No, la guerra en Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre Rusia y la OTAN, la alianza militar de Estados Unidos y Europa, que tiene a Ucrania como teatro de operaciones. Detrás de esta guerra se encuentra el imperialismo zarista de Putin, pero también la pretensión de la OTAN de llevar sus bases y sus sistemas de misiles Aegis Ashore a las puertas de Moscú. Cuando Rusia ha pasado al ataque, sin embargo, la OTAN ha dejado sola a Ucrania en el campo de batalla. En la televisión francesa, ante las preguntas de periodistas de verdad que en poco se parecen a nuestros tertulianos, Borrell lo ha reconocido abiertamente: “Es un error hacer promesas que no puedes cumplir”. No se puede ser más cínico.

No, enviar armas no va a resolver el conflicto. Solo va a alargar la destrucción de un hermoso país y multiplicar el número de desplazados y víctimas inocentes, mientras los verdaderos actores de esta guerra esperan conseguir una mejor posición negociadora. Enviar armas a un ejército como el ucraniano, en el que abundan las milicias irregulares, es una bomba de relojería que puede convertir el Este de Europa en el próximo Oriente Medio. Para acabar con la guerra hay que apostarlo todo a la diplomacia y en esto hay que ser muy claros: no habrá paz hasta que la OTAN y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones.

No, criticar abiertamente el envío de armas o los crímenes de los batallones nazis contra la población civil del Dombás no te convierte en amigo de Putin. Tampoco hay que dejar de censurar la irresponsabilidad del gobierno de Zelensky, que ha conducido a su gente a una guerra confiando en una Alianza Atlántica que lo ha manejado como un títere. Dicho esto, Vladimir Putin es un autócrata de manual, que ha reprimido brutalmente durante décadas a la oposición, a las mujeres feministas y al colectivo LGTBI en su propio país. La izquierda lo sabía y lleva años denunciándolo. La derecha y la ultraderecha, que tanto lo admiraban, parecen haberse despertado ahora.

No, Putin no es comunista. Rusia Unida, su partido, es una formación conservadora y nacionalista de derechas, afiliada internacionalmente a la Internacional Demócrata de Centro como observadora, una organización de la que también forma parte el Partido Popular. Pero los tentáculos de Putin van mucho más allá de la vieja democracia cristiana. Su ideólogo de cabecera, Alexander Duguin, es un habitual de los eventos organizados por la editorial falangista Fides. En 2018 compartió cartel en la 13ª Jornadas de la Disidencia (sic) con el ideólogo de Vox, Iván Vélez, candidato de la formación de ultraderecha por Cuenca y director de su think tank, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). El vicesecretario de Organización de Vox en Barcelona, Jordi de la Fuente, ha prologado la traducción al español de las obras de Duguin y en un coloquio en octubre de 2016 en Casa Rusia se confesaba admirador de su Cuarta Teoría Política. De la Fuente quería partidos en Europa que compartieran esos valores tradicionales, “caballos de troya de Rusia en Europa”. La expresión no es mía, es suya. 

No, la guerra de Ucrania no acaba en Ucrania. Rusia es el principal suministrador del gas y el petróleo que consume la Unión Europea. Primero explotan las bombas, después los precios. Solo hay algo peor que la oposición más destructiva de la historia y es que esa oposición te aplauda. Partido Popular y Vox jalean cada anuncio de Sánchez sobre el envío de armas, mientras afilan los cuchillos en casa. Saben que la guerra en Ucrania viene también acompañada por la guerra social en España. Si los precios de la energía ya estaban por las nubes, ahora resultan directamente impagables, con lo que eso supone: deudas, pobreza energética, desahucios y paro.

Hay soluciones. Son las Podemos lleva poniendo sobre la mesa desde principios de esta legislatura: desligar el precio final de la energía del precio del gas, acabando con los beneficios caídos del cielo; crear una empresa pública de energía, como tienen en Francia (EDF) o Italia (Enel). Las derechas han votado a todo en contra con una estrategia clara: rentabilizar el malestar social. Cuanto peor, mejor. A nadie le pilla por sorpresa. Lo que causa perplejidad es la ceguera de los dirigentes socialistas, caminando hacia el precipicio al son de los tambores de guerra.

Lo que pretende nuestra ultraderecha está cada día más claro: un Maidán a la española, una escalada de movilizaciones violentas como ya vimos en el asalto al Pleno de Lorca. Llevan dos años y medio alimentando la retórica del “gobierno ilegítimo”. Ahora creen llegado el momento de pasar a la acción. Provocarán altercados, buscarán a toda costa heridos y hasta muertos y, con la imprescindible colaboración de sus peones en las fuerzas del orden y el sistema judicial, van a intentar tumbar al gobierno. Saben que nunca ganarían unas elecciones por mayoría porque los jóvenes, las mujeres, la clase trabajadora de este país y los mayores que ya vivieron una guerra y una posguerra no pueden ni verlos. No les queda otra. ¡Que suenen las campanas de alarma! Ha estallado la guerra y a los pueblos nos toca defender la paz y la democracia.

Año nuevo, bulo nuevo. Esta vez le ha tocado el turno a Alberto Garzón, al que se quiere presentar como un enemigo del sector ganadero en su conjunto. En su entrevista defendía sin embargo a capa y espada una ganadería extensiva y sostenible, la que practican las decenas de miles de pequeñas y medianas explotaciones que dan vida a nuestro mundo rural. La historia de este bulo y su propagación la ha contado con todo detalle el experto en redes Julián Macías Tovar.

Lo cierto y verdad es que la mayor amenaza para el sector ganadero no son hoy las palabras del ministro, sino los precios bajos y las macrogranjas operadas por multinacionales de la industria cárnica y láctea. Su proliferación sin control expulsa del mercado a nuestra ganadería tradicional y poner en jaque el futuro de miles de familias. 

La hipocresía de PP y Vox con los ganaderos no tiene límites. El 3 de diciembre votaban en contra de la nueva Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas. En contra de pagar a nuestros ganaderos un precio justo por sus productos. Entonces no oímos ninguna crítica de las patronales agrarias a estos partidos.  

Algunos de los portavoces de estas organizaciones han quedado retratados estos días. Hace poco criticaban al gobierno por no frenar la expansión de las macrogranjas. Hoy critican al gobierno por lo contrario, un sindiós. La hemeroteca no tiene piedad: “La macrovaquería de Noviercas arrasaría todos los campos del norte de España y la cornisa cantábrica y no fijaría población porque no se crea el empleo que se dice, ni mucho menos; sería un hito más en la despoblación y además echaría del mercado a 432 explotaciones de su entorno”. Lo decía el pasado mes de marzo Jorge Hernández, responsable del sector lácteo de COAG en Castilla y León, sobre esta macroexplotación que pretende albergar a 23.520 vacas lecheras. 

Otro ejemplo: “Upa confía en las intenciones del Gobierno de prohibir las macrogranjas de vacuno”, titular del 23 de abril de 2021. En noviembre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos llevaba esta prohibición a Bruselas. Hoy COAG y UPA se suman a ASAJA y exigen la dimisión de Garzón por sus críticas a este sector y sus efectos. ¿En qué quedamos? ¿Qué intereses mueven realmente a algunos dirigentes de estas organizaciones? ¿Los de los pequeños agricultores y ganaderos, sus asociados, o hacer política barata?

Lo mismo podría decirse de los barones del PSOE. El presidente de Aragón, Javier Lambán, fue el primero en comprar el bulo de la ultraderecha. Después llegó el presidente castellano-manchego García-Page, el mismo que anunciaba a bombo y platillo una moratoria sobre las macrogranjas en su Comunidad el pasado 10 de diciembre. Como lo oyen.

¿Y en la Región de Murcia? El PP no ha tardado en subirse al carro y, con Francisco Bernabé al frente de la expedición, convocaba esta semana una rueda de prensa en una granja de Lorca. Sin embargo, la hemeroteca popular también da mucho de sí. En diciembre de 2020 los populares de Cieza celebraban la modificación del Plan General Municipal de Ordenación para impedir la instalación de macrogranjas: “protegemos nuestra tierra de contaminación de todo tipo y preservamos nuestro patrimonio de cualquier ataque”.  El 11 de julio la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, participaba en la manifestación contra la macrogranja que El Pozo quiere instalar en las inmediaciones del monte Arabí. La propia Asamblea Regional de Murcia aprobó en marzo la declaración institucional que la diputada de Podemos María Marín llevó a la Cámara contra esta macrogranja y lo hizo con el apoyo de todos los partidos.

Que tomen nota nuestros vecinos y vecinas de Yecla, el Noroeste y el Guadalentín, y nuestros pequeños y medianos ganaderos. Las críticas del PP a las macrogranjas en algunas localidades son puro postureo. Lo del PSRM es lo de siempre: un silencio cobarde. Mientras unos muestran su verdadera cara y otros callan cómplices, Podemos ha registrado en la Asamblea Regional una enmienda a los presupuestos regionales de 2022 para que el gobierno regional cumpla con su obligación de controlar estas instalaciones y estudiar en profundidad sus efectos sobre el medioambiente y la población del mundo rural.  Hasta que alguien no demuestre que los beneficios de estas explotaciones son mayores que los gravísimos problemas que ocasionan es urgente establecer una moratoria.

En la Región hay más de 1.000 balsas de purines fuera de todo control. Sus nitratos se filtran en el subsuelo o son arrastrados por las lluvias. Acaban en los acuíferos y en nuestra laguna salada. En esta Región no aprendemos.  Hemos sacrificado nuestra gran joya natural, el Mar Menor, a los intereses de un puñado de multinacionales del agronegocio. Ahora los mismos dirigentes que han consentido este ecocidio van camino también de cargarse entornos únicos como el monte Arabí o nuestra preciosa comarca del Noroeste. Son ellos o nosotros. ¡Macrogranjas NO! ¡Lobbies NO! En este país faltan más políticos valientes como Garzón y sobran los que siempre están dispuestos a vender nuestra tierra al mejor postor. 

