Los herbicidas conforman el grupo de productos fitosanitarios cuya finalidad es la de eliminar, especialmente en la agricultura, las mal denominadas “malas hierbas”, es decir, las que crecen de manera espontánea y pueden competir con las especies que se pretenden cultivar y producir. También se utilizan al margen de la producción agraria, para la eliminación de la vegetación en cunetas, aceras y parques, donde no se quiere que crezcan plantas de ningún tipo. El herbicida más utilizado, al menos en España, es el glifosato que, curiosamente, su primer uso no fue como herbicida. Fue sintetizado en 1950 como un compuesto farmacéutico pero, al no encontrarse aplicaciones en este sector, fue comercializado como desatascador. Años después, en 1970 el glifosato fue reformulado, testado y patentado por la empresa Monsanto para su utilización como herbicida.

La patente de Monsato expiró en 1991 y en la actualidad este pesticida es producido a nivel mundial por un elevado número de fabricantes. En 1996 aparecieron los primeros vegetales modificados genéticamente, creados para tolerar el uso de este herbicida. Desde entonces las ventas del glifosato no han dejado de aumentar, convirtiéndose en el herbicida más vendido en el mundo por su eficacia y reducido coste. Pero el uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana.

En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales.

Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos.

Otros muchos estudios sugieren que la exposición humana al glifosato puede causar la modificación del correcto funcionamiento del sistema hormonal, la enfermedad de Parkinson y alteraciones de la microbiota, que puede conducir a la supresión del sistema inmunitario.

A consecuencia de ello, en 2015 y 2016, numerosos ayuntamientos de todo el país, incluyendo los de Madrid y Barcelona, aprobaron el dejar de utilizar este herbicida en las ciudades, especialmente en parques, jardines y calles (donde podía afectar especialmente a los niños en los parques y a las mascotas). Y también algunas comunidades autónomas decidieron dejar de utilizarlo en las cunetas de las carreteras, sustituyéndolo por desbroce mecánico.

Sin embargo, en el sector agrario ha ocurrido todo lo contrario, en gran parte debido el firme apoyo recibido para su uso por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, justificándolo con escasos datos y de muy dudosa calidad. A consecuencia de ello, en un período de tan sólo 10 años, el uso del glifosato en nuestro país aumentó nada menos que un 76,5%, pasando de los casi 7 millones y medio de kilos de 2011 (7.431.689 kilos), a los más de 13 millones de kilos de 2020 (13.082.329 kilos).

Su uso masivo en el campo está produciendo la contaminación del medio natural, y muy especialmente de las aguas, tal y como corroboran los datos oficiales. Efectivamente, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2021 uno de cada tres puntos de muestreo de aguas superficiales superó la norma de calidad ambiental establecida para el glifosato de 0,1 µg/litro.

En lo que a las aguas subterráneas se refiere, lamentablemente se dispone de poca información sobre su contaminación por glifosato, debido al deficiente control que sobre éstas realizan las confederaciones hidrográficas y los organismos encargados de la gestión del agua en las comunidades autónomas, como prueba el escaso número de analíticas realizadas, un 93,5% menos que las hechas de las aguas superficiales. Esta falta de información sobre las aguas subterráneas es especialmente preocupante, pues el agua de consumo humano de una buena parte de la población de nuestro país procede directamente de acuíferos. Concretamente, el 70% de los abastecimientos urbanos de España procede de aguas subterráneas, que satisfacen las necesidades de entre 28 y 30 millones de habitantes, sin contar buena parte del consumo de los más de 80 millones de turistas que nos visitan todos los años (iagua, 2019).

Por todo ello, es necesario que el Gobierno se oponga próximamente a la renovación del glifosato. Pues no hay que olvidar que la aprobación o la renovación de un plaguicida es una decisión política que es tomada por los Estados miembros de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debería moderar su política productivista, y rechazar el uso del glifosato en la agricultura, aunque ello conlleve la protesta de productores y fabricantes. El glifosato no deja de ser un “veneno” para acabar con plantas, y además están plenamente demostrados sus graves efectos sobre el medio natural en general y sobre la salud de las personas en particular. Y en una sociedad democrática como la nuestra, es el interés general del conjunto de la población el que siempre debe prevalecer, y los diferentes ministerios son los que tienen la obligación de velar para que así sea.

Se denomina Mancha Húmeda a una serie de lagunas naturales existentes en La Mancha, en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, entre las que destacaba por su gran extensión las Tablas de Daimiel, en la confluencia de los ríos Cigüela y Guadiana. Este complejo lagunar albergaba una fauna rica y variada, especialmente de aves ligadas a los humedales. Y de hecho las Tablas de Daimiel eran visitadas hace más de un siglo por el rey Alfonso XIII para cazar aves acuáticas.

Con el fin de garantizar la protección de sus valores naturales, en 1973 se declaró el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Sin embargo, entre la segunda mitad de los 70 y los 80, se produjo un gran desarrollo y expansión del regadío en La Mancha, que obtenía mayormente el agua del subsuelo mediante pozos.

A consecuencia de ello, bajó ostensiblemente el nivel del agua en el acuífero, y una buena parte de las lagunas que conformaban la Mancha Húmeda se secaron, y las propias Tablas de Daimiel quedaron reducidas a la mínima expresión, con el consiguiente impacto sobre la gran población de aves acuáticas que la poblaban. Resultaba escandaloso que un parque nacional, a los 10 años de su declaración, se destruyese de esa manera a causa de la acción humana, pues la bajada del nivel freático se produjo de forma brusca, en tan solo unos pocos años. Por ello, la administración central ha intentado solucionarlo, pero con muy poco éxito, al no conseguir reducir los regadíos ya existentes, y que eran la principal causa del desastre ecológico que se había producido. En los años más secos optaron por añadir agua a las Tablas de Daimiel, procedente del trasvase Tajo-Segura. Pero esta medida, aparte de la evidente artificialización que ello supone, transformando las Tablas en poco más que un estanque, tampoco resultó eficaz, pues se sigue extrayendo la misma o más agua de los pozos, de forma legal o ilegal, y por tanto se sigue afectando al nivel freático del acuífero. De hecho, el agua del trasvase que se le ha aportado, de manera indirecta ha ido a parar a los regadíos de su entorno, que se abastecen de agua del subsuelo a través de pozos.

Cuando entró en funcionamiento la depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio de Daimiel, ésta vertía sus aguas a la laguna de Navaseca. Esta laguna, de tan sólo unas cuantas hectáreas de superficie, mantenía el agua de manera permanente gracias a la depuradora. En su entorno y orillas empezó a crecer vegetación arbustiva propia de humedales, y poco a poco numerosas especies de aves empezaron a poblarla. En la segunda década del presente siglo pasó a ser una de las lagunas de mayor interés ornitológico de lo que quedaba de la Mancha Húmeda. Albergaba gran cantidad y variedad de especies de aves, contando con la presencia de algunas especialmente escasas en nuestro país, como el porrón pardo o la malvasía. En cuanto al primero, fue uno de los pocos lugares de España donde criaba, y en lo que a la malvasía se refiere, llegó a albergar concentraciones de más de un centenar de individuos. También habitaban otras especies de bastante interés, como el calamón, rascón, flamenco, morito, fumarel cariblanco, zampullín cuellinegro, tarro blanco, bigotudo, buscarla unicolor, pájaro moscón, carricerín real, carricero común, carricero tordal, aguilucho lagunero, limícolas de diferentes especies, y otras muchas más aves propias de humedales. Además, acudían a beber con regularidad algunas aves esteparias especialmente interesantes, como son las gangas.

De hecho, no era raro cuando visitabas la laguna el observar más de cincuenta especies distintas en tan sólo un par de horas. La laguna se convirtió en unos años en un auténtico paraíso para las aves, sustituyendo a pequeña escala lo que algunas décadas atrás habían sido las Tablas de Daimiel.

El Ayuntamiento de Daimiel fue consciente de ello, y mantuvo la limpieza en la laguna, estableciendo un camino perimetral, así como varios observatorios de aves con paneles informativos, facilitando así su uso y disfrute por parte de los visitantes.

Sin embargo, este paraíso para las aves parece que sólo va a durar unos pocos años. En su entorno se han abierto numerosos pozos de donde se saca gran cantidad de agua para el riego de viñedos y olivares en intensivo. Dichos pozos captan del subsuelo el agua que va a parar a la laguna procedente de la depuradora de aguas residuales. A consecuencia de ello, el nivel de agua de este humedal ha bajado, manteniéndose inundada en esta primavera tan sólo el 20% del vaso de la laguna. Y ello no es debido a la falta de lluvias, pues el aporte de agua de la depuradora se produce de manera constante, con independencia del régimen de precipitaciones. Dichos pozos están literalmente “absorbiendo” el agua de la laguna de Navaseca.

A consecuencia de ello, una buena parte de las aves que habitaban en la laguna han tenido que abandonarla, en busca de otros humedales donde poder vivir. Y aunque todavía cuenta con bastantes aves, su número y variedad de especies disminuye mes a mes. Mucho nos tememos que la tendencia va a continuar, y que en muy poco tiempo el paraíso para las aves que era Navaseca, pase a ser un simple recuerdo.

La historia en este caso desgraciadamente se repite. Está ocurriendo a menor escala lo que pasó en las Tablas de Daimiel. La causa, la voracidad de un regadío que no para de crecer, con el apoyo explícito del Gobierno de Castilla-La Mancha, un ejecutivo desarrollista y carente de cualquier tipo de sensibilidad ambiental, que considera al agua tan solo como una simple materia prima. Y que para el medio natural no dejan ni siquiera las aguas residuales.

En los planes hidrológicos vigentes se indica que en España hay actualmente del orden de 4.100.000 hectáreas de regadío, a lo que hay que añadir el regadío ilegal, que siempre se ha estimado que estaba en torno a un 5-10 % más, pero según estudios recientes realizados en algunas zonas del país, como son el entorno de Doñana, Daimiel y el Mar Menor, el regadío ilegal podría ascender al 30%. De esta manera, el regadío real existente en nuestro país se situaría como mínimo por encima de los cuatro millones y medio de hectáreas.

Según el INE, el regadío supone el 85% del consumo total de agua en España. Pero esta cifra, de por sí ya muy elevada, es sin tener en cuenta los retornos (el agua que vuelve al sistema después de usarse). Si los tenemos en cuenta, nos encontramos con que el abastecimiento a poblaciones tiene un retorno superior al 80% mientras que en el regadío es tan sólo del 10% y bajando, dada la proliferación de los cultivos de leñosos, que disponen en su mayoría de riego por goteo. De esta manera, el consumo neto real de agua del regadío se situaría entorno al 93% del consumo total de agua.

El regadío sigue creciendo en nuestro país. Castilla-La Mancha es la región donde más ha aumentado, habiendo crecido la superficie regada del orden del 65% en los últimos 25 años, seguida de Andalucía y Extremadura. De hecho, Castilla-La Mancha es ya la segunda comunidad autónoma de España con mayor superficie regada, con 582.767 hectáreas en 2021, solo superada por Andalucía.

Es especialmente preocupante el aumento exponencial que están teniendo los cultivos de regadío intensivo de leñosos, que hasta hace algo más de tres décadas eran sólo de secano, como es el olivar, el viñedo y el almendro.

Resulta sorprendente que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cultivo en regadío que actualmente ocupa más superficie en nuestro país sea el olivar, con 875.531 hectáreas en 2021. Hay también 397.651 hectáreas de viñedo en riego, 139.399 de almendro, y el pistacho, el último cultivo leñoso incorporado al regadío, que se sitúa ya en torno a las 20.000 hectáreas.

Las consecuencias ambientales de esta explosión del regadío están siendo ambientalmente desastrosas. En Andalucía el nivel actual de los embalses se sitúa por debajo del 30%, cuando para estas fechas, inicios de la primavera, deberían estar a más del 63%. Y en el Parque Nacional de Doñana este verano se secaron todas las lagunas, siendo la principal causa de ello la sobreexplotación de los acuíferos, por delante de la falta de lluvias, dado que se trata de lagunas directamente conectadas con el nivel freático. Y a pesar de ello, el Gobierno de la Junta de Andalucía pretende legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de este espacio protegido, haciendo caso omiso de las advertencias que está recibiendo de la Comisión Europea.

En Castilla-La Mancha la sobreexplotación de los acuíferos se intensifica. El complejo lagunar de Daimiel y la Mancha Húmeda en general están prácticamente muertos, e incluso los humedales que se abastecían de las aguas residuales depuradas, están viendo perder la mayor parte del agua por la apertura de nuevos pozos en su entorno, como ocurre en la laguna de Navaseca, cercana al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En Castilla-La Mancha además se están abriendo numerosos pozos ilegales, y de muchos de los legales existentes se extraen bastantes veces más de agua de lo autorizado, como ocurre en las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. En esta última, el Seprona indicó recientemente que el 99% de los pozos que han inspeccionado tenían los contadores trucados, para no contabilizar el agua que extraen por encima de los 7.000 m3 anuales para los que tienen autorización ese tipo de pozos. En la provincia de Cuenca existen procedimientos judiciales abiertos contra importantes explotaciones de regadío, a raíz de denuncias puestas por el Seprona por ese mismo motivo, extrayéndose de algunos de esos pozos bastantes veces más de agua de lo autorizado.

Son numerosos los ríos a los que los regadíos les priva totalmente de su caudal, dejándolos secos, como le ocurre al río Dílar, en Granada. Y en general el estado de los acuíferos de nuestro país ha empeorado en los últimos años, tal y como se indica en un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, la proliferación del regadío produce otros daños ambientales adicionales, pues conlleva el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas, contaminando, a veces de manera casi irreversible, acuíferos y aguas superficiales. Esta contaminación provocada por el regadío, unida a la que producen las macrogranjas intensivas, es la responsable de que el agua de abastecimiento doméstico de más de un millón de personas en nuestro país, contenga niveles de nitratos por encima del máximo establecido en la normativa vigente. Un ejemplo reciente de sus efectos ambientales lo tenemos en la destrucción del Mar Menor (Murcia) por los grandes aportes de nitrógeno y fósforo que reciben, procedentes mayoritariamente de fuentes agrarias, y que probablemente sea uno de los mayores desastres ecológicos acaecidos en España en las últimas décadas.

Por todo ello, podemos considerar a la expansión del regadío como la mayor amenaza actual para nuestro medio natural, y que nos va a llevar directamente a un colapso hídrico, que afectará especialmente a la mitad sur del país, y que se producirá cuando llegue la siguiente sequía plurianual. Para poder evitarlo, es esencial frenar la expansión del regadío y reducir la superficie actualmente regada en al menos un millón de hectáreas, pudiéndose alcanzar así un cierto reequilibrio hídrico y evitar que se produzca el colapso hídrico al que nos estamos dirigiendo. Esta reducción de la superficie regada en ningún caso afectaría a la soberanía alimentaria, pues actualmente el 75% de la producción hortofrutícola se destina a la exportación. Si no se adoptan ya estas medidas, las consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestro país van a ser desastrosas. Es necesario actuar ya, nuestro futuro está en juego.

