Hay líneas que no deberían cruzarse y, sin embargo, se están cruzando. Los acuerdos que avanzan en algunas comunidades, que unos llaman “arraigo” y otros “prioridad nacional”, esconden en realidad lo mismo: la pretensión de poner a unas personas por delante de otras en el acceso a derechos básicos por su nacionalidad. No estamos ante una política discutible; estamos ante una negación del ser humano, incompatible con la democracia, con la Constitución, con Europa y con cualquier idea de derecho natural. Y eso está generando una alarma creciente en la sociedad, en cualquiera que entiende que los derechos no pueden depender del origen.

Porque en España los derechos fundamentales no dependen del pasaporte. Ese ha sido uno de los consensos más valiosos de nuestra convivencia. Lo que ahora se plantea no lo matiza: lo rompe. Y al hacerlo abre algo más grave: una grieta en la que la dignidad deja de ser universal para convertirse en condicional. Cuando se empieza a decidir quién tiene derechos, se cuestiona al propio ser humano y se activa una lógica que la historia ha demostrado devastadora.

Como advirtió Hannah Arendt, el derecho esencial es el derecho a tener derechos. Cuando ese principio se quiebra, la democracia deja de ser igualdad y empieza a convertirse en un sistema que separa, clasifica y excluye.

Ese deslizamiento ya está en marcha. Se construye un relato que presenta a las personas migrantes como problema o amenaza, cuando la realidad demuestra lo contrario. España necesita inmigración para sostener su mercado de trabajo, su relevo generacional y su sistema de protección social. Las personas extranjeras trabajan, cotizan, cuidan, producen y sostienen sectores enteros de nuestra economía. Son parte de nuestra sociedad, aunque algunos se empeñen en situarlas fuera para convertirlas en un chivo expiatorio.

La gravedad alcanza su punto más extremo cuando afecta a menores. Los niños y niñas extranjeros no son una categoría política ni un instrumento de confrontación. Son sujetos de derechos cuya protección debe ser absoluta. Convertirlos en objeto de disputa no solo es una quiebra ética; sitúa a quienes lo hacen fuera del consenso internacional más básico —jurídico, político y humano— que obliga a proteger a la infancia sin condiciones. Apartarse de ese consenso no es una opción política más: es un paso atrás que erosiona los fundamentos mismos de una sociedad civilizada.

También desde el plano moral el mensaje es claro. El Papa ha recordado que las personas migrantes no son una amenaza, sino seres humanos con dignidad. Y la dignidad no se relativiza, no se gradúa, no se negocia. Ese recordatorio conecta con la base ética de cualquier sociedad democrática.

La llamada “prioridad nacional” no resuelve ninguno de los problemas reales —la vivienda, la desigualdad, la precariedad—. Lo que hace es desviar la atención y dirigir el malestar hacia quienes menos responsabilidad tienen. Es, en definitiva, una coartada que simplifica lo complejo a costa de debilitar lo esencial.

Pero hay una paradoja que debería incomodar. España ha sido un país de emigración, también interior. Durante décadas, miles de personas dejaron regiones como Extremadura o Aragón para buscar oportunidades en otros territorios. Esa movilidad forma parte de nuestra historia y explica buena parte de nuestro desarrollo. ¿Qué ocurriría si quienes se marcharon regresaran hoy y se encontraran con un sistema que les exige “arraigo” para acceder a derechos básicos? ¿Qué ocurriría si se les dijera que no cumplen, que hay otros “más de aquí” que deben pasar por delante?

La lógica de la exclusión no se detiene. Cuando se acepta, se expande.

Porque cuando los derechos dependen del origen o del tiempo de permanencia, la frontera deja de ser un límite jurídico y se convierte en una línea arbitraria que puede moverse en cualquier momento. Hoy son otros. Mañana puede ser cualquiera.

Por eso la conclusión es inevitable: cuando se decide quién tiene derecho a tener derechos, lo que está en juego no es solo la vida de otros, sino el fundamento mismo de la democracia. Y frente a eso no cabe la indiferencia. Defender la democracia, la libertad y los derechos no es una opción: es una obligación cívica. Es defendernos a nosotros mismos frente a una deriva que, si no se frena, termina por arrasarlo todo.

Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente. El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.

El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad. Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar. Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.

No es un problema técnico, sino de derechos. Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral. Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo. Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.

La paradoja es evidente. El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V. Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional. Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI

Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal. Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento. Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos. De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo. No se protege a quien lo sufre, sino —parece— a quien lo impone.

El resultado es inquietante: la protección de datos como escudo de la opacidad. Llevado al extremo, obligaría a replantear incluso la actuación de Hacienda: ¿también las facturas o los registros contables deberían quedar fuera de control en nombre de la intimidad? El absurdo es evidente. Porque aquí no se trata de datos: se trata de derechos.

Los datos son tozudos. Cada semana se realizan millones de horas extraordinarias en España, muchas sin retribuir. Solo en 2025, 2,49 millones de horas semanales no se pagaron, afectando a 441.000 personas y generando más de 3.200 millones de euros anuales no abonados, según datos de la EPA. Traducido: A cientos de miles de personas trabajadores les roban más de cinco horas de su vida cada semana.

Quizá no sea urgente. Depende de dónde se mire. No lo es desde la cómoda distancia de un dictamen que pide “sosiego y reflexión”, pero sí para quien encadena jornadas ilegales, no puede conciliar o ve evaporarse su salario en horas invisibles.

Por eso se visualiza en este dictamen una cierta alineación con quienes llevan años resistiéndose a cumplir la ley. No se cuestiona un exceso regulatorio, sino que el control sea eficaz: que el registro sea, como exige el Derecho europeo, objetivo, fiable y accesible. Y eso, en la práctica, significa que no pueda manipularse.

Discutir si el registro debe ser digital, los plazos o las cargas para las pymes es legítimo. Pero no puede servir de coartada para sostener un sistema que aún permite prolongaciones de jornada no registradas ni pagadas. Entonces ya no hablamos de técnica jurídica, sino de normalizar una ilegalidad.

Además, el dictamen trata con ligereza una cuestión clave: la salud laboral. Controlar el tiempo de trabajo no es solo salario, es prevención. Jornadas excesivas y descansos insuficientes impactan directamente en la salud, algo que el propio Consejo de Estado reconoce.

Negar la urgencia es negar la evidencia. Puede no serlo desde un despacho que reclama “sosiego”, pero sí para quienes acumulan cada semana horas no pagadas. La pregunta es sencilla: ¿cuántas más hacen falta para que sea urgente?

El Gobierno debe decidir. Puede dejarse arrastrar por un dictamen no vinculante que debilita la reforma o garantizar que la ley se cumple y la competencia es leal.

Eso exige aprobar el real decreto, con los ajustes técnicos necesarios, pero sin tocar su esencia: un registro objetivo, fiable, accesible y no manipulable que proteja las horas trabajadas, la retribución y la salud.

Si al Consejo de Estado no le parece urgente, es legítimo. No responde ante los ciudadanos.

El Gobierno, sí.

No lo afirma un sindicato ni un dirigente progresista. Lo señala el economista jefe del Fondo Monetario Internacional: la economía española crece por encima de la media europea, es uno de sus motores y ha mejorado su productividad en los últimos años. Un dato de enorme valor, porque desmonta la idea, repetida durante décadas, de que subir salarios y reforzar derechos es incompatible con una economía competitiva.

Desde 2021, con la aprobación pactada de la reforma laboral, España apostó por el empleo estable, el contrato indefinido y el reequilibrio de la negociación colectiva, devolviendo protagonismo al convenio sectorial. A ello se sumó una subida sostenida del Salario Mínimo Interprofesional, de 950 euros en 2021 a 1.221 euros netos en 2026. No fue una decisión ideológica, sino una apuesta por un modelo económico más sólido. Y los resultados lo confirman: más estabilidad, mejores salarios, mayor productividad y un crecimiento más equilibrado.

