La Historia nos dice que el inicio de la Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas para poner fin a los abusos del presidente Porfirio Díaz, militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en siete ocasiones y que, en total, ocupó la presidencia durante treinta años. Y aunque los historiadores —después de un siglo— aún no se ponen de acuerdo con respecto al fin de esta guerra, se dice que el fin tentativo de este movimiento armado se dio en 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En México creen saberlo todo sobre Francisco Villa, de nombre José Doroteo Arango Arámbula y más conocido en España como Pancho Villa, el pistolero mexicano que no tuvo empacho en ridiculizar al gobierno de Estados Unidos cuando dirigió a su ejército —La División del Norte— hasta Columbus, territorio gobernado por Woodrow Wilson, o que Francisco I. Madero era gran fanático de Benito Juárez. Pero la Revolución aún tiene muchas aristas que no son de conocimiento popular.

Zapata y “La Comuna de Morelos”

Emiliano Zapata no era un cacique ni un caudillo, era un verdadero líder al que los campesinos del sur y del centro del país seguían convencidos de su poder político. Tanto que a pesar de que los campesinos buscaban restablecer la siembra y el cultivo de milpa (calabaza, maíz, frijol) sobre la caña (producto que fue traído por los colonizadores de España), este tomó varios ingenios azucareros (antiguas haciendas coloniales) y las utilizó para la producción y surtimiento de sus tropas y familias con alcohol y azúcar.

El sistema se conoció como “la Comuna de Morelos”, en referencia a la histórica forma de gobierno de campesinos en el estado de Morelos que resultó ser equitativa y funcional.

La cabeza de Francisco Villa

Una vez que el general Álvaro Obregón, militar y político que participó en la Revolución, llegó a la presidencia de la República, Pancho Villa pactó con él su retiro de la vida política a cambio de la Hacienda de Canutillo, una escolta conformada por 50 hombres que pertenecieron a los Dorados de la División del Norte y tierras para que 800 de sus aliados pudieran labrar. Todo se le otorgó. No obstante, Pancho Villa fue asesinado con nueve balazos el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua.

Entre los sospechosos naturales de su asesinato, además del Gobierno de Obregón, se encontraban los estadounidenses. Pero lo realmente inquietante fue lo que sucedió con sus restos. El cadáver de Villa fue exhumado y degollado, su cabeza desapareció y aún se desconoce su paradero.

Los restos de Porfirio Díaz

Una vez que explotó la Revolución Mexicana y con tres ejércitos pisando el norte, centro y sur del país, Porfirio Díaz huyó desde Veracruz a Francia el 31 de mayo de 1911. Su voluntad explícita era que sus restos fueran trasladados a su natal Oaxaca, y así lo intentó su familia en los años 20, 50, 60 y en el 2010 sin que se haya cumplido el último deseo del general.

La silla maldita

Una de las fotografías más famosas de Agustín Víctor Cassasola, fotógrafo mexicano que inmortalizó la realidad de su país durante la Revolución mexicana, sucedió el 6 de diciembre de 1914, día en que la División del Norte y la División del Sur bajo las órdenes de Pancho Villa y Emiliano Zapata, respectivamente, llegaron al centro de Ciudad de México donde los esperaba Eulalio Gutiérrez, presidente interino de México.

Eufemio Zapata, hermano del “Atila del sur”, insistió a los generales que no permanecieran en el Palacio Nacional y particularmente recomendó a Emiliano no sentarse en la silla presidencial “por estar maldita”. Se cree que por esa razón, tras la insistencia de Zapata, Villa ocupa esa silla en la fotografía que retrató la victoria de los rebeldes y su entrada en la capital.

El otro hermano de Madero

Muchos mexicanos recuerdan a Gustavo A. Madero, pero hay otro hermano de Francisco I. Madero llamado Raúl Madero que fue parte del movimiento revolucionario. Raúl se movilizaba en el norte y fue allí donde conoció a Pancho Villa. Con el tiempo se sumó a la División del Norte y una vez que esta se fortaleció, Villa lo nombró gobernador de Nuevo León; en los años posteriores también fue gobernador de Coahuila.

La constitución de 1917 y Carranza

Venustiano Carranza fue uno de los organizadores del Congreso Constituyente en Querétaro donde nació la Constitución de 1917. Gracias a esta y al respaldo del Partido Liberal Constitucionalista se proclamó como el 42º presidente de México.

Carranza gobernó desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920, año en el que fue asesinado en Puebla. Pese a haber gobernado durante poco tiempo, sentó las primeras bases del salario mínimo y bajo su administración se legalizó el divorcio.

Este lunes reinician las audiencias del juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, en una corte de Nueva York.

En la primera semana del proceso su abogado y testigos han declarado ante la Corte una serie de revelaciones sobre a qué autoridades sobornaron y cuánto solían pagarles, así como las guerras entre carteles y el ascenso de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo' en las organizaciones criminales.

A las sesiones del juicio contra el narcotraficante ha asistido su esposa, Emma Coronel, quien ha atrapado la mirada de los medios y ha llegado a tomarse selfies con fans al salir de la Corte.

Extraditado a Estados Unidos un día antes del inicio del gobierno de Donald Trump, El Chapo Guzmán, de 61 años, es acusado de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante un cuarto de siglo. Su proceso durará más de cuatro meses. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Este lunes se espera que se lleve a cabo el contrainterrogatorio por parte de la defensa a los testigos claves del proceso.

Pagos a Calderón y a Peña Nieto

En el primer día del juicio, el abogado del capo mexicano, Jeffrey Lichtman, aseguró que el Cartel de Sinaloa pagó cientos de millones de dólares en sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón.

“La verdad es que El Chapo no controlaba nada, Mayo Zambada lo hacía”, dijo Lichtman. Zambada ha pagado “al actual y al anterior presidente de México”, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, “cientos de millones de dólares en sobornos”.

El experimentado abogado Lichtman, salvó de la cárcel al hijo de un afamado capo de la mafia neoyorquina, John Gotti Jr.

Aseguró al jurado que el verdadero jefe del Cartel de Sinaloa no es El Chapo, de 61 años, sino su co-acusado Ismael el Mayo Zambada, de 70 años, que nunca ha pasado un día en prisión y sigue prófugo.

Un portavoz de Peña Nieto y también el propio Calderón negaron inmediatamente las acusaciones en Twitter.

La Fiscalía solicitó al juez Brian Cogan que desestime todas las declaraciones del abogado del Chapo. El juez se opuso a esa medida tan tajante, pero advirtió al abogado Jeffrey Lichtman que los supuestos sobornos son irrelevantes para el caso “si no están vinculados al acusado”.

El Rey Zambada, testigo clave

Jesús 'El Rey' Zambada, empleado del Cartel de Sinaloa durante dos décadas hasta su arresto en 2008 y hermano de Ismael 'Mayo' Zambada, ha descrito cómo corrompían a las más altas esferas gubernamentales de México.

El Rey, de 57 años, dijo que El Chapo era “el principal” líder del Cartel de Sinaloa junto a su hermano El Mayo, cofundador de esa organización criminal, que está prófugo y a quien la defensa de Guzmán Loera señala como el verdadero jefe.

Contador y empleado por el cartel durante dos décadas hasta su arresto en 2008, El Rey está en custodia de Estados Unidos.

El nivel de las ganancias

'El Rey' contó que fue durante años el líder del Cartel de Sinaloa en Ciudad de México y que controlaba su aeropuerto y a las autoridades para otorgar protección a los narcos y su contrabando.

El precio de la droga iba subiendo al acercarse al norte, afirmó. En Colombia, un kilo de cocaína costaba unos 3 mil dólares, en México de 10 mil a 13 mil, en California 20 mil, en Chicago más de 25 mil y en Nueva York hasta 35 mil, sostuvo.

Por una inversión de 45 millones de dólares entre cinco narcos, restando los costos operativos del envío, las ganancias aproximadas eran de 195 millones en Los Ángeles, 240 millones en Chicago y 390 millones en Nueva York, calculó Zambada, que también invirtió personalmente en el negocio, comprando hasta tres toneladas.

Corrompió a la Fiscalía y hasta a agentes de Interpol

'El Rey', que controlaba la actividad del cartel en Ciudad de México, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital mexicana (la Fiscalía del país), a la policía federal de caminos que responsable de puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y “a Interpol también”.

“Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300 mil dólares por mes”, contó al jurado Zambada. El cartel controlaba varios estados, y en estos sobornaban “principalmente al gobernador, al fiscal, al director de la policía federal y municipal”.

La policía incluso escoltó al Chapo en el DF cuando huía en automóvil con El Rey tras su fuga de una prisión mexicana en 2001, según el testigo.

Dijo también que pagó 100 mil dólares al General Gilberto Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido del Chapo hacia 2004.

El asesinato del cardenal Posadas

En 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. Según 'El Rey', Juan José Azul Esparragoza le dijo que los autores fueron Ramón Arellano Félix y sus sicarios, y que el verdadero blanco era el Chapo, que debía viajar y se dirigía al aeropuerto en un coche de la misma marca.

Pero el gobierno mexicano acusó a Guzmán Loera del asesinato, y éste se escapó a Guatemala, donde un mes después fue arrestado por primera vez.

El abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, asegura, sin embargo, que el asesinato del cardenal fue una “trampa” que el gobierno mexicano y los Arellano Félix tendieron al Chapo.

El Chapo asesinó al narco Ramón Arellano Félix

El narcotraficante Ramón Arellano Félix fue asesinado por El Chapo en 2002, según 'El Rey' con ayuda de la policía, que quiso detener su automóvil. No se detuvo, finalmente se bajó frente a un hotel de Mazatlán, Sinaloa, comenzó a correr “y le pusieron un balazo en la nuca”.

'El Rey' contó que hacia 2005, en una reunión en las montañas de Sinaloa, el acusado le dijo “que si algo le daba gusto en la vida era haber matado a Ramón Arellano Félix”. Zambada puede ser condenado a cadena perpetua por sus crímenes. A cambio de su colaboración, la fiscalía pedirá al juez que reduzca su pena y ya le ayudó a llevar a su familia a Estados Unidos “para que no sufran atentados contra su vida”, según contó el propio testigo al jurado.

Buzos para recuperar un cargamento del fondo del mar

Un narco colombiano, Juan Carlos Chupeta Ramírez, utilizaba barcos pesqueros para traer hasta 30 toneladas de cocaína desde Colombia a México, a petición del Chapo y los otros grandes líderes del cartel: El Mayo, Amado Carrillo Fuentes y Juan José Azul Esparragoza.

Pero una vez, en 1994, “la tripulación se imaginó que los iban a interceptar y hundieron el barco”, contó. El Mayo contrató entonces a buzos de aguas profundas y logró recuperar todo el contrabando.

La Fiscalía mostró al jurado un organigrama de la jerarquía del Cartel de Sinaloa con El Chapo, El Mayo, El Azul y Carrillo Fuentes a la cabeza, así como esquemas de los precios, mapas y fotos de los capos.

Pagó 6 millones de dólares al presidente de México

Se espera que Jesús 'El Rey' Zambada, hermano del Mayo Zambada, testifique el lunes que pagó 6 millones de dólares al actual presidente de México como soborno, según dio a conocer Alan Feuer, periodista que cubre para The New York Times el proceso judicial.

“Se espera que Jesús Zambada testifique que pagó 6 millones de dólares como soborno al actual presidente de México en un restaurante”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

Emma Coronel, la otra protagonista

La esposa de Guzmán Loera, Emma Coronel, de 29 años, se ha convertido en una protagonista alterna al juicio del capo. Ha asistido a cada una de las audiencias y en las crónicas periodísticas se describe la mirada fija de su esposo durante el juicio. El Chapo solicitó al juez poder abrazar a su esposa antes del inicio del juicio, lo cual le fue negado.

Emma Coronel es la madre de un par de gemelas del Chapo Guzmán, quienes nacieron en California, ya que ella también es ciudadana estadounidense, según relató a la periodista Anabel Hernández en una entrevista exclusiva.

El penal de Chiconautla se alza en la punta del cerro, la única construcción terminada en medio de calles sin pavimentar y casas en obras en Ecatepec, Estado de México. Las avenidas Cereso y Camino al Reclusorio contienen basureros al aire libre, a solo un par de kilómetros de una escuela primaria.

En el exterior de la cárcel esperaban medios de comunicación desde las 7 de la mañana. A las 8, llegaron mujeres de la Red de Madres buscando a sus hijas.

Araceli González Pérez entró directamente al penal para asistir a la audiencia en la que Juan Carlos N. y su pareja, Patricia N., han sido procesados por delitos contra el respeto a los muertos y por violaciones a las leyes de inhumación y exhumación.

Se trata de una pareja de presuntos feminicidas, posibles responsable de asesinar a 20 mujeres en la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, uno de los municipios más poblados del país y que se encuentra en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las desapariciones de Arleth Samantha Olguín Hernández, en abril; de Evelyn Rojas Matus, en julio; y de Nancy Nohemy Huitrón Solorio junto a su hija Valentina, en septiembre de este año, ocurrieron en el barrio donde Juan Carlos y Patricia vivían.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontró elementos que vinculaban a las mujeres con la pareja y los esperaron en el exterior de su casa durante días, hasta que salieron la semana pasada.

Se acercaron a hablar con ellos y un olor fétido surgió del carrito que paseaban. Al alzar el capazo, hallaron pedazos de carne humana.

“No nos explicábamos cómo la sacó de casa”

Este jueves, al concluir la audiencia, Araceli cerró los ojos pacientemente y respondió a los medios por qué acudió, cansada de contar la historia de la desaparición de su hija Luz del Carmen, de 13 años, ocurrida el 12 de abril de 2012, en su propia casa.

“Hasta hace muy poco tiempo no nos explicábamos cómo la habían sacado de nuestra casa”, dice. En 2017 encontró su cuerpo mutilado en las aguas negras del canal de Chamapa-Lechería, que colinda con la colonia Jardines de Morelos.

Ahora sabe que Juan Carlos N. le ofreció enseñarle bisutería que tenía a la venta y es su presunto asesino. Durante el tiempo que duró la investigación por la desaparición de la niña, Juan Carlos participó incluso como testigo.

Al enterarse de su detención, la semana pasada, la Red de madres solicitó verlo. La reunión se desarrolló cuando el presunto feminicida estaba en el calabazo, cuenta Araceli

Leticia Mora, también integrante de la Red de madres buscando a sus hijas, le mostró al detenido una carpeta con 50 fotografías de mujeres desaparecidas. Entre todas, solo reconoció a la niña Luz del Carmen.

En la carpeta que vio el imputado, había mujeres desaparecidas del Estado de México y de la Ciudad de México.

“Pero si me traes prostitutas, a esas sí te la voy a reconocer”, fue la respuesta del sujeto, relata Leticia Mora.

Lo volvió a ver este jueves en la audiencia de vinculación a proceso en el penal de Ecatepec. “Nos miró a los ojos con cinismo (...) Probablemente disfrute de todos estos medios, porque quiere hacerse famoso”.