El Monte de El Pardo es un encinar sobre arenas de aproximadamente 16.000 hectáreas que se encuentra bastante bien conservado, situado al norte de la ciudad de Madrid y colindante con ésta. Pertenece al municipio de Madrid pero su gestión depende de Patrimonio Nacional, el organismo público responsable de los bienes que proceden del legado de la Corona española.

De entrada, resulta sorprendente que un espacio de tal superficie se haya conservado de esta forma a pesar de situarse literalmente contiguo a una ciudad de varios millones de habitantes como es Madrid. De hecho, el límite sur de El Pardo se encuentra situado a menos de 9 kilómetros en línea recta de la Puerta del Sol. La respuesta se encuentra en que durante varios siglos, esta enorme finca ha sido de uso exclusivo de los reyes de España y se ha utilizado como cazadero real. Y aunque las cosas algo han cambiado, no así en su esencia. En el último tercio del pasado siglo se abrió una parte (900 hectáreas) para su uso y disfrute por parte de la ciudadanía pero, aunque hace décadas que no se caza en El Pardo (al menos legalmente), lo cierto es que la población en general sigue teniendo el acceso prohibido a la mayor parte del Monte, del orden de 15.000 hectáreas, que continúa siendo de uso privativo de los reyes de España, cuya residencia, el palacio de la Zarzuela, se encuentra ubicado dentro de este espacio natural.

Las restricciones aplicadas a su uso han dado como resultado que actualmente el Monte albergue importantes valores naturales. Su superficie está cubierta por un encinar, en gran parte adehesado, con numerosas encinas de gran porte y edad, incluyendo ejemplares de varios cientos de años. En su interior habitan ciervos, gamos y jabalíes, así como pequeños mamíferos depredadores como el zorro, el tejón, la garduña o la gineta. En cuanto a las aves, El Pardo cuenta con importantes poblaciones de rapaces, algunas de ellas en peligro de extinción, como es el caso del águila imperial, con más de una docena de parejas, o del buitre negro.

El río Manzanares atraviesa de norte a sur el Monte de El Pardo, estando embalsado la mitad superior de este tramo del río. Un embalse con el mismo nombre que el Monte, que se construyó en la segunda mitad del siglo pasado para proteger la ciudad de Madrid de posibles avenidas. En sus orillas pueden observarse numerosas aves acuáticas, incluyendo, en determinadas épocas del año, la escasa cigüeña negra. Además, no es descartable que próximamente vuelva a El Pardo el lobo, una especie que desapareció hace décadas de la Comunidad de Madrid, pero que en los últimos años la ha empezado a recolonizar, habiéndose citado ya en localidades cercanas al Monte de El Pardo. Con la nutrida población de ciervos, gamos y jabalíes que éste alberga, todos ellos presas potenciales del lobo, bien podría mantener de manera estable a unos cuantos ejemplares de esta emblemática especie, que además contribuiría a regular sus poblaciones. El Monte también reúne las condiciones ambientales para albergar de nuevo una población de lince ibérico, especie que al igual que el lobo desapareció de esta zona hace unas cuantas décadas.

A principios de los años ochenta ya éramos conscientes en el movimiento ecologista de los importantes valores naturales que albergaba el Monte de El Pardo, y nos preocupaba su dependencia de un organismo tan opaco y tan “descolocado” dentro de la administración pública española como es Patrimonio Nacional. Por ello, en ese momento reclamábamos su declaración como Parque Nacional, y su incorporación a un gran espacio natural protegido que debería crearse entre el Monte de El Pardo y la Sierra de Guadarrama. Este espacio protegido, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que se extiende desde la Pedriza de Manzanares hasta el término municipal de Madrid, se creó finalmente en 1985, pero sin incluir al Monte de El Pardo. Esto fue consecuencia de la oposición de Patrimonio Nacional a su inclusión dentro del Parque, con el argumento de que ello podría afectar a la seguridad del palacio de la Zarzuela, aunque más bien apuntaba a que este organismo no quería perder el control de este espacio. Por aquel entonces existía una cierta controversia dentro del movimiento ecologista en relación al Monte de El Pardo. Unos defendían que debería mantenerse cerrado como estaba, para así garantizar su conservación, mientras que otros pensábamos que había que dotarlo de una protección legal diferente de la que tenía, y que debía permitirse el acceso limitado y controlado a las 15.000 hectáreas vedadas, estableciéndose visitas guiadas con unos pocos vehículos al día, al estilo del Parque Nacional de Doñana. De esta manera, la población podría disfrutar de forma controlada de este espacio natural sin degradarlo. Por otra parte, veíamos como un anacronismo el estatus tan particular de un lugar como El Pardo, dependiente en definitiva de la Corona y totalmente cerrado al público, y pensábamos que la solución acabaría cayendo por su propio peso. Sin embargo, era evidente que estábamos equivocados pues, después de varias décadas, la situación permanece invariable.

No obstante, a este tema podría aplicarse el dicho ese de “nunca es tarde si la dicha es buena”. Entendemos que no es socialmente admisible en 2023 que 15.000 hectáreas de encinar de gran biodiversidad adyacentes a la ciudad de Madrid estén por ley ligados la Corona, y su uso y gestión subordinados no a objetivos de conservación y educación ambiental -siendo de hecho su gestión ambiental opaca y manifiestamente mejorable- sino al servicio y los intereses de la familia real española.

Consideramos que la mejor solución a esta anacrónica situación, sería la incorporación de El Monte de El Pardo al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que actualmente lo envuelve en más del 80% de su perímetro, con la clasificación de Reserva Natural Integral (Zona A1, según la Ley del Parque Regional), la figura de mayor protección de este espacio natural protegido, y el paso a una gestión compartida entre Patrimonio Nacional y la Comunidad de Madrid, de la que depende el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Asimismo, para garantizar su adecuada conservación, sería necesario un plan de gestión específico para el Monte de El Pardo, que regulara su gestión ambiental y su uso público, tanto en la zona abierta como en la cerrada. En esta última, los objetivos de conservación deben ser los prioritarios y en ningún caso debería pasar a ser de acceso libre, pero podría establecerse un sistema de visitas con un número limitado de personas por día y recorridos guiados preestablecidos en vehículos, similar al de los parques nacionales de Doñana y Cabañeros. De esta manera, se compaginaría su conservación y mejora ambiental con su uso y disfrute por parte de la ciudadanía, y El Monte de El Pardo se convertiría definitivamente en un espacio natural del que toda la población de Madrid podría enorgullecerse.

El pasado mes de enero el Consejo de Ministros aprobó, mediante Real Decreto, la mayoría de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del tercer ciclo de planificación 2022-2027. Unos documentos en los se recogen todas las actuaciones relacionadas con el agua que está previsto llevar a cabo durante ese periodo de tiempo.

A lo largo de los años, los documentos de planificación hidrológica, iniciados en los años 90 del pasado siglo, han tenido mucho de simples listados de obras, en su mayoría grandes infraestructuras hidráulicas, como eran depuradoras de aguas residuales y potabilizadoras, grandes embalses y canales, así como cientos de miles de hectáreas de nuevos regadíos. Aunque una parte de estas obras eran necesarias, como es el caso de las depuradoras y potabilizadoras, otras eran innecesarias y producían gran impacto ambiental, como son buena parte de los grandes embalses, canales y conducciones que contemplaban construir, así como los nuevos regadíos. A consecuencia de ello, ya existen en España 4.100.000 hectáreas de regadíos (sin contar los ilegales), lo que nos está llevado a una situación de auténtica insostenibilidad hídrica en buena parte del país.

Conforme han avanzado los años, los documentos de planificación hidrológica han incorporado otros aspectos diferentes a las obras hidráulicas convencionales, teniéndose más en cuenta los aspectos ambientales. De esta manera, en los planes hidrológicos recientemente aprobados se fijan caudales ecológicos, aunque en general insuficientes, en casi todas las masas de agua, y también se propone en los mismos la declaración de más de 500 kilómetros de nuevas reservas naturales fluviales, alejándose algo de los simples listados de obras hidráulicas y nuevos regadíos que eran antes. Asimismo, se empiezan a tener en cuenta las reducciones que se están produciendo de los recursos hídricos disponibles a causa del cambio climático. Todavía se recuerda cuando el consejero de Agricultura de la Región de Murcia afirmó, en una Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua en 2001, que lo del cambio climático no estaba demostrado y que lo único publicado al respecto no pasaba del nivel de “hojas parroquiales”.

A pesar de estos avances en la planificación, en varios planes hidrológicos de demarcaciones muy importantes se sigue contemplando la construcción de nuevos grandes embalses de fuerte impacto ambiental y escasa utilidad, como son los embalses de Rial y Morales (León) en la Demarcación Hidrográfica del Duero, o el embalse de Puerta de la Cerrada (Jaén), en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, en la Demarcación Hidrográfica del Ebro se continúa con las obras de grandes embalses de gran impacto ambiental y dudosa viabilidad, como son el Recrecimiento de Yesa y Mularroya, los dos en la provincia de Zaragoza. También se incluye la creación de varias decenas de miles de hectáreas de nuevos regadíos en las demarcaciones del Ebro y el Duero, además de la modernización de una superficie aún mayor de regadíos ya existentes, actuaciones en las que está comprobado que, más que ahorrar agua, lo que permiten es que se rieguen otros campos con esa agua “liberada”. Finalmente, en varias demarcaciones se incluyen encauzamientos de tramos de ríos, consistentes básicamente en la completa eliminación del bosque de ribera, y transformación del río en ese tramo en un simple canal, sin apenas vida. Un ejemplo gráfico lo tenemos en el encauzamiento que se llevó a cabo en 2021 en el río Híjar a su paso por la localidad de Reinosa (Cantabria), dentro de la Demarcación del Ebro, donde literalmente se eliminó un tramo del río, transformándolo en un canal de fondo plano y taludes de escollera.

En este tercer ciclo de planificación sí se advierte una evolución desigual entre unos planes hidrológicos y otros. Mientras que en los planes de Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental y Melilla se aprecia una evolución clara hacia lo que realmente debe ser un documento de planificación hidrológica, empezando a considerar los ríos como ecosistemas fluviales y no como simples canales de agua, otros planes hidrológicos han evolucionado mucho menos, manteniendo en buena medida la política desarrollista de siempre, apostando por la creación de nuevos regadíos, y siguen siendo en buena parte listados de grandes obras hidráulicas, de gran impacto ambiental. Este caso es el de los planes hidrológicos del Ebro, Duero y Guadalquivir. Y parece que también, e incluso mucho más acentuado, el de los planes hidrológicos de aquellas demarcaciones hidrográficas dependientes directamente de la Junta de Andalucía, y que se encuentran actualmente en tramitación.

Aunque en todos los planes hidrológicos se fijan caudales ecológicos para casi todas las masas de agua, estos son generalmente pobres e insuficientes. Ese es el caso de los fijados en el Plan Hidrológico del Júcar, habiéndose realizado estudios muy solventes, de los que se desprende que los caudales ecológicos fijados en este Plan son muy inferiores a lo que ambientalmente le corresponderían. Y, por ejemplo, en el Plan del Ebro hay del orden de una veintena de ríos, cuyo caudal ecológico fijado es de 0 m3/seg para todos los meses del año. En general, buena parte de los caudales ecológicos fijados, vienen condicionados de una u otra forma por los diferentes usos, lo cual supone un incumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, donde se indica que los caudales ecológicos no son un uso, sino una restricción previa al resto de usos, y de hecho por ello su implantación, según el Consejo de Estado, no es indemnizable.

En el caso de la Demarcación del Tajo, el caudal ecológico fijado para el río Tajo a su paso por Aranjuez, viene claramente condicionado por el trasvase Tajo-Segura, que parte de su cabecera hacia el Levante. Los caudales ecológicos fijados en ese punto son insuficientes, situados por debajo de lo que determinan diferentes estudios, y además se pretenden implantar de manera progresiva a lo largo de los años, lo cual incumple lo establecido en la normativa, pues resulta muy evidente como se está condicionando la implantación del caudal ecológico al trasvase, cuya agua se destina mayormente al regadío. Y a pesar de ello, la fijación de este caudal ha despertado polémica entre los receptores del trasvase, empezando por varios gobiernos regionales, que no parecen dispuestos a respetar lo establecido en la normativa. 

Ello es debido a que tanto en el gobierno central, y muy especialmente en el Ministerio de Agricultura, como en la mayoría de las comunidades autónomas, sigue implantado un sentimiento totalmente desarrollista, apoyando activamente la expansión del regadío, como si los recursos hídricos fuesen infinitos. Sirva de ejemplo el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde la superficie regada se ha incrementado en los últimos 25 años en nada menos que un 64,72% (por supuesto sin contar el regadío ilegal), habiendo pasado a ser la segunda comunidad autónoma con más regadío de España. O también el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la que cuenta con más superficie regada de España, que se incrementó en tan solo 15 años (entre 2005 y 2020), en más del 29% (también sin contar con el regadío ilegal).

Además, el consumo de agua es bastante mayor que el contabilizado, debido al regadío ilegal, que se abastece mayormente de los cientos de miles de pozos ilegales que se distribuyen por toda la geografía. En este caso la responsabilidad es casi en exclusiva de la administración hidráulica, que lleva muchos años permitiendo ese descontrol.

En definitiva, aunque al menos en los documentos de planificación hidrológica algo ha evolucionado la política hidráulica en nuestro país, lo cierto es que en buena parte es más de lo mismo, pues todavía se mantienen tendencias del pasado, y que parece claro que no van a solucionar los principales problemas actuales relacionados con el agua. La situación de los recursos hídricos cada vez es más preocupante, por la reducción del agua disponible a causa del cambio climático, pero muy especialmente por la gran expansión del regadío, favorecido por el gobierno central y la mayoría de gobiernos autonómicos, y que todo apunta a que va a continuar. Una reducción de los recursos hídricos combinado con un aumento continuado de las demandas nos lleva necesariamente a un colapso hídrico, que se producirá cuando llegue la próxima sequía plurianual que, dadas las características de nuestro clima, tarde o temprano llegará.

De entrada, a cualquier persona nos debería sorprender que en el agua de consumo humano pudiera haber productos fitosanitarios, utilizados mayormente en la agricultura, pues no olvidemos que todos los plaguicidas son venenos, y su objetivo, dependiendo del tipo de sustancia, es el de matar roedores, insectos, ácaros o plantas. Por ello, la gran mayoría producen efectos negativos sobre la salud humana, como demuestra el elevado número de productos que ya se han prohibido por este motivo a lo largo de los años, y los efectos que su uso ha tenido para la salud de muchas personas, especialmente para las que lo manipulan. Pero lo cierto es que desde hace décadas los productos fitosanitarios están extendidos y esparcidos por todo el planeta, afectando a plantas y animales, como demuestra el hecho de que ya en los años 70 del pasado siglo, se detectase la presencia de DDT nada menos que en los tejidos de los pingüinos de la Antártida.

En principio, el larguísimo catálogo de leyes que regulan las sustancias químicas en la Unión Europea y en España tienen como principales objetivos la protección de la salud humana y del medio ambiente. Aunque, en la mayoría de los casos, también tienen como objetivo la protección del mercado de las sustancias que se pretende reglamentar.

