En España, casi nada sale como estaba previsto. A finales del año pasado, el cálculo que se hacía en el Tribunal Supremo era que el juicio del procés comenzaría a principios de año y que quedaría visto para sentencia en febrero o marzo. Así, la vista oral que analiza la crisis constitucional más grave en cuarenta años de democracia se alejaba de las elecciones municipales y de los indeseados efectos emocionales que un procedimiento judicial de esas características podría causar en los votantes.

Pero el juicio se retrasó y otras elecciones, las generales, se adelantaron. Y de esa forma, los ciudadanos acudieron a las urnas la misma semana en la que habían escuchado a los guardias civiles del juicio del procés describir el 1 de octubre como si fuera el pasaje del terror, y a los presuntos observadores internacionales intentar convencer al tribunal de que cobraron dinero público por no hacer ni una sola observación.

La sinergia político-judicial tan frecuente en estos tiempos provocó incluso que alguna sesión del juicio tuviera que acabar antes para que dos miembros del tribunal que juzgaba a cuatro candidatos a diputado y uno a senador, Luciano Varela y Ana Ferrer, participaran en las reuniones de la Junta Electoral Central. Ambos guardaron las apariencias y se abstuvieron en las resoluciones que instaban al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat, pero la forma en la que se cruzaban la contienda electoral y el procedimiento judicial no dejaba de llamar la atención.

La previsión inicial también era que la sentencia llegara unos días antes del mes de agosto, lo que supuestamente amortiguaría una respuesta contundente en las calles de Catalunya si era condenatoria. Pero en el reino de la improvisación que es España, el juicio se prolongó hasta junio, coincidiendo también con las elecciones municipales a las que se presentaban los abogados de Vox, que llegaron a fumarse las sesiones de la tarde para participar en mítines electorales en los que presumían de su trabajo como acusación en el procedimiento del que se ausentaban.

Si los plazos previstos no vuelven a fallar, y el tribunal está determinado en que esta vez no sea así, la sentencia se dictará a comienzos de octubre, en vísperas de la festividad de la Hispanidad y un mes antes del nuevo día decisivo del 10 de noviembre. La resolución es inminente porque el 16 de octubre expira el plazo de dos años de prisión provisional dictada contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y, sobre todo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizará por esas fechas la inmunidad parlamentaria como eurodiputado de Oriol Junqueras, que resultará capital para la ejecución de la sentencia.

Es decir, que el electorado catalán acudirá a votar bajo el impacto de una resolución que los propios acusados temen que será dura (Jordi Cuixart da por hecho hasta 14 años de prisión), y el asunto territorial volverá a convertirse, para regocijo del bloque de la derecha, en el principal eje de la campaña. A ello contribuirá también la batalla que Torra mantiene contra los magistrados que podrían inhabilitarle por desobediencia, a los que ha recusado sin éxito por falta de imparcialidad antes del juicio del 18 de noviembre.

Al margen del procés, el repleto calendario judicial fijado para las próximas semanas también amenaza con arruinar la norma no escrita de que los tribunales se paran en campaña para no influir en las votaciones. Al PSOE le puede caer la sentencia de los ERE, que fijará la responsabilidad penal de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves en un granero de voto socialista que se ha ido vaciando en los últimos años, y al PP se le viene encima el caso Púnica, en el que se está viviendo una auténtica batalla campal entre la defensa de Francisco Granados y la de Esperanza Aguirre, con la firme determinación del expolítico de Valdemoro de no comerse solo ni con Ignacio González la financiación irregular de las campañas electorales que convirtieron en lideresa a su omnipresente jefa.

Y en mitad del carnaval preelectoral, siguiendo un argumento berlanguiano que solo puede ser tan perfecto porque es fruto del azar, el Supremo podría autorizar este martes la salida de Franco del Valle de los Caídos, solo pendiente de la licencia de obra que el irreductible juez José Yusti Bastarreche, enrolado en la centuria de los detractores de la memoria histórica, ha intentado bloquear.

La paradoja que nos puede traer la repetición electoral es que el partido más beneficiado por el nuevo proceso electoral sea el que más asuntos pendientes tiene en los tribunales, cuando fue precisamente la sentencia de la Gürtel la que activó la moción de censura que tumbó al Gobierno de Rajoy. El ajuste de cuentas judicial que le espera al PP en 2020 produce vértigo aunque en España todo puede cambiar muy rápido. Aquí como en ningún sitio se cumple la directriz que el subsecretario Salvador Martí transmitía a sus hombres en El Ministerio del Tiempo. “¿Somos españoles, no? Pues improvisen”.

Tras el casi siempre soporífero acto que todos los años abre el curso judicial, el Salón de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo acoge un pequeño cóctel en el que, alrededor del rey, se juntan los políticos, jueces, fiscales y altos funcionarios que cortan el bacalao en el mundo de la justicia y que aprovechan el encuentro para saludarse después de las vacaciones, intercambiar chismes y hablar más bien poco de los problemas reales de la Justicia.

Tradicionalmente el interés de los periodistas suele estar en el corrillo del rey, que traslada algunas impresiones sobre la situación política del momento, pero este año la escena era distinta. Frente al escudo de España que preside la estancia, rodeaban al monarca una decena de informadores, mientras que en el otro extremo de la sala, bajo las pinturas de Alcalá Galiano que representan las virtudes de la Justicia, casi una treintena acechaba al presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena.

Todos los ojos están puestos en el máximo responsable de la Sala Segunda, que lleva todo el verano escribiendo una sentencia que pondrá fin a un ciclo político que se abrió el 19 de diciembre de 2012, cuando Artur Mas y Oriol Junqueras sellaron la unidad circunstancial de la derecha y la izquierda nacionalistas para sacar adelante lo que se llamó el Acuerdo por la Transición Nacional. Lo que venga después de la sentencia será necesariamente distinto porque, si algo ha quedado demostrado a lo largo de los últimos siete años, es el fracaso de la vía unilateral hacia la independencia.

Y todo apunta a que la sentencia será condenatoria y estará más cerca de la severidad que de la laxitud. Las escasas señales que transmite el tribunal, que se ha blindado para evitar filtraciones que puedan ser aprovechadas por los acusados para cuestionar la validez del procedimiento en las demandas por vulneración de derechos que presentarán ante el Tribunal de Estrasburgo, abundan en que la resolución será estrictamente jurídica. Lejos de las llamadas al diálogo y al retorno al terreno de la política reclamado por Junqueras en su última palabra, los jueces quieren limitarse a dilucidar si los dirigentes independentistas se saltaron o no la ley. Y eso, a día de hoy, resulta obvio, más allá de las dudas que suscita la acusación por rebelión, que siempre podría rebajarse con alternativas como el grado de conspiración.

Los siete togados –incluido Luciano Varela, que accederá a la jubilación en el mismo momento en el que firme la sentencia- están participando en las deliberaciones, que se abordan por bloques temáticos y a buen ritmo. La idea del tribunal es notificarla después del 23 de septiembre, fecha límite para disolver las Cortes si PSOE y Unidas Podemos fracasan definitivamente en sus negociaciones, y antes del 16 de octubre, día en el que expira el plazo de dos años de prisión provisional que la Audiencia Nacional dictó contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cuando aún no se había proclamado la DUI y la Fiscalía ya apuntaba a la sedición como calificación de lo que ocurrió durante el registro de la Consejería de Economía.

Aunque cualquiera de los magistrados está a tiempo de anunciar la presentación de un voto particular, a día de hoy lo más probable es que la resolución sea unánime y que, si los hay, estos sean concurrentes y no discrepantes. Es decir, que compartiendo la conclusión jurídica adoptada, alguno de los miembros del tribunal se desmarque de sus compañeros discrepando únicamente de la fundamentación utilizada para llegar a ella.

Más claras son las vibraciones que traslada la Fiscalía, alguno de cuyos representantes vaticina en privado una condena superior a los diez años de cárcel para los dirigentes independentistas que permanecen en prisión y la asunción por parte del tribunal de la tesis de la rebelión violenta contra el Estado.

La fiscal general, María José Segarra, que lleva meses avalando la línea dura sobre el asunto catalán, aprovechó su primera intervención del año para destacar la “imperiosa obligación” de que “todos” acaten la sentencia, “sea cual sea el sentido de la misma”, lo que resulta una perogrullada si no fuera porque unos días antes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, apuntaba que los catalanes no aceptarán una resolución que “no sea absolutoria”. Después, en una entrevista en RTVE, Segarra deslizó la posibilidad de pedir al Supremo que reactive las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont y el resto de los dirigentes independentistas que permanecen en el extranjero si, como prevé, la sentencia confirma las penas de prisión.

Ante esa condena que viene, la actual clase dirigente del independentismo, más dividida que nunca, se ha atrincherado en un victimismo que, lejos de reconocer la comisión de errores en estos años, refuerza el discurso de la represión del Estado y amenaza con “segar las cadenas” y volver a saltarse la ley. Aunque su apoyo en la calle, como se pudo apreciar en la Diada, esté cayendo en picado.

En aquellos años locos de la burbuja, a Esperanza Aguirre le gustaba organizar en navidad multitudinarias cenas con los periodistas en las que nunca se sabía muy bien quién agasajaba a quien. En una de ellas el belén que decoraba la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, lucía una enorme bandera de España que se puso, según contaban, porque, cuando a la presidenta le enseñaron las figuritas, la mula y el buey, lo primero que dijo fue: “Falta lavandera”.

Fruto de los equívocos que a veces provoca la homofonía o del clima político que el PP había ido creando para convertir a Carod Rovira, entonces líder de Esquerra, en el enemigo público número uno en Chamberí, un colaborador de Aguirre se lanzó a una de las tiendas de souvenirs de la Puerta del Sol para comprar una enseña nacional y colocarla en los faldones del belén, lo que daba al conjunto un aspecto verdaderamente pintoresco. Cuando la jefa advirtió el cambio, en lugar de la esperada felicitación, se rió y espetó: “¡Pero, hombre, yo decía lavandera de lavar!”.

La anécdota de la bandera, que se quedó puesta todas las navidades velando por el niño Jesús, pone de relieve que durante los nueve años en los que prolongó su generalato, Aguirre controlaba hasta el más mínimo detalle de lo que ocurría, no solo en todas y cada una de las consejerías de la Comunidad de Madrid, sino también en empresas públicas como Telemadrid. A dos de sus redactores les pidió explicaciones, en agosto de 2012, por acudir a cubrir los trabajos de extinción de un incendio que ella quería visitar sin la presencia de cámaras. “¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan?”, les interrogó.

La líderesa solía decir hasta la saciedad que “todo se puede delegar salvo la supervisión”. Y así se lo recordó Francisco Granados al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al que trasladó en febrero de 2018 la omnipresencia de Aguirre y que Ignacio González se encargó de la “financiación extra”, o sea ilegal, de sus campañas en 2007 y 2011. Primero con la colaboración de la también expresidenta Cristina Cifuentes y luego con la del exconsejero Borja Sarasola.

Cinco años después del estallido del caso Púnica, el juez instructor y las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez asumen la tesis de que Aguirre era la supervisora general de todo lo que pasaba en la Administración de la Comunidad de Madrid, que se puso al servicio de un partido en el que los ascensos dependían del dinero que sus dirigentes lograban recaudar al margen de la ley.

Según el demoledor auto de imputación de García-Castellón, del que nadie podrá nunca decir que sea un juez peligrosamente izquierdista, Aguirre “ideó” presuntamente un sistema de corrupción generalizado que aprovechaba el “pico y pala”, otro de sus célebres lemas, para que cada obra pública que se hacía en la región destinara un pellizquito a financiar de manera irregular al partido del Gobierno. En las 85 páginas del escrito judicial, el magistrado destroza el discurso de quien lleva años presentándose como una “víctima de la corrupción”, capaz de llorar cuando se enteraba de la detención de González por organización criminal o de plantear sin recato la ficción de que Granados o López Viejo eran los únicos altos cargos que le salieron “rana”. 