“Este tipo no está loco” 

Como víctimas, les preocupaba que Juan Carlos N. sea declarado como un enfermo mental para evadir la justicia penal.

“Pero este tipo no está loco. Está muy cuerdo sabe perfectamente lo que hizo, sabe perfectamente que tenía todos sus movimientos calculados, una persona loca no los tendría. Ya lo vimos de frente y vimos que es una persona completamente sana”, dice la señora Mora.

Con ella coincide el juez que lo vinculó a proceso, quien determinó que las pruebas periciales realizadas no dan indicios de que padezca enfermedades mentales.

Las madres tienen esperanza de que no salga libre, aseguran que están todas las pruebas: “Él ya lo dijo todo, todo está, hay todas las pruebas por haber, el defensor ya no tiene nada que argumentar”.

Personal de la Fiscalía del Edomex explicó a mexico.com que una noche antes de la audiencia, se giró una orden de aprehensión en contra de la pareja por feminicidio, paso previo para poder presentarlo en la audiencia que lo puede implicar en el caso este viernes.

Para diciembre, cuando acabe el sexenio de Enrique Peña Nieto, en México habrán asesinado a 15.016 niños y adolescentes, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a las que mexico.com tuvo acceso.

Y de seguir la tendencia actual, durante los siguientes seis años (2019-2024) morirán en las mismas condiciones violentas otros 26.824 menores de edad, esto es, 4 .470 al año o 12 cada día.

El mismo documento estima que, entre 2013 y 2018, recibieron atención hospitalaria casi 135.000 infantes a causa de lesiones por violencia, y proyecta que entre 2019 y 2024 la cifra se duplicará hasta alcanzar a los 276.000.

“La violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, en sus distintas formas de expresión, muestra una tendencia ascendente en los últimos cinco años. La violencia física se ha incrementado en un 85%, la psicológica en más del 500%, la violencia sexual en 270%, la económica en 363% y la generada por abandono o negligencia en casi 200%”, dice el informe del SIPINNA.

Juan Martin Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), considera que la estrategia de militarización implementada para combatir el crimen organizado ha metido al país en una espiral de violencia de la que ni los niños están a salvo.

“Una guerra necesita dinero, capacidad de fuego y soldados. ¿Esto qué significa? Que hemos duplicado el dinero al Ejército y a la Marina, tienen más efectivos militares, más armas y eso es un incentivo perverso para la guerra. Al estar confrontándose con los grupos del crimen organizado, estos también necesitan soldados y se ha dado un fenómeno terrible de reclutamiento forzado de adolescentes y personas jóvenes que son los primeros a los que matan.

“Si el próximo gobierno mantiene la estrategia de militarizar la lucha contra el crimen organizado seguiremos teniendo la misma cantidad de muertos porque es una guerra”, considera el experto.

Desde hace más de una década, REDIM ha analizado el fenómeno del homicidio de menores en el marco del combate contra el crimen organizado. Durante ese tiempo la organización civil ha observado un cambio en los patrones de asesinatos. Al inicio de esta lucha —que comenzó el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006— los menores que perdían la vida eran víctimas del fuego cruzado entre organizaciones criminales o entre estas y las fuerzas públicas. Calderón los llamaría “daños colaterales”.

A partir de 2011, los grupos criminales comenzaron a matar niños y adolescentes para enviar mensajes a sus enemigos como “no te maté a ti, pero sí a tu familia”, explica el experto. Finalmente, hacia 2015 este grupo se volvió blanco de reclutamiento forzoso por parte de los grupos criminales para convertirlos en halcones y “soldados desechables”.

La impunidad también abona este panorama desesperanzador. Las pocas sentencias, en general benévolas, se convierten en el mejor estímulo para que la vida literalmente no valga nada.

“La militarización es lo que ha ocasionado esta cantidad impresionante de muertos, tenemos que cambiar ya esa estrategia reconocida como fallida, regresar al Ejército de manera paulatina, fortalecer las policías y abatir la impunidad. De otra manera no hay posibilidad de que este escenario cambie”, sentencia el especialista.

A Saúl Rodríguez, el sismo del 19 de septiembre de 2017 lo pilló en su casa, en Cancún, en su hora de comida. Tenía dos días de haber regresado de un operativo de rescate en Juchitán tras el sismo del 7 de septiembre. El rescatista no dudó y, aunque apenas había podido descansar un día después de una semana de actividad, puso manos a la obra.

“Tenía fresco lo de Oaxaca, vi los vídeos y pensé que era un hecho que me iba, mandé mensaje sin pensarlo, activando a la gente y empecé a hacer todo el trabajo de movilización”, cuenta Rodríguez, de 31 años, en entrevista con mexico.com.

Originario de Cancún, Quintana Roo, Saúl es ingeniero civil pero también es rescatista profesional especializado en estructuras colapsadas y rescate en selvas. Forma parte de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (BRIC), donde tiene un puesto administrativo, aunque todas sus actividades son 100% voluntarias. Dice que su llegada a esta vocación fue un poco por azar.

“No es como que un día dije 'voy a ser rescatista'”, cuenta. En la universidad encontró un cartel que anunciaba a un grupo de rescate en selva. Como siempre le habían gustado el senderismo y los campamentos, pensó que con ese programa tal vez formalizaría sus conocimientos de supervivencia en la selva. Encontró mucho más que eso.

Ese llamado fue el mismo que lo llevó en septiembre de 2017 a los operativos en Juchitán, Oaxaca, y en la Ciudad de México. En ambas experiencias, Saúl dejó todo su esfuerzo y pedazos de sí mismo que se convirtieron en memorias indelebles.

Juchitán, Oaxaca

“Va a sonar super cursi pero dejé una parte de mi corazón en Oaxaca”, comenta. “Es uno de nuestros estados más pobres y las condiciones en las que ya vive la gente son de romperte el alma. Que un desastre les quite lo poco o casi nada que tienen te da en la torre”.

Saúl está capacitado para hacer evaluaciones estructurales, de modo que gran parte de su trabajo en Juchitán fue revisar casas para decirle a sus habitantes si podían seguir en ellas. “La parte social me pegó mucho”, recuerda. “A pesar de que se quedaron sin nada, si te veían te ofrecían comida, agua, no dejaban de tratar de ayudarte a ti que los ibas a ayudar, esa parte es lo que creo que sentí mucho”.

Los grupos voluntarios formales trabajan de la mano con las autoridades para asegurarse de que haya orden y eficiencia en los operativos. No obstante, esta alianza práctica los puso en conflicto con la comunidad en un principio. “Cuando llegábamos a decirle a las personas que veníamos de parte del municipio perdíamos toda credibilidad hacia la población. Para ellos éramos un ente ejecutor del gobierno. Cuando vieron que sí íbamos a ayudar, ya no hubo problema”.

Ciudad de México

“Hay muchos sentimientos encontrados, desde la frustración del primer sitio al que llegamos y no nos dejaron trabajar”, recuerda Saúl sobre su llegada a Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre. “Había de todo, el tema social, el tema político, el tema humano, el tema de rescate. Yo creo que si dormía 2 horas al día durante esa semana fue mucho, fue un tema muy exhaustivo en lo físico. Vi cosas, sentí cosas, olí cosas que jamás se me van a olvidar”.

Encontrarse con tanta gente en la capital ofreciendo ayuda podía ser abrumador para los rescatistas, quienes tenían misiones claras en cada sitio afectado. “Los primeros días que estuvimos trabajando con la comida llovía, y yo veía canastas de comida enteras echándose a perder porque había exceso de ayuda”, añade Saúl, quien trabajó durante una semana con la BRIC en el edificio colapsado en Álvaro Obregón 286, colonia Condesa.

“Había centros de acopio impresionantes y mucha gente queriendo meterse a centros de trabajo a quitar escombros, a mover piedritas cuando no era lo correcto. Pero ¿cómo le dices a la gente 'no vengas porque no sabes'?”.

Por eso es que Rodríguez considera importante que la población en general se informe y se capacite si no para convertirse en rescatista entrenado, sí para que estén conscientes de los riesgos y puedan protegerse en caso de emergencia.

¿Qué se necesita para convertirse en rescatista?

Una de las consecuencias del 19-S fue la respuesta social, la unión de todos que llenó de esperanza a la ciudad entera y conmovió al país. Sin embargo, desde la perspectiva del rescatista profesional, no toda ayuda es buena, especialmente si pone en riesgo a la persona que la ofrece porque no tienen el conocimiento para hacerlo correctamente o el equipo para protegerse a sí mismos mientras trabajan.

“Durante una emergencia lo importante es no tratar de hacer cosas para las que no estamos capacitados”, advierte Rodríguez, quien participa en operativos de búsqueda y rescate desde 2012. “Si bien había gran necesidad de cosas que hacer en los sismos, te puedo garantizar que hubo un exceso de ayuda impresionante y eso también se tradujo en un derroche de dinero que no era necesario”.

“Es bien complicado ser rescatista, existen normas y estándares internacionales para poder serlo”, explica Rodríguez. “Es un proceso de formación continua, que nunca para. En la institución a la que yo pertenezco, el ser rescatista toma cerca de 10 meses de formación básica para que puedas asistir a un operativo como tal. En las prácticas te llevan a tu límite físico, emocional y psicológico”.

Su preparación contempla uso de herramientas, seguridad, conocimientos técnicos… además de considerar distintas ramas de especialidad, como el rescate en selva, el urbano, etcétera. “El perfil de rescatista tiene que cumplir con muchas capacitaciones desde la parte técnica hasta la parte práctica y emocional”, agrega. “Tenemos un programa para formarnos emocionalmente y psicológicamente para poder atender las emergencias. Al volver de cada una recibimos continuidad emocional y psicológica porque estás propenso a estrés postraumático y similares que alteran tu vida si no estás preparado para ello”.

“Debes informarte de las rutas de evacuación de tu edificio, cuáles son las escaleras de emergencia, al menos tener la inquietud de saber primeros auxilios básicos o cómo usar un extintor”, sugiere Saúl Rodríguez, que con la Brigada de Rescate Internacional Cancún participará por primera vez en el V Ejercicio Nacional de Búsqueda y Rescate USAR 2018, un simulacro organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil en el que los mejores equipos de búsqueda y rescate urbano del país ponen a prueba sus capacidades, técnicas y procedimientos.

Los sismos de septiembre de 2017 despertaron en los mexicanos una conciencia de prevención que estaba adormilada. A un año de estas tragedias, seguir los consejos de un rescatista profesional podría significar la diferencia entre ser una víctima o ser parte de las personas que están afuera en posibilidad de ayudar. Una emergencia no es solo un sismo, cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Para la población en general, la recomendación es informarse, capacitarse y estar preparados: desde las infografías para armar una mochila de emergencia hasta comprender y aceptar que mucho ayuda el que no estorba.

“A principios del 2000 fui detenido por policías ministeriales de Tlaxcala. Llegaron por mí y me dijeron que me fuera con ellos, que un amigo estaba en problemas. Estaba con mi novia en el Estado de México y, cuando me resistí, me dijeron que o me iba con ellos o se la llevaban también y la mataban. Me subí. Me pusieron una chamarra en la cabeza”.

“Empezaron a darme vueltas por las colonias de alrededor mientras me pegaban. Yo no sabía por qué. Yo oía sus radios. Todo me decía que eran policías. Me seguían pegando. Hasta que llegamos a un lugar que ahora sé que era la Procuraduría de Tlaxcala. Me metieron a una parte que estaba en obra negra. Y ahí empezó la tortura”.

“Me desnudaron y me vendaron entero, como una momia, salvo la boca y la nariz. Empezaron a golpearme, a echarme agua mineral en la nariz, a darme toques en las partes, los testículos. Me preguntaban todo el rato por un niño y una niña. Que qué les había pasado. Yo no sabía de qué me hablaban. Al final les pedía que me dijeran qué tenía que decir para que no me hicieran más. Ellos insistían e insistían”.

Quien cuenta esta historia de terror sucedida dentro de las oficinas de una procuraduría de justicia mexicana pide que no revelemos su nombre, por temor a represalias. Él pasó 15 años en cárceles de Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz hasta que pudo salir mediante un amparo en 2016.

Sobre su caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ya emitió una recomendación, pidiendo subsanar irregularidades en la averiguación previa.

Y de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que acompaña el caso desde 2004, él y las demás víctimas “fueron detenidas y trasladadas a la PGJE”, donde las obligaron, mediante torturas, “a inculparse en hechos en los que no participaron, así como a generar pruebas que los inculparan en la realización de secuestros, tales como grabaciones de voz”.

Este miércoles, mexico.com publicó que solo 7 de los 32 estados de la República han creado las Fiscalías Especializadas en delitos de tortura, como lo dicta la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, a pesar de que el plazo para su cumplimiento venció el 27 de septiembre de 2017.

Su tortura, por lo que recuerda la víctima, duró un día. Durante ese tiempo oía gritos de otros torturados. Luego supo que eran familiares y amigos suyos, a quienes también habían detenido.

“Ya en la madrugada nos hicieron firmar una declaración que supuestamente nosotros habíamos hecho. También nos hicieron grabar unas palabras inconexas: Dinero. Secuestro. Maldito. Partes”, cuenta.

“Finalmente nos mandaron al juzgado. Ahí me enteré que estábamos acusados de dos secuestros, delincuencia organizada y delitos contra la salud con hipótesis de venta. Ellos editaron las palabras grabadas y montaron un audio como si fuéramos secuestradores. Eso y la declaración nos condenó desde el principio”, explica.

“El resto (de sus familiares) siguen presos. Otro familiar, más mayor, falleció dentro de un penal por la falta de cuidados. Era diabético y le dieron una paliza dentro. Le afectó parte del hígado y se le complicó. No había cuidados médicos ni alimentación adecuada. Y se murió ahí. Lo mató la situación”, narra.

En el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establecido como oficina propia dentro de la Comisión de Derechos Humanos a finales de 2017, han realizado unas 200 visitas a lugares de detención e internamiento, principalmente penales y cárceles, a lo largo de este año.

“Cuando saben que vamos, (los trabajadores de los reclusorios) barren, trapean y cuando llegamos aún huele todavía a pintura. Pero se trata de condiciones tan malas que no se pueden arreglar en poco tiempo”, nos cuenta la directora ejecutiva del Mecanismo, Ninfa Domínguez.

“Hemos observado que hay insuficiente atención médica y malas condiciones de alojamiento, sin luz y con humedad. No tienen agua ni para bañarse ni para asear la ropa. La comida no es de calidad suficiente, no tienen alimentación adecuada ni para personas mayores ni para diabéticos”, enumera. Según los datos del INEGI, el 32% de los reclusos comparte celda con de 6 a 15 personas. El 12.9%, con más de 15 compañeros de celda. El 10% dice haber sido víctima de algún acto de corrupción.

Ninfa Domínguez dice que cuando se habla con los presos, lo normal es que comenten casos de maltrato físico y verbal, de que los guardias los identifican por sus delitos —’hey, tú, ratero’, ‘hey, tú, violador’, ‘hey, tú, secuestrador’—. Según ella, los reclusos consideran que eso es lo normal, “creando una naturalización de la tortura”.

