Salvo error u omisión, solo tres capitales de provincias en toda España no han conocido alcaldes de partidos de izquierda desde el final de la dictadura. Bien es verdad que, de ellas, Ávila tuvo alcalde del CDS y en la actualidad de la Agrupación Por Ávila, mientras que otra es Bilbao, abonada al voto mayoritario al PNV. Santander, que ya se habrá adivinado es la tercera, solo ha conocido alcaldes de UCD y posteriormente del PP. Es un caso, en consecuencia, prácticamente único en toda España.

Mas allá de tópicos varios, es preciso analizar las razones de la anomalía, porque no se puede aceptar que haya rasgos en el ADN de los santanderinos que expliquen el éxito reiterado de la derecha en la ciudad. Se parte además de otra premisa, evidentemente discutible, pero perfectamente argumentable: la gestión de los sucesivos ayuntamientos de la derecha, desde Juan Hormaechea a Gema Igual pasando por Gonzalo Piñeiro, Manuel Huerta o Íñigo de la Serna, no justifican la fidelidad de la ciudadanía.

Analizando los problemas de gestión, el funcionamiento de los servicios públicos, el modelo de ciudad, la mejora de las infraestructuras de todo tipo, Santander no sale ganando en comparación con ninguna de las capitales próximas. Que Santander disfruta de un entorno privilegiado y que su bahía y sus playas conforman un marco incomparable también admite escasa discusión, pero nadie osará atribuírselos a los gobiernos de la derecha en el Ayuntamiento.

Lo cierto es que, pese a las apariencias, no hay una tradición uniformemente conservadora en la historia de la ciudad. Si nos remontamos al siglo XIX, hasta la restauración borbónica de 1875 el único periodo realmente democrático demuestra una mayoría republicana en la ciudad que respondía a una hegemonía progresista que tuvo su reflejo en las guerras carlistas y en la temprana adhesión de la ciudad a la revolución democrática de 1868. Tras el paréntesis de la Restauración, durante la II República Santander tuvo alcaldes socialistas al principio y al final del periodo, además de varios regidores de Acción Republicana e Izquierda Republicana.

Defender que la dictadura ha dejado una huella indeleble en la ideología de la mayoría de los santanderinos no parece un argumento muy razonable teniendo en cuenta que todas las demás capitales españolas no se han visto afectadas en la misma medida

No hay, por tanto, siquiera una historia que pueda justificar el monopolio de la derecha tras el franquismo. Defender que la dictadura ha dejado una huella indeleble en la ideología de la mayoría de los santanderinos no parece un argumento muy razonable teniendo en cuenta que todas las demás capitales españolas no se han visto afectadas en la misma medida.

Que se trata de una ciudad predominantemente conservadora, dada la composición de la ciudad, puede ser una primera aproximación. Santander subordina su crecimiento y su configuración en las últimas décadas a la primacía del turismo y el sector servicios, abandonando los establecimientos fabriles (astilleros, fábrica de cervezas, Mendicouage, Ibero Tanagra,..), cuya huella va desapareciendo de la ciudad, e inclinando esta hacia la bahía y El Sardinero como ejes principales y desplazando la industria hacia el sur de la bahía (Astillero, Maliaño). Esta evolución da lugar a una preocupación prioritaria por la atracción de forasteros, potenciando la fachada marítima, relegando a las clases populares a la trastienda de la ciudad, invisibilizadas física y mediáticamente.

Sin embargo, esta es una realidad que se ha ido imponiendo en numerosas ciudades españolas, desde la consideración de la primacía otorgada al turismo como sector fundamental de la economía. Hay, en consecuencia, unas razones de fondo, que es preciso combinar con otras que se relacionan más con lo estrictamente político, y que sin duda hacen necesario indagar en la trayectoria de las fuerzas políticas que han actuado en la ciudad.

En este sentido, tampoco cabe atribuir a la derecha una brillantez especial en sus liderazgos. El fenómeno Hormaechea constituía una excepcionalidad que fue superada tras su acceso al Gobierno de Cantabria y su posterior desaparición de la vida pública, siendo sustituido por gestores muy poco carismáticos y con características que en absoluto podrían justificar una capacidad de concitar grandes apoyos populares. Ni Huerta, ni Piñeiro, ni De la Serna, ni Igual, más allá de las diferencias importantes que cabe establecer entre ellos, han supuesto fenómenos personalistas capaces de situarse por encima de siglas e ideologías políticas, como si se pueden encontrar ejemplos en otras ciudades (Tierno Galván en Madrid o Gabino de Lorenzo en Oviedo, desde partidos y espectros opuestos). 

Otra explicación, siempre parcial, habría de dirigirse al terreno de la oferta. Frente a una demanda poco elástica, la oferta aún la ha sobrepasado en rigidez. No de otra forma cabe calificar las propuestas que el PSOE, como principal fuerza de la izquierda, ha presentado a la ciudadanía santanderina. La huida del último candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Pedro Casares, al Congreso de los Diputados es el último episodio de una falta de compromiso con la ciudad persistente en el tiempo. El “asalto democrático” a la Alcaldía supone un trabajo a medio y largo plazo que implica una labor seria y rigurosa de oposición, que al final no es más que el camino más corto para llegar a la Alcaldía, aunque requiera paciencia; el éxito vendrá dado, más que por sesudos textos y complicadas elaboraciones, por las consecuencias de lo realizado en la práctica durante los años anteriores.