No obstante, sobre la protección del medio ambiente y de la salud humana, parece lógico pensar que el nivel de seguridad de las leyes que gobiernan las sustancias químicas siempre debería de ser mayor en lo relativo a la salud humana que al medio ambiente en general, o al menos garantizar el mismo nivel de protección.

A cualquiera puede parecerle un desatino que los límites que se consideran como barreras que no deben franquearse para asegurar la salud de los ríos y de las aguas subterráneas sean más estrictos que los que se aplican al agua de consumo humano.

Sin embargo, este sinsentido ha estado vigente en nuestro país durante varias décadas. Es decir, la normativa que regulaba la concentración máxima de determinados pesticidas en los ríos era más restrictiva que la que regulaba el agua de abastecimiento a poblaciones, donde se permitían concentraciones de plaguicidas superiores. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso del lindano, el que fuera un potente insecticida y en la actualidad un peligroso contaminante tóxico que perdura en el suelo y agua de varias zonas de España, y que lleva prohibido su uso y fabricación en la Unión Europea desde 2007.

La normativa vigente de protección del medio ambiente de las aguas superficiales y subterráneas establece para el lindano un valor máximo puntual de 0,04 µg/l y una concentración media anual que no puede superar los 0,02 µg/l. Sin embargo, la normativa de la Unión Europea y la española dictaba que para el agua de consumo humano, el valor límite permisible para el lindano y para cualquier tipo de plaguicida con independencia de su toxicidad o de si este esté o no autorizado era de 0,1 µg/l. Es decir, se consideraba como permisible que el agua de consumo humano tuviese concentraciones hasta 2,5 veces superiores a lo permitido en ríos y aguas subterráneas.

Esta vergonzante contradicción ha sido objeto de críticas por parte de Ecologistas en Acción desde hace años, que ha demandado de manera reiterada que la normativa fuese mucho más restrictiva en lo que al agua de consumo humano se refiere. Y por fin se ha conseguido, con la aprobación a principios del presente año del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, promovido por el Ministerio de Sanidad.

En este Real Decreto se da un paso más allá de la normativa europea y, en una apuesta por la prevención de la salud humana, establece dos límites para los plaguicidas en el agua de consumo, aquella que sale de nuestros grifos. El ya conocido 0,1 µg/litro para los plaguicidas autorizados y el novedoso y probablemente único en la Unión Europea de 0,03 µg/l para los plaguicidas no autorizados como es el caso del lindano. 

Este nuevo valor preventivo debe ser motivo de satisfacción para el conjunto de la ciudadanía y, en especial, para aquellas entidades como Ecologistas en Acción que llevan años demandándolo, especialmente en el País Vasco y Aragón, donde la presencia de lindano en varias masas de agua y suelos es un problema muy grave.

Sin embargo, queda mucho por hacer y es necesario que todas las administraciones, entidades y empresas responsables del suministro de agua potable cumplan con sus responsabilidades y aseguren que lo escrito en la nueva norma sea una realidad en nuestros grifos.

Pero la otra cara de la moneda la tenemos en otro Real Decreto que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado casualmente el mismo día que el Real Decreto al que antes nos hemos referido, y que regula la explotación de las aguas minerales naturales, aguas de manantial y aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

El mínimo sentido común hace pensar que este Real Decreto, el 2/2023, de aplicación a todo tipo de aguas envasadas, debiera tener como mínimo el mismo nivel de restricción para los plaguicidas que el que obliga la nueva norma de agua de grifo aprobada.

Sin embargo, no es así, el Real Decreto que regula las aguas embotelladas no resuelve la contradicción entre plaguicidas autorizados y los que no lo son y reitera el mismo nivel de protección para ambos tipos, el ya citado 0,1 µg/l.

Esto genera la paradoja de que el agua de consumo humano de nuestros grifos tiene una regulación más estricta en lo que a la presencia de plaguicidas se refiere, que el agua embotellada. De esta manera, las personas que opten por este tipo de agua, cuyo coste suele ser 200 veces superior al del agua del grifo, van a adquirir un agua para la que la normativa vigente es más permisiva con este tipo de sustancias nocivas para la salud humana.

Si bien la opción de consumo de un tipo u otro de agua debiera ser una decisión personal de cada consumidor y consumidora, no parece coherente con el objetivo de la protección de la salud humana que tengan reglamentaciones diferentes relativas a los plaguicidas. Y ello a pesar de que desde Ecologistas en Acción se le advirtió sobre el tema antes de su aprobación al ministerio que promovió el decreto que regula el agua embotellada, que curiosamente es diferente al que promovió el agua de grifo. 

En definitiva, la aprobación del decreto que regula la calidad del agua del grifo es motivo de satisfacción, mientras que el referente al agua embotellada es decepcionante y resulta un contrasentido. Por ello, en aras de proteger la salud de los consumidores, debería ser modificado de inmediato.

En cualquier caso, hay que seguir adelante, y conseguir que la nueva normativa que regula la calidad del agua del grifo se aplique de manera estricta en todos los municipios de nuestro país. No hay que olvidar que el acceso al agua potable es un derecho humano establecido como tal por Naciones Unidas.

La presencia de nitratos en el agua de consumo humano es causa de preocupación a nivel de todo el país, dada su toxicidad relacionada con la formación de dos tipos de sustancias: nitritos y compuestos N-nitrosos. La reducción de los nitratos a nitritos puede ocasionar metahemoglobinemia principalmente en los lactantes menores de 6 meses, consistente en la “afección por la que hay una cantidad más alta de lo normal de metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina es una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno, de manera que no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Los síntomas de la metahemoglobinemia incluyen dolor de cabeza, mareo, cansancio, falta de aliento, náuseas, vómitos, latidos cardíacos rápidos, pérdida de coordinación muscular y piel de color azul”. Por otra parte, los nitritos reaccionan con aminas formando nitrosaminas, de las cuales se sabe, por estudios en animales y algunos estudios epidemiológicos en humanos, que tienen una actividad carcinógena. Por último, la formación de compuestos N-nitrosos se asocia con malformaciones congénitas.

Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de prevenir el efecto tóxico a corto plazo de los nitratos, estableció como nivel máximo permitido en agua potable un valor de 50 mg/litro. El Real Decreto de agua de consumo humano vigente en España establece, de igual forma que lo hiciera la Organización Mundial de la Salud, como valor paramétrico de los nitratos 50 mg/l, indicando además que los valores detectados cercanos por debajo al valor paramétrico de 50 mg/l deben considerarse como probables incumplimientos.

Según la información disponible en el Ministerio de Sanidad, la contaminación del agua de consumo humano por nitratos está presente en numerosos municipios de la España vaciada: Momblona, Alintesque y Bliecos en Soria, Villarejo de la Peñuela en Cuenca, San Salvador en Valladolid y un largo etcétera. En concreto, se tiene conocimiento de al menos 197 poblaciones, en las que se superan en el agua de consumo humano los niveles de nitratos permitidos. Según esos datos, se estima que, al menos un total de 1.016.359 personas en España se han visto en algún momento reciente afectados por episodios de contaminación por nitratos en su agua potable, aproximadamente el 2% de la población española.

Lamentablemente se tratan de datos parciales, pues el Ministerio de Sanidad señala que los nitratos solo fueron controlados en 2021 en el 62,8% de las zonas de abastecimiento, en el 12,4% de las infraestructuras y en el 11,4% de los puntos de muestreo. La parcialidad de la información disponible hace suponer que el número de municipios afectados es superior a los 197 identificados a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad. De igual forma, podemos inferir que el número de personas afectadas es bastante superior a las 1.016.359 mencionadas, dado que muchos de los municipios afectados ven multiplicada su población durante los meses de verano.

La falta de análisis es todavía peor en el caso del parámetro nitrito, ya que únicamente se controló en el 57,5% de las zonas de abastecimiento, en el 11,5% de las infraestructuras y en el 10.9% de los puntos de muestreo. El panorama es desalentador puesto que, si bien es indudable que el número de controles analíticos ha aumentado en los últimos años, no se ha producido una reducción del número de incumplimientos, que desde 2008 se sitúa en valores entorno al 1,67% del total de controles realizados.

Las principales causas de la contaminación por nitratos de las aguas de abastecimiento se encuentran, por una parte, en el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, especialmente en el regadío y, por otra, en la proliferación de la ganadería intensiva. Ambos producen la denominada contaminación difusa por nitratos, afectando tanto a las aguas superficiales (ríos, manantiales, fuentes,…), como a las aguas subterráneas. La mayor parte de los municipios afectados se encuentran ubicados o bien en zonas de regadíos intensivos, o bien cuentan en su entorno con numerosas macrogranjas. Concretamente, los municipios donde se ha detectado contaminación por nitratos en el agua de abastecimiento albergan, según datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 1.188.762 cabezas de ganado porcino, bovino, ovino y caprino, a lo que hay que añadir 4.546.935 aves de corral censadas .A modo de ejemplos, podemos señalar los casos de los municipios de Puebla de la Reina (Badajoz) con 710 habitantes y 876.448 cabezas de ganado censadas, de las cuales 845.836 corresponden a aves de corral; o Almazán (Soria) de 5.411 habitantes y 121.543 cerdos. En este último municipio, nada menos que más de 22 cerdos por habitante.

Este origen agrario (agrícola y ganadero) de los nitratos, es también la tesis de la Comisión Europea, en su recurso interpuesto contra el Reino de España el 30 de agosto de 2022, por incumplimiento de la Directiva 91/675/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, la cual incluye también como fuente de contaminación el estiércol. Este último párrafo del recurso contiene el reproche de la Comisión a la falta de políticas de reducción de la contaminación producida por nitratos o la insuficiencia de estas: “La Comisión también reprocha al Reino de España no haber adoptado medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias para remediar la eutrofización en la totalidad del país, a pesar de que los datos disponibles ponen de manifiesto que las medidas previstas en los programas de acción no están siendo suficientes para reducir y prevenir la contaminación”.

Este párrafo condensa el grave problema de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, y es uno de los muchos ejemplos que ilustran la inseparable unión entre salud ambiental y salud humana. Tan solo un medio ambiente libre de nitratos permite un agua de consumo humano sin este tipo de contaminación, que es sufrida en su mayor parte por los pueblos de la España vaciada.

Las políticas de reducción de la contaminación que posibiliten el acceso a un agua de consumo humano de calidad libre de contaminación química, deberían ser uno de los principales objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su tarea de evitar la despoblación del medio rural. Pues para poder evitar dicha despoblación es necesario mantener una elevada calidad del medio rural y de sus recursos naturales, garantizando entre otras cosas un agua de abastecimiento de buena calidad.

Resulta evidente que existe un grave problema de contaminación por nitratos en el agua de abastecimiento a la población de un buen número de municipios de nuestro país, que entre todos suman más de un millón de habitantes. Además, como hemos indicado anteriormente, todo apunta a que el número de municipios afectados, y por tanto la población, es bastante mayor.

El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que el hecho de que se esté suministrando agua contaminada, no apta para el consumo, a más de un millón de personas en nuestro país, supone un retroceso en cuanto a la calidad de vida en nuestro país. Además, se está afectando especialmente a municipios de la denominada “España vaciada”, contribuyendo así a que se vacíe aún más, pues no resulta precisamente atractivo vivir en un pueblo en el que ni siquiera el agua del grifo se puede beber o utilizar para cocinar.

Por todo ello, es esencial que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios de España, con el fin de detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos. Asimismo, debería frenarse la expansión del regadío, y reducirse en el mismo el uso de abonos nitrogenados, y frenarse también la expansión de la ganadería intensiva, pues ambas actividades están produciendo daños ambientales muy importantes, y en muchos casos irreversibles. Y además están atentando directamente contra la salud de la población, especialmente sobre la que reside en la “España vaciada”.

Los ríos son sistemas naturales cuya función principal es el transporte, desde tierra hasta el mar, de agua, sedimentos, seres vivos y nutrientes, por ello se les atribuye la categoría de ser las arterias naturales del territorio. Además de estas funciones, como ecosistemas que albergan vida, y como fuente de abastecimiento de agua para las necesidades humanas, los ríos son portadores de valores sociales, culturales y de identidad.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, los ríos han sido y siguen siendo ecosistemas muy maltratados, privándoles, en muchas ocasiones, de sus bosques de ribera, de sus llanuras de inundación, interrumpiendo su flujo con presas, compuertas o azudes, encauzándolos entre paredes de hormigón y taludes inertes, o convirtiéndolos en las cloacas a las que verter todo tipo de residuos. Todo ello, como muchos otros desatinos, en aras del crecimiento económico, el mantra que lo justifica todo.

Esta forma de actuar ha pasado factura en forma de degradación ambiental, ante la cual, la Ciencia se ha posicionado claramente, advirtiendo de la necesidad de un cambio de rumbo que, en el caso de los ríos, pasa por lo que se denomina Restauración Fluvial, que consiste en restablecer los procesos naturales del medio fluvial, para que recuperen sus funciones, sus características estructurales, su espacio y su dinámica.

El río Piles, uno de los que fluyen a través de la ciudad de Gijón, es un ejemplo claro de río maltratado, desgraciadamente no el único de este municipio, que con el crecimiento de la ciudad ha sido progresivamente transformado, perdiendo sus meandros y humedales adyacentes, hasta convertirse en un canal uniforme rodeado de diferentes infraestructuras urbanas.

Entre estas alteraciones destaca la presencia del denominado “anillo navegable”, consistente en unas compuertas situadas en la confluencia de los ríos Piles y Peña Francia, que permiten embalsar el agua para la práctica del piragüismo.

A estas alteraciones hidromorfológicas se unen los problemas de calidad de sus aguas por los vertidos de aguas residuales, que en los últimos años provocaron impactos en la playa de San Lorenzo, donde desemboca, muy visibles para la población, lo cual ha sacado a la luz el lamentable estado en el que se encuentra el río.

En línea con lo que se inició a finales del siglo XX en algunos países europeos, y que se ha empezado a hacer hace algunos años en España, en septiembre de 2020, Ecologistas en Acción elaboró y presentó al Ayuntamiento de Gijón el “Plan de naturalización y restauración ambiental del río Piles a su paso por la ciudad de Xixón (Asturies)”, plan que, siendo conscientes de que el río nunca podrá recuperar plenamente su naturaleza original, tiene como objetivo incrementar sus valores ambientales y paisajísticos, algo que no solo posee interés ecológico sino también un gran interés social, pues se trata del río que ven casi a diario cientos e incluso miles de personas. De esta manera, podrían disfrutar de un río más o menos natural, y no del canal casi inerte en el que las sucesivas actuaciones humanas le han convertido.

Tras un proceso de debate, tanto ciudadano como político, acompañado de la elaboración de diversos informes, el Ayuntamiento aprobó la realización del proyecto de renaturalización siguiendo las pautas recomendadas en el informe “Diagnóstico ambiental y propuestas de actuación para la rehabilitación y/o renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peña Francia en el concejo de Gijón (Asturias)”, elaborado por personal docente e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, muy acorde con los planteamientos del plan de Ecologistas en Acción y que también contó con el apoyo explícito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Finalmente, el pasado mes de septiembre, la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concedió al Ayuntamiento de Gijón una subvención de casi tres millones de euros para llevar a cabo este proyecto.

