.

La mutación ultraderechista del PP ha hecho que haya más cosas en juego el 23 de julio que las que hay en otras ocasiones. Estas elecciones ya no solo van de izquierda o derecha. Ahora también va de bulos o datos, de charlatanería o ciencia, de chascarrillos o políticas públicas, de ofensas o respeto, de opacidad o transparencia. Estas elecciones también validamos si nos parece adecuado hacer política con la mentira. La democracia es el sistema de la palabra, por lo que la mentira solo sirve para embarrar el campo e impedir el juego limpio. 

Quienes defendemos una política limpia tenemos, por tanto, una enorme tarea por delante, pero la asumiremos con responsabilidad desde el Gobierno los próximos cuatro años: (1) defender la verdad, como hizo el presidente del Gobierno en el debate dando cifras reales y respetando a los ciudadanos; (2) poner en valor los consensos sociales y constitucionales, redoblando el esfuerzo para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad de expresión; (3) cumplir y hacer cumplir la Constitución y (4) seguir avanzando en derechos con propuestas realistas como la garantía de la hucha de las pensiones, la conciliación laboral y familiar o la construcción de vivienda pública como llevamos en nuestro programa y expuso Pedro Sánchez en el debate.

La pendiente resbaladiza por la que ha caído Feijóo, el camino de la mentira, los bulos y el rechazo de la ciencia no es el futuro que desea la mayoría razonable y sensata y estoy convencido de que así se reflejará en las urnas. La deriva ultra del PP no puede ser la deriva de España y por eso el PSOE ha asumido el compromiso de representar a quienes, al margen de su opción electoral en otras convocatorias, aspiran a defender los consensos constitucionales, el crecimiento, el empleo y los derechos y libertades.

Hablar de políticas de memoria es hablar del presente. Es hablar de identidad. Sin memoria no hay identidad individual ni colectiva. Y sin identidad colectiva no hay sociedad. Una sociedad no solo es la suma de sus miembros, sino que se articula a partir de la voluntad común de conocer lo que fuimos para entender lo que somos. De intercambiar vivencias y conocimientos para decidir juntos qué seremos en el futuro. Este Gobierno está convencido de la necesidad de situar las políticas de memoria en el contexto del avance de las culturas y prácticas de los derechos humanos a nivel global. La España del siglo XXI necesita una verdadera política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición. La memoria es un derecho. Un derecho de ciudadanía.

La Ley 52/2007 de Memoria Histórica sentó las bases para el desarrollo de políticas públicas dirigidas al reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Catorce años después de su aprobación, era preciso revisarla y actualizarla para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el 20 de julio en Consejo de Ministros da un impulso a la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. Al conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Tiene como objetivo el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia entre 1936 y 1978, a fin de promover tanto la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva como su reparación moral. Es la primera ley que condena y repudia de manera expresa el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura posterior. El texto declara el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos, la ilegitimidad de los tribunales de excepción y, como novedad, la nulidad de las sentencias y resoluciones dictadas por los órganos de represión franquista por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, o de orientación e identidad sexual.

Aliviar el dolor que todavía sienten miles de compatriotas que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, saber qué les sucedió y restaurar su honor es una obligación humana. En este sentido, es una ley sanadora, que atiende las demandas de los familiares, que situamos en el centro de la nueva Ley. Su lucha incansable y el firme compromiso de las asociaciones memorialistas lo merecen.

Consolidar las políticas públicas de memoria en un soporte de rango legal es una necesidad y un deber. El Gobierno lleva trabajando tres años en una ley que integra las dimensiones humana, política, legal y social de la memoria democrática. Es una necesidad, porque así lo requiere el nuevo contexto social y político, en el que han surgido elementos sobrevenidos, como las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, las leyes y disposiciones sobre memoria aprobadas por los gobiernos autonómicos, las nuevas aportaciones y demandas del movimiento memorialista respecto de los déficits en el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Ley 52/2007, y la aprobación de iniciativas parlamentarias que coinciden en esa necesidad de solventar las insuficiencias mediante la aprobación de una nueva Ley.

