Cuando hace casi dos años y tras muchos avisos, el Mar Menor arrojó miles de animales a sus orillas en busca del oxígeno que no quedaba ya en sus aguas, el presidente Fernando López Miras se apresuró a culpar a las lluvias provocadas por la DANA. Pocas semanas después, el Gobierno regional acabó reconociendo el problema, asumiendo que el Mar Menor atravesaba un proceso de eutrofización muy grave, incluidos episodios de anoxia. Sin embargo, a pesar de que los científicos y los ecologistas llevaban décadas advirtiendo de que éste sería el resultado de los vertidos descontrolados de las multinacionales de la agroindustria al acuífero y de la excesiva explotación urbanística, para López Miras la causa era un misterio.

Dice el saber popular que quien paga, manda. Y en esta Región, el lobby del agronegocio manda mucho como para tener responsabilidad alguna. La culpa debía ser, por tanto, de otro. De la sociedad en su conjunto, por ejemplo, tal y como aseguró el presidente de todos los murcianos y murcianas. Vía libre, por tanto, para sacar adelante una supuesta ley de protección y recuperación del Mar Menor que siguiese permitiendo a este sector, controlado principalmente por grandes empresas que nada tienen que ver con la agricultura tradicional de la zona, arrojar hasta 170kg de vertidos cargados de nitratos y fertilizantes por hectárea cultivada al año. Eso son miles de toneladas de aguas contaminadas recibidas anualmente por el Mar Menor. Una ley que contó con el visto bueno de Partido Popular, pero también de Ciudadanos y del PSOE de Diego Conesa, en una actuación completamente incomprensible sin recurrir al mantra del saber popular antes citado. Si la norma que permite arrojar veneno al Mar Menor ya de por sí es un atentado ecológico contra un entorno natural único, la nula voluntad del Gobierno regional por hacerla cumplir y desmantelar los regadíos ilegales ha supuesto la gota que ha colmado el vaso de la sostenibilidad de este ecosistema. Pero recuerden: la culpa no es del lobby del agronegocio, es de la sociedad en su conjunto.

La culpa es de todos, por eso López Miras decidió que las principales medidas para luchar contra otro mal (también responsabilidad de todos, excepto suya), la expansión de la COVID, debían ser permitir aumentar un 30% más las emisiones contaminantes por parte de empresas industriales y agrícolas, y relajar las exigencias burocráticas para nuevas construcciones, eliminando de facto los requisitos de evaluación ambiental. Su gobierno tituló a estos cambios en las leyes de protección de la naturaleza “decretos para mitigar los efectos socioeconómicos de la COVID-19” porque llamarlos “favores a nuestras redes clientelares, aprovechando que estáis encerrados en casa y no miráis”, hubiese estado feo.

Volviendo a la ley que supuestamente iba a salvar (otra vez) al Mar Menor, aprobada hace poco más de un año, hay que recordar que sólo hubo dos partidos que no le dieron su apoyo. Vox se opuso a la ley porque está en contra de cualquier tipo de limitación a la agroindustria. La foto de Abascal y Gestoso en los días previos a la aprobación, comiendo junto a los grandes empresarios del sector en Madrid (a pesar de las restricciones de movilidad propias del momento), presagiaba que la formación ultraderechista asumiría por completo la defensa de los intereses de quienes envenenan el Mar Menor. Como solución, Vox propuso abrir las golas que conectan el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Dicho de otro modo, eliminar cualquier restricción a los vertidos, utilizar el Mar Menor como cloaca y verter periódicamente toda la contaminación al Mar Mediterráneo. La propuesta de Vox es, ni más ni menos, que acabar con la existencia misma del Mar Menor como ecosistema.

De otra parte, también se opuso Podemos. Los motivos, sin embargo, eran muy diferentes. Diametralmente opuestos en objetivos y también en aliados. La postura defendida por la portavoz, la diputada María Marín, era cerrar el grifo a los vertidos. Acabar con la contaminación en origen, evitando así que la situación del Mar Menor llegase al punto de no retorno. Y como solución definitiva al problema, Podemos recogió la histórica reivindicación de los movimientos sociales para crear el Parque Regional del Mar Menor y acabar con la posibilidad de que vuelva a repetirse en el futuro. De haberse aprobado esta propuesta, probablemente no hubiésemos tenido que ver de nuevo miles de cadáveres de peces y crustáceos flotando en las orillas de una masa de agua que lleva camino de ser un nuevo Mar Muerto.

Vox eligió a sus aliados, el lobby del agronegocio que está explotando nuestra tierra hasta dejarla yerma, y su mensaje, negacionista del desastre que se estaba gestando. Podemos eligió a los suyos, los ecologistas y los científicos que advertían de los efectos de la permisividad con las prácticas contaminantes, y también situó un mensaje claro: de no tomarse medidas urgentes, el Mar Menor volvería a mostrar con crudeza su agonía. En ese momento, el Gobierno regional puso en marcha su maquinaria de propaganda. Todos los que avisaban de lo que venía eran unos agoreros, unos alarmistas y, además, unos antimurcianos. El mismo discurso que lleva operando y que tan buen resultado ha dado contra los activistas de los colectivos vecinales y ecologistas, e incluso sobre la comunidad científica, durante décadas.

Huelga decir que un año después, parece que una parte de la ciudadanía tiene claro quién llevaba razón. Este fin de semana, 70.000 personas, según los medios de comunicación, han “abrazado” al Mar Menor en apoyo a la ILP que busca dotarlo de personalidad jurídica para aumentar su protección. Las predicciones de los ecologistas se están cumpliendo paso por paso, a la vista de todos. Sin embargo, en un giro más que previsible, el Gobierno regional –sustentado ya por tránsfugas procedentes de Vox- ha decidido poner en marcha la agenda de la ultraderecha. Hoy sabemos que la Consejería de Agricultura y Medio ambiente no ha sancionado ni desmantelado ni un solo cultivo ilegal. Que no ha controlado que las insuficientes restricciones que impone la ley, se cumplan. Que hay empresarios con vinculación familiar con miembros del Gobierno autonómico.

