¿Se sometería el lector a la extirpación de una muela si fuera a ser realizada por un estudiante de odontología que no hubiera aprobado un par de asignaturas, lo que le habría impedido finalizar su carrera? ¿Contrataría a un estudiante de arquitectura para que le elaborara el proyecto de construcción de una casa, habiéndole quedado pendientes de aprobar un par de materias de la carrera? Si hubiera que buscar a un ingeniero de caminos para diseñar un puente, ¿se designaría al alumno que aparentemente tiene un título de tal ingeniería, pero que en realidad no ha completado todas las materias de la carrera? Es casi seguro que la respuesta en todos los casos sería: No.

Porque el problema de la concesión de un título a quien no ha cursado y, al menos, aprobado todas las enseñanzas que dicho título implica no es solo el desprestigio del político que se encuentra en esa situación ni tampoco es solo el desprestigio de la Universidad que emite el título. Además de eso supone un grave riesgo para la sociedad en su conjunto, que ha depositado en las universidades la facultad de considerar habilitados como profesionales (como odontólogos, arquitectos, ingenieros de caminos, etc.) a determinados alumnos que superan determinadas materias de conocimiento y ciertos exámenes, y que por lo tanto pueden ejercitar una ocupación que implica la responsabilidad de ejecutar correctamente ciertas tareas de considerable complejidad, que los demás ciudadanos no están en condiciones de acometer. Podría decirse que no vale lo mismo para un título de máster, pero no estoy de acuerdo con semejante opinión. Pues el beneficiado con un título de máster no solo dispone normalmente ya de un grado (que le habilita para el ejercicio de una profesión), sino que además se especializa en una determinada parcela de esa profesión, lo que le puede facilitar el acceso a puestos de trabajo con mayor nivel de responsabilidad y posiblemente también de mayor sueldo. Aparte de que el máster puede permitir el acceso al doctorado.

Es obvio que mi Universidad, la Rey Juan Carlos (URJC), ha fracasado en ese aspecto con el título expedido a Cristina Cifuentes. Lo único que queda por saber es quién es el responsable de tal fracaso.

Pero la verdad es que este fracaso en particular no me ha sorprendido. Creo que en la URJC se incurre en diversas corrupciones, como el conocido nepotismo, pero creo que ha sido menos señalado el sistema de reclutamiento de profesores, que es el más relevante ejemplo de corrupción en una Universidad pública. En efecto, una Universidad es ante todo buena o mala según la calidad de su profesorado, y no tanto por los medios materiales de que disponga. Las mejores Universidades norteamericanas, británicas o alemanas lo son ante todo porque cuentan con prestigiosos profesores, con premios nobel, etc. en su claustro. Si se quiere crear una buena Universidad es imprescindible reclutar a los mejores profesores, para que estos a su vez formen a otros buenos docentes e investigadores. En caso contrario, en caso de seleccionar al principio a mediocres o malos profesores, lo que ocurrirá es que estos van a buscar también a mediocres o malos profesores, para que no descubran los escasos conocimientos de su maestro y no le hagan sombra a este.

En la URJC el reclutamiento de profesores incurre a veces en supuestos de corrupción, que implica un mal uso del dinero público. Lo que voy a relatar a continuación son supuestos reales que yo he vivido, pero no puedo generalizar mi experiencia porque carezco de pruebas para ello.

La endogamia obedece tanto a razones económicas como a razones políticas. Por razones presupuestarias y por la tasa de reposición, que ha existido durante la crisis, las plazas están limitadas. Por lo tanto, si sale una plaza a concurso, a la Universidad le interesa que la obtenga el que ya está dentro, el de la “casa”, porque así el coste no es tan elevado, sino solo tiene que cubrir el plus que supone la plaza de rango superior nueva frente a la de rango inferior que el interesado disfrutaba hasta entonces. Para la Universidad es una catástrofe económica que no obtenga la plaza el de dentro, sino un concursante foráneo, ya que en tal caso tiene que pagar al de dentro con la cuantía habitual, más al de afuera que ha sacado la nueva plaza. Políticamente, a la URJC le interesa que el candidato de la casa resulte beneficiado con la plaza, porque será un estómago agradecido que votará al rector en las próximas elecciones; en tanto que, si sale perjudicado, puede ser un potencial votante que no esté a favor del rector; por parte del candidato foráneo, será una incógnita a favor de quién querrá votar en el futuro. 

Para conseguir el objetivo de que obtenga la plaza el candidato de la casa, existen diferentes métodos, no excluyentes entre sí, sino que se superponen unos con otros. El objetivo final es blindar la plaza de tal manera que se ahuyenten a otros competidores (sin importar ya su valía y su capacidad) y que el concurso lo realice en completa soledad el candidato de dentro.

Una vez que hay presupuesto para una plaza y la tasa de reposición lo permite, hay que solicitar que esa plaza salga a concurso con unas determinadas comisiones o tribunales para juzgar a los candidatos. La ley autoriza que la Universidad nombre a todos y cada uno de los miembros de esas Comisiones. Pero para que no quede ninguna duda, la URJC tolera que sea el propio interesado el que proponga en su departamento los nombres de los 10 miembros de las comisiones titular (5 miembros) y suplente (otros 5 miembros). Es como si el que fuera a litigar ante un tribunal pudiera elegir a los jueces que le van a juzgar su litigio: mayor parcialidad sería imposible. Antiguamente, cuando se discutía en el departamento algo sobre un miembro de este, la cortesía y la imparcialidad imponían que este se saliera fuera para que su presencia no coartara a los demás. Ahora eso está ampliamente superado: ya no se siente la necesidad de cuidar las formas. El interesado no solo está presente, sino que va a tomar buena nota del resultado de la votación, y si esta es a mano alzada, cogerá ojeriza al que no vote a su favor.

