A pocos días de la sentencia de la Gürtel, el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha votado el miércoles 30 de mayo si abre una comisión de investigación sobre la economía social y solidaria y sus vínculos con el gobierno de Ahora Madrid. Se trata de un burdo intento, lanzado desde algunos medios y partidos de la oposición, de hacernos creer que “todos son iguales” y que no existe otra forma de gobernar. Así, mientras unos se dedicaban a gobernar para engrosar las arcas del partido y sus cuentas personales, los grandes medios de comunicación y los partidos de la derecha señalan que el apoyo del gobierno municipal a la economía social y solidaria no sería más que otro ejemplo de “red clientelar”.

Se olvida que candidaturas como la de Ahora Madrid llegaron a los ayuntamientos con el compromiso de impulsar una democratización económica. Cuestión que se ha intentado abordar apoyando el sector de la economía social y solidaria, pero también con otras medidas como la auditoría de la deuda y los presupuestos participativos. Pero, desde el principio, ese objetivo ha chocado con grandes intereses económicos y partidistas. Ejemplo de ello son los recursos judiciales de las grandes eléctricas para impedir el establecimiento de las cláusulas ambientales en la contratación del suministro eléctrico. Recursos que, por cierto, finalmente han sido desestimados. Otro ejemplo son las limitaciones marcadas por la “regla de gasto” y los compromisos arrastrados de los gobiernos anteriores.

Se han conseguido algunos avances en ámbitos como la transparencia, que ha puesto fin a años de opacidad, y la compra pública responsable, que incorpora cláusulas sociales y ambientales en los concursos públicos. No hay que olvidar tampoco el proceso de auditoría de la deuda municipal, que destapó casos como la venta de viviendas sociales a fondos buitre y el agujero económico generado por el soterramiento de la M-30. Especialmente reseñable ha sido la convocatoria europea que ganó el proyecto Mares para impulsar la economía social y solidaria con 4,8 millones de euros. O el cambio de modelo en las licitaciones de las escuelas infantiles, permitiendo el acceso de pequeñas cooperativas al valorar todo el proyecto educativo y no solamente el precio.

Efectivamente, son hitos que han enfrentado el poder de las grandes empresas y posibilitan la entrada de proyectos económicos transformadores en la contratación pública. Sin embargo, la realidad económica de la ciudad muestra una situación muy asimétrica: las más beneficiadas por la contratación pública siguen siendo las grandes empresas. Diez compañías recibieron el 54% del importe adjudicado por el consistorio entre enero de 2015 y mayo de 2016, tal y como ha publicado eldiario.es. Además, según afirmaba el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, las empresas vinculadas al caso Púnica “son las que se llevan la parte nuclear de las adjudicaciones”. Parte de esos contratos fueron firmados en la legislatura anterior, blindando así los ingresos de constructoras como Ferrovial, OHL, Sacyr y FCC por la concesión de los servicios de basura, limpieza, movilidad y mantenimiento de la ciudad.

Mientras tanto, la economía social y solidaria apenas accede al 0,17% de los contratos del Ayuntamiento, a la vez que el presupuesto municipal dedicado a promocionar este tipo de economía social es de 1,1 millones de euros (0,02% del presupuesto), según los datos compartidos por el responsable de Economía y Hacienda en el pleno municipal. Esta situación choca con el escenario que han querido dibujar desde la oposición: primero, porque no representa un volumen significativo de contratos y ayudas; segundo, porque se trata de políticas que van dirigidas a todo un sector y no a unas empresas concretas.

Hemos visto cómo se ha intentado deslegitimar la economía social y solidaria con discursos caricaturizadores que demuestran muy poco conocimiento de los valores y funcionamiento de este sector. Se ha impedido, de esta forma, reconocer esta propuesta económica como lo que realmente es: una propuesta transformadora que, frente a un sistema insostenible tanto social como ecológicamente, plantea la necesidad de cambiar la organización socioeconómica. Que apuesta por colocar en el centro a las personas, su bienestar individual y colectivo, así como a los procesos relacionados con la sostenibilidad social y ambiental de la vida.

