En los últimos años se ha observado una feminización del proceso migratorio. Cada vez es mayor el número de mujeres que deciden abandonar sus hogares en busca de una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Según establece la ONU en su documento “Feminización de la migración”, en los últimos cuarenta años cada vez son más las mujeres que migran de forma independiente en busca de trabajo.

Históricamente la migración femenina ha sido invisibilizada, las mujeres eran percibidas como sujetos pasivos que acompañaban a sus parejas en su desplazamiento o que las esperaban con sus hijas e hijos. Los datos evidencian el papel primordial que tienen las mujeres en las distintas etapas del proceso migratorio, en el envío de remesas y en las tendencias del transnacionalismo contemporáneo. Por tanto, es importante tener en cuenta el género en las políticas migratorias que se establezcan.

En este sentido, el incremento del número de mujeres que deciden migrar está relacionado con los cambios globales de los mercados laborales. Concretamente, con la demanda masiva de mano de obra femenina de bajo coste proveniente de países empobrecidos para cubrir las necesidades de cuidados en los países ricos. Si bien es cierto que la migración puede representar una condición emancipatoria para muchas mujeres, también se dan experiencias donde se perpetúan estructuras de subordinación.

Así es como se construyen las cadenas globales de cuidado, sustentadas en la división internacional del trabajo reproductivo. Las mujeres y sobre todo los hombres de los países ricos que se lo pueden permitir delegan sus trabajos de cuidados a las mujeres migrantes, que a su vez delegan el cuidado de sus familias a las mujeres de sus propios países. Tan solo hemos de fijarnos cuando caminemos por la calle en quiénes están cuidando de nuestros mayores y de nuestros menores.

El acceso de las españolas al mercado laboral remunerado no se ha debido a una mejora en las políticas de conciliación o a la inclusión de los varones en las responsabilidades de cuidados. Se ha debido a la explotación de mujeres pobres y migradas que, sin posibilidad de acceder a otro tipo de trabajo, acaban entrando al servicio doméstico, un sector feminizado, infravalorado y poco regulado.

Migración femenina y pobreza laboral

Las mujeres trabajadoras migrantes, y especialmente las nacidas fuera de la Unión Europea, están entre las trabajadoras más explotadas y marginadas. Tal y como refleja el informe de Oxfam Intermón “Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa”, España tiene la tasa más alta de Europa de riesgo de pobreza laboral de las mujeres migrantes: una de cada tres trabajadoras está en riesgo de pobreza. Esto evidencia cómo la migración femenina se sustenta en la reproducción y explotación de las desigualdades de género dentro del sistema capitalista global.

En su mayoría las trabajadoras migrantes son niñeras, empleadas domésticas o trabajadoras sexuales, los sectores con peor remuneración, condiciones laborales, protección legal y reconocimiento social. Así, el género, junto con otras formas de opresión como la etnia, la raza o la orientación sexual y de género, facilita la explotación económica de las mujeres migrantes. Por esto mismo recibimos con grandes expectativas la estrategia valenciana sobre migraciones que plantea la Generalitat y que contará con una perspectiva de género.

Cada 18 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas Migrantes, pero para comprender la realidad que viven estas personas es imprescindible entender cómo afecta el género a su experiencia migratoria. Este es un trabajo que debemos realizar todos los días, porque los derechos de las mujeres migrantes se violan, sistemáticamente, cada día.

Los paraísos fiscales cuestan a los Gobiernos de todo el mundo 427.000 millones de dólares cada año, lo que contribuye a enriquecer a una minoría y a empobrecer naciones enteras

¿Somos realmente conscientes de lo que implica el caso de los Papeles Pandora, la investigación realizada por el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)? Estamos hablando de la mayor filtración de documentos privados de despachos de abogacía que gestionan sociedades offshore hasta el momento. Esto pone de manifiesto que existe una realidad, de la que la mayoría de personas somos ajenas, donde una élite, compuesta mayoritariamente por hombres, manejan enormes cantidades de riqueza y poder en todo el mundo, a costa de nuestras vidas, sin dar cuentas de ello y sin asumir ninguna responsabilidad.

Jefes de Estado, jefes de gobierno, políticos, jefes de organizaciones internacionales, artistas, deportistas, escritores y grandes multinacionales que se benefician de forma indirecta de los servicios públicos de nuestro país, ya sea mediante el uso de infraestructuras como carreteras, vías de tren y aeropuertos o el empleo de mano de obra, cuya formación y salud corre a cargo del Estado. Personas y empresas que creen que están por encima del resto y que pueden evadir sus impuestos sin ningún tipo de repercusión. Cosechan sus fortunas aquí, pero se llevan los frutos fuera. De esta forma, los paraísos fiscales cuestan a los Gobiernos de todo el mundo 427 mil millones de dólares, aproximadamente unos 367.220 millones de euros cada año.