La Lance Armstrong de la política española, a la que en justicia habría que retirar sus mayorías absolutas por acudir dopada hasta las trancas a todas las citas electorales entre 2003 y 2011, alumbró el 1% como hecho diferencial madrileño en una de las primeras reuniones de su Gobierno, al que presentó como “el mejor equipo de gestión de la historia del estado autonómico de España”. A ese encuentro fue invitado el empresario Daniel Horacio Mercado, sobre el que pivotó la corrupción, y en él se presentó el lema de la Comunidad de Madrid que inundaría los medios de comunicación durante una década: “la suma de todos”, plasmado en la letra griega épsilon, que debería haberse reformulado, visto lo visto, en “la suma de todos los chanchullos”.

La trama del 1% de la Puerta del Sol no le tiene nada que envidiar a la del 3 por ciento catalán porque, aunque el porcentaje desviado fuera menor, la recaudación quedaba compensada por la magnitud de las obras. Según recoge la investigación, uno de cada cien euros públicos que el Gobierno regional entregaba a las grandes constructoras para ampliar el Metro o construir los nuevos hospitales de gestión privada se acababa destinando a extravagantes empresas de comunicación y publicidad que justificaban sus ingresos con absurdos actos de colocación de primeras, segundas y terceras piedras e inauguraciones de rotondas, incorporaciones o remotos tramos de carretera.

Y entre factura verdadera y factura falsa, esas empresas con nombres como Over Marketing, Swat o El Laboratorio de Almagro devolvían los favores en forma de donaciones a la fundación Fundescam, que fue creada en 2000, según la propia Aguirre, para dar “cursos de retórica y elocuencia” a los candidatos populares, muchos de ellos hoy imputados.

Caída pero no muerta, Aguirre puede utilizar en su defensa que cuando comenzó a utilizar el despacho preferente de la primera planta de Génova, Fundescam ya estaba allí. Y es así porque la turbia fundación se creó en los años en los que Pío García-Escudero mandaba en el PP madrileño con la aquiesciencia de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero esa vía solo tendría una consecuencia: incrementar el número de víctimas.

Tras el bochornoso sainete de filtraciones y mentiras cruzadas que el PSOE y Unidas Podemos han protagonizado esta semana, con el mercadeo de cargos que llegó a manchar la tribuna del Congreso todavía humeante, llega la hora de pagar las facturas. Que si se adivinan enormes para la izquierda ante una más que probable repetición electoral -la desilusión en su electorado siempre lleva a la abstención-, hoy ya son importantes por lo que un Gobierno progresista podría empezar a hacer y no hará. También el mundo de la Justicia.

El Ejecutivo no nacido de izquierdas pierde la oportunidad de enfocar de otro modo el conflicto territorial en Catalunya, que volverá en septiembre al centro del foco con la sentencia del procés. La resolución del Tribunal Supremo será, previsiblemente, condenatoria, lo que por fuerza alejará a ERC de la abstención en la que se instaló el jueves ante el más que probable adelanto electoral de las autonómicas, en las que tendrá que volver a disputarse la hegemonía del independentismo con Puigdemont.

La falta de acuerdo que lamenta de forma sonada el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, también cierra casi definitivamente la puerta a un posible indulto de los políticos presos, y la abre a la tesis del 155 perpetuo que defienden PP, Ciudadanos y Vox, a pesar de las advertencias en contra del Tribunal Constitucional. La medida de gracia, que sólo podría ser encarada por un Gobierno fuerte y estable, es una potestad exclusiva del Consejo de Ministros, aunque precisaría de los correspondientes informes del Supremo y la Fiscalía, que difícilmente informarán a favor teniendo en cuenta que algunos de los acusados, como Jordi Cuixart, han afirmado claramente que volverían a apostar por la vía unilateral.

El divorcio entre los partidos de izquierda llega también cuando, cuarenta y cuatro años después, está en marcha un plan para que el Valle de los Caídos deje de ser un mausoleo a la mayor gloria de Franco. Un Gobierno de otro signo podría revocar en cualquier momento el decreto que se aprobó en marzo pasado para exhumar los restos del dictador y trasladarlos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. En septiembre, o a más tardar en octubre, el Supremo tendrá que resolver el fondo del recurso planteado por la familia y decidir si, como reclama, la sepultura debe ser alojada en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.

De igual modo, se pone en peligro el litigio que el Estado mantiene con los siete nietos del dictador en los juzgados de A Coruña para devolver al patrimonio público el expoliado Pazo de Meirás. Quien ocupe La Moncloa puede modificar el criterio de la Abogacía del Estado que llevó a presentar la demanda y permitir que la venta de los terrenos enriquezca, aún más, a los herederos del general.

La inocua mayoría que la izquierda forma con nacionalistas e independentistas en el Congreso trasladaría también una nueva hegemonía al Consejo General del Poder Judicial y, con ella, la posibilidad de renovar puestos clave que en la última década han estado ocupados por el sector más conservador de la judicatura.

En noviembre pasado, el cambio en el CGPJ estaba cerrado para que Manuel Marchena ocupara la presidencia del Supremo en un Consejo con mayoría de vocales propuestos por el PSOE y Podemos y sin Ciudadanos, pero el presidente del tribunal del procés renunció a la designación tras conocerse que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había escrito un whatsapp en el que decía que, de esa forma, la formación conservadora se garantizaba el control “por detrás” de la Sala de lo Penal.

Con un Gobierno débil y en funciones, tampoco habrá cambios en la Fiscalía General del Estado, que en el año de mandato de María José Segarra, propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha tomado decisiones que han gustado más en Génova que en Ferraz. Desde el discurso de trazo grueso de los representantes del Ministerio Público en el juicio del procés hasta la petición de absolución del PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, pasando por la exoneración penal de Pablo Casado, Francisco Camps, Alberto Ruiz-Gallardón o Esperanza Aguirre.

En el campo legislativo se quedan colgando reformas que cuentan con el consenso del PSOE y Podemos, como la de los delitos sexuales. El momento no puede ser más oportuno, al rebufo de las movilizaciones, cada vez más multitudinarias del 8-M, y la sentencia del Supremo sobre La Manada, que consagra la máxima dureza contra los autores de violaciones grupales. El Gobierno tiene desde noviembre encima de la mesa una reforma del Código Penal que plantea la desaparición del término “abuso sexual” para que todas las violaciones sean consideradas “agresiones” sin la necesidad de que en ellas exista violencia, así como una nueva definición del concepto de consentimiento para que tenga que ser expreso, de forma que el silencio en una relación sexual equivalga a una negativa. Todo se meterá en un cajón.

El tiempo también corre para legislar la muerte digna y despenalizar eutanasias clandestinas como la de María José Navarro, a cuyo marido continúa investigando un juzgado de Madrid como autor de un supuesto caso de violencia de género. O para retomar la justicia universal, limitada hasta su práctica desaparición por los Gobiernos del PP, e impulsar una ley que proteja a los testigos en las causas por corrupción.

Con la repetición de elecciones a dos meses vista, crecen sin medida las opciones de que el trío de Colón, esta vez sí, sume en el Congreso y liquide de un plumazo el primer Gobierno de coalición de izquierdas en España desde la II República, que va camino de quedarse, si los actores del sainete no se enmiendan, en el fútil sueño de una noche de verano.

En otra época, los políticos del Partido Popular que dirigían las instituciones madrileñas al menos eran brillantes. Podían tener un plan perfectamente calculado para cargarse Telemadrid, ir privatizando la sanidad, ahogar a la escuela pública o mirar para otro lado ante escandalosas tramas de corrupción como la Gürtel, Púnica o Lezo. Pero, al menos, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón daban sobradas muestras cada día de su estatura política, despachaban con cierta soltura a sus adversarios y entretenían a los periodistas con intrincadas formas de hacerse la puñeta el uno al otro que siempre tenían como objetivo último hacerle la oposición a Zapatero y empujar a Rajoy para intentar quedarse con su puesto. 

Ahora, ese lugar lo ocupan José Luis Martínez-Almeida, al frente de la Alcaldía, e Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que será presidenta en cuanto se afine el pacto a tres con Ciudadanos y Vox. Cada vez que los flamantes líderes del nuevo PP de Madrid abren la boca, dejan la sensación de que están improvisando la frase que sigue a la siguiente y que, el día después, se verán obligados a corregir o matizar una idea, dos o todas. Ya sea por prometer ayudas a las familias de los no nacidos, suspirar por la Arcadia del atasco perdido o intentar justificar el inexplicable cierre de Madrid Central. 

Cada día, el tándem Almeida-Ayuso tiene su afán. Cuando la presidenciable quiere echarle una mano a su compañero de partido, dice que la “chapuza” de Madrid Central “ha matado al Rastro y ha hecho aumentar la delincuencia”. Y aunque los comerciantes se apresuren a negarlo, Almeida agradece el gesto y ratifica que algunos vecinos le han trasladado “cierta sensación de inseguridad” en el centro de la ciudad, manifestación que en plena oleada de turistas extranjeros se ve obligado a rectificar al día siguiente para destacar, esta vez, que “Madrid es una ciudad tremendamente segura”. Y así pasan las semanas. 

Almeida apenas lleva un mes como alcalde de Madrid y sus dos únicos logros han sido colocar en el Ayuntamiento una segunda bandera de España a la que misteriosamente se le ha caído el escudo constitucional y revertir el proyecto de Manuela Carmena, que antes lo fue de Ana Botella, para cerrar el centro de la ciudad al tráfico. Algo que están haciendo todas las capitales europeas, que planificó el propio Gobierno municipal del PP en 2014 y que han avalado todos los órganos judiciales que hasta la fecha se han cruzado con este asunto. Y son ya siete. 

Cuando el proyecto se puso en marcha, a finales de noviembre del año pasado, se presentaron cinco recursos diferentes contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible que tenían como fin último que los tribunales resolvieran, de forma cautelar, la reapertura de la circulación sin restricciones en la almendra de la ciudad. Todos fracasaron. Dos de ellos los interpuso la Comunidad de Madrid; otro, la asociación DVuelta; el cuarto, el colectivo Automovilistas Europeos Asociados y el último, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que ya entonces capitaneaba Martínez Almeida, del que Carmena dijo que en aquellos días había sido “un poco gilipollas” con ella, según reveló el hoy regidor. 

Ahora, otros dos jueces de lo Contencioso-Administrativo han puesto en evidencia la improvisación del alcalde y de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que no tenían otro plan para luchar contra la contaminación en Madrid que reírse y hacer una foto a los operarios que retiraban las jardineras de una calle que volvió a ser ocupada por los coches. Se lo ha dicho dos veces el magistrado Jesús Torres Martínez, que considera que la excusa alegada por el equipo de Gobierno para cumplir de inmediato su promesa electoral de echar abajo Madrid Central, la existencia de “deficiencias en el sistema de multas”, no es más importante que “la protección de la salud y del medio ambiente” y que ninguna indemnización podría reparar el daño que la contaminación desbocada puede causar a los madrileños. 

El juez, que ha admitido las medidas cautelares planteadas por Ecologistas en Acción para suspender la moratoria en las multas, le ha sacado los colores al Gobierno municipal al señalar que el cierre se ha llevado a cabo sin que se hayan planteado “alternativas ni medidas opcionales”. En la misma línea, el togado Carlos Sánchez Sanz, que actuó a petición del Grupo Municipal Socialista y de Greenpeace, considera que la moratoria en las multas podría provocar “perjuicios de imposible o difícil reparación, al afectar la contaminación a la salud de las personas y al medio ambiente”. 

A ello hay que sumar que la Guardia Civil lleva desde junio midiendo la polución del aire en Madrid por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente y que toda esa información, que podría dejar en mal lugar al Gobierno municipal por no activar ni un sola vez los protocolos anticontaminación, se aportará a las causas que se siguen en esos dos juzgados. 