Este trabajo no se ha hecho hasta ahora, de la misma manera que no ha habido una propuesta clara sobre el modelo de ciudad que desde el PSOE se ofrece a la ciudadanía. No son estos tiempos propicios para la implementación paciente de políticas a medio y largo plazo; también la izquierda cae con frecuencia en la búsqueda de atajos en forma de lugares comunes, eslóganes fáciles, mensajes cortos y supuestamente efectistas. No hay alternativa al trabajo oscuro y enfocado al largo plazo. Aquí no ha habido mareas que desbordaran a las fuerzas del bipartidismo, como ocurrió en 2015 en algunas de las principales capitales del país. Aquí ha habido, más recientemente, una izquierda mayoritaria que se negó a desalojar a Gema Igual, despreciando la oportunidad de articular una moción de censura que la negativa de la alcaldesa a aprobar una comisión de investigación sobre la concesión del servicio de limpieza hacía poco menos que obligatoria. 

Desde la izquierda del PSOE no cabe otra opción que la apuesta por un cambio radical que trasforme Santander en una ciudad que a sus indudables atractivos añada la de ser una ciudad amable, con mucho menos tráfico, humos y ruido, en la que los servicios públicos funcionen y se trate igual a toda la ciudadanía, desde El Sardinero al Alisal, desde Castilla-Hermida a Valdenoja. No es tan difícil: se trata fundamentalmente de perseguir esos objetivos con una voluntad política firme. La que no ha existido desde hace décadas, pero que requiere de la decisión de la ciudadanía en las urnas y de la disposición de los representantes electos. Eso que no ha existido en cuatro décadas, pero que quizá se produzca en mayo, porque empieza a ser una necesidad inaplazable.

El 15 de febrero de 2003, una inmensa manifestación recorrió las calles de Santander. Sin entrar en la batalla de cifras, puede que haya sido la mayor movilización de la historia de la ciudad (con permiso del 12 de marzo de 2004 y del 8 marzo de 2019). La ciudadanía había salido a la calle de esa forma masiva para expresar el rechazo a la anunciada guerra impulsada por Estados Unidos, con apoyo de países europeos como Gran Bretaña o España, contra Irak, acusada de apoyar el terrorismo y de albergar armas de destrucción masiva.

La marea humana no fue capaz de impedir la guerra, pero al año siguiente el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, retiró las tropas españolas presentes en eI escenario bélico. El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania; el domingo anterior, 20 de febrero, un reducido grupo de ucranianos residentes en Santander se había concentrado ante el Ayuntamiento para protestar contra la anunciada invasión, aun no producida. El 27 del mismo mes, una concentración convocada por CGT contra la guerra contó con la presencia de algunos centenares de personas; algunos de los congregados, con banderas ucranianas, se separaron del resto cuando se empezaron a corear gritos contra la OTAN. A su vez, emitieron consignas a favor de la Alianza Atlántica. Por la tarde, el PCTE convocó otra concentración (bajo el lema 'Contra la guerra imperialista') a la que acudieron algunas decenas de personas; en ella se hizo hincapié en la responsabilidad del capitalismo y de su consecuencia sobre las relaciones internacionales -el imperialismo- en el estallido de guerras como la que se desarrolla en Ucrania.

El contraste entre las dos situaciones es notable. Es obvio que los contextos son distintos y las circunstancias no admiten demasiados paralelismos, salvo uno, fundamental y en el que se basan habitualmente los discursos sobre/contra la guerra: la negativa a aceptar que haya conflictos entre grupos, naciones, o colectivos, que deban resolverse mediante las armas; la negativa a aceptar que víctimas inocentes mueran, sean heridas, vivan aterradas, deban abandonar sus hogares, o sean obligadas a trasladarse fuera de su país porque en él no cabe una vida digna.

Si hay una prioridad debería ser la de parar la guerra, enseñar a Putin la puerta de salida (hacia el Tribunal de La Haya), mostrar toda la solidaridad con la población ucraniana y con los que en Rusia se juegan la libertad por decir 'No a la guerra'

No todo, pero si una buena parte de eso parece haberse olvidado en las movilizaciones convocadas, pero fundamentalmente en las no convocadas. Si hay una prioridad en estos días, debería ser la de parar la guerra, enseñar a Putin la puerta de salida (hacia el Tribunal de La Haya si es posible), mostrar toda la solidaridad posible con la población ucraniana y con los que en Rusia se juegan la libertad por decir lo que es aquí bien fácil ('No a la guerra'). Estos deberían ser los objetivos y las consignas a día de hoy de la izquierda y del pacifismo.

Nunca sabremos qué hubiera pasado si las potencias internacionales no hubieran abandonado a su suerte a los republicanos españoles en su lucha contra los franquistas. Puede que la guerra no se hubiera ganado, pero no se podría achacar la derrota a la dejación culpable de las democracias occidentales. Los ciudadanos ucranianos que imploran apoyo desde su país, y sus compatriotas residentes entre nosotros, nos piden que no los dejemos solos.