Pese a ello, siguen repitiéndose los mismos discursos de siempre: cada subida del SMI se presenta como una amenaza, cada avance en derechos como un riesgo y cada mejora salarial como una irresponsabilidad. Y, sin embargo, la realidad los desmiente año tras año. La subida sostenida del salario mínimo se ha consolidado no solo como un instrumento de dignificación, en línea con la Carta Social Europea, sino también como un verdadero motor de la productividad y del conjunto de la economía.

En un contexto de incertidumbre global y tensiones que afectan de lleno a Europa, la respuesta no puede ser el repliegue, sino la cohesión social. Fortalecer el mercado interior exige mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia salarios homologables a los de los países más avanzados —como Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia o Irlanda—, donde el SMI ronda o supera los 2.000 euros mensuales. Europa solo será fuerte si sus trabajadores también lo son.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no puede reducirse a una cuestión técnica. El SMI es una herramienta de dignidad y redistribución y debe ser el punto de partida de una mejora general de los salarios. En ese camino, la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva debe servir para reactivar los convenios y garantizar que el crecimiento llegue a la mayoría.

Para que esta mejora sea real, es imprescindible afrontar los obstáculos que siguen bloqueando las subidas efectivas. Uno de ellos es la compensación y absorción, que permite neutralizar miles de incrementos salariales. Este mecanismo se ha convertido en una trampa contra la dignidad laboral y amenaza con transformar el salario mínimo en un techo, cuando debería ser un suelo desde el que avanzar.

A ello se suma una desigualdad cada vez más visible. Millones de familias trabajadoras destinan una parte creciente de su salario a una vivienda inalcanzable, mientras una minoría acumula beneficios récord. La crisis de la vivienda actúa como una auténtica máquina de empobrecimiento, transfiriendo renta del trabajo al capital y debilitando a la mayoría social. Este desequilibrio se ve agravado por un sistema fiscal que sigue gravando más el salario que la riqueza.

Nada de esto es casual. Durante años se ha priorizado un modelo que protege más a quien especula que a quien trabaja, tolera mercados desregulados y normaliza la concentración de beneficios. Después, se pide paciencia a quienes ya no tienen margen para resistir.

En este contexto, es necesario ser exigentes con el Gobierno. No basta con recurrir a deducciones temporales en el IRPF o a futuras bonificaciones en el Impuesto de Sociedades que ni siquiera se concretan. España necesita una reforma fiscal justa y progresiva que garantice que quien más tiene, más paga, incluidas las grandes empresas. Sin justicia fiscal no hay justicia social duradera.

La subida del SMI no puede ser una isla. Debe ir acompañada de políticas valientes en vivienda, fiscalidad y redistribución. Combatir la desigualdad no es una postura radical, sino una exigencia democrática. Las sociedades profundamente desiguales son frágiles y vulnerables a la polarización.

También es imprescindible proteger a autónomos y pequeñas empresas, que sostienen gran parte del empleo y sufren la presión de grandes grupos que concentran poder y beneficios. Dividirlos de las personas trabajadoras solo beneficia a quienes prefieren que no se señalen las verdaderas causas de los desequilibrios.

La experiencia española desde 2021 demuestra que existe una alternativa: más derechos, más salarios y más productividad no solo son compatibles, sino complementarios. Lo confirman los datos y lo vive cada día una parte creciente de la sociedad.

El verdadero debate no es si podemos permitirnos salarios dignos, sino si podemos seguir tolerando salarios indignos. Porque, en el fondo, el debate sobre el SMI no trata solo de euros, sino de poder, de reparto de la riqueza y de modelo de país.

Y esa elección, hoy más que nunca, es una elección política, social y democrática.

En los últimos días han vuelto a aflorar en la vida pública española denuncias de acoso sexual que describen comportamientos intolerables, abusos de poder y silencios impuestos durante demasiado tiempo. No son episodios aislados ni hechos del pasado: son la expresión de un problema estructural que sigue presente en nuestra sociedad y que también se reproduce, con demasiada frecuencia, en los centros de trabajo. La respuesta no puede limitarse a la indignación puntual ni al reproche moral. Requiere políticas públicas sólidas, compromiso empresarial y una acción preventiva decidida.

Desde el sindicalismo lo afirmamos con claridad: el acoso sexual es una vulneración de derechos fundamentales y, además, un riesgo laboral que debe prevenirse como tal. Por eso es tan relevante el avance que supone la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al establecer expresamente que el deber de protección de la empresa incluye las situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo, obligando a integrar su prevención en la actividad ordinaria de la empresa y a adoptar todas las medidas necesarias, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la edad y las características personales de las personas trabajadoras. Es un cambio de enfoque esencial: no se trata solo de reaccionar cuando el daño ya se ha producido, sino de evitar que ocurra.

Sin embargo, este avance legislativo está encontrando una resistencia preocupante. La patronal se ha negado a firmar esta reforma y se ha autoexcluido de un acuerdo social que es inminente. No es una cuestión menor. Negarse a asumir estas obligaciones supone dar la espalda a una realidad que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores y perpetuar entornos laborales inseguros donde el miedo sigue operando como mecanismo de control.

En este contexto, el proyecto de ley de protección de las personas denunciantes —centrado hoy en la lucha contra la corrupción— va en la buena dirección al reforzar las garantías frente a represalias como el despido. Pero se queda claramente corto, especialmente cuando hablamos de acoso sexual en el trabajo. Su lógica es reactiva: protege frente a la represalia una vez que esta ya se ha producido. Y en este ámbito eso llega casi siempre tarde. Cuando el despido se consuma, incluso si termina declarándose nulo, el camino judicial es largo, costoso y profundamente desgastante, y en la práctica son pocas las personas que logran recuperar su puesto de trabajo y su proyecto vital.

Por eso insistimos en que, frente al acoso sexual, lo que debe primar es la protección previa e inmediata de la persona y de su empleo. La víctima debe sentirse protegida desde el primer momento en que denuncia una situación no querida, sin temor a perder su trabajo, sus ingresos o su estabilidad. Si no se garantiza esa protección temprana, el miedo seguirá imponiéndose al derecho y el silencio seguirá ganando a la justicia.

Trasladar a la sociedad un mensaje claro —que denunciar una situación de acoso protege a la persona y a su empleo— es, probablemente, la herramienta más eficaz para combatir estos abusos. Sin ese mensaje, los protocolos se quedan en papel y las leyes pierden eficacia real.

A ello se suma un factor determinante que no puede ignorarse: la precariedad laboral. Los contratos temporales, la parcialidad no deseada, las horas complementarias discrecionales o la dependencia económica de la “buena voluntad” empresarial generan relaciones de poder profundamente desiguales. Estas situaciones afectan de manera muy significativa a las mujeres, que siguen ocupando mayoritariamente estos puestos. La precariedad no solo degrada las condiciones de trabajo; también crea el caldo de cultivo perfecto para el abuso y el acoso. Combatirla es, también, una política de prevención.

Europa muestra que otro camino es posible. Tras el movimiento #MeToo, países como Francia, Alemania o los Países Bajos han reforzado la prevención del acoso sexual integrándolo en la evaluación de riesgos laborales, clarificando las conductas prohibidas, designando responsables específicos en las empresas y estableciendo sanciones efectivas. Y todo ello se alinea con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la violencia y el acoso como violaciones de derechos humanos y obliga a prevenirlos, sancionarlos y repararlos, protegiendo a todas las personas trabajadoras con independencia de su contrato o situación laboral.

Erradicar el acoso sexual de los centros de trabajo exige una respuesta integral: prevención real, protección inmediata, protocolos claros, formación, negociación colectiva, inspección eficaz y sanciones disuasorias. Pero, sobre todo, exige una convicción firme: la dignidad no se negocia y el empleo no puede ser la moneda de cambio del silencio. Los centros de trabajo deben ser espacios seguros. Solo así estaremos a la altura de una sociedad que dice no tolerar el acoso, ni dentro ni fuera del trabajo.

