El 25 de marzo se ha publicado la Ley de regulación de la eutanasia, aprobada días antes en las Cortes. De esta manera, España se une al reducido grupo de países que no miran hacia otro lado, sino que se implican, ante una realidad dolorosa: la de personas que no desean arrastrar su vida por encima de un sufrimiento insoportable y que optan, libre y conscientemente, por poner fin a su existencia.

Leyes como esta pueden dar respuesta a historias desgarradoras en las que no hubo ayuda legal; así, la Diane Pretty, de 43 años, con esclerosis lateral amiotrófica, consciente, pero paralizada y con pronóstico de muerte cercana, que pedía a la Fiscalía del Reino Unido un compromiso de no persecución a su marido para que pudiese darle la sustancia letal; no lo consiguió. En España tenemos presentes a Ramón Sampedro o más recientemente, a María José Carrasco, que murió con el pentotal sódico que le dio su marido, después imputado por la muerte. Ninguno de estos casos se resolvieron de forma segura y con asistencia médica, lo que, probablemente, añadió más sufrimiento a los interesados y a su entorno, que se arriesga a una condena penal por ayudar. Son casos como estos, y muchos más anónimos, los que llevan a que el 85% de los españoles se manifieste a favor de la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido; además, por supuesto, de una determinada concepción de la dignidad como algo superior a cualquier derecho, al ser el sustrato que nos permite hacer efectivos esos otros derechos.

La eutanasia y el suicidio médicamente asistido están regulados en Luxemburgo, Bélgica y Holanda. En Canadá y 10 estados de Estados Unidos se contempla el suicidio asistido. Suiza prohíbe la eutanasia, por lo que el Estado no tiene la obligación de procurarla, pero permite la ayuda al suicidio por razones “no egoístas”. En la práctica, son dos las asociaciones (Exit y Dignitas) que acompañan a la persona en el proceso y le suministran la sustancia letal. En Colombia, la Corte Constitucional ha establecido que el Estado no puede oponerse a la decisión del que pide ayuda para morir y el Ministerio de Justicia ha apreciado en qué casos procede la eutanasia con implicación médica. En Italia, la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de castigar al que ayuda a otro a suicidarse en contextos eutanásicos, o sea, cuando hay consentimiento firme y enfermedad irreversible que causa gran sufrimiento físico o mental; además se insta al Parlamento a que regule estas situaciones.

Para entender el alcance de esta ley y neutralizar ciertas críticas infundadas que ha recibido conviene repasar algunas ideas.

Hay enfermos que se suicidan mientras están en condiciones de hacerlo, aun sin desear esa anticipación, para no arriesgarse a que llegue el momento en que ya no podrán y para no involucrar a nadie después.

La eutanasia que se regula es solo la consentida y solicitada, de forma expresa, seria, inequívoca y mantenida en el tiempo. Nadie puede atribuirse el derecho de acabar con la vida de otro si ese otro no lo quiere o si su consentimiento no es válido.

Por otro lado, debe rechazarse la idea de que el suicidio es siempre el resultado de una enfermedad mental; no es cierto y el suicidio puede ser la respuesta que elige un sujeto consciente y mentalmente capaz ante una situación de gran sufrimiento que compromete su dignidad.

Una de las críticas que se ha lanzado contra esta Ley es que lo procedente hubiese sido hacer accesible a todos los mejores cuidados paliativos. Estoy de acuerdo en que es imprescindible que cada paciente que sufre pueda disfrutar del más amplio apoyo en paliativos, de ahí, la necesidad de reforzar y extender unidades del dolor y otros recursos similares. Pero la cuestión no es elegir entre cuidados paliativos y eutanasia reglada, sino compatibilizar unos y otra, como se hace satisfactoriamente en Oregón o California, donde se ofrecen esos cuidados, sin excluir la entrega de la sustancia letal que puede administrarse el paciente, planteándose como opciones no excluyentes al final de la vida. Es claro que, en algunos casos, una buena atención con paliativos alejará la idea de solicitar la muerte, pero también es cierto que cada una de esas opciones tiene su propio ámbito de actuación, por lo que no debemos admitir una para rechazar la otra y hurtar la decisión al interesado.