No se trata de responder a la brutalidad con más brutalidad. No queremos que la OTAN extienda la guerra hasta el infinito. Queremos apoyar a las victimas de la guerra, a sus conciudadanos y a los demócratas rusos con la fuerza y los recursos de la ciudadanía, que no son otros que la movilización. La misma que el pacifismo no ha dudado en utilizar siempre que las armas han hecho callar a las palabras, por más que se vislumbrara la dificultad de parar los designios de los poderosos. Es lo que deberíamos estar haciendo ahora: no dejar solos a los ucranianos y a los que luchan contra Putin. Porque pocas veces ha sido tan evidente la coincidencia entre lo urgente y lo necesario. 

Se repiten en los últimos tiempos informaciones dando cuenta de incidencias en las líneas ferroviarias, ya sean de cercanías o de largo recorrido. Retrasos, averías o protestas de los viajeros se suceden delatando males que rebasan la categoría de lo episódico para devenir en un problema estructural. Efectivamente, si se analiza la situación de los transportes en Cantabria y en España desde una perspectiva de largo alcance se llega a la conclusión de que, en el mejor de los casos, no hay una política ferroviaria digna de tal nombre y, en el peor, hay una estrategia deliberada cuyo objetivo no sería otro que acabar con el ferrocarril. Puede parecer exagerada la afirmación, pero si uno ha tenido la osadía de frecuentar este medio de transporte, sobre todo en algunas de sus líneas, lo exagerado pasa a ser la realidad.

A estas alturas, solo la extrema derecha y negacionistas recalcitrantes dudan ya de la certeza del cambio climático y de las consecuencias catastróficas que se están manifestando en Cantabria, en España y en el planeta en su conjunto. Si el escepticismo es inevitable ante las dubitativas conclusiones de las sucesivas cumbres teóricamente convocadas para hacerle frente, no mejora las cosas la constatación de la incoherencia con la que se aplican en nuestro país programas como España 2050 o la Agenda 2030, presentadas con todo lujo de propagandas y fuegos artificiales.

En esta época líquida en la que la imagen enmascara y sustituye tantas veces a la realidad, basta con arañar la ligera capa de barniz aplicada a las políticas reales para comprobar la distancia entre las palabras y los hechos. Enlazan estas consideraciones con la contradicción que implica el abandono del ferrocarril y la retórica sobre la economía verde, la descarbonización, el combate a los combustibles fósiles y demás objetivos enunciados reiteradamente por nuestros gobernantes (en estos temas, como en tantos otros, nada bueno puede esperarse de la oposición).

Está muy bien aplicar a todos los proyectos el calificativo “verde”, pero aún lo estaría más desplegar políticas de impulso real al transporte colectivo, a los medios no solo sostenibles, sino también capaces de vertebrar el territorio

Está muy bien aplicar a todos los proyectos encuadrados en los fondos Next Generation el calificativo “verde”, pero aún lo estaría más desplegar políticas de impulso real al transporte colectivo, a los medios no solo sostenibles desde el punto de vista medioambiental, sino también capaces de vertebrar el territorio, de detener el drama de la España abandonada, de desterrar el populismo de prometer autovías y AVE para todos, y emprender de verdad políticas que equilibren e igualen personas, clases sociales y territorios. No es posible soplar y sorber a la vez. No es aceptable perorar reiteradamente sobre la España vaciada y presumir a continuación de que España es el país del mundo con más kilómetros de AVE por habitante.

No es necesario ser un especialista para concluir que el AVE, además del despilfarro de dinero público que implica, provoca el “efecto túnel” en el territorio, pero es que en este caso los especialistas y el sentido común coinciden: el tren de alta velocidad puede suponer un beneficio (y aún esto podría discutirse) para los lugares de origen y destino: sin embargo, toda la superficie intermedia queda abandonada, porque los recursos son limitados y no hay un desarrollo paralelo de las líneas convencionales sino que, al contrario, estas desaparecen o se degradan contribuyendo al declive de núcleos de población y comarcas enteras. Esa es la realidad de gran parte de la superficie española, que se reproduce en Cantabria, agravada por las características orográficas de nuestra comunidad.

La movilización desarrollada hace meses en los pueblos de la zona oriental para recuperar las frecuencias de la línea de FEVE Santander-Bilbao es más aleccionadora que muchas páginas que se puedan escribir sobre el tema. Pretendían simplemente poder ir y volver en el día en transporte público a una ciudad situada a menos de 50 kilómetros de distancia. Sí, no lo parece, pero estamos en 2022. La comunicación de Santander con la cornisa cantábrica no reúne las características del ya lejano siglo XX; permanece en el siglo XIX. No de otra forma se puede considerar el hecho de que el trayecto Santander-Bilbao (100 kilómetros, aproximadamente) requiera tres horas; la situación no mejora mucho si volvemos la atención hacia el oeste: Santander-Oviedo (200 kilómetros) supone cinco horas, siempre y cuando no haya contratiempos en forma de averías o trasbordos, que los pocos usuarios del servicio conocen demasiado bien. La consecuencia obvia es que resulta prácticamente imposible desplazarse desde Santander hacia ninguna de las comunidades vecinas (salvo la red radial que nos comunica con Madrid, y por tanto con el eje castellano) por vía férrea.