“Ya dentro del reclusorio sucedieron otras cosas. Hubo extorsión de otros internos, que también nos golpeaban. Como íbamos por un delito que deja mucha lana, querían que les diéramos 200 mil pesos para que no nos hicieran nada. Al final logramos solucionarlo con 17 mil. Eso lo hacían los reclusos, pero lo sabían los directores”, detalla.

La familia de la víctima, asesorada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, puso una denuncia por torturas en Tlaxcala. Tuvo que hacerlo en la misma Procuraduría donde lo torturaron y donde trabajaban los torturadores. Según asegura, aunque iban cada cierto tiempo a preguntar en qué parte del proceso estaba la denuncia, esta nunca avanzó.

“Yo salgo en 2016. Y me llevan a Tlaxcala, a que ratifique la denuncia. ¿Sabes dónde tuve que hacer la denuncia? Es hasta chistoso. En la misma zona de edificio donde me habían torturado. Habían convertido esa parte de obra negra en el área donde denuncias a los servidores públicos”, dice.

Los estudiantes de preparatoria conocen muy de cerca dos de los grandes problemas que afectan a México entero: el acoso sexual y la corrupción. La vida cotidiana de muchos de ellos transcurre entre profesores que piden a las alumnas favores sexuales o enviarles fotos a cambio de un buen promedio, policías que les cobran por dejarlos salir del plantel, o maestros que lucran con sus calificaciones.

Este es el primero de dos reportajes sobre los problemas que sufren las alumnas y alumnos de entre 15 y 18 años, cuyos nombres reales cambiamos como medida de protección para ellos. Para este trabajo recogimos 66 testimonios –en audio o escritos– de alumnas y alumnos de dos planteles públicos y dos privados en distintos puntos de Ciudad de México: Huayamilpas, Ciudad Universitaria y Lomas de Vista Hermosa, y Atizapán (Edomex).

México tiene una cifra preocupante de acoso: el 20% de las mexicanas que estudiaban la prepa en 2016 fueron víctimas de violencia, particularmente de tipo sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI. También ocupa el primer lugar de la región en pago de sobornos y/o entrega de regalos o favores a docentes o funcionarios escolares, de acuerdo con el más reciente estudio (2017) de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe.

El acoso sexual está normalizado

Era 2015 y Martina estaba en el primer semestre de la preparatoria, tenía 16 años. Casi al final del curso, el profesor de Química le advirtió que, con el promedio que llevaba, iba a reprobar. “Un día me dijo que fuéramos a su coche y lo arreglábamos. Cuando iba hacia su coche, yo obvio ya sabía que iba a ser sexual y no de dinero”, dice esta alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en la Ciudad de México.

“Me subí al coche y pensé que estaba dispuesta a cualquier cosa para pasar”, cuenta. “Ahí él me pidió que le enseñara las chichis [tetas] y lo hice. Después me llevó a Perisur y me dejó en la parada del Metrobús. Me puso un 8”. Martina nunca acudió a ninguna autoridad escolar ni denunció a su maestro. Así pasa en la mayoría de los testimonios recabados.

El hostigamiento sexual por parte de profesores o autoridades es claramente un delito, según el artículo 259 Bis del Código Penal, y la escuela tiene la responsabilidad de actuar, señala Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); y si la institución ignora quejas y denuncias, se puede volver cómplice de encubrimiento al proteger a los agresores.

El principal obstáculo para acabar con estas agresiones es que las alumnas no se atreven a denunciar por miedo a ser juzgadas, a que no les crean sus padres o las autoridades, o a no ser respaldadas, explica el especialista, quien lleva más de dos décadas trabajando con menores de edad.

Por ello es complicado dimensionar el problema en cifras, pero un reporte obtenido por mexico.com a través de Transparencia revela que el acoso es la principal causa de denuncias dentro de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres: de un total de 116 quejas por conductas ilegales desde 2007 a la fecha, 51 —el 44%— corresponden a este delito.

La UNAM se negó a proporcionar estadísticas sobre esta problemática en sus planteles de nivel medio superior —los cinco Colegios de Ciencias y Humanidades y las nueve preparatorias— bajo el argumento de que la información tiene carácter “confidencial”. Y aunque las preparatorias privadas no están obligadas a hacer pública su información, las entrevistas que tuvimos con alumnas indican que estos planteles no están exentos de acoso.

De enero a julio de 2018, se denunciaron 214 casos de acoso sexual en Ciudad de México (sin distinción de edades), según datos de la Procuraduría General de Justicia local.

Botellas y besos

Son las 7 de la mañana y estamos al sur-poniente de la ciudad, frente al Colegio 17 de Bachilleres, en Huayamilpas. Tres policías vigilan la entrada entre las rejas color verde agua características de estos colegios. Dentro de esas rejas, durante las horas de clases y en los descansos, la vida diaria se vuelve mucho más complicada para las mujeres que para los varones.

Renata tiene 16 años, se esconde detrás de sus lentes y el pelo que le cubre la cara. Es tímida. Cuenta que hace un año el profesor de Ciencias Sociales les pidió a ella y sus amigas “botellas y besos” para pasarlas de año. “Las botellas se las dimos, pero los besos no”, aclara. “Yo he sabido de varias amigas que han ido a quejarse con el director de acoso y él siempre dice que no hay pruebas, que si ella no lleva pruebas él no puede hacer nada. Supongo que sería grabarlo para tener una prueba. Por más de que siempre sean las quejas del mismo profesor, dicen que no hay pruebas”.

Un par de profesores de Educación Física y de Física son dos de los más mencionados, tanto en entrevistas que realizamos a las alumnas en un parque, como en pequeños cuestionarios escritos que accedieron a respondernos. Sin embargo, las menores optaron por no mencionarlos por nombre.

“A una de mis compañeras un maestro de inglés la acosó en tercer semestre”, dice Nancy. “En una clase la subió a una mesa, no me acuerdo por qué, y la hizo bailar enfrente de todos. Le dijo ‘baila como tú quieras’. Para mí fue extraño porque eso no hace un maestro, está mal”.

Un compañero de las chicas dice: “Un maestro de Biología le dijo a una compañera que si no le mandaba fotos sexys o atrevidas no la iba a pasar, ella le contó a sus amigos y no lo hizo. Luego cuando salieron las listas ella era la única reprobada. Ese maestro le dijo que si quería arreglar su calificación la veía en su cubículo; ella le contó a su novio y él quería amenazar al maestro, pero al final se quedó reprobada”.

“A mí, en primero, había un prefecto que me acosaba literalmente. Siempre me buscaba, luego se metía a mi salón y me dio miedo y me escondí debajo de la mesa y todos mis amigos me taparon. Un día estaba en las escaleras hablando con una amiga y sentí como alguien me tocó la espalda, como bajando (la mano) y era el prefecto. Lo evito para que no me acose, pero luego si me lo encuentro me agarra de la mano”, narra Eréndira.

“El de Educación Física acosa con la mirada. Antes era obligatorio ir en pants, pero luego el profesor dijo que mejor en mallones o shorts. En mi salón había una muchacha muy alta y de buen cuerpo. A ella la ponía a hacer los ejemplos de los ejercicios con él, y sí nos sentíamos incómodas. A ella le ponía 10”, cuenta Dani.

“El maestro de Física acosa a las alumnas”, dice Angélica. Uno de sus compañeros hombres, que está en el grupo de entrevistados, agrega: “Yo vi que dos profesores (uno el de Física) miraban muy pervertidamente a las compañeras (...) El otro caso fue en segundo semestre, que un profesor de Química también las veía pervertidamente, pero también las tocaba (...) Y yo quiero decir esto porque puede que las nuevas alumnas que vengan no sepan qué ha estado pasando en esta escuela. A mí no me gustaría que pasara eso con mi novia”.

Claudia Avilés Hernández fue profesora de ese bachiller durante tres años. En entrevista, dice: “Se sabe mucho de los casos de acoso por parte de profesores. Eso lo cuentan los alumnos, los escuchas en el salón. Por ejemplo, ellos saben perfecto quiénes acosan y pues lo platican en el salón. Nosotros mismos los identificamos, pero la verdad nunca pasa nada”. “Por supuesto no estamos hablando de todos los profesores del plantel”, aclara, “pero el problema sí existe”.

Según la información oficial, en el Bachiller 17 se denunciaron tres casos de acoso en 2017, y ninguno en años anteriores. Francisco Cruz Gómez, coordinador de la Zona Sur de Bachilleres, y Luis Roberto Carrillo Hidalgo, director de ese plantel, aseguran en entrevista que basta que ellos tengan una acusación de esa índole “para que ese asunto lo veamos denunciado en el Ministerio Público”.

El abogado de la institución, José Noel Pablo Tenorio, explica que primero se recoge el testimonio de la alumna con su familiar, “esa acta me la envían, la proceso y la llevo al Ministerio Público; y en lo que a mí toca, proseguimos la investigación interna laboral”.

Esos hechos, aseguran las autoridades escolares, permiten cesar al maestro. Sin embargo, el director dice que nunca han despedido a nadie, sino que los acusados han renunciado. No han habido más consecuencias penales.

“Hemos tenido todo tipo de casos y también es importante preservar el derecho del propio trabajador. Pueden ocurrir un montón de cosas, sin demeritar lo que digan las chicas, (hay) gente que se queja con razón o sin razón”, dice Carrillo Hidalgo.

Aquí pueden escucharse (con la voz distorsionada, para protección de los menores) algunos de estos casos de acoso:

‘Crimen’ y... ¿castigo?

Luis Alberto Muñoz, coordinador del área de litigio de Equis, Justicia para las mujeres, nos explica que cualquier acto de violencia sexual sin consentimiento de la víctima es ilegal; y específicamente, en el caso de las estudiantes, se trata de un delito tipificado en el artículo 259 Bis del Código Penal como hostigamiento sexual, ya que se trata de un acoso por parte de una figura de poder, que cuenta con una posición jerárquica sobre la víctima, en este caso docente.

Ante estos casos, se tiene que actuar por doble vía: una administrativa, dentro de la institución escolar, y otra penal para poder llegar a un proceso judicial, y en ambos casos los padres deben estar al tanto de la situación. En cuanto a la sanción administrativa —explica Muñoz— la adolescente debe acudir a las instancias escolares para levantar una denuncia y que se actúe en el interior del plantel. “Si alguna otra autoridad dentro de la escuela, por ejemplo el directivo, tenía conocimiento de un caso de violencia sexual y no dijo nada, estamos hablando de encubrimiento, lo cual también es un delito penal”.

Si la escuela en cuestión es pública, significa que el profesor es un funcionario, “y aquí hay un artículo en el código penal que habla de la solidaridad del Estado mexicano, por lo tanto cuando un funcionario comete un delito, el Estado es responsable”. Y si la institución es privada y los directivos tenían conocimiento del caso, la escuela podría perder el permiso. Pero en ambos escenarios, las sanciones administrativas son independientes a las penales.

Ahora, en cuanto a la sanción penal, existen muchos obstáculos, el primero es que casi nunca “se cree que se vaya a obtener un resultado, por el tema del maltrato de parte de los agentes ministeriales, que a veces es revictimizante, y también por el miedo a no ser creídos; y una vez superada la etapa de la denuncia, y si alguien aguanta la violencia ministerial, tienes un tema de prueba”, sigue el abogado.

Hay que tener “los elementos suficientes” para llevar al agresor a juicio, es decir las pruebas. Aquí el problema es que muchas veces el acoso u hostigamiento, a diferencia de la violación, no deja huella física, aunque sí psicológica, pero es más difícil de probar.

Y todo para que finalmente, en caso de que se compruebe un hostigamiento sexual, se le impondría al agresor una sanción de hasta 800 días de multa (70 mil 688 pesos, lo que equivaldría a uno tres mil euros). Si el hostigador es servidor público, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

Si le gustas, no te pone faltas

El tema del acoso no distingue entre instituciones públicas y privadas. Distintas voces de estudiantes entre 16 y 17 años recogidas en la preparatoria Unitec de Atizapán no son muy diferentes a las anteriores.

“En el cuatri(mestre) pasado tenía un profe de Taller de Lectura que me tiraba la onda. No solo a mí, también a otra chava, que hasta le pidió su número y constantemente la invitaba a salir. Es muy evidente y no solo conmigo, muy descarado con varias niñas. Te incomoda en cuanto a tu espacio vital, se te acerca de más. A mí no me mandaba mensajes porque nunca le pasé mi número, pero a (una amiga) la invitaba por cafés o le decía que estaba muy guapa”, dice Érika, de 16 años.

Sonia, de la misma edad, agrega: “Hay un profe de Biología que no te pone faltas si le gustas o le llamas la atención. En el salón una vez me pidió mi teléfono y se ha acercado así como para despedirse de mí (con un beso) en la mejilla, casi en la boca un cachito. Me dice que estoy muy guapa y pues sí le di mi teléfono, porque no quiero reprobar”.

Cecilia, de 17 años, habla de un profesor “que realmente era muy abusivo en todo aspecto. A los hombres les pedía dinero para pasarlos cuando no iban bien en la materia y a las niñas las acosaba mucho. De hecho cuando no había prefectos o otros profesores alrededor de los baños, se metía a los baños de las niñas. A las niñas les intentaba sacar nudes o cosas así. Les pedía fotos, les pedía audios y videos”.

Consultada al respecto, Unitec indica que nunca se ha tenido queja alguna sobre esto, pero que en todo caso tienen un protocolo en línea para que los alumnos puedan denunciar de manera anónima cualquier problema de ilegalidad o acoso a que se enfrenten y se lleve a cabo una investigación.

Maestro en machismo

Han pasado tres años desde que Martina fue llevada por su profesor al auto y él le pidió bajarse la blusa para que le mostrara los pechos en el plantel Sur del CCH, que depende de la UNAM.

Hoy Camila, otra estudiante de esa misma escuela, habla sobre su profesor de Historia, a quien califica de machista. “Todo el tiempo hace comentarios como ‘la política no es para viejas’”. Un día soltó en clase ‘no puedo creer que haya niñas de 15 o 16 años que con sus faldas se ven bien putas’. Saliendo del salón, los propios compañeros de Camila —quien vestía falda ese día— la agredieron: “tú sí eres bien puta, ¿no?”.

Acudió a la dirección y la ignoraron, pero cuando advirtió que denunciaría el caso ante el Tribunal Universitario (organización que se encarga de la justicia dentro de la UNAM), le dieron cita con el director.

“Tuve que meter presión y amenazar para que algo sucediera”. Al final —según su narración— el director la recibió, pero la única “solución” fue cambiarla de salón. El profesor machista sigue dando clases.

Se pidió una postura al CCH, pero hasta la publicación de este texto no había respondido.

No te quedes callada

Un hecho de abuso o violencia puede trastocar la vida de cualquier chica, pues uno de los elementos centrales de la construcción de cualquier ser humano cruza por lo sexual, explica Juan Martín Pérez García, de Redim.

