De África no solo parten migrantes, según las Naciones Unidas, también lo hacen 50.000 millones de dólares anuales en forma de flujos financieros ilícitos, casi un tercio del presupuesto anual de la Unión Europea. Si atendemos a esta cifra podría decirse que a cada persona migrante que huye de África le corresponden alrededor de 260 mil dólares de esos recursos que África ha dejado de recaudar y que se podrían haber invertido en políticas sociales y de bienestar. 

Los flujos financieros ilícitos son dinero negro, es decir, recursos que proceden del fraude fiscal. Según las Naciones Unidas, la mayoría de estos flujos provienen de la corrupción, de la evasión de impuestos de compañías multinacionales o del crimen organizado como el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo. El fraude fiscal mina las capacidades de desarrollo de los países, implica recursos que los Estados dejan de recaudar y que podrían haberse utilizado para financiar políticas públicas para la gente. Como señala un informe de la OCDE de este mismo año, los flujos financieros ilícitos lastran el crecimiento económico, la gobernanza democrática y el estado de derecho de los países; la debilidad de estos tres elementos es, a su vez, un importante factor que empuja a las personas a migrar. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2017 llegaron a Europa cerca de 186 mil personas migrantes a través de rutas mediterráneas. Estas personas arriesgaron sus vidas para llegar a Europa huyendo de la pobreza, la violaciones de derechos humanos  y la falta de oportunidades económicas. Todas estas causas se podrían mitigar desde Estados democráticos y de bienestar sólidos. Es precisamente esto lo que convierte en inadmisible que desde los países ricos se mire hacia otro lado ante los 50.000 millones de dólares que se fugan anualmente de África hacia países ricos. Sin duda, no estamos ante una crisis de número de migrantes, sino ante una crisis de coherencia, solidaridad y redistribución. 

A través de impuestos las personas migrantes devuelven a los países receptores más de lo que reciben, lo han demostrado investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.  También sabemos que las remesas que se envían de vuelta a casa suponen tres veces más que la ayuda oficial al desarrollo a nivel global. Tanto es así que, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la migración es positiva para los países de origen, de tránsito y de destino. No es la migración per se, sino la causas raíz que fuerzan a la gente a migrar contra su voluntad lo que debe combatirse. La debilidad de Estado que produce el expolio de los flujos financieros ilícitos es una de estas causas. En este sentido, se precisa combatir el fraude fiscal de manera integral y coherente a nivel global. 

Quienes desde su posición de poder han participado o facilitado estos flujos de dinero en B, o incluso obviado su responsabilidad a la hora de atajarlos, son cómplices del empobrecimiento de África y, en consecuencia, de que miles de personas se vean forzadas a abandonar sus hogares. Los imprescindibles esfuerzos políticos y legislativos que se han promovido para fomentar la transparencia de las acciones de nuestras multinacionales, como la Directiva Europea sobre obligaciones para la publicación de la información financiera de las empresas desglosada por países, o la Directiva contra el blanqueo de capitales, son sistemáticamente saboteados por aquellos mismos que, aduciendo al falso efecto llamada provocado por las acciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, solo buscan su rédito político en base al discurso del miedo y la xenofobia. Sorprende y no sorprende que sean los mismos que han recortado en servicios públicos en España y han forzado a miles de nuestros jóvenes a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Mientras lo hacían financiaban sus partidos en B, otorgaban amnistías fiscales a sus amiguetes defraudadores y utilizaban lo que es de todos para su beneficio particular privatizando lo público y otorgando contratos a las empresas de sus colegas llevándose la mordida a Suiza. Son más amigos del fraude fiscal que de los derechos humanos.

En un contexto de crecientes retos globales donde las desigualdades y la pobreza van en aumento, donde la sostenibilidad del planeta está en juego y donde millones de personas se ven forzadas a migrar, es de sentido común que la política de cooperación al desarrollo sea coherente y eficaz. Lamentablemente, los términos que mejor describen la actual política de cooperación española son recortes y privatización. El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) es el instrumento de la cooperación española que abandera esta deriva.

Se podría esperar que, bajo las actuales constricciones presupuestarias, se estuviese trabajando arduamente para maximizar la eficacia de cada céntimo de ayuda al desarrollo, pero no es así. FONPRODE, uno de los instrumentos más considerables de la política de cooperación de este gobierno lo ejemplifica, un instrumento financiero que utiliza subvenciones públicas provenientes de partidas de ayuda oficial al desarrollo (AOD) para apalancar o atraer inversión privada. Sin embargo, despierta serias preocupaciones.