Sin embargo, todo esto puede irse al traste por una sentencia judicial que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un club deportivo privado de la ciudad, declara la nulidad de pleno derecho de las actuaciones contempladas en el proyecto de renaturalización. Sentencia que ni comprendemos ni compartimos, pues resulta muy difícil asumir que una actuación sobre un espacio público como es un río, que es buena para el medio ambiente y para el conjunto de la ciudadanía, que cuenta con respaldo científico y técnico, y además con dotación económica, pueda ser impedida basándose en argumentos que podrían calificarse de peregrinos, y que son contrarios a la protección del medio ambiente y al interés general de la ciudadanía. Las objeciones y defectos de forma argumentados en la sentencia son fácilmente subsanables, por lo que es previsible que el recurso interpuesto ante el órgano superior prospere. Y dado que no es una sentencia firme, el Ayuntamiento, cumpliendo siempre con la legalidad vigente, debería seguir adelante en lo posible con los trabajos de renaturalización, y evitar así perjudicar a los intereses del conjunto de la población.

Pero, ¿qué se esconde tras esta sentencia? Los intereses de un grupo deportivo privado que exige la permanencia del anillo navegable, mediante el embalsado del río para sus prácticas deportivas, o lo que es lo mismo, pretende que ese tramo del río Piles siga teniendo un uso privativo para unos pocos, y ello a costa del medio ambiente, y del interés del conjunto de la ciudadanía.

Los ríos son todos de titularidad pública y no pueden quedar sometidos a los intereses privados. Además, el interés general de la renaturalización de los ríos no es incompatible con los usos lúdicos y deportivos, pero estos han de respetar y supeditarse a la dinámica natural del medio fluvial, sin interferir en sus funciones ambientales, tal y como se señala en el proyecto de renaturalización.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en Gijón no es un hecho aislado en nuestro país. Son ya varios los proyectos de renaturalización de ríos que se han presentado y que no están saliendo adelante por diferentes motivos, que nada tienen que ver con el medio ambiente, como son el que puedan rozar con los intereses de determinados sectores, como ocurre en Huesca; por rivalidades y celos entre partidos políticos, que incluso gobiernan en coalición, como ocurre en Elche y la negativa de su actual alcalde a renaturalizar el río Vinalopó; o simplemente porque las corporaciones municipales de turno mantienen todavía un concepto trasnochado y equivocado de los ríos, como ocurre en Granada o en Vigo.

Volviendo al río Piles, esperemos que finalmente tanto la justicia como el Ayuntamiento de Gijón cumplan con sus papeles en beneficio de toda la sociedad gijonesa y asturiana, y en poco tiempo el Piles vuelva a recuperar el aspecto y las funciones ambientales de un río natural.

El ser humano, en su afán por dominar y transformar la naturaleza, a partir del siglo XVIII empezó a encauzar los ríos en buena parte de Europa. El encauzamiento de un río consiste básicamente en la eliminación de su vegetación de ribera, e incluso modificación de su recorrido original, eliminando curvas y meandros, y transformándolo en una especie de canal casi rectilíneo, flanqueado por motas (ribazos longitudinales de tierra), escolleras, e incluso paredes de hormigón. El objetivo de los encauzamientos era el de proteger las poblaciones y campos colindantes frente a posibles avenidas, pero sobre todo era el de ganar de forma “segura” espacio al río, especialmente en su llanura de inundación.

Desde el punto de vista ambiental, los encauzamientos producen un gran impacto, pues conllevan la transformación de la geomorfología del río, suponiendo la completa destrucción del bosque de ribera, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Su utilidad social resulta más que dudosa. Son numerosos los encauzamientos que se han llevado a cabo en España en las últimas décadas, que tan solo servían para proteger algunos campos de cultivo situados sobre la llanura de inundación natural del río, campos cuyo coste económico puede ser varias veces inferior a la inversión que han supuesto las obras del encauzamiento. Además, su utilidad resulta más que dudosa, cuando no contraproducente.

Cada cierto tiempo suelen producirse avenidas, que superan la delimitación de los encauzamientos, y a partir de ese momento el agua corre libremente, afectando a campos de cultivo y edificaciones de todo tipo. En este sentido, los encauzamientos aportan una sensación de falsa seguridad, como prueba que a continuación de los mismos, e incluso colindantes, se establezcan construcciones e instalaciones de todo tipo, pudiéndose producir auténticas tragedias humanas, como ocurrió en 1996 en Biescas (Huesca), donde una riada arrasó un camping matando a 87 personas; o en 1997 en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, donde el desbordamiento de dos arroyos mató a 25 personas. Tanto en Biescas como en Badajoz, los arroyos estaban encauzados.

Un ejemplo muy claro de la falta de eficacia de los encauzamientos lo tenemos en el tramo medio del río Ebro, donde se eliminaron bastantes meandros y se redujo la sección del río, flanqueándolo con motas. De hecho, en las fotos aéreas, todavía pueden verse los restos de los antiguos meandros inmersos entre campos de cultivo. Pues bien, a causa de ello, cada cierto tiempo se producen en el tramo medio del Ebro inundaciones que producen cuantiosos daños económicos. Para hacer frente a los mismos, se suelen plantear costosísimas actuaciones, de enorme impacto ambiental, como son la realización de dragados o el recrecimiento de las motas. Actuaciones que son de muy escasa utilidad, cuando no contraproducentes, pues el dragado de un río o el recrecimiento de una mota lo que puede conseguir es que su desbordamiento se produzca varios kilómetros más abajo, donde también suele haber edificaciones y campos de cultivo y, eso sí, con un volumen y velocidad del agua bastante mayor. Se trata de actuaciones que a los únicos que realmente beneficia es a las empresas constructoras que llevan a cabo las obras.

Hay un dicho muy cierto y que tarde o temprano siempre se cumple, y es que los ríos, cada cierto número de años, suelen hacer valer sus derechos de propiedad.

Por ello, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, consciente de la falta de utilidad de los encauzamientos, desde hace bastantes años lo único que recomienda frente a las avenidas es que, en vez de recrecer o construir nuevos encauzamientos, que no se establezcan construcciones u otros elementos de valor dentro de las llanuras de inundación. En varios países europeos también se está actuando en este mismo sentido. Concretamente en Alemania se están eliminando incluso algunos encauzamientos, recuperando los antiguos meandros de los ríos, así como sus llanuras de inundación.

En España también se están iniciando tímidos intentos en este sentido, como son algunos proyectos puntuales encaminados a la recuperación de meandros abandonados. Sin embargo, para la mayoría de las confederaciones hidrográficas y los organismos autonómicos encargados de la gestión del agua y los ríos, la construcción de encauzamientos convencionales sigue totalmente vigente. Y eso a pesar de lo indicado en el artículo 36 del Plan Hidrológico Nacional, en vigor nada menos que desde 2001, en el que se indica: En este sentido, en los nuevos encauzamientos se tenderá, siempre que sea posible, a incrementar sustancialmente la anchura del cauce de máxima avenida, revegetando estas áreas con arbolado de ribera autóctono. Asimismo, se respetarán en todo momento las condiciones naturales de las riberas y márgenes de los ríos, conservando su valor ecológico, social y paisajístico, y propiciando la recarga de los álveos y otros acuíferos relacionados con los mismos. Un artículo que no se ha respetado por parte de la mayoría de las administraciones antes mencionadas, encontrándonos con encauzamientos construidos en los últimos años por las confederaciones hidrográficas, situados en medio del campo y limitados por altas y verticales paredes de hormigón, como ocurre por ejemplo con el arroyo de Calzas Anchas, en Utrera (Sevilla). Un encauzamiento absurdo, que costó varios millones de euros, y que se hizo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bastantes años después de entrar en vigor ese artículo.

Otro ejemplo especialmente sangrante es el del encauzamiento que se hizo el año pasado en el río Híjar, en el entorno de Reinosa (Cantabria). Este, realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Cantabria, supuso la completa destrucción del bosque de ribera en dos tramos del río Híjar, sustituyéndose por motas y escolleras de piedra. Y eso a pesar de que este río forma parte de la Red Natura 2000. Resulta lamentable que en 2021 todavía se llevasen a cabo en España actuaciones de este tipo, que suponen un atentado ecológico de magnitud suficiente como para que actuase directamente la Fiscalía.

Es necesario que actuaciones como las indicadas no vuelvan a repetirse en nuestro país. Los encauzamientos de los ríos deben pasar a formar parte del pasado, no llevándose a cabo ni uno solo más. Además, por razones tanto ambientales como de seguridad de las personas, desde las administraciones competentes debería procederse a la eliminación de una parte de los mismos, incrementando en cambio donde se pueda las llanuras de inundación y recuperando siempre el bosque de ribera, que reduce la velocidad del agua en las inundaciones, y por tanto sus efectos perniciosos. Es lo que están haciendo en otros países que tienen mucha más experiencia que el nuestro en la gestión natural de los ríos. Un modelo de gestión cuyas ventajas ambientales, sociales y económicas resultan más que evidentes.

Las aguas residuales urbanas se usan de facto para el riego desde hace décadas, pues además se trata de un agua que de por sí ya contiene nutrientes, lo cual era apreciado tradicionalmente por los agricultores. De hecho, cuando se empezaron a construir las depuradoras en los años 70 y 80, hubo varios conflictos en diferentes puntos del territorio con agricultores, que alegaban que cuando entraban en funcionamiento las depuradoras, las aguas que captaban de los ríos para riego, contenían menos nutrientes, por lo que tenían que aportar abonos adicionales a los cultivos, con el consiguiente gasto económico. E incluso en los mismos años 90, no era infrecuente que los agricultores perforaran los colectores de aguas residuales para la utilización de las mismas en el regadío. Por ejemplo, eso mismo pasaba con algunos colectores del Canal de Isabel II, que discurrían por el sur de la Comunidad de Madrid. Ni qué decir tiene que el riego con aguas residuales sin depurar, además de ser ilegal, suponía un riesgo evidente para la salud.

Sin embargo, las aguas adecuadamente depuradas, sí pueden emplearse para determinados usos. De hecho, a partir de la sequía del 1990-94, se inició y potenció la reutilización de las aguas residuales depuradas, como una forma de obtener unos recursos hídricos, que podrían resultar especialmente útiles durante los periodos de escasez de agua. A estas aguas se les denomina regeneradas, y son aguas residuales que han sido sometidas a una depuración con tratamiento terciario y una desinfección adicional, y pueden ser utilizadas para el riego de parques, jardines y baldeo de calles, así como para el regadío. Sin embargo, el volumen actual de agua residual depurada que se reutiliza para riego es tan solo de 382 hm³ en la campaña 2017/18, bastante por debajo del 10% del volumen total de agua que se depura, y muy por debajo de lo previsto en el Plan Nacional de Reutilización (2010), en el que se estimaba una reutilización de 998 hm³ anuales para 2015 y 1.403 hm³ para 2021. Además, el actual nivel de utilización se mantiene más o menos estable en los últimos 15-20 años.

El motivo de este estancamiento en la producción de aguas regeneradas se encuentra en el coste económico que conlleva su obtención, que es superior al que pagan los regantes por el agua. El problema no está en que su coste sea elevado, que no lo es, el problema está en que el precio que pagan los regantes por el agua es anormalmente reducido, de tan solo unos pocos céntimos de euro por metro cúbico, que ni siquiera cubre los costes ambientales, sociales y económicos que su obtención conlleva. Ese precio tan bajo, aproximadamente 25-30 veces menor al que se paga de media para el abastecimiento a poblaciones, está produciendo un crecimiento continuado del consumo en el regadío, que conlleva una cada vez mayor sobreexplotación de nuestros recursos hídricos superficiales y subterráneos. Por ello, es fundamental que se aumente sustancialmente el precio del agua en el regadío, debiendo cubrir al menos los costes medioambientales, sociales y económicos que su obtención y consumo lleva aparejado, tal y como se establece en la Directiva Marco de Agua. De esta manera se conseguiría racionalizar su uso en la agricultura, que actualmente supone del orden del 85% de consumo total de agua, según el INE. Además, si tenemos en cuenta los retornos (el agua que después de ser utilizada vuelve a los cauces o acuíferos), mientras que en el abastecimiento a poblaciones es del 80%, en el regadío es inferior al 10%, por lo que el consumo neto real de agua del regadío asciende hasta el 93% del consumo total de agua.

La reutilización de las aguas residuales depuradas conlleva ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas está que puede servir para sustituir volúmenes de agua procedentes de ríos y acuíferos, lo que contribuiría a aliviar la presión que de forma continua se ejerce sobre los mismos. Además, como el agua regenerada debe obligatoriamente cumplir determinados niveles de calidad, puede servir para garantizar una adecuada depuración de las aguas residuales en las depuradoras. Una garantía más interesante de lo que pudiera parecer, dado que se estima que del orden del 35% de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) existentes en nuestro país, depuran de manera deficiente. Y de hecho, a consecuencia de esa deficiente depuración, la Comisión Europea le haya abierto ya a España varios expedientes sancionadores.

Asimismo, el empleo de agua residual depurada supone para el regante la gran ventaja de utilizar un agua que siempre va a estar disponible, con independencia de los niveles de precipitaciones que se produzcan en los diferentes años.

Sin embargo, el uso de las aguas residuales depuradas también puede generar daños ambientales considerables, al reducir el volumen de agua que va a parar a los cauces. La sobrexplotación a la que se somete a la mayor parte de los ríos en España, ha traído consigo que en cada vez más de ellos las aguas residuales procedentes de las depuradoras supongan un porcentaje importante del caudal que llevan los ríos, especialmente durante los meses de verano. De hecho, cada vez son más los ríos que durante los meses de estiaje empiezan a llevar algo de agua a partir del vertido de las aguas residuales de las depuradoras. Por ello, si a causa de la reutilización se les priva de esas aportaciones, el estado de bastantes ríos empeoraría aún más. Además, la reutilización podría servir también para la creación de nuevos regadíos, tal y como ha ocurrido con el gran volumen de agua que se ha “liberado” en las modernizaciones de regadíos, y que se ha empleado para suministrar a otros nuevos, con el consiguiente impacto ambiental que ello produciría.

Por ello, el uso de agua residual depurada solo debería autorizarse para sustituir volúmenes de agua procedentes de ríos o acuíferos que se estén captando, garantizando la permanencia en los mismos del agua “liberada”, y siempre que en los cauces que actualmente reciben esos vertidos no se produzca una reducción significativa del caudal, que conlleve un empeoramiento de las condiciones medioambientales de los mismos.