También sabemos que, desde hace ya dos semanas, los peces muertos inundan las orillas del Mar Menor. Cuando el desastre ya está en marcha, el presidente regional plantea abrir las golas, acabando con un ecosistema único en Europa y arrojando toda la contaminación al Mediterráneo, tal y como querían Vox y las multinacionales. ¿La culpa de que se mueran los peces? Del calor. Eso dijo López Miras desde su retiro vacacional. ¿No cuela? Pues entonces, la culpa fue de los romanos. O de Monedero, como dijo Teodoro García Egea en campaña electoral. De todos. La culpa es de todos, salvo de López Miras, de Valcárcel o de Pedro Antonio Sánchez.

“No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”.

Estas palabras pronunciadas desde la tribuna del congreso en 2005 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero supusieron el reconocimiento de los derechos básicos para millones de personas en nuestro país. Sonaban todavía las algaradas callejeras del Partido Popular y la Conferencia Episcopal, que preconizaban a gritos el fin de la familia, la descomposición de la sociedad y el apocalipsis arcoíris, en el que los cuatro jinetes cabalgarían sobre unicornios de colores. Hoy, dieciséis años después, sabemos que nada de eso ocurrió. Reconocer derechos fundamentales nunca es un retroceso, nunca menoscaba a nadie. Las familias formadas por un hombre y una mujer no han desaparecido, pero sí que se ha ampliado el número de familias existentes gracias al reconocimiento de la existencia de otros modelos de convivencia.

Hoy vemos, de nuevo, como la derecha y la extrema derecha se oponen radicalmente a una ley cuyo único efecto será facilitar la vida a miles de personas. Pero, a diferencia de lo que ocurrió hace quince años, la derecha no ha estado sola en su oposición a la ampliación de derechos. Esta vez, hemos tenido que soportar que a esas voces se sumara la de una parte del PSOE, más obsesionada con haber perdido el ministerio de Igualdad y la iniciativa en este área que realmente preocupada por la ley. Dicho de otro modo: Carmen Calvo no hubiese tenido nada que objetar al texto de la ley si hubiese salido de su ministerio. No lo hizo cuando el PSOE presentó una propuesta muy similar en 2017, ni cuando regulaciones en el mismo sentido han sido aprobadas con el apoyo de su partido en numerosas comunidades autónomas. O eso creíamos, porque la señora se ha despachado a gusto en los medios de comunicación hasta llegar a asegurar que reconocer los derechos de las personas trans pone en peligro los derechos de las personas que no lo son, o que la orientación sexual y la identidad de género se eligen. En cualquier caso, sea por puro cálculo político o por convicción, la vicepresidenta del Gobierno de España y presidenta del PSOE ha dilapidado en pocos meses todo el crédito logrado por su partido hace 15 años. No se puede vivir toda la eternidad diciendo “yo aprobé el matrimonio igualitario”, cuando ya hay una generación entera en las calles reclamando derechos y que ve cómo el principal escollo para su aprobación ha sido el PSOE.

Los derechos nunca van en contra de nadie. La ley de igualdad no atenta contra los hombres. La ley del matrimonio igualitario no resta ni un derecho a las parejas heterosexuales. La ley trans tampoco va a afectarnos en absoluto a las personas cisgénero (es decir, que nos sentimos identificadas con el género asignado al nacer).

No quiero hacer reducción al absurdo con las supuestas “amenazas” que las amigas de Hazte Oír creen ver en esta ley, pero es que el asunto de los baños ha sido en el que quizás más hayan insistido en redes sociales. Para que un hombre entre a un aseo público a violar a una mujer, no necesita ni hacerse pasar por una mujer trans, ni ley alguna. Entra y viola, como ha ocurrido desgraciadamente en miles de ocasiones. Ahora bien, ¿qué es más probable, que un hombre se haga pasar por una mujer trans para violar a alguien, o que una mujer trans sea violada en un aseo masculino? Por no hablar de lo que ocurre en las cárceles. Todos sabemos qué es lo que pasa a una mujer trans si la encierran en una prisión de hombres. Y todos entendemos que le ocurre precisamente por ser mujer, independientemente de que sea cis o trans. Por eso me resulta incomprensible que haya quien, diciéndose feminista, ataque, criminalice e incluso niegue la existencia y los mínimos derechos humanos a las mujeres trans. La ley también afecta, por supuesto, a los hombres trans, aunque parece que han quedado fuera del debate y de los ataques más furibundos.

¿Qué efectos tiene entonces esta ley? Creo que cualquiera podríamos empatizar con la sensación que debe sentirse, por ejemplo, al estar en una sala de espera del médico y que nos llamen por un nombre que no sólo el nuestro, sino que además se corresponde con otro género. O tener que aclarar cada inicio de curso a cada profesor que la persona que aparece en la lista de clase no existe, y que te debe llamar de otra manera, si es que te concede tal deferencia. O al entregar cualquier instancia oficial y tener que jurar que sí, que ese es tu DNI y que no estás suplantando a nadie. Esa exposición constante dificulta enormemente la vida a muchas personas que no pueden ni presentar un currículum y que se ven, históricamente, condenadas a la exclusión. No se trata de un deseo o de un capricho, ni por supuesto de una enfermedad, por lo que no es de recibo exigir diagnóstico alguno. Si a las personas cis nadie nos cuestiona, ¿por qué íbamos a hacerlo con quienes viven una realidad mucho más compleja? El efecto más claro de esta ley es, por tanto, que reconoce la dignidad de miles de personas, su existencia y su validez en pie de igualdad con el resto.