Igual a los dirigentes madrileños del PP se les olvida. Pero el 13 de diciembre de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que Madrid, París y Bruselas estaban adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas de restricción de la circulación para disminuir la “acreditada contaminación del aire en sus términos municipales”. Y la Comisión Europea ya ha advertido a España de que podría ser sancionada si en Madrid y Barcelona se siguen rebasando los límites permitidos de emisiones de dióxido de nitrógeno.

Por eso, no hay otro camino, no es posible volver atrás. Por mucho que se empeñen, Almeida y Ayuso tendrán que rectificar, imitar a Rajoy y acabar admitiendo que aquella promesa de reabrir al tráfico Madrid Central ya tal…

El curso judicial que está a punto de terminar se abrió con una buena noticia para Pablo Casado. La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la causa contra él por los másteres fake que regalaba la Universidad Rey Juan Carlos y la Sala de lo Penal aceptó su petición. Y esa es la constante que se ha repetido durante los últimos doce meses. Bien por la falta de autoridad de la fiscal general del Estado nombrada por el Gobierno del PSOE, María José Segarra, bien por su exquisito respeto a la independencia de sus subordinados, lo cierto es que las decisiones adoptadas por el Ministerio Público gustan más en Génova que en Ferraz. 

Segarra no modificó ni una coma del escrito de conclusiones que los cuatro fiscales de Sala presentaron al final del juicio del procés, lo que agrandó la distancia entre el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, que optó por la acusación por sedición al no apreciar la violencia suficiente que justificara el delito de rebelión. Y tampoco hizo nada por evitar el inquebrantable tono de su discurso, que les llevó a dar por probada la existencia de “un golpe de Estado” e incluso a utilizar la expresión “organización criminal” para detallar las actuaciones del Gobierno de la Generalitat.

En el Supremo la imputación por el delito de organización criminal sólo la sostiene la acusación popular de Vox pero la Fiscalía de Barcelona la hizo suya y quiso incorporarla a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 contra el segundo escalón de acusados por el procés, los altos cargos de la Administración catalana que pusieron en marcha la logística para que el referéndum del 1 de octubre pudiera celebrarse. La jueza Alejandra Gil rechazó la petición al considerar que los imputados, entre los que se encuentran los máximos responsables de TV3 y Catalunya Radio, nunca tuvieron “la infraestructura necesaria para desarrollar un plan criminal” ni la necesaria “concertación” para llevarlo a término.

En la sede del PP también gustó, y mucho, la intervención de la representante del Ministerio Público en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, en el que defendió con vehemencia la absolución para la formación, primer partido político en la historia de España en ser juzgado como persona jurídica, y tres de sus antiguos dirigentes. 

La fiscal Carmen Luciáñez dejó claro que su posición fue avalada por su antiguo jefe, José Javier Polo, hoy destinado en la Audiencia Nacional, y defendió con entusiasmo que no podía existir un delito de daños informáticos si lo que el PP destruyó fue parte de la contabilidad B de la que era propietario. También llegó a asegurar que el borrado de los discos duros no causó ningún perjuicio a la Administración de Justicia porque supuestamente el extesorero sólo guardaba en esos dispositivos datos sobre sus cuentas bancarias que llegaron con la comisión rogatoria cursada a Suiza. 

La fiscal, que expuso argumentos que fueron reproducidos prácticamente palabra por palabra por el abogado del PP, Jesús Santos, se alineó con las defensas para impedir que el juicio fuera retransmitido por televisión y trató con suavidad a los acusados y con dureza al antiguo responsable de las finanzas populares. Al final de la vista, los abogados de las defensas estaban tan contentos que a alguno se le escapó que nunca habían asistido a un juicio en el que sus planteamientos hubieran sido tan cercanos a los de la acusación pública. 

Alegando la prescripción del delito de prevaricación, la Fiscalía también pidió el archivo de la causa que se seguía contra Francisco Camps en un juzgado de Valencia por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 que funcionó entre los años 2008 y 2012 y que, a pesar de la promesa del expresident de que no supondría ningún gasto para el erario público, acabó costando a los contribuyentes 300 millones de euros. La Generalitat valenciana, sin embargo, llegó a solicitar siete años de cárcel para él antes de que la Audiencia diera carpetazo definitivo al caso. 

La Fiscalía de Segarra también consiguió que Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Manuel Cobo fueran exonerados de cualquier responsabilidad en la pieza del caso Lezo que se sigue por la adquisición de la empresa colombiana Inassa y rechazó la petición del PSOE de imputar a Esperanza Aguirre en esta causa a partir de un borrador de informe que nunca se llegó a presentar en el juzgado. Del mismo modo, se opuso a la admisión a trámite de las querellas presentadas contra el ex fiscal Anticorrupción con el PP, Manuel Moix, por no investigar la trama del Canal de Isabel II y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por decir que “el enemigo del futuro es la invasión islamista”. 

Sin embargo, Anticorrupción no tuvo remilgos en denunciar ante el CGPJ a la jueza instructora de los ERE, María de los Ángeles Núñez Bolaños, por la desatención y el retraso injustificado en sus resoluciones. La misma magistrada archivó la pieza sobre los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la que están imputados, tras la reapertura por parte de la Audiencia de Sevilla, varios ex altos cargos. Todos del PSOE. 

Una noche de diciembre Vicente fue al cine con un amigo y le dio un beso en la boca. El hombre, “de vida inmoral”, infundió “sospechas” en el portero del establecimiento, que siguió a los dos hasta los urinarios del local y les sorprendió “en clara actitud homosexualista”. El acompañante se dio a la fuga y Vicente fue detenido, lo que “trascendió a muchos de los concurrentes”. Fue condenado a cuatro meses y un día de cárcel por un delito de escándalo público y, al recurrir en casación ante el Supremo, se le impuso además el pago de 250 pesetas (un euro y medio) por las costas del procedimiento. Está todo contado en una sentencia, dictada el 31 de mayo de 1965, en la que se destaca que la conducta del acusado estaba “teñida de ilicitud” por el “grave escándalo” que había provocado. 

El 17 de abril de 1978, con Franco desde hacía tres años reposando en el Valle de los Caídos, el alto tribunal confirmaba una sentencia por escándalo público contra el editor de una revista que había incluido una sección de pornografía que, “con el consabido pretexto científico y literario”, reproducía “cuadros y dibujos en los que personas de diverso o mismo sexo practicaban el coito en diferentes posturas, con clara percepción para el lector incluso del miembro viril en erección”.

Entre los temas que se abordaban en la publicación, “de coste elevado pero no prohibitivo”, según el ponente de la sentencia, se encontraban “aberraciones sexuales como la sodomía, la homosexualidad y el sadomasoquismo”, presentados “de forma persuasiva y atrayente” y con una finalidad “corruptora de innegable trascendencia respecto al pudor y a las buenas costumbres”. La resolución reconocía que la tenencia de publicaciones pornográficas no era delito cuando tenía “una finalidad coleccionista” o de mero “recreo o deleite contemplativo propio” aunque este resultara “perjudicial y malsano”. 

Bucear en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y releer todas estas sentencias, nunca anuladas en democracia, pone de manifiesto la lúgubre caverna que era España hace no tanto tiempo y ayuda a explicar el origen del argumentario que Vox ha resucitado en los últimos días con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI. Cuando su líder en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, afirma que padres y madres no tienen por qué encontrarse con “un espectáculo en el que se denigra la dignidad de la persona con exhibiciones poco decorosas y actos explícitos sexuales en la calle”, no dice nada distinto de lo que escribían en sus sentencias los escandalizados magistrados franquistas del alto tribunal. 

En España la homosexualidad dejó de perseguirse legalmente el 26 de diciembre de 1978, hace no tanto tiempo. Hasta ese día permaneció vigente la Ley de Peligrosidad Social que había actualizado la denominada Ley de Vagos y Maleantes del franquismo, en la que se recogía la necesidad de declarar “en estado peligroso”, y aplicar las correspondientes medidas de “seguridad y rehabilitación”, a todos aquellos que pudieran ser considerados “vagos habituales” o realizaran “actos de homosexualidad”. 

Aunque hoy parezca imposible retroceder en todos los avances sociales de un país que en apenas unas décadas pasó de ser “la reserva espiritual de Occidente” a uno de los primeros en reconocer el matrimonio homosexual, la carcundia social que ve la libertad sexual como un motivo de escándalo sigue estando ahí fuera. Pidiendo que el Orgullo se oculte en la Casa de Campo en lugar de visibilizarse, ufano, en las calles del centro de Madrid. Intentando tapar con la bandera de España la enseña arcoíris que simboliza la igualdad y el fin de la discriminación. Retirando del paseo del Prado los carteles encargados por el equipo de Manuela Carmena que rendían homenaje a los protagonistas de las sentencias del Supremo, a todos aquellos que “guardan recuerdo de la represión”, “levantaron nuestros derechos” o “se mantuvieron firmes”. 

Siguen ahí fuera. Colocando pancartas en los puentes en las que reivindican que un matrimonio solo puede estar formado por un hombre y una mujer, y una familia solo puede ajustarse a sus estrechos cánones convencionales. Acosando a las personas por su forma de vestir y amenazando con convertirlas en heterosexuales “a hostias” sin que la Fiscalía abra diligencias de investigación de oficio. Pidiendo los antecedentes penales de las personas homosexuales que trabajan con menores. Por todas esas cosas, todos los días, resulta necesario subrayar lo obvio y recordar el pasado. Porque nunca está conjurado del todo el riesgo de que pueda volver. 

Desde que en diciembre pasado Vox se convirtió en el quinto actor de la escena política nacional consiguiendo doce escaños en el Parlamento de Andalucía, las majaderías sobre violencia machista que se sueltan impunemente en el debate público se han multiplicado. 

Es lo que piensan los jueces y fiscales especializados en esta materia, que en los últimos meses han seguido trabajando, dictando sentencias, presentando acusaciones y consolidando jurisprudencia, mientras escuchaban cómo un fenómeno criminal que ha causado ya más muertes que el terrorismo de ETA se presenta como una cuestión intrafamiliar desvinculada del machismo y se menosprecia el trabajo de las asociaciones que ayudan a las víctimas, estigmatizadas como “chiringuitos” puestos al servicio de la “dictadura progre feminazi”.  

La sentencia que el Supremo ha dictado contra los cinco miembros de 'la manada' es un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo machista y no sólo porque consolida la doctrina de que para tipificar unos hechos como agresión sexual no es necesario “una resistencia heroica por parte de la víctima”, como defendió en una soberbia intervención la fiscal Isabel Rodríguez.

También porque lanza a todas las manadas de España el mensaje de que, aunque en este caso no se haya podido hacer por un error de las acusaciones en la calificación jurídica, en el futuro se tipificará cada una de las violaciones como un delito autónomo de agresión sexual que será atribuible al violador como autor y a los demás como cooperadores necesarios. Es decir, que a poco que vayan sumando penas, los criminales sexuales estarán en prisión los veinte años de cumplimiento máximo para este tipo de delitos.

Mientras Francisco Serrano, juez en excedencia y líder de Vox en Andalucía, defiende que “hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión”, el Supremo ha ido perfilando su jurisprudencia sobre la violencia necesaria para aplicar el tipo de agresión sexual. Lo hizo el 25 de abril al condenar a un hombre que violó a una mujer en 2016 en el baño de un bar de Alsasua tras agarrarla por los brazos, voltearla con fuerza y provocarle una contusión. Y el 14 de mayo al aplicar este mismo delito a otro violador que forzó a una mujer en su casa de Avilés en 2017 tras darle un tirón en el pelo y sujetarla con los antebrazos a la altura del cuello.

Serrano utiliza su tribuna en el Parlamento andaluz para llamar “putas, brujas o bolleras” a las “piojosas de ultraizquierda” mientras sus compañeros en el Tribunal Supremo continúan modernizando la jurisprudencia. El 19 de noviembre pasado la Sala Segunda, con ponencia del ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, dictó una sentencia en la que se consolidaba la agravante de género, que debe aplicarse a todos los casos en los que se actúe contra una mujer por el mero hecho de serlo, sin que exista la necesidad de que entre el autor del delito y la víctima exista algún tipo de relación. Esta agravante puede sumarse a la de parentesco, que sí requiere que entre ambos exista una relación familiar o de pareja. El 26 de febrero se dictó otra sentencia, escrita por el magistrado Luciano Varela, en la que se establecía que para aplicar esa agravante no es necesario que exista una intención específica de querer humillar a la víctima sino que basta con que la situación sea humillante para ella. 