Dicen que el Cid ganaba batallas después de muerto. Su cadáver embalsamado a lomos de Babieca, según cuenta la leyenda, fue capaz de hacer huir a los moros de Ben Yusuf e impedir que tomaran Valencia. Lo que no se esperaban los ultras de Vox es que más de 900 años después se lo iban a encontrar frente a frente en la Asamblea.

Escuchar a María Marín recitar el Cantar de mio Cid y hacer referencia a textos de los Reyes Católicos, mostrando la naturalidad del uso de ambos géneros en nuestra tradición literaria, es un ejemplo de manual de cómo ganar la guerra cultural en la que la ultraderecha nos tiene sitiados.

Hay tres formas de enfrentarse a Vox. Una es no comparecer. Ignorarlos. No entrar en sus debates para no contribuir a amplificarlos. Es lo que hizo el PSOE negándose a participar en el debate y votación sobre la moción para prohibir el lenguaje inclusivo.

Es una estrategia legítima, pero cuestionable. Porque estos ultras ya no son un pequeño partido extraparlamentario. Al contrario. Tienen la llave en la Asamblea Regional, controlan la Consejería de Educación y tienen el apoyo de las élites económicas, mucho dinero y, por tanto, medios que escriben a su dictado.  

Una segunda vía es denunciar su violencia. El ataque contra el lenguaje inclusivo es un hito más en su campaña contra el feminismo y un recurso habitual para ridiculizar la lucha por sus derechos de las mujeres. No hay duda de que los de Vox son misóginos, machistas, homófobos, franquistas, xenófobos y fascistas. Y tenemos el derecho y la obligación de decirlo. Sin embargo, esta estrategia nos coloca en el papel de víctimas desde el principio. Con los vencidos. Con la antiespaña. Derrotadas.

Una tercera estrategia es combatirlos en su terreno. En lugar de esperarlos sitiados cómodamente en nuestras convicciones democráticas, salir a enfrentarlos a campo abierto y con sus armas. Con el patriotismo de las gentes comuneras y del Empecinado. Con el mensaje cristiano de Francisco. Con la Constitución española en la mano. Con el Cid si es preciso.

El portavoz ultra se presentó a la batalla con la RAE, sus 308 años de historia y sus 475 santos varones miembros (por 11 mujeres) como aliados. Flanqueado por Pérez-Reverte y el capitán Alatriste. Sin embargo, fue ver aparecer a nuestra Juana de Arco y al de Vivar y mudárseles el rostro. Conforme hablaba Marín se fueron haciendo más pequeños. Ganaron la batalla porque les daban los números, pero perdieron la moral, que es lo más importante en una guerra.

A las pocas horas desde el palacio de San Esteban el infante felón tocaba la corneta de la retirada. Ya no quieren prohibir el lenguaje inclusivo. La moción de Vox se queda en una recomendación genérica para el correcto uso del castellano. Un brindis al sol. Es la confirmación de la gesta de Marín, que trovan ya las juglaras de nuestro tiempo.

Hay una guerra cultural en marcha y la vamos a ganar quitándoles todo lo que quieren robarnos. Nuestra lengua, nuestra historia y nuestras tradiciones. 

En los últimos días Vox ha perdido la presidencia de las juntas municipales de Aljucer, La Albatalía y Santo Ángel y podría perder en breve San Pío X, poblaciones que suman en total casi 20.000 habitantes. Un fracaso en toda regla, a pesar de la operación de propaganda que se han montado en Guadalupe. Convenientemente comprada por la “prensa seria” regional, por cierto. La misma que luego nos sale con compungidos editoriales sobre el ascenso de los populismos. Pero mientras tanto, ahí están, engordando a la bestia.

Las cuentas son claras. Tras la celebración de la próxima junta municipal en San Pío X, Vox solo conservará Guadalupe y La Era Alta, dos pedanías que apenas superan los 10.000 habitantes. Poco más del 2% del censo de una ciudad que supera los 459.000 habitantes.

La ultraderecha ha denunciado las mociones de censura como una maniobra antidemocrática, fruto de un pacto por los sillones. Es la misma estrategia que llevan utilizando dos años para denunciar el “ilegítimo” gobierno de Sánchez y los comunistas-separatistas-etarras-amigosdemaduro. De imaginación van muy justos.

No se puede ser más hipócrita. Vox no ganó las elecciones en ninguna de las pedanías o barrios que tenía bajo su mando. No entró ni siquiera en el pódium. Fue la cuarta fuerza. En ninguna de esas zonas ganaron las tres derechas. Pedanías que votaron progresista, se despertaron de la noche a la mañana con un presidente de ultraderecha por el mercadeo de Ballesta. Gracias a la insistencia de Podemos se ha acabado por fin con esta situación que indignaba a tantos vecinos y vecinas.

Hay otro factor a tener en cuenta. ¿Debemos acoger en unas instituciones democráticas a elementos que defienden que el régimen de Franco era mejor que el actual gobierno? ¿Se puede ser tolerante con los intolerantes? En 1945, tras haber sufrido los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto provocado por los nazis en sus propias carnes, el filósofo austriaco Karl Popper enunció la célebre paradoja de la tolerancia. Una sociedad que no pone límites y tolera a los enemigos de la democracia no tardará en ser destruida desde dentro por los intolerantes. El doctor Ballesta tiene un brillante currículum académico, pero debió perderse esa clase.

De momento los de Vox no llegan tan lejos, pero ya apuntan maneras. Desear la muerte a los rivales políticos debería ser una línea roja en cualquier democracia. Esto es justamente lo que sucedió el pasado viernes, cuando un macarra de Vox, Daniel Jiménez Sabiote, animó al concejal de Podemos en Murcia, Ginés Ruiz, a ponerse una soga al cuello y tirarse a un pozo tras la junta municipal de Guadalupe.

A esta hora, ni el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ni el propio partido se han desmarcado de este elemento, un ingeniero informático de la UCAM que se define como “profundamente cristiano”. ¿Tomará alguna medida la católica institución de Mendoza contra este violento?

No se trata de una manzana podrida ni de una oveja negra. Es el estilo marca de la casa que Antelo ha impuesto a la política municipal y el perfil que Vox busca conscientemente. Recordemos que el joven José Ángel fue expulsado de la selección española de baloncesto por su mal comportamiento o que en la previa de un partido llegó a amenazar a los jugadores del Burgos con arrancarles la cabeza. Tampoco lo escuchamos condenar la violencia terrorista contra la sede de Podemos en Cartagena, atacada con cócteles molotov el pasado mes de abril. Si difundió en cambio los bulos que apuntaban a un “autoataque” y señalaban a la propia portavoz de Podemos. Otro punto, por cierto, que puede apuntarse la prensa seria de Murcia que difundió generosamente esa información tóxica. Aquí los teóricos conspiranoicos de la QAnon no tienen mucho trabajo, porque ya se encargan medios como La Opinión o El Español de hacer ese trabajo.

Repito mi pregunta. ¿Se puede ser tolerante con intolerantes como estos, que jalean la eliminación del rival por cualquier medio? De ningún modo. A Vox solo se le puede dar una patada en el culo. Y eso es lo que ha hecho Podemos en el Ayuntamiento de Murcia. 

Santi es muy patriota, pero se opone a las medidas “comunistas” para intervenir el mercado eléctrico y bajar el precio de la luz. En Milán Michele Crisostomo, el presidente de la italiana Enel, que posee el 90% de las acciones de Endesa, se fuma un puro y sonríe.

Isabel también se define como una joven muy española, pero ya ha dejado clara su oposición por activa y por pasiva a cualquier ley de vivienda que limite el precio de los alquileres. Stephen Schwarzman, el presidente de Blackstone, le da las gracias a Dios desde su apartamento de lujo en 740 Park Avenue por tener tan buenos amigos en España. Al fin y al cabo el presidente del mayor fondo buitre del mundo es también el mayor casero de España. 55.000 pisos y subiendo. Todo empezó con Botella y sus pisos a precio de ganga: 68.000€ en pleno centro de Madrid.

El francés Sylvain Rabuel, presidente de DomusVi, se toma un café au lait y un croissant en su despacho de La Défense. Es otro hombre feliz gracias a nuestros patriotas españoles. Tras una pandemia que destapó la precariedad de nuestras residencias y más de dos mil muertes en sus centros, los españoles de pro han bloqueado cualquier comisión de investigación y no han dado ningún paso para reformar el sistema de cuidados en las comunidades donde gobiernan. En Murcia además le han regalado dinero para compensar los efectos del Covid, un negocio redondo. 

Hoy es 12 de octubre, nuestra fiesta nacional. Algunos piensan que defender a su país es poner la bandera más grande en el balcón o lucir más pulseritas de España que nadie. A esos patriotas de pulserita les importan mucho los símbolos, pero los españoles de carne y hueso se la traen al pairo.

Por todas partes ven enemigos de España: los menas, los catalanes, los comunistas… Sin embargo, cuando se trata de enfrentarse a los verdaderos enemigos de los españoles de a pie, dejan caer la bandera rojigualda y levantan la del libre mercado. Contra la subida de la luz, los precios del alquiler o la miseria de nuestras residencias no les oirás alzar la voz.  

Los patriotas de pulserita se llenan la boca con la monarquía y la unidad de España, pero nunca mencionan la palabra soberanía. Han vendido el país a cachitos a grupos como Enel o Blackstone y lo siguen vendiendo a fondos de inversión como Blackrock, Investco, Fidelity, Lazard, Amundi, Millenium Group o Capital Partners. Les deben pagar muy bien.

Hoy es 12 de octubre y debemos reclamar una empresa pública en cada sector estratégico de este país. Menos constitucionalistas de boquilla y más cumplir con los artículos que garantizan el acceso a una vivienda y la subordinación de la riqueza al interés general. Menos pulseritas y más soberanía. Y que viva España. 

La historia de la esposa de Lot es una de esas parábolas bíblicas que, a pesar de su moralina machista, han terminado formando parte de nuestra cultura popular. En este caso nos viene al pelo para explicar lo que viene aconteciendo en el socialismo murciano en los últimos tiempos, que no es poco.