Es una cantidad ingente de dinero que “desaparece” en las cloacas fiscales y que, por tanto, no puede invertirse en fondos contra la violencia de género y ayuda a las víctimas, guarderías públicas, atención a la dependencia, gestión de los trabajos de cuidados, centros de día públicos para personas mayores, mejor atención sanitaria, desarrollo de la industria tecnológica, recursos para la investigación científica, mejores sueldos públicos, pensiones, programas de empleo juvenil, construcción de escuelas, ayuda a las víctimas de trata, servicios de inserción laboral efectivos, una renta básica universal que permita vivir dignamente, mejor atención a la salud mental, etc. Al final, se trata de la calidad de vida de millones de personas, como tú y como yo, en todo el mundo.

En 2017, según el Informe país por país, 22 multinacionales españolas pagaron un impuesto de sociedades medio del 1,3% de su beneficio. Por su parte, el porcentaje de retención medio de las pensiones de jubilación es del 7%, un/a docente de bachiller paga un tipo del 17% en concepto de IRPF y una persona autónoma de un 19% a un 37%. Una persona jubilada o trabajadora paga más impuestos que una multinacional.

Los impuestos son la principal fuente de ingresos de un país, por lo que todo lo que las grandes fortunas y multinacionales no pagan lo tenemos que pagar tú y yo, sí, con ese sueldo que nos llega justito para pagar alquiler, facturas y pasar el mes. En España las familias aportamos el 84% de lo que se recauda a través de impuestos, y ni siquiera todas pagamos y nos beneficiamos por igual, ya que impuestos como el IVA, el IRPF o el IBI afectan más a las mujeres.

El debate sobre política fiscal se está imponiendo a nivel global porque el hecho de que unos pocos se enriquezcan a costa de la mayoría es injusto. Urge establecer un impuesto que grave la riqueza y el capital, que las grandes fortunas y multinacionales paguen los impuestos que les corresponden. Ser patriota consiste en contribuir a que tu país pueda desarrollarse y garantizar que todas las personas tengan lo mínimo para vivir dignamente.

Desde Oxfam Intermón, dejaban claro que “En estas guaridas es donde están todos los servicios públicos que nos faltan, nuestros hospitales y centros de salud que tanto hicieron falta durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por la COVID” y han planteado una serie de medidas al gobierno español para acabar con los paraísos fiscales.

Yo no quiero seguir pagando el escaqueo fiscal, ¿tú?

El sistema económico actual oprime a las clases más bajas en beneficio de unos pocos privilegiados que acumulan la mayor parte de la riqueza. Asimismo, entre las personas que mayor poder adquisitivo tienen, predomina el género masculino. Del 10% de la población europea con mayores ingresos, solo el 20% son mujeres, según datos de Oxfam Intermón. De esta forma se explica que los hombres sean quienes ostentan puestos de mayor responsabilidad, perciben mejores salarios y tienen más facilidad para encontrar trabajo en el mercado laboral remunerado. Esto no es algo casual, puesto que el capitalismo no podría subsistir sin un sistema político y social como es el patriarcado. Una vez establecidos los diferentes roles de género, el sistema económico hegemónico se beneficia. Tanto es así, que en todos los países las mujeres trabajadoras son las que peores condiciones laborales soportan y las que con mayor frecuencia ven vulnerados sus derechos.

De esta forma, la influencia del capitalismo dentro del sistema patriarcal condiciona la forma de entender el trabajo, que es clave en la diferenciación entre los sexos, en la construcción de los géneros y en el establecimiento de jerarquías sociales. La alianza entre ambos sistemas nos mantiene en una constante situación de marginalidad y exclusión, ya que somos nosotras las que mayores dificultades tenemos a la hora de encontrar trabajo remunerado, las que peores salarios percibimos y las que con mayor frecuencia nos vemos obligadas a aceptar trabajos precarios.