Al tiempo que Serrano, o el escriba al que atribuye haber usurpado su cuenta de Facebook, sostienen que la prostitución será el único refugio para que los hombres puedan tener relaciones “seguras” con las mujeres, el alto tribunal sentencia que el “débito conyugal” no existe. Lo hizo el 21 de mayo pasado en una resolución redactada por el juez Vicente Magro en la que condenaba a nueve años de cárcel por agresión sexual a un hombre que golpeó y violó a su mujer tras reprocharle que debía mantener relaciones sexuales con él con el siguiente argumento: “Es tu obligación, que es domingo y toca”.

Mientras el juez de Vox carga contra “la turba feminista supremacista” y es corregido incluso por la dirección del partido de extrema derecha, que también considera que se ha pasado de frenada, el Supremo consolida en sus sentencias la veracidad del testimonio de las víctimas de violencia machista cuando han existido episodios previos de maltrato o destaca la importancia del “lenguaje gestual” a la hora de valorar su credibilidad.

Es lo que hizo la fiscal del caso de 'la manada', Elena Sarasate, que defendió en El Objetivo de laSexta que el relato que realizó la víctima desde el momento en el que pidió ayuda, llorando, a dos policías locales de Pamplona fue “absolutamente veraz” y que no es lícito poner en cuestión su comportamiento porque en un procedimiento penal “solo se enjuicia a los acusados”. Está demostrado. Los jueces y fiscales que trabajan de forma callada, que hablan poco pero alto y claro en sus informes y sentencias, son el mejor antídoto contra la estupidez.

Es una sala de vistas alargada, sostenida por columnas blancas y forrada con contrachapados de madera, presidida por una pequeña foto del rey y un monitor de grandes dimensiones que está apagado. Bajo una luz mortecina toma la palabra Luis Bárcenas, que enmarca la destrucción de sus ordenadores en el año 2013 en la operación Kitchen, el dispositivo parapolicial que supuestamente puso en marcha el Gobierno del PP para arrebatarle información sensible sobre su caja B. Un rato después atraviesa la sala cojeando y ayudada de una muleta la exnúmero dos del partido María Dolores de Cospedal, que sin nombrarle se refiere a su enemigo íntimo como “una persona que tiene la mala costumbre de mentir”.

Las escenas que cierran el enfrentamiento entre Cospedal y Bárcenas, uno de los más excitantes que ha vivido la política española en la última década, no podrán ser guardadas en ninguna hemeroteca. El responsable de este despropósito, adoptado en contra del criterio del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se llama Eduardo Muñoz de Baena Simón, es el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid y dictará en primera instancia la sentencia sobre el borrado de los ordenadores del extesorero.

El magistrado acogió los argumentos del Partido Popular, juzgado como persona jurídica, y de los tres dirigentes de la formación que se sientan en el banquillo y decidió limitar las imágenes del juicio a unos planos de los acusados de espaldas que son grabados cada día antes de que comience la sesión. Su insólito argumento, que ha sido criticado abiertamente por muchos de sus compañeros de profesión, es que la tesorera de la formación en el momento de los hechos, Carmen Navarro, el que fue responsable del departamento jurídico, Alberto Durán, y el jefe de Informática, José Manuel Moreno, no son“personajes públicos” y no tienen“notoriedad”.

El razonamiento es fácilmente rebatible porque lo que trata de dilucidar el juicio es si el PP cometió un delito de daños informáticos al destruir sin permiso unos archivos que eran propiedad de Bárcenas, aunque los ordenadores fueran del partido y si incurrió en encubrimiento al entorpecer con ese acto la investigación sobre la caja B de dinero negro de la formación que en 2013 dirigía el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Si bien el primer delito puede afectar a un particular, Bárcenas, que retiró la acusación en septiembre de 2016 y ahora parece arrepentirse, en el segundo el bien jurídico protegido es nítidamente colectivo, al tratarse, en última instancia, de la Hacienda pública.

Además, el magistrado cree que la retransmisión en directo del juicio podría contaminar las versiones de acusados y testigos, al acudir a la sala de vistas conociendo lo declarado por el resto de comparecientes. Es una tesis anticuada, propia de una Ley de Enjuciamiento Criminal redactada en el siglo XIX, que obvia que cualquiera de los comparecientes puede enterarse de las declaraciones del resto leyendo “los periódicos digitales”, como dijo Mariano Rajoy que hizo durante el juicio del procés cuando se le preguntó por el altísimo grado de coincidencia que sus respuestas estaban teniendo con las que había dado previamente su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.

Lo más curioso del caso es que en la primera jornada del juicio Muñoz de Baena confesó sentirse “aliviado” por la presencia de periodistas en la sala de vistas y se mostró convencido de que trasladarían una “imagen fiel” del procedimiento judicial. Incluso se permitió soltar una disertación sobre la acertadísima decisión, en aras de la transparencia de los actos judiciales y la cercanía con los ciudadanos, que a su entender había adoptado la Sala Segunda del Supremo al facilitar la retransmisión íntegra de todas las sesiones del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes. Acto seguido, explicó que esa política no se puede aplicar a todos los casos y enfatizó “el efecto estigmatizador” de la televisión, los “excesos verbales” que en ella se producen y el riesgo de “juicios paralelos” que puede ocasionar este medio de comunicación. Fin de la cita y de la señal de televisión.

La decisión de este juez, al que ha secundado esta semana el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzga a la enfermera acusada de asesinar a dos pacientes inyectándoles aire en las venas, contradice el espíritu de un tiempo en el que los ciudadanos exigen transparencia; y la televisión, los medios digitales y las redes sociales informan al instante y en tiempo real de lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Y que va en contra del sentir del Tribunal Supremo, que ha ofrecido el juicio del procés por streaming, en la página oficial del Consejo General del Poder Judicial, con el argumento de que así cualquiera podía convertirse en “observador” del procedimiento.

Pero también contraviene la esencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que aunque no recoge expresamente la retransmisión íntegra de los juicios por televisión, sí consagra su publicidad y ampara la “proyección general” de los mismos mediante “la asistencia de los medios de comunicación social” (STC 30/1982 y STC56/2004). Un pleito contra las restricciones del CGPJ y el Tribunal Supremo que 26 periodistas de tribunales pioneros comenzaron a librar en 1995 y que acabaron ganando en el Constitucional nueve años después. No retrocedamos en el tiempo, por favor. 

El lunes 31 de octubre de 2017 fue un día normal para Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat del Gobierno de Puigdemont. A pesar de que 48 horas antes el Senado había activado el artículo 155 de la Constitución que destituía a todo el gabinete, Rull acudió a su despacho situado en el número 2 de la avenida Josep Tarradellas de Barcelona y se fotografió delante de su ordenador con un ejemplar de El Punt Avui que titulaba 'A la feina' (al trabajo). A las diez y cuarto colgó la imagen en Twitter con el mensaje: “En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya”. A las once salió para acudir a una reunión del Comité Nacional del PDeCat y nunca más volvió.

El miembro del Gobierno de Puigdemont que más engañado podía sentirse por la actuación de su antiguo jefe, que a la hora en la que Rull aparentaba ser ministro de la nueva república ya estaba en Bruselas iniciando una estrategia de internacionalización del conflicto con la que los jueces han justificado su prisión provisional, tomó este miércoles la palabra para defender de forma vehemente sus convicciones independentistas. Apuntó que “la realidad institucional catalana existe antes de la Constitución” -la fijó en 1359 y en las Cortes de Cervera-, y se mostró seguro de que, detrás de los doce acusados, “siempre vendrán más”.

El juicio del procés ha terminado como empezó. Con Oriol Junqueras lanzando un mensaje de diálogo con el Estado que en realidad busca ensanchar la base del independentismo, con Jordi Cuixart proclamando que no se arrepiente de nada y con Santi Vila lamentando el estropicio que provocaron la DUI y el 155. Es decir, con la constatación del fracaso de la política, que descarriló en la vía unilateral de los secesionistas y la respuesta a porrazos del Gobierno de Rajoy.

Quienes piensan que la sentencia que el Supremo dictará en otoño pondrá fin a los anhelos del independentismo se equivocan tanto como quienes defienden que los magistrados deberían dictar una resolución que ayude a solucionar el conflicto. Porque ante el fracaso de la política solo queda el triunfo de la justicia y de la ley. La que impartirá el Supremo en otoño y la que el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrán ocasión de revisar en última instancia para analizar si lo ocurrido fue o no delito con el Código Penal vigente. Nada más y nada menos.

Si la sentencia estuviera escrita, como sostiene el independentismo más recalcitrante, los abogados de las defensas podrían haberse ahorrado las 12 horas de informes en las que intentaron desmontar la tesis de la rebelión posmoderna con la que la Fiscalía intenta identificar el procés con el golpe de Estado del 23-F. Pero no lo hicieron.

Rebatieron, en ciertos momentos con brillantez, los puntos más débiles de la instrucción del juez Pablo Llarena y de la acusación que pergeñó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien, como destacó hábilmente el abogado Jordi Pina, dejó pasar los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre y solo se querelló cuando el Parlament aprobó, medio en broma medio en serio y con cara de circunstancias de todos los presentes, la independencia de Catalunya. Esa que, en todos los despachos menos en el de Rull, fue rápidamente derogada sin que se llegara a arriar la bandera española y sin que mediara aviso al cuerpo diplomático para obtener algún reconocimiento internacional.

El gran reto que tendrá que afrontar el tribunal es cómo encajar en el actual Código Penal “un caso difícil de los que hacen malas sentencias”, como apuntó el abogado Javier Melero citando al padre del realismo jurídico, Oliver Wendell Holmes. Dicho en las palabras, siempre más militantes de Andreu Van den Eynde, “un caso difícil que creará Derecho” y que, según él, “fijará los límites del Código Penal que se aplicará a la disidencia política”.

El delito de rebelión que plantea la Fiscalía exigiría de la demostración de que los episodios aislados que se produjeron el 20 de septiembre o el 1 de octubre conforman la violencia idónea que fue necesaria e imprescindible para declarar la independencia. Si el tribunal opta por este tipo penal, como apuntó Pina, se acabaría castigando a los acusados con más dureza que a quienes, habiéndose alzado con armas, hubieran acabado deponiéndolas.

La sedición por la que apuesta la Fiscalía es un delito contra el orden público y acusaciones y defensas coinciden en que, en este caso, el bien jurídico protegido es el orden constitucional, que era el que se quiso derogar con la secesión. Sólo cabría una pirueta jurídica que ya utilizó la Fiscalía en 2015 para abrir diligencias en la Audiencia Nacional contra los alcaldes que apoyaban el referéndum y que consistió en considerar la sedición como una “rebelión en pequeño”, concebida para quebrantar el régimen constitucional.

Una condena por desobediencia, el único delito que admiten haber cometido los acusados, supondría equiparar el procés con la consulta inocua del 9-N, y aplicar el de la convocatoria ilegal de referendos es imposible porque fue despenalizado en 2005 por iniciativa del Gobierno de Zapatero.

Lo que sí parece claro es que, si la sentencia es condenatoria y las penas superan los diez años de cárcel, se utilizará, como ocurrió con la revisión del Estatut por parte del Constitucional, como un motivo de agravio. Lo dijo claramente Josep Rull tras sentirse orgulloso por poder trasladar a sus hijos Bernat y Roger “la dignidad de unas ideas legítimas y nobles”: “No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo”. Un pueblo al que sus dirigentes no dudarán en conducir a un segundo procés.

