Si algo demuestra la caída en desgracia del Partido Popular de Rajoy es que, a pesar de los intentos de las clases dirigentes por controlar el relato, este no pertenece siempre a la política o, al menos, la política es incapaz de controlarlo en su totalidad. Y que, en una macabra broma del destino, Rajoy ha visto abatido por el desatino de sus propias políticas en materia judicial o mejor dicho por la ausencia de una verdadera política judicial, más allá de dejar transcurrir el tiempo, de proteger a los suyos y pretender empeñar el poder judicial como un instrumento más de sus políticas concretas. Tal es el punto que se lo ha llevado por delante una sentencia que ni era propiamente la de la Caja B del Partido Popular, ni afectaba realmente a su época de gobierno (1999-2005).

En el año 2011 la sociedad empezaba a despertar del largo letargo en el que se le había sumido, quizás narcotizada por el boom económico de la fuerte expansión de la economía de mediados de los noventa (1995-2007). Casos como Gürtel, Nóos o Palma Arena habían empezado ya aflorar. Escándalos que hoy se pierden en la maraña de casos de corrupción que salpican tanto al Partido Popular como al PSOE, pero también a sus socios de gobierno preferidos, PNV y CIU (hoy PDeCAT). Con ese panorama, es difícil pensar que alguien quisiera apostar por un Poder Judicial independiente.

El error de Rajoy fue no darse cuenta de que la España de 2018 no es la España de 2005 (ni la de los 90, ni la del 78), y de que si estamos dispuestos a seguir hablando de ciertos casos aislados, puede quizás que estemos hablando de casos aislados de una corrupción sistémica de la que el Poder Judicial solo alcanza a culminar unos cuantos.

Mariano Rajoy comprometió su autoridad política de hombre de Estado cuando su gobierno hizo dejación de funciones respecto del Poder Judicial, llegando al extremo de atacarlo directamente en el último mes tras la sentencia de “la manada”. La irresponsabilidad política de la crítica ad hominem del ya ex ministro de Justicia solo se entiende en medio de la fuerte movilización que jueces y fiscales veníamos realizando desde hace año y medio por la insostenible situación de la Justicia, situación que, si ya en el año 2011 era mala, había empeorado significativamente en los últimos años. Populismo puro al servicio de los más bajos instintos de la supervivencia política.

El problema, sin embargo, es que nuestra clase política hace tiempo que decidió que le iba mejor con un Poder Judicial inerme, al que vapulear a conveniencia. Pero las sentencias llegan, más tarde que pronto, pero llegan, y pueden tener un efecto devastador respecto de un gobierno que negó la corrupción porque ninguna sentencia lo decía.

La estrategia de no dotar de medios a la Justicia, de hacer reformas sin dotación presupuestaria que casi siempre provocan lo contrario de lo que pretenden, de menospreciar a los jueces y su trabajo, de proletizar a servidores públicos incansables, y de someterlos a condiciones profesionales indignas para el tercer poder del Estado (no lo olvidemos), ha terminado por provocar una voladura incontrolada del gobierno entero, al que solo le queda, cual madero a la deriva, la retórica de la conspiración. Pero no, este Partido Popular ha de buscar las causas de su defenestración pública en su nefasta política Judicial diseñada al son de sus necesidades particulares.

Ruiz de Gallardón reformó el CGPJ para alejarnos, aún más, de los estándares exigidos por el Consejo de Europa. Rafael Catalá se perdió en el sofisma de que en España no hay un problema de independencia sino de “percepción de la independencia” cuando solo Portugal está al nivel de España en materia de independencia.

A Rajoy lo ha matado políticamente Rajoy. Lo fió todo a una carta, la de la recuperación económica, recuperación que ni siquiera el Sr. Ábalos negaba el otro día en una entrevista. Pero, Sr. Rajoy, no todo era economía. O al menos, la economía no es nada sin un Estado de Derecho fuerte. Sin una democracia vigorosa sometida al imperio de la ley. Porque la política tiene que tener límites. De la misma manera, no todo son políticas sociales, no obstante su tangencial importancia.

Si Mariano Rajoy hubiera apostado abiertamente por situar a la Justicia en la primera línea de las políticas de Estado, imitando a imagen y semejanza lo mejor de los sistemas judiciales que nos rodean en las democracias más avanzadas, Gürtel se hubiera juzgado posiblemente hace tiempo, su tribunal no se hubiera visto envuelto en continuas recusaciones de magistrados, la causa de los EREs se hubiera terminado y, como ella, cientos de causas que se encuentran en los juzgados de España habrían llegado a un punto de cierta verdad judicial. Si Rajoy hubiera apostado por una Justicia fuerte e independiente, el 31 de mayo pasado no hubiera habido argumento válido para censurarlo.

Aprendamos de Gürtel. Aprendan todos. Si de verdad creen en la regeneración. Si de verdad estamos comprometidos con que épocas pasadas no vuelvan a suceder, apuesten por un Poder Judicial fuerte y al margen de partidismos. Cualquier partido que hable de regeneración tiene la obligación de convencer a los ciudadanos de que sus propuestas son sinceras. No lo pedimos nosotros, los jueces. No, no es corporativismo. Lo pide el propio Consejo de Europa pues es el estándar homogéneo de absolutamente todas las democracias que pretenden ser avanzadas. Y lo pide la sociedad informada. Y entonces, nadie podrá reprocharle a un Presidente de Gobierno no haber hecho nada para evitar la corrupción futura o no haberse desmarcado lo suficiente respecto de la pasada. Si la estrategia del avestruz sirviera de algo, estas dominarían la tierra. Señor presidente, toca hablar de Justicia. Y de si la próxima sentencia (quizás los EREs, quizás cualquier otra) abatirá un nuevo gobierno porque la sociedad ya no cree a los políticos que no hacen nada por ponerle el cascabel al gato. Es la hora de la Justicia que merece la sociedad española del siglo XXI. Es la hora del cambio.