Si bien es cierto que la brecha salarial de género se reduce lentamente, las mujeres europeas todavía cobramos un 16% menos que los hombres. Según el último informe de Oxfam Intermón “Voces contra la precariedad”, esto quiere decir que tenemos que trabajar 59 días más (52 en España) para ganar lo mismo. Uno de los factores que explican la actual situación precaria de las mujeres en el mercado laboral remunerado, es que somos nosotras quienes asumimos de forma mayoritaria el trabajo de cuidados. Además, todas aquellas acciones dirigidas al mantenimiento de la vida y la salud han sido históricamente relegadas al ámbito doméstico y, por tanto, invisibilizadas. Esto se debe a que en una sociedad donde lo que se valora es el salario, aquellas actividades que no son asalariadas no tienen valor.

Al ser nosotras quienes estamos socializadas para asumir dichas actividades, que deberían ser responsabilidad pública, nos encontramos con mayores dificultades para entrar en el mercado laboral remunerado y tenemos una reducida presencia en las instituciones políticas y en puestos de responsabilidad, manteniendo así nuestra subordinación. Por tanto, esto también es violencia.

Si la situación de las féminas en el mundo laboral es precaria, la cosa se agrava cuando las mujeres además son migrantes, debido a que son ellas las que sufren más explotación laboral. Junto a la dura decisión de abandonar sus hogares y emprender una nueva vida, deben hacer frente a lo que supone ser mujer y migrante. En España, por ejemplo, una de cada tres trabajadoras migrantes está en riesgo de pobreza. Esto refleja cómo el género aumenta las desventajas asociadas a la desigualdad y a la identidad social.

Desde Oxfam Intermón se formulan algunas propuestas como garantizar unos ingresos que proporcionen una vida digna a todas las personas trabajadoras; promover un empleo de calidad y condiciones de trabajo dignas, que garanticen los derechos laborales de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. También, abordar desde las instituciones la crisis de cuidados, ya que es necesario socializar los cuidados y asumir colectivamente el sostenimiento de la vida; apoyar las negociaciones colectivas y desarrollar estadísticas con perspectiva de género.

El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, pero tenemos que entender que la violencia física contra las mujeres es la punta del iceberg. La violencia física es la expresión más visible de un sistema que constantemente nos violenta, en la medida en que atenta contra nuestra dignidad y nos impide desarrollar nuestras vidas en igualdad de condiciones y de oportunidades. Es hora de que los Estados, el sector privado, los sindicatos, la sociedad civil y las personas trabajadoras nos unamos para poner fin a la precariedad laboral y a la desigualdad de género.

Pocas personas se preguntan qué pasaría si la zona en la que viven no contase con ningún tipo de edificación, sistema de alcantarillado o carreteras. Sin embargo, este es el día a día de miles de personas alrededor del mundo. Estas cuestiones que apenas valoramos, porque nos vienen dadas debido al contexto geográfico en el que nos encontramos, son de vital importancia para garantizar el bienestar y la dignidad de todo ser humano. Resulta evidente que sin todos los servicios que nos proporciona la ciudad, tal y como la entendemos, no es posible ejercer derechos como la educación, la sanidad, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Por tanto, ¿debería existir un derecho a la ciudad?

Los slums son barriadas que han proliferado en distintas ciudades de la India, Brasil, Argentina y Nigeria como consecuencia de los procesos migratorios de las zonas rurales a las urbanas. En la mayoría de ocasiones se trata de viviendas de autoconstrucción basadas en la utilización de productos reciclados, desechos y otros materiales de diverso carácter y origen. Son sus habitantes quienes edifican su medio urbano más inmediato, en función a cómo ellos entienden que debería configurarse un espacio de semejantes características.

Los colectivos empobrecidos son quienes cohabitan en las periferias situadas a los márgenes de las ciudades centrales. En estos espacios las personas caminan entre hileras de chabolas, donde hay callejones de apenas un metro de anchura y las aguas residuales impregnan la tierra. En contraposición, se encuentran las zonas donde vive la gente más adinerada, que goza del derecho a disponer de una vivienda digna y unas condiciones adecuadas para su bienestar. Así es como se configura una Ciudad Dual.

El concepto de Ciudad DualCiudad Dual como sinónimo de metrópolis “tardocapitalista” -Saskia Sassen, trata de una realidad con cierto protagonismo tras décadas de globalización que han generado importantes grados de desigualdad en el seno de los países desarrollados y empobrecidos. Esto ha convertido al declive social en algo complementario al crecimiento, una de las principales particularidades del contexto global actual.

Entre las causas que han dado origen a estos espacios, se encuentra la transformación que ha sufrido el mercado laboral, que ha supuesto la desaparición de la estabilidad en el empleo y el consiguiente aumento de la precariedad. Además, esta degradación confluye con la aparición de “nuevos ricos” pertenecientes a determinadas estratos sociales en los países emergentes, que han visto como una oportunidad el proceso de globalización.