Actualmente, de los aproximadamente 4.800 hm³ de aguas residuales depuradas que se generan anualmente en España (INE, 2017), 3.081 hm³ se vierten a los cauces, mientras que 1.711 hm³ va a parar directamente al mar, en la mayoría de los casos a través de emisarios submarinos. Si nos fijamos en este último dato, nos encontramos con que un gran volumen de agua residual depurada se vierte directamente al mar, sin realizar ninguna función ambiental. Además, el control que puede realizarse por parte de la sociedad sobre la calidad de la depuración de las aguas que se vierten con emisarios submarinos al mar, es muy escaso. A causa de ello, la calidad de los vertidos que van al mar a través de emisarios submarinos desde las depuradoras es, en general, bastante peor que la del agua depurada que se vierte a los cauces. Es relativamente frecuente que la rotura fortuita en tierra de un emisario submarino saque a la luz unas aguas supuestamente depuradas, en unas condiciones de salubridad pésimas.

Por ello, debería aumentarse sustancialmente la reutilización de las aguas residuales depuradas que se vierten directamente al mar, para los diferentes usos, y siempre que sustituyan el volumen hasta ese momento captado de ríos y acuíferos. De esta manera, se reduciría la presión que actualmente soportan algunos ríos y acuíferos. Además, muchos de estos últimos están sufriendo ahora la intrusión de agua del mar. También serviría para garantizar una adecuada depuración de esas aguas que se van a emplear en la reutilización, y que ahora se vierten al mar mediante emisarios submarinos, y tras una depuración en muchos casos muy deficiente.

En definitiva, si la reutilización de las aguas residuales depuradas se realizase en las condiciones anteriormente indicadas, podría ser de gran interés ambiental y social, tanto para reducir la presión que soportan nuestros ríos y acuíferos, como para contribuir a garantizar una adecuada depuración de las aguas residuales que, como hemos indicado anteriormente, todavía deja mucho que desear. Sin embargo, si no se adoptan desde el principio las medidas y cautelas antes mencionadas, la reutilización de aguas residuales depuradas podría generar nuevos impactos ambientales, tal y como ha ocurrido con la modernización de regadíos.

La administración hidráulica española, a lo largo de décadas, apenas ha prestado atención a las aguas subterráneas, considerando casi exclusivamente las aguas superficiales. Esta desatención por parte de las administraciones ha traído consigo todo tipo de abusos por parte de particulares, a consecuencia de lo cual, una parte de nuestros acuíferos se encuentran sobreexplotados y contaminados. A ello hay que añadir el gran número de pozos ilegales existentes. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 estimó el número de pozos ilegales en nada menos que 510.000, de los que se estimaba que se extraían anualmente nada menos que 3.600 hm3, en su gran mayoría destinados al regadío. Para hacernos una idea, 3.600 hm3 es aproximadamente lo que consumen en un año 40 millones de habitantes, incluyendo las pequeñas industrias, servicios, zonas verdes, y demás elementos asociados a los núcleos de población. Pero a pesar de estas cifras tan alarmantes, desde las diferentes administraciones hidráulicas apenas se ha hecho nada para evitar la apertura de nuevos pozos, ni siquiera se han realizado nuevos censos. A consecuencia de ello, el número de pozos ilegales ligados a la agricultura ha ido creciendo de manera exponencial. Esto puede comprobarse en aquellas zonas donde no se autoriza la apertura de nuevos pozos desde hace años por la sobreexplotación del acuífero, viendo como en las mismas proliferan paneles solares sostenidos sobre un fuste y dispersos entre los campos de cultivo. Cada una de estas instalaciones está ligada, en la mayoría de los casos, a la existencia de un pozo ilegal de más o menos reciente creación.

Como resultado del tradicional desprecio mostrado por las administraciones hidráulicas hacia las aguas subterráneas y todo lo relacionado con las mismas, nos encontramos con que actualmente un porcentaje importante de los acuíferos se encuentra sobreexplotados, y un buen número de ellos sufren una contaminación difusa que los inutiliza para el abastecimiento a poblaciones. Cada vez son más los pueblos que hay que abastecerlos de agua potable mediante camiones cisterna porque el agua del grifo ya no es apta para el consumo, pues sus fuentes de suministro han sido contaminadas a causa del regadío intensivo o por la proliferación de macrogranjas. La sobrexplotación de los acuíferos costeros conlleva a su vez un grave problema añadido. A causa del exceso de extracción de agua, se produce en los mismos la intrusión marina, consistente en la entrada de agua de mar, lo que va a inutilizar esos acuíferos para el uso humano durante muchos años. Una gran parte de los acuíferos de la costa mediterránea sufren actualmente, en un grado variable, intrusión salina marina.

Además, el estado de los acuíferos sigue empeorando. Según los últimos informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el porcentaje de las masas de agua subterránea que no se encuentran en buen estado se ha incrementado en 3 puntos porcentuales en los últimos seis años, situándose ya alrededor del 40%.

El desprecio que se muestra desde las administraciones hidráulicas hacia las aguas subterráneas, se hace extensible al control de los propios pozos, especialmente cuando se abandonan, siendo para estos últimos prácticamente inexistente. Como resultado de esta falta de control por parte de las administraciones, existen diseminados por todo el país, miles de pozos abandonados sin contar con ningún tipo de señalización y protección, suponiendo un riesgo para la fauna y para las propias personas. En muchos casos, el estado de abandono en el que se encuentran, favorece el crecimiento de la vegetación entorno a los pozos, que impide que puedan ser vistos y, por tanto, puedan funcionar como una trampa para animales salvajes y domésticos, como también incluso para personas. Conviene señalar que este tipo de riesgos no solo son causados por los pozos que fueron dedicados a la extracción de agua, pues los hay también en numerosas explotaciones mineras abandonadas que, especialmente las más antiguas, tampoco cuentan con ningún tipo de señalización o protección. De hecho, existen centenares de explotaciones mineras diseminadas por todo el país, que cuentan con pozos especialmente peligrosos, y que se encuentran desprovistos de ningún tipo de señalización o protección.

Desde el punto de vista ambiental también hay que añadir otros impactos generados por los pozos abandonados, pues han sido también en muchas ocasiones responsables de la contaminación de los acuíferos. Es frecuente que su apertura comunicase los sustratos superiores con otros más profundos, llegando a estos últimos la contaminación, en forma de fertilizantes y productos fitosanitarios, derivada de la actividad agraria que se lleva a cabo en la superficie. Pero hay otros casos en los que se ha vertido directamente de manera furtiva en los propios pozos residuos sólidos urbanos o incluso fluidos contaminantes, ahorrándose así su traslado a vertedero o su entrega a un gestor autorizado.

En definitiva, el tradicional desprecio mostrado por la administración hidráulica hacia las aguas subterráneas se ha traducido en que un importante porcentaje de nuestros acuíferos se encuentren sobreexplotados y/o contaminados, algunos posiblemente de manera irreversible. Además, este nivel de abandono se traduce también en la existencia de miles de pozos abandonados y sin ningún tipo de control, esparcidos por toda nuestra geografía, que constituyen un riesgo para animales y personas, además de favorecer la llegada de productos contaminantes existentes o utilizados en la superficie, a sustratos más profundos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los organismos autonómicos responsables de la gestión del agua, deberían afrontar de una vez y de forma seria, el estado y gestión de las aguas subterráneas, estableciendo planes para la detección, clausura y sellado de todos los pozos ilegales existentes, en un periodo reducido de años. Asimismo, debería establecerse también una normativa que exija a los ayuntamientos a detectar y sellar adecuadamente todos los pozos abandonados existentes en sus términos municipales, con independencia de la titularidad del suelo en el que se encuentren, y contando con el apoyo de las administraciones regionales o estatal si así lo requiriesen.

Por último, las administraciones responsables de la gestión del agua deberían establecer un sistema de vigilancia eficaz, de cara a la pronta detección de la apertura de nuevos pozos ilegales, estableciendo también protocolos eficaces, que permitan su clausura y sellado en un reducido periodo de tiempo.

La actividad minera es de las actividades humanas más impactantes que existen, afectando a bosques, campos de cultivo, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, contaminando también el aire, y dejando tras de sí el territorio completamente devastado, especialmente la minería a cielo abierto.

En los últimos años se ha producido un boom de la minería en España, que tiene su origen en el elevado precio alcanzado por los metales en los mercados internacionales, pero también es debido a que la actual Ley de Minas ha hecho de nuestro país un auténtico “paraíso minero”. Efectivamente, la Ley de Minas vigente nuestro país es una ley que se aprobó en 1973, que no tiene en cuenta los aspectos ambientales y sociales, y donde la influencia de las empresas mineras de entonces resulta más que evidente.

Actualmente existen centenares de proyectos de apertura de nuevas minas en España que, como hemos indicado anteriormente, la mayoría son a cielo abierto, debido principalmente a lo barato que resultan los movimientos de tierras. Ello va a traer consigo que miles de hectáreas de nuestro país sean completamente arrasadas por este modelo de explotación tan impactante que, entre otras cosas, condenará a la denominada “España vaciada” a que se vacíe aún más.

Con el fin de evitar este desastre, Ecologistas en Acción elaboró una propuesta de reforma de la Ley de Minas, en la que se incluían una serie de modificaciones encaminadas a que se tuvieran más en cuenta los aspectos medioambientales y sociales. Una de las más importantes era que quedase excluida de la actividad minera la Red Natura 2000 (los espacios protegidos), las reservas naturales fluviales y las zonas de captación de agua potable. De hecho, nuestro vecino Portugal modificó su normativa el pasado año, excluyendo las actividades mineras de la Red Natura 2000.

También pretendía que el agua mineral embotellada dejase de depender de la Ley de Minas y pasase a regularse desde la Ley de Aguas, lo cual parece bastante sensato.

La reforma de la Ley establecía también la creación de un “canon de explotación” del 10%, gravando “el valor de lo extraído una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación cada año de explotación.” También se establecía que “los fondos recaudados se destinarán a la protección de la geodiversidad”. Tampoco esta medida es muy novedosa, pues de hecho ya en la Ley de Presupuestos de 1876 se fijó un impuesto sobre la riqueza bruta minera, que gravaba el valor del mineral en mina y que estuvo en vigor hasta 1935.

Como podemos apreciar, la reforma de la Ley de Minas presentada, tampoco incluía modificaciones y medidas que pudieran calificarse precisamente de “revolucionarias”.

Ecologistas en Acción presentó esta propuesta de modificación de la Ley de Minas a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, solicitándoles que la asumiesen como propias y la tramitasen. Únicamente el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos accedió a ello, asumiéndola e iniciando su tramitación.

Frente a la misma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, elaboró un informe (la respuesta del gobierno) descalificando la reforma de la Ley de Minas propuesta, argumentando que hacen falta minerales, y negándose incluso a la exclusión de la Red Natura 2000 de la actividad minera, dada “la imposibilidad de reubicar un recurso minero”. ¿Y si ese recurso apareciese debajo del Parque Nacional de Doñana o del propio parque del Retiro? ¿también podría extraerse?

El Ministerio en su informe fue mucho más lejos de lo que lo hubiesen hecho las propias empresas mineras, despreciando por completo la protección del medio ambiente, y los intereses y derechos de la población rural.

El pasado día 21 de junio se discutió en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Minas, presentada de manera brillante por parte del diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, en cuya intervención dejó claro en todo momento que no era una reforma de la Ley para impedir la minería en España, sino para que también se tuvieran en cuenta los aspectos medioambientales y sociales. Sin embargo, la respuesta de los principales grupos parlamentarios: VOX, PSOE, Cs y PP fue de rechazo total a esta modificación de la Ley de Minas, siendo especialmente virulenta, y echando mano curiosamente todos ellos de varios de los argumentos utilizados en su informe por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los diputados/as intervinientes de esos partidos mantuvieron en todo momento un discurso desarrollista, de defensa de la actual Ley, y mostrando desprecio hacia los aspectos medioambientales y hacia las personas del medio rural que sufrirían las nuevas explotaciones mineras. Por cierto, las intervenciones de las representantes del PNV y de Junts per Cataluña también fueron en el mismo sentido, aunque empleando menor virulencia.

Resultó especialmente lamentable la intervención del diputado del grupo socialista, argumentando que el Gobierno está trabajando el tema minero en “un contexto mundial”, sin atender exclusivamente a particularismos nacionales; también recalcó que la transición energética necesita nuevos minerales y conviene combinar “aspectos medioambientales con procurarse la autosuficiencia en materias primas”; y también criticó que el redactado de la Ley se ha elaborado “sin contar con los demás actores”, en alusión a las administraciones públicas y el sector privado. Vamos, un discurso en el que se destila el apoyo total a la actividad minera en cualquier lugar de nuestra geografía, sin tener en cuenta aspectos ambientales o sociales que pudieran entorpecerlo.

El pasado 23 de junio, los grupos parlamentarios de VOX, PSOE, Cs, PP, PNV y Junt per Catalunya rechazaron mediante votación la toma en consideración de la reforma de la Ley de Minas. Ni siquiera se dignaron a discutir el texto e introducir en el mismo modificaciones. Simplemente se negaron a que se modificase la actual Ley de Minas.

Resulta sorprendente lo cómodos que se encuentran todos estos grupos parlamentarios (VOX, PSOE, Cs, PP, PNV y Junts per Catalunya) y el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una Ley de Minas franquista, que cuando en el momento que se aprobó ni siquiera se empleaban las palabras “medio ambiente”. Pero resulta especialmente lamentable la actitud del este último. El Ministerio, en todo lo referente a minería, únicamente tiene en cuenta los intereses de las empresas mineras, sin tener en consideración la repercusión de la minería sobre el medio ambiente y sobre la población que habita en el medio rural.

La ministra Teresa Ribera, con su rechazo y bloqueo a esta reforma de la Ley, ha hecho que se pierda una gran oportunidad para modernizar nuestra actual Ley de Minas, y es muy posible que pasen bastantes años hasta que se produzca de nuevo una oportunidad similar. En los próximos años aparecerán a lo largo de nuestra geografía nuevos proyectos mineros, que amenazarán áreas rurales de interés natural y que generarán el rechazo de sus habitantes, al suponer una amenaza para su futuro. Sería bueno que supieran que en 2022 una organización ecologista y otra política intentaron cambiar la Ley de Minas, con el fin, entre otros, de evitar que esos proyectos sobre áreas naturales se llevasen a cabo, y que no fue posible por el rechazo frontal mostrado por las formaciones políticas antes mencionadas y por el Ministerio que, de manera que en este caso resulta un tanto irónica, se denomina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Pirineo Central Aragonés encauza sus aguas y sus nieves hacia el Ebro a través de dos poderosos ríos: el Aragón, que prestó su nombre al viejo reino, y el Gállego (Gallicum), cuyo nombre viene de que en época romana se creía que traía sus aguas desde la Galia. Durante siglos, sus gentes han sabido vivir en esta frontera en equilibrio con su entorno.

En 1928, a la orilla del Camino de Santiago, se inauguró la estación de esquí de Candanchú, la primera de España. La llegada del deporte a una incipiente cultura de masas, animaba a gentes de los dos lados de la frontera a deslizarse por la nieve del Tobazo sobre unas tablas que, con el paso de los años, pasarían a formar parte del arsenal de tiempo libre de una parte de población que mezcla ocio y placer, con una dosis variable de presunta distinción social. En 1965 abriría sus pistas la estación de Formigal, en 1976 lo haría Astún y, sin ninguna duda, estas instalaciones permitieron el desarrollo de las gentes de los valles de los ríos Gállego (valle de Tena) y Aragón. 