Como diría el presidente de la Sala de al lado, Manuel Marchena, “no empezamos bien”. Que los cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que tienen que decidir si Franco se queda en el Valle de los Caídos se refieran a él como “jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936”, apenas tres meses después del inicio de la Guerra Civil, es un insulto a las víctimas del franquismo y a todos los demócratas.

Una afrenta también para quienes en los años más convulsos de la historia de España defendieron desde el alto tribunal la legalidad republicana frente a los militares que se alzaron, ellos sí violentamente, contra la Jefatura de Estado de Manuel Azaña, la única legítima en aquel momento. Para quienes pagaron con la vida, la cárcel o el exilio tener que enfrentarse a un golpe de Estado que desembocó en una guerra fratricida que dejó cientos de miles de muertos y un país sumido en la pobreza y el atraso durante los cuarenta años siguientes. Para quienes todavía hoy no tienen un sitio donde velar a sus muertos porque siguen sepultados en una fosa común o una cuneta.

Cuatro días después de la desafortunada frase, nadie ha aclarado si se trató de una torpeza fruto del copia-pega o una convicción de los magistrados en la línea de quienes defienden que el verdadero golpe de Estado lo dio el Frente Popular. Lo cierto es que, de esta manera, el Supremo de 2019 parece reconocerse en los tribunales militares que Franco creó en la zona nacional y no en la institución que, presidida por el magistrado Mariano Gómez González, se trasladó primero a Valencia y después a Barcelona, a medida que iba avanzando el frente de guerra del bando nacional. La Sala ni siquiera se ha preocupado en obviar la fecha del ascenso de Franco a la Jefatura de Estado o mantener una pulcra equidistancia entre los sublevados y las víctimas de la sublevación.

Y eso que Gómez González no era un comunista ni un anarquista peligroso sino un catedrático de Derecho que fundó, junto a Niceto Alcalá-Zamora, un partido que se llamó Derecha Liberal Republicana. Tras su paso por la política, presidió la Sala Militar del Supremo que juzgó y condenó a muerte al general Sanjurjo por su intento de golpe de Estado en 1932 – después fue indultado-, y en 1936 accedió a la Presidencia del propio tribunal tras intentar hacer frente a las matanzas indiscriminadas que se produjeron en las cárceles madrileñas tras el estallido de la Guerra Civil.

A pesar de adelantar tres años la Jefatura de Estado del dictador, en contra del criterio de los historiadores que la sitúan en 1939, los magistrados señalan en el auto que suspende cautelarmente la exhumación de Franco que resolverán el fondo del asunto en “un plazo razonable”, lo que frustra los ánimos dilatorios de los recurrentes: los siete nietos del general, la Fundación Francisco Franco y el prior falangista de la Abadía del Valle de los Caídos. También parecen insinuar que el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez no será tumbado cuando señalan que “no hay duda” de que el “interés general” está presente en la resolución.

Y ese interés, convalidado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con las únicas abstenciones de PP, Ciudadanos, UPN y Foro, no puede ser otro que sacar a Franco del Valle de los Caídos para que este enclave deje de ser el tenebroso monumento nacional que desde el 20 de noviembre de 1975 glorifica su legado. Si el enterramiento fue una cuestión de Estado, la exhumación también debería serlo y, si de lo que se trata es de relegar a Franco al ámbito estrictamente familiar, sus restos deberían ser reubicados en un cementerio discreto, como el de Mingorrubio en El Pardo, y no en la catedral de la capital del país al que sometió y a escasos metros del palacio al que solía asomarse para arengar a los fieles. Por muy privada que sea su cripta.

La enorme paradoja que conlleva la exhumación de Franco, que el Supremo debería intentar resolver cuanto antes para evitar que su imagen siga cayendo en picado en un curso especialmente negro por la catastrófica gestión de la crisis de las hipotecas, es que los nietos del dictador se hayan encomendado a la Justicia, tantas veces pisoteada por su abuelo, para intentar paralizar el procedimiento.

Lo intentan en el Supremo, pidiendo primero la suspensión cautelar y después la nulidad del decreto del Consejo de Ministros, y lo consiguieron parcialmente en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, donde buscaron al singular juez José Yusti Bastarreche, recusado por sus abiertas críticas a la Ley de Memoria Histórica, para que paralizara la licencia de obra necesaria para levantar la lápida.

Y seguirán intentándolo. En el Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante los que previsiblemente denunciarán la supuesta violación de los derechos fundamentales de los Franco-Martínez Bordiú a la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar. Franco y los derechos humanos, la gran broma final.

A Heráclito de Éfeso, llamado El Oscuro, Platón le atribuye la frase de que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río porque entre una y otra las aguas no son las mismas y el hombre tampoco. Al filósofo le contradicen todos los actores del juicio del procés porque, tras cuatro meses en los que se han escuchado a 12 acusados y 422 testigos, se han practicado una treintena de pruebas periciales y se han visto centenares de vídeos, en este río nadie se mueve ni medio centímetro del lugar exacto en el que se zambulló.

La Fiscalía no cede y se reafirma en que lo que sucedió en Catalunya durante aquellos días efervescentes de septiembre y octubre de 2017 fue un golpe de Estado violento. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena le han comprado, uno por uno, los argumentos al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que se libró in extremis de un careo con el entonces número dos de los Mossos d’Esquadra, Ferrán López, y al teniente coronel, Daniel Baena, que entró y salió crecido de la sala de vistas.

Pérez de los Cobos dirigió el operativo policial que intentó sin éxito evitar el referéndum y fue el mando que, según la versión del exmajor Josep Lluís Trapero, decidió a primera hora de la mañana del 1 de octubre romper de manera unilateral la coordinación entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, y ordenar las cargas de las Fuerzas de Seguridad del Estado que dieron la vuelta al mundo.

En sus declaraciones como testigos, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido hicieron la táctica del avestruz y negaron cualquier responsabilidad en los hechos. Los únicos que asumieron el código rojo del procés fueron el número dos de Interior, José Antonio Nieto, y el propio Pérez de los Cobos. Suya es la idea que recoge la Fiscalía en su escrito de conclusiones definitivas al afirmar que la actuación “ineficaz” de la policía catalana fue “determinante” para celebrar el referéndum.

El Ministerio Público también asume la parte de la declaración de Trapero que le interesa, la relativa a la advertencia que hizo a Puigdemont de que, si mantenía la convocatoria del referéndum, podían producirse enfrentamientos violentos en los colegios y su amenaza o su boutade de declarar la independencia si eso sucedía. Pero obvia la respuesta que el expresident trasladó a los mandos, que desmentiría que los 17.000 agentes del Cuerpo estuvieron al servicio del proyecto secesionista: “Hagan lo que tengan que hacer”.

Baena, el mando de la Guardia Civil al que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, encargó que investigara la organización de la consulta, también ha inspirado a los fiscales en sus conclusiones. Fue él quien apuntó en el juicio que Catalunya vivió “un clima inserruccional” en aquellos días y así figura en un escrito en el que las alusiones a la “violencia”, la gran obsesión del Ministerio Público, han pasado de ocho a 14 con el transcurso del juicio.

Este planteamiento demuestra que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dado antes y después del juicio autonomía a los responsables del caso y que, por muchas acusaciones que hiciera la derecha en la plaza de Colón, el Gobierno al que dibujaban “entregado a los independentistas” cayó por la falta de apoyo de estos a los presupuestos y no ha influido, que se sepa, en el desarrollo del juicio del procés.

En el Supremo nada fluye, todo permanece. Y la Abogacía del Estado mantiene la tesis de la sedición, es decir, que la violencia se redujo a desórdenes públicos puntuales durante los registros del 20-S y en los colegios el 1-O, y que los acusados instaron a las masas a impedir el cumplimiento del mandato judicial que tenían los agentes que registraron los edificios de la Generalitat durante la operación Anubis y los que se llevaron las urnas del referéndum ilegal. “Un golpe al Estado”, como resumió el expresidente del Gobierno Felipe González.

La acusación popular de Vox, el mejor aliado de las defensas por la impericia procesal que han acreditado sus silentes abogados durante toda la vista, mantiene su estrambótica petición de dos rebeliones y una organización criminal y tiene un gesto con Santi Vila -al reducir sus delitos a desobediencia- que solo servirá para complicarle aún más la vida ante los que le señalan de botifler y quienes, como el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le borran del banquillo al señalar que los acusados son 11 y no 12.

Las nimias modificaciones de las acusaciones en las estancadas aguas del procés llegan después de que el tribunal haya visto los ansiados vídeos propuestos por las partes que, a pesar de ser muy parecidos, justifican el relato de la rebelión de un lado y el de la desobediencia civil pacífica del otro. En esos vídeos se observa, objetivamente, a una mayoría de ciudadanos y policías comportándose sin violencia y a una minoría lanzando piedras o dando porrazos, puñetazos y patadas voladoras. Al lado de los enfrentamientos de Gamonal, Rodea el Congreso o el propio asedio al Parlament de 2011, que fueron hábilmente exhibidos por iniciativa del impecable abogado de Forn, Javier Melero, la violencia del procés se parece mucho a la de un parque de bolas.

Porque para que haya rebelión es necesaria la existencia de la violencia idónea, la necesaria, la imprescindible para que, gracias a ella, pudiera declararse la independencia de Catalunya y, según revelaron el lehendakari Urkullu y el repudiado Santi Vila, ésta se proclamó de rebote, por la presión de la calle y casi sin querer. Aún así, nadie en el juicio se mueve de sus posiciones porque, como también decía Heráclito, el del río de Éfeso, “la guerra es común a todas las cosas y la justicia es discordia”.

“Fíjese que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal”. De la ristra de frases que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, está dejando durante el juicio del 'procés', esta es, sin duda, la que debería sobrevivir al procedimiento, estamparse en camisetas y sudaderas, ocupar con justicia el espacio reservado para el tuit fijado y el estado permanente del WhatsApp.

Por imperativo legal se celebra el juicio en el alto tribunal, acusan la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acción popular, ejercen el derecho de defensa las representaciones de los acusados y se sientan en el banquillo quienes presuntamente vulneraron la Constitución al impulsar un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamar por la vía unilateral la independencia, real o simbólica, de Catalunya. Dicho en latín, “dura lex, sed lex” (la ley es dura pero es ley).

Este principio también se puede aplicar al embrollo que han protagonizado esta semana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, los grupos de la futura oposición y el propio Marchena por la suspensión de los cuatro diputados y el senador que se sientan en el banquillo de los acusados del juicio contra los independentistas. Por encima de todos ellos está la ley, y en este caso concreto, la de Enjuiciamiento Criminal, que en su ya célebre artículo 384 bis establece que, “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Al juez que dirigió las pesquisas contra los independentistas, Pablo Llarena, se le pueden criticar muchas cosas de su instrucción y una de las más controvertidas, junto a la imputación por rebelión, fue que, a diferencia de lo sucedido esta semana, no dejó que los diputados electos acudieran al Parlament para tomar posesión de sus escaños con el argumento de que durante su traslado podían producirse “graves enfrentamientos ciudadanos”.

Pero el 10 de julio de 2018, tras el procesamiento en firme de los parlamentarios, Llarena resolvió la cuestión proclamando que todos ellos habían quedado “suspendidos automáticamente” en las funciones y los cargos públicos que desempeñaban “por imperio del artículo 384 bis de la Lecrim”. Ni les suspendió él ni les suspendió la Mesa del Parlament que, con mayoría de las formaciones independentistas, ejecutó esa suspensión a través de la delegación de sus votos. Les suspendió la ley. No hay margen. Fueron suspendidos por imperativo legal.

Por eso, el debate en torno al que ha girado la recta final de la campaña electoral −si corresponde al Congreso o al Supremo la suspensión en sus funciones, y en sus sueldos, de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull− resulta artificial. Porque es la ley, que fue concebida por el legislativo y que está por encima de los dos poderes, la que automáticamente les suspende, tal y como avala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y como decidió la Mesa del Congreso con efectos desde el mismo momento en el que los afectados tomaron posesión de sus escaños. Argumentar que esa suspensión solo está concebida para la fase de instrucción y no para la del juicio oral sería igual a decir que los acusados por rebelión no están procesados en firme por ese delito.