Cabría sospechar que este estado de cosas provocaría un rechazo rotundo por parte de amplios sectores de la ciudadanía, así como de nuestros dirigentes políticos, siempre prestos (sobre todo nuestro televisivo presidente) a defender la tierruca frente a las afrentas centrales. Poco de esto, salvo honrosas excepciones como la citada anteriormente, se viene dando, poniendo el acento fundamentalmente en la demanda de la construcción del AVE a Madrid, trayecto de 400 kilómetros que en estos momentos emplea una hora menos que el viaje a Oviedo y una hora más que el de Bilbao (recordemos: situada a una distancia cuatro veces menor). En los últimos años parece que se va tomando una cierta conciencia de la situación, pasando la mejora del tren a Bilbao a constituir una de las reivindicaciones de las fuerzas políticas de Cantabria, y así lo ha hecho valer el PRC. Nunca es tarde, pero el establecimiento de prioridades implicaría salir primero del siglo XIX y después del siglo XX.

En definitiva, se trata simplemente de exigir coherencia con los planteamientos que en el plano teórico se exhiben; el desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la apuesta por la igualdad en el ámbito del transporte, exige potenciación del transporte publico, políticas públicas disuasorias del uso del automóvil (lo que implica, obviamente, el cese de la construcción de infraestructuras al servicio del mismo) e impugnación radical de una política ferroviaria que agudiza la fractura territorial, y como consecuencia la despoblación de la mayoría del territorio nacional y autonómico. No es coherente potenciar el AVE y lamentar la suerte de la España vaciada. Sería como incluir en el Programa 2050 el objetivo de disminuir el consumo de carne roja y a la vez hacer apología del chuletón en su punto.

Las consecuencias de la pandemia van a alterar sustancialmente nuestras vidas y buena parte de las normas que regían hasta ahora. Desde el punto de vista político, no es probable que la llegada de tiempos mejores sirva para apaciguar los ánimos; si la crispación no se ha reducido ni en los peores momentos, cuando el conteo de muertos era difícilmente soportable, no parece factible que la vuelta a la relativa normalidad mejore el panorama. Por ello, es bueno pensar en formas susceptibles de purificar el ambiente, sin que en esta ocasión sea necesario el confinamiento para conseguirlo. Una buena guía puede ser analizar los hechos y las decisiones en función de ellos mismos y no de quien los ejecuta.

Se ha repetido insistentemente que los políticos no han estado en esta crisis a la altura de una sociedad ejemplar en sus comportamientos. No hay tampoco mucha objetividad en esta consideración: en la sociedad hemos visto comportamientos de todo tipo. Si es verdad que la población ha cumplido muchos días de confinamiento con una disciplina admirable, también es cierto que se han producido comportamientos poco solidarios, como vimos con los desplazamientos a las segundas residencias. Se dice que en las situaciones extremas aflora lo mejor y lo peor del ser humano, y en esta crisis lo hemos podido comprobar. Pero si es bueno analizar con la mayor objetividad posible los comportamientos sociales, igualmente debemos hacerlo con los comportamientos políticos. Hay una responsabilidad evidente en aquellos líderes políticos que han utilizado la tragedia para obtener réditos políticos. Y habría que pedírsela. Y también ha habido políticos que han sufrido y luchado como aquellos médicos, enfermeros, policías…, a quienes aplaudimos y reconocemos como merecen.

La pandemia no puede utilizarse como pretexto para disparar al de enfrente, haga lo que haga y pase lo que pase. Es evidente que el gobierno ha cometido errores (muchos más de los que está dispuesto a reconocer), y graves, pero no lo es menos que nadie estaba preparado para una crisis así, y que la gran mayoría de los gobiernos europeos se han visto igualmente sorprendidos y desbordados por la situación. Explicar a los ciudadanos los procesos de toma de decisiones, explicar por qué lo que hoy parece obvio (la adopción de medidas de precaución antes de pasar en un minuto de la nada al confinamiento total de 47 millones de personas) no se hizo debería ser materia obligada. Pero aún más debería evitarse el ataque sistemático y gratuito a quien tiene que tomar decisiones muy difíciles y muy complejas, con el solo objetivo de erosionar políticamente al Gobierno y facilitar el acceso al poder de la actual oposición. Son actitudes que vienen a demostrar, en este caso de manera particularmente lamentable, la falta de cultura democrática, de hábitos de respeto y humanidad que deberían ser previos a cualquier pronunciamiento. Si es importante no establecer una fractura artificial entre ciudadanía y 'clase política', sí hay que insistir en que la responsabilidad de los líderes políticos, obviamente, es muy superior a la del común de los ciudadanos, porque su grado de influencia y de poder es mucho mayor, y también porque su condición de representantes les obliga más.