Además, creo que es un error plantear la cuestión en los siguientes términos absolutos “me opongo a la Ley porque estoy a favor de la vida”. Este planteamiento es reduccionista. Vivir es un derecho y querer vivir en condiciones mínimas de no sufrimiento y máximas de dignidad es aspiración de todos. Pero vivir no puede ser una obligación que se impone a quien no lo desea. Hay que recordar que la Ley ni induce, ni obliga a querer la muerte; el Estado no dirá a nadie que se suicide porque se dan los requisitos de la Ley, ni administrará eutanasias no solicitadas. Esta Ley permite –insisto, no obliga- elegir la eutanasia o el suicidio asistido en situación muy concreta y estrictamente definida y convierte esa elección en un derecho de configuración legal, lo que supone que el Estado tiene la obligación de hacer real de forma activa ese derecho y no, simplemente, permitir la situación.

El sufrimiento -a diferencia del dolor causado por una enfermedad o por una desgracia- es una situación subjetiva que cada uno vive y percibe de manera distinta y que se va conformando dentro de nosotros a lo largo del tiempo; por eso en este tema no caben planteamientos absolutos y reduccionistas en términos de vida versus muerte. Uno de los elementos que definen la situación eutanásica es, precisamente, el sufrimiento, y no es igual para todos, incluso, ante la misma dolencia. Decía Buda que “el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional”; reglamentar la eutanasia y el suicidio asistido como derecho permite, en su ámbito de aplicación, la opción de no sufrir.

Y recordemos, esta ley permite elegir, pero no obliga a nadie a optar por su muerte.

Recientemente, el Ministerio de Universidades ha informado de la intención de derogar el Reglamento de Disciplina Académica de 1954. Aplaudimos la posibilidad de que este reducto del franquismo desaparezca; pero para conseguirlo no basta con derogar, es necesario sustituir por una Ley del Parlamento. Paso a contar la historia. En 2010 se aprobó, mediante Real Decreto, el Estatuto del Estudiante Universitario, que recogía el mandato constitucional de hacer real los derechos a la educación y a la participación estudiantil en la gestión universitaria. No se regulaba el régimen disciplinario de los estudiantes universitarios porque tal normativa requiere rango de Ley, no siendo suficiente un Decreto; por ello, se daba al Gobierno un plazo de un año para que presentase a las Cortes el correspondiente proyecto de Ley. Ese plazo venció el 1 de enero de 2011, pero el texto no llegó a las Cortes y no se le espera de forma inminente.

¿Cómo sancionamos entonces a los estudiantes universitarios? Lo hacemos –sorpréndanse- con el Reglamento de 1954: 66 años de vigencia, sobreviviendo 44 a la dictadura y a la ideología que lo gestaron; ignora el principio de proporcionalidad, es anacrónico –habla de los “escolares”– e incapaz de dar respuestas al plagio o la utilización fraudulenta de nuevas tecnologías. Sin embargo, contempla infracciones claramente inconstitucionales, como “las manifestaciones contra la Religión y moral católicas”, “los hechos indecorosos” o “la ausencia de asistencia a clase”. Entre las sanciones destaca la inhabilitación perpetua para cursar estudios o para pisar centros universitarios, lo que también es inconstitucional.

El texto impide saber qué conductas o qué sanciones se aplican en cada caso. Tal indeterminación conculca la seguridad jurídica y convierte el principio de igualdad en una meta inalcanzable, al permitir que faltas idénticas tengan respuestas totalmente distintas. Este disparate llevó a la Defensora del Pueblo, en 2012, a solicitar al ministro Wert que se preparase una ley que derogase el texto de 1954; pero no ocurrió.