En cambio, el sector con menos recursos, ha experimentado el proceso inverso. Hablamos, por tanto, de la “nueva pobreza”, reflejada en el antiguo proletariado ahora expulsado del mercado laboral como consecuencia de la aplicación de la revolución tecnológica a los procesos productivos, derivando todo ello en una etapa de desindustrialización. Esto se refleja en la existencia de un espacio urbano identificado como parte activa de la segregación social.

Un ejemplo de esta complejidad actual es la existencia de dos zonas antagónicas: Paraisópolis y Morumbi (Brasil), ambas separadas por un muro. La primera zona residencial corresponde a una de las principales favelas brasileñas, donde en 2016 vivían ya más de 70.000 habitantes, número que crece anualmente. La segunda significa “colina verde” y es una zona de residencia paras las personas más ricas de Sao Paulo.

Brasil en los últimos años, junto a países como la India o Sudáfrica ha sido sinónimo de desarrollo y de país emergente, sin embargo, la brecha entre ricos y pobres es enorme. Según datos de Oxfam Intermón, el 10% más rico de la población brasileña acapara casi la mitad (43,5%) de los ingresos del país. Esta creciente polarización social se ha convertido en una característica complementaria del desarrollo, y no en un indicativo de decadencia como era considerado anteriormente.

El modelo de desarrollo de Brasil presenta importantes retos en cuanto a sostenibilidad y equidad. Si bien el sistema de exportaciones agrícolas es clave para el crecimiento económico del país (en 2011 representaba el 22% del PIB), hay evidencias que constatan que las empresas del sector agrícola están sobreexplotando los recursos naturales nacionales de forma insostenible e irresponsable.

Los slums son una parte muy importante del actual contexto global de muchas ciudades. En ellos se producen procesos sociales únicos y poco conocidos. Frente a la imagen paternalista que se muestra de estos contextos, también cabe destacar la capacidad de articulación social y organización de sus habitantes. Dado que estas comunidades no permanecen estáticas resulta complicado trazar una única imagen de las mismas. “Se trata de sociedades que viven, trabajan, se relacionan y sufren, pero también luchan, combaten y se resisten”, subraya la ONG Sonrisas de Bombay. En definitiva, que manifiestan su “derecho a la ciudad” -Henri Lefebvre-.

Según dicha ONG, “la ciudad es una de las construcciones más exitosas de los seres humanos pues les ha permitido vivir, con destacado éxito, en sociedad. La relación de los habitantes de las ciudades con su entorno urbano es plenamente dialéctica, por cuando pese a ser una creación humana, la ciudad también influye sobre las comunidades que habitan en ella”.

Por tanto, es un derecho de todos los habitantes de las mismas participar en su diseño y planificación, en su crecimiento y articulación pues, de una manera u otra, ejerciendo este derecho están actuando sobre sí mismos. “Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos, cambiando la ciudad” -David Harvey-. Para hacer esto posible se necesitan políticas públicas de los gobiernos que actúen sobre esta realidad, así como otro enfoque de la cooperación al desarrollo internacional.

En este sentido, Oxfam, que tiene presencia en el territorio brasileño desde 1965, trabaja desde el año 2000 de forma específica en la promoción de la justicia económica. Todo esto a través de campañas para lograr unas leyes comerciales más justas, favorecer el acceso a la salud y los medicamentos, y fomentar la seguridad alimentaria. El objetivo es impulsar políticas y prácticas sostenibles, así como fortalecer la capacidad de la sociedad civil.

En la actualidad hay cerca de 40 conflictos armados activos en todo el mundo. Algunos son recientes, pero otros llevan muchos años sucediéndose. Cuando escuchamos, vemos o leemos noticias sobre estas realidades, normalmente pensamos en los crueles hechos, las muertes, las crisis humanitarias o la cantidad de desplazados globales como consecuencia de la violencia. Cuestiones de vital importancia que han de ser reflexionadas por una ciudadanía global crítica.

Sin embargo, no siempre se tiene en cuenta lo que supone ser mujer en estos contextos de violencia generalizada. Los conflictos armados no afectan a todos por igual, porque hay colectivos que parten de una previa desigualdad estructural y sistémica. La violencia sexual contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, en estos contextos, ha sido una constante histórica tolerada por militares, paramilitares u otros actores gubernamentales. Pero, no siempre se ha dado de la misma forma, tal y como recoge María Julia Moreyra en su libro Conflictos armados y violencia sexual contra las mujeres.