“El factor que permite los abusos es el machismo”, añade el experto, “pues hay una formación en los varones —sin importar la clase social— en la que los hombres tienen el ‘privilegio’ de decidir sobre los cuerpos de las mujeres, y en el ámbito escolar, existe una relación asimétrica de poder entre el profesor y sus alumnas”.

Cuando estos casos llegan a sancionarse, la medida no suele ir más allá de una suspensión. “Que lo expulsen es un logro mayor, y que lo procesen penalmente... eso no ocurre. De hecho, yo no conozco ningún caso; y es por eso que es muy importante depositar claramente la responsabilidad en las instituciones”, agrega Pérez García.

En este círculo, quienes son más vulnerables son las adolescentes, y entre ellas, lo son aún más las chicas pobres y con discapacidad, agrega Pérez García.

Yuridia Rodríguez Martínez, doctora en Ciencias Sociales, con una especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México (Colmex) y psicóloga social enfocada en temas de género, indica que el hostigamiento provoca una afectación a la chica en su ámbito psicoemocional, y daña su integridad y dignidad, por lo que es necesario detenerlo a tiempo.

“El hostigamiento sexual empieza a darse poco a poco y si no hay un alto porque el estudiante no sabe cómo denunciarlo, y si lo hace y no hay quien lo apoye, entonces ahí hay una escalada que puede llegar incluso a una violación”, dice Rodríguez. Por ello el primer aspecto y quizá el mas importante es creer en la víctima para que pueda hacerse justicia.

El psicólogo Alfredo Rentería, director de ADIVAC, una asociación de apoyo a víctimas de abuso sexual, coincide: “desde nuestra experiencia, con las personas que atendemos y que han vivido violencia sexual por parte de alguna autoridad escolar, realmente el número de casos de éxito no es muy alto. La escuela no toma responsabilidades y se pone en duda la credibilidad de la víctima”.

“Además, en nuestra dinámica cultural —agrega— se tiende a normalizar la violencia y a culpar a la víctima: la sexualidad en este país es un tema megatabú, no les hablamos de sexualidad a los niños y por lo tanto no es un tema abierto”.

Muchas veces se demerita a la persona cuando denuncia, bajo la idea de que “como no fue tan grave, no lo toman en cuenta, y el no tomarlo en cuenta hace que sigan pasando estas cosas”, agrega.

Muchas de las adolescentes no lo cuentan ni siquiera a sus padres por pena o miedo a ser juzgadas y las consecuencias de sufrir acoso son muy variables, añade, desde bajo rendimiento escolar hasta problemas para dormir, pesadillas, insomnio, o muchas ganas de dormir y dificultades para relacionarse con los otros.

Es importante no quedarse callado, enfatiza Rentería. “Es algo que pasa... y que les pasa a muchas personas”.

***Con información de Saúl Hernández y Carlos Carabaña

***Diseño: Adán Vega y Daniela Guadarrama. Animación: Francisco López. Fotos: Luis Peagui

Aunque nadie puede dar una cifra exacta, se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestino anuales.

Eso calculó la doctora Fátima Juárez, en un estudio del Instituto Guttmacher que citan el Director Médico de Marie Stopes México y la Directora General de Fondo María, organizaciones dedicadas a facilitar que las mujeres accedan a interrupciones legales del embarazo (ILE) en Ciudad de México y otras ciudades del mundo.

Oriana López, directora de Balance, la organización que creó el Fondo María, reconoce en una entrevista con mexico.com que ese número es un subregistro, pero detalla que es una estimación confiable, pues se basa en parámetros de los que sí hay cifras oficiales.

Y da otra cifra: la de interrupciones legales del embarazo realizadas por personal de salud de la Ciudad de México. De acuerdo con el propio Gobierno de la ciudad, desde que es legal (2007), se han realizado 199.230 abortos, esto es, 16.600 abortos al año tan solo en centros de salud.

Ante esos números, la pregunta es cómo y cuántos abortos ocurren en otros estados, pero Oriana señala que el verdadero problema no es dónde se hacen, sino en qué condiciones.

“Hay muchas formas en que las mujeres podrían tener abortos seguros. Con información, acceso a Internet y un poco de dinero, pueden tener acceso a cómo se utilizan de forma adecuada medicamentos que están al alcance de todas las personas en las farmacias”, dice Oriana, quien lleva casi dos décadas promoviendo los derechos sexuales de las mujeres.

El aborto clandestino e inseguro

Pero ella sabe que no siempre se cumplen esas condiciones y que la gran mayoría de las mujeres se ponen en riesgo cuando deciden abortar en un contexto en el cual no solo está prohibido, sino penalizado.

“Nosotros hemos conocido casos como el de una mujer a la que le pidieron una cadena de oro para interrumpir su embarazo a través de la lectura de cartas”, nos dice en entrevista y agrega que ese caso, si bien fue inefectivo, al menos no puso en riesgo la vida de la mujer.

Desde Balance se han encontrado con casos de mujeres que comentan que acudirán con el mismo médico con el que abortó alguien cercana “porque la cicatriz le quedó muy bonita”, es decir, hay mujeres que son sometidas a cirugías cuando el aborto es un procedimiento que no las requiere.

También ha conocido de casos de mujeres que directamente usan métodos que las ponen en riesgo, como el uso de hierbas que se introducen vía vaginal y que podrían llegar a causar infecciones.

Otro riesgo generado por la prohibición del aborto, es la exposición a instrumental que no esté esterilizado y puede causar infecciones mucho más severas.

“Cuando no legalizamos el aborto, dejamos que sigan ocurriendo en las peores condiciones y afectando directamente a las mujeres. Como es clandestino, las mujeres no pueden preguntar mucho o exigir ciertas cosas”, dice Oriana.

Incluso llegan a ser víctimas de violación. Oriana narra que han apoyado casos en los que a las mujeres que se someten a abortos clandestinos, les dicen que es necesario hacer una dilatación y que la forma más barata es teniendo relaciones sexuales y que el personal médico les va a ayudar con eso.

Opciones de aborto clandestino seguro

Le preguntamos a Oriana qué condiciones debe reunir un aborto para ser seguro aunque sea clandestino.

Explica que si las mujeres tienen información y medicamentos, pueden tener abortos seguros. Si tienen recursos y personal de salud con instalaciones de salud adecuadas y con el instrumental adecuado y esterilizado, también van a tener abortos seguros.

“Los abortos clandestinos que realizan mujeres que tienen recursos de cualquier tipo: llámalos educación, dinero, contactos, van a tener abortos seguros aunque sean clandestinos”, dice.

Existen opciones para que el aborto, pese a ser clandestino, no sea inseguro, las principales son las redes de apoyo: “Cada vez se crean más colectivas y cada vez hay más personas haciendo acompañamiento en los estados”, dice Oriana.

Estas redes de apoyo y colectivas usan Internet para difundir información y brindar acompañamiento a mujeres que necesiten abortar. Una de ellas es Morras help Morras.

Desde Aguascalientes, una de las integrantes del colectivo nos dice que las mujeres recurren a esta práctica cuando eligen no ser madres, sea legal o no sea legal, y generalmente buscan información en Internet que muchas veces las pone en riesgo, “lo que nosotras queremos es reducir esos riesgos”.

Esta red surgió luego de que dos de sus fundadoras pasaran por procesos de aborto cuando no estaba despenalizado en Ciudad de México. “Y lo hicieron gracias a la información y el acompañamiento de una organización llamada Mujeres sobre las olas”, nos cuenta una de las Morras, quien prefiere el anonimato.

“Las compañeras quisieron replicar el trabajo que hacen Mujeres sobre las olas y otros grupos de acompañamiento, porque es un proceso complicado pasarlo sola y sin información”, nos cuenta.

Ella nos dice que hay muchos estigmas alrededor del aborto. Por eso, lo que Morras help Morras hace es exponer que “si bien el aborto no es una ida al parque tampoco es una experiencia terrible ni traumática, no ves millones de coágulos o un feto”.

Los colectivos son legales, el aborto, no

La integrante de Morras help Morras nos explicó que al inicio del colectivo, solo daban información a mujeres que llegaban de círculos feministas, “a la amiga de una amiga de una amiga”, pero a partir de un donativo de Fondo Semilla, se constituyeron legalmente y ahora cuentan con RFC, responsabilidades legales, y reciben donativos que usan para atender las líneas telefónicas y generar materiales informativos.

Le preguntamos cómo se constituye legalmente una AC que acompaña abortos. Y explica que legalmente son una asociación que se dedica a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

Detalla que en los tratados internacionales, como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la que México es parte, se incluye al aborto como un derecho sexual de las mujeres, así que su labor está contemplada dentro de sus objetivos como asociación civil.

“Lo que hacemos no es ningún delito, no es apología del delito ni puede ser encuadrado como un delito, lo que hacemos es la promoción de un derecho humano”, finaliza.

El caso de Marie Stopes y Fondo María, constituidas en la Ciudad de México, es un poco diferente, pues fueron creadas en un estado donde el aborto es legal por voluntad de la mujer hasta la semana 12 de gestación. Marie Stopes es reconocido legalmente como un proveedor de salud de los servicios de interrupción legal del embarazo, nos dice su jefa de prensa, Teresa Herrera.

Fondo María, de acuerdo con su directora Oriana López, se creó cuando se legalizó la ILE en la capital del país y su labor es que las mujeres que no pueden abortar en sus estados pudieran viajar a la Ciudad para abortar bajo esta ley.

Y contrario al aborto clandestino e inseguro, quienes viven este tema de cerca coinciden en que el aborto se puede practicar de manera segura, con información científica y veraz.

Todos citaron la misma fuente como base de sus prácticas: la guía de la Organización Mundial de la Salud para el aborto seguro, dirigida a sistemas de salud.

“El protocolo de la OMS para abortos es un bien común porque es información, las mujeres tienen derecho a la información basada en avances científicos; nosotras lo que hacemos es difundir esa información para que puedan hacerlo de forma segura”, finaliza la integrante de Morras help Morras.

En México, las causas de aborto son diversas y grupos feministas y por los derechos de salud reproductiva como GIRE señalan que los gobiernos estatales y hospitales no siempre garantizan el acceso al aborto en caso de una violación o cuando la salud de la madre o el feto están en riesgo.

En Veracruz, el Congreso está obligado por un juez federal a legislar en la materia, pero se resiste a hacerlo e interpuso un recurso ante la Suprema Corte.

Hasta hace unos años, en Guanajuato, cuatro mujeres estaban presas por el delito de homicidio en razón de parentesco, el cual se atribuye a mujeres que han tenido abortos, aunque estos sean espontáneos.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no ha tenido una postura firme ante los derechos de salud reproductiva de las mujeres en México. Solo se ha limitado a decir que los derechos ya conquistados no se echarán para atrás.

“¿Cuántos de ustedes hablarían alguna lengua indígena si el racismo y el proyecto estatal no hubiera hecho que sus familias hubieran decidido 'por su bien' mejor no transmitir su lengua?”, fue lo que preguntó la lingüista Yásnaya Aguilar, en medio de un debate en redes sobre la campaña #AsíVivimosElRacismo.

Su pregunta surgió a raíz de un ejercicio privado realizado el 30 de julio por el Colectivo Copera, que pretendía hacer reflexionar a sus participantes sobre la discriminación que existe en México.

Los participantes en el taller subieron fotos de sus reflexiones a la página de Facebook del colectivo y una en particular desató una cadena de críticas en redes sociales, pues mucha gente estaba en contra del mensaje: “Racismo es aspirar a aprender inglés y francés antes que una lengua indígena”.

Aunque la persona que escribió ese mensaje estaba haciendo un ejercicio de autocrítica, según explicaron participantes de la actividad a mexico.com, se desató una ola de descalificaciones contra el mural y su autora, pues muchos asumieron que era una crítica hacia los demás por no hablar lenguas indígenas y sí inglés.

En medio del debate que provocó un “ciberacoso” —según nos aseguran los participantes del taller—, Yásnaya Aguilar, de origen mixe, comenzó a compartir historias sobre cómo quienes hablan lenguas indígenas han recibido desde burlas, varazos en la mano, azotes, multas y hasta cárcel por hablar sus lenguas.

Aunque Yásnaya no participó en el taller, tuiteó algunas impresiones sobre el debate desatado por la fotografía. En primer lugar, ella considera que el mensaje de la foto ofendió a mucha gente porque en México casi no se habla de racismo.

La mujer considera que la polémica en redes sociales abrió la discusión sobre temas que se han trabajado durante mucho tiempo. “Cuando uno trabaja estos temas cree que hay cosas superadas y este debate nos demostró que no; hay mucha gente que cree todavía muchas cosas sobre las lenguas indígenas que son erróneas”, ha afirmado en una entrevista con mexico.com.

Por ejemplo, indica: el uso de la palabra dialecto, negando que las lenguas indígenas son lenguas completas o idiomas. El pensamiento clavado en el imaginario colectivo sobre que en el extranjero no hay lenguas indígenas; cuando en muchos países coexisten lenguas originarias con el idioma nacional.

Según señala Yásnaya Aguilar, el debate ha puesto en evidencia que las lenguas se evalúan en función de si son útiles o no, lo cual no es un criterio lingüístico, pues las lenguas son útiles porque existen. Dentro de sus contextos, explica cada una ha servido a sus hablantes para comunicarse, para pensar y para abstraerse.

La gente, añade, también las confunde con las lenguas francas, es decir, los idiomas que en un contexto multilingüe permiten la comunicación entre hablantes de distintas lenguas. “Si vas a un país extranjero donde no hablan español y no conoces el idioma, y logras comunicarte en inglés, aunque no sea la lengua oficial, en este momento es la lengua franca (...) en la colonia la lengua franca fue el náhuatl, y durante un tiempo el latín fue la lengua franca en gran parte del mundo occidental. Las lenguas francas no atentan contra la diversidad lingüística, es una falsa oposición”, señala.

Además, la lingüista indica que la defensa acérrima que se hace del inglés y el francés oculta el hecho de que México es un país monolingüe, pues la mayoría de la población solo habla español. Al respecto agregó que la mayoría de la población indígena son bilingües al hablar español y su lengua: “Podemos hablar ambas y parece que es algo que no está en la discusión”.

La castellanización forzada

Yásnaya señala que el Estado mexicano ha gastado mucha energía, dinero público e implementado políticas públicas “para hacer desaparecer las lenguas indígenas”. Para ello, considera la mujer indígena, se ha ejercido “violencia sistémica” por medio de golpes castigos, multas, azotes, entre otros castigos corporales para quienes hablan lenguas distintas al español.

“Nadie quiere que sus hijos sufran eso en la escuela, por eso las mismas familias dejan de enseñar a sus hijos su lengua”.

Yásnaya realiza un registro nacional de niños agredidos dentro de las escuelas por hablar lenguas indígenas y destaca que para muchos indígenas adultos estas agresiones se asumen como algo natural, pero hace falta un estudio de caso.