Es también un deber, porque preserva y mantiene viva la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura a través de los cuatro vértices de actuación del derecho humanitario internacional. En primer lugar, su derecho a la verdad, concretado en la asunción por el Estado del liderazgo en la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de un banco nacional de ADN, la protección de los documentos referidos a ese periodo y el derecho de acceso a los fondos y archivos. En segundo lugar, el principio de justicia, con novedades como la garantía del derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos o la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. En tercer lugar, el fomento de la reparación mediante la realización de una auditoría y un inventario sobre incautaciones, expolios y sanciones, y el impulso de las investigaciones sobre trabajos forzados. Por último, el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o persecución, con novedades como el establecimiento de un régimen sancionador.

Porque, sobre todo, es una Ley humanizadora, con un fuerte componente moral. Durante décadas, el olvido selectivo nos condujo por la senda de la desmemoria. Heredamos una memoria artificial, creada a partir de una interpretación parcial e interesada de los acontecimientos históricos. El relato de las víctimas fue eliminado, y ese recuerdo negado ha sido un injusto y pesado lastre para varias generaciones. Necesitamos llenar los vacíos. Reivindicar el sufrimiento silenciado. Conocer plenamente nuestra historia.

Por ello, esta ley no es el final del camino, sino la hoja de ruta que España necesita. Es una ley para el reconocimiento. Una ley para el reencuentro, que nos hace mejores como país.

La historia que nos precedió es el suelo que pisamos. Pero ha de ser un suelo firme. La recuperación de la memoria es un firme baluarte de las democracias modernas. Por eso, proponemos un ejercicio sereno y consciente: rescatarla, organizarla, comprenderla y divulgarla. Aprender de ella, no para reavivar conflictos ni crear otros nuevos, sino para actuar conforme a nuestra condición humana y de ciudadanía. Para sentar las bases de una convivencia futura en paz y en libertad.

La memoria democrática también actúa con firmeza frente a los planteamientos totalitarios y neofascistas, y fomenta el respeto por los derechos humanos y la justicia social. Por eso, el anteproyecto de Ley también tiene la voluntad de intervenir sobre aquellas construcciones culturales o ideológicas del presente que ignoran las injusticias del pasado. Sobre aquellas asociaciones o fundaciones que hacen apología del franquismo, enaltecen a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o incitan al odio o a la violencia contra ellas.

El texto remitido a las Cortes Generales ha sido el resultado de un proceso de amplia participación pública. Se han recibido numerosas contribuciones de instituciones, entidades y sociedad civil. Hemos trabajado con prudencia y vocación de escucha, pero también con determinación. Aspiramos a que, durante su tramitación parlamentaria, el texto se enriquezca con nuevas aportaciones y logre el máximo apoyo de los grupos políticos. Las fuerzas democráticas no han de tener problema en sumarse a una ley homologable a las vigentes en los países de nuestro entorno.

Quiero señalar, por último, el carácter profundamente pedagógico de la Ley. Es esencial actualizar los contenidos de memoria democrática en la enseñanza obligatoria, en los planes de formación del profesorado y en los procesos selectivos de la función pública. El aprendizaje democrático es la clave de bóveda de una sociedad más abierta, diversa y plural, cuyos ciudadanos sean capaces de seguir consolidando y ampliando derechos y libertades. Capaces de pensar, unidos, un futuro más justo y más libre. Aprendizaje democrático para que las nuevas generaciones puedan modelar su destino con el barro de la memoria de sus padres y sus abuelos, en el noble torno de los valores cívicos y éticos que hacen de España un gran país.