La economía social y solidaria está demostrando que hay otra forma de generar actividad económica de forma sostenible. Los datos de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que aglutina a más de 600 empresas y entidades con cerca de 11.000 empleos y unos ingresos de 421 millones de euros en 2017, así lo demuestran. Este papel también ha sido reconocido en el plano internacional por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Europea, a través del impulso de programas y directivas de promoción de la economía social y solidaria. Entre otras cuestiones, por su papel estratégico para la generación de empleo digno, cohesión social, resiliencia comunitaria y frente a los retos eco-sociales. Un reconocimiento que también se encuentra en la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 o la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que recoge la posibilidad de realizar, con determinadas condiciones, reservas de mercado para entidades de la economía social.

Por todo ello, con los objetivos de democratizar la economía y de poder avanzar en su transformación con criterios de justicia social y ambiental, parece imprescindible seguir ampliando la apuesta por la economía social y solidaria. Especialmente, teniendo en cuenta la necesidad de disputar el espacio a las grandes corporaciones que siguen dominando la contratación pública y que, a diferencia de las empresas cooperativas, generan graves impactos sociales y medioambientales, además de que buena parte de ellas están envueltas en irregularidades y casos de corrupción o vulneración de derechos.

Más concretamente, si investigamos en los datos del año 2017 que aparecen en el portal de transparencia del Ayuntamiento, podemos encontrar contratos por valor de más de 20 millones de euros con empresas como Atenzia, Ilunion y Asispa. Todas ellas encargadas de prestar el servicio de teleasistencia, a pesar de conseguir una sustanciosa bajada de precios a través de la precarización laboral y del servicio. Al igual que un contrato de 57 millones para la compra de autobuses con la empresa Scania, (filial de Volkswagen) multada por la Comisión Europea por prácticas mafiosas de negociación de precios. Además de otros contratos millonarios como el de más de 3 millones con el Corte Inglés, una empresa implicada, entre otros casos de vulneración de derechos humanos, con la catástrofe del Rana Plaza (Bangladesh) en la que murieron más de 1.100 trabajadoras textiles.

También podemos ver cómo hay empresas como CLECE (perteneciente al grupo ACS) que solo en 2017 acumulan contratos por valor de más de 22 millones para prestar servicios educativos, de mantenimiento, limpieza o centros de día, a pesar de las denuncias por mal servicio e incumplimiento de convenio en otras comunidades y la precarización laboral que sufre su plantilla. Ferrovial también acumula contratos por un monto total de 14,9 millones, cuando ha sido sancionada por el propio Ayuntamiento por incumplimiento del contrato. A pesar de los intentos de avanzar hacia una contratación pública responsable, que no tenga en cuenta únicamente la oferta económica sino que pueda favorecer la inclusión de medidas sociales y ambientales, gran parte de los contratos del Ayuntamiento de Madrid en 2017 siguen en manos de las mismas corporaciones que ya han demostrado sus malas prácticas con anterioridad.

Por último, si nos fijamos en los contratos menores, uno de los temas que ahora parece que más preocupa a la oposición, podemos ver cómo entre las empresas que acumulan los contratos de este tipo por mayor valor no encontramos ninguna de las señaladas en las últimas semanas, sino compañías como Ferrovial (397.687,70€), Hartford (184.497,22€) o Tritoma (168.502,87€). Eso viene a demostrar que, si bien existe un problema en la forma de adjudicación de los contratos menores, este no tiene nada que ver con el impulso de la economía social y solidaria por parte del Ayuntamiento, sino que se trata de un problema relacionado con la legislación vigente.

A pesar del potencial de la compra pública como herramienta para transformar la economía y avanzar hacia su democratización, este objetivo aún se encuentra lejos de alcanzarse. Aunque seguramente sean insuficientes, los pasos que se han dado desde el Ayuntamiento de Madrid en esta línea pueden ser el inicio para ampliar el espacio que ocupan los principios de la economía social y solidaria en la economía de la ciudad. La equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, el compromiso con el entorno han de situarse por delante de la obtención del máximo beneficio económico. El ataque de los grandes poderes mediáticos y políticos a la economía social y solidaria, más allá del oportunismo partidista, debería servir para reivindicar la importancia de seguir avanzando en la construcción de alternativas económicas y para seguir profundizando el debate sobre el papel que podrían jugar los municipios en este proceso.