Pero la ley trans no es una ley de Unidas Podemos. Y, por mucho que Irene Montero haya trabajado y haya dado la batalla en cada reunión del consejo de Ministros y Ministras para su aprobación, no ha sido sólo esa labor la que ha hecho que hoy salga adelante esta ley. No. Ha sido la calle, otra vez, la que ha empujado los cambios. La respuesta unánime de las asociaciones y colectivos y la posibilidad de que por primera vez el PSOE quedase expulsado de las manifestaciones del orgullo LGTBI han hecho que Carmen Calvo pierda la batalla. A última hora, in extremis, pero la promesa que Irene Montero lleva dos años manteniendo, ayer se hizo realidad: La ley Trans ES LEY. Y hoy somos una sociedad mejor, más justa, más respetuosa y más decente porque una sociedad decente, como bien dijo alguien a quien Carmen Calvo debiera escuchar, es aquella que no humilla a sus miembros.

Cuando apareció el caso de la vacunación de Villegas y los altos cargos de la consejería de Salud, la consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal (Ciudadanos), salió como toda una adalid de la democracia a pedir su cabeza, la lista de los vacunados, una comisión de investigación y una hoguera en la plaza pública para que el fuego de la justicia redujese a cenizas a los responsables de tal ignominia. Madrid (y Barcelona) imponían a Martínez Vidal, también presidenta regional de Ciudadanos, distanciarse con el PP en un tema tan delicado, más aún a las puertas de unas elecciones catalanas que pueden suponer la práctica extinción de los naranjas.

Sin embargo, tras las reuniones entre las cúpulas regionales de Partido Popular y Ciudadanos, el suflé fue bajando y diluyéndose en un mar de excusas. Villegas dimitió porque, tal y como él mismo reconoció, el ruido no le permitía seguir. El ruido al que se refería el doctor Villegas eran los gritos de indignación de la sociedad murciana, que veía como desde su consejería se había tejido una trama corrupta para administrar vacunas “bajo mano” a altos cargos, familiares, obispos, alcaldes, concejales, presidentes de ilustres instituciones, etc... Ciudadanos trató de apuntarse el tanto de la dimisión, pero sus actos posteriores denotan un giro casi inexplicable, un “y ahora cómo salimos de ésta” en el que claramente nos faltan piezas por conocer. De exigir la lista de vacunados VIP, el partido naranja ha pasado a no enviar a ninguno de sus diputados a ver dicho listado... o al menos a intentarlo, porque la realidad es que la labor de Transparencia (consejería también en manos de Ciudadanos) está sirviendo únicamente para dificultar a los grupos políticos y a la sociedad poder conocer quién se ha saltado el protocolo de inmunización. De presentar una comisión de investigación en la Asamblea Regional, a echar sobre esta misma comisión un manto opaco de secretismo y tratar de dilatar el escándalo en el tiempo, dejando para 2.022 las conclusiones de dicha investigación (comisión para encontrar un listado que tiene el Gobierno regional del que forman parte, no lo olvidemos).

En toda esta crisis, ha llamado la atención la ausencia total de la vicepresidenta de la Región, Isabel Franco, también de Ciudadanos. La responsable de Política Social, Familia, Igualdad y LGTBI incluso asistió a reuniones del Consejo de Gobierno a las que sus compañeros de C's habían decidido no acudir. Isabel Franco es la máxima responsable de la gestión de las residencias de mayores en la Región de Murcia, principal foco de fallecimientos en la pandemia en nuestra tierra. Además, fue en una residencia donde se vacunaron el Obispo y otros miembros del alto clero, haciéndose pasar por capellanes. Aun así, faltaba una pieza para entender el puzzle completo de la recogida de carrete que ha emprendido Ciudadanos. Salvar a Isabel Franco no es importante para su partido, que ya la ha apartado de cualquier responsabilidad interna y la ha condenado al ostracismo. Hoy ya sabemos a qué se debía tanto el silencio de Franco como el giro de Ciudadanos: en Política Social, consejería en manos de los naranjas, también han sido invitados a una ronda de pinchazos fuera de turno.

Este escándalo es muchísimo mayor de lo que parecía en un principio. No se trata de un consejero avispado que se vacuna a escondidas y al que pillan con la jeringuilla en la mano. Se trata de una trama organizada para desviar recursos públicos sanitarios (las vacunas) a políticos, familiares y amigos, quitándoselas a quienes les corresponden (nuestros sanitarios, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas). Y Ciudadanos también es parte de ella. Es todo el Gobierno regional el que está corrupto y comprometido por este tema.

La Región de Murcia necesita una renovación democrática urgente. El escándalo de las vacunas revela una forma de actuar que no es nueva. Es el sistema de gobierno caciquil al que siempre nos han tenido acostumbrados en nuestra tierra. A ver si encontramos vacuna para esto.

Lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de los Diputados entre Pablo Casado y Santiago Abascal era lo único que podía ocurrir. Ante la moción de censura con Abascal como candidato y sin posibilidad aritmética alguna de salir adelante, Casado solo podía arremeter contra el candidato de la extrema derecha. La moción no se dirigía contra el gobierno, sino que era la escenificación de un asalto más en la guerra abierta por la herencia de José María Aznar. Esa batalla tenía antes lugar en los pasillos de los congresos del Partido Popular, cuando todo el conservadurismo español se cobijaba bajo esas siglas. Un alma más liberal conservadora frente a otra que entroncaba con el pasado franquista. Es curioso que esa parte más radical, más aznarista, más alejada del centro político y con mayor simpatía hacia la dictadura que gobernó España durante casi la mitad del siglo pasado, fuese también la parte más joven del PP. Los representantes de esa corriente más rancia, reaccionaria y derechista eran Pablo Casado y Teodoro García Egea. Cuando el Partido Popular tuvo que elegir si quería parecerse a Vox o si quería asimilarse de una vez a la derecha democrática europea, eligió lo primero. Y cuando el Partido Popular tuvo que decidir si poner distancia con el fascismo y tejer un cordón sanitario –de igual modo que hacen Merkel o Macron- o apoyarse en ellos para gobernar en comunidades autónomas y ayuntamientos, eligieron lo segundo. Luego vinieron las fotos de Colón, las llamadas a la “reunificación” del campo de la derecha, los pines parentales y otras concesiones en aquellas instituciones en las que el Partido Popular depende del fascismo. Y por supuesto, el blanqueamiento del discurso del odio en la mayor parte de los medios de comunicación, aceptando a quien defiende abiertamente el machismo y la homofobia como un interlocutor válido. El resultado es que, a los pocos meses de las elecciones autonómicas, el águila franquista levantaba el vuelo y plantaba un nido con 52 polluelos en el Congreso de los Diputados.

El ejemplo más claro ha sido precisamente nuestra tierra. En la Región de Murcia hemos tenido el gobierno autonómico que más delirios de Vox ha implantado. Algunos de ellos han sido anulados por los tribunales, en especial aquellos que atentan contra la dignidad de las personas LGTBI y de las mujeres. Un gobierno autonómico que en mitad de la crisis sanitaria más grave, utiliza como cortinas de humo a la inmigración y la ocupación, impulsando el racismo y criminalizando la pobreza, en lugar de dar soluciones a los problemas reales de la gente. El resultado de esa brillante estrategia de López Miras, teledirigido por García Egea desde Madrid, ya lo sabemos todos: Vox es primera fuerza política en intención de voto en la Región de Murcia. Bravo, presidente. Y un aplauso para Teo, que no ha tenido reparo alguno en utilizar su propia tierra como laboratorio para sus experimentos político-sociales.

Reconozco que el discurso de Pablo Casado me gustó. Me gustó el fondo y me sorprendieron las formas. Pero como decía, Casado no podía hacer otra cosa. La moción de censura era contra él, no contra Pedro Sánchez. Las opciones que el presidente del PP tenía encima de la mesa no eran plato fácil de digerir. Votar a favor de Abascal significaba entregarle definitivamente el timón de la derecha y hubiese sido de facto la investidura de un jefe de la oposición. La abstención implicaba demostrar que el bloque que apoya al Gobierno de España es amplio y sólido. Si el PP se llega a abstener, se hubiese visto a un Partido Popular sin rumbo frente a una mayoría absoluta de partidos que sustentan al actual ejecutivo y que no van a permitir el regreso de la derecha más carpetovetónica al poder. Sólo le quedaba dejar solo a Vox y asumir, de una vez, que la única estrategia para que el Partido Popular tenga algún tipo de futuro a medio -e incluso a corto- plazo es la del alejamiento de las posiciones de Vox y el acercamiento a la derecha continental. Casado sólo podía situarse frente a Abascal y culparle de intentar destruir al PP, aunque ese ataque de Vox supusiese fortalecer al Gobierno que tanto dice detestar.

Pero ¿qué hay de real en el discurso de Casado en la Moción de Censura? Sinceramente, creo que en el Partido Popular hay a quien le gustaría ver ese distanciamiento materializado. Sin embargo, a día de hoy, los gobiernos de Partido Popular (y Ciudadanos) dependen de Vox en al menos 3 comunidades autónomas, varias capitales de provincia y decenas de municipios. Volvamos a Murcia. ¿Va a romper López Miras los compromisos adquiridos con Vox para su investidura o va a seguir, por el contrario, copiando el discurso y las medidas de la extrema derecha? Y la vicepresidenta Isabel Franco, ¿va a seguir tragando con disparates como la censura parental sobre los contenidos escolares mientras que ejerce de consejera LGTBI? Mucho me temo que todos conocemos ya la respuesta.

El discurso de Casado era la única salida que le quedó de la ratonera en la que Abascal intentó meterle. Para cualquier demócrata, que la derecha histórica española se sacudiese de los hombros la caspa fascista, siempre será una buena noticia. Pero lo de la semana pasada fueron solo palabras. Un hecho sería, por ejemplo, que López Miras anule el acuerdo al que llegó con Vox para sacar adelante sus presupuestos, plagados de recortes en materias tan sensibles como sanidad mientras que se otorgan más de 100.000 euros a fomentar la caza o 70.000 a la tauromaquia. Otro, retirar de inmediato la instrucción (anulada por los tribunales cautelarmente) a los centros escolares que obliga a solicitar una autorización de los padres para que los adolescentes reciban contenidos relacionados con el respeto a la diversidad sexual y de género. Otro hecho más: recuperar las ayudas a las ONG de Cooperación al Desarrollo, que Vox obligó a reducir y esconder en el presupuesto. Podríamos seguir un largo rato, porque la lista de concesiones de este gobierno regional a Vox es interminable. No ocurrirá porque, en el fondo, en el PP no acaban de entender qué está ocurriendo. Porque por desgracia, en el Partido Popular, y especialmente en el de Murcia, lo que en realidad quieren es ser como Vox. Aunque no se atrevan a decirlo, aunque el nuevo giro de Casado les obligue a disimular, todos son hijos de Aznar.