El Reglamento de 1954 está incardinado en nuestro ordenamiento gracias a la desidia de todos los Gobiernos de la democracia; si bien, con Rodríguez Zapatero, se intentó sacar una ley adelante, pero sin éxito. Por otro lado, los Tribunales de Justicia han bendecido la vigencia del texto de 1954, porque no hay otro que lo sustituya, sin plantearse la inconstitucionalidad de muchos de sus preceptos. Así, por ejemplo, los jueces no han visto obstáculo en considerar acorde a la Constitución la infracción estrella y comodín del Decreto: “la falta de probidad”, o sea, la falta de honradez. Una falta como esta no resiste la más mínima prueba desde el punto de vista de la necesaria determinación de las conductas sancionables. Esa determinación es imprescindible porque solo si se sabe que es lo prohibido, puede evitarse y, de no hacerse, entonces se legitima la sanción. La falta de probidad, no expresa nada y, a la vez, lo comprende casi todo; cabe cualquier cosa: escupir a un compañero, copiar en un examen, boicotear una clase, plagiar el trabajo ajeno, ser muy grosero, reventar un acto o maltratar los bienes de la Universidad. Una infracción como esta solo sería admisible si estuviese sometida a garantías que hoy no tiene.

La falta de probidad se convirtió en los años 60 y 70 en un recurso cómodo contra los revoltosos universitarios; se quería castigar, no solo por lo que se hacía, sino también, por cómo se era, por algunas características personales: ser de izquierdas o expresar determinadas ideas. Pero, por si lo anterior fuese poco, en el año 1970, otro Decreto se convirtió en arma contra las revueltas universitarias: condenado penalmente un estudiante, se le imponía, además, la inhabilitación para cursar estudios, lo que suponía vulnerar el principio de que nadie pude ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Por lo que se refiere a los que eran procesados o estaban en prisión provisional, se les aplicaba el Decreto de 1954 de plano (o sea, sin seguirse procedimiento sancionador alguno, sin prueba, sin defensa) y sumaban a su procesamiento o prisión, la prohibición de entrar o permanecer en las Facultades, permitiéndoseles solo la matrícula como “libres”. Cierto es que había estudiantes que sorteaban tal prohibición matriculándose en otra Facultad distinta a la suya, donde no había noticia de la medida acordada. Algunos llegaron a hacer por este procedimiento dos o tres carreras y, mientras, seguían alborotando en las aulas.

Debe recordarse que este Decreto de 1954 se aplicaba a estudiantes universitarios y de Institutos, a profesores y a personal técnico, respecto de los que se contemplaba el funcionamiento de Tribunales de Honor, o sea los que juzgaban “en conciencia y en honor” los actos deshonrosos, lo que suponía la imposición de la moral oficial y la separación definitiva del servicio para el funcionario que no se comportase conforme a dicha moral. Estos Tribunales de Honor están prohibidos por la Constitución que los hizo inoperantes a partir de 1978.

La normativa de 1954, aplicable a profesores, personal técnico y estudiantes de Bachillerato, fue sustituida, tras la entrada en vigor de la Constitución, por normas que respetan los derechos fundamentales; pero no ocurrió lo mismo en relación a los estudiantes universitarios; para ellos este arcaico texto sobrevive, fosilizado, como si no hubiesen ocurrido dos cosas: la aprobación de la Constitución -y el consiguiente desarrollo de un Derecho sancionador respetuoso con los derechos fundamentales- y la construcción de un nuevo esqueleto jurídico para la Universidad a partir de la Ley de Reforma Universitaria de 1983.

Por otro lado, asistimos a un inexplicable contrasentido: la Ley de la Memoria Histórica permite a los que fueron sancionados por razones políticas durante la dictadura, que soliciten y obtengan del Ministerio de Justicia una Declaración de reparación y reconocimiento, porque tales condenas y sanciones –incluidas las de disciplina académica- son hoy, legalmente, “injustas” e “ilegítimas”. En uso de este derecho algunos antiguos estudiantes, sometidos a los Decretos del 54 y del 70, han solicitado y obtenido el reconocimiento de que su sanción fue injusta e ilegítima. Pues bien, a la vez que se certifica oficialmente la injusticia de tales sanciones a los universitarios del siglo pasado, hoy, seguimos aplicándolas a sus nietos, con toda su carga de inseguridad jurídica, no por su actividad política –es obvio-, sino por las faltas de disciplina académica.