Una segunda peculiaridad de la Universidad Rey Juan Carlos es que no exige que los miembros de las comisiones o tribunales juzgadores de las plazas de profesores tengan la misma especialidad que la de la plaza que sale a concurso. Este sistema se instauró ya bajo el rectorado de González-Trevijano. Si la plaza es, por ejemplo, de Derecho Penal, se nombra como miembros de la Comisión juzgadora a Profesores de otras especialidades, como por ejemplo uno de Historia del Derecho, otro de Derecho Internacional Público y un tercero de Derecho Procesal, todos ellos amigos del candidato local, aparte de otros dos penalistas. Para la URJC basta y sobra con que sean juristas, sin más, aunque la Ley Orgánica de Universidades exige la “profesionalidad” de los integrantes de las comisiones juzgadoras. Lógicamente estos miembros de la comisión juzgadora no pueden evaluar la calidad de los candidatos, porque no tienen suficientes conocimientos para tal cometido, sino todo lo más la cantidad de los méritos incluidos en el currículum. Pero la Constitución exige que los funcionarios sean elegidos según sus méritos y capacidad. 

En caso de que el concursante foráneo sea recalcitrante o tenga mayor rango académico que el de la casa, se le hace llegar el mensaje a través de algún Vicerrector o mando intermedio de que mejor será que no se presente a las pruebas, porque va a quedar a los pies de los caballos al no obtener ni un solo voto. 

En los concursos para cubrir plazas de profesores en la URJC hay pocas sorpresas y van como la seda: normalmente solo hay un candidato, pertenece a la “casa” o si es de fuera al menos cuenta con las bendiciones de la casa, y nadie se atreve siquiera a firmar como candidato alternativo. Pues, ¿para qué crearse nuevos enemigos si el de fuera o el que no cuenta con las bendiciones de dentro sabe que no va a recibir los votos suficientes para salir elegido? 

Un tercer método para asegurar la corrupción es la ausencia de toda publicidad sobre la convocatoria de plazas. Existe una web de la URJC y un portal de transparencia, pero el que quiera buscar ahí las convocatorias de plazas de esta universidad, está muy equivocado: tiene que acudir a los tablones de anuncios, donde cuelgan las convocatorias de bastantes hojas. El tablón de anuncios del Personal Docente e Investigador (PDI) del mismo campus de Madrid o Vicálvaro está abierto, sin cristales, pero a cambio contiene la siguiente advertencia con letras bien grandes: “En beneficio de todos, no retiren documentación del tablón. Gracias”. Pues bien, ¿cómo se puede conseguir el formulario para presentarse como candidato a una plaza sin “retirar la documentación” y sin hacer al menos una fotocopia de dicho formulario, aunque se quiera ser civilizado y volver a pinchar o clavar la documentación nuevamente en el tablón? Por su parte, el tablón de anuncios del Personal de Administración y Servicios en el campus de Madrid o Vicálvaro ni siquiera lleva el rótulo de tal, por lo que el visitante se encontrará perdido, a no ser que pregunte a alguien de la casa; además este tablón está resguardado con cristales, con lo que si estos están cerrados (lo que suele ser frecuente), es imposible leer toda la información de una convocatoria de varias hojas y aún más imposible hacerse con el formulario para solicitar una plaza, que suele aparecer al final de tales convocatorias.

En realidad, la pregunta es retórica, ya que las plazas, si es que salen, ya tienen nombres y apellidos, por lo que más vale no perder el tiempo con actividades absurdas… Sin embargo, las leyes exigen que las convocatorias de plazas se publiquen en los diarios oficiales, BOE, Boletín de la Comunidad Autónoma de la que se trate, e incluso Boletín de la respectiva Universidad, con el fin de conseguir publicidad y fomentar la concurrencia de candidatos.

Otro requisito de las convocatorias de plazas es que las comisiones o tribunales expresen y publiquen antes de las pruebas los criterios con los que van a valorar a los candidatos. Aunque esta exigencia está justificada en la pura lógica y en una garantía de imparcialidad para los candidatos, lo cierto es que en los tablones de anuncios de la Universidad no se hacen públicos tales criterios de evaluación. Yo, por lo menos, no los he visto en los concursos de mi área de conocimiento, el Derecho penal.

Siento decir lo que viene a continuación, pero es la conclusión que lamentablemente he obtenido con mi experiencia personal después de estar vinculado desde 1992 al centro “Ramón Carande”, precedente de esta Universidad, y como catedrático de la misma desde 2001: A la URJC no siempre le interesa contar con los mejores profesores, sino que lo que a veces le interesa a la URJC es contar con los profesores menos combatientes y más serviciales con el poder establecido, con el statu quo. Si este método no se modifica, habrá que esperar muchos, muchos años para que la URJC salga en los rankings de las mejores universidades.