Los cultivos de hoja de coca siempre estuvieron del otro lado de la frontera, en el lado colombiano. Allí también estaban los laboratorios de procesamiento de cocaína, la guerrilla, los paramilitares y todo aquello que no pertenecía a Ecuador.

Cada vez que los periodistas ecuatorianos cruzamos el límite fronterizo, algo que en algunos puntos era tan sencillo como atravesar un río, sin puestos de migración ni ninguna formalidad, se entendía que había cierto consentimiento del otro lado. Siempre nos acompañaba un lugareño que nos servía de guía y era también una persona de confianza del grupo que controlaba el territorio. Yo crucé para el otro lado en 2001, cuando se empezaban a sentir los efectos adversos de las fumigaciones aéreas que emprendió el Plan Colombia para erradicar los cultivos de coca. Portábamos unos pasaportes de paz que usaban algunas ONG en ese entonces, e íbamos a reunirnos con campesinos colombianos que sentían que el glifosato que les llovía del cielo también dañaba sus cultivos. Era una situación compleja, porque entre los cultivos lícitos estaban las plantaciones de coca que les dejaban más dinero. Sin vías de comunicación adecuadas para comunicarse con el resto de su país, para ellos era más fácil sacar hacia Ecuador un kilo de cocaína y venderlo al mejor postor. Así era la dinámica en la frontera. Y Ecuador dio la espalda a esa realidad.

El desaparecido equipo periodístico del diario El Comercio, integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, dio buena cuenta de esa realidad que se ha visto agravada desde finales de 2017 por el accionar de las bandas criminales formadas por los disidentes de las FARC: un grupo de entre 1.000 y 1.500 hombres que se negaron a dejar las armas tras la firma de los acuerdos de paz y que ahora disputan el control del territorio fronterizo y del narcotráfico, según la fundación colombiana Ideas para la Paz.

Coca y tráfico de armas

Fueron múltiples los reportes periodísticos que este equipo y su relevo hicieron sobre el tráfico de drogas y otros males como la minería ilegal y el tráfico de armas en la zona. Su trabajo empezó un día después del 27 de enero pasado, cuando explotó un coche bomba en un destacamento policial ecuatoriano de la frontera. Hablaron del despliegue militar, de las explosiones que hubo después, de las emboscadas y las bajas militares, del temor de los campesinos de la zona, y no tardaron en señalar a grupos armados y violentos como las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Clan del Golfo y el Frente Oliver Sinisterra. Y cuando este último grupo los secuestró y asesinó se convirtieron en noticia sin querer.

El líder del Frente Oliver Sinisterra es Walter Patricio Artízala Vernaza, un ecuatoriano de no más de 35 años. Se lo conoce como Guacho y habría sido parte del extinto Frente Daniel Aldana de las FARC. Es especialista en explosivos y conoce muy bien la zona de los cultivos de cocaína en el sur colombiano, según la información de Inteligencia que tienen Ecuador y Colombia. Llegó a la guerrilla en 2007 y permaneció allí hasta finales de 2016. En una entrevista con la cadena colombiana de televisión RCN, Guacho aclaró que se separó del grupo cuando se firmó el acuerdo de paz. Según dijo, considera que ese pacto solo favorece a los altos mandos de las FARC y no a los guerrilleros rasos.

Guacho ahora tiene en su poder a una pareja de ecuatorianos que estaban de paso por la frontera y sigue presionando al Gobierno ecuatoriano para que relaje los controles antinarcóticos. Pero las autoridades de Ecuador no se amilanan y tienen en su poder a 43 personas presuntamente ligadas a la organización. Además, a inicios del año la organización fue golpeada con la incautación de 7,5 toneladas de precursores químicos que iban destinados al procesamiento de cocaína.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, está decidido a dar guerra al narcotráfico. Ha sido muy frontal en acusar al Gobierno de Rafael Correa de “excesiva permisividad” con el tema de las drogas y se adelantan investigaciones casa adentro. En el campo de batalla lo principal es atrapar al exguerrillero Guacho, por cuya cabeza se paga en Ecuador 100.000 dólares y en Colombia otros 60.000. Pero su organización está considerada el brazo armado del Cartel de Sinaloa, según el fiscal colombiano Néstor Humberto Martínez. Esto hace suponer que Guacho seguramente tendrá recambio.

La presencia de los carteles mexicanos en Ecuador ha sido evidente en los últimos años. Desde 2013 ha habido 100 mexicanos detenidos por narcotráfico en Ecuador y 17 avionetas incautadas con matrícula mexicana, según la Dirección Nacional de Antinarcóticos. La última cayó en la costa ecuatoriana a inicios de marzo, con dos mexicanos a bordo. El ministro de Interior, César Navas, que también estuvo vinculado a la seguridad en el Gobierno anterior, ha reconocido a regañadientes que en Ecuador estarían operando los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Lo hizo durante un encuentro con prensa extranjera, el pasado 9 de abril.

Son los carteles los que quieren mantener el control en el sur colombiano (Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Catatumbo), que concentra el 73% de los cultivos de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Y Ecuador es clave para sacar la droga de la selva colombiana. Estas organizaciones criminales tienen habilitados dos pasos para sacar droga hacia México y Estados Unidos, según el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador. Estos son el corredor amazónico y el corredor del Pacífico. El primero nace en Puerto Asís (Putumayo-Colombia) y atraviesa las provincias ecuatorianas amazónicas hasta salir a los principales puertos del país, y el segundo nace en Tumaco (Nariño-Colombia) y avanza por la costa del Pacífico ecuatoriano hasta Perú. Por estos caminos ingresan las armas y precursores químicos imprescindibles para procesar la hoja de coca.

Es un negocio codiciado que no va a desaparecer de la noche a la mañana, mucho menos cuando la demanda en los países del norte sigue al alza. Por un kilogramo de clorhidrato de cocaína en Colombia se paga un promedio de 2.269 dólares, pero ese mismo kilo puede comercializarse en Centroamérica entre 2.800 y 10.000, y en México se puede vender por entre 15.000 y 17.000 dólares. En la Unión Europea el precio se incrementa hasta los 54.000 o 57.000 dólares, según la Unodc.

Para el analista colombiano Víctor de Currea-Lugo, especialista en conflictos armados y procesos de paz, se necesita una política de frontera que impida que las poblaciones de frontera sean reclutadas. “Fumigar no sirve, solo consigue reubicar los cultivos, no sirve tampoco criminalizar a pequeños productores y tampoco sirve la erradicación forzada de los cultivos”, señala. Los datos estadísticos disponibles indican que en ambos lados de la frontera casi el 80% de las personas tienen necesidades básicas insatisfechas. Pero eso parece no importar a los Gobiernos de Ecuador y Colombia, que tras la muerte de los periodistas solo dan cuenta de sus aciertos militares en el campo de batalla, mientras la población civil debe hacerse a un lado.

[Este reportaje ha sido publicado en el número 58 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]