La importancia de identificar los principios ideológicos que están detrás de la toma de decisiones trascendentales forma parte del deseable bagaje social de una ciudadanía activa y crítica; las medidas necesarias para, al menos, paliar los efectos devastadores de la recesión no pueden ser neutrales. Van a implicar opciones que de ningún modo pueden pretender contentar a todos. Si hay que ayudar a los grupos sociales más débiles será imprescindible obtener recursos de los poderosos. En este sentido, un gobierno de izquierdas debe llevar adelante políticas progresistas e igualitarias; es un gobierno legítimo y tiene mayoría para hacerlo. El llamamiento para alcanzar acuerdos generales destinados a favorecer la recuperación no está de más, pero en ningún caso debe ser paralizante. En una democracia los acuerdos amplios son deseables, pero el mecanismo de toma de decisiones se basa en las mayorías parlamentarias. Y este es el momento de poner en práctica políticas sociales de amplio alcance. Se ha aludido estas semanas a precedentes históricos (New Deal, Plan Marshall, construcción de los estados del bienestar en la segunda posguerra europea…) que marcan el camino si se quiere que a la tragedia sanitaria no le siga la tragedia social: no hay otra alternativa que la de una intervención masiva del Estado, que debe ir desde la inyección de liquidez a una economía paralizada bruscamente y con muchos damnificados necesitados de ayuda inmediata, pero sin olvidar la perspectiva a medio y largo plazo. Y es también, como se ha puesto de manifiesto desde responsables gubernamentales, el momento de replantearse la necesidad de una sanidad mejor dotada, de poner los recursos al servicio de la ciudadanía, lo que incluye cuestionar privatizaciones en el terreno sanitario y sobre todo en el de las residencias de ancianos. No pueden estar la salud y la vida, como por desgracia ha sucedido en esta crisis, subordinadas a los intereses de negocios privados, a la lógica del beneficio.

No parece probable que si se proponen políticas en esta línea los partidos de derecha estén dispuestos a apoyarlas, y es legítimo que mantengan esa posición. Está bien proponer acuerdos amplios, pero no está bien utilizarlos para entrar en un pugilato absurdo que solo sirva para enfangar el terreno. Un intento de acuerdo amplio debería pasar por un llamamiento igualmente amplio a organizaciones políticas y sociales, por una campaña de información y consulta con transparencia y predisposición a escuchar a todos. Y abriendo un gran debate social y político con la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. No hay política progresista sin participación real, sin transparencia y sin democracia. La deliberación pública sobre políticas concretas tiene además la virtud de dificultar la identificación sumisa con opciones predeterminadas. El cierre de filas incondicional sustentado en la demonización del contrario solo genera polarización estéril, polémicas (no debates) inútiles, y un estado de crispación del que solo se benefician líderes sin escrúpulos.

Todos los manuales apuntan que las crisis, la inseguridad y la pérdida de referentes son el caldo de cultivo en el que la ultraderecha avanza con sus soluciones falaces pero sencillas de difundir y entender. Frente a las turbulencias que las dificultades sanitarias, sociales, económicas van a trasladar probablemente al ámbito político no hay otra vacuna que las políticas sociales, defender realmente a los más precarios y practicar una honestidad que pasa por tratar a la ciudadanía con respeto y con las actitudes democráticas que corresponden a la mayoría de edad política. Este es el camino para que España pueda salir de esta crisis con los mínimos daños posibles; si el objetivo principal que anima a los responsables políticos, del nivel territorial y la adscripción política que sea, es quedar bien ante el espejo, seguir insistiendo en la propaganda y en dar prioridad a la construcción del discurso sobre la realidad, la deriva será simplemente insoportable. A la extrema derecha, que constituye un peligro real para la democracia, para la igualdad y para los más débiles, se le combate con las ideas y con la denuncia, pero sobre todo con el ejemplo y con medidas políticas reales, no con propaganda ni con insultos. Todo lo demás contribuye a su crecimiento y a convertir el ambiente en irrespirable. Y sin necesidad de virus.

Hace cuatro años, un nuevo partido irrumpió en la política española y cántabra. En la estela de las asambleas del 15-M y de las mareas que en esos días recorrían España clamando contra los recortes, Podemos formulaba una enmienda a la totalidad a las prácticas de los partidos existentes, y condenaba a sus dirigentes inscribiéndolos en una genérica casta plagada de malos hábitos y corrupción, y culpándolos, en pocas palabras, de haber secuestrado la democracia a su verdadero soberano: el pueblo.