En este 1º de mayo, bajo el lema “Proteger lo conquistado, ganar futuro”, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) queremos lanzar un mensaje claro: proteger el contrato de trabajo frente a despidos injustos es hoy más urgente que nunca. No hay empleo digno ni sociedad justa si no se garantiza de verdad la estabilidad en el trabajo.

Hace ya más de un año, el 20 de marzo de 2024, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dio la razón a UGT en la reclamación que interpusimos contra el Reino de España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea. El Comité concluyó que nuestra legislación no ofrece una protección adecuada frente al despido injustificado: las indemnizaciones actuales no son ni disuasorias ni reparadoras, como exige el derecho europeo. Algunos tribunales ya han empezado a aplicar esta resolución. Sin embargo, para trasladar seguridad jurídica a todas las personas trabajadoras y empresas, y para proteger efectivamente los derechos consagrados en la Carta Social Europea —que España ha ratificado y debe cumplir conforme al dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 2021, publicado en el BOE—, es imprescindible que el Gobierno ejecute esta resolución y adapte la legislación laboral.

No partimos de cero. UGT, en su informe de noviembre de 2023 sobre el despido improcedente, ya propuso las líneas de actuación necesarias. Cumplir el mandato europeo significa abrir un proceso de diálogo social que permita reformar la normativa del despido injusto para que los jueces puedan fijar indemnizaciones suficientes para reparar el daño causado y disuadir futuras infracciones, que se restituyan los salarios de tramitación para compensar los ingresos dejados de percibir entre el despido y la sentencia, que se establezca una indemnización mínima de seis meses de salario, que se otorgue a la víctima —y no al infractor— la facultad de optar por la readmisión en su puesto de trabajo, y que los jueces tengan la potestad de ordenar dicha readmisión cuando las circunstancias del despido así lo aconsejen.

Hoy despedir injustamente en nuestro país es más barato que nunca. En 2023 se registraron más de 600.000 despidos, el récord histórico desde que existen estadísticas, y la indemnización media pagada cayó a tan solo 7.446 euros, la cifra más baja de toda la serie. Se despide más y se indemniza menos, pese a que los salarios han subido. Esta situación es aún más grave para los colectivos más vulnerables: las personas jóvenes despedidas apenas reciben 886 euros de media; las mujeres cobran indemnizaciones casi 1.400 euros más bajas que los hombres; y las personas extranjeras, aún menos, en torno a 2.895 euros. España no solo incumple su obligación internacional de proteger el derecho al trabajo, como nos ha dicho Estrasburgo, sino que perpetúa un modelo que favorece el abuso, la arbitrariedad y la desigualdad. Mientras las empresas ajustan plantillas mediante despidos baratos, miles de familias ven sus vidas truncadas sin una reparación justa.

El marco regulatorio que denunciamos ante el CEDS favorece decisiones empresariales arbitrarias y debilita la protección del empleo. No es aceptable que, en un Estado social y democrático de derecho, incumplir la legalidad en materia de despido sea una opción barata y asumible para las empresas. Proteger el contrato de trabajo es proteger la dignidad de las personas trabajadoras, es defender el presente y construir el futuro que queremos.

Por todo ello, desde UGT exigimos que España cumpla de manera inmediata sus compromisos legales internacionales y ejecute sin más demoras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que nos dio la razón. No es una opción, es una obligación. Este 1º de mayo levantamos la voz para reclamar que se ponga fin a la impunidad de los despidos injustos, que se garantice de una vez por todas una verdadera protección del contrato de trabajo y que se respete el derecho de las personas trabajadoras a una reparación justa. No aceptamos excusas ni dilaciones. Proteger lo conquistado y ganar futuro pasa hoy, necesariamente, por cumplir la Carta Social Europea y hacer efectivos los derechos que tantos años de lucha nos ha costado conseguir. Desde UGT no vamos a parar hasta que cada trabajador y cada trabajadora de este país vea garantizado su empleo y su dignidad.

El debate sobre la inmigración en España sigue siendo uno de los temas más delicados y relevantes del panorama político y social. No se trata solo de una cuestión económica o de convivencia, sino que implica aspectos morales y humanitarios que no deben ser ignorados. La cuestión ha recabado también la preocupación del Papa Francisco, quien ha condenado enérgicamente el trato que reciben las personas inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo. El Pontífice  ha enfatizado  la obligación que tienen los países, especialmente aquellos con mayor estabilidad económica, de acoger personas, particularmente a los menores no acompañados. Esta es una cuestión que va más allá de los simples números o las dinámicas del mercado laboral; es una cuestión de humanidad.

La acogida de las personas inmigrantes no es una opción política que pueda debatirse bajo términos meramente pragmáticos. Las personas que huyen de guerras, violencia o situaciones de extrema pobreza merecen ser amparadas y protegidas. España, país históricamente de emigración, tiene el deber moral de ofrecer un refugio seguro, de manera que puedan tener una oportunidad real de vivir dignamente y prosperar. Lamine Yamal o Nico Willians son un claro ejemplo de lo que puede terminar enriqueciendo a la propia sociedad española el acogimiento de aquellos que vienen  en busca de una esperanza de vida.  

Sin embargo, sí nos parecen desacertadas las políticas destinadas a reclutar mano de obra fuera de nuestras fronteras para que incidan en nuestro mercado laboral, que aún padece unas inaceptables  tasas de paro. Inundar el mercado laboral sin ofrecer las herramientas adecuadas para que las personas que se encuentran sin trabajo –sin importar nacionalidad, procedencia o situación administrativa– accedan a empleos dignos, solo contribuye a generar condiciones de precariedad laboral, de pobreza y de explotación. El verdadero problema no es la inmigración en sí, sino la falta de políticas adecuadas para gestionar tanto el mercado de trabajo como la acogida de los recién llegados. 

El reto no está en cerrar las puertas, sino en crear un sistema más eficiente que permita a todas las personas, sean personas inmigrantes o nacionales, acceder a un empleo de calidad. Esto implica que los servicios de empleo deben ser más eficaces y estar mejor coordinados con las demandas del mercado. Es fundamental que se invierta en la formación y la recualificación de los trabajadores, de manera que puedan adaptarse a las nuevas realidades laborales y así ocupar los puestos disponibles. También se debe invertir en condiciones laborales dignas.  España debe evitar la tentación de obviar los problemas de su mercado de trabajo con la búsqueda de personas en el extranjero para cubrir empleos temporales o de baja cualificación, prolongando de esta manera déficit estructurales, sino que debería emplearse en mejorar la calidad del empleo y el encaje en las vacantes a las personas desempleadas que se encuentran aquí. Las diferentes administraciones públicas tienen la obligación moral, política y legal de dar una oportunidad a las más de tres millones de personas –inscritas en el desempleo y  sin papeles– que buscan un trabajo en nuestro país.  Hasta que todo eso  no ocurra  no parece razonable que se acuda a reclutar mano de obra a otros países. 

La verdadera política social es aquella que pone a las personas en el centro, no solo como cifras o como una fuerza de trabajo, sino como seres humanos con derechos y dignidad. España tiene la capacidad de acoger a quienes más lo necesitan, pero también debe evitar la creación y mantenimiento de un mercado laboral precario. La acogida de las personas inmigrantes y la convivencia deben ser una prioridad, y debe hacerse en paralelo con políticas que promuevan trabajos estables, servicios de empleo eficaces y oportunidades de formación para todas las personas trabajadoras. 

