La ejecución de los proyectos científicos y el avance de las distintas líneas de investigación se enfrenta en estos momentos en nuestro país a un calvario burocrático que obliga a devolver fondos por no poder gastarlos, a cancelar compromisos de colaboraciones internacionales por no poder ponerlas en práctica y a dejar sin contratar a cientos de personas durante meses a pesar de contar con el dinero para hacerlo. La aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público se ha añadido al elevado nivel de burocratización que arrastra la ciencia española durante los últimos años. La transposición de esta directiva europea sin la exención para actividades de I+D+i de otros países europeos amenaza con paralizar la actividad de la mayoría de las instituciones públicas de investigación.

Miembros de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) nos hemos organizado en una plataforma para aunar esfuerzos en comunicar los problemas y en identificar las posibles soluciones. Hemos tenido reuniones con los principales grupos políticos y seguiremos teniéndolas tanto para hacerles llegar nuestro mensaje como para escuchar sus posiciones y aprender de su experiencia en la negociación parlamentaria de cuestiones complejas. Estamos abordando cuestiones que competen a más de un ministerio y que tienen implicaciones en muchos sectores y ámbitos. Hay que tejer acuerdos y alianzas. Y hay que hacerlo rápido porque la situación es insostenible para muchos OPIs y porque cada día que pasa se pierden oportunidades muy valiosas de recuperar la inversión pública en investigación y de incrementar la inversión privada.

Hemos tenido un recibimiento muy amable y hemos podido constatar un buen conocimiento por parte de los responsables de los grupos políticos al interpretar la situación de la ciencia española. El mensaje de la plataforma de OPIs se sitúa en estos momentos fuera de la petición de una mayor financiación pública de la investigación, aunque esta financiación hace mucha falta: España invierte la mitad en relación a su PIB que los países de su entorno, la tendencia está siendo a disminuir esta cantidad, y con las dificultades para ejecutar los presupuestos la diferencia aun es mucho mayor. El mensaje se está perfilando ahora en la noción de ganar eficiencia con los fondos que ya hay, muchos de los cuales los conseguimos los propios científicos en convocatorias competitivas, nacionales e internacionales como el H2020 europeo. El que los fondos se puedan ejecutar con agilidad y prontitud no es un capricho. Esa gestión ágil permitiría un retorno económico no solo en forma de resultados concretos como patentes, publicaciones y tesis doctorales sino también en forma de colaboraciones internacionales y convenios con entidades privadas que traen asociadas muchas formas de riqueza a nuestro país, además de dinero para la propia investigación científica de calidad. La situación que padecen muchos centros no es simplemente algo a mejorar de cara a un futuro más funcional y feliz: los diversos manifiestos publicados en los últimos meses por los distintos OPIs son auténticas llamadas de auxilio ante su colapso real.

Hay una breve relación de cuestiones concretas que evitarían miles de situaciones kafkianas que se viven a diario en los laboratorios y centros de investigación de toda España. Los OPIs consiguen dinero para la contratación de personal pero esta oportunidad para contribuir a mejorar el mercado de trabajo se ha transformado en una auténtica pesadilla (hacer un contrato en un OPI lleva hasta 36 trámites), y se tarda un mínimo de cinco meses en hacerlo realidad, llegando a superar el año en los casos más vergonzantes. A esto se suman dificultades insalvables para la adquisición de equipamiento y materiales, cuando se cuenta con la financiación adecuada y explícita para hacerlo. Trámites inacabables para solicitar y abonar análisis externos o servicios de alta tecnología con frecuencia muy caros. Requerimientos complejos para que otros centros puedan facturar al OPI que encarga la realización de un trabajo. Límites estrictos y terriblemente bajos en la cantidad total que se puede facturar a un mismo proveedor. Requerimientos de centralizar los pedidos de equipamiento a través de una central de suministros que tiene precios fuera de mercado y con frecuencia material obsoleto. Requerimientos de tramitar viajes como asistencias a congresos, expediciones científicas o reuniones de trabajo a través de una agencia de viajes, cuando en la mayoría de las situaciones el viaje saldría mucho mas económico y su tramitación resultaría mucho mas sencilla si los propios científicos lo pudieran hacer directamente, como hace hoy en día la mayoría de la población con sus viajes particulares. Y un larguísimo etcétera que obliga a los investigadores a dejar aparcados sus microscopios y desatender sus tareas científicas durante horas y días para en muchos casos encontrarse con una negativa al trámite iniciado o con unos plazos de ejecución tan lejanos que imposibilitan completar su trabajo y cumplir con los objetivos de sus proyectos.

Los investigadores españoles pedimos a las administraciones y al Gobierno que nos faciliten el hacer nuestro trabajo en las condiciones mínimas para poder contribuir al bienestar de la sociedad española de la manera más efectiva.

Hemos de reconocer una respuesta clara en nuestros interlocutores políticos: pronto nos dicen que la cosa está bastante difícil de conseguir. Del mismo modo que estamos viendo las dificultades para que los grupos políticos se pongan de acuerdo en cuestiones polémicas de actualidad y trascendencia, el que se pongan de acuerdo en liberar a los OPIs de la aplicación directa y estricta de la ley de contratación, por ejemplo, requiere de algunos ingredientes que no se prodigan en el Congreso de Diputados.

Hemos de reconocer también que se nos escapan muchísimos detalles técnicos. No nos queda más remedio que confiar en los técnicos de la administración a la hora de proponer soluciones concretas. Pero muchas de estas soluciones son pequeños parches que hacen honor al dicho “pan para hoy, hambre para mañana”. Y eso en el mejor de los casos ya que algunos centros no llegan ni “al pan para hoy.” Por eso tenemos que recurrir al diálogo con los políticos, para que adecúen las leyes y su ordenamiento a la realidad de la práctica científica, tal como hacen todos los países de nuestro entorno. Son ellos los que tienen la llave para desatrancar esta situación disparatada en la que uno de los actores que puede contribuir mucho a soslayar la crisis, el tejido científico-técnico de nuestro país, tenga que trabajar con las manos atadas a la espalda.

Hemos de reconocer, finalmente, que lo que haría falta en estos momentos es tan fácil de decir como difícil de lograr: necesitamos confianza, amplitud de miras, visión a largo plazo, y que nuestros políticos saquen a la ciencia de los enredos y las rivalidades espurias entre los distintos partidos para que se acepten las enmiendas que estos días se están preparando sin mirar quien las propone o quien sale más beneficiado con su aplicación.