La memoria colectiva de la sociedad en tiempos de redes sociales y de exceso de impactos visuales e informativos es enormemente corta. Hace ya mucho tiempo que las arenas de la playa sepultaron el cadáver del pequeño Aylan, ahogado en un Mar Mediterráneo que se ha convertido en la mayor fosa común de la historia moderna. Con la desaparición y el olvido de aquella fotografía, las conciencias quedan aliviadas de nuevo, aunque cientos de Aylan siguen cruzando, y demasiadas veces dejando su vida en el intento, para llegar a nuestras costas. Cuando alguien está dispuesto a poner a sus hijos en un bote, en manos de mafias y sin esperanza alguna de reencuentro, es que a pesar de todos los peligros que esto entraña, el mar es más seguro que la tierra. Tierras donde la guerra, el hambre y la miseria son el único futuro que pueden ofrecer a sus hijos e hijas.

Si la imagen de Aylan ha sido olvidada, mucho más lejano y sepultado queda -por fortuna- el recuerdo de la guerra, el hambre y la miseria en la mente del pueblo español. Pero España no es ajena a estos monstruos. No hay que remontarse demasiadas décadas para encontrar a niños y niñas españoles saliendo de nuestro país, huyendo de la barbarie y la muerte. Sin sus padres. Solos y solas, con los rostros cubiertos de lágrimas y con el miedo como compañero permanente de viaje. Eran los niños y niñas de la guerra civil española. Hijos e hijas de nuestra tierra que tuvieron que alejarse de ella para salvar su vida y tener alguna opción de futuro. En total, más de 50.000 niños y niñas partieron hacia Francia, Bélgica, Reino Unido, Unión Soviética o México. Para muchos de ellos y ellas, el periplo continuó después hacia otros países, al tener que huir también de los frentes de la Segunda Guerra Mundial.

A las decenas de miles de personas que, siendo aún menores, tuvieron que abandonar nuestro país se les llamó 'niños de la guerra' o 'niños de Rusia'. Fueron cuidados, educados, vestidos y alimentados gracias a la solidaridad de países extranjeros, de pueblos diferentes e incluso de culturas distintas a la nuestra. Nadie les insultó, ni les criminalizó, ni les culpó de los males que asolaban el mundo. Nadie les llamó por un acrónimo para deshumanizarlos y olvidar lo que eran en realidad: niños y niñas que viajaron solos, huyendo de la guerra.  

Hoy, en esta misma España que hace 80 años despidió a los miles de menores que partieron de nuestras costas, hay quien pretende decirnos que el gran problema social, que el gran peligro para nuestra convivencia cívica, son los menores extranjeros no acompañados. Insisto: niños y niñas que están solos. Ese es el nuevo enemigo, la nueva cabeza de turco contra la que descargar violencia, odio y xenofobia. Las escenas ocurridas hace una semana en un barrio madrileño, cuando grupos neonazis acudieron a amenazar en la puerta a un grupo de estos menores tutelados, son resultado directo de una estrategia puesta en marcha por quienes, desde medios de comunicación y partidos políticos, han dado alas al discurso de la extrema derecha. Un discurso que se ceba con el más débil para ocultar las verdaderas causas de los problemas de la mayoría social. No hay más que poner la mañana de cualquiera de los dos grandes canales privados de televisión para ver que, en muy poco tiempo, se ha sustituido el espacio dedicado a hablar de pobreza infantil por problemas de orden público relacionados con estos diabólicos 'menas' (de nuevo: niños y adolescentes), de igual modo que el drama de los desahucios por campañas de miedo y desinformación sobre la okupación de viviendas.

Querer que España sea un país decente no es buenismo. No se me ocurre nada más indecente, nada más cobarde, que atacar a menores que están solos. Repito: niños, niñas y adolescentes que están solos y solas. Que han escapado del infierno. Que están en nuestro país no por capricho, sino por auténtica necesidad. ¿Qué quieren que hagamos con esos niños y niñas? ¿Que les arrojemos a vivir en la calle? ¿Que les dejemos ahogarse en el mar? ¿Que permitamos que mueran de hambre? No lo hicieron con nuestros niños y niñas, y no podemos hacerlo nosotros con los niños y niñas de otros. La única diferencia entre quienes partieron hace ocho décadas de España y aquellos que llegan hoy a nuestras costas es el color de la piel y que los 'menas“'de hace 80 años hablaban y lloraban en español.

Se está extendiendo una moda entre la derecha extrema y la extrema derecha de nuestro país: llenar de banderitas lugares simbólicos para “homenajear” a las víctimas del coronavirus. Vaya por delante mi solidaridad con todas y cada una de las víctimas. Ahora bien, ¿buscan esos actos mostrar el recuerdo a las personas fallecidas y la solidaridad con sus familias? Porque pudiéramos pensar, si es que fuésemos mal pensados, que lo que se está intentando es utilizar cada una de las tragedias personales vividas como un ataque al Gobierno de España, tratando de convertir en un arma política una enseña institucional del Estado como la bandera. Una bandera cuyos colores o escudo gustarán más o menos según cada cual, pero que a día de hoy representa legalmente a todos los habitantes. Un símbolo que es importante que no sea utilizado “de parte”, si lo que se pretende es que represente la unidad y esté por encima de las ideologías. No hace muchos meses veíamos a Ángela Merkel, sobre un escenario y en pleno mitin, arrancar de la mano de uno de sus candidatos la enseña alemana. En España, el fascismo se apropia de la bandera porque identifican la patria como su propiedad privada, por lo que un Gobierno que no sea de su signo será siempre antiespañol, ilegítimo y golpista. Siempre me parecerá curioso que aquellos que legitiman alzamientos militares vean golpes de estado realizados con urnas y mayorías democráticas.