En definitiva, el equilibrio entre la acogida humanitaria y la estabilidad laboral no es imposible, pero requiere un enfoque integral. Debemos reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos ser: una injusta, insolidaria y precaria, o una que abre sus puertas a los más vulnerables mientras se asegura de que las condiciones laborales sean justas para todos. La verdadera política social está en generar condiciones laborales dignas y sostenibles, y en garantizar que cada persona tenga una oportunidad real de integrarse y prosperar en una sociedad justa y solidaria.

Señala Harari que los humanos pensamos más en relatos que en hechos, cuanto más sencillo es el relato, mejor. Cuando buscamos sentido a la vida queremos un relato en el cual acomodar nuestra realidad y nuestro concreto papel. Ya Platón señalaba que los contadores de cosas son los que dominan el mundo. Lo anterior viene al caso porque en el mundo del trabajo actual, en plena transformación digital, la primera batalla que se da es quién construye el relato. La eterna lucha entre el derecho del trabajo, del que formamos parte los sindicatos, frente a la desregulación para que las condiciones laborales las establezca el mercado, como defienden los economistas ultraliberales, empieza en el relato. Así, nos encontramos que se define como “costes laborales” la parte destinada a compensar el trabajo de las personas, sin embargo se llama “inversión” a las máquinas que las sustituyen en los centros de trabajo. Se prefiere “emprendedor”, casi sinónimo de triunfador, a “trabajador autónomo”, que encierra un halo de subordinación que parece menos atractivo. Da la sensación de que los derechos que protegen a las personas frente a las desregulación economicista son antiguos y en desuso. El relato ya es otro, la protección social es anticuada y se ataca a los sindicatos, por lo que se consigue eliminar la dimensión humana que debe tener el trabajo. Incluso vocablos aparentemente neutros como meritocracia terminan convirtiéndose en legitimadores de la desigualdad, pues si la riqueza es la consecuencia del merecimiento, la pobreza es el resultado de desmerecimiento que hace al pobre culpable de serlo, eximiendo a los más pudientes, y a sus representantes, de la obligación de tener que repartir la riqueza generada.

En la lucha por el relato desde planteamientos economicistas, se cuestionan todos y cada uno de los derechos alcanzados en la protección del trabajo y de las personas trabajadoras. Así, se discuten los salarios dignos y suficientes, la protección frente al despido injustificado, la limitación de las jornadas o el carácter redistribuidor de la renta que proporciona la negociación colectiva. Esta corriente de opinión pone en riesgo el trabajo y la dignidad que proporciona. Para ello se trata de apartar del ámbito de la protección del derecho del trabajo y de los sindicatos a las personas, convirtiéndolas en falsas “emprendedoras”. Lo hemos visto con los llamados riders, en los que los poseedores de los algoritmos de macrodatos crean sistemas productivos, altamente provechosos para el auténtico empresario, con el objeto de expulsar a productores precarios del ámbito de protección de la legislación laboral para que el trabajador se convierta en su propio explotador.

Los riders no son nada más que el último escalón del fenómeno de descentralización de los verdaderos empresarios, cuyo último fin es rebajar el derecho del trabajo. La externalización permite a las grandes empresas, esas que en España aumentaron en 2022 su beneficio neto en un 92,2%, ejercer su dominación sobre el resto de los actores del ciclo productivo, incluidas las otras “empresas”, sin tener que someterse a los efectos redistributivos y de reequilibro que posee una adecuada legislación social. Así las grandes compañías, las que mantienen la posición de dominio en sus mercados, controlan económicamente a todos los demás operadores, imponiendo sus condiciones. Para ello trasladan a las empresas subordinadas todo lo que les aporta poco valor y se les elimina todo margen de negociación en cualquier ámbito. La externalización ha ido multiplicando las microempresas, incluidas aquellas sin empleados formadas exclusivamente por “el emprendedor”, que es quien en realidad ejecuta el trabajo, lo que convierte al trabajador en subcontratista. La desregulación termina generando desigualdad, frustración y conflicto.

Al final, tenemos la sensación de que estos expulsados de la mesa de las grandes corporaciones, que son las que toman las decisiones con trascendencia económica, tienen más similitudes con quienes poseen un contrato de trabajo que con las empresas. Por eso, no deja de resultar llamativo que les inquiete más el incremento del SMI para las personas más vulnerables, entre las que muchas veces también se encuentran ellos, que las condiciones que les imponen las grandes compañías como el gas o la electricidad, que se beneficiaron en más de 12.780 millones de euros de la escalada de precios de la energía sufrida en 2022. Es sorprendente que, contribuyendo por la base mínima de cotización el 85% de los trabajadores autónomos, lo que les condena a percibir la pensión mínima de jubilación, se incida más en la subida de las bases máximas de cotización de los salarios altísimos, que en el incremento de la percepciones mínimas de jubilación hasta asemejarlas al SMI. Supongo que esto tiene que ver de en qué lado de la mesa de negociación les intenta colocar el relato imperante.

En este 1 de mayo reivindicamos que los derechos de las personas trabajadoras, también de las que se intenta expulsar de su auténtica condición, promueven la justicia social y la eficiencia económica. La dignificación del trabajo justamente remunerado debe ser el centro de la nueva economía que sirva al ser humano.

En la última década, numerosos supuestos expertos han asegurado cíclicamente la quiebra del sistema público de pensiones en nuestro país. Siempre ha habido más deseo –para hacer negocio–, que realidad en dicho pronóstico. De hecho, el acuerdo alcanzado entre organizaciones sindicales y Gobierno, publicado en el BOE en forma de Real decreto-Ley, desmonta definitivamente ese deseo.

La importancia de este pacto, sólo puede valorarse adecuadamente si echamos la vista atrás y recordamos los profundos cambios que los interlocutores sociales hemos acordado con el Gobierno en los dos últimos años. En el año 2021, convenimos asegurar la suficiencia de las pensiones garantizando su revalorización. Ampliamos derechos y coberturas. Para ello, derogamos el lesivo factor de sostenibilidad, que habría reducido enormemente las pensiones de las personas jubiladas, y referenciamos las pensiones al IPC. Es decir, nos pusimos de acuerdo para garantizar más y mejores pensiones públicas para el presente y el futuro. Además, en el año 2022, reforzamos el sistema de Seguridad Social para mejorar las prestaciones del Régimen especial de trabajadores autónomos.  

 Ahora, el acuerdo de este año 2023, va un paso más allá en esta sucesión de hitos que han contribuido a fortificar el sistema público de Seguridad Social.  Por primera vez el aseguramiento de las pensiones se realiza en clave de aumento de ingresos y no, exclusivamente, de recorte de gastos.  Se aumentan los recursos del sistema para mantener e incrementar las futuras prestaciones. Recortar derechos de los beneficiarios de la seguridad social y las percepciones es cosa de un pasado superado. Y lo es gracias a este gran pacto. 

El blindaje de los ingresos del sistema público de pensiones alcanzado, es la consecuencia necesaria de los compromisos de gasto que habíamos acordado los sindicatos, el Gobierno y la patronal en los años 2021 y 2022. Estos solo podían satisfacerse a través de tres posibles escenarios: aumentar la presión fiscal indirecta, lo que habría sido injusto e insolidario, porque todo el mundo habría contribuido al sostenimiento del sistema con independencia de sus ingresos; dejar caer el sistema, para hacer negocio e imponer un sistema de pensiones con una participación privada mucho mayor; o, finalmente, asegurar y proteger la recaudación  del sistema, aumentando la contribución  de las personas trabajadoras con ingresos más elevados.

Sorprende, por tanto, que la patronal, que sí acordó el gasto, se haya mostrado ajena a la parte de su financiación. Ahora, deberán explicar su rechazo y por cuál de las otras opciones apuestan. Pero no olvidemos que ambas suponen irremediablemente quitar derechos a los y las pensionistas presentes y futuros.