En mayo de 2019 el PP perdió sus primeras elecciones en Murcia desde 1995. Después de escucharle a Inés Arrimadas aquello de “24 años del PP son muchos” en campaña electoral, algunos pensaron que el cambio en la Región sería coser y cantar. Los planes de los arquitectos eran magníficos sobre el plano, pero no contaban con la resistencia del material autóctono, más basto que el esparto.

Pasadas las elecciones la cabra tiró al monte y Ciudadanos a los brazos del PP. Como no tenían bastante después de la fallida investidura los socialistas pusieron la otra mejilla, la de la moción de censura. Se llevaron otro guantazo.

Que Ciudadanos dejara caer al PP e hiciera honor a todo ese rollo de la regeneración democrática. Esa ha sido la quimera perseguida por una parte de la izquierda durante los últimos cinco años. El cambio tranquilo, sin ruido, con el visto bueno de la CEOE y la CROEM y hasta de las multinacionales del agronegocio. Un recambio, vamos.

Para esta operación había que cortejar a Ciudadanos y a los que crearon el invento naranja, los dueños de todo esto, esos que mandan sin presentarse a las elecciones. Si había que aprobar una ley del Mar Menor descafeinada para seguir blanqueando los nitratos de la agroindustria, se aprobaba. Si había que tragar con todas las propuestas de la CROEM para la llamada Reactivación Económica y Social, se tragaba. El Gorguel, las macrogranjas, no tocar los impuestos a los ricos…to’ p’alante.

Dicen que a toro pasado todo el mundo acierta, pero por aquí ya han pasado muchos toros. En 2017, con Pedro Antonio Sánchez abriendo todos los telediarios por sus corruptelas, el Ciudadanos de Miguel Sánchez, que ahora se lava las manos, prefirió investir a un presidente nini como López Miras a pactar con el PSRM. Después de las elecciones de abril de 2019, Rivera no quiso ni oír hablar de un acuerdo con Sánchez. Tras las autonómicas de mayo, Ciudadanos apuntaló al PP en todas las comunidades donde no obtuvo mayoría absoluta e incluso allí donde perdió las elecciones, como en Murcia. La muleta.

Una y otra vez el sueño acababa convertido en pesadilla, pero muchos en la izquierdita dócil seguían empeñados en buscar El Dorado. Errejón y Urralburu se fueron de Podemos por pura ambición, pero con esa excusa. “Podemos ya no es la herramienta del cambio” (véase recambio). Si fuera por ellos hoy gobernarían PSOE y Ciudadanos. ¿Hubiera subido el salario mínimo? ¿Se habrían blindado las pensiones? ¿Se habría intervenido el mercado eléctrico para bajar la factura? Los electores, que tienen más sentido común que muchos profesores universitarios, tenían claro que no y no picaron ese anzuelo.

Iván Redondo y Conesa han sido los últimos en jugársela a esa carta y han terminado perdiendo hasta la camisa. Esta vez la dirección oficial de Ciudadanos dio su visto bueno. La dirección en la sombra, los ya citados dueños de todo esto, tenían sin embargo otros planes, además de muchos altos cargos para repartir. Hoy vemos a los tránsfugas en una Consejería, mañana en algún Consejo de Administración. Tienen la vida resuelta. En esta Región donde todos nos conocemos, es difícil pensar que la operación para salvar la moción de censura haya podido hacerse sin el apoyo de esos poderes fácticos.

No quieren a Podemos ni en pintura, pero tampoco al PSOE. Después de 26 años de gobiernos del PP en los que se han acostumbrado a hacer y deshacer y a quitar y poner leyes y consejeros, no aceptan ningún cambio que pueda poner en riesgo ni un 0’1% de sus beneficios. La democracia en esta Región termina donde empiezan sus privilegios.

Otra Región es posible, pero sin ellos. Atrás queda Sodoma. La Región de Murcia líder en altos cargos robavacunas y en todos los índices de precariedad laboral y pobreza. A la cola en número de profesores, sanitarios y ayudas COVID a nuestros trabajadores y pymes. Una Región con más de diez mil millones de euros de deuda, que sigue perdonándole impuestos a los más ricos y al sector del juego. La Murcia del Mar Menor muerto, enterrado en nitratos por las multinacionales de la agroexportación y de un Noroeste asediado por el señor de los cerdos y sus macrogranjas. No hay componenda que valga. Esta Región debe ser levantada de nuevo sobre otros cimientos.

Señores dirigentes socialistas: “No miren detrás de sí ni se detengan en ningún lugar de la llanura”. Y sobre todo, no miren más a la derecha. La catástrofe son ellos, bajo cualquiera de sus tres marcas: azul, verde o naranja. Los que ayer defendían pactar con Ciudadanos para echar al PP, mañana defenderán pactar con el PP para frenar a Vox. El que no se conforma es porque no quiere. Un ataque de nostalgia, la mirada que se vuelve atrás y entonces, ¡zas!, acaba uno como la mujer de Lot, convertido en una columna de sal.    

El intento de Vox de eclipsar con sus caravanas las manifestaciones del Primero de Mayo fue un auténtico fracaso. En Murcia su concentración “en defensa de los trabajadores de España” apenas reunió a una treintena de personas y la mayoría eran cargos del partido. Ridículo sin paliativos. Sin embargo, haríamos mal en minusvalorar el peligro de Vox y su sindicato interclasista. No es algo inofensivo ni anecdótico.

Muchos se preguntan cómo es posible que un partido que ha votado en contra de la subida del salario mínimo y de los ERTE y que lleva en su programa abaratar el despido, privatizar las pensiones o prohibir el derecho a la huelga, salga a la calle en una fecha tan marcada para el movimiento obrero. La respuesta es justamente esa. Para completar su programa necesitan liquidar a las organizaciones de los trabajadores y qué mejor manera de hacerlo que sustituirlas por un trampantojo.

Ni siquiera en esto el discurso de Vox es nuevo. Es lo que hicieron todos los regímenes fascistas del siglo XX. El franquismo prohibió inicialmente la celebración del Primero de Mayo y creó ya en 1938 una festividad apéndice del día del Alzamiento Nacional. “Ayer mañana, con gran solemnidad y brillantez celebró Murcia la conmemoración del histórico 18 de julio del 36, y la Fiesta de la Exaltación del Trabajo”, recogía la prensa de la época un 19 de julio de 1942. Ante la Cruz de los Caídos, en la actual plaza de Santo Domingo, el Secretario Provincial del Movimiento, Pedro Martínez Eraso, pronunció un solemne discurso que se vio interrumpido varias veces por los habituales vivas a Franco y Hitler.

Los nazis fueron de hecho los primeros en “tunear” el día del trabajador y convertirlo en la Fiesta Nacional del Trabajo nada más llegar al poder en 1933 y a partir de 1934 en la Fiesta Nacional del Pueblo Alemán. El 1 de mayo se convertía así en una excusa para la exhibición de la cruz gamada y la propaganda nacionalista del Frente Alemán del Trabajo y de la organización cultural del régimen, Kraft durch Freude.

El franquismo debió pensar que no era tan mala idea y, después de que la Iglesia declarara en 1955 el 1 de mayo como la Fiesta de San José Artesano, la incorporó a su calendario. La Organización Sindical Educación y Descanso, dependiente del sindicato único, se encargó desde entonces de amenizar estas Demostraciones Sindicales. Como muestra el festival organizado en El Valle en 1965, en el que no faltaron conciertos, juegos populares y discursos patrióticos. Como cualquier otra romería.

La estrategia de Vox es un calco. Su objetivo es el mismo que la de los fascistas de nuestro oscuro pasado. Vaciar el Primero de Mayo de cualquier contenido reivindicativo. Transformarlo en un desfile más, otra excusa para apropiarse de los símbolos nacionales. Exaltar al trabajador español en abstracto, mientras atacan todos los derechos de la clase trabajadora de carne y hueso.

En defensa de los trabajadores y autónomos a los “que se les ha prohibido trabajar”, proclaman los nuevos nacionalsindicalistas. Es la única reivindicación de su discurso. En plena pandemia nos hubieran mandado a todas al matadero. El sueño húmedo de todo empresario sin escrúpulos. La bolsa antes que la vida. Como en el Brasil de Bolsonaro, que ya supera los 400.000 muertos.

Nazis el Primero de Mayo. De noche todos los gatos son pardos. Pero a la luz de este día primaveral de reivindicación y lucha, es fácil reconocer a un sindicalista de clase de un camisa parda nostálgico del autoritarismo. 

El 2 de diciembre de 2018 Podemos llamó a la movilización antifascista tras el ascenso de Vox en las elecciones andaluzas. A un cordón sanitario de todas las fuerzas democráticas. El resultado fue una buena ración de ostias como panes, no precisamente de comunión, sino de las que hacen daño. A izquierda y a derecha. En lugar de un cordón sanitario una soga al cuello.

Horas y horas de tertulia intentaron convencernos de que Vox era una opción democrática más, de las bondades regeneradoras de un gobierno andaluz de PP y Ciudadanos apoyado por Vox, de que Pablo Iglesias solo buscaba excusas, de que la alerta antifascista solo le hacía el juego a la polarización buscada por la ultraderecha.

Si en las páginas de ABC la ultraderechista Isabel San Sebastián nos decía que “Vox no es el problema”, sino “en todo caso la consecuencia del problema”, Errejón apuntaba desde el otro lado del tablero que Vox era “un síntoma, pero no el mal”. Algunas comparaciones y algunas coincidencias son odiosas. “No hay 400.000 andaluces fascistas” y no podemos “regañar” a los votantes. Es la traducción política de ese eslogan comercial que asegura que el cliente siempre tiene la razón.