El tribunal del juicio del 'procés', que no ha querido regalar el titular de que la suspensión era cosa suya y que mide cada paso que da por temor a que cualquier error le suponga una condena por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, prefirió vadear la cuestión y trasladar la responsabilidad a las Mesas del Congreso y el Senado. Así, solventó la papeleta recordando que el Reglamento de la Cámara Baja establece la suspensión de funciones para todos los diputados que se encuentren en prisión provisional después de la elevación de un suplicatorio.

Los magistrados argumentan que exigir un suplicatorio para este caso supondría pervertir el sentido de esta figura, concebida como una prerrogativa del legislativo para evitar que el judicial pueda comenzar a investigar a uno de sus miembros de forma arbitraria, no para impedir que se pueda seguir juzgando a quien ya se sienta en el banquillo por la existencia de razonables indicios de delito. Lo contrario, dicen, sería establecer una especie de “revisión o control” del legislativo sobre el judicial. Pero los letrados del Congreso consideran que sin suplicatorio no hay suspensión a través del Reglamento.

Llegados a este punto, se desbordaron los excesos políticos, con un ojo o los dos en la cita con las urnas del domingo, en la que se cruzan los intereses del PSOE, el PSC, Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos. Batet quiso dilatar los tiempos y pidió al Supremo que actuara como su asesoría jurídica; Pablo Casado planteó la reprobación de la presidenta del Congreso e incluso una querella por prevaricación por el simple hecho de pedir un informe consultivo a los letrados de la Cámara; y Albert Rivera acusó a la dirigente del PSC de ser estar “humillando” a una institución que, más que ninguna, debería someterse, siempre, al imperativo legal.

La legislatura comienza como acabó. Con el Gobierno socialista atrapado entre las tres derechas, que le atribuyen pactos ocultos con los independentistas, y los socios catalanes de la moción de censura compitiendo en radicalismo, afeando a Pedro Sánchez y Miquel Iceta que formaran parte del bloque del 155 y reclamándoles interferencias políticas en el juicio del procés que saben que son imposibles de cumplir.

A pesar de la derrota en las urnas de los apóstoles de la crispación y del frenazo a las expectativas de la extrema derecha, nada parece haber cambiado con respecto a Catalunya y nada parece que cambiará en el corto plazo. Al menos hasta que se celebren las elecciones europeas y municipales del próximo 26 de mayo y hasta que, a mediados de junio, con la Fiscalía lanzada para mantener la acusación por rebelión, el Supremo deje visto para sentencia el juicio, que se ha enrarecido esta semana con la declaración de testigos más proclives a expresar sus opiniones políticas que a esclarecer los hechos que se juzgan.

La vista oral, que afronta este próximo mes su fase definitiva con la práctica de la prueba pericial y documental y la presentación de los informes de conclusiones de las partes, y las elecciones, en las que vuelven a competir el exilio de Puigdemont y la vía del martirio escogida por Junqueras, lo contaminan todo. Con la particularidad de que la parálisis que vive el Parlament desde diciembre de 2017 amenaza también con trasladarse al Congreso y al Senado, donde este martes Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull tomarán posesión en persona de sus actas como parlamentarios.

Quienes están siendo juzgados en el Supremo por rebelarse contra la Constitución tendrán que jurar o prometer su cumplimiento en un trámite que ha sido autorizado por el tribunal del procés porque los reglamentos de las Cortes exigen la presencia física de los electos, a diferencia de lo que ocurrió en enero de 2018. Entonces el juez instructor, Pablo Llarena, rechazó el traslado al Parlament de los presos sacándose de la chistera que se encontraban en situación de “incapacidad legal prolongada” y alegando que durante los traslados desde la cárcel podían producirse “graves enfrentamientos ciudadanos”.

Después llegará el turno de la Mesa del Congreso, en la que tendrán mayoría PSOE y Podemos con la representación del PP y Ciudadanos y la ausencia del resto de partidos. Este órgano decidirá si suspende automáticamente en sus funciones a los electos, como recomendó en su último auto el tribunal en aplicación del Reglamento de la Cámara y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece esa medida para los procesados por rebelión que se encuentran en prisión provisional.

Aunque más importante será cómo se articula esa suspensión y hasta dónde llegan sus efectos. Si la Mesa permite la delegación del voto de los dirigentes independentistas en sus compañeros de grupo, como se hizo en el hemiciclo catalán, los equilibrios en el Congreso quedarían intactos y la investidura de Sánchez dependería del apoyo de los independentistas o la consecución de abstenciones en segunda vuelta. Si se veta esa posibilidad, el umbral de la mayoría se rebajaría hasta los 174 escaños, lo que allanaría su camino hacia La Moncloa.

Además, la inaudita decisión de ERC y Junts per Catalunya de negarse a ratificar a Iceta como senador de designación autonómica, lo que impide su elección como presidente de la Cámara Alta, enfanga aún más el terreno de juego y vuelve a derivar a los tribunales una cuestión que debería ser exclusivamente política. En todos los parlamentos autonómicos españoles, con la vergonzante excepción de la paralización durante seis meses de la candidatura de Leire Pajín en el Parlamento valenciano con más imputados por corrupción de la historia, ese trámite se ha solventado sin margen para el veto de las fuerzas políticas mayoritarias, que con este nuevo criterio pasarían a escoger a todos los senadores autonómicos.

La Constitución, de hecho, consagra el derecho de participación política y del acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, mientras que el Estatut y el Reglamento del Parlament recogen que la designación de senadores autonómicos debe realizarse “de forma proporcional al número de diputados de cada grupo parlamentario”, de forma que el Pleno únicamente tiene la potestad de “ratificar esa decisión”.

La mayoría de expertos en derecho constitucional creen que el recurso de amparo presentado por los socialistas catalanes ante el Constitucional podría prosperar aunque su consecuencia última sería la anulación del acto impugnado, es decir, de la votación en el Parlament, que tendría que volver a realizarse. Sin embargo, ese recurso difícilmente se estudiará antes del martes, día en el que el Pleno del Senado se reunirá para constituirse y elegir a su próximo presidente. Demasiado tarde para Iceta, víctima de un ambiente en el que todo está contaminado.

Puigdemont ganó una batalla judicial en Alemania y acaba de ganar otra en España. El Tribunal Supremo, que le procesó en rebeldía y a día de hoy mantiene una orden de detención nacional contra él, y el Constitucional, que le impidió ser investido president de la Generalitat de forma telemática, han avalado su presencia en las próximas elecciones europeas. Si el CIS de Tezanos acierta, obtendrá un escaño en el Parlamento de Estrasburgo.

La decisión de la Junta Electoral Central de excluir de los comicios al candidato de Waterloo y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, acompañada de un voto particular que fue el germen de los recursos que han acabado prosperando, pone de relieve que en las últimas semanas el árbitro en las urnas se ha convertido en protagonista. Y no solo por las tres expulsiones sino también por los volubles criterios con los que ha moldeado los debates electorales.

El intento de perjudicar a la candidatura de Lliures per Europa, marca electoral de Junts per Catalunya, se llevó a cabo haciendo uso de unas competencias que no corresponden a la Junta Electoral y con un inaudito voto particular en un organismo en el que la mayoría de las decisiones se aprueban por consenso. Solo respaldaron la medida siete de los 13 vocales, cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tres catedráticos. Se abstuvieron, para no contaminarse, los dos jueces que forman parte del tribunal del procés, Luciano Varela y Ana Ferrer, y formularon un voto particular discrepante otros cuatro representantes, entre ellos el presidente de la Junta, Segundo Menéndez, y el vicepresidente, Eduardo Calvo.

A lo excepcional de que una decisión de este organismo cuente con la discrepancia de un tercio de sus miembros se unen los motivos esgrimidos por la mayoría: por un lado, la situación procesal de los candidatos en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los independentistas; por otro, inexactitudes en el censo electoral que, a juicio de este organismo y de las dos formaciones que motivaron el litigio -el Partido Popular y Ciudadanos-, justificaban su exclusión. Pero los dos argumentos se caen por su propio peso.

El primero porque ni la imputación ni el procesamiento en una causa judicial suponen una merma de los derechos políticos del afectado, según ha reconocido de forma reiterada el Tribunal Supremo. A ninguno de los encausados por el procés se le pusieron trabas para presentarse a las elecciones catalanas de diciembre de 2017 o a las generales del pasado 28 de abril, a las que incluso concurrió como candidato al Senado el también exconseller Lluís Puig, exiliado junto a Puigdemont por su propia voluntad. El segundo argumento, relativo al hecho de que los candidatos no están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pesar de ser residentes en Bélgica, fue tumbado por los juzgados de lo Contencioso porque esta circunstancia no es una de las causas de inelegibilidad contempladas en la ley electoral.

El desatino lo completó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, reunida de urgencia el domingo del Puente de Mayo para dictar una inédita resolución en la que, a la vez que entraba en el fondo del asunto aconsejando a los juzgados ordinarios que anularan la resolución de la Junta Electoral, se declaraba incompetente para resolver la cuestión. Ser y no ser al mismo tiempo.

Pero la de Puigdemont no es la única decisión difícilmente explicable que ha aprobado en las últimas semanas la Junta Electoral. Sus miembros cercenaron el debate a cinco de Atresmedia al considerar que, si Vox estaba presente, también tenían que estar otros partidos como Coalición Canaria, el PNV o Junts per Catalunya. El argumento utilizado para condicionar el debate organizado por un medio privado fue que la formación de extrema derecha no era “un grupo político significativo” porque no había obtenido un 5% de los votos en unas elecciones nacionales y las otras formaciones sí.

En 2016, sin embargo, se aceptó la presencia en los debates de Podemos y Ciudadanos, que habían obtenido esa representación en comicios anteriores, pero se desestimó la presencia en los mismos de IU y UPyD, que a diferencia de los partidos emergentes sí tenían en aquel momento representación en el Congreso. En el debate de las próximas elecciones europeas, Vox estará presente en los debates pero no así Compromís, a pesar de que el primero no tiene representación en la Eurocámara y el segundo sí.

Para conseguir la cuadratura del círculo, la Junta Electoral Provincial de Madrid decidió excluir a Más Madrid −la plataforma de Manuela Carmena e Íñigo Errejón− de los debates en la radio y la televisión públicas madrileñas, pero la Junta Electoral Central se entrometió en su decisión y la enmendó a medias: permitiendo la presencia de la alcaldesa pero no la del candidato a la Comunidad. El argumento utilizado esta vez es que la coalición es un partido nuevo que concurre por primera vez a los comicios autonómicos y, por tanto, carece de representatividad. Y eso que Errejón lleva en su lista a 12 diputados en la Asamblea.

Lejos quedan los días en los que los presidentes de las constructoras más importantes del país se acercaban en persona al número 13 de la calle Génova y subían a la planta sexta para intentar asegurarse lo suyo. Allí les recibían con los brazos y las manos abiertas el tesorero Álvaro Lapuerta y el gerente Luis Bárcenas, que tomaban buena nota de sus principales desvelos -un contrato aquí, una adjudicación allá- y apuntaban cuidadosamente sus entregas en metálico.

Tras los afectuosos saludos de despedida, acompañados de algún puro si la visita lo merecía, los taquitos de billetes perfectamente organizados se entregaban al cajero, Antonio Molero, que bajaba a la calle y los ingresaba en el banco de enfrente -primero el Banco de Vitoria y después el Banesto-, cuidándose siempre de que no superaran el límite de 60.000 euros establecido por la ley de financiación de partidos políticos.

El juez Pablo Ruz acreditó este relato en la instrucción sobre la caja B del Partido Popular pero no pudo demostrar la relación directa entre las donaciones y las adjudicaciones que recibieron entre 2002 y 2009 las 15 constructoras que aparecían en los papeles de Bárcenas. Según calculó la Intervención General del Estado, con los 4,8 millones de euros que aportaron, esas empresas se hicieron con contratos otorgados por administraciones gobernadas por la formación por valor de 22.452 millones de euros. Un dinero bien invertido.