Esta legislatura pasará a la historia como un folio en blanco. Los estudiantes del futuro encontrarán en sus manuales el título “XII legislatura” y, a continuación, una página vacía y pensarán que se trata de un defecto de impresión. Pero no. El Gobierno observa y registra la realidad sin vocación alguna por intervenir en ella para, acaso, intentar mejorarla. No parece una inacción motivada por un liberalismo militante, sino, más bien, por la inexistencia de un proyecto político, siquiera ligeramente transformador. Tampoco parece que la inacción esté motivada por el abandono invencible a una grata pereza, sino por la creencia de que los problemas se irán solucionando, ellos solitos. Y si ellos solos no lo hacen, lo hará el mercado. La mano invisible. En el ínterin, los problemas se agravan y nada se hace para solucionarlos. La nada como proyecto político. La feria del nihilismo ovacionada por manos invisibles.

La anterior legislatura pasará a la historia porque un partido que nació para cambiar todo, acabó evitando el cambio y dio una segunda oportunidad a otro partido nacido para que nada cambiara nunca.

Son cosas de la etapa gaseosa de la política española en la que vivimos, cuya principal característica es la volatilidad. Lo que hoy es, mañana cambia o, directamente, es otra cosa. Sirva de ejemplo UPyD, aquella formación política que algunos de ustedes recordarán: unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 aparecía como la gran fuerza regeneradora del panorama político español y con unos notables pronósticos electorales en los sondeos. Celebradas las elecciones, UPyD se convirtió en fuerza extraparlamentaria en la práctica totalidad de las ciudades y comunidades autónomas y, poco después, desapareció. El magenta volvió a ser solo un color, el rojo oscuro que tira a morado.

Los partidos nuevos, seguramente por no tener experiencia de gobierno o tenerla muy escasa, tienen tendencia a ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. Es lo que se viene denominando populismo o demagogia, que adopta diversas formas, ideologías y colores según el país. Sin duda, esa estrategia les puede dar buenos réditos electorales; el problema surge cuando ese apoyo electoral les hace gobernar. En ese momento, dejan de ser el cambio prometido para ser el recambio aturullado.

En otra era de nuestra democracia, los más viejos del lugar, los que tengan los 25 ya cumplidos, recordarán que cuando un Gobierno no resolvía los problemas del país, la ciudadanía cambiaba de gobierno. En la actual era, todo es más confuso. Podría ocurrir que un humilde ciudadano quiera cambiar de gobierno, vote con ese fin a un partido diferente al del propio gobierno y su voto acabe sirviendo para apoyar o dar otra oportunidad al gobierno al que, en inicio, quiso cambiar. De hecho, ha ocurrido ya que quien manifiesta ser la garantía para regenerar las instituciones y evitar su latrocinio acabe apoyando o dando oportunidades de seguir gobernando a quienes conviven con la corrupción con total naturalidad.

Ante este panorama, ¿hay alternativa? ¿Existe alguna opción segura para cambiar el Gobierno, dignificar las instituciones y garantizar la aplicación de nuevas políticas? Si tuviéramos la osadía de responder que esa alternativa es el PSOE, una gran parte de los analistas políticos del país refutarían la hipótesis y nos recordarían, como argumento principal, la crisis de la socialdemocracia. Un clásico. Como la crisis del teatro que, pese a todo, se mantiene desde hace siglos. Como el PSOE que, pese a todo, ya ha transitado por tres siglos diferentes.

Es cierto que no corren los mejores años para el proyecto socialdemócrata europeo que, salvo honrosas excepciones, está lejos de alcanzar los resultados electorales que obtenía hace unos años. Las causas de este declive son varias y darían lugar a un estudio que excede, con mucho, el objeto de estas líneas. Dicho esto, la pregunta es: ¿esa crisis global de la socialdemocracia imposibilita que el PSOE sea la alternativa al PP? Si el PSOE no fuera alternativa, ¿lo podrían ser los partidos que, cualquiera que sea el color de su logo, proponen soluciones de parvulario a problemas de posgrado en una España tan compleja como la actual? Si tampoco estos partidos fueran una alternativa viable a la derecha, ¿debemos resignarnos a que el PP se suceda a sí mismo en el gobierno, con el paradójico apoyo, por acción u omisión, de quienes dijeron nacer para regenerar nuestro país?