Negocio y deporte han sido medio de vida para mucha gente de dentro y fuera de estos valles, y las primitivas estaciones han aumentado su extensión al gusto de las exigencias de la ley de la oferta y la demanda, aunque no siempre en armonía con la naturaleza que las sustenta. Los pioneros de esta actividad dejaron paso a importantes grupos empresariales o empresas público-privadas que, cargadas de ambición, aspiran a rivalizar con los Alpes o con las estaciones vecinas de Cataluña o Francia en la atracción de esquiadores de todas las nacionalidades. Para ello cifran sus esperanzas en la unión de estas tres estaciones de esquí, el proyecto “Aragón Ski Circus”, sin contar en sus devaneos que los Alpes tienen mil metros más de montaña hacia el cielo y que, a pesar de que su modelo de crecimiento pueda ser discutible en algunas zonas, las posibilidades de explotación en uno y otro macizo montañoso, nunca podrán ser comparables. 

Cuesta entender que, a día de hoy, haya quien crea que sembrar de cables y telesillas el paisaje es herramienta de progreso. Cuesta creer que subir a un telecabina en la Estación de Canfranc, y de ahí llegar hasta la estación de Astún o la de Formigal, violentando los valores naturales del valle del río Canal Roya (La Canal Roya), sea la forma más adecuada de promocionar las comarcas de montaña. La escasa creatividad de sus regidores parece condenarlas al monocultivo del esquí que, tal y como sabemos de otras zonas, suele ir acompañado de importantes operaciones urbanísticas, que agravarían el gran impacto ambiental que este proyecto que ya por sí solo produciría.

Cuesta creer aún más que el Gobierno Central, por boca del Secretario de Estado de Turismo, bendiga el proyecto de unión de las tres estaciones de esquí, y reproduzca la visión del Presidente del Gobierno de Aragón, que pretende que el Pirineo Aragonés esté en la élite del turismo de nieve, al margen de los condicionantes territoriales y climáticos. Es sorprendente que asuma que todo eso se pueda financiar empleando 60 millones de los fondos europeos, e incumpliendo abiertamente sus exigencias de protección medioambiental, dado el gran impacto que esta actuación produciría. No hay que olvidar que los ecosistemas de alta montaña, ya de por sí bastante sensibles, lo son especialmente en el escenario de cambio climático en el que nos encontramos, por lo que se verían muy gravemente afectados por esta actuación. 

Acompaña al Secretario de Estado en este proyecto la Consejera de Economía del Gobierno de Aragón y presidenta de ARAMON, el holding aragonés de la nieve que, formado por la Diputación General de Aragón e IBERCAJA, ejerce el monopolio de su actividad con una buena dosis de opacidad y siempre amparada en el dinero público.

De este macroproyecto la principal víctima sería la Canal Roya, un espacio que alberga grandes valores ambientales y paisajísticos que, como otros de Aragón destinados por la especulación y el desarrollismo a la explotación del esquí, se dejaron en su momento fuera de la protección que merecían. Pese a eso, se inició a finales de los años 70 el proceso para la tramitación de su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y esta decisión que sigue en vigor, de acuerdo con la normativa, debería condicionar cualquier uso que se le quiera dar a ese territorio que no sea compatible con la protección del espacio. Si junto a esa realidad formal, bastante anterior a la convocatoria del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, se añade la consideración de los objetivos medioambientales definidos en el reglamento de aplicación de este Plan, se observa una total contradicción. El Plan General del Proyecto Aragón Ski Circus, está en las antípodas de representar una adaptación al cambio climático, un uso sostenible de los recursos hídricos, de la activación de la economía circular, del control de la contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo, y mucho más aún de la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Por todo ello, resulta inasumible que desde el Gobierno de Aragón se pretenda financiar con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, viejos proyectos especulativos basados en un modelo de desarrollo de la economía de la montaña aragonesa que puede que sirvieran a mediados del siglo XX, que empezaron a ser muy cuestionados al final de la centuria y que, en este momento, tanto la realidad social como la emergencia climática, han hecho que queden ampliamente superados, e incluso resulten ya inviables. 

Mientras el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) anuncia una drástica disminución de las precipitaciones, y aún mayor en el caso de las nevadas, y tanto la planificación hidrológica como energética hablan de la necesidad de moderar los consumos, asistimos, como si no pasara nada, al intento de perpetuación de la industria del esquí como si fuera la única actividad que puedan acoger las montañas de nuestro país y el Pirineo en particular.

No se deberían hacer nuevas estaciones de esquí cuando cada vez hay menos nieve, y por ello basan su funcionamiento cada vez más en la producción de nieve artificial, mediante el uso de un agua que escasea y de una energía cada vez más costosa. En cambio, se debería favorecer que los habitantes de las montañas pudieran aprovechar sus recursos naturales de forma sostenible, lejos del modelo especulador que se resiste a desaparecer del horizonte.

El régimen irregular de lluvias existente en España motivó que se construyesen centenares de embalses, la mayor parte de los mismos durante el pasado siglo XX. De hecho, actualmente existen construidos en nuestro país 1.225 grandes embalses (se considera “gran embalse” al que tiene más de 15 metros de altura de pared). Una cifra que lo sitúa en el primer puesto del ranking de países con mayor número de embalses de toda la Unión Europea y el quinto del mundo.

No hay que olvidar que los embalses son una de las infraestructuras más impactantes que existen pues, además de alterar totalmente el régimen de los ríos, todo lo que queda dentro del vaso desaparece para siempre. Así fueron engullidas bajo las aguas amplias extensiones de bosques y otras áreas de interés natural. El impacto social de los embalses en nuestro país también ha sido enorme, habiendo quedado cubiertos bajo el agua del orden de quinientos pueblos, lo que produjo un desplazamiento y abandono de sus hogares por parte de más de cincuenta mil personas, que en su mayoría tuvieron que emigrar a las ciudades. Los embalses también han producido un gran daño a nuestro patrimonio histórico y arqueológico, desapareciendo bajo sus aguas ciudades romanas y medievales, así como centenares de iglesias y ermitas románicas, que reaparecen como fantasmas cuando bajan los niveles de los embalses. Por último, también han supuesto la destrucción de valles y paisajes rurales que no se recuperarán jamás.

Si bien es cierto que nuestro país necesita disponer de un cierto número de embalses, dada su escasa regulación natural, también es cierto que se han construido bastantes más de los que necesitamos. De hecho, los embalses más útiles y eficaces fueron los primeros que se construyeron, mientras que los construidos en las últimas dos o tres décadas, han sido los menos eficaces, cuando no directamente un fiasco hidrológico.

A continuación vamos a enumerar algunos ejemplos de grandes embalses fallidos. El embalse de Breña II (Córdoba), fue construido sobre el río Guadiato en la primera década del presente siglo, con una capacidad de 823 Hm3. Su puesta en marcha generó un gran impacto medioambiental. Desde el principio se planteó llenarlo con agua del río Guadalquivir mediante bombeo en aquellos días en que este cuente con un caudal elevado. Un absurdo, sobre todo teniendo en cuenta que los caudales circulantes por el Guadalquivir se siguen reduciendo a causa del cambio climático y por el aumento de extracción directa del río y pozos próximos para el regadío.

El embalse de Rules (Granada), con 111 Hm3 de capacidad, cuyas obras finalizaron en 2004 y que, 18 años después, sigue sin dar ningún tipo de servicio.

El embalse de Lechago (Teruel) se pretendía también llenar mediante bombeo desde el río Jiloca, pero los regantes no están dispuestos a pagar el coste del bombeo, y menos ahora, con el precio alcanzado por la electricidad. Otro embalse inútil.

Estos son tres ejemplos de embalses construidos en las últimas décadas, que no sirven para nada, pero también existen otros en construcción, cuya utilidad va a ser similar y que, por cierto, son la mayoría de los que están ahora en construcción. El recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza) lleva 20 años de obras, se han gastado casi 400 millones de euros en las mismas y ahora la administración responsable afirma que las obras se van a prolongar varios años más, y que no está nada claro que finalmente el embalse se pueda llenar, debido a la inestabilidad de algunas de sus laderas, inestabilidad de la que por cierto se tenía conocimiento desde hace ya dos décadas.

El embalse de Mularroya (Zaragoza), situado sobre el río Grío, un río que está seco durante prácticamente todo el año. Se pretende llenar desde el río Jalón. Ya van gastados del orden de 150 millones de euros. Ha producido un gran impacto ambiental, paisajístico y cultural, suponiendo entre otras cosas la destrucción de un olivar que fue plantado en el siglo XVI.

El embalse de Alcolea (Huelva), en construcción desde hace ocho años, tampoco va a servir para nada, pues la baja calidad de sus aguas debido a la intensa actividad minera que se desarrolla en su cuenca, hace que el agua no sea apta el riego, siendo esa su finalidad. Además, no es previsible que su calidad mejore, sino todo lo contrario, dado que se está intensificando aún más la actividad minera en la zona. Las obras se encuentran al 20%, por lo que deberían abandonarse ahora y dejar de tirar el dinero público en la construcción de una obra que con seguridad no va a tener ninguna utilidad.

Como podemos apreciar, varios de los últimos embalses que se construyeron carecen de utilidad, así como la mayoría de los que están ahora en construcción. No olvidemos que se trata de obras que generan un gran impacto ambiental, social y cultural, además de conllevar un coste económico elevadísimo. Cientos de millones de euros de dinero público enterrados en obras totalmente inútiles.

Pero a pesar de ello, todavía ahora algunas confederaciones hidrográficas siguen promoviendo la construcción de nuevos grandes embalses inútiles. En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero, elaborado por la Confederación Hidrográfica, se incluye la construcción de dos embalses para la regulación del río Orbigo, en León, que también se pretenden llenar mediante bombeo, que desde luego los regantes no están dispuestos a pagar. Se trata de embalses que producirían un gran impacto ambiental, que cuentan con la oposición de los municipios de la zona, y que está claro que no van a servir para nada. Pero no solo en el Duero, en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, se ha incluido la realización del proyecto de construcción del embalse de Puerta de la Cerrada (Jaén), un embalse de 289 Hm3 en el río Guadiana Menor, que produciría un gran impacto ambiental y que también carece de utilidad, como demuestra el hecho de que dicho proyecto fuese ya retirado en el anterior ciclo de planificación.

La existencia de estos proyectos en los planes hidrológicos del Duero y Guadalquivir recientemente presentados, y ahora en tramitación, son una prueba evidente de como las administraciones siguen empeñadas en la construcción de grandes obras hidráulicas, con independencia de que tengan o no utilidad. ¿Los motivos? Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero es evidente que tanto los últimos embalses construidos como los que están ahora en construcción, resultan y resultarán inútiles. El periodo de construcción de embalses en España debería haber finalizado hace ya unos cuantos años, y este nuevo ciclo de planificación que ahora empieza, debería caracterizarse por no prever la construcción de ningún embalse más, pues a los únicos que beneficiaría sería a las empresas constructoras que llevasen a cabo las obras, a costa, eso sí, de los intereses del conjunto de la sociedad.

La importancia de las aves, especialmente de las insectívoras, y de los murciélagos, es conocida en España por parte de las administraciones ambientales desde hace décadas. En los años 70 el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) ya hablaba de la importancia de proteger estas especies, editando carteles informativos y fabricando e instalando gran cantidad de cajas-nido para aves insectívoras, especialmente en los bosques de repoblación.

De hecho, la totalidad de las aves insectívoras, así como todas las especies de murciélagos, están protegidas en España desde 1981. Los beneficios ambientales y sociales de estas especies son enormes. Se estima que un ave insectívora se come entre 2,5 y 6 kilogramos de insectos al año, y dado que un mosquito pesa a razón de 2 miligramos, un único ejemplar podría llegar a consumir en un año entre un millón doscientos cincuenta mil y tres millones de mosquitos. Los murciélagos no se quedan atrás, pues consumen gran variedad de insectos: dípteros, lepidópteros, coleópteros, himenópteros, etc. Se estima que un ejemplar adulto puede llegar a consumir en una noche entre el 30% y el 70% de su peso en insectos y, si solo fuesen mosquitos, más de 1.500 mosquitos en una sola noche. Por ello, tanto las aves insectívoras como los murciélagos se consideran controladores sostenibles de insectos, frente a los tratamientos químicos convencionales, que también afectan a otras especies, incluyendo a la salud humana, y que además tienen un alto coste económico.

Sin embargo, a pesar de estar protegidos y de su gran importancia ambiental y para las propias personas, sus poblaciones se están viendo reducidas de manera importante en las últimas décadas. Ello es debido a múltiples factores, pero la principal causa está en la intensificación de la agricultura, que entre otras cosas conlleva un uso cada vez más masivo de plaguicidas y herbicidas. De hecho, ahora en el campo se ven muchos menos pájaros que hace décadas, como suele confirmar la gente mayor que vive en el medio rural.

Sin embargo, la reducción de la presencia de aves también se está produciendo en las ciudades. El gorrión común, de alimentación omnívora (come semillas en invierno e insectos en el verano), que es sin duda la especie urbana más común y mejor adaptada a los espacios urbanos, también está viendo reducidas sus poblaciones en la mayoría de las grandes ciudades. Se estima que desde 1980 hasta ahora, las poblaciones de gorriones en las ciudades europeas se han visto reducidas en un 60%. Una prueba evidente de lo poco habitables y artificializadas que resultan cada vez más muchas ciudades.

Es esencial, desde los puntos de vista ambientales y sociales, invertir la actual tendencia, tanto en las ciudades como en el medio rural. En este sentido, es necesario reducir al máximo el uso de plaguicidas y herbicidas. De hecho, debería prohibirse totalmente el uso de herbicidas en las ciudades y cunetas de carreteras, en las que suele utilizarse un herbicida muy barato, denominado glifosato, y eso a pesar de que existen numerosos estudios que advierten de sus efectos negativos sobre la salud humana, y por supuesto sobre los animales. De hecho, cada vez son más los ayuntamientos que han prohibido el uso de herbicidas en sus parques, calles y cunetas de carreteras, existiendo además para ello alternativas mecánicas eficaces e inocuas.

También deberían llevarse a cabo en las ciudades diferentes acciones encaminadas a favorecer la presencia de aves paseriformes, aves de pequeño tamaño que incluyen insectívoras, granívoras y omnívoras. Deberían respetarse sus nidos, especialmente en infraestructuras y edificaciones, y llevar a cabo actuaciones encaminadas a actuar sobre los factores que funcionan como limitantes para estas especies. Una buena parte de ellas necesitan huecos y oquedades para nidificar, las cuales son cada vez más escasas debido a que estas suelen estar en los árboles viejos y secos, que suelen ser eliminados de las ciudades. Por ello, deberían instalarse gran cantidad de cajas-nido, tanto en árboles de parques y calles como en determinadas fachadas de edificios, incluyendo también cajas-nido para murciélagos. También deberían instalarse comederos para cubrir las necesidades de las aves durante los meses invernales, que es cuando más los necesitan. En general, se trata de actuaciones que resultan sencillas y baratas, pero que son sumamente útiles y eficaces para favorecer a las poblaciones de aves.