Quienes intervenimos en el régimen disciplinario –impulsando los procedimientos, garantizando los derechos y sancionando cuando procede- lo hacemos con un instrumento inapropiado, que tiene unos tintes autoritarios incompatibles con la legalidad democrática y con los intereses en juego: los de nuestros estudiantes y los de la Universidad moderna que queremos. Y no basta con que el aplicador sensato someta el Decreto a las garantías constitucionales de las que carece y lo despoje de lo más insoportable; lo que se requiere es una Ley del Parlamento que contenga esas garantías y se las imponga al aplicador –sensato o no-. Derogar no es suficiente.

Hace un año en Nueva York se lanzó una campaña institucional para intentar paliar una catástrofe que afecta a todo el país; es la crisis de los opiáceos. Hay carteles que recomiendan a la población llevar encima una inyección preparada de naloxona, para salvar una vida. Las autoridades informan que la naloxona se puede comprar sin receta y que es un medicamento de emergencia que evita la muerte por sobredosis de analgésicos recetados o heroína. Además, se busca concienciar a los médicos para que sean prudentes al recetar opioides. Similares iniciativas se multiplican en todo el país.

La naloxona es la respuesta rápida a una sobredosis; es un antagonista de los receptores opioides, es decir, es un “contendiente químico” y su efecto más relevante es el de revertir las consecuencias de la ingesta mortal de heroína o de otros opiáceos legales e ilegales y, con ello, salvar la vida.

La pregunta que salta inmediatamente es cómo se ha podido llegar a una situación en la que las autoridades buscan la complicidad de los ciudadanos para que se conviertan en sanitarios de emergencia; qué está pasando en EE UU. Resumidamente se puede contestar que en 2016 las sobredosis mataron a más personas que las armas o los accidentes de tráfico; en 2017, murieron cada mes el mismo número de personas que en el 11 S; el promedio diario de fallecimientos es de 145; más de medio millón desde 2000. Y las cifras aumentan sin freno.

El Presidente Trump se ha visto obligado a decretar la emergencia nacional a petición de la Comisión bipartidista que le asesora en la materia. Pero hasta ahora, los únicos fondos extraordinarios que se han liberado son los destinados a frenar policialmente la entrada de opiáceos desde México; o sea, se vuelve a insistir en el error eterno de creer que los problemas de las drogas se resuelven con policía, incautaciones y cárcel.

Esta epidemia no ha llegado de golpe, su gestación se sitúa en los 90 y empezando este siglo ya se sabía que la gravedad era extrema: gente enganchada a la heroína o a los fármacos recetados que contienen derivados naturales del opio o sustancias opiáceas sintéticas. Algunos recuerdan la epidemia del crack, la que asolo el país en los 80, pero hay diferencias sustanciales. El crack era un producto ilegal consumido por clases marginales, fundamentalmente afroamericanas; era la basura barata para los que no podían pagar la cocaína. Ahora las víctimas son, fundamentalmente, blancos de clase media o alta -por ejemplo, mujeres del exclusivo Upper West Side neoyorquino- y la mayoría han acabado en el mercado negro de la heroína o del fentanilo tras pasar por la prescripción médica de opiaceos legales producidos por las farmacéuticas. No estaban enganchados a la heroína prohibida; acudieron al médico que les recetó un opiáceo y llegaron a la adicción. Y cuando el médico dejó de darles recetas, tuvieron que ir a buscar cualquier cosa al mercado negro que oferta de todo, a bajo precio y no pregunta.