La exhibición hasta la obscenidad pornográfica de la bandera era, hasta no hace mucho, propia de la extrema derecha. Ahora, un desnortado Partido Popular que parece no entender que cuando se comporta como Vox es Vox quien gana, copia la estrategia y un senador recibe al vicepresidente del Gobierno de España con la bandera, la foto del jefe del Estado y una enorme corona como atrezzo de su escaño. La semana pasada eran los “jóvenes” del Partido Popular los que en Elche alfombraban una céntrica plaza de la ciudad bimilenaria para “homenajear” a las víctimas del coronavirus. Curioso que este homenaje lo hagan desde las filas del partido de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, dos presidentes que desmantelaron la sanidad pública valenciana y privatizaron todo lo que era privatizable. Algo similar ocurre en la Región de Murcia, con la salvedad de que aún continúan en el Gobierno los mismos que han permitido que la sanidad murciana haya caído hasta cotas desconocidas de precariedad desde que se implantó el sistema de salud pública.

Los gobiernos del Partido Popular en las Comunidades Autónomas en las que gobierna o ha gobernado, han sido y son campeones en hacer polvo los servicios públicos. En plena crisis del coronavirus, con toda la población confinada, Fernando López Miras aprobó unos presupuestos en los que se recortaba 30 millones en material hospitalario y 27,5 millones de euros en medicamentos. Hoy tenemos, junto a Madrid y Navarra, una de las peores situaciones de toda España en propagación del virus. Es más, López Miras aprovechó la pandemia para camuflar dos decretos-ley bajo la denominación de “medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria” con los que, por ejemplo, permitía a las empresas aumentar un 30% las emisiones contaminantes o se cargaba de un plumazo la reglamentación ambiental para nuevas construcciones. Todo dirigido a cuidar la salud de los murcianos, como entenderán perfectamente.

La pandemia del coronavirus debía servir para unirnos, en teoría. Algunos también teníamos la esperanza de que tuviese como resultado positivo el que nunca se volviese a apoyar a aquellos que pretendiesen recortar, privatizar, externalizar o desmantelar la sanidad pública. El problema es que han tomado como rehén a la bandera, y con ella tapan sus oscuras intenciones. No quiere más a España quien más lleva una bandera, sino quien cuida más a sus gentes, a sus pueblos y a su futuro.

El mejor homenaje que se puede hacer a los que nos han dejado durante la pandemia es aumentar el personal sanitario, la inversión pública en salud y ayudar a quienes queden en una situación vulnerable. Lo demás es simplemente una simbólica tontería.

Que el periodismo se ha convertido en una profesión precaria no es ninguna noticia. La imagen romántica del investigador viajero, mezcla de Indiana Jones y Lawrence de Arabia que aún sigue presente en la conciencia colectiva, es un triste (y falso) recuerdo holliwoodiense. El periodismo es hoy una disciplina en la que la inmediatez extrema prima sobre la calidad y el número de clicks está por encima de la veracidad. Y es además una profesión en la que la propiedad se ha concentrado en muy pocas manos, pertenecientes a oligarcas cuyos intereses tienen muy poco que ver con la ética profesional. Por eso se han vaciado las redacciones, hoy raquíticas, y por eso hoy el sector es cada vez más dependiente de las notas de prensa y las noticias de agencia.

Quienes estamos en un gabinete de comunicación de una empresa, una institucion o un partido, somos necesariamente una voz interesada. Pero se nos supone un mínimo de veracidad. Todos sabemos que en muchos medios, especialmente en los digitales, no se va a contrastar lo que decimos en una nota de prensa. Que no hay tiempo, ni gente y que van a confiar en que lo que decimos es parcial, sí, pero no mentira. Que no nos vamos a inventar los hechos. Principalmente, porque al final si mientes y te pillan, puede que ya no se fíen nunca más de ti como fuente, y eso nunca es bueno para alguien que se dedique a la comunicación. 

Que Vox es un partido de extrema derecha al que no le gusta nada la libertad de expresión, es otra afirmación que tampoco es ninguna noticia. Ellos mismos se vanaglorian de haber vetado de sus ruedas de prensa a los medios de comunicación que han publicado información negativa para el partido. Medios tan dispares ideológicamente como El Español, El Mundo, Público o Cadena SER. Precisamente esta actitud ha hecho que la Asamblea Regional haya aprobado una moción de apoyo a la libertad de prensa y de expresión. Vox ha respondido con una enmienda en la que básicamente negaban la existencia de la libertad de prensa y se arrogaban la capacidad de seguir vetando al medio de comunicación que consideren. Finalizaban la enmienda con una frase en la que instaban a retirar las subvenciones a todo partido u organización cuya ideología no sea reconocida pacíficamente por la totalidad de la sociedad, en respuesta a que en la moción original se solicitaba la retirada de subvenciones públicas a aquellos partidos que no respeten la constitucional libertad comunicació

Ignorando toda conexión con la realidad, tras el debate en el pleno, Vox ha enviado una nota de prensa en la que aseguraba que solo ellos habían votado contra las subvenciones a los partidos y que el resto de formaciones habían votado en contra. Omiten que no es eso lo que se estaba votando, sino que se votaba precisamente contra su actitud antidemocrática. Omiten también que no se trataba de una moción sometida a votación, sino de una frase al final de una enmienda a la moción presentada por el PSOE y apoyada por Podemos. Omiten que el Partido Popular ha aprobado la moción, suprimiendo eso sí cualquier referencia a tomar medidas contra quien atenta contra la libertad de prensa. Omiten la realidad y venden a los periodistas el relato interesado de una mentira. 

El pasado miércoles ya vi una noticia publicada (y posteriormente retirada una vez que han comprobado su inexactitud) recogiendo solo lo que Vox asegura falsamente en su nota de prensa. Al día siguiente probablemente aparezca tal cual en periódicos impresos o cadenas de radio. Y especialmente en Internet. En estos tiempos que corren en los que se mezcla de manera explosiva la precariedad del periodista, la concentración empresarial y las ansias por el click, la democracia y la libertad están en peligro. Vox miente, y hay que atreverse a contarlo, a denunciar cómo actúan y a defender la ética y las buenas condiciones laborales de los profesionales de la comunicación. Solo así tendremos una democracia de calidad. De lo contrario, tras el veto vendrá la censura. Y ya nada será noticia.