La nueva formación política recogió y amplió la ilusión de muchos ciudadanos que contemplaron la posibilidad de que realmente sí se podían cambiar las cosas. Cuatro años después, los representantes obtenidos por Podemos en las elecciones de 2015 en Cantabria han roto el grupo parlamentario, han protagonizado episodios vergonzosos, han difundido grabaciones que ofenden al oyente, han privado a los miles de cántabros que depositaron su confianza en ellos de representación y han convertido la política en algo antitético de lo que con cierta arrogancia predicaron y prometieron. A día de hoy, ninguno de los parlamentarios, ni la gestora que ha sido nombrada por la dirección de Madrid para conducir el partido en los próximos meses, ni la propia dirección nacional han pedido disculpas a la ciudadanía por el espectáculo y, lo que es mucho más importante, siguen sin dar una explicación medianamente sensata y democrática sobre cómo pudo pasarles esto. La petición no es baladí; tiene que ver con las consecuencias que implica para la vida pública y para la calidad democrática la irresponsabilidad y el desprecio de la ciudadanía. Porque no estamos solo ante un comportamiento individual censurable, que también, pero no es eso lo fundamental. Lo verdaderamente trascendente es que una organización se muestra incapaz de evitar que sus representantes malgasten el dinero público y sean incapaces de cumplir la obligación que han contraído con la ciudadanía que depositó su confianza en ellos. Y es una organización que se presentó como la alternativa al mal funcionamiento de los partidos y las instituciones, y que venía a implantar nuevas prácticas, supuestamente democráticas y ejemplares.

Es cierto que Podemos aportó un aire fresco muy saludable a la vida pública española, y que algunas de las mejoras que se han conseguido y de las que nos beneficiamos muchos se deben en buena medida a su presencia. Pero no es menos cierto que se aprovechó el malestar provocado por la crisis para emitir un discurso falaz, engañoso, maniqueo, que hablaba de gente y de casta, de buenos y de malos, para olvidarlo una vez que los propios entraron en las instituciones. No había derechas ni izquierdas, pero poco después volvieron a aparecer, cuando convino a los intereses del partido. Se despreció a la izquierda tradicional, se les conminó a retirarse con sus banderas y sus proclamas, a que no molestaran, para pocos meses después coaligarse con ellos porque “había que tener altura de miras”. Todo tenía que ser nuevo, lo viejo sobraba, y con ello se despreció la dedicación, la militancia, el esfuerzo de tantos y tantos que durante el franquismo y después entendieron que hacer política implicaba un sacrificio personal para el bien colectivo.

Sabemos que el argumento para no afrontar nunca la responsabilidad propia es el viejo recurso al enemigo principal: con lo mala que es la derecha parece mentira que nos dediquemos a criticarnos entre los de izquierdas. Pero algunos seguimos pensando precisamente que hay que denunciar lo inadmisible porque no somos iguales, que la izquierda no puede permitirse los lujos que a veces se permite la derecha, que la corrupción y la estafa no tiene cabida en nuestras filas. Seguimos esperando la autocrítica por los resultados en Andalucía, tantas veces anunciada y siempre desmentida por la atribución de culpas a todos menos a uno mismo. No debería pasar lo mismo con la situación en Cantabria, aunque está pasando. Si una fuerza de izquierdas es incapaz de explicar a la ciudadanía, a los que la votaron y a los que no, cómo ha podido ocurrir lo que ha ocurrido en esta legislatura, es muy difícil que se vuelva a confiar en ella. Porque si algo debe caracterizar a la izquierda es la honestidad de sus planteamientos y de su actuación. Y ello incluye el reconocimiento de los errores, sobre todo si son tan flagrantes como los que nos ocupan. No puede ser ajeno el desarrollo de los acontecimientos a la acuñación de un discurso engañoso, oportunista y poco consistente. Necesitamos saber si sigue vigente el discurso de la gente y de la casta. Si es así, ¿qué son los parlamentarios de Podemos en Cantabria? Y si ya no vale, ¿cuándo y por qué dejó de explicar la relación entre políticos y el común de los ciudadanos? Necesitamos garantías de que esto no pasará en la izquierda nunca más. Porque cuando la izquierda defrauda aparecen en el horizonte los peores monstruos. Ahí está Vox para atestiguarlo.

Conmemorar mayo del 68 es un acto casi obligado para quienes se sienten especialmente vinculados con la educación de los jóvenes, con la mejora de la sociedad en que vivimos, con la huella que van dejando los movimientos sociales, los momentos de efervescencia social que sacuden sociedades enteras, con la historia de las generaciones que nos precedieron, con Francia y la fascinante cultura del país vecino... En el IES Alberto Pico confluyen todas las circunstancias y alguna más. Mayo del 68 es más que una efeméride para nosotros.

No obstante, mayo del 68 no fue solo París, aunque París fue mucho. Fue también Memphis, Praga, México DF, Berlín, Madrid, Villabona… Mayo duró todo el año, posiblemente mucho más de un año, porque dejó una huella indeleble aunque nada fácil de descifrar.

