En el contexto de la crisis climática y energética global, la transición energética se ha colocado como una de las prioridades centrales de la agenda medioambiental. Mientras que hay un consenso generalizado sobre el papel fundamental que las energías renovables jugarán en este proceso, hay todavía poca discusión sobre las formas en que nuestras sociedades extraerán, transformarán, distribuirán y consumirán estos recursos alternativos. La estrecha relación entre el uso de la energía y la organización social plantea aquí preguntas clave sobre el tipo de desarrollo que las energías renovables sostendrán. Una transición hacia el aprovechamiento y consumo de energías renovables puede verse como un mero cambio tecnológico que daría vuelta al engranaje del “crecimiento verde”, o bien, como el impulso para una transformación social más amplia que apunta hacia la construcción de proyectos eco-sociales alternativos.

Mientras que las tendencias dominantes apuntan hacia la rápida implementación de mega-proyectos de energía renovable, de carácter corporativo y centralizado, se registra un paralelo incremento en los casos de protesta social y búsqueda de alternativas a nivel local. En los países del Sur Global, así como en las periferias del Norte Global, la expansión de tales mega-proyectos ha traído consigo una creciente lucha por la soberanía de los territorios, así como por la defensa y gestión alternativa de los recursos. En el Atlas de Justicia Ambiental, realizamos un inventario cartográfico de conflictos socio-ambientales vinculados a las infraestructuras en energía renovable, analizando las características de estas inversiones, las transformaciones socio-ambientales que generan en distintas escalas, así como los procesos de diálogo que emergen desde las comunidades afectadas. (Ver, por ejemplo, el estudio sobre proyectos hidroeléctricos).

En el caso de la energía eólica, la expansión global de mega-proyectos está generando una creciente demanda de tierras, lo que muchas veces se traduce en la privatización de territorios de comunidades indígenas y campesinas. Al mismo tiempo, estos proyectos van reafirmando una organización del espacio en donde lo “rural” funciona como un nodo de producción (de energía, alimentos y mano de obra barata) para proveer las crecientes demandas de industrias y ciudades en crecimiento. En México se ha desarrollado un caso ilustrativo con el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec; un ambicioso proyecto compuesto por más de 1,780 turbinas en donde participan varias empresas trasnacionales y que ha desatado un largo y complejo conflicto en la región. La movilización de las comunidades del Istmo se ha caracterizado por la defensa de los territorios indígenas, pero también por una denuncia abierta a la privatización de los “beneficios verdes”, ya que más del 65% de la electricidad producida está destinada al consumo de grandes empresas como Coca-Cola, Walmart y Cemex (ver aquí el estudio completo).

El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec no es un caso aislado, sino parte de una tendencia de inversiones globales que va sumando ejemplos a lo largo del continente Americano, África, Europa y Asia. Esta tendencia demuestra que los casos de oposición no corresponden ya a un ambientalismo “tradicional” que defiende “paisajes naturales” ante la presencia de turbinas invasoras, sino a un ambientalismo “popular” que aboga por un proyecto de sustentabilidad que incorpore la justicia social como elemento central. El análisis comparativo de estos casos permite observar que, la expansión centralizada y corporativa de la energía eólica no sólo genera presiones espaciales y privatización de beneficios, sino que también tiende a ignorar procesos transparentes de consulta y participación de las comunidades afectadas. Todo ello va reforzando las desigualdades sociales y geográficas que han caracterizado al modelo de desarrollo basado en energías convencionales.

La naturaleza intrínseca de los recursos renovables (más dispersos y menos productivos que las fuentes fósiles y nucleares), combinado con el imperativo del crecimiento económico infinito, se está traduciendo así en la emergencia de nuevas injusticias socio-ambientales. Si bien los recursos renovables son en principio ilimitados, existen una serie de límites sociales y biofísicos para su aprovechamiento y consumo. Esto incluye las grandes demandas de tierra, materiales y energía necesarios para implementar los mega proyectos, pero también la distribución social y geográfica de sus impactos y beneficios. Así, mientras que el discurso despolitizado de la transición energética tiende a presentar a las energías renovables como recursos intrínsecamente justos, los conflictos hacen visible una serie de temas que resultan fundamentales para enriquecer un debate que es, sobre todo, político. Si bien las tecnologías de gran escala pueden ofrecer soluciones parciales a la crisis climático/energética, las cuestiones socio-ambientales continuaran emergiendo si un proyecto de transición energética no va acompañado de cambios en los patrones de consumo y gestión de los recursos; todo lo cual implica transformaciones económicas y sociales de fondo.

Los casos de protesta contra mega-infraestructuras de energía renovable, así como el creciente número de iniciativas ciudadanas a favor de la justicia energética van desarrollado puntos clave en este sentido. Muchos de estos movimientos contribuyen a visibilizar las contradicciones que emergen a partir del discurso del crecimiento verde, mientras que otros consiguen impulsar reformas legales para la consulta e implementación justa de nuevas infraestructuras energéticas (ver caso enColombia eIndia). Otros casos avanzan cuestionando el control de los recursos y las tecnologías, planteando el aprovechamiento colectivo, democrático y descentralizado de las fuentes renovables (ver casos en México yGrecia). Y hay otros que cuestionan también la escala de las infraestructuras y replantean las necesidades de consumo a nivel local y regional (ver: Iniciativas por la Soberanía Energética). Las alianzas entre los movimientos a favor de la justicia ambiental, con aquellas iniciativas que promueven alternativas al desarrollo basado en el crecimiento infinito, son y serán clave en la construcción de los debates públicos sobre la transición.