De esta manera, conseguiríamos que las aves y murciélagos sigan viviendo en nuestras ciudades, pudiendo así seguir disfrutando de su agradable presencia y de los beneficios directos que nos generan.

Según los informes que aparecen colgados en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España hay algo más de 4 millones de hectáreas de regadío, que suponen, según el INE, el 85% del consumo total de agua. Sin embargo, a los regadíos y consumos oficiales, habría que añadirle el de los regadíos ilegales, que las fuentes oficiales siempre han estimado entre un 5 y un 10 % más. De hecho, ya en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente estimaba que existían en España alrededor de 510.000 pozos ilegales, de los que se extraían del orden de 3.600 Hm3 anuales, en su gran mayoría destinados a la actividad agraria. Para hacernos una idea, ese volumen de agua es el equivalente al que consume al año una población de cuarenta millones de habitantes. Sin embargo, en los últimos años, lejos de reducirse los pozos ilegales, su numero se ha incrementado notablemente en una gran parte del país, realizándose nuevos sondeos en pleno día, con total impunidad. De hecho, en estudios realizados el pasado año en cuatro zonas de regadío, pertenecientes a cuatro comunidades autónomas diferentes, ha resultado que el regadío ilegal se ha disparado, suponiendo en las mismas ya un 30% del legalmente registrado. De esta manera, es muy posible que la superficie de regadío realmente existente en nuestro país se sitúe actualmente en torno a los cinco millones de hectáreas de superficie, aproximadamente el 10% de la superficie nacional, algo que está claro que nuestros recursos hídricos superficiales y subterráneos no pueden aguantar de manera sostenible.

Es evidente que el regadío es el gran consumidor de agua en nuestro país, pues la cifra real de consumo es mayor que ese 85% del que habla el INE. Si tenemos en cuenta los retornos (el agua que vuelve al sistema hídrico después de utilizarse), nos encontramos con que el retorno del abastecimiento a poblaciones es del 80%, mientras que el del regadío es tan solo del 10%, y además reduciéndose, conforme aumenta la modernización y eficiencia en los riegos. De esta manera, el consumo de agua neto del regadío sería de más del 93% del consumo total. ¡Y eso sin contar con el regadío ilegal!, que sigue creciendo, especialmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, las tres regiones, además por este orden, donde más se ha incrementado la superficie regada con diferencia en los últimos 25 años.

Si se ha llegado a la actual situación ha sido porque las administraciones, y muy especialmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y las consejerías de agricultura de la mayoría de las comunidades autónomas, no solo lo han permitido, sino que también lo han favorecido. Recorriendo las carreteras de esas regiones pueden observarse, a lo largo de cientos de kilómetros, miles y miles de hectáreas de pequeños olivos en hileras en regadío, viñedos en espaldera con riego, y también almendros e incluso pistachos, todos con sus tubos de riego por goteo.

A consecuencia de todo esto, nos encontramos por ejemplo con la situación actual, y que en los últimos años cada vez resulta más frecuente. El año hidrológico que acabó el 30 de septiembre de 2021 ha sido calificado por AEMET como un año normal en cuanto a lluvias. A continuación, es cierto que ha venido un otoño seco pero, siendo normal el año anterior y con la gran red de embalses de que disponemos (la mayor de la Unión Europea y la quinta del mundo), no es normal que ahora los embalses estén nada menos que 20 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos 10 años para esta misma semana. Y ello es debido al gran consumo de agua del regadío, y además ya se riega prácticamente durante todo el año. De hecho, podría decirse que “vivimos al día” con el agua, pues según llega a los embalses, con independencia de la época del año de que se trate, se deriva hacia los regadíos, habiendo pasado los primeros de ser “almacenes de agua” a casi ser meras “estaciones de transferencia”. Podemos afirmar que en España se está consumiendo agua bastante por encima de nuestras posibilidades.

A esta situación de exceso de consumo hay que añadir el hecho de que los recursos hídricos disponibles en nuestro país se han visto mermados en los últimos 25 años del orden de un 20%, mayormente como consecuencia de la subida de la temperatura media que se está produciendo a causa del cambio climático. Una subida que, según datos de AEMET, ha sido de 1,14 grados centígrados en la última década, con respecto a la temperatura media del periodo 1971-2000.

En definitiva, la superficie regada en nuestro país sigue aumentando de manera importante y continuada, a la vez que los recursos hídricos disponibles se están reduciendo, lo que nos conduce necesariamente a un escenario de cada vez mayor insostenibilidad y vulnerabilidad. De hecho, si a este otoño seco le sigue una primavera seca, lo cual no sería excepcional, pues las sequías son propias de nuestro clima, podría producirse un auténtico colapso hídrico este mismo verano en bastantes zonas, llegando incluso a producirse restricciones en el abastecimiento a numerosas poblaciones, además de generarse gravísimos daños ambientales en los ecosistemas fluviales.

Por todo ello, y aprovechando que hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, es esencial que tanto nuestros gobernantes como la sociedad en general, tomen conciencia de la gravedad del problema, y se adopten medidas a corto y medio plazo encaminadas a frenar el descontrol existente en la gestión del agua. Como medida inmediata, debería restringirse ya el riego en una buena parte del país, donde los recursos hídricos son más escasos, y no reanudarlo hasta que el volumen de agua embalsada alcance los niveles normales. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería iniciar un plan para la clausura en unos años de todos los pozos ilegales existentes, lo cual es técnicamente viable, siendo sólo cuestión de voluntad política. Hay que frenar totalmente también el crecimiento del regadío en todo el país, a la vez que se reduce la superficie regada actualmente existente, no debiendo pasar en ningún caso de los 3-3,2 millones de hectáreas de regadío, con lo que se satisface sobradamente la demanda interna actual y futura, a la vez que seguiría produciéndose una cantidad importante para seguir dedicando a la exportación. Y de esta manera se podría llegar a alcanzar, después de algunos años de la aplicación de estas medidas, un cierto reequilibrio hídrico.

La gestión del agua que se lleva a cabo en España ha evolucionado mucho menos de lo deseable, manteniéndose todavía como válidos algunos de los elementos y objetivos que conformaron la política hidráulica que se desarrolló en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Una prueba de ello la tenemos en los planes hidrológicos que presentaron las confederaciones hidrográficas, cuyo periodo de información pública finalizó el pasado 22 de diciembre, que siguen en parte las políticas desarrollistas imperantes en el siglo XX, basadas en la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas de regulación, y en el crecimiento del regadío.

Estos planes, elaborados por las confederaciones hidrográficas, organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, todavía incluyen la construcción de nuevos grandes embalses, a pesar de que los últimos construidos en España carecen apenas de utilidad, y estos nuevos proyectos serían aún mucho más inútiles, pues los más eficaces se construyeron hace ya tiempo. Una política hidráulica que conlleva la inversión de grandes cantidades de dinero público en obras que generan gran impacto ambiental y social y que luego no sirven para nada. En este sentido, las confederaciones hidrográficas que menos han evolucionado y se han mostrado más continuistas con lo que ha sido el desarrollismo y la política hidráulica del hormigón han sido las del Ebro, Duero y Guadalquivir. 

El medio ambiente necesita que la gestión del agua cambie, que se abandone la política del hormigón y la creación de nuevos regadíos, que nos están llevando a una situación de cada vez mayor insostenibilidad

En el plan hidrológico del Ebro se contempla continuar con las obras de unos embalses que van a resultar inútiles, como son el recrecimiento de Yesa, Almudévar y Mularrolla. En el plan hidrológico del Duero se contempla la construcción de dos embalses muy impactantes en la provincia de León, Rial y Morales, y que además seguro que no van a servir para nada, pues se pretenden llenar mediante bombeo. Asimismo, abren la puerta a la construcción de varios embalses en 2033, proyectos que incluso cuentan con declaración de impacto ambiental negativa. Finalmente, en el plan hidrológico del Guadalquivir, se incluye el recrecimiento del embalse del Agrio, cuya finalidad principal es la de abastecer de agua a regadíos ilegales existentes junto al Parque Nacional de Doñana. También se prevé la construcción de la presa de San Calixto, y se incluyen fondos para la elaboración del proyecto del embalse Puerta de la Cerrada, en Jaén, un gran embalse que produciría un enorme impacto ambiental. Además, se da la circunstancia de que el día 23 de diciembre, al día siguiente de acabar el plazo de información pública de los planes hidrológicos, han sacado a licitación la redacción del proyecto del recrecimiento del embalse del Agrio. Una prueba más de lo poco que se creen en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tanto la participación ciudadana, como la propia planificación hidrológica, pues ni siquiera han esperado a que el plan hidrológico del Guadalquivir estuviese aprobado. Todos los proyectos mencionados son la prueba evidente de cómo la política del hormigón sigue imperando en algunas confederaciones. Se sigue promoviendo la construcción de embalses que, al final, a los únicos que va a beneficiar, va a ser a las empresas constructoras que lleven a cabo las obras.

En los planes hidrológicos presentados también se incluye la creación de grandes extensiones de nuevos regadíos, a pesar de que la superficie actualmente regada, de más de 4 millones de hectáreas, resulta totalmente insostenible en lo que al consumo de agua se refiere, lo que está produciendo la sobreexplotación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Pues a pesar de ello, en el plan hidrológico del Ebro, se recogen inversiones para este fin, asignadas en su mayoría a los gobiernos autonómicos, de 975 millones de euros, mientras que en el plan hidrológico del Duero se contempla la inversión de 323 millones de euros para la creación de nuevos regadíos, en su mayor parte asignados a la Junta de Castilla y León. Una política desarrollista que nos lleva necesariamente a una situación de cada vez mayor insostenibilidad.

En lo que a los caudales ecológicos se refiere (el caudal mínimo que debe llevar un río para mantener un buen estado ecológico), en general las asignaciones que se establecen para los diferentes ríos suelen ser bastante escasas, coincidiendo más con el “agua que sobra” después de satisfacer los diferentes usos, que con las necesidades ambientales reales del río. Sirva el ejemplo, en el plan hidrológico del Ebro, del río Ciurana (Tarragona), que lleva décadas seco porque toda el agua se trasvasa a la cuenca de Riudecañas, donde está Reus, para abastecer a regadíos. La Confederación Hidrográfica del Ebro no ha establecido caudal ambiental alguno en este río y las cifras que manejan internamente son realmente irrisorias (20 o 35 litros/segundo). Alegan que mayores caudales ponen en riesgo los usos existentes en la cuenca receptora. Lo cual supone un claro incumplimiento de la Ley de Aguas, que establece que los caudales ambientales no son un uso sino una restricción previa al resto de usos. En ese sentido, además, su implantación no es indemnizable. Sin embargo, parece que esta normativa no rige para la Confederación Hidrográfica del Ebro, como prueba también que haya establecido como caudal ecológico a lo largo de todo el año para una veintena de ríos la cifra de ¡0 litros por segundo! Vamos, sin una sola gota de agua.

También es cierto que existen diferencias entre los planes hidrológicos de unas demarcaciones hidrográficas y los de otras, habiéndose incorporado algunos elementos positivos, pues hay planes en los que prácticamente se ha abandonado la construcción de grandes infraestructuras, también de cara a determinar y fijar caudales ambientales adecuados en algunas demarcaciones, y declarando algunas nuevas reservas naturales fluviales. Sin embargo, la mayoría de los planes hidrológicos siguen impregnados de las viejas formas de gestionar el agua, predominando enfoques de oferta y un desarrollismo más propio del siglo XX que de nuestros días. Especialmente en las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Duero y Guadalquivir, y muy especialmente en la primera, sigue predominado una política hidráulica que responde sobre todo a satisfacer todos los deseos del lobby de los regantes, aunque sea a costa de dañar gravemente a nuestros ríos y acuíferos, y en general, a todo el medio natural.

Tanto el medio ambiente como la sociedad en general, necesitan que la gestión del agua cambie, que se abandone la política tradicional del hormigón, así como el desarrollismo, especialmente en lo referente a la creación de nuevos regadíos, que nos están llevando a una situación de cada vez mayor insostenibilidad. Asimismo, los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones hidrográficas que se aprueben definitivamente, deberían tener en cuenta aquellas alegaciones que han recibido encaminadas a que sean más ambientales y sostenibles. Deberían establecerse en los mismos caudales ecológicos adecuados para todos los ríos, así como completar adecuadamente la red de reservas naturales fluviales. Unos planes hidrológicos ecológicos serían garantía de sostenibilidad, cubriéndose así adecuadamente las demandas ambientales y de abastecimiento a las poblaciones. No olvidemos que, aunque a veces no lo parezca, las confederaciones hidrográficas dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene ahora en la aprobación definitiva de los planes hidrológicos una excelente oportunidad para cambiar la gestión del agua en España, haciendo que sea bastante más ambiental y sostenible ¿Aprovechará esta oportunidad?

Las declaraciones recientes del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en defensa de la ganadería extensiva y criticando las macrogranjas, han generado una fuerte polémica, en buena medida creada de forma un tanto artificial por parte de sectores políticos y económicos interesados en ella. Esa polémica se ha visto acrecentada por la postura mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por algunos presidentes autonómicos socialistas, a pesar de que la postura “oficial” de esas instituciones coincide básicamente con lo que dijo el ministro Garzón. Sin embargo, esa polémica se les está volviendo en contra a los que la provocaron, pues ha sacado a la luz los graves problemas ambientales y sociales que están generando las macrogranjas en nuestro país.

El crecimiento experimentado en España de la ganadería industrial a través de las macrogranjas, es enorme. En 2020 en España, la cabaña ganadera de porcino alcanzó los 32,6 millones de cabezas, habiendo crecido alrededor del 33% en los últimos 15 años. Este crecimiento nada tiene que ver con la soberanía alimentaria, pues se dirige mayormente a la exportación. De esta manera, España es ya el quinto exportador mundial de carne, y el que más cerdo vende fuera. Entre 2015 y 2020 las exportaciones de carne, mayormente a Europa y China, se incrementaron en un 80% (ICEX), y en 2021 se exportó por valor de 7.347,3 millones de euros, de los que 4.602 millones se corresponden al porcino.

Las nuevas explotaciones de ganadería industrial se han establecido especialmente en las regiones menos pobladas. En Castilla y León hay ya casi dos cerdos por habitante, mientras que en Aragón la cifra se eleva ya a casi siete.

La producción ganadera intensiva conlleva una serie de problemas medioambientales y sociales, que son mayores por lo general, cuanto mayor sea la explotación. Dichas explotaciones producen de forma continuada un elevado volumen de purines, que contaminan las aguas superficiales y subterráneas. Además, en el caso de estas últimas, la contaminación puede llegar a ser casi irreversible. Según la “Evaluación del estado de las masas de agua subterránea”, que aparece en documento de “Síntesis de los Planes Hidrológicos españoles, 2º ciclo” (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), de las 762 masas de agua subterránea que hay en España, 267 (35%) se encuentran en mal estado químico, estando presente en la gran mayoría de los casos un exceso de nitratos, procedentes tanto de los cultivos de regadío intensivo, como de la ganadería intensiva.