50 años después, conmemorar mayo del 68 no es un acto gratuito. Sorprende la vigencia de algunos de los planteamientos de aquella primavera que detuvo el mundo. No solo fue la señal de partida de unas demandas que se irían extendiendo hasta el día de hoy, en que siguen siendo igual de necesarias pero algo más urgentes que entonces, sino también el punto final de un viejo mundo que allí empezó a perecer. Mayo nos sigue enseñando que soñar un mundo mejor no entra dentro de los patrones de la sociedad de consumo, y está más al alcance de los jóvenes que del escepticismo que inevitablemente crece con el paso de los años; mayo nos recuerda que no podemos dejar el mundo en manos de unos pocos poderosos, no porque sean peores que los demás, sino porque el dinero y el poder envilecen a quien puede hacer uso de ellos sin control; mayo nos recuerda que el segundo sexo se ha hartado del lugar que ocupa, y que la humanidad no soporta más siglos de opresión y ninguneo de más de la mitad del conjunto; mayo nos recuerda que solo tenemos un planeta y el tiempo de destruir el que habitamos se acaba; desde mayo sabemos que ser padre, profesor o autoridad no es garantía de buen hacer, que los jóvenes no quieren ver, oír y callar, esperando hacerse mayores para reproducir relaciones de dominación que rechazan; desde mayo somos conscientes de que la igualdad de los seres humanos está por encima de los títulos, la edad o la condición, pero también de que si todas las personas son respetables no podemos decir lo mismo de las ideas o las acciones: las hay repugnantes y deben ser combatidas. Mayo recogió los aires que venían del otro lado del Atlántico, que preferían el amor a la guerra, y que defendían que la discriminación racial debía acabar para siempre, igual que la mayoría de los franceses habían decidido unos años antes en relación con la población argelina.

Mayo dejó un legado todavía inacabado, pero vital para trazar la hoja de ruta de lo que quedaba del siglo XX y los principios del XXI. Pero, como toda obra humana, dejó también excrecencias que aún hoy pugnamos por eliminar definitivamente. Como no podía ser de otra manera, los que quisieron cambiar el mundo consiguieron cambiar la agenda, lo que es mucho, pero no pudieron impedir que el mundo les cambiara a ellos; cuando los melenudos se cortaron el pelo y poblaron gabinetes ministeriales y consejos de administración cambiaron la playa por el asfalto y decidieron que la única utopía posible era aplicarse a sí mismos el 'Enriqueceos' de Guizot. En mayo descubrieron que el estalinismo era mucho peor que un crimen: era el error que había cegado la vía de la emancipación de la humanidad por mucho tiempo; pero muchos lo sustituyeron por la mitificación de otro sátrapa aún más oriental, en pos de una revolución cultural que no sabían tenía muy poco de revolución, nada de cultural, y todo de sanguinaria imposición del poder. En mayo coagularon muchos de los sueños devenidos en monstruos al comprobar la aparente futilidad de la movilización de estudiantes y obreros unidos en las calles; la tentación del derrocamiento del poder por las armas no nació allí, pero encontró respaldo en el convencimiento de que el poder no se deja derrotar por la razón de la pasión de los muchos, y encuentra recursos para reconvertir la rabia de la calles en millones de votos conservadores. El atajo de la lucha armada atrajo a demasiados jóvenes de las promociones siguientes, que también querían un mundo nuevo, lo querían ya, y lo único que encontraron fueron cadáveres propios y ajenos. De mayo también vino, bien lo saben los conservadores hasta hoy, esa igualación falsa, que pretende, en aras de una posmodernidad desviada, que da igual saber que no saber, estudiar que no hacerlo, opinar sobre bases firmes o hacerlo sin ningún fundamento. La deconstrucción de los relatos acabados, omnicomprensivos y cerrados dio paso a la imposibilidad de construcciones perfectas, a las miradas múltiples y parciales, a análisis tan sesgados que a veces se convierten en caricaturas aptas para ingenuos interesados. 

En este mayo del 18 vamos a recordar a los checos aplastados por los tanques rusos, a los estudiantes mexicanos asesinados porque querían democracia, a Martin Luther King, a Enrique Ruano, a José Antonio Pardines, a todos los que murieron por intentar un mundo mejor, o que simplemente se cruzaron en el camino de asesinos sin escrúpulos. Desde nuestra esquina de la ciudad no se ve la playa, pero sabemos que está detrás de los bloques de cemento. Tampoco se ve la utopía en el día a día de las rutinas grises, pero después de tantos mayos hemos aprendido que si no la buscamos la vida tiene menos sentido.

NOTA: El artículo está firmado de manera conjunta por:

Gemma Hernández Verde, jefa de estudios del IES Alberto Pico.

Jacinto M. Arce Sotres, director del IES Alberto Pico.

Javier Merino Pacheco, profesor de Geografía e Historia del IES Alberto Pico.

El pasado 17 de abril el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigió una alocución al Congreso de los Diputados españoles. Al final de la misma, los diputados de ERC y PDCat entonaron algunas estrofas de Grandola Vila Morena, la canción que dio inicio el 25 de abril de 1974 a la revolución de los claveles y que ha quedado desde entonces como símbolo de esa revolución democrática que puso fin a 48 años de dictadura en el país vecino. Una vez más, una reivindicación insolidaria, con rasgos preocupantes de xenofobia y supremacismo, se apropiaba de un símbolo democrático para vender gato por liebre y seguir engañando a la opinión europea y mundial presentando como víctimas a quienes solo defienden privilegios y entienden la política como un acto permanente de egoísmo.