Hace ya más de 7 años se abrió un ciclo de cambio político que muchos consideran hoy cerrado. No soy partidario de idealizar los momentos políticos, porque se corre el riesgo de no aprender de los errores cometidos. El 15M no fue el punto culminante, sino el inicio de un proceso.

A lo largo del camino emprendido, aprendimos a organizarnos, a unirnos, a unificar las luchas diversas pero con un enemigo común. Ese enemigo no era el gobierno del PSOE, ni el posterior del PP. Ese enemigo era el régimen caduco del 78, cuya putrefacción vemos hoy en la punta del iceberg Villarejo, que oculta debajo toda la ponzoña de las cloacas postfranquistas. Pero mientras nosotros aprendíamos, los poderosos también lo hacían. Y tras el surgimiento de las mareas de indignación popular, de las asambleas en las plazas, de la organización en movimientos municipalistas y solidarios, entendieron que necesitaban un nuevo agente, un “Podemos de derechas”, y un tema capaz de sintonizar con los sentimientos y emociones de unas clases populares que ya no se veían representadas por el régimen. Más allá, las clases populares estaban empezando a comprender que ese régimen sólo les reservaba paro, precariedad, recortes de derechos y represión con mordazas.  

En 2012 cristalizó en Cataluña un movimiento identitario de carácter popular, disociado de las élites políticas hegemónicas tradicionales. No se me borran de las retinas los días en los que los mossos cargaban contra el 15M barcelonés, ni aquella jornada de protesta en la que los diputados del Parlament tuvieron que escuchar los gritos de un pueblo al que, ese mismo día, recortaron derechos, servicios públicos y libertades. No importaba que la tijera la blandiesen PP, PSOE, Ciutadans o Convergencia. No importaba si el desfalco se llamaba Gürtel, EREs o tres per cent. Importaba el pueblo. Pero el pueblo del siglo XXI vive de relato tuitero y de inmediatez. Es corto de memoria, más que nada porque se encargaron de sobra durante 40 años de arrancarnos la colectiva. Y los malos, los ladrones, los de siempre, se envolvieron en banderas que no eran suyas, tratando de despojárselas al pueblo. Artur Mas vio en la ola del procés la oportunidad de salvar las esencias de 30 años de CiU. Cambió varias veces de nombre, de candidato y de estrategia, pero al final le salió. Tan bien le salió que hoy los presos y exiliados no son los Pujoles, sino quienes defendieron la democracia. Presos políticos en lugar de ladrones presos.  

En la otra parte del Ebro, también vieron su oportunidad. Quienes más despreciaban a la patria, quienes se llevaban el dinero a paraísos fiscales, quienes cogían el dinero destinado a los parados y vivían la gran vida, se colocaron la banderita en la muñeca. Y entonaron muy fuertes y viriles el más cobarde canto. “A por ellos”. Hasta el heredero de Franco a título de rey se subió al carro (de combate).   Parece que hoy hay quien va entendiendo que le han colocado unas estampitas. De colorines, pero estampitas. Y quiere la historia que se parezcan tanto las élites que ambos repartan rojo y amarillo, aunque una tenga más rayas que la otra. Mi máximo respeto a los movimientos emancipatorios populares. Máximo desprecio al nacionalismo utilizado para enfrentar a trabajadoras de distintas zonas geográficas.   No pretendo poner al mismo nivel a represores y reprimidos.

Lo ocurrido hace ahora un año es intolerable, es fascismo, es sencillamente vergonzoso para cualquier demócrata. Terror de estado frente a un pueblo organizado. Pero creo que en las élites burguesas de ambos bandos hay un mayúsculo grado de impostura. El dinero no tiene patria, y hay quien no tiene más patria que el dinero. Parece que el timo de la banderita llega a su fin. Los mayores nos están marcando el camino. Estudiantes, paradas, precarios, feministas, pensionistas, profesionales, dependientes... de nuevo van despertando del letargo. Al bombardeo mediático no le funciona ya el tema catalán. Están tratando ahora de hacer algo aún más peligroso: resucitar la xenofobia revestida de cierta modernidad.

No hay más que escuchar a Casado o Rivera. Tampoco les va a salir. Pero es urgente crear redes de solidaridad popular, hacer entender que quien roba no es el pobre de otro color de piel, sino el millonario de color dorado adquirido en yates. Unidad de todas las luchas, de todos los frentes y de todas las trabajadoras. Y es hora de poner enfrente otro modelo, una enmienda a la totalidad del régimen, una alternativa clara. Un nuevo modelo socialista, emancipador y de carácter republicano. O varios modelos, lo que las urnas decidan.

Frente a la sacrosanta unidad nacional, unidad popular.  Nos querían domesticados. Nos encontrarán en las calles. ¡A por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad! 

P.D. Si me meto en jardines es porque hay que oler las flores.

"Los y las jóvenes LGTBI tienen derecho a saber que no les pasa nada, que no hacen nada malo, que sus sentimientos no son incorrectos"

"El mal llamado `Foro de la Familia´ [...] compartió pancarta con el PP y la parte más fundamentalista y ultraconservadora de la Iglesia Católica para frenar la ampliación de derechos a toda la ciudadanía"

“La Consejería de Educación suspende las charlas contra el machismo en las aulas por presiones de una asociación machista”. “La Consejería de Educación suspende las charlas contra el racismo por presiones del Ku Klux Klan”. Estos dos titulares son inventados. Fake news, como se conoce ahora a la manipulación informativa. Sin duda, si cualquiera de estas dos noticias tuviese lugar, medios nacionales las recogerían y construirían un relato que sobrepasaría las fronteras de nuestra Región. Sería todo un escándalo que padres y madres machistas o racistas lograsen paralizar la formación dirigida a acabar con la discriminación en las aulas.