Detrás de esta crisis hay un sistema sanitario que se rige por criterios de economía en la respuesta al paciente y no por criterios médicos. Un ejemplo: ante un dolor traumatológico moderado, en lugar de prescribir un analgésico suave y veinte sesiones de rehabilitación, que son costosas, se receta un bote de oxicodona o de percocet; es más barato, pero está indicado para el dolor severo, no ataca la causa y, aliviando muy rápidamente el dolor, engancha al paciente. Se prescinde así de la “escalera analgésica” que indica que ciertos opioides no son necesarios ni convenientes para el dolor moderado. Se ha recetado con excesiva generosidad a demanda de un paciente que paga cada receta y han proliferado las clínicas del dolor como lucrativo negocio; las autoridades ya han cerrado algunas. Cuando el adicto al fármaco recetado no consigue la prescripción, acude a un traficante, buscando heroína o fentanilo, destrozando su economía y su círculo familiar, laboral y social. Algunos mueren por una sobredosis accidental porque el mercado negro te vende, pero no te informa sobre la cantidad de principio activo que lleva cada entrega, ni sobre la dosis que puede consumirse sin riesgo letal.

El fentanilo es el gran protagonista de esta crisis: es entre treinta y cincuenta veces más potente que la heroína y cien veces más que la morfina. Algunas muertes se relacionan con el fentanilo recetado, quizá el que mató a Prince, por sobredosis accidental el día antes de tener una cita para tratarse su adicción a fármacos recetados; una semana antes, tuvo otra sobredosis, pero le suministraron naloxona y se salvó. Otros fallecimientos son consecuencia del fentanilo ilegal –el China White-, cuyo negocio era pequeño hace unos años pero, al recrudecerse la crisis de los opiáceos, ha prosperado; se corta la heroína con fentanilo, resultando gran potencia, el consumidor se acostumbra y genera tolerancia, por lo que cada vez quiere una sustancia más fuerte y, naturalmente, se le suministra; así se llega al consumo de fentanilo. Los expertos advierten que se podría llegar a algo peor: el carfentanilo que multiplica por cien la potencia del fentanilo y que ya ha provocado algunas muertes.

La crisis es muy grave, en sí misma y por el entorno en el que se produce. EE UU no está preparado para hacerle frente. La política de tolerancia cero frente a las drogas ha llevado a rechazar las medidas de reducción de daños y a insistir en las recetas represivas. No hay una red preparada para dar tratamientos de deshabituación, faltan profesionales cualificados y ahora, ante la gravedad de la epidemia, se están improvisando centros, muchos en manos de pastores o vecinos que, desesperadamente, quieren ayudar.

También se alzan voces contra la industria farmacéutica que durante años ha ocultado el potencial adictivo de ciertos fármacos opioides y ha “convencido” a los médicos para que los receten abusivamente, contratando a reputados investigadores que han abogado por estos fármacos como “tratamiento continuo y primerizo”, o creando revistas científicas propias para promocionar su producto. Esto y una legislación permisiva con la dispensación irresponsable son las causas de la crisis.

Por otro lado, el consumo de drogas es delito en EE UU, lo que dificulta enormemente que los adictos se acerquen a las autoridades por miedo a ser detenidos. Por eso, algunos estados han aprobado normas que eximen de la cárcel al “buen samaritano”, es decir, al sujeto que, compartiendo consumo con otro, avisa a los servicios de emergencia cuando el otro sufre una sobredosis. Se quieren así evitar los casos conocidos de abandono del necesitado por parte de su compañero que teme la detención.

A todo lo anterior debe unirse el riesgo que corre la reforma sanitaria de Obama  con la actual administración; si se acaba con la Ley de Salud Asequible quedarán sin cubrir las terapias contra la adicción; sería una catástrofe que agravaría, todavía más, la crisis de los opiáceos.

El componente esencial de esta crisis está en el sistema, tal como reconoce la Comisión que asesora al Presidente: “tenemos un problema enorme que a menudo no comienza en las esquinas de las calles; está comenzando en consultorios médicos y hospitales”;. La FDA (Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos) lo sabe; por eso recomienda a los ciudadanos que, cuando el médico les prescriba medicamentos opiáceos, le pregunten ¿por qué necesito este medicamento y por cuánto tiempo?, y le pidan naloxona, por si acaso, porque salva vidas.