“A mí todavía me dieron golpes en la mano por hablar mi lengua en la escuela, pero cuando trabajé en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas seguí varios casos: en 2006 se reportó a una niña que fue colgada boca abajo como castigo por hablar náhuatl en clase; en 2005 una niña otomí no pudo ser registrada con su nombre en su propia lengua porque no lo permitió el registro civil; en 2015 alumnos de una secundaria eran castigados con ir a lavar los baños sí hablaban chantino en la escuela”.

Para la lingüista, la pérdida de lenguas indígenas no comienza con la conquista española, sino que es resultado de un proyecto de nación que surge después de la Independencia y se ha agudizado después de la Revolución.

“Después de 300 años de colonialismo español, en 1820 aproximadamente entre el 65 y 70% de la población hablaba una lengua indígena; el náhuatl era la lengua franca. Ahora, después de 200 años de vida como país independiente, solamente hablamos lenguas indígenas el 6.5% de la población. Lo que la corona española no pudo erradicar en 300 años el Estado mexicano lo eliminó en 200”, acusa.

Para ella, esto tiene que ver con el modelo de los Estados: explica que en el mundo hay más o menos seis mil lenguas, lo que indica que existen cerca de seis mil pueblos indígenas que tienen su historia y su lengua propia.

Pero, cuando el mundo se dividió en casi 200 países, estos surgieron con la idea de que son naciones que tienen una identidad, un himno, una historia y, por lo tanto, deben tener una lengua: “Y todo lo que atenta contra eso se combate”, incluidas las identidades indígenas.

En México, explica Yásnay, las lenguas indígenas se han combatido con la castellanización forzada desde la época de José Vasconcelos (lo cual se describe en el ensayo Pluralismo cultural y Redefinición del Estado, que aparece en el libro Gente de costumbre y gente de razón).

Cuestionada sobre qué tiene que cambiar en el país para evitar la desaparición de las lenguas indígenas y la discriminación hacia quienes las hablan, ella propone que el Estado debe volverse multilingüe y conceder autonomías y la defensa por la tierra: “Para mí está muy ligada la defensa del territorio a la defensa de un territorio cognitivo”.

“Antes yo pensaba que si cambias las políticas públicas estatales se puede revertir el proceso, pero cada vez veo más que la defensa de las lenguas indígenas tiene que estar ligada a otro tipo de luchas: la lucha por las autonomías reales de los pueblos indígenas, que no haya contenidos educativos iguales para todo el país sino que podamos tener un proyecto educativo propio en nuestras manos”.

En un comunicado conciso —siete líneas—, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha puesto el foco en una lacra que solo el último mes se ha cobrado la vida de al menos 10 personas transexuales en México. En especial, la ONU subraya “el asesinato de Alaska Contreras Ponce, quien fue torturada y asesinada en el municipio Martínez de la Torre, Veracruz”, y que había sido elegida Reina Gay 2018 de la localidad.

La ONU apunta que “es imperante que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva de éste y todos los casos similares y castiguen a los responsables para comenzar a poner fin a la impunidad que alienta y fomenta estos crímenes”.

Alaska era transexual. La noticia de su asesinato adquirió notoriedad en la prensa, pero su caso es otro más en una trágica lista. mexico.com realizó un recuento y ubicó otros nueve asesinatos en los 42 días anteriores a que se encontrara el cadáver de Alaska, este 25 de julio.

Se trata de Katty N., en Morelo; Alexa Gutiérrez, en Aguascalientes; Alexa Altamira, en Guanajuato; y Nataly Briyith, en Chiapas. Además, en Estado de México se han registrado tres casos (Chanel y dos cadáveres sin identificar), que se suman a los dos cuerpos sin vida hallados en Colima y Michoacán, aún no identificados.

¿Por qué conocemos el caso de Alaska y los demás no?

Ophelia Pastrana, una de las dos transexuales que aparece en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México -publicada por la revista 'Forbes' en 2017-, atribuye al clasismo el hecho de que algunos asesinatos sean más mediáticos que otros.

“En el trato que se ha dado en los medios, Alaska es una persona de sociedad. Es como la diferencia entre que asesinen a un trabajador de Silicon Valley o al jardinero”, contesta rotunda. “Tiene mucha más visibilidad, ya que no es el cuento de otra prostituta asesinada, sino el de una mujer que salía adelante con su talento. Para las mujeres que hacen prostitución, se medio normalizó que lo van a pasar mal”.

De acuerdo con los datos facilitados por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, de los 422 asesinatos que han documentado de 2007 a 2017, los dos últimos años han sido los peores. En 2016 se registraron 80 crímenes, y en 2017, 59. En su análisis, destacan que estos asesinatos tienen en común la impunidad y falta de consecuencias para los responsables. También los ven como un “castigo social” a las víctimas, con violencia, tortura y exhibición de los cuerpos.

“Tristemente, esto no es una escalada, es el ritmo que llevamos desde hace muchos años, pero como antes no se consideraban transfeminicidios, solo eran asesinatos de hombres y no entraban en la estadística”, explica Pastrana. Este término no existe como tal en ningún código penal en México y hay asociaciones que piden que sean considerados delitos de odio.

De acuerdo con Ana Karen Sánchez, investigadora de Antropología Social en la Universidad Autónoma del Estado de México citada por El Sol de Toluca, la esperanza de vida de las personas transexuales es de 35 años. Pastrana repite este dato y cuenta que entierra a amigas cada año.

“Esto lo podemos atribuir a complicaciones médicas, ya que hay muchos doctores que no atienden mujeres trans, y a suicidios, pero la gran mayoría son homicidios”, asegura, “luego nos revictimizan en la prensa. Los asesinatos no son noticias por la muerte, sino porque la víctima era travesti. Como queriendo resaltar que un hombre que se vistió así ya merece ser asesinado. Para mí sería muy cruel que después de haberme matado me quitaran mi nombre de mujer. ¿Qué les cuesta poner en los textos que asesinaron a una mujer trans? Aquí la clave es el término mujer”.

El libro 'Crímenes de Odio por Homofobia, un concepto en construcción', editado por Letra Ese, dedica un capítulo al tratamiento en prensa de estos crímenes. Frente a los de hombres gays, que son presentados como crímenes pasionales, cuando la víctima es una persona trans los periódicos destacan las alteraciones de género. “Hombre vestido de mujer” es, de acuerdo con su análisis, la descripción central.

“Sabemos que hay un número negro, que por cada caso que se visibiliza, hay dos o tres que no lo hacen”, explica Jazz Bustamante, activista transexual de Veracruz que desde 2012 se dedica a la penosa tarea de contar asesinatos de compañeras y otros miembros de la comunidad LGTBI. Ella misma sufrió una agresión grave cuando un hombre fue a donde trabajaba, la estranguló hasta dejarla inconsciente y, tras desnudarla, la llenó de escupitajos. Según sus datos, en 2017, solo se resolvió un caso de los 21 crímenes de odio ejecutados en Veracruz.

México, en este sentido, está en la peor área geográfica para ser trans. Según los datos de Observatorio de Personas Trans Asesinadas de Transgender Europe (TGEU), hubo 325 asesinatos registrados de personas trans entre el 1 de octubre de 2016 y 30 de septiembre de 2017. De todos ellos, América Latina concentraba 267.

“Yo a Alaska nunca la traté, pero la vez que nos cruzamos fue muy educada y simpática, y amigas en común me decían que era una persona risueña, con muchas ambiciones”, concluye Jazz Bustamante. “La fiscalía no puede decir en este caso lo que dicen siempre, que como era prostituta se lo merecía, que fue un crimen pasional. Además, y si fuera trabajadora sexual, ¿es que no iban a investigar?”.

Los crímenes contra personas trans en prensa

La Iniciativa por la Inclusión de la facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California USC Annenberg ha publicado un estudio que muestra la desigualdad de género, raza y discapacidad en más de mil películas hollywoodenses producidas en la última década.

En este periodo,Hollywood ha visto crecer la lucha de distintos grupos sociales por su inclusión en el cine con mayor difusión en todo el mundo. El estudio universitario demuestra que, a pesar de la percepción popular, poco ha cambiado en la industria cinematográfica estadounidense.

Para desarrollar este estudio, la Iniciativa por la Inclusión analizó a cada personaje con diálogo dentro de 1.100 películas estrenadas entre 2007 y 2017: las cien más populares de cada año. Es decir, casi 49.000 personajes fueron desglosados para estudiar la representación de género, raza, capacidades corporales y otras variables contextuales.

El estudio también se ocupó de los roles detrás de cámaras en las películas analizadas, contabilizando la presencia de directores, compositores, escritores y productores.

Solo el 31,8% de los personajes son mujeres

Las conclusiones de esta investigación no son alentadoras: los porcentajes de representación en pantalla son mínimos. En el caso de las mujeres, apenas el 31,8% de los personajes con diálogo en estas películas pertenecen al género femenino. Es decir, hay 1 mujer hablando en pantalla por cada 2,3 hombres.

Además, tan solo el 33% de las películas estudiadas en 2017 tienen como protagonista a una mujer. Algo que contrasta con los datos demográficos de la población estadounidense, compuesta en un 50,8% por mujeres.

Por otro lado, en el muestreo de las películas estrenadas en 2017 se incluyó un total de 4.454 personajes con diálogos. De ellos, el 70,7% eran blancos, el 12,1% negros y 6,2% hispanos. También se halló que el 4,8% eran asiáticos, 3,9% de origen mixto y 1,7% de ascendencia en Oriente Medio. Menos del 1% eran indígenas americanos.

La comunidad LGBT+ tampoco se ha visto especialmente representada en las películas más populares del cine de Hollywood. Aunque cintas como Moonlight (2016) o Call Me By Your Name (2017) dan la impresión de una mayor representación, en 2017 el 99% de los personajes con diálogos en cine de Hollywood fueron heterosexuales y cisgénero. Mientras, en 81 de las 100 películas no aparecieron personajes LGBTI en ningún momento.

El cine de Hollywood también ha fallado a la hora de representar a personas con discapacidad: apenas el 2,5% de los personajes con diálogos durante 2017 tenían una discapacidad ya fuera mental (26,8%), de comunicación (30,4%) o física (61,6%). El 73% del total de personajes con discapacidad eran blancos.

Las cosas empeoran detrás de las cámaras. Aunque figuras como Patty Jenkins, Ava Duvernay o Greta Gerwig den mayor visibilidad a las directoras en Hollywood, es más una ilusión óptica que una realidad. El estudio del centro Annenberg señala que en el total de 1.100 películas -con sus respectivos 1.223 directores- el porcentaje de mujeres en la dirección se reduce a un 4,3%, cifra aún más inferior, el 1,3%, en el caso de las composiciones musicales. En el caso de los directores blancos, este asciende a 91,7%, seguido por los directores negros (5,2%) y asiáticos (3,1%).

¿Posibles soluciones?

De acuerdo con la Iniciativa por la Inclusión de USC Annenberg, hay formas de cambiar este panorama de exclusión. Por ejemplo: si se quiere alcanzar la igualdad de género, se podrían agregar cinco mujeres al año a cada guión (en términos de personajes que hablen). De esta modo, en 2020 habría paridad.

La iniciativa propone también algunas líneas de acción, como cuotas de inclusión por película, activismo desde los inversores de los estudios o listas inclusivas para considerar profesionales de cada ramo, entre otras. Puedes consultar el informe, íntegramente en inglés, en esta misma página o a través de este enlace.

Fátima Quintana Gutiérrez, una adolescente de 12 años, regresaba de la secundaria el jueves 5 de febrero de 2015. Eran cerca de las tres de la tarde y estaba a unos metros de su casa en Lerma, Estado de México, cuando tres vecinos la privaron de la libertad, abusaron sexualmente de ella, le fracturaron huesos, la apuñalaron 90 veces y finalmente le arrojaron tres rocas sobre la cabeza. Pese al horror del crimen y la violencia de género que entrañaba, las autoridades estatales catalogaron este caso como homicidio, no como feminicidio.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, temía que el crimen quedara impune, y desde el principio pidió a las autoridades clasificar el caso como feminicidio, pero no tuvo éxito. Las autoridades no investigaron este caso con perspectiva de género, pese a que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que pide que todos los casos de muertes violentas de mujeres se investiguen con ese protocolo.

“Me di cuenta que querían invisibilizar el asesinato mi hija. El caso fue investigado como un homicidio. La persona que no quería clasificarlo como un feminicidio fue una juez mujer. Ella decía que no se podía clasificar como feminicidio porque no estaban seguros si a la hora del asesinato Fátima ya menstruaba”, recuerda Gutiérrez en entrevista telefónica con mexico.com. “Era una niña de 12 años, no importa que no hubiese reglado. En qué cabeza cabía salirse por ese lado”, agrega su madre de 48 años, quien vive en una casa de seguridad que le otorgó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) desde hace meses con su familia, tras ser amenazada por el caso.

Lorena Gutiérrez asegura que no podía creer los argumentos y excusas que recibía en los ministerios públicos, las fiscalías y los juzgados del Estado de México. “Desde el principio nosotros, y a través de todos los juicios, nos dimos cuenta de cómo se les ayuda a estos feminicidas en lugar de a las víctimas”.

A pesar de encontrarse en una situación a contracorriente, Lorena siguió peleando en tribunales. Casi dos años después, en diciembre de 2016, el Poder Judicial del Estado de México determinó que hubo agravantes y pruebas de la violencia de género contra Fátima, así que el caso fue reclasificado como un feminicidio.

Pero esa victoria legal era apenas un primer paso. El feminicidio de Fátima sigue sin cerrarse del todo.

Este martes publicamos que la falta de una perspectiva de género por parte de las autoridades ha generado que existan feminicidios de niñas y adolescentes mal clasificados y que por ello podrían estar ocultos tras las cifras de homicidios dolosos.

En el 2015 —año en que mataron a Fátima— hay registrados 50 feminicidios contra menores de edad que están clasificados como tal, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); y en ese mismo año además se registraron 193 asesinatos de niñas y adolescentes, pero fueron catalogados como “homicidios dolosos”.

“Se los di en charola de plata”

El día del feminicidio, Luis Ángel Ataide Reyes , Misael (en aquel entonces menor de edad) y José Juan “H”—vecinos de Fátima— fueron vistos por algunos testigos desde que la estaban “cazando”, narra la madre. Así que Lorena, su esposo y más habitantes de Lupita Casas Viejas, en Lerma, los buscaron y encararon.

A los sujetos se les encontró ropa de Fátima y una navaja ensangrentada. El pueblo entero casi los lincha, pero fueron entregados a las autoridades.

“Mi familia y yo entregamos a los tres (sujetos) el mismo día de los hechos. Se los di en charola de plata y ni con eso les bastó a las autoridades. Ellos (las autoridades) los están dejando libres porque no hicieron su trabajo, no hubo tiras reactivas para comparar perfiles genéticos, ni tampoco están tomando los testimonios de 17 personas que los vimos, ni las pruebas como la ropa ensangrentada”, dice Gutiérrez.