“La Consejería de Educación suspende las charlas contra el acoso escolar a personas LGTB por presiones del Foro de la Familia”. Esta información sí es cierta. Puede que sólo haya salido en noticias no demasiado extensas de los dos diarios regionales, pero es la realidad.

Hace poco más de diez días, Adela Martínez-Cachá y Francisco Sánchez, Consejera de Educación y Director General de Juventud, anunciaban a bombo y platillo, con grandes titulares y foto, la puesta en marcha de un programa para combatir el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género. La idea, sin embargo, no surge ni de la Consejera ni del Director General de Juventud. Es una medida contemplada en los Presupuestos Participativos Regionales 2018, propuesta por el Colectivo No Te Prives y aprobada por la ciudadanía a través de una votación.

Se trata de un programa que en Molina de Segura lleva funcionando desde hace más de un año, a través de la Concejalía de Juventud, en todos los Institutos de Educación Secundaria del municipio. Consiste en charlas en las que se aborda la diversidad sexual, los problemas que afrontan los y las jóvenes LGTBI, tratando conceptos como respeto, igualdad, libertad, amor o diversidad. Una información y formación básica para combatir la LGTBIfobia, que surge por la ignorancia y el desconocimiento.

Tras un curso completo en el que esta formación se ha llevado a cabo, la Concejalía de Juventud no ha recibido ni una sola queja por parte de alumnos o alumnas, profesores o profesoras, ni de padres o madres. Sí tenemos constancia, por contra, del buen resultado y de la buena percepción que todos los centros tienen de esta herramienta para facilitar la convivencia y el respeto en las aulas.

La decisión de “aplazar” sine die las charlas, sumada a la astracanada de pedir autorización paterna, acogiéndose además a una interpretación tendenciosa de la Carta Magna, no es ni mucho menos casual. El Partido Popular, la misma formación que votó en contra del matrimonio igualitario, que llevó los derechos de las personas LGTBI al Constitucional, que se manifestó en las calles contra la libertad de amar, responde así a su electorado más fiel, al que mejor encarna su ADN.

El mal llamado “Foro de la Familia” (que lejos de representar a las familias, defiende que sólo existe un modelo de familia, atacando y pretendiendo destruir a todos los demás) compartió pancarta con el PP y la parte más fundamentalista y ultraconservadora de la Iglesia Católica para frenar la ampliación de derechos a toda la ciudadanía.

En España, el sistema educativo tiene la obligación de difundir “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. Así viene recogido en la actual Ley de Educación.

En ningún momento se fija la posibilidad de que estos valores puedan ser censurados en la formación de una persona si sus progenitores no están de acuerdo. ¿Qué ocurriría si mañana otra asociación ultraderechista cuestionase la idoneidad de explicar el Big Bang en Física como teoría más plausible del origen del universo? ¿O si el temario de Biología tuviese que adaptarse a aquellos que, a pesar de la evidencia empírica, continúan negando la Evolución? ¿Y si se niegan a que sus hijos lean a Miguel Hernández, por rojo? ¿La hija de un nazi podrá estudiar el Holocausto? ¿Se pedirá a los padres y madres que autoricen esos contenidos? ¿Saldrán de clase los hijos e hijas de familias fundamentalistas, haciendo optativa esa parte del temario?

Las charlas sobre valores humanos, sobre convivencia y respeto, de igual modo que cualquier otro tipo de contenido, no pueden ser jamás opcionales. Mucho menos para aquellos que en su propia casa están sufriendo falta de información e incluso acoso por parte de su familia.

Las fobias como el machismo, el sexismo, la discriminación por razón de orientación sexual, el racismo, y un largo etcétera de conductas propias de la ignorancia, no son innatas a la condición humana. No son genéticas. Son conductas aprendidas y aprehendidas.

Si un joven insulta a otro por su orientación sexual, su color de piel o su género, es porque ese comportamiento lo trae ya de su propio entorno. Y la sociedad tiene el derecho y la obligación de combatir esas conductas, de “desaprender” comportamientos tóxicos. La Educación Pública no sólo tiene el objetivo de formar en conocimientos. También es la garantía para formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia crítica con su entorno, con armas para defenderse en la vida diaria, y que sean solidarios, respetuosos y puedan desarrollarse en libertad con plena autonomía.

Los datos hablan solos: un 95% de las personas LGTBI han sufrido acoso en las aulas. Un 46% ha pensado o intentado acabar con su propia vida como única vía para acabar con ese sufrimiento. Nadie tiene derecho a decirle a una persona joven homosexual, bisexual o transexual que está enferma, que tiene un problema, que su forma de amar es incorrecta. Y mucho menos a atemorizar con la eternidad del infierno a menores que sienten atracción por personas de su mismo género. Nadie. Ni siquiera sus padres. Por eso no se puede pedir autorización paterna para estas charlas.

Los y las jóvenes LGTBI tienen derecho a saber que no les pasa nada, que no hacen nada malo, que sus sentimientos no son incorrectos. El conocimiento y la información es la mejor manera para lograr ese objetivo. La mayoría lo sabe. La Consejera también. El Director General es plenamente consciente de ello. Pero el Foro de la Familia ha amenazado con llamar a votar a otras fuerzas políticas que no sean el PP. Y lo que cuenta son los votos, el cargo, el mantenimiento del poder, por encima de los derechos de los y las jóvenes a recibir una formación integral y a contar con herramientas para combatir el acoso.