Ese Partido Popular al que los votos y las donaciones le llovían del cielo ya no existe. Las elecciones del domingo le han dejado herido políticamente, con dos competidores desde el centro hasta la extrema derecha que amenazan con borrarle del mapa, y unas finanzas menguantes, no solo por los resultados electorales sino también por los procedimientos judiciales que la formación tiene a la vuelta de la esquina, que podrían llevarle a la bancarrota. Si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quiere dar un paso al frente, debería hacerlo cuanto antes porque, si se demora mucho, igual le venden hasta la sede.

Hoy al frente de la tesorería del partido está el senador por Ávila, Sebastián González, que tendrá que manejar una pérdida de ingresos del 45 por ciento por los resultados obtenidos el 28 de abril. Los 19 millones de euros que la formación presidida por Mariano Rajoy obtuvo en 2016 se quedarán en 10,5 millones con Pablo Casado. A ello hay que sumar que el poder territorial de los populares, desaparecidos literalmente en el País Vasco y en serio riesgo de volatilización en Catalunya, podría quedar seriamente dañado si el próximo 26 de mayo, en bastiones tradicionales como la Comunidad de Madrid, se confirma el ‘sorpasso’ de Ciudadanos que ya se ha producido en las generales.

Pero es que la que se avecina en Génova,13 en los tribunales se parece mucho a un relato de terror. El 14 de junio comienza en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en el que la formación se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica junto a su extesorera Carmen Navarro, el antiguo responsable del departamento jurídico, Alberto Durán, y el de Informática, José Manuel Moreno. En el juicio, en el que se reeditará el ya mítico enfrentamiento entre María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas, la Fiscalía no acusa pero Izquierda Unida solicita que al PP se le imponga una multa de 10,9 millones de euros, mientras que el Observatori DESC pide la prohibición de recibir donaciones durante cinco años y la suspensión de actividades, tal y como se hizo con Batasuna y sus sucesoras antes de su ilegalización.

Los populares también afrontarán en los próximos meses la revisión en el Supremo de la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel, que tumbó al Gobierno de Rajoy tras condenar al PP por lucrarse con 245.492 euros y dejar constancia de la existencia de su caja B. Los de Pablo Casado llevan meses intentando desacreditar al magistrado José Ricardo de Prada por incluir en la sentencia que la formación contó con “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989” pero lo cierto es que esa afirmación está avalada por decenas de pruebas y el magistrado, muy respetado fuera de España, acaba de volver a su puesto después de formar parte del tribunal de la ONU que ha condenado al genocida serbobosnio Radovan Karadzic.

Además, el alto tribunal tiene que resolver los recursos de casación contra la sentencia por los chanchullos de la sucursal de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, que estableció que el PP financió sus campañas electorales de 2007 y 2008 de manera “delictiva”. A la formación, que verá disminuidos sus ingresos en 1,1 millones de euros por el batacazo electoral que también ha sufrido en las elecciones valencianas, no se le pudo condenar por estos hechos porque la responsabilidad jurídica de los partidos políticos no entró en vigor hasta el año 2015.

El calvario judicial continuará con el juicio por los papeles de Bárcenas, en el que el PP tuvo que depositar una fianza de 1,2 millones de euros para evitar el embargo de su sede, que ahora se podría tener que vender para conseguir liquidez. Santiago Abascal, que formó parte del PP en los años en los que las donaciones regaban las finanzas de Génova y su padre recibía fondos de la caja B, el mismo al que Casado ofrecía ayer entrar en el Gobierno y hoy acusa de liderar la “extrema derecha” tras haber vivido de las “mamandurrias” de Esperanza Aguirre, ya ha sentenciado a su antiguo partido: “Se os está poniendo cara de UCD”.

Con el tono y los ademanes de quien acaba de dejar el cubata escondido debajo del atril, el número tres de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, preguntaba a sus seguidores en la plaza de toros de Las Rozas a quién llamarían para hacer frente a dos “quinquis” que se meten en tu casa. “¿A Casado, a Rivera o a Abascal?”. Tras la respuesta obvia y el alborozo general, contaba que alguien le había advertido de que se había olvidado de los otros dos candidatos a las generales, “Pedro y Pablo”, y el monólogo de cuñado en Nochevieja daba un giro inesperado para señalar que no, que esos eran “los dos atracadores”.

Llamar delincuentes a los adversarios políticos es lo más suave que han dicho los dirigentes de Vox en una campaña electoral en la que, siguiendo al pie de la letra el libro de estilo del 'trumpismo' más exacerbado, han puesto en el punto de mira a todos los que arruinaron el paraíso perdido por la globalización, que en su caso no es otro que la España católica, taurina y cazadora que dejaron los “cuarenta años de paz” del franquismo.  

Nutrido por el descontento de los indignados de derechas, el de Vox es un discurso dirigido contra el conjunto de la clase política con especial predilección por “los progres, los comunistas, los traidores a la patria y los proetarras”-, los medios de comunicación “manipuladores”, los inmigrantes que quieren “poner burka a las mujeres españolas” y las “feminazis” que practican el “yihadismo de género”.

Un relato que planea siempre sobre los límites del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes públicamente promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo por razones de raza, ideología, religión u orientación sexual. Por ese delito de odio la Fiscalía de Valencia ya investiga al número dos de la formación, Javier Ortega Smith, que denunció la existencia de “una invasión islamista” en Europa. “Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama invasión islamista”, afirmó.

En el mundo de Ortega Smith, el hombre que se subió al peñón de Gibraltar para plantar una bandera de España y que pidió a los Reyes Magos unas 'Monster High' con las caras de Susana Díaz, Carmen Calvo, Carmena y Echenique, cada vez más europeos “se están poniendo en pie porque están sufriendo en sus calles y en sus barrios la aplicación de la ‘sharia’ y no están dispuestos a que se derriben sus catedrales para ser sustituidas obligatoriamente por mezquitas”.

Su jefe, Santiago Abascal, ha roto la dialéctica tradicional de cuarenta años de democracia en la que los líderes de los partidos siempre se han considerado “adversarios” y han reservado el calificativo de “enemigos” únicamente a los terroristas. “España tiene un enemigo que tiene nombre de partido: Partido Socialista Obrero Español”, le gusta decir al líder de Vox en sus actos públicos. Después añade que los socialistas dieron “dos golpes de Estado durante la Segunda República” y que estuvieron “detrás de la provocación de la Guerra Civil”.

Nada ni nadie se salva del populismo de la extrema derecha, ni siquiera sus aliados de la “derechita cobarde” que traiciona “a la patria por sus intereses”, ni la “veleta naranja” que no distingue entre “atracadores y atracados”. El resto son los del “chollo progre”, los “comunistas liberticidas”, “la banda de la capucha del PNV”, “los burguesitos y golpistas catalanes” o “los que justifican a ETA”. Barra libre.

Vox difama como “buscadores de huesos y estrategas del revanchismo” a quienes reivindican la memoria histórica y buscan a sus seres queridos en una cuneta, como aseguró el diputado andaluz Benito Morillo. Insulta a las mujeres maltratadas, al decir que las cifras de denuncias están “infladas” y que quienes se dedican a protegerlas fomentan los “chiringuitos de las subvenciones”. Rezuma machismo y homofobia al apuntar que las mujeres liberales no se proclaman “putas, brujas y bolleras” porque eso está reservado a las “piojosas de ultraizquierda”, como escribió el portavoz en Andalucía, Francisco Serrano.

Algunos de sus candidatos resultan ser demasiado ultras incluso para ellos mismos. Como el cabeza de lista por Albacete, Fernando Paz, que tuvo que renunciar al puesto tras conocerse que en un acto organizado por Falange en 2016 atribuyó los asesinatos de judíos en Europa al “estado caótico, la falta de alimentación y a la extensión de tifus” en los campos de concentración. O el número dos por San Fernando de Henares, José Pedro Cuadrado, apodado ‘El Coplillas’, que se cayó de las listas tras difundirse un vídeo en el que defendía, superando en mal gusto al mismísimo Torrente, que “ser maricón es un cuento para votos recaudar”.

Analizando sus declaraciones en público causa pavor lo que pensarán sus dirigentes en privado. Porque el partido que sueña con una España sin autonomías, sin inmigrantes, sin matrimonio gay, sin aborto y sin independentistas es un peligro para todos los avances que se han conseguido desde la Transición. Y para la democracia misma.

El próximo 28 de abril están en juego el futuro de las pensiones y de los impuestos, la subida del salario mínimo, la redistribución del crecimiento económico, las medidas para reducir el paro, la vigencia de las políticas contra la violencia machista o la aprobación de una ley de muerte digna. Pero, por mucho que estos asuntos sean trascendentales en la vida de millones de personas, el factor que ha provocado el final de esta legislatura y que marcará la próxima es y seguirá siendo la situación en Catalunya.

Al adelanto electoral se llegó después de una moción de censura que unió a todos contra el PP por la demoledora sentencia de la Gürtel, que en los próximos meses tendrá que ser ratificada o revocada por el Tribunal Supremo en su parte esencial –la relativa a la existencia de una financiación con dinero negro durante dos décadas–, y después de que los independentistas catalanes, en parte por el golpe de mano que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dio en el seno del PDeCAT, supeditaran el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez a una rebaja en la acusación de la Fiscalía en el juicio del procés.

En los primeros meses de la nueva legislatura llegará la sentencia, que con la Fiscalía reforzada en su convicción de que los hechos deben ser tipificados como una rebelión violenta contra el Estado, previsiblemente conllevará penas de prisión para los dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados. Así pues, una de las primeras decisiones que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno será decidir si concede o no los indultos que podrían solicitar sus defensas mientras preparan los recursos ante el Tribunal de Estrasburgo, en los que la Abogacía del Estado tendrá que defender la posición de la Justicia española en los pleitos en los que se examinará si los derechos fundamentales de los procesados fueron vulnerados cuando se les impidió, por ejemplo, asistir a la toma de posesión de sus escaños en el Parlament o participar en sus debates de investidura.

El escenario de máxima tensión emocional que provocará la sentencia se trasladará también al Congreso porque, hoy por hoy, y con la vista puesta en Estrasburgo, los siete magistrados que componen el tribunal del procés son partidarios de que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull acudan presencialmente al Congreso y al Senado para tomar posesión de sus actas e incluso puedan participar en las sesiones votando telemáticamente desde la cárcel. Condicionando plenamente el propio funcionamiento de las Cortes, el problema catalán también se trasladará al Parlamento europeo, al que optan como cabezas de cartel de sus formaciones Junqueras y Puigdemont. Esa jugada abrirá una nueva batalla sobre la forma en la que el Supremo garantizará su derecho a la participación política y, en el caso del expresident, podría provocar la petición de un suplicatorio para levantar su inviolabilidad parlamentaria en el caso de que se retome la petición de entrega, dos veces suspendida por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.

Pero, además, es la gestión del proceso independentista catalán y su salida a través del 155 y de la judicialización de la cuestión lo que ha sacudido el panorama político en estos últimos años. A la situación catalana se debe la irrupción en el tablero electoral de Vox, un partido de extrema derecha nacionalista española que, rompiendo el 'fair play' entre adversarios que ha caracterizado cuarenta años de democracia, sitúa a Pedro Sánchez y sus socios como los “enemigos” (sic) de la patria. Aunque lo realmente grave para el sistema es el contagio que ese discurso retrógrado que sueña con la España sin autonomías de 1975 ha provocado en el Partido Popular y Ciudadanos, arrastrados por la foto de Colón en una competición por dar caña a “felones” y “golpistas”en la que incluso la extinta ETA está invitada.

Llegados a este punto conviene examinar las propuestas que cada partido ha incluido en sus programas electorales para solucionar el problema de Catalunya, que seguirá siendo tal el día después de las elecciones. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat apunta que el 78,7 por ciento de los catalanes está muy o bastante de acuerdo con la celebración de una consulta de autodeterminación y, en este contexto, el 48,1 por ciento de catalanes quiere la independencia y el 44,1 por ciento la rechaza.