Luis Ángel fue sentenciado a 73 años de prisión, y Misael, por ser menor de edad, recibió una sentencia de cinco años, pero José Juan “H” fue liberado y absuelto el 8 de junio de 2017 al no hallar pruebas en su contra, informó El Universal.

Precisamente tras la salida de prisión de este último, la familia Quintana Gutiérrez fue amenazada de muerte y su vivienda fue tiroteada; en ese momento, sus integrantes tuvieron que ser desplazados a una casa de seguridad que les dio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).

A pesar de estar en las sombras, la familia de Fátima mantiene una lucha legal para conseguir que José Juan, a quien también señalan de haberlos amenazado, vuelva a prisión. “Interpusimos un recurso de revisión de amparo directo que está conduciendo un tribunal colegiado de circuito. Lo que se busca es tratar de revertir la sentencia de segunda instancia de apelación para que se reabra el juicio y tengamos la oportunidad de acreditar la responsabilidad de uno de los agresores que fue liberado”, explicó a mexico.com el abogado de la familia, Rodolfo Domínguez Márquez, quien también es coordinador general de la asociación civil Justicia Derechos Humanos y Género.

La reclasificación del feminicidio

Rodolfo Domínguez ha peleado para que los casos de feminicidios sean reclasificados. Él explica que muchos jueces en México intentan desestimar y negar la violencia feminicida, haciendo caso omiso a las lesiones de las víctimas y contextos de violencia. Esta situación, detalla, empeora cuando se trata de feminicidios contra niñas y adolescentes, pues para muchos juzgadores las niñas no son mujeres y por tanto su caso no puede ser un feminicidio.

“Es verdaderamente absurdo pero hemos documentado casos donde hay jueces que consideran que como son niñas no se trata de mujeres y no conciben el feminicidio”, dice Domínguez.

El abogado agrega que sí existen casos donde se logran reclasificar los feminicidios, sin embargo, se trata de procesos tardados y que normalmente hay fallos a favor cuando existe una presión social y mediática.

“Son batallas complicadas, de muchísimo trabajo y de recursos y más recursos para poder evidenciar que la violencia de género es característica del feminicidio”, agrega el jurista.

Para la abogada Karla Michel Salas, quien también ha acompañado casos de feminicidios, explica que el sistema judicial mexicano no está diseñado para atender a las víctimas y las revictimiza.

“Es muy importante que las familias utilicen todas las herramientas jurídicas precisamente para exigir sus derechos, como puede ser la reclasificación de un homicidio a feminicidio. Y no es lo más importante la reclasificación, sino que con la reclasificación se obliga al ministerio público a agotar todas las líneas de investigación para decir que ese crimen fue por razones de género”, agrega Salas.

Ana Lizbeth Polina Ramírez apenas tenía ocho años cuando alguien decidió asfixiarla. Bastó con que la pequeña saliera unos momentos a jugar afuera de las oficinas donde trabajaba su madre para que su familia la perdiera para siempre.

La pesadilla comenzó el domingo 15 de julio, en la colonia Vistas del Río del municipio de Juárez, Nuevo León. Las cámaras de seguridad de la empresa habían captado a un hombre robusto acercarse a la menor para llevársela del lugar. Tan pronto la madre denunció el hecho a la policía municipal comenzaron a buscarla, pero fue hasta la mañana siguiente que la Fiscalía estatal activó la Alerta Amber, un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos.

Para ese momento ya era demasiado tarde: el cuerpo inerte de Ana yacía abandonado en un terreno baldío en la misma colonia donde desapareció.

Al tiempo que ella era raptada y asesinada, otra menor sufría su mismo destino, pero en Altamira, Tamaulipas. Ahí, en una colonia llamada Arboledas, Estrella 'N', otra niña de 8 años, fue asesinada mientras se encontraba sola en su casa. Varios medios locales dieron a conocer que el lunes 16, un hombre, al parecer conocido de los padres, se metió a la casa y tras haber abusado de la pequeña, la mató de una herida en el cuello.

Estos dos casos de feminicidio infantil estremecieron a la opinión pública en solo una semana, en un país en el que la violencia de género se encuentra triste y fuertemente arraigada, y en el que el feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos años.

En diciembre de 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó a recabar cifras sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear un historial de los últimos tres años.

En 2015 se registraron 50 víctimas. Un año después, la cifra creció a 53. Para 2017 ya sumaron 61, y en los primeros cinco meses de este año, se habían contabilizado 30 casos. En total, estamos hablando de 194 feminicidios registrados de niñas y adolescentes en este periodo. Esto en números absolutos.

Pero incluso si consideramos el crecimiento de la población femenina menor de 18 años en el tiempo —según las proyecciones del Consejo Nacional de Población— la tasa del delito crece de 2.54 casos por cada millón de niñas y adolescentes en 2015 a 2.70 casos en 2016 y a 3.12 en 2017.

Esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que el fenómeno sea mayor. De acuerdo con datos de la activista María Salguero —quien lleva un seguimiento detallado del fenómeno—, la cifra de feminicidios de este año ya suma 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio.

Estos crímenes, según coinciden especialistas, ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo atender e investigar sus casos. Y a esto, añaden expertos, se suman instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. “La violencia machista que se ejerce desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el país”, indicó Redim en un mensaje para las autoridades de los tres niveles de gobierno.

La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas implementar medidas concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.

También recomendó al país “velar por que se penalice el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.

No hay acciones para el cambio cultural

Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.

Además, señala el funcionario federal, las instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las procuradurías [órganos que se encargan de investigar los delitos de orden estatal en México] y otros por institutos de mujeres e incluso por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Las acciones contra la inseguridad pública están adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir, sino que aumenta”, agrega Bucio.

El titular del SIPINNA señala que existen más de 3 mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Bucio detalla que existe un compromiso por parte de gobernadores para mejorar sus instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin embargo, “no todos lo están haciendo”.

A finales de año, añade el secretario, todos los gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede terminar en el peor de los casos en feminicidio”. Las procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.

El feminicidio de menores se pierde entre cientos de crímenes mal clasificados

Blanca Estela, una adolescente de 17 años de edad, fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada el 16 de junio de 2017. Su cuerpo fue abandonado en el interior de una cisterna en la delegación Iztacalco, Ciudad de México. El agresor fue detenido mes y medio más tarde, pero el caso no fue clasificado como un feminicidio, sino como un homicidio calificado, pese a que los trabajos periciales confirmaron la violencia de género.

“Se resolvió un caso de homicidio calificado ocurrido el pasado 16 de junio (de 2017), en agravio de una adolescente de 17 años, golpeada un sinnúmero de ocasiones, agredida sexualmente y privada de la vida por asfixia”, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, durante una conferencia de prensa. “Creo que debe destacarse el profesionalismo de nuestra policía de investigación y la capacidad que tiene de respuesta”, presumió.

El caso de Blanca Estela evidencia la falta de perspectiva de género que existe en las instituciones en México. Ello tiene una consecuencia más grave aún, que es que el número real de feminicidios de menores está oculto tras los datos de los delitos clasificados como “homicidios dolosos”, coinciden en señalar especialistas consultadas por mexico.com, e incluso lo acepta un funcionario federal.

En este reportaje se había cifrado en 194 los feminicidios de menores de edad (clasificados como tal) que se cometieron entre enero de 2015 y mayo de este año, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pero resulta que a estos casos habría que agregar el de “homicidios dolosos” y tenemos como resultado que en ese mismo periodo hubo 671 asesinatos de niñas y adolescentes (0 a 17 años). Es decir, muchos de estos últimos casos bien podrían ser como el de Blanca Estela.

Y, al igual que sucede en el caso de feminicidios, la estadística de homicidios dolosos contra menores ha ido creciendo: en 2015 se registraron 193 casos; en el 2016, 170; en el 2017 hay un incremento a 220, y en los cinco primeros meses de este 2018 hay 88 casos. Si hacemos el cálculo con relación a la población, el delito también ha crecido, pasando de 9.8 casos por cada millón de mujeres menores de 18 años en 2015, a 11.2 casos en 2017.

El problema de fondo y la consecuencia de esta falta de clasificación estricta, es que se invisibiliza a las víctimas y las aleja de acceso a la justicia. Reportar adecuadamente estos casos permite la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida, así como penas más severas para los culpables, acciones de prevención, atención, investigación con criterios metodológicos y presupuesto necesario, dice la CNDH respecto al tema en un caso de Puebla ocurrido en 2017.

“Las autoridades no está clasificando los casos”

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado en profundidad los informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas de género en algunos estados.

Ella explica que las bases de datos disponibles no contienen detalles por separado de cada muerte de una menor. Esto ha dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.

“Las autoridades no está clasificando los casos de niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo invisibiliza”, opina Luz Estrada.

“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la autoridad no investiga? (...) No solamente se trata de discriminación, machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.

El propio Ricardo Bucio Mújica, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios). Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar ocurriendo claramente”.

Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por “corrupción, omisión o falta de preparación”.

En lo que va de 2018, ella ha documentado 46 feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de impunidad, y con ello “es más fácil” asesinar a una niña: “Hay un mensaje que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.

Cultura adultocéntrica

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que hay “una alta probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta al momento de emitir su sentencia.

Con todo, el especialista no puede afirmar que se trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello, señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como feminicidios.

Si la ausencia de un marco con perspectiva de género ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema adultocéntrico que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.

La duda sobre si México está investigando de forma correcta los feminicidios ha ido creciendo. Tanto que recientemente la ONU emitió recomendaciones para que el Estado adopte “medidas urgentes” con el fin de prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas y desapariciones de mujeres. Entre otras cosas, la ONU recomendó a México unificar los protocolos de investigación policial sobre el feminicidio y crear bases de datos más detalladas.

A tu padre le gusta contar historias. En ellas, el escenario es El Salto, la misma ciudad del área metropolitana de Guadalajara, en el oeste de México, en la que tú vives. En su memoria, es un paraíso natural con un río azul cristalino, pero en tu día a día es un infierno de contaminación, malos olores y agua verde. Él habla de ir al río Santiago a pescar carpas, charales (peces abundantes en las lagunas mexicanas) y comerlos asados al fuego. Tú solo has comido pescado que viene del supermercado.

Él te cuenta cómo todos los niños aprendían a nadar en el río y cómo venían de todo Jalisco a pasar los domingos a la enorme cascada. De tus amigos, el que sabe nadar aprendió en una piscina, y a ese salto de agua tan bello ahora lo apodan por su aspecto y olor fétido “la Cacada”. Así es la frontera generacional que separa la vida en el municipio jalisciense de El Salto y el río Santiago, el afluente más contaminado de todo el país, según constató un grupo de trabajo de Naciones Unidas (ONU) en su declaración tras visitar México en 2016.

“Antes esto no estaba así, estaba limpio. Había peces comestibles. Yo iba a pescar de joven, con red, pero desde que tengo 14 años va de mal en peor. Ya no queda nada de pescado y cuando llega está muerto. El olor en la noche es insoportable, me he llegado a levantar del olor. Y de vez en cuando aparecen muertos en el agua”, dice Letizia García mientras barre el polvo de un camino sin pavimentar frente a su vivienda y el agua verde burbujea.

García, de 46 años, vive en la colonia La Huizachera. Esta zona peligrosa y deprimida del municipio de El Salto ha sido su hogar desde que su padre compró un terreno aquí y levantó su casa. Ella cría a sus hijas, una de 19 años y dos gemelas de 17. A unas pocas decenas de metros de su casa nace el arroyo llamado El Ahogado, canalizado por unas tuberías que vierten agua verde y fétida, con espuma blanquecina, por eso es llamado el “tiro de gracia” del río Santiago.

El arroyo del Ahogado nace de la presa de las Pintas y diez kilómetros más allá llega a una presa natural con la que comparte nombre. Allí se almacenan 8 millones de metros cúbicos de aguas negras producidas en todo el sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Luego tiene otros nueve kilómetros hasta desembocar en el río Santiago.

El río Santiago es uno de los destinos tóxicos de México señalados por Greenpeace. Desde su nacimiento en el Lago de Chapala -un embalse natural localizado principalmente en el estado de Jalisco- discurre 562 kilómetros hasta desembocar en Nayarit, un pequeño estado al oeste de México situado entre las montañas arboladas de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico. En los kilómetros que siguen el cauce del río desde su nacimiento en el lago a El Salto, hay casi 700 empresas de diverso tamaño, dedicadas principalmente a la fabricación de muebles, la metalurgia, los alimentos y bebidas, el plástico y la industria química. Unas 63 son grandes empresas.

La ONU indica que un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) encontró un total de 1090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales en el río, principalmente de fuentes industriales. “Fue impactante ver el río cubierto de espuma y el olor de los fuertes gases que se desprenden del agua que cae en la cascada de El Salto. Médicos locales avisaron de un crecimiento en la incidencia de diferentes enfermedades, incluyendo leucemia, abortos espontáneos y defectos de nacimiento congénitos, entre otros”, dice el informe.

En El Salto, con una población de más de 130 mil personas, activistas locales llevan ya una década denunciando enfermedades que van desde ronchas en la piel a insuficiencia renal y cáncer. Entre ellos está Graciela González, de la asociación un Salto de Vida. Su activismo le ha llevado a tener que abandonar El Salto durante un año, con toda su familia, por seguimientos y amenazas. Confirmado por otros vecinos de El Salto, González cree que si no les han matado a ella y a los suyos es porque no han querido.

“Nosotros decimos que El Ahogado es donde se le da el tiro de gracia al Río Santiago. Recauda mucha contaminación industrial de varios corredores industriales como el de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y el de El Salto”, cuenta, “antes la comida rodaba por las calles, había cantidad de árboles; también turismo de gente que se venía a divertir a la cascada hasta que por la peste lo dejaron; luego siempre estamos pensando que nos vamos a morir de una enfermedad. Casi todos tenemos tos y alergias. De ahí ya pasamos al cáncer, insuficiencia renal, tumores de toda clase, abortos, malformaciones, muertes en mucha gente joven” añade.

El fallecimiento más mediático en la ya más que nombrada zona por la que pasa el río Santiago ocurrió en 2008. Un niño, Miguel Ángel López Rocha, se cayó al cauce y entró en un coma profundo. Murió 19 días después. La causa, según publicó La Jornada, fue “fallo orgánico múltiple e intoxicación aguda por arsénico”. De hecho, horas antes de la muerte, la Secretaría de Salud de Jalisco reconoció que el menor superaba en sangre en un 400% los niveles máximos de arsénico permisibles.

Asociaciones como la de González comenzaron a hacer mucho ruido y ese mismo año se ordenó la construcción de una planta de tratamiento de aguas en la presa de El Ahogado. En 2012, el que fue presidente de México durante casi 6 años, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, inauguró la planta con bombo y platillos, al ritmo del himno nacional. En el acto se dijo que por primera vez desde su fundación se tratarían las aguas de Guadalajara y que se habían acabado los vertidos de aguas contaminadas al río Santiago.