El nacionalismo catalán, como buen nacionalismo –sea serbio, francés, vasco, norteamericano…. o español–, solo ha demostrado hasta ahora contumacia en la reivindicación particularista, es decir, en la defensa de una población que, por otra parte, no tiene en su conjunto demandas derivadas de una opresión específica (los catalanes tienen problemas similares a los de los demás españoles y europeos: el paro, la vivienda, la educación, la sanidad, la corrupción de sus dirigentes, la injusticia de la sociedad en la que viven porque unos catalanes son mucho más poderosos que otros…). Algunos de sus líderes han tenido la osadía de establecer comparaciones tan grotescas como la que trazaba un paralelismo entre Artur Mas y Nelson Mandela o Martin Luther King (hay que recordar que Arnaldo Otegi se adelantó en la autoreivindicación como reencarnación de Mandela). La fagocitación de las buenas causas que no solo no tienen nada que ver con la suya, sino que son más bien antitéticas, llega ahora a Grandola Vila Morena.

Los más jóvenes no tienen por qué saber que Portugal estaba sufriendo una dictadura desde 1926 cuando un sector de oficiales del ejército se levantó contra la opresión y puso fin al régimen de Marcelo Caetano. Grandola Vila Morena desde entonces forma parte del imaginario del progresismo y de la lucha por la liberación de los pueblos y las gentes. Nada que ver con el nacionalismo catalán, que inventa situaciones dictatoriales y se empeña en contraponer las bondades de un territorio y sus gentes frente a la maldad intrínseca de aquellos de quienes se quiere separar (es decir, comportamiento xenófobo de manual). Porque por mucho que se empeñen y por más veces que lo repitan, España actualmente no es una dictadura; es un régimen democrático con múltiples carencias, con un Gobierno señalado por innumerables casos de corrupción, con unos niveles de desigualdad alarmantes y con una necesidad imperiosa de purificar un ambiente enormemente contaminado, pero que no tiene nada que ver con la dictadura que se sufrió en Cataluña exactamente igual que en el resto de comunidades españolas, como Rufián y sus compañeros demuestran cantando en la institución representativa de esa democracia que también ellos contaminan cada día.

Probablemente ni Rufián ni sus compañeros de partido y de canción se atreverían a hablar y cantar con el descaro que muestran si desde la izquierda se hubiera lanzado un discurso claro, sobrio y lógico sobre la naturaleza de lo que Rufián y sus amigos defienden: si, lejos de abrazar ningún tipo de nacionalismo, se hubiera sacado la consecuencia lógica de aquello que Pablo Iglesias expresa solo para quedar bien y no perder más votos aún (es decir, que las banderas encubren los intereses –espurios muchas veces– de quienes las enarbolan), Rufián y sus compañeros de cánticos serían categorizados como lo que son: émulos del Frente Nacional, de la Liga Norte, de la extrema derecha flamenca o alemana. Todos ellos lo han entendido a la primera, y no han dudado en hacer llegar al nacionalismo catalán su apoyo. En definitiva, ¿habría alguna diferencia entre la filosofía del América primero de Trump y el Cataluña primero (y también después y siempre) de Rufián y sus compañeros?  Parece claro que no.

La crítica al nacionalismo catalán no debe obviar el espinoso asunto del encarcelamiento de los principales implicados en las decisiones que en el último trimestre del pasado año promovieron la independencia de Cataluña. Que los dirigentes políticos encarcelados cometieron delitos es indudable, con el agravante de que se aprovecharon de sus posiciones de poder para perpetrarlos, sin vacilar en lanzar a la población a acciones que podían haber acabado de forma trágica; otra cosa es que ello constituya delito de rebelión. También es difícil descartar la idea de una injerencia gubernamental en las decisiones judiciales, dados los antecedentes de este Gobierno. Su clamorosa falta de moralidad y las declaraciones tan inoportunas  como habituales de los ministros de Interior y Justicia no pueden tranquilizar a nadie.

Sentado esto, la intervención de tribunales extranjeros, provocada por el autoexilio de algunos de los dirigentes catalanes, y el recurso a órganos supranacionales una vez agotada la vía judicial en España otorgan garantías evidentes. En definitiva, se les pueda calificar de presos políticos en la medida en que sus delitos están en relación con acciones de naturaleza política, lo cual no dice nada en su favor, más bien al contrario. Lo que no son en ningún modo son presos de conciencia, pues no están en la cárcel por independentistas sino por los hechos de los que son responsables.

Cualquier solución al problema de Cataluña pasa por caracterizarlo correctamente. No hay ningún problema de falta de reconocimiento de una determinada singularidad, ni de la necesidad de atender las demandas de autogobierno, prácticamente satisfechas en su totalidad (como demuestran los nacionalistas con su negativa absoluta no ya a cambiar, sino simplemente a tratar cualquier modificación de las políticas cultural, lingüística o educativa de la comunidad). No parece lógico que alguien especialmente oprimido se muestre absolutamente refractario a cualquier cambio de las leyes, por otra parte hechas por nacionalistas y aplicadas por nacionalistas. Nada que no incluya la voluntad explícita de los nacionalistas catalanes de cumplir la ley, aceptar las decisiones mayoritarias y reconocer que la población de esa comunidad no tiene más derechos que los demás pondrá fin al conflicto que en estos momentos vive Cataluña. Ya pueden cantar Grandola Vila Morena cuantas veces quieran; en tiempos de Trump nada puede sorprender, salvo quizá que cierta izquierda siga comprando esta mercancía tan evidentemente averiada.