Al PSOE se le han caído del programa las referencias a la España plurinacional y apuesta por “un nuevo impulso del autogobierno” que rechaza por igual el “derecho de autodeterminación” que vertebra los programas electorales de ERC y Junts per Catalunya, y “el estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155” que proponen el PP y Ciudadanos. Los de Casado acuden al 28A con la intención de volver a penalizar la convocatoria de referendos y prohibir por ley los indultos en los casos de sedición y rebelión; y los de Rivera, con la promesa de actualizar esos dos delitos en el Código Penal e impedir que “los fugados de la justicia” puedan volver a presentarse a las elecciones. Unidas Podemos, por su parte, plantea normalizar todo tipo de consultas y llevar a cabo un referéndum pactado sobre Catalunya, mientras que Vox propone suspender la autonomía catalana e ilegalizar todos los partidos independentistas.

Con estas claves en la cabeza habrá que votar el 28 de abril porque, a pesar de la celebrada queja que el parlamentario de Compromís Carles Mulet realizó en el Pleno del Senado, hay muchas posibilidades de que el soniquete de la próxima legislatura vuelva a ser el que monopolizó la anterior: “Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya…”

En el elegante Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que se celebra el juicio del procés comparten estrados los más listos de la clase. Allí se sientan siete magistrados integrados en la élite de la judicatura y que han escrito buena parte de la jurisprudencia de la Sala Segunda que permanece vigente, una ex fiscal general del Estado, tres representantes del Ministerio Público con decenas de casos resueltos a su favor y algunos de los abogados penalistas más brillantes y mejor pagados de Barcelona. Y luego están los letrados de Vox.

Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, a quienes no se conocen otros méritos que los de ostentar los cargos de secretario general y vicesecretario jurídico de la formación de extrema derecha que se ha colado en el juicio por su oportunismo al personarse en la causa, ejercen una acusación popular tan errática que, si se cambiaran de lado en la sala de vistas y se sentaran junto a los acusados, nadie notaría la diferencia.

La seguridad en el paso con la que los dos engominados letrados de Vox se mueven en los alrededores del Supremo se esfuma en el mismo momento en el que cruzan el umbral de la sala de vistas, en la que han intentado, sin éxito, asumir un perfil bajo con el que disimular que su presencia en el juicio es como la de esos equipos de Segunda B que, en las primeras rondas de la Copa del Rey, tienen la suerte de jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou. Si por ellos fuera, Ortega Smith y Fernández acabarían el juicio pidiendo cambiarse la toga con Marchena o Zaragoza y haciéndose una foto con Pina y Melero.

Para ello, la acusación amateur de Vox ha optado por hacerse un guion de preguntas que repite de forma rutinaria a todos los testigos como si fuera el interrogatorio que te hacen en la aduana. “¿Se intentó asaltar los cuarteles o la Consejería? ¿En la masa vio a alguien que organizaba? ¿Utilizaban técnicas de guerrilla urbana contra la Guardia Civil? ¿Había barreras de ancianos y niños como escudos humanos?” Cien por cien de perseverancia, cero por ciento de eficacia.

Esa insistencia, la misma con la que Marchena les ha tenido que reclamar, día tras día, que obviaran las preguntas sobre la supuesta destrucción de papeles en la incineradora de Sant Adriá porque el caso había sido archivado, ha provocado diálogos esperpénticos, como el que Ortega Smith protagonizó con el comisario de los Mossos Juan Carlos Molinero cuando éste le indicó: “A todas las reuniones de coordinación con Pérez de los Cobos asistía Ferrán López, yo no”. Pregunta rápida del abogado de Vox: “¿A cuántas reuniones asistió usted?”. Respuesta: “A ninguna”. Un intercambio que no desmerece el que mantuvo con Artur Mas: “-¿Conoce quién tomó la decisión de convocar el 1 de octubre? -Lo conozco. -¿Quién? -El Gobierno de la Generalitat”.

La linde se acaba y los abogados de Vox siguen preguntando. La falta de definición de sus cuestiones ha llegado a descolocar a los testigos más seguros. Por ejemplo, al coordinador del dispositivo de seguridad, Diego Pérez de los Cobos, al que trasladaron “cómo podía haberse evitado el 1 de octubre”. “No lo sé”, balbuceó por primera vez el coronel de la Guardia Civil antes de que Marchena le rescatara para pedir a Ortega Smith que no preguntara por “conjeturas”. Algo similar le pasó al comisario de Policía Nacional que dirigió la polémica intervención en la sede de la CUP, para la que no había orden de registro judicial. Ortega Smith preguntó al testigo si los Mossos tenían la intención de “avisar a los organizadores”, lo que provocó, una vez más, la intervención del presidente del tribunal, que recordó que los policías nacionales no tienen por qué saber lo que piensan los de la otra policía. “Sería heroico que lo supiera”, terció.

El mayor favor que los abogados de Vox han hecho durante al juicio a los que califica de “golpistas” llegó el día que olvidaron preguntar al major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, por la reunión clave que la cúpula del cuerpo mantuvo el 28 de septiembre con Puigdemont y en las que, después de varias sesiones, se llegó a saber que el expresident aseguró que declararía la independencia si el 1 de octubre había violencia. Al ser la formación de extrema derecha la única acusación que había pedido el testimonio de Trapero, el tribunal impidió a las demás partes que preguntaran por ese asunto, lo que llevó a Marchena a tener que interrogar

él mismo por primera y única vez en el juicio. Al fiscal Zaragoza se le escapó un lamento cargado de veneno: “Le voy a preguntar por el 20 de septiembre, que ahí el interrogatorio de la acusación popular ha sido más extenso”. Aún así, Vox vendió en las redes sociales como una hazaña lo que fue un error de primero de derecho. “La utilidad de la acusación popular de Vox demostrada hoy en el Supremo”, presumieron.

Pero el tropicalismo jurídico de la formación alcanzó su máximo esplendor en la tarde de este miércoles cuando los letrados hicieron desfilar por el Supremo a cinco agentes de la Guardia Urbana de Badalona que fueron preguntados por unos hechos que ya conocía la Sala y “un mozo de Escuadra”, en el vocabulario de Ortega Smith, que declaró que lo más que hizo el 1 de octubre fue “apartar a un borracho” que daba tumbos por Granollers. Los testimonios eran tan prescindibles que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y todas las defensas adoptaron el primer acuerdo de conformidad que se ha visto en este juicio y que podría ser el único: no hacer ni una sola pregunta y aguantarse la risa.

“Villarejo suele decir las cosas sin decirlas, lanza constantes insinuaciones, avanza en  una línea y luego retrocede. No te imaginas lo manipulador que es”. En esta frase, pronunciada por alguien que trabaja en la investigación judicial que se sigue en la Audiencia Nacional para desentrañar los 40 terabytes de información que se incautaron al comisario de policía más famoso de España, se resume la sensación que José Manuel Villarejo (67 años) deja en el juzgado cada vez que acude a una declaración en una de las diez piezas del caso Tándem. 

El comisario jubilado dice bastantes mentiras, algunas verdades y muchas medias verdades, según los investigadores. La ardua tarea a la que se enfrentan es la de desentrañar unas de otras, contrastarlas con la ingente documentación que se le incautó a él y a su socio, Rafael Redondo, tras sus arrestos en noviembre de 2017, impulsar las investigaciones que, a partir de la documentación solicitada y otros testimonios se demuestran verdaderas, y frenar en seco las fabulaciones.

Entre estas últimas hay que destacar las manifestaciones que Villarejo hizo en la Audiencia Nacional en relación con el 11-M, que involucraban a los servicios secretos marroquíes en la matanza y apuntaban que no se había investigado de manera suficiente la autoría intelectual de los atentados. Tras escuchar la declaración del investigado, la Fiscalía ha solicitado el archivo de esa línea de investigación por su falta de “verosimilitud”, algo a lo que previsiblemente accederá el juez Manuel García Castellón en los próximos días. “Sus afirmaciones están basadas en testimonios de referencia, afirmaciones vagas, datos ya conocidos y meras recopilaciones de informaciones periodísticas”, apuntan fuentes jurídicas. 

Lo que sabemos por el momento de las piezas que componen este sumario, que constituyen solo la punta de la monumental cloaca de grabaciones, espionajes y supuestos chantajes en la que Villarejo se desenvolvió tras décadas de trabajos sucios, saca a la luz dos sospechas que cuestionan muy seriamente la calidad de la democracia española. La primera, que en el seno del Ministerio del Interior funcionó durante años una “organización criminal” dedicada a investigar sin control judicial a los rivales políticos del Partido Popular. Y la segunda, que de ella no sólo se valió el Gobierno de Mariano Rajoy sino también bancos, empresarios, bufetes de abogados y directivos de grandes corporaciones que no dudaron en utilizar sus servicios para ajustar sus cuentas por la vía rápida. 

La cloaca del establishment que dirigía Villarejo también ha puesto al descubierto una brigada policial formada por casi un centenar de agentes que, bajo el mando del antiguo director adjunto operativo (DAO) de la policía, Eugenio Pino, comenzó investigando a la familia Pujol y al nacionalismo catalán cuando empezó a asomar su deriva hacia posiciones independentistas y acabó buceando en la financiación de Podemos a través del régimen chavista de Venezuela en la época en la que, tras el periodo en el que su ascensión en las encuestas era alimentada por el Gobierno y el PP con el interés de hundir al PSOE de Pedro Sánchez, comenzó a fraguarse una posibilidad de Gobierno progresista que evacuara a Rajoy de la Moncloa. 

“La pequeñita estaba al corriente de todo”, le llegó a decir Villarejo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en referencia a la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que situó en una constante guerra con la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. 

En todas estas operaciones especiales, la denominada “policía patriótica”, a la que más bien habría que llamar “policía política” o directamente “cloaca del PP”, habría actuado siempre con unos patrones comunes: se financió supuestamente con fondos reservados, es decir, a cuenta de los impuestos de todos los contribuyentes, y realizó diligencias a la carta al margen de cualquier control judicial, es decir, con la arbitrariedad propia de los regímenes totalitarios. Cuando el agente José Ángel Fuentes Gago buscó la cobertura legal de la Fiscalía para interrogar como policía judicial al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea, los responsables del Ministerio Público le mandaron a paseo. 

Esa brigada policial, según las revelaciones de la pieza Kitchen, una de los que componen el caso Tándem sobre Villarejo, también pergeñó un plan para robar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas la documentación que ocultaba sobre la caja B de la formación cuando en 2013 cambió de estrategia de defensa y reconoció la autoría de los papeles manuscritos que, tras la sentencia del caso Gürtel, hicieron caer al Gobierno de Rajoy. 

El operativo, que supuestamente incluyó el asalto de la casa de los Bárcenas en el barrio de Salamanca por un falso cura y el pago con fondos reservados al chófer del extesorero, ha sido reconocido por los propios mandos policiales imputados, entre ellos Eugenio Pino y Enrique García Castaño, alias El Gordo, que aseguran que la operación únicamente tenía como objetivo localizar fondos en el extranjero del antiguo responsable de las finanzas populares. Con resultado nulo, por cierto, porque, según las últimas cifras que maneja la Audiencia Nacional, Bárcenas podría seguir guardando cinco millones en el extranjero. 

Del caso Tándem también se puede deducir que en los reservados de restaurantes de lujo las élites no solo se recomendaban asesores fiscales en Suiza e inversiones bursátiles de éxito asegurado, sino también cloacas de confianza con las que resolver, por la vía del espionaje y el chantaje, operaciones económicas delicadas. Es lo que supuestamente hicieron el BBVA, el bufete Herrero y Asociado, los empresarios Juan Muñoz y Ángel Pérez-Maura, la familia británica Goldsmith y la guineana Obiang o los dueños de la urbanización La Finca. Todos sabían que en Villarejo podían confiar.