El compromiso de aumentar moderadamente las cotizaciones máximas y de reforzar la solidaridad del sistema no es, por tanto, sorpresivo, pero además no supone tampoco una excepción en el marco europeo. Alemania, Francia o Italia tienen unas cotizaciones máximas hasta 20 puntos por encima de las nuestras. Y muchos países ni siquiera tienen salarios exentos de aportación. De hecho, España tiene unos de los topes a las cotizaciones más bajos de toda Europa. Era necesario, por tanto, acercarnos a nuestros vecinos europeos, y, al mismo tiempo que acompasábamos las bases máximas de cotización al incremento de las pensiones, introdujéramos tímidas subidas -apenas el 1,2 % anual, - que nos acerquen a nuestros socios europeos. Para cumplir con el mandato constitucional de solidaridad, se ha diseñado una cuota sobre las percepciones salariales que aún se encontraran ajenas de contribución a la caja de la seguridad social, y aún en un porcentaje muy inferior al que aportan las rentas más bajas y con un despliegue moderado y progresivo hasta 2045.

Pero además de blindar los ingresos hemos corregido situaciones injustas. Se incorporan, por ejemplo, medidas contra la brecha de género –ampliando el número de años en los que se arreglarán lagunas de cotización o aumentando el complemento de brecha de género–. Pero, sin duda, la medida más importante es que nuestro país asume el compromiso legal de que las pensiones de jubilación, contributivas o no, y de viudedad estén por encima del umbral de la pobreza. El texto integra, también, en el sistema público, a las personas en prácticas no laborales y contiene otras mejoras como a autónomos o a fijos discontinuos

En definitiva, reforzar ingresos asegura pensiones dignas y justas, gracias a la solidaridad intergeneracional, a nuestros mayores hoy, a nosotros mañana y a nuestros hijos en el futuro. El sistema público de pensiones goza, hoy, de mejor salud que nunca.

Hubo un tiempo en el que nuestro país tenía una sanidad relativamente aceptable en términos de servicio y calidad, impulsada por la modernización y el modelo que le dio Ernest Lluch cuando fue ministro de Sanidad, en los primeros gobiernos de izquierdas de la democracia.

Luego vinieron la crisis del 2008 y los años de la austeridad. El gasto público en sanidad, dice la estadística, había ido subiendo hasta el 2009, y del 2009 al 2014 tuvo un recorte de casi el 20%. Esto evidentemente generó una gran tensión en el sistema sanitario público: recorte en los productos farmacéuticos y restauración del copago, largas listas de espera, parada de la inversión y actualización y, de forma muy significativa, recortes en las condiciones laborales, generando muchos espacios de precariedad laboral en el sector.

Cuando en 2020 llegó la emergencia sanitaria de la COVID, el gasto público en sanidad aún estaba al 90% del de 2009. Llovía sobre mojado. La pandemia puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema sanitario. Desinversión, falta de personal —y el que estaba, en condiciones precarias— y una Atención Primaria muy debilitada. Falta de personal, especialmente profesionales médicos de familia, de pediatría, y caída de ratios, también en enfermería.

Hay bastante consenso en que el modelo sanitario tiene que bascular de la centralidad hospitalaria hacia la importancia de la Atención Primaria de cercanía y, sobre todo, la promoción de la salud, que es donde más se tiene que invertir. En 2019 se dibujó con el Ministerio una estrategia en ese sentido, pero nunca tuvo presupuesto ni se implementó y la llegada de la COVID obligó a destinar todos los recursos y más a la emergencia sanitaria y a la vacunación masiva de la población.

Añado algunos datos más para ubicarnos: el gasto público en la sanidad prepandémica en España, en 2019, suponía el 6,1% del PIB. La mediana de la UE es del 7%, y en los países más avanzados, como Alemania, Reino Unido, Francia o Finlandia, oscila entre el 9 y el 10 %. Nuestro país está en el puesto 17 de los 27 Estados miembros.

Otro elemento importante para hablar de nuestra sanidad pública es la disparidad de situaciones entre las distintas comunidades autónomas. El gasto público en sanidad por habitante en 2021 varía en función de las comunidades autónomas: de los 1.931€ en Asturias, 1.897€ en Euskadi, 1.888€ en Navarra, a los 1.327€ en Andalucía, 1.246€ en Catalunya y 1.170€ en Madrid.

Sois conocedores de la histórica reivindicación sindical y social de que la Atención Primaria tendría que ser el 25% del presupuesto de Sanidad: en España va del 17,6% de Andalucía y el 16,13% de Castilla y León, al 11,62% de Galicia y al ínfimo 10,66% de la Comunidad de Madrid. Y eso se nota.

Voy a decirlo alto y claro: 30 años de gobiernos liberales y de derechas en Madrid han generado un gran deterioro de la sanidad, de los barrios, el aumento de los problemas sociales y el aumento de las desigualdades. Corresponde a un modelo ideológico que no es igual en todos los sitios: en el último presupuesto autonómico catalán, por ejemplo, suben los impuestos autonómicos y aumenta en 1.200 millones de euros el gasto sanitario. En Madrid bajan impuestos haciendo dumping fiscal entre territorios y en nombre de una supuesta libertad recortan los servicios sanitarios universales.

Salimos de la pandemia con un sistema sanitario muy tocado, con un personal en burnout, muy quemado. En algunos hospitales las renuncias del personal de enfermería han llegado al 20%. El personal médico mal pagado y con más guardias que en la antigua mili. 

La gota que colmó el vaso en Madrid fue el plan de abrir centros de urgencia extrahospitalaria y de atención rural, sin médicos en pueblos y barrios. La gente parece que lo tiene claro. Este domingo nos vemos en las calles en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad.

A millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país les está costando llegar a final de mes. Las “cosas del comer” están en juego y la crisis de inflación y precios que estamos viviendo a nivel europeo y en el mundo occidental, agrava aún más la situación. Y que ninguna persona trabajadora, ni ninguna familia se quede atrás, ese es nuestro objetivo diario. Y por eso nuestro gran caballo de batalla es la justa lucha por el aumento de salarios - en general - y, además del aumento, comprometido por el Gobierno, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Tan cierto es que estamos ante una grave crisis inflacionista como que por primera vez se han superado los 20 millones de cotizantes en España, que el paro ha bajado por debajo de los 3 millones, que los contratos indefinidos han pasado del 8 al 50%, que el turismo ha sido este verano de más del 25% que el 2019 y que la mayoría de empresas están en récord de beneficios y dividendos.

En ningún caso los salarios son causa de la inflación. El salario real está estancado desde el 2008 y el salario pactado por convenio solo ha subido un 2’8% mientras que en España tenemos una inflación que sobrepasa del 10%. Las causas de la inflación vienen de un contexto de transformación y digitalización de la economía, de la caída de la cadena de suministros globales tras la pandemia, y sobre todo de la crisis energética agravada por la guerra de Rusia contra Ucrania, y aún más por el traslado de esta situación a los precios finales en la mayoría de empresas para mantener sus márgenes y beneficios. La inflación de segunda ronda no la están generando los salarios, sino los beneficios empresariales.

Ante esta situación, subir los salarios es ya una necesidad económica y social de primer orden, pero controlar los precios también. Lo que no se entiende es por qué la patronal sigue negando a las personas trabajadoras que puedan recuperar poder adquisitivo o, al menos, que no sufran una flagrante pérdida del mismo de forma tan inmediata, hecho que castiga el consumo interno y frena la economía. Son viejas recetas antinflacionistas del siglo XX.

Es importante volver a recordar que la CEOE lleva bloqueando durante meses la negociación colectiva. Ya se van a cumplir 4 meses desde que el pasado 5 de mayo se levantaron de la mesa de un acuerdo salarial global. Como es sabido, desde los sindicatos llegamos a un acuerdo para proponer a la patronal una subida salarial del 3,5% para este año, del 2,5% en el año 2023 y del 2% para el 2024, unido a una cláusula de revisión salarial anual para que las personas trabajadoras puedan recuperar ese poder adquisitivo, incluso que no sea toda la recuperación entera el primer año, si no diferida. Con un IPC que está superando el 10%, nos parece razonable y prudente, pero la CEOE no aceptó nuestra propuesta.