El auge de la ultraderecha al parecer no tenía nada que ver con la alfombra roja del poder mediático (los medios que nos sacan no se tocan), ni con la supervivencia del franquismo en todos los poderes del Estado, ni con los propios fascistas. “No se puede salir culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien”, sentenciaba Errejón. La tesis de fondo es tan mezquina como clara: los dos extremos. Si resurge el fascismo en España es por culpa de los errores de esa izquierda que se empeña en ver fantasmas del pasado y declararse antifascista. Con una izquierda más moderna y transversal, menos antifa, habría menos fascistas. Sin judíos ni comunistas tal vez no habríamos tenido ni nazis. ¡Qué disparates!

Han tenido que pasar dos años y medio para que algunos se den cuenta de lo que está pasando en este país. Alerta antifascista, ahora sí, pero solo después de una carta con cuatro balas y el regocijo impúdico de Monasterio. Después de meses de asedio a las puertas de la casa de Iglesias y hasta con un supuesto periodista imputado por acosar a sus hijos, dos bebés de 17 meses. Después de un ataque con cócteles molotov a la sede de Podemos en Cartagena. La sexta agresión en dos años. Alerta antifascista después de años normalizando los discursos del odio en todas las tertulias y en el Congreso.

Tenemos por delante días duros y una batalla incierta. Quizá la alerta llegue demasiado tarde. No está claro que podamos doblarle el brazo a Ayuso y Monasterio e impedir un gobierno en Madrid con la ultraderecha. Lo que sí está claro es que al fascismo no se le puede derrotar normalizándolo como la némesis de Podemos. Abascal y Monasterio no son la antítesis de Iglesias, sino de la democracia.

Me alegro de despertarme en un país que hoy tiene claro que no se pueden normalizar las amenazas de muerte. Me alegro porque este país ha normalizado durante demasiado tiempo el acoso a los menores migrantes, el señalamiento a las feministas, a los sindicatos y la amenaza física contra el oponente político. Hoy es una carta con 4 balas, pero ayer era un chat donde se amenazaba con fusilar a 26 millones de españoles. Tampoco lo condenaron. Las líneas rojas hace tiempo que las dejaron atrás. La diferencia es que ahora algunos hemos dicho basta, que no todo vale contra Podemos y a otros no les ha quedado más remedio que levantarse del asiento para no salir en la foto con la fascista. Ya era hora.   

La madrugada del 2 de abril la sede de Podemos Cartagena sufrió un brutal atentado con cócteles molotov. Es el tercer ataque en menos de un año, cada vez más violentos. ¿Por qué en la Región de Murcia y por qué en Cartagena? ¿Por qué esta tierra tranquila y pacífica se ha convertido en el epicentro de la violencia de la ultraderecha?

La autoría no ha sido aclarada. No hay pruebas que vinculen este atentado a ninguna ideología. Es un incidente aislado… Las reacciones de la ultraderecha política y algunos titulares de la prensa seria, por mucho que lo intentan, no me dejan más tranquilo. ¿Habéis leído los comentarios de los seguidores de Vox al hilo de la noticia del ataque? ¿Los leen los periodistas? ¿Se puede llamar lobo solitario al terrorista que actúa aplaudido y alentado por una manada de fanáticos? 

Atentos a estas palabras: “Hoy se presenta en Murcia el brazo armado de la dirección nacional de Vox”. Así hablaba el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, el pasado 4 de septiembre al presentar su candidatura. Brazo armado, sí, tal y como lo oyen. Para su mentor Luis Gestoso, diputado de Vox en el Congreso, el gobierno de coalición es un gobierno “comunista criminal”, digan lo que digan las urnas. Su homólogo en el Congreso, Javier Sánchez Serna, “un sinvergüenza comunista y mentiroso” y Podemos “se financia (…) de gentuza y asesinos”. No hacen falta pruebas.

Pero es que Gestoso recela hasta del partido que le dio de comer 30 años, el Partido Popular. La tibia reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia, aseguraba hace un año en el Parlamento, es un plan de PP y Ciudadanos, para “volar Murcia usando la dinamita suministrada por la izquierda”. Resumiendo: que todo lo que no sea Vox es ETA, del PP a Podemos.

Los expulsados de Vox en Murcia no quieren ser menos. Juan José Liarte, su líder, salió a condenar en Twitter el ataque a la sede de Podemos y ha acabado justificándolo con un bulo: “Pablo Iglesias dijo públicamente a los suyos que aprendieran a fabricar cócteles molotov”. Así que ojo por ojo o cóctel contra cóctel, bien está. ¿En qué momento llegamos a normalizar estas salvajadas?

Así las cosas, lo raro es que ataques terroristas como el de Cartagena no hayan pasado antes. Si los votantes de Vox se creen de verdad lo que dicen sus dirigentes sería la consecuencia lógica. Son tantas las barbaridades que sueltan por su boca y es tan terrible la deshumanización del adversario, que tarde o temprano tenía que estallar todo. La retórica incendiaria acaba provocando incendios. ¿O alguien esperaba otra cosa?

Pero aún puede ser peor. Imaginemos por un momento que, a estos ultras, en lugar de apartarlos con un cordón sanitario, se les premia con Consejerías y altos cargos. Que llegan a controlar nuestra educación. Que se vuelven imprescindibles para que la derecha de toda la vida pueda mantener su poder y tapar su corrupción. Que esa derecha de toda la vida, en lugar de distanciarse, entra en la competición por ver quién dice la burrada más grande. Hasta el punto de que cuesta diferenciarlas.

Imaginémonos también que algunos medios de comunicación sienten la tentación de blanquear la violencia porque, al fin y al cabo, el gobierno de la derecha y los anunciantes de derechas son los que pagan las nóminas y contra Podemos (casi) todo vale. Si todo esto llegara a ocurrir, ¿no se sentirían legitimados para dar un paso más?

Lo raro, querido lector, es que no lo hayan dado ya. Hoy empieza esa cuenta atrás. Porque la próxima vez su objetivo no será una sede. Serán personas. Más o menos socialcomunistas, más o menos inmigrantes, más o menos feministas o más o menos gays, pero seres humanos como tú y como yo, de carne y hueso, con amigos y familiares. Serán paisanos nuestros, vecinos o compañeros de colegio.

Pasó en Utoya, en Charlottesville o en Hanau y no hay ninguna razón por la que no vaya a pasar aquí. Detrás de Anders Breivik estaban las ideas del Partido del Progreso de Noruega. En Estados Unidos es Trump el que sigue pisando el acelerador del supremacismo blanco. En Alemania la violencia xenófoba lleva el sello de Alternativa por Alemania. ¿Y a nosotros nos va a salir gratis el auge de Vox?

Al contrario, el ascenso de la ultraderecha tendrá un alto precio. Cada voto a Vox, cada titular blanqueador, cada cesión institucional, nos van a salir muy caros. Lo pagará la democracia y lo pagaremos, con sangre, sudor y lágrimas, todos los demócratas. Murcia ya era el laboratorio de políticas como el pin parental. Ahora también lo es de la violencia ultraderechista de sus cachorros y sus cócteles molotov. 

Ha vuelto a suceder. El Gobierno de López Miras ha aprovechado la convocatoria de ayudas por el COVID al turismo y a la hostelería del ITREM para llenar los bolsillos de las grandes empresas del juego. El Gobierno regional y la CROEM anunciaron a bombo y platillo este 'plan de rescate' como la salvación de la hostelería, pero la realidad es que las ayudas han ido a parar a la cuenta de beneficios de los de siempre.

A Orenes Franquicia, un grupo que en 2019 facturó 576 millones de euros y ganó 25,6 kilos, le corresponde una ayuda de 42.000€. A Marinocio, que tiene 10 salas de apuestas por toda la Región, otros 42.000€. Al grupo Tiki Taka 108.000€ si sumamos todas las ayudas concedidas a sus tres filiales (Tiki Taka Games, Tiki Taka Play y Tiki Taka Hostelería). 42.000€ también a Automáticos Vega Media, 32.000€ a Recreativos de Levante y González Máquinas Recreativas y de Azar…y así hasta alcanzar casi 600.000€, cien millones de las antiguas pesetas.

Mientras tanto la mayoría de bares, restaurantes, cafeterías y pymes del sector turístico se han tenido que conformar con 4.000€, diez veces menos, a pesar de que son los que sufren las restricciones. Si la hostelería tuvo que echar el candado el 11 de enero, las salas de apuestas siguen abiertas en plena tercera ola. Al juego tampoco le afectó el cierre del 7 de noviembre. Ni la Orden de 15 de agosto que cerraba pubs y bares de copas, copas que sí servían las salas de apuestas, que se convirtieron en el refugio de los jóvenes este verano. No parece muy lógico mandar a la gente de la terraza de un bar a una sala cerrada, sin ventilación y sin ventanas, como son las salas de apuestas. Seguramente esta medida no frenó ningún contagio, pero sí que sirvió para que el sector del juego hiciera el agosto y nunca mejor dicho.

¿Cómo es posible que las ayudas de la hostelería hayan ido a parar al sector del juego? Los responsables de este disparate saldrán por la tangente y dirán, como el consejero vacunado, que se trata de un lamentable error, pero no lo es. Aquí hay un plan preconcebido y metódico para desviar estas ayudas a los amigos de siempre.

En primer lugar, se mete de tapadillo a las empresas del sector del juego en las bases reguladoras de las ayudas (Orden de 11 de 2020). En el título de la orden solo se menciona a los guías y a las pymes del sector turístico, a las agencias de viajes y a la hostelería. Tampoco aparecen en el artículo 1, que fija el objeto de estas ayudas. Sin embargo, en el anexo en el que se recogen los epígrafes del IAE que pueden acogerse a las ayudas se incluyen, al final y de tapadillo, los epígrafes 969.2 Casinos de juego, 969.3 Juego de bingo y el Epígrafe 969.6 Salones recreativos y de juego.

En segundo lugar, se establece como único criterio para determinar la cuantía de la subvención el número de trabajadores. No importa que las nóminas de los trabajadores ya estén cubiertas por los ERTEs. Tampoco se tienen en cuenta los costes fijos, tan importantes para un pequeño negocio como para otro más grande. Y, por supuesto, se olvidan totalmente del impacto de las restricciones, que el juego apenas ha notado.