Camuflado bajo los objetivos de erradicación de la pobreza, reducción de las desigualdades, promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, FONPRODE realiza operaciones de deuda y de capital, como créditos blandos o concesionales Estado-Estado, créditos a instituciones financieras internacionales como al Banco Mundial o participaciones en fondos de inversión, FONPRODE es el instrumento de cooperación reembolsable que imita los programas de blending de la Comisión Europea de combinación de subvenciones públicas con financiación privada. FONPRODE usa la AOD como salvaguarda al riesgo intrínseco de toda inversión privada, lo que en última instancia puede derivar en la indignante paradoja de privatización de beneficios y socialización de perdidas.

Existe una fuerte contradicción entre el funcionamiento de FONPRODE y los principios internacionales de eficacia de la ayuda al desarrollo, puesto que las inversiones de FONPRODE brindan una nula capacidad de apropiación a los países receptores y obvian sus estrategias nacionales de desarrollo. Los Estados que reciben esta modalidad de ayuda juegan un rol nulo en la planificación y el desarrollo de los proyectos, puesto que no eligen, en qué sectores, ni en cuales de sus territorios sería óptima su implementación.

No solo la eficacia de FONPRODE como instrumento para alcanzar los objetivos de la política de cooperación al desarrollo está en entredicho, también lo está su capacidad de generar recursos adicionales para el desarrollo sostenible. En primer lugar, resulta demasiado complejo comprobar que su acción supone un verdadero valor añadido, dado que es imposible asegurar que la inversión privada no se realizaría sin el apoyo público; y en segundo lugar, su impacto en los objetivos de desarrollo muchas veces se basa, algo sobre lo que ya alerta el informe del Consejo de Cooperación al Desarrollo, en juicios equivocados, por ejemplo: ciertas actividades de FONPRODE afirman que presentan un “comportamiento neutral” desde la perspectiva de la promoción de la igualdad de género simplemente por no alterar el predominio masculino en el empleo generado, por el contrario esto potencia la desigualdad pre-existente.

Por si todos esto fuese poco para estar preocupados con el uso que hace FONPRODE de la ayuda al desarrollo, en 2016 un informe del Tribunal de Cuentas alerta de la participación de este instrumento en fondos de inversión que operan en paraísos fiscales. Lejos de haberse corregido, este riesgo sigue existiendo hoy dada la escasa transparencia y falta de información de sus actividades, algo que el propio informe de 2018 del Consejo de Cooperación Española sobre la actividad del instrumento denuncia.

Ademas, el Gobierno de España utiliza este polémico instrumento para la promoción de la empresa española a expensas de partidas que deberían ir destinadas a la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Desde 2014 la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), controlada por el Ministerio de Economía y que, como afirma en su propia web, tiene por objetivo internacionalizar la empresa española, juega un rol importante en FONPRODE. En COFIDES participan entre otros el ICO, el Banco Santander o el BBVA. Este uso de la AOD donde sus objetivos se pervierten supone un fraude a los contribuyentes, que en su amplísima mayoría respaldan la política de cooperación y son conscientes de su importancia para un orden justo.

La financiación al sector privado no es algo nuevo. Desde hace décadas los gobiernos donantes y las instituciones multilaterales de desarrollo conceden subvenciones y préstamos a empresas privadas que operan en países en desarrollo. La propia Agenda 2030 de las NNUU reconoce que el sector privado puede jugar un rol en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero solo un sector privado regulado, responsable y que atienda a los principios internacionales de eficacia del desarrollo puede desempeñar ese rol, todo lo demás es un acto de fe.

El próximo día 16 de mayo el Congreso de los Diputados evaluará el informe de actividad de FONPRODE correspondiente al año 2016. Es un buen momento para que el Gobierno empiece a reconocer sus errores. Debe asegurase la coordinación y coherencia de los distintos instrumentos para la cooperación al desarrollo, evaluarse su impacto, garantizar su alineamiento con los principios internacionales de eficacia y desterrar cualquier uso espurio de las ya muy mermadas partidas presupuestarias para la ayuda al desarrollo, que desde 2009 se han recortado en más de un 70%. Urge una visión estratégica y coherente en nuestra política de cooperación al desarrollo, no solo para cumplir con nuestros compromisos internacionales en la materia, como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, sino, especialmente, para hacer frente a los crecientes y muy preocupantes retos a los que se enfrenta el planeta. Esa es la Marca España que este país se merece.