Más abajo del cauce de El Ahogado, justo entre éste y la planta inaugurada por Calderón, está el núcleo residencial de La Perla. Si La Huizachera tiene una pinta complicada, La Perla parece una zona de guerra. Gran parte de las casas están abandonadas y llenas de grafitis. Se han llevado todo lo que había de valor, desde las puertas y las rejas de las ventanas, a todo tipo de metal de las instalaciones. Prácticamente no hay caminos y semeja un lugar poco recomendable para estar cuando el sol se esconde.

“Nosotros compramos la casa por el Infonavit -Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores- y no conocía la zona antes de venir”, cuenta Juan Carlos Castro, un tendero de 44 años, que lleva seis viviendo en estas condiciones, “ha dejado de funcionar el alumbrado público, el olor es horrendo y dos veces al día, cuando suena una alarma, es que el olor sale peor. Del arroyo de El Ahogado vienen mosquitos y más mosquitos. Jamás nos acercamos”.

En 2016, Greenpeace publicó su informe Alto a la catástrofe ecológica del río Santiago, en el que se lee “en las muestras de agua y sedimentos tomadas” a la salida de aguas de la planta “se identificó una amplia gama de sustancias químicas orgánicas y metales pesados, lo que exhibe los pobres resultados que ofrecen las soluciones paliativas como las plantas de tratamiento”. Esta instalación costó unos 850 millones de pesos de los de entonces, poco más de unos 38 millones de euros actuales.

“El estado municipal lo sabe y vende esas casas, las inmobiliarias le piden financiamiento al Infonavit y se las asignan a los vecinos”, asegura la activista González, “no les dicen qué río es y cuando los nuevos vecinos lo ven, dicen que no quieren la casa, pero como les penalizan, se las acaban quedando”. Hay una noticia en El Informador, principal diario de Guadalajara, al respecto.

Según publicitó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2013 y abril de 2018 realizó 943 visitas de inspección y verificación a empresas de competencia federal en los 37 municipios de la cuenca de los ríos Lerma y Santiago. De estas, clausuraron 22 instalaciones -14 de forma parcial y 8 de forma total- y se pusieron multas por valor de 21 millones de pesos, cerca de un millón de euros. En la nota de prensa se lavaban las manos asegurando que “en gran medida la contaminación proviene de cuerpos de agua de competencia Estatal o Municipal y no de forma directa a cuerpos de agua de competencia de esta Procuraduría Federal”.

“Yo hice un estudio en el que encontré que todo el territorio está lleno de metales pesados y que hay cuatro tipos de bacterias, dos muy comunes en la amigdalitis y dos que dañan mucho el sistema respiratorio bajo”, explica la activista González que presentó hace un año como trabajo final de su máster en salud ambiental, un texto titulado Análisis de Calidad del Aire y su Posible Efecto en la Función Respiratoria en los Niños de la población de El Salto. “Revisé los pulmones a 66 niños de una escuela primaria a 300 metros del río y encontramos que dos de cada diez tenían una anormalidad restrictiva, con menos del 80% de su función pulmonar” relata la activista.

El cauce de El Ahogado se une al del río Santiago en el núcleo residencial de La Azucena. Es en esta zona donde el niño Miguel Ángel cayó al agua y acabó muriendo. Durante nuestra visita, el agua estaba seca y el cauce era un lodazal. Cuando llueve, es común que este barrio se inunde de aguas negras y lodo. El olor, como todo en el cauce, es fuerte y desagradable. Los mosquitos, una plaga. Los vecinos que tienen posibilidad se han ido mudando y solo se quedan los que no tienen otra salida.

Lo mismo ocurre al principio del cauce. Allí, Letizia García, la mujer que barre su puerta entre el mal olor del río, se lamenta. “Hemos intentado denunciar, pero no nos hacen caso, solo cuando hay elecciones, y luego se olvidan”, y se pregunta, “me preocupa que mis hijas vivan al lado de esto pero, ¿dónde nos vamos? ¿dónde me podría ir? ¿alguien me va a comprar la casa?”. Lo cierto es que nadie en su sano juicio, lo haría.

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales de México, ha anunciado que ganará un total de 108.000 pesos como jefe del Ejecutivo mexicano. O lo que es lo mismo, una cantidad equivalente a 4.900 euros. El izquierdista asegura que no baja más su salario porque podría afectar la percepción económica de otros funcionarios.

“El presidente debe de estar recibiendo 270.000 pesos mensuales netos [unos 12.200 euros], yo voy a recibir 108.000; o sea, voy a recibir el 40% de los que gana actualmente el presidente Peña”, explicó López Obrador.

En España, el sueldo del presidente del Gobierno está fijado en 80.953,08 euros anuales sin derecho a pagas extraordinarias, lo que supone unos ingresos mensuales de 6.736,09 euros tras la subida del 1,5% fijada en los Presupuestos de 2018.

Actualmente, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el equivalente a nuestros Presupuestos Generales del Estado, el presidente Peña Nieto gana 259.627 pesos mensuales (cerca de 11.800 euros); por lo que López Obrador ganará 151.000 pesos menos que el actual presidente.

En rueda de prensa desde su casa de campaña, López dio a conocer 50 medidas para luchar contra la corrupción y promover la austeridad que, según ha dicho, aplicará durante su sexenio al frente de México.

Entre las medidas, destaca la eliminación de coches oficiales para que los funcionarios desarrollen su trabajo, además de que -durante el primer año de gobierno- no se comprarán equipos informáticos. Tampoco se hará ningún tipo de remodelación en las oficinas gubernamentales.

Los gastos en publicidad del gobierno se reducirán al 50% y, señaló, solamente los secretarios y subsecretarios tendrán derecho a tener un chófer, pero no escoltas; mientras que los encargados de la seguridad del país sí podrán contar con efectivos policiales.

María Socorro Cruz está a punto de cumplir 71 años, 30 de ellos los ha dedicado a recoger la basura y barrer las calles de la colonia Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa de Ciudad de México. Pero tres décadas de trabajo no han bastado para que obtenga una plaza con salario fijo, seguridad social y prestaciones de ley. Ella es una trabajadora informal, o como prefieren decir las autoridades, “voluntaria” o “meritoria”.

La Güera, como la conocen en la colonia, no sabe de eufemismos y prefiere decir las cosas como son: “Vivo a base de limosnas”, dice respecto a las propinas que recibe por recoger las bolsas de basura de los vecinos, por lo que gana entre 80 y 120 pesos (entre los 3 y los 5 euros) diarios. Ha perdido poco a poco las fuerzas de antaño y también la vista. Con todo, sabe que el día que deje la escoba simplemente no tendrá dinero para comer. Ella no piensa en vacaciones, días festivos o descansos. ¿Una pensión? A sus 70 años eso es una fantasía: tendrá que barrer hasta su último aliento.

A los trabajadores “voluntarios” como Socorro, los ves a diario en toda la ciudad. Son los barrenderos, muchos adultos mayores, que desde las cinco de la mañana salen con sus escobas y carritos a limpiar las calles, llenando sus dos tonel con los desperdicios esparcidos en la vía pública y los desechos que recogen de algunas viviendas a cambio de una propina que les permita subsistir.

También son los jóvenes que, como pregoneros ambulantes, anuncian con una campana que el camión de la basura se aproxima y es momento de sacar tus bolsas. Y son los chalanes del chofer del vehículo recolector que siempre van colgados en la parte trasera y se encargan de recibir y separar tu basura. En fin, son los que evitan que tu casa y la ciudad entera se conviertan en un muladar.

Este ejército de hombres y mujeres son además los que permiten a las autoridades locales cumplir con su obligación legal de mantener limpia la capital (según el artículo 10 fracción VII de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal) y a pesar de ello, hacen como que no existen.

“Al gobierno no le importa, no los tiene contemplados dentro del servicio. Si tú buscas en todos los reportes oficiales, esta gente no aparece o se menciona de manera marginal”, nos explica Héctor Castillo Berthier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que estudia el tema desde hace 40 años.

De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos del 2016 -el más actualizado que existe- solo ayudando en los camiones de basura hay 3.103 trabajadores informales, pero se trata de una estadística incompleta, ya que seis de las 16 delegaciones aseguraron no tener voluntarios, y la Benito Juárez no reportó información. Para la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que agrupa a los trabajadores de la limpieza, la cifra de voluntarios ronda los 10.000, aunque Castillo calcula que son entre 15.000 y 18.000.

En la basura también hay niveles

Hay dos reglas para entrar a este círculo: conocer a alguien que ya esté dentro y aceptar que “todos inician como voluntarios”, nos cuenta Julio Miranda, chófer de un camión recolector.

Él ha vivido de la basura toda su vida. A los ocho años llegó con sus padres y abuelos a los tiraderos a cielo abierto que había en Santa Cruz Meyehualco y Santa Fe para trabajar como recogedor de basura. Cuando estos cerraron, su familia buscó en el servicio de limpieza de la ciudad una nueva forma de subsistir.

Julio entró como ayudante de un tío que ya conducía un camión en la delegación Iztapalapa. Por seis años trabajó de manera informal, luego obtuvo un contrato eventual y con el tiempo ganó su plaza definitiva. Y es que hasta en el mundo de la basura hay rangos.

Los trabajadores de limpieza se dividen en personal de base, eventual y voluntario. La diferencia entre cada uno radica en los beneficios que tienen. Se puede decir que los de base son empleados de primera categoría porque gozan de todos los derechos laborales y protección sindical. Los eventuales, aunque tienen un sueldo fijo, no cuentan con prestaciones ni generan antigüedad. Y finalmente están los voluntarios, que carecen de todo y sueñan con algún día formar parte del grupo privilegiado. Mientras ese día llega, viven de lo que la gente les da por llevarse la basura de sus casas y negocios y de lo que ganan por vender a los centros de reciclaje los residuos que ellos mismos separan.

Hace tiempo que Julio Miranda es parte de la “primera clase” y decidió ayudar a quienes aún no lo son. Cinco años atrás fundó la asociación civil Trabajadores Voluntarios y Desempleados de la Ciudad de México para apoyar a los trabajadores que inician en el eslabón más bajo. Hoy acumula más de 4.700 socios y podrían ser más si no fuera porque el sindicato bloquea su labor.

Las historias de Julio, la Güera y otros trabajadores con los que pudimos hablar coinciden con las conclusiones de una recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió en 2016. El organismo documenta que los voluntarios realizan sus actividades de manera subordinada, cumpliendo horarios y funciones preestablecidas, pero sin ningún derecho laboral. En palabras llanas, el gobierno de la ciudad y de las 16 delegaciones trabajan como su patrón aunque ellos oficialmente no son sus empleados.

“Son mano de obra gratuita para el gobierno, se aprovecha de ellos porque si no estuvieran prestando este servicio tendría que contratar a otras personas para que lo hagan”, afirma Tania Espinosa, coordinadora para la Ciudad de México de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) y consejera honoraria de la CDHDF.

Tampoco cuentan con seguridad social aunque trabajan en condiciones insalubres y de riesgo, por lo que si enferman o se accidentan tienen que cubrir su gastos médicos. E incluso hay casos en que tienen que comprar su herramienta y uniforme de trabajo.

Plazas en tiempo electoral

Entre las 42 secciones que conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, la de “Limpia y Transportes” es la más grande con una plantilla de 14.000 empleados de base, 5.000 eventuales y 10.000 voluntarios, según su portal de Internet. Hugo Alonso Ortiz es su dirigente.

La cercanía de Alonso Ortiz con el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera es tal que el 4 de septiembre del año pasado le manifestó el respaldo del gremio a sus aspiraciones presidenciales en un evento masivo al que acudió la dirigencia sindical, el gabinete de Mancera y cientos de trabajadores de la limpieza.

“Nosotros tenemos un gallo, al que no se le caen las plumas y que va a volar muy alto... Miguel Ángel Mancera, que va a ser nuestro próximo presidente”, gritaba extasiado el líder sindical mientras le obsequiaba al elogiado un gallo de pelea frente a la multitud que coreaba consignas como “Se ve, se siente, Mancera presidente” a la vez que ondeaban banderas blancas con su nombre escrito en rosa mexicano, el color institucional de la Ciudad de México.

La euforia que invadía a los presentes se debía a que el jefe de Gobierno había prometido que 10.000 voluntarios serían integrados a la plantilla laboral a partir del 16 de ese mes. La promesa era incluirlos en un esquema conocido como Nómina 8 o Programa de Estabilidad Laboral, que consiste en un contrato temporal que, aunque no genera antigüedad, sí les otorga seguridad social, aguinaldo y vales de despensa.

El gallo de Hugo Alonso no voló muy alto y a finales de ese año terminó desplumado por el panista Ricardo Anaya, quien se quedó con la candidatura presidencial de los tres partidos que hoy conforman la alianza Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). Mancera acató la decisión y cerró filas con la coalición, a cambio de un escaño en la próxima legislatura del Senado de la República por la vía plurinominal.

Sobre las plazas prometidas, estas no llegaron o al menos no para todos. El 10 de febrero de 2018 los trabajadores volvieron a ser convocados para escuchar la misma promesa del Jefe de Gobierno. En lugar de los vítores y gritos de la ocasión anterior, el silencio era lo que prevalecía, si acaso unos gritos tímidos de apoyo combinados con algunas voces que se atrevían a denunciar que el ‘gallo’ de su líder no les había cumplido.

Julio -chófer de camión y defensor de los voluntarios- señala que es el sindicato y no el Gobierno el que decide a quién asignar las plazas y a quién no: siempre ha sido así y no le asombra que su gente haya quedado fuera. Lo que le parece extraño es que quienes afirman haber recibido ya la plaza no han firmado contrato, y se les paga en efectivo “con la condición de asistir a jornadas de trabajo extra fuera de sus delegaciones”, algunas de las cuales fueron mítines políticos.

Su inquietud le llevó a dirigir un escrito a Mancera, fechado el 14 de marzo, planteándole esta situación y pidiéndole una explicación sobre los criterios para la entrega de plazas. Mancera renunció a su cargo dos semanas después de entregada la carta y la contestación no llegó hasta dos meses después, dejando más dudas que respuestas sobre la promesa de contrataciones anunciadas a bombo y platillo.

El escrito firmado por Antonio Paz García, Subsecretario de Administración y Capital Humano, con fecha del 8 de mayo dice textualmente que “no se tiene contemplado implementar algún programa de creación de nuevas plazas de trabajo, en Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal”.

Tania Espinosa cree que esto parece más un “programa clientelar en época de elecciones” y quizá no esté equivocada. Durante las campañas, trabajadores de limpieza denunciaron que el líder gremial estaba repartiendo de manera discrecional las susodichas plazas con la condición de que los beneficiarios asistieran a los mítines de los candidatos frentistas. Su argumento es que “debían estar agradecidos” porque su gallo -que aspiraba al Senado por la misma coalición- había mejorado sus condiciones laborales. Tras la elección del pasado 1 de julio, Mancera tiene asegurado su lugar en la próxima legislatura mientras que las plazas prometidas siguen en el aire.