El encarecimiento de la vida anticipa un otoño de conflictividad laboral: un otoño caliente para frenar un frío invierno. Y estas movilizaciones son un preludio de lo que va a ocurrir en el conjunto de Europa y en España si la patronal no se sienta a negociar los convenios y no somos capaces de trasladar a los salarios el incremento del coste de la vida. Porque no puede ser que de nuevo sea la ciudadanía la que tenga que pagar los platos rotos de otra crisis económica. 

Nuestra máxima prioridad, por tanto, es esta lucha por el aumento de salarios, en la negociación de los convenios colectivos; y, también en la subida del SMI a 1.100€ que aún debe hacer el Gobierno de España, tal y como prometió, porque no hay que dejar atrás a las personas que menos cobran en este país.

A ello se le suma la escalada del euríbor y la continuada inflación desbocada. Por eso, la subida del SMI es fundamental. No tiene sentido decir por la mañana que no vamos a dejar a nadie atrás y por la tarde que las personas de este país van a perder un 5% de poder adquisitivo. El SMI afecta a 3,5 millones de personas que tienen muchos problemas, que lo están pasando realmente mal y que tienen que ver aumentado su nivel de vida tras la crisis que hemos pasado. Hay que proteger a las personas que cada día son más vulnerables y a las familias. El Gobierno tiene ahora mismo una gran responsabilidad, y debe cumplir con la ciudadanía.

Los sindicatos seguiremos estando presentes en todas las luchas que sirvan para mejorar la vida de las personas trabajadoras, y para exigir mejores sueldos y mejores condiciones laborales. Si la CEOE no cambia su postura, desde los sindicatos pediremos a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país que salgan a las calles.

No podemos permitir que la clase trabajadora se empobrezca en este escenario de crisis. Es fundamental para el país que la CEOE se siente a negociar y entienda la importancia de garantizar la capacidad adquisitiva de los y las trabajadoras, ya que es una cuestión de justicia social que además contribuirá a generar consumo y empleo. Desde la UGT lucharemos para que ningún trabajador o trabajadora se quede atrás. Entendemos que esta crisis no debe pagarla la clase trabajadora que ha estado a la altura, una vez más, durante la pandemia del coronavirus que tanto daño hizo al mundo. Hemos hecho propuestas razonables a la CEOE, pero es difícil llegar a un acuerdo si una de las partes no tiene voluntad de negociar. Repito, lo que no se puede permitir es que los esfuerzos siempre tengan que hacerlo los mismos, que la balanza siempre se incline hacia el mismo lado. Apostamos por el diálogo, pero si la otra parte se cierra en banda, nos tendrán en las calles.

Decía el poeta Mario Benedetti que debemos “defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas”. Pero algunos no quieren que seamos felices, y nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis catastrófica (por cierto, los mismos que en la otra crisis decían “que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”), que llegará de forma inminente después del verano. Quieren que no disfrutemos del verano. Esto lo dicen los mismos que, en unas pocas manos, acaparan la mayor parte de la riqueza, y lo dicen también los que amparan, política y mediáticamente, a los anteriores. 

Es tan cierto que estamos ante una crisis galopante de la inflación, soportada hasta ahora solo por las trabajadoras y trabajadores, una crisis energética y del colapso de la cadena global de suministros como que, en España por primera vez, se ha pasado de los 20,3 millones de cotizantes en la Seguridad Social, ha bajado el paro, se crea empleo, se han hecho casi 4 millones de contratos indefinidos, impulsados por nuestro acuerdo de la Reforma Laboral. Y desde Semana Santa, la subida del turismo es un 25% más alto que en el 2019 antes de la pandemia – parece que se alargará hasta octubre. 

Pero no nos vamos a resignar a estos discursos catastrofistas que piden la austeridad social a los de abajo mientras ellos siguen derrochando. Discursos impregnados, de manera implícita o explícita, de la vieja receta ideológica neoliberal de siempre.

Sabemos que hay dificultades en nuestro país y que hay cosas que mejorar socialmente, pero hay señales de progresos laborales y económicos evidentes.

Es resumen, hay nubes, sí, vivimos el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania con gran cercanía, pero también hay un estado con record de ingresos fiscales, vía impuesto de sociedades –los beneficios empresariales están altísimos-, vía IVA por la inflación, vía IRPF crecimiento del empleo, y también se tiene que poner en valor la llegada de los fondos de resiliencia europeos. La causa prima de la inflación es la crisis energética y de suministros, y el mantenimiento y crecimiento de los beneficios empresariales. No se trata de repartir los costes de la inflación, sino de que la paguen los que la crean sin castigar la capacidad de consumo ni empobrecer a la sociedad y los sectores populares. Hay una receta progresista para la inflación: control de precios, límite a los beneficios empresariales, y escudo social. Y convenios colectivos con subidas responsables y cláusula de revisión a final de año para no perder poder adquisitivo ni parar la economía.

Por eso, volviendo a Benedetti y siguiendo con su poema, debemos “defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas” de los agoreros partidarios de la austeridad para los trabajadores y las trabajadoras. En definitiva, debemos defender la alegría y nuestro derecho a disfrutar del verano, de los 30 días de vacaciones pagadas, que, sea dicho de paso, es una de las grandes conquistas de la lucha sindical.

En estos días, se discute con mucha intensidad la necesidad y extensión de la derogación de la reforma laboral del 2012. Antes de comenzar a enunciar algunas de las cuestiones que más nos preocupan desde UGT en relación al texto fruto de la actuación del Gobierno del Partido Popular en la anterior crisis, es necesario situar el nacimiento del cambio legislativo que supuso la reforma y sus consecuencias. La reforma laboral de 2012 fue fruto del unilateralismo, aplicado por el PP y dejando de lado el diálogo social y el acuerdo. Frente al consenso que ahora se exige, en ese momento se llevó a cabo una reforma que reducía el papel de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva y favorecía el dumping social entre otras notables consecuencias, al impulsar, a través de la prioridad del convenio de empresa en materia salarial, a las compañías a competir en ese ámbito, arruinando la estructura negocial sectorial. Poco hay que decir de sus logros, la temporalidad siguió en porcentajes superiores al 26%, redujo el empleo de calidad y retrasó la recuperación de las rentas del trabajo a años muy posteriores a los del crecimiento económico iniciado en 2014, reduciendo el peso de las rentas del trabajo en el PIB. Aumento, en suma, de la desigualdad.

Si me preguntan qué es lo que hay que derogar de la reforma laboral, debo contestar que en su integridad. Y, realmente, me parece sorprendente que en aras de un consenso que no existió para su imposición, se justifique su permanencia. No olvidemos que la patronal apoyó la reforma del 2012, a pesar de que fue fruto de una decisión no negociada.

Sin embargo, la eliminación y cambio de algunas de las cuestiones que más daño está causando la aplicación de la legislación actual, fruto de la reforma laboral, es más que necesaria.

En primer lugar, en relación a la negociación colectiva. La reforma laboral quebró el precario equilibrio entre empresa y parte social en ese ámbito. El establecimiento de la prioridad del convenio de empresa, por ejemplo, propició la multiplicación de las empresas multiservicios, la competencia basada en la mano de obra barata y el dumping social (que tanto echamos en cara a los países del Sudeste Asiático). Además, desarticuló la negociación colectiva sectorial, tan necesaria para garantizar los derechos de las personas trabajadoras. Cercenar la ultraactividad situó a las personas trabajadoras ante el filo del abismo en la negociación: o negocias a la baja o pierdes las condiciones adquiridas. Todo ello, con un propósito muy claro, reducir las condiciones de las personas trabajadoras con el fin de hacer a las empresas españolas más “competitivas” no en tecnología o innovación, sino en salarios. Se crea un nuevo segmento de personas trabajadoras, aquellas que no pueden mantener una vida digna con su trabajo.

