Lo que quiero es reclamar al Sr. Ministro de Justicia que cumpla la Constitución y la ley. La primera, integrando en los órganos de su competencia a las personas por su mérito y capacidad y con pleno respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, muy especialmente en instancias en las que la perspectiva de género sea de tanto interés como en la sección Penal de la Comisión de Codificación.

Se pudo hacer en 2005, cuando había ya en España cinco catedráticas de Derecho Penal, fue un despropósito no hacerlo en 2015, cuando la comisión se amplió en cinco miembros y había ya más de veinte de ellas, y es incomprensible no hacerlo ahora. El Reglamento de la Comisión admite que las secciones puedan tener 30 miembros y es una oportunidad para nombrar diez mujeres juristas como miembros permanentes, con competencia y pluralismo. Además, que se invite a los hombres y mujeres por su específico conocimiento del tema de que se trate.

Tampoco quiero renunciar porque deseo tener la oportunidad de reclamar al Sr. Ministro lo que ya le planteé en público y en su presencia en septiembre de 2016, en el único pleno celebrado por la sección Penal en decenios. Él creyó quizá que la sesión se podía liquidar como si fuera una junta de accionistas con titular único del capital. Allí le dije que dejara una nota en la mesa a su sucesor, para que supiera que las intervenciones político-legislativas de los años 2003 y 2015 habían producido una masacre social, innecesaria y cruel, que la gestión políticamente interesada de la prisión perpetua ha incrementado luego. Fui el único en tomar la palabra en tal desairada situación, pero estoy seguro de que lo compartieron los vocales de la sección Penal y no solo ellos. Quiero seguir teniendo esa oportunidad.

Por último, de acuerdo con su Estatuto y Reglamento, firmados por el propio Ministro, la Comisión no debería ser sólo un órgano para estudiar y asesorar sin partidismo las reformas penales - ¡y van cuatro en la legislatura en curso!- sino también una instancia para tratar lo penal como una verdadera política pública, dotada con un observatorio de la criminalidad -del que todos los países disponen- que permita evaluar la eficiencia de cada reforma. Y todo eso integrado por hombres y mujeres competentes que sean capaces de poner los conocimientos jurídicos, la razón y el sentido por encima de afanes partidistas o de prejuicios de cualquier clase, incluso de género. No quiero renunciar, en fin, porque quiero tener la ocasión de reclamar éstas y otras medidas de modernización de la política criminal española. Al cumplimiento de las condiciones y propósitos aludidos es a lo que condicionaré mis decisiones.