Luego está el tope máximo de las ayudas. La Orden de 19 de noviembre de la Consejería de Turismo fija un límite máximo de 42.000€ por beneficiario, pero a continuación determina una prestación máxima de 4.000€ para los guías de turismo y pymes del sector turístico y de 14.000€ para la hostelería. El tope de 42.000€ solo vale por lo tanto para el sector del juego. ¿Puede haber una discriminación más descarada?

El resultado no podía ser otro que el esperado. El dinero ha ido a parar a manos llenas a los señores del juego, los menos afectados por las restricciones de esta pandemia. Los hosteleros eran solo la excusa para regalar dinero a los de siempre.

No es la primera vez. El 18 de junio el Gobierno regional publicaba el decreto-ley 7/2020. Con la excusa del COVID se aprobaban rebajas fiscales al juego por valor de 14 millones de euros, que se suman a los 7 millones y medio que ya les perdonan cada año. PP, Ciudadanos y Vox votaron a favor de estas rebajas el 8 de julio en la Asamblea Regional. Entre rebajas y ayudas la suma supera los 22 millones de euros, más que todo el sector hostelero y turístico juntos.

La diputada de Podemos María Marín, que denuncia este despropósito, ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Turismo en la Asamblea Regional. Habrá que ver si no es la próxima en caer en este Gobierno de López Miras, que sale a escándalo por semana. No es para menos. La inmensa mayoría de los hosteleros entiende que las restricciones son necesarias en un momento como éste, pero no una discriminación tan enorme con respecto al sector del juego. Es tan evidente que clama al cielo.

Y mientras tanto la ludopatía hace estragos en nuestros barrios. El juego se ha convertido en la heroína de los 80, pero ataca a nuestra juventud de una forma más silenciosa y discreta. Con la misma alevosía con la que López Miras y su gobierno lo subvencionan.

¿Estuvieron bien atendidos? ¿Murieron solos o tuvieron alguien que les cogiera la mano en sus últimos momentos? ¿Se pudo haber impedido esta tragedia? ¿Qué falló? ¿Qué podemos hacer para que nunca más suceda? Lo de las banderas a media asta y los crespones negros está muy bien. Pero lo que quieren los familiares de los fallecidos en nuestras residencias es saber cómo y por qué murieron sus mayores. La verdad y nada más que la verdad.

¿Cómo está mi padre? ¿Cuándo podré hablar con mi madre? ¿Por qué nadie coge el teléfono? Preguntas sin respuesta. La historia se repite y ésta es la angustia que viven hoy miles de familias. El coste medio de una plaza en una residencia, cofinanciado generosamente por la administración, supera los 1.400 €. El trato recibido en cambio por la dirección de los centros es en muchos casos peor que el una prisión.

Era un día caluroso de verano, pero la ocasión imponía vestir de etiqueta. El 22 de julio todos los altos cargos y autoridades de la Región estaban presentes en el acto para honrar a los fallecidos en la plaza de la catedral. En el centro un olivo, 121 velas, 68 de ellas por los fallecidos en residencias, y una placa: “Siempre en nuestro recuerdo y nuestro corazón”. Siempre que no les toque a ellos dar cuentas, claro está.

Llegó así el otoño y el viento que arranca las hojas de los árboles, también ha desnudado al Gobierno murciano. A las primeras de cambio, muchos de los que estuvieron en aquel homenaje han demostrado lo poco que les duran a algunos los buenos propósitos. Golpes en el pecho, todos. Rendir cuentas, va a ser que no. El pasado miércoles Partido Popular, Ciudadanos y Vox cerraban la puerta a la comisión de investigación propuesta por Podemos. Los Castillo, Liarte, Pascual y Segado, que en julio se echaban la foto, ahora quedan retratados.

Y mientras tanto la segunda ola avanza dejando en mantillas a la primera. Más de 400 contagios y 60 muertos en nuestras residencias. La tragedia de Caser se repite hoy en Ballesol. El infierno que los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encontraron en algunas residencias en marzo, es el mismo que hoy relata el personal sanitario del Servicio Murciano de Salud enviado a las residencias Virgen de la Fuensanta, a Caravaca, a Campos del Río o a Ceutí. Úlceras en la piel, ancianos deshidratados, condiciones de higiene lamentables. Un escenario propio de “una zona de guerra o de un campo de concentración”.

No es la única ola que crece. El 26 de septiembre los familiares de los fallecidos en residencias se manifestaron en la avenida Alfonso X el Sabio. Una semana después los familiares de Caser se concentraban a las puertas de la residencia en Santo Ángel para recordar a sus seres queridos y pedir a los trabajadores que rompan su silencio. El pasado viernes, convocados por la Marea de Residencias, se concentraron de nuevo frente a la sede de la Consejería de Política Social en la Fama. Cada vez son más y somos más los que los apoyamos.

Con la marea subiendo y el agua al cuello, alguno ha pensado que lo mejor es sacarse de la manga una comisión interna y esperar a que escampe el temporal. Un comité investigador formado por el personal de las consejerías de Salud y Política Social, es decir, por los que deben ser investigados, y en el que los comparecientes quedan a elección del Gobierno regional. López Miras ha reinventado así lo de ser juez y parte y lo ha llevado un paso más allá. La comisión de puertas adentro que propone el PP es como un juicio en que el juez, el acusado, el fiscal, el abogado y los testigos fueran todos parientes de primer grado.

Y a todo esto la semana que viene se pone en marcha la comisión de investigación por la llegada de pateras. Esa sí que es urgente y necesaria. Los mismos diputados que votaron en contra de investigar las muertes en residencias, crean comisiones para seguir metiendo cizaña con un drama humanitario que no se va a detener mientras haya guerras, limpiezas étnicas, países enormemente ricos y otros enormemente pobres. Propongo que los investigadores vayan a la raíz del problema. Tomaros el tiempo que haga falta allá por las costas de Argelia. Que se vayan con un billete de ida, pero que no vuelvan.

No se crean los titulares. Las elecciones en Estados Unidos no las ha ganado Joe Biden ni tampoco Donald Trump. Las ha ganado ese pueblo americano tan alejado de nuestros estereotipos y del que nadie habla: el movimiento Black Lives Matter, las mujeres que gritaron #MeToo y los trabajadores que llevan años luchando por un salario digno bajo la bandera del Fight for 15. Es la lucha de millones de personas la que le ha dado una patada en el culo a Donald Trump y lo ha sacado de la Casa Blanca. 

Llegó la campaña y el magnate neoyorquino apenas ha podido hablar de los temas que forman parte de su menú habitual. Esta vez el debate no giró en torno al control de las armas de fuego, el aborto o el muro de la frontera con México. Los dos candidatos no han tenido más remedio que mojarse y hacer propuestas para acabar con la discriminación racial, la violencia que sufren las mujeres y la precariedad laboral. En plena pandemia, las protestas de los sanitarios y sus denuncias virales han enmudecido también a los manifestantes anti-confinamiento partidarios de Trump. Los partidos políticos tienen sin duda grandes expertos en comunicación y ejércitos de millones de bots, pero la gente de a pie, cuando se pone en movimiento, sigue teniendo la capacidad de marcar la agenda política y social.

No son movimientos que hayan surgido en esta campaña, ni siquiera durante la presidencia de Trump. La llegada de Obama al poder movilizó sin duda a los supremacistas blancos, pero también multiplicó las expectativas de las clases populares en Estados Unidos. La decepción por los cambios que no llegaban hizo tomar conciencia a mucha gente de la necesidad de organizarse y empujar desde abajo.

Black Lives Matter surgió en julio de 2013 tras la absolución del asesino del joven Trayvon Martin, aunque han sido las protestas por la muerte de George Floyd las que han multiplicado ahora las movilizaciones y su resonancia internacional. La lucha por un salario mínimo, que ha tenido menos eco en España, está detrás de cientos de protestas y huelgas en los últimos años, desde que en noviembre de 2012 más de un centenar de trabajadores de McDonald's, Burger King, KFC o Pizza Hut protagonizaran la primera movilización en Nueva York. Las mujeres de Estados Unidos llevan décadas también luchando desde organizaciones como Planned Parenthood o la Organización Nacional de Mujeres, que estos últimos 4 años han apoyado las multitudinarias Marchas de Mujeres contra Trump. 

Son semillas que se fueron plantando durante la presidencia de Obama, algunas incluso antes. Los movimientos sociales son más necesarios que nunca cuando se trata de pararle los pies a dictadores en potencia como Donald Trump, pero también para hacer avanzar la agenda de los gobiernos progresistas. La izquierda no debe temer la movilización social cuando está en el poder. Si no protestan los colectivos que defienden los derechos laborales, las pensiones o el medioambiente, otros problemas llenarán la agenda.

Lo estamos viendo claramente en España. Los medios de comunicación llevan meses hablando del problema de la okupación, un fenómeno marginal cuyo eco en las tertulias es exagerado si se compara con los datos reales: menos de 15.000 denuncias por okupación en toda España en 2019, la inmensa mayoría relacionadas con viviendas propiedad de unos bancos y fondos buitre que siguen teniendo hasta 3 millones y medio de casas vacías en sus manos. Los “activistas” antiokupación siempre encuentran altavoz en los canales de televisión propiedad de esos mismos bancos. Así es como, de repente, nadie habla de los desahucios, 54.000 en todo el país el año pasado. Con la crisis que se nos viene encima, a algunos les vendría muy bien ocultar este drama y criminalizar como okupas a la gente que pierde su casa.

Si los movimientos sociales progresistas no ponen sobre la mesa los problemas de las clases populares, lo hará la ultraderecha con sus señuelos del odio: okupas, pateras, teorías de la conspiración... Lo intentaron también el fin de semana pasado con una serie de protestas anti-confinamiento perfectamente coordinadas, que buscan aprovechar la frustración de los jóvenes y la desesperada situación económica del sector hostelero para provocar un estallido social.