En segundo lugar, en lo que se refiere a los mecanismos estructurales de ajuste. Siguiendo la estela, hay que reconocerlo, de la reforma del 2010, el despido colectivo se convierte en una herramienta más al servicio de la empresa, que puede utilizarse con la misma facilidad que una suspensión, una reducción temporal de jornada o el desenganche del convenio colectivo. El instrumento más duro de ajuste se convierte en un plato más del menú legislativo de reestructuración empresarial: se suprime la aprobación laboral previa, se suavizan las causas, se limita el control judicial y, también, de la parte social. Todo ello con el indisimulado propósito de facilitar el despido de cientos de miles de trabajadoras, problema que evidentemente aún arrastramos. Porque los legisladores del 2012 partían de la alucinada idea de que facilitar la salida del mercado de trabajo permitiría la creación de empleo. Lo único real fueron los despidos indiscriminados y la precarización absoluta de nuestro mercado de trabajo. La realidad nos mostró que solo cuando se recuperó la economía se consiguió crear empleo (y no precisamente de calidad). La reforma laboral en este ámbito solo sirvió para debilitar a la parte social y permitir actuaciones empresariales en contra de los intereses del país como Alcoa o Nissan. Al fin y al cabo, lo que se buscaba desde el Gobierno por aquel entonces.

La legislación, fruto de la pandemia de la COVID-19 que hemos vivido en el último año y medio, que ha privilegiado los mecanismos de ajuste temporal, nos ha demostrado que la regulación actual es inadecuada, insuficiente e injusta. Y también nos ha demostrado que solo mediante la negociación y la participación en ella de los agentes sociales será posible alcanzar acuerdos que favorezcan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Tan solo he de mostrar mi desagradable sorpresa cuando se mantiene el sostenimiento de una regulación que solo contribuye a la desigualdad social, a la desintegración de nuestra industria y a la proliferación de conflictos sociales. Por cabezonería o ignorancia, cada día que se mantiene en vigor la reforma laboral aumenta la desigualdad y la pobreza. Y eso, afecta a todos. Llegará un día en que, si no actuamos inmediatamente, lamentaremos amargamente no haber efectuado el giro social y humano que este país necesita.

El camino hacia un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) digno debe proseguir y no detenerse de ningún modo. Actualmente, este índice se encuentra en 950 euros/mes, marcando un enorme avance del 45% respecto a los 655 euros de 2016, pero hay que dejarlo claro: con 950 euros al mes no se puede garantizar un estándar de vida digno.

En la reunión de este 15 de diciembre, con el Gobierno, se nos ha prometido que el SMI no será congelado, y que veremos una subida que, no obstante, no lo hará llegar a los 1.000 euros/mes que demandamos.

La negociación continuará la próxima semana pero eso no nos puede hacer olvidar que seguimos notablemente por debajo de los sueldos mínimos de nuestros vecinos europeos (que se encuentran por encima de 1.300 euros al mes en Francia, Alemania, o Bélgica, computando 14 pagas al año como en España) y, a pesar del avance, sigue habiendo personas en España que no llegan a ser mileuristas, cobrando menos de 1.000 euros, algo totalmente inaceptable en 2020.

Buena parte del problema tiene sus raíces en la nefasta Reforma Laboral y la consiguiente quiebra de la negociación colectiva, por lo cual pedimos reiteradamente su derogación con el silencio, hoy ya cómplice, del Gobierno, lo que nos sitúa ante un escenario impredecible. Parece que de nuevo se quiere que la salida de una crisis descanse sobre los hombros de la clase trabajadora.

Por ello, desde UGT seguimos exigiendo el aumento a los 1.000 euros al mes en el SMI de 2021, acompañado de un plan de aumento y consolidación para los próximos años que lo haga equivalente a, al menos, un 60% del salario medio del país (actualmente hablamos de un 50,2%, en bruto). Con el precio actual de la vida, está claro que un sueldo de 1.000 euros no permite alquilar una vivienda y poder vivir de forma independiente, cubriendo todos los gastos. Y es que una vida digna es más que trabajar para tener techo y comida.

Respecto de los argumentos económicos liberales en contra, el tiempo ha desmontado todas las teorías que afirmaban que la subida del SMI iba a ser catastrófica para nuestra economía. De hecho, estos mejores sueldos han reforzado la demanda, el crecimiento y han generado un empleo estable, aunque aún quede mucho trabajo por hacer. Por tanto, nos plantamos ante la crisis del COVID-19 con el mismo planteamiento que con otros retos en el pasado: no pueden pagar la crisis quienes menos tienen. Es inaceptable. El SMI es un instrumento inapreciable de solidaridad y de distribución de riqueza.

La crisis ha provocado un aumento de la desigualdad y la pobreza, según destaca un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una de cada cinco personas en España se encuentra en riesgo de pobreza. Un gobierno de progreso no puede hacer oídos sordos a las necesidades de las personas. Un gobierno de progreso no puede vincularse a teorizaciones vacías que solo defienden intereses de casta.

Esta semana una noticia del periódico llamó mi atención. El Instituto Oceanográfico, una institución de más de 100 años de historia, se encuentra en una crisis inédita. Sus gestores han dimitido, al parecer incapaces de enderezar el rumbo errático que seguía la Institución. Obligada a devolver millones de euros de programas europeos por no tener la flexibilidad suficiente para poder desarrollarlos, ahogada en trámites que impiden finalizar a tiempo un proceso de selección, carentes, paradójicamente de fondos para poder asumir los gastos más inmediatos. La triste noticia me recordó una reunión que tuve antes del inicio de la pandemia con un pequeño grupo de personas dedicadas a la ciencia en nuestro país y que prestaban sus servicios en diferentes entidades públicas.

Me hablaron de un personal con talento incapaz de efectuar su actividad atenazados ante una burocratización tan absoluta que convierte el más ínfimo expediente de compra de un recurso en un verdadero suplicio; de subvenciones y ayudas europeas a programas que se deben dejar pasar o devolver porque nuestra administración es incapaz de tener la agilidad para implementarlos; de unas entidades científicas carente del personal de apoyo debido a las constantes políticas de congelación de empleo público; de unas infraestructuras en equipamiento y sistemas obsoletas e ineficientes.

En fin, de un personal investigador que emigra ante la imposibilidad de prestar sus servicios y conocimientos en un país que carece de la mínima capacidad para aprovechar los recursos que se ponen a su disposición. De un personal en cuya formación hemos invertido mucho tiempo y dinero y cuyas contrataciones son limitadas al máximo, o precarizadas de forma inexplicable, en base a unos criterios heredados de la crisis del 2012 que se han perpetuado sin razón ni sentido.

La situación en la esfera privada no es mucho mejor. Nuestras PYMES no son capaces de integrarse en la nueva ola tecnológica. Las empresas españolas están por detrás de la media europea en el reto de la digitalización y son una excepción aquellas que aportan recursos financieros y trasladan sus necesidades a los agentes productores de ciencia y tecnología con el fin de orientar sus líneas de investigación e impulsar la innovación. Solo un dato, en 2018, tuvimos un 45% menos patentes que en 2011.

El debate sobre la ciencia en nuestro país es eterno, pero durante demasiado tiempo nadie ha cogido las riendas y ha puesto solución a los problemas existentes. Es hora.

Este jueves firmé un acuerdo importante que contiene sonoras palabras acerca de temas importantes, pero ya tal vez demasiados manoseados, como la investigación y el I+d+i como base de la necesaria reconstrucción.

