Tras el anuncio por parte del nuevo gobierno de la creación de un Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, todas las organizaciones sociales que trabajamos por los derechos de la infancia nos congratulamos de la medida. Por primera vez, un gobierno español asume como estratégica en la agenda política la lucha contra la pobreza infantil.

En la década de los noventa una quinta parte de los niños británicos vivía en condiciones de pobreza relativa, una tasa dos veces más elevada que la de Francia o los Países Bajos. Con la llegada al poder a finales de la década del 90 del gobierno laborista de Tony Blair se anunciaron medidas para erradicar la pobreza infantil en el horizonte 2020. La promesa fue seria, se tomaron acciones concretas bajo la consigna “trabajo para los que puedan trabajar y seguridad para los que no pueden”. Se aumentaron las ayudas familiares por hijos y los subsidios familiares, se ampliaron las plazas de educación infantil de 0 a 3 años y se apoyaron campañas y acciones contra el abandono escolar.

La situación de la pobreza infantil en España es realmente preocupante. Más allá de las discusiones sobre los indicadores de medición de la pobreza, discusiones generalmente en función de intereses partidistas, es indudable que según todos los indicadores España tiene un serio problema con los niños y niñas que viven en pobreza.

Según el indicador de pobreza relativa, 1 de cada 3 niños de España viven en condiciones de exclusión social. En términos absolutos son 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes. Estamos en un pésimo tercer lugar en el contexto de la Unión Europea en el número de niños y niñas pobres, sólo por detrás de Rumania y Letonia.

Gran parte de los problemas que tenemos como país parte de esta injusta realidad. Todos los estudios reafirman la necesidad de cambiar la visión que como país tenemos de la infancia. Poner a los niños en el lugar que les corresponde es esencial para construir un país más justo y a la par más competitivo. En muchas ocasiones se pone el ejemplo de Finlandia como país equitativo y líder en educación y por tanto en competitividad. Lo que no se suele decir es que la visión de la infancia y sus derechos permea todo el aparato estatal y lo que es más importante, posee una visión intergeneracional del bienestar, donde los niños, niñas y adolescentes son esenciales y sus derechos están en la prioridad de la política nacional.

El anuncio del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, sigue la estela de las medidas adoptadas por el gobierno laborista británico de finales de los 90 y principios de la década del 2000. Con alegría, casi con júbilo, los defensores de los derechos de los niños vemos como por primera vez en la España democrática un tema clave, tratado siempre como un tema “menor” o de “menores” -siguiendo la visión que tenemos como adultos del concepto de minoridad (“te reconozco por lo que no puedes hacer”)- ha saltado a los medios de comunicación y al debate público para quedarse.

¿Qué sucedió con las políticas de lucha contra la pobreza infantil en Reino Unido tras el gobierno de Blair? En junio de 2015 David Cameron anunció que renunciaba al objetivo de erradicar la pobreza infantil en Gran Bretaña para 2020, señalando la imposibilidad del objetivo por “arbitraria e inalcanzable”. Tras la crisis de 2008 el gobierno conservador redujo drásticamente los subsidios y ayudas, y los recortes sociales llevaron a un crecimiento sostenido del número de niños pobres. En la actualidad aproximadamente 4 millones de niños y niñas viven en condiciones de exclusión social en Gran Bretaña, una cifra alarmante en relación al objetivo de la erradicación que se había marcado.

Llevamos trabajando muchos años por construir un Pacto de Estado por la Infancia que incluya una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida y desarrollo de todos nuestros niños y niñas. Un pacto transversal a todas las fuerzas políticas que construya una base de acciones y medidas. Entre ellas destaco: aumentar la inversión en la infancia -una de las más bajas de la UE-, reducir la tasa de abandono escolar, promover la educación de 0 a 3 años y aumentar las prestaciones por hijo a cargo, todo esto desde una visión de equidad poniendo el acento en las familias más pobres.

Quizá el reto que enfrentamos, el más importante, sea poner en valor a los niños, reconocer su papel como ciudadanos en formación y la necesidad que tenemos como sociedad de liderar un nuevo contrato social donde mujeres, niños, niñas y adolescentes tenga un nuevo rol. Este cambio no es solo político; es un cambio que nos interpela a todos como sociedad.

Los casos de Reino Unido y Finlandia, nos enseñan que el acuerdo básico es social e intergeneracional, sin él las políticas estarán vinculadas a los vaivenes partidistas y a las coyunturas económicas. Construyamos un nuevo contrato social desde la infancia que permita avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, aboguemos por una Pacto de Estado por la Infancia #yopidopacto.