Antes de 1990 dicha violencia era invisibilizada y trivializada, se consideraba una cuestión privada que quedaba justificada como un producto inevitable de la guerra. Las mujeres éramos una recompensa a los combates de los hombres, que se libraban sobre nuestros cuerpos. Durante el siglo XX, considerado el siglo de las guerras, se sucedieron multitud de enfrentamientos en los cuales mujeres y niñas fueron víctimas de una violencia sistemática. En este sentido, se han documentado múltiples informes de mujeres que han sufrido todo tipo de abusos y vejaciones en contextos de guerra.

Por tanto, en los conflictos tradicionales la violencia sexual contra las mujeres era una consecuencia más de los enfrentamientos. En cambio, por lo que respecta a las nuevas guerras, los objetivos ya no son fundamentalmente ideológicos o geoestratégicos, como antes, sino que responden más bien a una política de identidades. La intención es deshacerse de todos aquellos grupos cuya identidad es diferente.

En este nuevo contexto, las mujeres, en tanto que son consideradas portadoras de identidad cultural, se convierten en el blanco principal de los ataques, y la violencia sexual pasa a ser una característica de la guerra. Así pues, la violación, el embarazo forzado, el aborto forzado, el tráfico o la esclavitud sexual son elementos propios de los conflictos actuales.

Matrimonio infantil en Yemen

La República de Yemen es un país situado en Asia donde se vive un conflicto armado desde finales 2014, que ya les ha costado la vida a casi 10.000 personas. El conflicto enfrenta al Gobierno del país, apoyado por la coalición de países del Golfo liderada por Arabia Saudí, contra los rebeldes hutíes, conocidos como movimiento Ansar-Allah. El bloqueo impuesto por la dicha coalición ha desencadenado un desastre humanitario, en el que cerca del 70% de la población necesita ayuda.

Frente a esta crisis, desde Oxfam Intermón se condena el bloqueo naval de la coalición saudí y se pide que los gobiernos destinen más fondos para ayudar a las víctimas. Además, se aboga por buscar una solución política que haga posible el cese de la violencia. Para conseguir este objetivo es imprescindible que los gobiernos pongan fin a la venta de armas que pueden terminar alimentando esta guerra. En este sentido, resulta preocupante hasta qué punto el gobierno español, mediante sus relaciones armamentísticas con Yemen, pueda estar contribuyendo a graves violaciones de los derechos humanos.

Este conflicto ha perjudicado gravemente a la población yemení, pero especialmente a las mujeres, que son quienes soportan la peor parte. Tal y como publica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su boletín: República de Yemen Situación de “Mujeres y Niñas”, históricamente la cultura tribal en este país consideraba a las mujeres como la columna vertebral de la familia y la comunidad. Asimismo, cuando se unificó la República de Yemen en 1990, el país encabezó reformas políticas hacia un sistema democrático que garantizaba la igualdad de las mujeres. Pero, tras la guerra civil de 1994 y la interferencia de grupos islámicos fundamentalistas en el proceso político, los derechos de las mujeres desaparecieron.

Durante esos años, los problemas que afrontaban las yemeníes eran la discriminación de género institucionalizada y las consecuentes dificultades socioeconómicas. Ahora, con un Estado de Derecho fallido, su principal problema es la guerra. En dicho informe se refleja cómo esta prolongada situación de conflicto ha empeorado la situación de las mujeres, cuyos derechos son inexistentes y ha dado pie a un elevado incremento de matrimonios infantiles.

Ante la ausencia de mecanismos de protección social y legal, las féminas se enfrentan a situaciones de violencia sexual y por razones de género, de mutilación genital femenina y de otros abusos. Según el Foro Económico Mundial, Yemen es el país con mayor brecha de género, ya que ocupa el último lugar del ranking, entre los 134 países estudiados. Frente a esto, varias organizaciones luchan por los derechos de las mujeres, como, por ejemplo, La Unión de Mujeres de Yemen (YWU).

La violencia sexual contra las mujeres es una realidad constante en todos los países del mundo, tanto en contextos de paz como de guerra, pero se agrava cuando hay conflictos armados. Si bien es cierto que esto se hace cada vez más visible, gracias a la denuncia de los colectivos feministas y las organizaciones que están en el terreno, todavía queda mucho trabajo por hacer. Son sus guerras y usan nuestros cuerpos como sus campos de batalla.

* Verónica Cañizares Ramos es periodista y estudiante del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible de la UV. Voluntaria en el equipo de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón en València.