El ejemplo, nuestro ejemplo, es el de los chavales que salieron a limpiar los destrozos en Logroño. Cuando la gente buena se mueve, el grito de los violentos se ahoga. Si un chaval de 16 años y sus amigos, armados con un par de escobas, han conseguido conjurar con su gesto toda una campaña de odio, si el pueblo americano ha podido ganarle el pulso al hombre más poderoso y mediático del mundo, toca preguntarnos qué podemos hacer desde hoy mismo cada una de nosotras. 

La hostelería de la Región de Murcia vive momentos duros. Ningún sector ha sufrido más las restricciones, ni los cambios de criterio desde el final del primer estado de alarma. La Región fue la última en reabrir y la primera en cerrar, ya en el mes de julio. Dos meses tardaron para dar una solución a una parte del sector y permitir abrir a los pequeños bares con licencia de cafetería, dos meses en los que algunos ya se han hundido.

Villegas no se entera de que las restricciones sirven de poco, como vemos, si no se contratan más médicos y rastreadores. Cuando aún se estaba a tiempo de controlar el virus, no se pusieron los medios para realizar un seguimiento de los contagios. Ahora le toca al sector pagar los platos rotos. Los rastreadores del SMS cobran 1.400€ al mes, según el portal InfoJobs. Triplicar el número de rastreadores de junio hasta final de año le hubiera costado a López Miras alrededor de un millón de euros. Por no hacer a tiempo esa inversión, ¿cuántos millones van a perder ahora nuestros bares y restaurantes? ¿Cuántos puestos de trabajo perdidos y familias a la ruina?

Pero el colmo de los colmos llega ahora. La hostelería no ha visto un duro en ayudas propias del gobierno regional desde el inicio de la pandemia. Pues bien, en la primera convocatoria de ayudas López Miras mete a sus amigos del juego de tapadillo. Ahí está la lista, en el BORM del 14 de octubre, el boletín oficial de la vergüenza: Epigrafe 969.2. Casinos de juego, Epígrafe 969.3. Juego de bingo y Epígrafe 969.5 Salones recreativos y de juego.

Durante este verano los casinos y bares de apuestas no han sufrido ningún tipo de restricción de horario. Toda la caja que no hacían los bares, la estaban haciendo ellos. Las limitaciones nunca han ido con ellos, pero para las ayudas son los primeros de la fila. Hostelero, te están robando. Esas ayudas son tuyas y no de los señores del juego

Yo me pregunto por qué no se aplican las mismas reglas a estos locales, espacios cerrados herméticamente y poco ventilados, mientras se pone el foco en la hostelería. El resultado son dos grandes brotes, que sepamos, en el casino de moda de Murcia. Al dueño de cualquier bar se le hubiera caído el pelo por algo parecido. Los amigos de López Miras, en cambio, son intocables.

Yo me pregunto también si este es el modelo de ocio que queremos para nuestra juventud. Durante todo el verano los casinos y bares de apuestas eran el único sitio donde tomar una copa con los amigos. Cuando la única alternativa para nuestros jóvenes es juntarse en locales donde se fomenta la ludopatía, mal vamos. Cuando además se subvenciona con ayudas que deberían ir a los que más están sufriendo los efectos económicos de esta crisis, es que en esta Región estamos gobernados por auténticos sinvergüenzas.  

La moción de censura ha terminado con Casado y Abascal tirándose de los pelos. A los mayores todo esto les habrá sonado a un tema de Pimpinela. A los jóvenes a una batalla de gallos entre Walls y Force. Se dicen de todo, pero en el fondo son muy colegas y sacan temas juntos.

No se dejen llevar por los fuegos artificiales. En la práctica Casado y Abascal solo se han repartido los papeles de poli bueno y poli malo con un objetivo, ensanchar el campo de la derecha. ¿Por qué disparar a tu enemigo desde una sola posición, pudiendo someterlo a un fuego cruzado desde dos flancos, por la derecha y desde el centro?

En Vox llevan dos años con la derechita cobarde y la veleta naranja, pero ahí siguen de comparsa. Esta semana Casado también ha querido participar con un papel en esta burda comedia. ¿Qué va a suponer eso en la Región de Murcia? ¿Se nos viene encima una guerra civil entre fachas? ¿Peligra el gobierno de López Miras?

De ninguna manera. No va a pasar nada. Algún paripé, un par de escenitas, pero al final todos pasan por el mismo aro. Vox seguirá siendo ese perro faldero. No del PP, que esto va mucho más allá de eso. Azules, naranjas y verdes mean en la misma farola y cazan para el mismo amo. A las pruebas me remito.

21 de abril. PP, Ciudadanos y Vox aprueban juntos los presupuestos de 2020, negociados en enero y sin un euro más para sanidad y los sectores afectados por el Covid-19. Vox vende barato su apoyo y cambian sus votos por un pin, el parental.

6 de mayo. PP, Ciudadanos y Vox votan juntos a favor de modificar la legislación urbanística para favorecer los pelotazos.

9 de julio. PP, Ciudadanos y Vox votan juntos a favor de las rebajas fiscales y exenciones al juego.

29 de julio. PP, Ciudadanos y Vox votan juntos para permitir a las empresas emitir un 30% más de vertidos y emisiones sin evaluación ambiental.

Bonificaciones al juego y alfombra roja a los señores de la construcción y la agroindustria. A esto se han dedicado las derechas en plena pandemia. Casinos, peones y jornaleros y, si puede ser, quitar todos los impuestos y reducir a la mínima expresión todo lo que huela a público. Ese es el proyecto para esta Región que tienen nuestras élites, un puñado de señores que caben en un ascensor y que son los que verdaderamente mandan, sin tener que presentarse a las elecciones.

Lo reconocía el propio portavoz de Vox, Juan José Liarte, en el debate para convalidar el decreto que permite más vertidos y emisiones. “Todos hemos recibido presiones por parte de sectores de la economía murciana”. Es la correa estranguladora del amo.   

Ni desfiles militares, ni una raza, ni un destino. Mi patria es el Mar Menor y sus legiones los cientos de miles de vecinos y visitantes, que añoran su recuperación. Mi bandera una puesta de sol en sus orillas. Nuestras hazañas no están en ningún nuevo mundo. Nos basta con recuperar en todo su esplendor este paraíso nuestro, tan inmediato.

Mientras en otras latitudes se suceden las marchas castrenses, en la memoria de la Región de Murcia el 12 de octubre ha tomado otro cariz. Para nuestra gente, el día de la Hispanidad será también siempre el día de conmemoración del mayor ecocidio de su historia. Un día como hoy de hace un año, el Mar Menor escupió a sus orillas un holocausto de peces y crustáceos. Cayó a la lona noqueado después de años de maltratos. Acorralado por la especulación urbanística, envenenado por 300.000 toneladas de nitratos, acuchillado por la espalda, mientras el Gobierno regional lleva 25 años mirando para otro lado.

La pregunta solo puede ser: ¿ha cambiado algo desde entonces? La respuesta es desoladora: si algo ha cambiado, lo ha hecho para peor. Nuestra patria sigue en estado de sitio, atacada por los primeros que deberían defenderla.

El 22 de julio el Mar Menor sufrió una nueva traición. PP, PSOE, Ciudadanos y Vox sellaban el Pacto del Nitrato en la Asamblea Regional. Lo que debía ser una Ley de Protección del Mar Menor acabó por convertirse en una ley para proteger a las multinacionales de la agroindustria y sus prácticas contaminantes. Carta blanca a 170 kilos de nitratos anuales por hectárea. Y a eso tienen el cuajo de llamarlo “agricultura sostenible de precisión”.

Que la (ultra)derecha anteponga los millonarios beneficios de unos pocos al patrimonio natural de todos los murcianos es ya una costumbre. Pero lo del PSOE de Diego Conesa merece un capítulo aparte: ¿tú también, hijo mío? La propia ministra de Transición Ecológica tuvo que rectificar el disparate de sus compañeros de partido en Murcia, imponiendo la restricción total de nitratos en la zona 1, tal y como pedía Podemos.

Llegó el verano y ha seguido el asedio. Uno de los pocos aspectos positivos de la Ley de Protección del Mar Menor era la obligación de colocar barreras vegetales en las fincas para reducir las escorrentías y frenar los arrastres de nitratos. Para burlar la ley durante los meses de julio y agosto se han producido movimientos de tierras a escala nunca vista en el campo de Cartagena. Las aguas nunca pasarán por esos filtros verdes, porque están siendo desviadas de las fincas.

Lo que hemos visto allí esta semana nos ha dejado sin palabras: motas de más de un metro de altura, algunas encementadas. Brazales y canales de drenaje improvisados, para sacar el agua de las explotaciones agrícolas a las carreteras. Vías convertidas en auténticas ramblas de asfalto, que llevarán los arrastres de las próximas lluvias directas contra los municipios ribereños y el Mar Menor. Cualquiera puede darse una vuelta por la RM-F26 y comprobarlo.

La pasividad de todas las instituciones vuelve a ser pasmosa. Ni la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno regional de López Miras. Ni la Confederación Hidrográfica del Segura y la Comunidad de Regantes del campo de Cartagena. Ni los alcaldes de la zona, socialistas (Los Alcázares), populares (San Javier) o independientes (Torre Pacheco). Es imposible que no sepan lo que está ocurriendo a la vista de todo el mundo. En esta hora decisiva, sin embargo, en lugar de hacer cumplir la ley, han decidido hacerse cómplices, reos de sedición.

El Mar Menor está de nuevo solo ante un peligro inminente. Nuestra patria está en peligro y la única medida de salvación pública que podría conjurar esta amenaza de manera urgente es declarar todo el Mar Menor parque natural. Una medida que anteponga su preservación sobre cualquier otro interés particular. Desde Calblanque a San Pedro del Pinatar, incluyendo espacios que aún no están protegidos e integrando los pueblos de su ribera de forma respetuosa. Los Alcázares, Los Urrutias, San Javier…necesitan ese reconocimiento que le dé también un impulso a un nuevo modelo de turismo sostenible.