Para este reportaje solicitamos la postura de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de quien depende Paz García, y también buscamos al líder sindical Hugo Alonso Ortiz, pero no obtuvimos respuesta.

La foto perfecta del sistema político

El uso clientelar de los trabajadores de limpieza no es nuevo. Cuando el investigador Héctor Castillo quiso hacer su tesis de licenciatura sobre la basura hace cuatro décadas, esta no se consideraba un problema. No estaba de moda la ecología, ni el cuidado del medio ambiente, ni el reciclaje. Como no había información sobre el tema, la única forma que halló para conocer las entrañas de ese mundo fue sumergirse literalmente en él. Ingresó como barrendero, luego pasó a ayudante de camión y finalmente a recogedor.

Lo que encontró tras pasar casi tres años metido en la basura fue “una fotografía perfecta del sistema político mexicano”. Él lo explica así: “A través de la basura puedes ver toda la estructura del sistema político, las leyes que sirven y las que no funcionan y el olvido generalizado que tienen estos grupos y que terminan siendo utilizados como grupos clientelares por los partidos políticos”.

La Güera prefiere no pensar en qué es lo que está detrás de las supuestas nuevas plazas. En 30 años de trabajo ha escuchado tantas promesas que ya no cree en nadie. Se ha resignado a vivir como voluntaria.

“Si no me quieren tomar en cuenta, que no me tomen, pero que me dejen mi tramito (donde barre), es con lo único que me sostengo. Yo pago renta, pago luz, pago agua y cuando el seguro no me da los medicamentos tengo que comprarlos... Gracias a Dios no me he muerto, porque mi hijo me dejó asegurada, pero si no, ya estuviera yo bajo tierra desde hace un buen tiempo”.

El seísmo del 19 de septiembre generó una ola de solidaridad casi instantánea en Ciudad de México. En cuestión de horas, comenzaron a amontonarse en los centros de acogida cajas de comida enlatada, medicinas, artículos de limpieza y millones de botellas de agua.

Al recibir en su teléfono una imagen como la siguiente, lo primero que pensó la arquitecta Vanessa Rendón fue que toda esa ayuda acabaría en la basura tras cumplir su propósito. Pero lo segundo que pasó por su cabeza fue un proyecto ecológico: reutilizar esas botellas y, al mismo tiempo, seguir ayudando a los damnificados a reconstruir casas con ladrillos hechos de plástico PET (polietileno tereftalato), también conocidos como 'ecoladrillos'.

“Un amigo y yo decidimos abrir una página de Facebook ese mismo día, creamos el logo y en una hora llegó el primer mensaje”, cuenta Rendón en entrevista telefónica con Mexico.com. Quien los contactaba era otra arquitecta de la Universidad Iberoamericana ofreciendo recolectar botellas de PET en su campus. En las siguientes horas, y ante la sensación de urgencia que se vivía en la ciudad, el primer equipo de Viem Mx (Viviendas Emergentes México) se formó en un tiempo récord.

Su convocatoria se hizo viral y el equipo recibió más de un millón de envases de PET, que se guardaron temporalmente en almacenes prestados por varias empresas. Desde entonces, la asociación ha entregado tres viviendas terminadas a familias de bajos recursos, y actualmente trabaja en la construcción de otras cuatro.

Las primeras ‘viviendas emergentes’

La construcción con ladrillos de PET es una técnica tradicional -dice Rendón-, ya que también debe haber una cimentación previa y se utilizan refuerzos -conocidos como 'castillos'- para asegurar la estabilidad de la estructura. “La diferencia es que en lugar de ladrillos utilizamos botellas de PET rellenas de arena o de tierra”, explica la arquitecta. “También se pueden rellenar con basura, pero es más tardado”.

El primer proyecto que la asociación puso en pie fue una “vivienda emergente” para un hombre que había perdido su casa tras el seísmo del 19 de septiembre en San Miguel Tecuanipa, en Tochimilco, Puebla. El pequeño refugio, de nueve metros cuadrados, se construyó con más de 2.500 botellas de PET y tuvo un coste aproximado de 60.000 pesos (unos 2.670 euros).

La arquitecta cuenta que al principio no fue sencillo convencer a las familias damnificadas de que el PET era una buena opción. “La gente se imaginaba que íbamos a hacer casas de basura”, recuerda. Eso cambió cuando la primera construcción estuvo terminada y vieron fotografías del resultado.

Las otras dos casas terminadas se localizan en la comunidad Tetela del Volcán, en Morelos.

Educación ambiental

Tras sus primeros meses de actividad, Viem Mx cambió la técnica del ecoladrillo por una más eficiente. Un grupo de ingenieros originarios de Puebla se puso en contacto con la asociación para ofrecerle su invento patentado. Lo llaman PET aligerado y consiste en mallas que se rellenan con botellas de PET vacías y luego se repellan con cemento para convertirse en techos o muros.

“El tiempo que te ahorras de rellenar botellas es muchísimo”, dice Rendón. “Es el método que más nos ha funcionado para entregar las viviendas lo más rápidamente”.

También el sistema para elegir a las familias beneficiadas se ha ido perfeccionando con el tiempo. Además de personas de bajos recursos, necesitadas de una vivienda, la asociación busca que estén dispuestas a comprometerse con el proyecto.

“Queremos capacitar a las familias de la comunidad para que aprendan a construir. Muchas de las casas que se cayeron fueron por autoconstrucción mal empleada”, sostiene la arquitecta. El objetivo de Viem Mx es transmitir el conocimiento para generar también una activación económica. El compromiso que esperan de las familias incluye su participación en programas de sensibilización y educación ambiental.

De acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, en México se emplean 450.000 toneladas de PET únicamente para el consumo de refrescos. Por agua embotellada, en 2014 se consumieron 234 litros por persona. O lo que es lo mismo: 21 millones de botellas de PET al día.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador no frenó los comentarios clasistas ni racistas en su contra: los potenció. México es un país profundamente clasista y racista, las estadísticas no mienten. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), siete de cada diez mexicanos son discriminadas por una multitud de pretextos: socioeconómicos, físicos, de estilo de vida. La desigualdad es tal en México que solo una quinta parte de su población no tiene carencias sociales; del resto, más de la mitad es pobre.

Durante la campaña de López Obrador, el candidato fue víctima de discriminación por su color de piel, por su edad —la campaña de José Antonio Meade lanzó una serie de videos donde insinuaban que una persona de la tercera edad no podía gobernar—, y porque no habla bien inglés. 

Tras su victoria en las elecciones presidenciales, este panorama no cambió y comenzaron a circular los hashtags #MeDuelesMéxico y #AMLONoEsMiPresidente, alimentados por un sentimiento que el investigador Hernán Gómez Bruera ha venido a denominar “pejefobia”: un miedo irracional a López Obrador (apodado “El Peje”, en referencia a un pescado típico de Tabasco, su región de origen) basado en un “conjunto de exaltadas emociones que beben de prejuicios clasistas”.

Incluso el hijo menor del presidente ha sido objeto de burlas por su aspecto físico. La imagen de Jesús Ernesto, de once años, con unos mechones rubios protagonizó diversos memes de mal gusto en las redes sociales tras la victoria electoral de su padre, aunque otros usuarios salieron a defenderlo. La familia del presidente ha sido criticada por su forma de vestir, por su tono de piel y hasta por su apellido “López”, el tercero más común en México, según el Instituto Nacional Electoral.

El presidente electo no ha sido el único funcionario señalado por su origen humilde en este periodo de transición. También ha habido casos como el de Pedro César Carrizales “El Mijis”, diputado estatal electo de San Luis Potosí, quien fue atacado por sus brazos tatuados y pasado pandillero. Entre los apelativos más repetidos contra López Obrador y su familia está el de 'naco', un término despectivo que refleja el racismo y la discriminación de clases en el país. El Diccionario de mexicanismos define naco como una persona percibida sin urbanidad o sin civismo, de bajos recursos o de origen indígena.

Representación popular

De acuerdo con el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI), presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INAGI) en 2017, un 88% de los mexicanos encuestados se consideran morenos. El color de piel fue elegido por los entrevistados a partir de una escala cromática desarrollada por el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA). Aunque sus resultados no son concluyentes en cuanto al total de la población mexicana, se trata de una muestra que permite plantear preguntas como qué grado de representación tienen los tonos de piel de los mexicanos en la cúpula de gobierno.

En 2017, Adrián Santuario, el físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, analizó el color de piel de los 500 diputados federales del país para identificar qué tono tenía mayor representación en la Cámara Baja del Congreso de la Unión durante la LXIII Legislatura (2015-2018). Su estudio permitió señalar que el partido con el promedio de piel más clara era el Verde Ecologista de México —que equivalía al 7,8% de la Cámara en esa legislatura—, mientras que el partido de piel más oscura era el de la Revolución Democrática, de izquierdas —10.8%—.

En el espectro cromatográfico de dicha legislatura, el partido con mayoría en la Cámara Baja, el PRI, estaba más hacia el lado de los morenos, mientras que el PAN (derecha), con el 21% de los diputados, era el tercero más blanco. Morena, el partido de López Obrador, que en esa legislatura contaba con un 9,4% de representación, es el segundo partido de tez más oscura.

Este espectro podría cambiar a partir de septiembre, cuando inicie la LXIX Legislatura (2018-2021). Después de las elecciones federales, Morena (izquierda) —segundo partido de tez morena— será el partido con más representación en la Cámara de Diputados con un 42%, mientras que el PVEM —el más blanco— contará con apenas el 5,5% de presencia. El PRD, señalado en la cromatografía de Santuario como el partido más moreno en promedio, tendrá apenas un 6% de los diputados.

En términos de representación de género, la Cámara de Diputados en la próxima legislatura contará con un 47,8% de diputadas y un 52,2% diputados. Pero queda mucho camino por andar, considerando que apenas 13 de 500 diputados corresponden a población indígena. ¿Cómo será el espectro cromatográfico de la próxima legislatura? En un país tan dividido por el racismo y clasismo como México, será un tema para mantener en el ojo público.

Cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia, lo hará de la mano de Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa.

A Beatriz la vimos muy activa en la campaña de Andrés Manuel, acompañándolo a la mayoría de los eventos, compartiendo memes e incluso contestando de manera frontal a quienes atacaban a su esposo, pero... ¿qué hay detrás de la compañera de lucha de López Obrador?

Te presentamos más a fondo a Beatriz, la futura “primera dama” que no quiere serlo.

El origen

Beatriz Gutiérrez Müller es mexicana y chilanga.

Nació un 13 de enero de 1969 en Ciudad de México y es hija del mexicano Juan Gutiérrez y Nora Beatriz Müller.

Por ella corre sangre alemana e irlandesa gracias a su madre. El bisabuelo de Beatriz era alemán, mientras que su bisabuela era irlandesa.

De acuerdo con una carta enviada por Beatriz Gutiérrez Müller a Verificado.mx, su abuelo Adolfo Marcelo Müller era mexicano, radicado en Chile y en Alemania.

La mujer de letras

Müller será la esposa de un presidente con mayor nivel de estudios que se haya visto en México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Letras Hispanoamericanas por la misma casa de estudios y tiene un título de doctora en teoría literaria por la UAM Iztapalapa.

Es amante de la poesía, de la historia y de las novelas, su género literario favorito, según dijo en entrevista con Carlos Marín para Milenio.

Pero Müller también ha sido una mujer de trabajo. Por más de 10 años, la hoy esposa de Andrés Manuel López Obrador escribió para el periódico El Universal como corresponsal en Puebla y luego se incorporó a Argos comunicación, empresa de un amigo cercano de AMLO: Epigmenio Ibarra.

Gutiérrez Müller también ha estado al frente de las aulas, pues ha sido docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Además del periodismo, Beatriz ha estudiado la vida de Bernal Díaz del Castillo —de quien trata su tesis de maestría— Hernán Cortés, Giordano Bruno o Francisco de Quevedo.

Es autora de poemas, crónicas, cuentos y de las novelas Larga vida al Sol (2011) y Viejo siglo nuevo (Planeta 2012).

Beatriz es también investigadora nacional del Conacyt y “no canta mal las rancheras”, pues el micrófono es uno de sus hobbies.

La esposa y madre

Andrés Manuel y Beatriz se conocieron en 2004, cuando ella ingresó a la dirección de difusión del Gobierno del Distrito Federal, recomendada por otro amigo de Andrés Manuel: el escritor José María Pérez Gay.

El tabasqueño y la escritora se casaron en octubre de 2006 y en 2007 nació el único hijo de la pareja: Jesús Ernesto.

Para Beatriz, su trabajo más importante es precisamente ese: el ser madre, aseguró en una entrevista con Nación321.

“Es el trabajo que más tiempo te quita o al que más le inviertes, según como se vea”.

A lo largo de la más reciente campaña de Andrés Manuel, Beatriz fue un personaje constantemente visto en los eventos del candidato, además de que fue muy activa en redes, en donde publicaba desde “memes” hasta defensas de su esposo.

Pero Gutiérrez Müller no solo se limitó a acompañar a AMLO, sino que en varias ocasiones tomó el micrófono y expuso sus ideas, además de que encabezó diversos eventos de mujeres morenistas.

La ‘antiprimera dama’

Beatriz Gutiérrez Müller quiere ser todo, menos primera dama, una denominación no oficial dada a la esposa del presidente.

De acuerdo con el libro La Suerte de la Consorte, escrito por Zara Sefchovich, “el término es ceremonioso”, es decir, no es un cargo por lo que ella no tiene responsabilidades ni poder.

Pero... ¿por qué no ser primera dama? Para Beatriz no existen las mujeres de primera ni de segunda, por lo que dicho término, asegura, es clasista.

Además, la postura de Gutiérrez Müller tiene un sustento legal basado en el artículo 80 de la Constitución: vivimos en un sistema presidencialista en donde el poder recae en una sola persona: el jefe del Ejecutivo.

¿Y entonces cómo le llamaremos?

Beatriz Gutiérrez Müller ha pedido ser llamada “compañera”, “esposa de AMLO” o simplemente Beatriz.

Sin embargo, el hecho de que Gutiérrez Müller no quiera pasar al imaginario colectivo como primera dama no significa que vaya a ser omisa durante el mandato de su esposo, pues la escritora ha asegurado que será observadora del trabajo de AMLO y políticamente activa.

...Y en el mundo

México no es el único país en donde existe la figura de primera dama, pues en Estados Unidos -en donde el término se utilizó por primera vez con Martha Washington en el siglo XVIII-, Francia, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Finlandia y Luxemburgo, países miembros de la OTAN, también tienen este concepto (que no cargo).

Incluso la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) organizó, en 2017, una reunión entre las esposas de los mandatarios que se dieron cita en la cumbre: First Ladies Meeting.

Y aunque muchos pensaron que las cámaras serían acaparadas por Melania Trump, esposa del presidente de EEUU, Donald Trump, y Brigitte Trogneux, la esposa de Emmanuel Macron, presidente francés; las miradas se las llevó Gauthier Destenay, esposo del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Sí, en el mundo también hay “primeros caballeros”.