La principal causa de la crisis de la socialdemocracia europea es su crisis de credibilidad. Los programas políticos de los partidos socialdemócratas no merecen crédito a la mayoría de la ciudadanía, que descree de su cumplimiento llegado el momento de gobernar. Suenan bien, seguramente son viables, pero, con carácter general, no se creen. Sensu contrario, en un país sociológicamente de centro izquierda como España (así lo atestigua el CIS de manera sostenida en el tiempo), un partido político socialdemócrata estaría en la mejor situación para ganar si mantiene un nivel aceptable de credibilidad para la ciudadanía.

Por tanto, ese es el reto del PSOE: ganar credibilidad. Y, con todas las dificultades, se le tendrá que conceder que está trabajando para conseguirlo. La acción de los gobiernos autonómicos y municipales que lidera el PSOE es, sin duda, más transformadora, diferenciada de las políticas insolidarias del PP y eficaz que la de otras coaliciones de partidos variados que llegaron a los principales Ayuntamientos de nuestro país para cambiarlo todo, pero que han sucumbido en el intento, enredados en su propia incompetencia para cambiar su ciudad y paralizados por sus discrepancias internas. Buen ejemplo de ello es la incapacidad del equipo de gobierno municipal de Madrid de consensuar un proyecto de presupuestos para la ciudad, transcurridos ya casi cuatro meses del año 2018.

Y donde el PSOE no gobierna, también trata de resultar útil y ganar crédito. La moción de censura presentada en la Comunidad de Madrid es un modelo de cómo tomar una decisión política por convicción y anteponiendo los intereses generales, con independencia de si el resultado político acaba beneficiando o perjudicando al partido.

En el ámbito organizativo interno, tampoco se le puede negar a Pedro Sánchez y a su dirección que están ganando crédito. El entonces candidato a la Secretaría General Sánchez prometió en su campaña reforzar el poder de decisión de la militancia. Ganó las primarias. Y cumplió su palabra. Ya está aprobado por el Comité Federal y en vigor un nuevo Reglamento que cambió el modelo de partido del PSOE. A diferencia de lo que opinan la práctica totalidad de analistas políticos, de los que lamento discrepar, gobernar un partido democrático y con poder real para la militancia es más complicado que hacerlo en un partido con unos militantes que solo pueden aspirar a ser meros espectadores. Y el nuevo Reglamento del PSOE ha empoderado a la militancia, que ahora elegirá directamente con su voto, sin intermediarios, no solo a los Secretarios Generales sino también a los delegados en los Congresos y a buena parte de los miembros del Comité Federal y de los participantes en las Conferencias. La militancia tendrá que ser obligatoriamente consultada en los acuerdos de gobierno que se alcancen en las distintas instituciones y se le reconoce el derecho de iniciativa política para que los órganos de dirección traten los temas propuestos. Los militantes también votarán y su opinión tendrá que ser tenida en cuenta para la elaboración de las listas electorales. Asimismo, el PSOE se ha abierto a la sociedad, permitiendo que sus candidatos electorales sean elegidos con su voto individual por personas que no sean militantes, pero compartan los valores socialistas; y, en esa línea, podrán elegir como cabezas de lista a independientes que podrán sumar su talento y compromiso al que ya tienen los militantes socialistas.

No cabe ninguna duda de que el PSOE es hoy una organización política más democrática, más participativa y más abierta a la sociedad. Al igual, que tampoco cabe duda de que este modelo de partido requiere más esfuerzo de diálogo y gestión a los Secretarios Generales porque la militancia suele ser más exigente y más difícil de complacer que los cuadros.

En definitiva, el PSOE está ganando credibilidad, lo que supone una buena noticia no solo para este partido sino para esa gran mayoría de la población española que desea un cambio de gobierno y nuevas políticas progresistas, viables y eficaces.