Ahora es el momento de demostrar el verdadero patriotismo, algo que va mucho más allá de colgar la bandera en el balcón. No hay tiempo para más excusas, cuando lo que urge es defender el bien común. La alternativa es muy clara. Patria o muerte. O defendemos el Mar Menor todos a una o seremos la generación que certifique su fallecimiento.  

Llegó el MITECO y mandó a parar. Este podría ser, parafraseando al legendario Carlos Puebla, el resumen de una semana agitada, una más, para el Mar Menor y sus gentes.

Los titulares dictados esta semana por PP, PSOE y Cs para vendernos su acuerdo para “proteger” el Mar Menor no podían ser más engañosos. ¡Se extiende la franja de protección de 500 a 1.500 metros! Vítores y aplausos. ¡Solo se permitirá la agricultura ecológica en esta franja! Bombo y platillo. La letra pequeña sin embargo escondía mucho más. Ya lo dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa.

El texto pactado por los tres partidos elimina cualquier referencia en su artículo 50 a la tradicional agricultura de secano y al regadío ecológico. “En la zona 1”, establece, “solo se permite la agricultura sostenible de precisión”, un neologismo murciano que no tiene ningún reconocimiento ni organismo regulador a nivel nacional o internacional. Este invento permitiría seguir arrojando hasta 170 kilos de nitratos anuales por hectárea a tiro de piedra de la laguna.

Llevado a los cientos de hectáreas de regadío de la franja, este despropósito supone miles de toneladas de nitratos que acabarán en el Mar Menor y que se suman a las más de 300.000 que abonan la marea verde. Y no solo eso. El artículo 27 establece que estas dudosas prácticas se beneficiarán además “de las distintas líneas de ayudas y subvenciones a la actividad agrícola”. Nitratos subvencionados, como lo oyen.

La polémica también está servida respecto al control de estas medidas. Los biólogos y los ambientólogos han sido excluidos. Solo los ingenieros agrónomos o técnicos en paisajismo, que no están especializados en medioambiente, podrán formar parte del cuerpo de operadores agroambientales encargados de controlar y certificar que la ley se cumple. Pero, si el pago corre a cuenta de los dueños de las explotaciones, ¿quién garantiza la objetividad de estos certificados?

El apaño de PP, PSOE y Cs, un verdadero pacto del nitrato, ha sido tan escandaloso que ha tenido que intervenir el Ministerio a través de la Confederación Hidrográfica estableciendo, con buena lógica, que no caben excepciones en la franja de protección y echando abajo la sospechosa treta. El estado del acuífero, en riesgo químico, no permite más concesiones a la agroindustria. Todo un tirón de orejas para Diego Conesa de la ministra de su propio partido, Teresa Ribera. Más de un votante socialista andará también pensando cómo han pasado de pedir una moción de censura por el Mar Menor a pactar medidas tibias, que López Miras y Luengo ya están utilizando para frenar las exigidas por el Ministerio.

Reconocer el estado crítico del acuífero, sacar de la franja de protección cualquier nitrato sin excepciones, tal y como pedía Podemos, es solo un primer paso. El Ministerio tiene que seguir dando pasos valientes e incluir al Mar Menor en el Catálogo Español de Hábitat en peligro de desaparición. Los murcianos y murcianas tenemos que seguir empujando para conseguir que la laguna sea declarada Parque Regional. Si el Mar Menor es una joya, cuidémosla y démosle el reconocimiento que se merece. Mientras hay lucha, hay esperanza.

Martes 25 de febrero. En Italia son ya 229 los casos confirmados de coronavirus y se considera que existe transmisión comunitaria en las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y Piamonte. Los ecos de la epidemia empiezan a llegar a España. Por fortuna, ahí está Lorenzo Milá para tranquilizarnos precisamente desde Milán, la capital lombarda: “estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado”, “Afecta sobre todo a personas con defensas bajas o con situaciones de salud precarias”. Son las nueve y cinco de la mañana y con las buenas noticias entran divinamente el café y la tostada.

Solo unas horas más tarde la Generalitat confirma el primer caso en la Península, el de una italiana residente en Barcelona que había regresado de Bérgamo. El lunes ya se había aislado el Hotel Costa Adeje en Canarias. Comienza el goteo de casos. Los protocolos se limitan en la mayoría de los casos de personas que creen estar infectadas a recomendarles que se queden en casa y avisar si los síntomas empeoran.

Nadie vio venir lo que se nos venía encima y el que diga lo contrario miente como un bellaco oportunista. No lo vio venir ni siquiera Lorenzo Milá, que estaba sentado encima. Y no hablamos de un comunicador cualquiera. Una Antena de Oro, dos premios de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, siete veces nominado al TP de Oro como mejor presentador de informativos de España, Premio Nacional de Periodismo en 2017, corresponsal en Washington y en Roma…y una trayectoria de casi 40 años, que es como si fueran ninguno frente a algo radicalmente distinto y desconocido para todas las generaciones que hoy andamos por la Tierra.

Ahora empezarán los debates para ver quien tiene la culpa. El 8M. El mitin de Vox en Vistalegre. O el pobre de Lorenzo Milá. De poco sirve. No dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. Este virus se extenderá por todos los países del mundo, al margen de decisiones puntuales y la causa última es una contradicción mucho más profunda. Vivimos en un planeta totalmente globalizado, con un comercio mundial que alcanzó los 19’67 billones de dólares en 2018 y en el que más de 1.400 millones de personas viajaron por todo el mundo el año pasado. China es nuestro cuarto importador principal. El tercero es Italia.

Sin embargo, seguimos viendo a China como un país absolutamente extraño y lejano, sin tener en cuenta que los más de 9.000 km que nos separan de Pekín suponen apenas 10 horas de vuelo. Por no hablar de la distancia mental: cuando el virus empezó a hacer estragos en Wuhan se le llamó inmediatamente el coronavirus chino. Como si nuestra genética fuera distinta a la de los chinos y nos hiciera inmunes. Como si se tratara de una de esas epidemias que azotan de forma crónica a los llamados países del tercer mundo, cuando la realidad es que la mayoría de nuestras ciudades son humildes aldeas, si las comparamos con las del gigante asiático.

La cobertura mediática, que sigue aún la inercia de los tiempos de la Guerra Fría y nos predispone contra todo lo que viene de los 'países comunistas', ridiculizó las medidas tomadas por Pekín y especuló con oscuras razones políticas. También las rechazaron eminencias científicas como Howard Markel, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Michigan, que consideró en el New York Times que la estricta cuarentena era una medida tardía y solo podía empeorar las cosas. Al fin y al cabo, el SARS de 2003, la versión ‘pentium’ de este Covid19, tampoco fue para tanto: 765 muertos, la inmensa mayoría en China y Hong Kong.

Hoy en cambio sabemos que si el virus sigue extendiéndose matará a cientos de miles de personas, si no millones, un precio que nuestras sociedades actuales no están dispuestas a pagar, con independencia de cuál sea el impacto económico. Tampoco la sociedad china. Ni la británica, por mucho que se empeñe Boris Johnson. El pueblo británico no lo permitirá. Cuando hablamos de un virus que solo afecta a los mayores y a las personas con bajas defensas debemos tener en cuenta que solo en España son más de 9 millones las personas mayores de 65 años y más de 200.000 los pacientes oncológicos cada año. El efecto de un coronavirus desbocado en esta vieja Europa puede ser el de un nuevo caballo de Atila.

La culpa no es de Lorenzo Milá. La culpa es de todos y de nadie y quizá eso es lo que más nos desconcierta. Que esta vez no hay un cabeza de turco al que cargarle el muerto. Las decenas de miles de muertos. Detrás de la propagación de esta pandemia hay algo mucho más preocupante: un combinado de globalización y de eurocentrismo, una contradicción fundamental de nuestro mundo contemporáneo que ha actuado como una mezcla letal en esta crisis.

Asumamos nuestras limitaciones y miremos adelante. No pudimos prevenirlo. Pero estamos a tiempo de pararlo, de erradicarlo. Lo que está en juego es un principio básico para nuestras sociedades: entre la vida o la bolsa, primero va siempre la vida. Será extraordinariamente difícil porque exige una coordinación internacional sin precedentes. Pero si todo el mundo se para al mismo tiempo “tutto andrá bene…”. Saldremos de ésta y volveremos a disfrutar de un café con tostadas mientras seguimos las crónicas del mejor presentador de informativos de España. 

El pasado jueves PP y Ciudadanos se sumaban a la ultraderecha y bloqueaban en la Asamblea Regional la tradicional declaración institucional de apoyo a los actos del 8M. No los busquéis tampoco hoy en las manifestaciones. ¿Dónde están nuestros demócratas cristianos? ¿Dónde está nuestro centro liberal? Desde hace un tiempo, con Vox en el monte.

Lo demuestra bien el debate en torno a la nueva Ley de Libertad Sexual. En los nueve primeros meses del año pasado crecieron todas las denuncias por delitos sexuales: un 7'6% las agresiones sexuales, un 8'1% las agresiones con penetración, un 14'5% los abusos y un 9'7% los abusos con penetración. El número de violaciones múltiples contabilizadas por el proyecto Geo Violencia Sexual habla también por sí mismo: 18 en 2016, 14 en 2017, 60 en 2018, 73 en 2019.

No es solo el número de delitos lo que cuenta, sino también la sensación de impunidad. La distinción entre abusos y agresión sexual rebajó la condena inicial a la manada de Pamplona a penas de tan solo nueve años al considerar que no hubo violencia. ¡Qué resistencia podía oponer una chica en shock rodeada por cinco hombres corpulentos! Los violadores de la manada de Manresa también fueron premiados con penas más leves por haber dejado previamente inconsciente a su presa, una menor de apenas 14 años.