Esta contaminación de las aguas producida por la agricultura y ganadería intensiva tiene también graves consecuencias para la población rural. En 2020, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, llevó a cabo controles de calidad de las aguas de abastecimiento de 4.243 municipios de los 8.131 existentes en España. En 101 de esos municipios se superaban los 50 miligramos por litro, umbral de potabilidad por encima del cual hay que alertar a la población y hay que buscar vías alternativas de abastecimiento. De hecho, cada vez son más los pueblos en nuestro país que por este motivo han de abastecerse de agua potable mediante camiones cisterna. Además, en 740 municipios, los niveles de nitratos se situaban ya entre los 20 y los 50 miligramos por litro, cerca ya del límite permitido.

Otro impacto ambiental producido por la ganadería industrial, es el generado por el pienso que consume el ganado, procedente de cultivos intensivos, que en España son grandes consumidores de agua, como es el maíz. O proceden de la importación, como ocurre con la soja, cuya obtención es uno de los principales causantes de la deforestación en varios países de Sudamérica.

Es importante hacer mención también a las lamentables condiciones en las que viven los animales en las macrogranjas, encerrados en grandes naves, en muchos casos sin ver la luz del sol, y sin apenas espacio para moverse. En estas instalaciones, el principal objetivo es que los animales engorden rápido, y con el menor coste posible. A consecuencia de ello, la calidad de los productos cárnicos obtenidos siempre será mucho menor que la de ganado criado en el campo.

Por último, señalar que una de las consecuencias de la proliferación de las macrogranjas está siendo también la pérdida de puestos de trabajo en el medio rural. Cuanto mayores e industrializadas son las instalaciones, menos empleados tienen en relación al número de animales. Además, están desplazando a los pequeños productores, que no pueden competir en precios con las macrogranjas, como prueba que en los últimos diez años hayan cerrado en España nada menos que 21.000 pequeñas y medianas explotaciones de porcino.

Como podemos apreciar, la proliferación de las macrogranjas está produciendo importantes daños medioambientales, algunos bastante irreversibles. Y su impacto social también es muy alto, especialmente en la denominada España vaciada, que es donde se están estableciendo mayormente estas instalaciones. Están contaminando sus aguas, haciendo que no sean aptas para el consumo humano; están llenando el campo y los pueblos de malos olores, están haciendo inviables a las pequeñas explotaciones,… En definitiva, están contribuyendo a que la España vaciada, se vacíe aún más.

Frente a este modelo de ganadería industrial está la ganadería extensiva que, si se lleva a cabo una gestión adecuada, resulta compatible con la conservación del entorno natural en el que se desarrolla. Este modelo ganadero presenta múltiples ventajas: el ganado se alimenta en su totalidad o al menos en su mayor parte, de hierba, evitándose así el impacto generado por la obtención de piensos. También ayuda a controlar el crecimiento de la vegetación herbácea, reduciendo así el riesgo de incendios, así como la realización de los tratamientos selvícolas que, en otros casos, serían necesarios realizar. Uno de los principales exponentes de la ganadería extensiva en España es la dehesa, que es fruto de la transformación del bosque y matorral mediterráneo, y que se mantiene en España desde hace más de dos mil años, habiéndose alcanzado una alta compatibilidad entre la actividad ganadera y la conservación del entorno natural y la biodiversidad. Algo similar ocurre con el aprovechamiento por parte del ganado de los prados y pastizales de las cadenas montañosas.

La ganadería extensiva, además de ser una actividad ambientalmente sostenible si se lleva a cabo una gestión adecuada, también es muy positiva desde otros puntos de vista: genera bastantes más puestos de trabajo por unidad ganadera que la producción intensiva, contribuyendo a fijar población en el medio rural y no a expulsarla, como hacen las macrogranjas; el bienestar del ganado en extensivo es sustancialmente mayor, y los productos cárnicos que se obtienen son indudablemente de mucha mayor calidad.

Por todo ello, por razones tanto medioambientales como sociales, debería prohibirse el establecimiento de nuevas macrogranjas en nuestro país, incluyendo las que se encuentran actualmente en tramitación, a la vez que se apoya y fomenta la ganadería extensiva, en consonancia con la conservación del entorno natural y la biodiversidad, además de contribuir de esta manera a frenar la despoblación en la España vaciada.

Una de las características propias de nuestro clima es la de que cada cierto tiempo tiene lugar un periodo de sequía, que puede extenderse durante varios años. La última sequía importante que tuvo lugar en nuestro país fue la de 1990-1994, de la que ya han pasado 25 años. En ese periodo se produjeron restricciones para los diferentes usos del agua, incluyendo el abastecimiento de poblaciones. De hecho, sufrieron cortes y restricciones una buena parte de los habitantes de la mitad sur del país.

En ese periodo 1990-1994, la eficiencia en la utilización del agua era muy baja, pues las pérdidas en las redes de distribución eran muy altas, y era muy mayoritario el riego por inundación, el menos eficiente. En ese sentido hemos mejorado mucho. Es innegable que la eficiencia en la utilización del agua se ha incrementando notablemente en los últimos años en nuestro país, tanto en el regadío como en el abastecimiento a poblaciones. Sin embargo, hay por el contrario otros elementos que, como veremos a continuación, nos hacen actualmente mucho más vulnerables frente a un episodio de sequía como el de 1990-1994.

Aunque la eficiencia en el regadío se ha incrementado mucho, la práctica totalidad de los ahorros obtenidos se han empleado en abastecer a nuevos cultivos, de tal manera que la superficie actualmente regada en España supera ya los cuatro millones de hectáreas (planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas), frente a los 3.344.000 hectáreas que había en 1998 (Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2008). En tan sólo 20 años la superficie de riego en España se ha incrementando en más de 700.000 hectáreas. Lo cierto es que actualmente el consumo total de agua del regadío es bastante mayor al que había en los años noventa, y ahora además, el margen para el incremento de la eficiencia se ha reducido ya sustancialmente.

Pero hay otro elemento nuevo que no estaba tan presente en la sequía de 1990-1994. Nos referimos al cambio climático que ya se está produciendo. Uno de los efectos derivados del mismo son la subida de las temperaturas, que producen un incremento de la evapotranspiración, reduciendo el volumen de agua que va a parar a los cauces y los acuíferos, que es la que podemos aprovechar. Es decir, para un mismo nivel de lluvias, el agua disponible y aprovechable es menor. Según los datos de AEMET, la temperatura media en España se incrementó en el periodo 2011-2020 en 1,14 grados centígrados con respecto a la del periodo 1971-2000. A consecuencia de ello, en los últimos 25 años, para un nivel de lluvias similar, las aportaciones a los cauces se han reducido del orden del 15-20%. 

El crecimiento del regadío en España continua imparable, y se está acentuando además en los últimos años. A los más de 4 millones de hectáreas de regadíos legales existentes, hay que sumarles un 5-10% de regadíos ilegales y “alegales”, aunque algunos estudios recientes hechos en algunas importantes zonas de riego del país, afirman que el regadío ilegal podría alcanzar en las mismas del orden del 30%. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el crecimiento de la superficie regada que se ha producido en algunas comunidades autónomas durante los últimos 25 años, justamente después de la última sequía, ha sido espectacular. En Castilla La Mancha la superficie regada se ha incrementado en ese periodo en un 46,5%, en Andalucía en un 38,3% y en Extremadura en un 27,1%.

Actualmente, el regadío supone un 85% del consumo total de agua del país pero, si tenemos en cuenta los retornos (el agua que tras utilizarse vuelve al dominio público hidráulico), el consumo “neto” del regadío sería del 93-94%, pues el abastecimiento a poblaciones devuelve al medio un 80% del agua utilizada, mientras que lo que retorna del regadío es menos del 10%, y además bajando, dada la extensión del riego localizado.

Los efectos de este crecimiento del regadío se hacen notar en nuestras reservas de agua. En el último año hidrológico, que va desde el 1-10-2020 al 30-9-2021, según AEMET, la precipitación acumulada ha sido de 606 milímetros, tan sólo un 5% por debajo de la media del periodo 1981-2010, considerándose por tanto un año normal en lo que a precipitaciones se refiere. Pues bien, a pesar de haber sido un año normal, el nivel actual de los embalses se encuentra alrededor de 14 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años para esta misma semana. El agua según llega a los embalses se deriva a los regadíos. Además, ya se riega prácticamente durante todo el año. Los embalses están dejando de ser almacenes de agua para ser simples estaciones de transferencia. Y ello es debido a que la superficie de regadío existente es mucho mayor de la que nuestro país puede soportar de forma sostenible, que debería situarse entorno a lo 3-3,2 millones de hectáreas regadas y no más, por lo que no solo no hay que crear nuevos regadíos, sino que habría que dejar de regar del orden de un millón de hectáreas. Sin embargo, tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como las comunidades autónomas del centro y sur de España, siguen apoyando directa e indirectamente la creación de nuevos regadíos, lo que nos lleva a un escenario de cada vez mayor vulnerabilidad e insostenibilidad.

Actualmente se podría decir que estamos “viviendo al día” con el agua. Por todo ello, frente a un periodo de sequía de varios años, que es algo propio de nuestro clima y que por tanto tarde o temprano va a producirse, nuestro país es ahora mucho más frágil y vulnerable que en los años noventa. Pues el consumo actual es mucho mayor, los embalses apenas funcionan ya como almacenes de agua y, a la vez, a causa del cambio climático, el volumen de agua disponible para un mismo nivel de precipitaciones es menor que hace 25 años. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, podemos afirmar que, o se reduce drásticamente la superficie regada a los niveles antes indicados, o vamos directos hacia un “colapso hídrico”, cuyas consecuencias ambientales, sociales y económicas serían gravísimas para nuestro país, y que se producirá cuando tenga lugar la próxima sequía plurianual.

En los últimos 30-40 años se han producido en España algunos notables avances en la conservación del medio ambiente, como son los que se indican a continuación: 

En los años ochenta se empezaron a construir las primeras depuradoras de aguas residuales, y actualmente se depuran del orden del 80% de las aguas residuales que se generan en España. Y a pesar de ello, nuestro país lleva bastante retraso al respecto, como prueban los cinco expedientes sancionadores que ya ha abierto la Comisión Europea contra España por ello.

A finales de los ochenta, las energías renovables apenas pasaban de ser casi un sueño; actualmente, una parte importante de la electricidad que se consume en el país se obtiene de plantas de energías renovables (eólica, solar,…), y además ese crecimiento continúa actualmente de forma casi exponencial.

A principios de los años noventa estaba prevista la construcción de varios centenares de nuevos grandes embalses que iban a inundar otros tantos valles; afortunadamente la mayoría de esos embalses no se han construido, y en la actualidad tan sólo están en construcción tres, y todo apunta a que pudieran ser de los últimos.

En 1985 había declarados en España tan sólo 46 espacios naturales protegidos: actualmente hay declarados un total de 1.773 en todo el país.

A esta lista podríamos incorporar otros muchos hitos, lo que confirma que se han producido algunos avances importantes en lo que a la conservación del medio ambiente se refiere, con independencia de que algunos de los problemas ambientales que sufrimos se estén agravando, y mucho, en los últimos años, como por ejemplo, el cambio climático.

Sin embargo, el lobo ibérico ha permanecido durante estas décadas al margen de estos avances en la conservación. Se quedó fuera por poco de la lista de especies protegidas de 1973, también de la de 1981, y también quedó excluida de los listados que vinieron después (Catálogo Español de Especies Amenazadas, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Inexplicablemente, al lobo se lo seguía cazando hasta este mismo año.

El que todavía se permitiesen cazar lobos en 2021 resulta anacrónico, siendo sin duda alguna la más clara asignatura pendiente que tenía la conservación de la naturaleza en España, asignatura que aprobaron hace bastantes años otros países de nuestro entorno, como Portugal (con una legislación ambiental en general más laxa), o Italia, países donde se encuentra estrictamente protegido. Esta situación puede haber tenido su origen, por una parte, en las presiones continuas ejercidas por un sector del mundo cinegético, y no por todos ni mucho menos, pues son muchos los cazadores que están totalmente en contra de su caza. Por otra parte, otro sector que apoya y presiona para que se siga cazando el lobo son las organizaciones agrarias y el sector ganadero. Pero tampoco en este caso todo, ni mucho menos, pues cada vez son más los ganaderos que públicamente se muestran contrarios a la caza del lobo. Y es porque es totalmente factible la coexistencia de la presencia del lobo con la ganadería extensiva, como demuestran cada vez más explotaciones ganaderas de este tipo afincadas en Galicia, Castilla y León, Cantabria y Comunidad de Madrid. De hecho, nuestra ganadería tiene actualmente otros problemas mucho más graves de carácter económico y comercial, como son los precios que se pagan al ganadero por los productos, o las importaciones que se realizan en determinados momentos procedentes de otros países. Comparado con estos, los daños ocasionados por el lobo podrían calificarse casi de insignificantes.

Lo cierto es que los daños económicos generados por el lobo sobre el ganado a nivel nacional, daños que además pagan las administraciones, son muy reducidos. Por ejemplo, en 2014, entre todas las comunidades autónomas presupuestaron para el pago de daños un total de 1.156.035 euros, cifra de la que sólo se gastó una parte. No obstante, si se hubiese gastado en su totalidad, tocaríamos aproximadamente a 2 céntimos de euro anuales por cada ciudadano. Por el contrario, los ingresos derivados del turismo de observación del lobo en libertad, una práctica creciente en Europa y también en España, ya supera en nuestro país con creces esa cifra.

Por todo ello, resulta evidente que había que aprobar de una vez por todas esta asignatura pendiente que había quedado “colgada”, y conseguir que se prohibiese definitivamente la caza del lobo en toda España, por lo que está a favor la gran mayoría de la población española.

Y por fin parece que esa asignatura la hemos aprobado. El pasado 21 de septiembre de 2021, apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, para todo el territorio nacional. El lobo ya es por fin una especie protegida en todo el país.

Sin embargo, algunas comunidades autónomas han manifestado su oposición a esta medida y están amenazando con recurrirla, pareciendo más que nada una respuesta de carácter populista, dirigida en buena medida a distraer la atención sobre los problemas reales que de verdad tiene la ciudadanía, y especialmente el sector ganadero. Pero como dictaminó de forma taxativa el Consejo de Estado, la Orden publicada se acomoda al régimen constitucional de distribución de competencias, y las medidas de conservación de la fauna silvestre deben prevalecer siempre sobre la regulación de la caza y la pesca.

Ahora lo que toca es hacer que esa protección sea realmente efectiva, habilitando todos los medios económicos necesarios para favorecer la plena coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, potenciando la utilización de perros mastines, recogiendo el ganado por la noche, coordinando las parideras… y todo ello con el apoyo económico que se necesite de las administraciones. Así se conseguirá que en unos años el lobo, una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna, vuelva a colonizar aquellas zonas de donde, por la presión humana, desapareció a lo largo del siglo XX.