Pero me pregunto, si seremos capaces de llevar a cabo objetivos aparentemente tan sencillos como flexibilizar nuestros procedimientos de gestión de los programas de investigación, o retener o recompensar el talento científico. Sentar, en suma, las bases de una nueva política científica y de innovación para España e implementarla. Desde UGT, apostamos por ello, y, en ello, estamos empeñados pero corresponde a las instancias políticas dar, de una vez, cumplida respuesta a esta insoportable problemática.

Nos encontramos inmersos en una crisis sin precedentes para las personas de nuestra generación. Su globalidad, la rapidez de su expansión, la incapacidad de dar una respuesta uniforme más allá de los límites de Estados tradicionales, la desigualdad social en su afectación, son rasgos que nos muestran con claridad que el modelo actual tiene unas importantes debilidades que pueden llevarnos a todos a consecuencias dramáticas.

En nuestro país, estamos aún inmersos en la crisis sanitaria, va a costar mucho salir de ella. Pero ya se van apuntando declaraciones, muchas veces encontradas, respecto al camino a seguir una vez que la senda de la epidemia permita tomar otras medidas. La lectura o escucha de la mayor parte de los discursos me dejan perplejo. Parece que no se ha aprendido nada de esta lección. La mayor parte de las propuestas se limitan a tímidas estrategias de vuelta a una “normalidad anterior” bajo el artilugio del consenso. Y ello, a pesar de que hemos advertido, entremos o no en el debate de gestiones anteriores, que los recursos dedicados a la sanidad pública son completamente insuficientes y que ésta es imprescindible; que existen ámbitos productivos en la industria que han sido abandonados a un mercado basado en el dumping social, con la consecuencia de la inexistencia de tejido productivo en sectores estratégicos laminados por una competencia imparable. Hemos constatado, también dolorosamente, que la apuesta por una economía basada en el sector servicios y que abandona el sector industrial al “libre mercado” supone un desastre para nuestras aspiraciones de construir una sociedad avanzada; que, frente a otros países en la misma situación, nuestra legislación laboral favorece la destrucción masiva de puestos de trabajo. De nuevo, y parece que no nos cansamos, hemos sufrido la dura enseñanza de que dejar al mercado actuar con plena libertad desampara de forma absoluta a los más expuestos.

Son muchas las lecciones que podemos sacar de esta crisis. Demasiadas para dejarlas caer en saco roto. La estrategia de salida de la crisis no se puede limitar a una serie de recetas que nos pretendan situar en un “ideal” mundo anterior a la epidemia. La intervención del Estado en sectores estratégicos de la industria, suministros esenciales, servicios bancarios, es imprescindible para asegurar una respuesta adecuada a esta crisis, pero también para modificar el erróneo camino que seguíamos hasta ahora. Nuestra legislación laboral debe cambiar. No vale para momentos de crisis, tampoco para momentos de bonanza. Solo se ceba en los más indefensos. Es también esencial un cambio en la política fiscal que determine mayores recursos para aspectos vitales para nuestra sociedad como la sanidad pública y la investigación. La caridad no puede sustituir a la justicia. Y lo que no es menos importante, Europa no puede abandonarse a las insolidarias soluciones de nación; eso supondría el fin de un proyecto histórico valiosísimo que ha dado paz y riqueza a nuestro continente.

Siempre es hora de reflexionar sobre el futuro, eso es lo que caracteriza a los hombres de Estado, pero con soluciones distintas. El modelo adoptado tiene demasiadas fisuras. No persistamos en el error.

Europa está viviendo dos crisis que se solapan. Una crisis provocada el coronavirus, y otra, que más que una crisis es un escándalo vergonzoso, por la situación de las personas migrantes y refugiadas (hay que recordar que en su mayoría es gente que huye de la guerra y busca asilo) en la frontera griega. Dos crisis que se pueden ver agravadas por otra tercera: las consecuencias del Brexit.

La preocupación es evidente, y así se está demostrando este lunes en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que soy vicepresidente, donde estamos debatiendo sobre estos y otros pasos a seguir, pensando en la salud de todos los trabajadores y trabajadoras, pero también en sus empleos y sus salarios, y en las consecuencias sociales, laborales y económicas de esta situación.

La frontera de Grecia con Turquía no es sólo frontera griega, sino de la Unión Europea (UE), y por eso toca a la UE mover ficha. El acuerdo con el presidente de Turquía, como denunciamos en su momento, era un mal acuerdo sometido a la voluntad de una persona tan poco de fiar como el Recep Tayyip Erdogan. El ominoso trato que se da a los migrantes se agrava ahora con las bombas de humo y gases lacrimógenos que se les arroja desde Turquía y con los que se impide su llegada a Grecia.

Grecia es un buen ejemplo de lo que se ha hecho en el continente con las políticas de austeridad que recortaron servicios públicos e impidieron e impiden que los estados puedan dedicar fondos para este tipo de asuntos al contabilizarse como gasto público a la hora de presentar cuentas para el semestre. Así que en Grecia tenemos un drama humanitario propiciado por la política vergonzosa de la UE que se expresa en servicios públicos recortados, austeridad que impide la acción política, una Unión Europea que mira para otro lado.

Se pone de manifiesto que este precario estado en el que se encuentra el mundo tiene mucho que ver con una globalización que siempre ha sido avariciosa, que pretende quedarse con todo y para unos pocos. Una globalización que ha conseguido que en la UE no sólo falten ya piezas para las fábricas europeas, sino incluso alguno de los agentes que se utilizan para fabricar medicinas.

La misma forma de globalización que con sus políticas austeras-cicateras buscaba descentralizar la negociación colectiva y debilitarla, y que ha provocado el empobrecimiento masivo de los trabajadores y trabajadoras y de las sociedades en las que viven.

Me gustaría pensar en positivo y creer que la omnipresente crisis del coronavirus es una oportunidad para darle la vuelta a las cosas, para romper de una vez por todas con el austericidio, para poner en primer lugar a las personas.

Es por ello por lo que exigimos que se permita a los Estados miembro de la Unión destinen recursos para frenar estas catástrofes sin que se les penalice por ello; que la UE ponga a disposición fondos (incluido el gran monto que atesora el Fondo de Estabilidad) ; que el Banco Central Europeo intervenga mediante estímulos económicos; acabar ya con las políticas de austeridad, tanto en lo que se refiere al gasto como en lo que tiene que ver con los servicios públicos (y la calidad del empleo); que los Estados de la Unión garanticen no sólo las prestaciones existentes sino que se constituya un fondo especial para que los trabajadores y trabajadoras (incluidas las personas autónomas) perciban el 100% de sus retribuciones si se vieran afectados por la enfermedad o la cuarentena; que se frenen de inmediato los expedientes de regulación de empleo (temporales o definitivos) que puedan llevarse a cabo al calor de la crisis del coronavirus; etc. Por cierto: un buen momento éste para recordar a los cada vez más trabajadores de las plataformas que, en gran medida, están constituidos por falsos autónomos: ¿qué prestaciones recibirá un rider en cuarentena?

Quiero celebrar los primeros anuncios de la Comisión Europea. Ahora bien, Europa necesita una política estratégica y coordinada para afrontar este problema, y no sólo medidas paliativas y de carácter aislado. Debemos observar este problema desde la óptica de la globalización.

Es fundamental crear estabilidad y confianza, para evitar colapsos y situaciones como la crisis de 2008 y 2011. Igual que la Troika actuó en su momento, imponiéndonos medidas de austeridad, en esta ocasión debería actuar de manera coordinada precisamente para todo lo contrario: evitar la asfixia y el colapso del sistema económico europeo.

Por todo esto, tenemos que volver a la negociación colectiva y al diálogo social, para tomar todas estas medidas de manera consensuada, con la participación de los agentes sociales, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, fundamentales para negociar y vertebrar en el ámbito laboral y económico las medidas que se adopten. La recuperación del consenso es esencial para afrontar una amenaza de estas características.