Nuestra sociedad estalló de indignación y dijo basta: basta a que la materia de juicio fuera la resistencia de la víctima, basta a tener que pedir perdón por seguir vivas. La marea violeta que secundó la histórica huelga del 8M de 2018, se desbordó de nuevo por las calles de toda España el 27 de abril para protestar contra la sentencia de la Audiencia de Navarra. Fue el movimiento feminista el que consiguió que el Tribunal Supremo hiciera justicia y el que ha impulsado la nueva ley.

Aumento de delitos, lagunas penales, un clamor social…en cualquier país 'normal' sus partidos políticos se pondrían del lado de la protección de las mujeres, pero el nuestro y nuestra Región hace tiempo que dejaron de serlo.  Cada vez que tienen que elegir, PP y Ciudadanos lo tienen muy claro: que hay que tragar con el pin parental, al monte con Vox. Que hay que eliminar cualquier partida LGTBI, al monte con Vox. Que hay que ponerse de perfil el 8M, al monte con Vox.

Dicen que la cabra siempre tira al monte. En el caso de estos ultras hablamos más bien de machotes cabríos que se han ganado una fama más que discutible lanzando guarridos en redes sociales:

-Francisco Serrano, el juez de Vox, tuiteó al día siguiente que la sentencia de la manada había sido “dictada por la turba feminista supremacista”. “La única relación segura entre un hombre y una mujer”, remató en Facebook, “será la prostitución”. A día de hoy el juez putero sigue siendo el presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía. 

-Alonso de Mendoza, candidato al Congreso por Madrid, llamó a la menor violada por los tres futbolistas del Arandina “fulana” y “arpía”. Vox lo ha premiado con un puesto de asesor en el Parlamento Europeo.

-Bertrand Ndongo, el negro de Vox, se levantó ese día preguntándose “qué era ser menor” y denunciaba a las chicas que “llevan tanga” y ponen el “culo en pompa” en el Instagram. En diciembre Monasterio lo fichó como asesor en la Asamblea de Madrid.

-Juan José Liarte, portavoz ultra en la Asamblea de Murcia se expresaba así en junio sobre la ministra Dolores Delgado: “De una puta solo puedes esperar putadas”.

Hablemos claro. Estos son los compañeros de viaje de López Miras e Isabel Franco. No se puede estar al mismo tiempo con la inmensa mayoría de las mujeres de nuestro país y con estos cabestros que viven obsesionados en su guerra de sexos. No se puede estar con la protección de nuestra libertad sexual y con los energúmenos que defienden a los violadores y culpan a sus víctimas. No se puede estar con las mujeres trabajadoras que exigen una igualdad real y con el “feminismo” amazónico que achaca la brecha salarial a que las mujeres eligen profesiones peor remuneradas. Cayetana es tan machista como el juez Serrano.

Hoy es 8 de marzo y sabemos dónde estamos: si ellos se tiran al monte, nosotras tomamos las calles. 

Hola realidad. Las movilizaciones del campo en los últimos días, especialmente intensas en Extremadura y Andalucía, nos traen de vuelta a la actualidad esos problemas que tan poco interesan a los grandes medios, los que tienen que ver con el sudor del trabajo, el pan y el llegar a final de mes.

No recuerdo ningún año sin movilizaciones del sector primario: los productores de leche, los llauradors valencianos indignados por el precio de la naranja, el campo de Almería el año pasado… los más viejos del lugar recuerdan incluso el movimiento histórico del 77, con tractoradas y cortes de carreteras por toda España durante casi dos semanas. Si las manifestaciones se han sucedido durante los últimos 40 años, el problema no puede ser la subida del salario mínimo, como asegura una derecha que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y busca más el conflicto que soluciones reales.

Melocotones, ciruelas o nectarinas se han pagado en Extremadura a 15 céntimos el kilo. En el supermercado valen más de 2 euros. El limón o la naranja se pagan en la tienda hasta 10 veces más caros de lo que recibe el agricultor. El margen de beneficio es siempre para los mismos: LIDL, ALDI, Carrefour… grandes cadenas de distribución transnacionales que imponen los precios en un mercado que no tiene más regulación que la ley de la selva.

¿Es un problema de todos los agricultores? No. La gran agroindustria hace tiempo que se llevó gran parte de la producción a países donde la legislación laboral y medioambiental es mucho menos exigente. Como ejemplo, el tomate marroquí. Son los “agricultores” que piden bajar el salario mínimo, pero que se benefician de los acuerdos preferenciales que hunden los precios del campo. No son de fiar.

¿Es un problema solo de los agricultores? Tampoco. Las mismas grandes empresas que asfixian al agricultor, exprimen los bolsillos de las familias trabajadoras. La cesta de la compra de los humildes cada vez lleva más comida basura y menos frutas y verduras. No lo podemos pagar. En el campo el labrador no recibe apenas nada y en la ciudad el trabajador no puede permitirse pagarlo. En el colegio me enseñaron que 2+2 siempre son 4. Este es un caso muy claro. ¿Por qué no unimos nuestras luchas en lugar de quedarnos parados?

La solución se llama huelga de consumo. En España no existen muchos precedentes, pero la historia está plagada de ellos. La lucha por la independencia de la India comenzó con el llamamiento de Gandhi a boicotear los productos británicos, el primer gran éxito en su estrategia de acción no violenta. El movimiento por los derechos de la población negra en Estados Unidos se extendió también tras el boicot de autobuses en Montgomery impulsado por Martin Luther King, después de que Rosa Parks se hubiera negado a ceder su asiento a un pasajero blanco.

Pero no hace falta irse tan lejos en el tiempo. En Marruecos, una campaña iniciada en redes en 2018 para denunciar la especulación y el alto coste de la vida hizo tambalearse el país. El boicot contra Danone, las gasolineras Afriquia y la marca de agua mineral Sidi Ali se extendió como la pólvora y llevó a la dimisión de varios hombres de negocios metidos en política.

Es hora de darles donde más duele, de llevar el conflicto del campo y las carreteras a las fruterías y a los supermercados. Extender el dominio de lucha. Un ejercicio de resistencia silenciosa y pacífica contra unos abusos que ya duran demasiado tiempo. Es hora de que el campo ponga nombres y marcas sobre la mesa y concentrar nuestra fuerza sobre un par de objetivos. Cuando el resto vea las barbas del vecino trasquiladas, pondrá las suyas a remojo. La revolución de los monederos es para ya, porque la paciencia hace tiempo que se ha agotado.

Las próximas elecciones generales están a la vuelta de la esquina y todas las encuestas coinciden en varios factores. El PSOE no solo se ha visto frenado en su crecimiento, sino que podría dejarse varios escaños. Sus electores más progresistas les responsabilizan de no haberse puesto de acuerdo con Unidas Podemos y de esta repetición electoral tan absurda. Sus electores más conservadores se mueven a la derecha espoleados por el conflicto en Cataluña.

Del desgaste y la desmovilización socialista y de la caída de Ciudadanos se beneficia sobre todo el PP. No es que esté haciendo mucho ni marcando agenda en Cataluña. Casado se contenta con no hacer mucho ruido y esperar que las circunstancias sigan jugando a su favor. Mientras se hable de Cataluña y Franco, el otro gran beneficiado es Vox. Si hace unas semanas la ultraderecha parecía condenada a la irrelevancia, la agenda del gobierno le ha puesto una alfombra roja para copar redes y telediarios: atención, Moncloa, ¿hay alguien al volante?

A la izquierda del PSOE, Unidas Podemos se mantiene gracias a la extraordinaria movilización de sus votantes, los que más irán a votar y los que menos se arrepienten de su voto según varias encuestas. Mientras tanto, el partido de Errejón no termina de arrancar. Ninguna encuesta le da mucho más de un 4%. Ni GAD3 (3,7%), ni SigmaDos o Ipsos (4'6%), ni el último promedio de Electomanía (4'4%). Y la tendencia es a la baja. En Murcia estos porcentajes se reducen más aún.

El partido puede estar sufriendo su primera crisis por un error de concepción: si la gran diferencia que Más País subraya frente a Unidas Podemos es que ellos sí que facilitarían un gobierno del PSOE a cualquier precio...¿por qué no votar directamente al PSOE? A medida que las diferencias entre PSOE y PP se acortan, el mercado electoral de Más País se reduce: el voto útil marca para muchos el regreso del satélite de Errejón a la nave nodriza socialista.

En la Región de Murcia ninguna encuesta de este mes le da diputado a Más País. Se quedan muy muy lejos. El gran beneficiado de la nueva marca de Urralburu podría ser paradójicamente el Partido Popular. El reparto de escaños en las últimas elecciones de abril no deja lugar a dudas. El último escaño se lo llevó el PSOE por apenas 5.000 votos, un margen muy estrecho. Por poco que Más País le “rasque”, el PSOE perderá con total seguridad ese último escaño. ¿Adónde va a parar? Al Partido Popular, que se convierte así en el gran beneficiado. El PP lo sabe y por eso Urralburu tiene las puertas abiertas en todos los medios donde los populares tienen alguna o mucha influencia en esta Región.

Pero esto no es todo. Una simulación optimista, que otorgue a Más País en torno a un 4% de los votos, con un voto procedente a partes iguales de PSOE y Unidas Podemos, podría tener otro efecto colateral importante. El escaño de Unidas Podemos podría acabar paradójicamente en manos de Vox, que sigue distanciándose de Ciudadanos al calor del conflicto catalán.

Las encuestas reflejan en resumen un negro panorama para las fuerzas progresistas de la Región. Un escaño volará seguro del PSOE al PP. Por eso en la Calle Princesa andan sumamente preocupados. En pleno escándalo por la desastrosa gestión popular del Mar Menor, éste podría salir reforzado y legitimado de las urnas el próximo 10 de noviembre. El otro escaño se lo disputarán entre Unidas Podemos y Vox/Ciudadanos, con ventaja de momento para los primeros. Lo contrario supondría un importante reforzamiento del bloque conservador: de 6 (PP, Cs y Vox) a 4 (PSOE y Unidas Podemos) en abril a un brutal 8 a 2 en noviembre. La derecha desatada. El efecto Más País en la Región de momento se queda solo en Más PP.