Las mujeres cumplen un papel fundamental en las respuestas a crisis como la generada por la epidemia de Covid-19. Son las primeras en responder y las más expuestas a los efectos adversos de las situaciones de emergencia. Dedican más tiempo a las tareas de cuidado y están más expuestas en los centros de atención y de salud, donde hay más enfermeras que enfermeros. Es importante tener presente las mayores exigencias que recaen sobre las mujeres, para tomar las medidas más adecuadas.

En estos días de “cuarentena”, la carga de trabajo se multiplica para las mujeres. Están en casa con sus hijas e hijos, atendiendo las tareas de cuidado, atentas a las necesidades de los mayores, respondiendo a las exigencias del teletrabajo (en los casos afortunados de tenerlo) y manteniendo la calma y la entereza en medio de una situación de incertidumbre que afecta en lo humano, lo económico y lo emocional.

La reducción de las actividades económicas afecta particularmente a las mujeres en trabajos informales, pues pierden su sustento de vida diario de forma casi inmediata. También se ven gravemente afectadas quienes ejercen trabajo doméstico remunerado, que en muchas ocasiones es la única fuente de ingresos en sus hogares. Los impactos por la recesión, que ya se inició a nivel local y global, se están dejando notar más en sectores con alta generación de empleo femenino, como el comercio y el turismo, de manera que ellas sufrirán más el impacto del frenazo.

En contextos de confinamiento, las altas cargas de estrés y las “convivencias obligadas” aumentan el riesgo de violencia contra las mujeres. Las supervivientes pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones de violencia o para acceder a los servicios de atención o auxilio. La actual emergencia afecta de manera severa a las migrantes, refugiadas o desplazadas –que ya se encontraban en situación precaria– y que ahora están más expuestas a riesgos de trata con fines de explotación sexual, a una mayor discriminación, a más xenofobia y más violencia.

Por todo esto, es importante prestar atención y prever las respuestas que se deben ofrecer para neutralizar a tiempo los efectos para las mujeres de esta crisis. Recurrir a los principios básicos de gestión y respuesta a crisis sensibles al género es lo recomendado. Considerar que las mujeres son imprescindibles en la lucha contra esta epidemia, tanto porque son las primeras en la línea de respuesta como por los impactos desproporcionados que la crisis tiene sobre ellas; que es fundamental mantener activos los servicios de atención de salud sexual y reproductiva; que es necesario generar respuestas, líneas de crédito y mecanismos de apoyo para asegurar su resiliencia; que es crucial establecer medidas de compensación para las trabajadoras informales; que es crítico mantener en funcionamiento los mecanismos de respuesta y reforzar las redes y protocolos existentes; que es indispensable brindar servicios de atención a mujeres víctimas y supervivientes de violencia y desarrollar modalidades que faciliten su acceso. En definitiva, garantizar los derechos de las mujeres y atender sus necesidades debe ser una prioridad para los gobiernos.

El momento requiere un enorme esfuerzo para resistir, pero también supone una oportunidad para cambiar patrones de comportamiento, y las formas de ejercer el poder y de distribuir los recursos. Tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia en la que la solidaridad, la dignidad y la igualdad dejen de ser la excepción para pasar a ser la norma.

Los cambios culturales y el reconocimiento de derechos suelen generar reacciones en sectores que los interpretan como una pérdida de su estatus y sus privilegios o como el comienzo de una era de incertidumbre que escapa a su control. La campaña para cuestionar los derechos de las mujeres consagrados en acuerdos y convenciones internacionales, forma parte de esa reacción que busca dar marcha atrás a los avances alcanzados y tratar de frenar la creciente alerta social para acabar con la violencia de género. Es una campaña que se basa en desinformar, distorsionar y minimizar las cifras, hechos y el impacto de la violencia contra mujeres y niñas como una pandemia global y como una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las cifras y los estudios son contundentes.

A nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre violencia por razones de género. Cada diez minutos una mujer es asesinada por el hecho ser mujer. En América Latina es la primera causa de muerte de las mujeres entre 15 y 44 años. Es una violencia que mata y discapacita a más mujeres que el cáncer y que provoca más trastornos de salud que los accidentes de tráfico y el paludismo. El 70% de las mujeres experimenta violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida. Esta violencia tiene enormes costos, no solo para las mujeres sino también para sus entornos familiares y para la sociedad en su conjunto. Desconocer estas cifras, tratar de hacer malabares comparativos, o minimizar la cada vez mayor respuesta social para acabarla, es una excusa para tratar de frenar los avances logrados en la batalla contra esta violencia.

Son varios los tratados vinculantes e instrumentos internacionales que definen esta violencia como la dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, estos mismos instrumentos exhortan a los estados a tomar medidas para prevenirla y erradicarla. La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación sobre las mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés, adoptada en 1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (1993), la Plataforma de Acción de Beijing (1995), los Objetivos del Milenio (2000) y más recientemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) confirman la obligación de los estados y establecen el camino a seguir para superar esta lacra social, obstáculo para el desarrollo y problema de salud pública, que según los informes de la OMS, alcanza proporciones pandémicas. Las obligaciones de los estados son claras y precisas y la campaña para tratar de dar marcha atrás a los derechos de las mujeres pretende desconocer el ordenamiento jurídico internacional, suscrito por países como España. Los estados firmantes tienen obligaciones como estas:

1. Proteger a las mujeres contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social. (Recomendación General CEDAW 12)

2. Eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida (Declaración sobre la eliminación de la violencia, 1993)

3. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención (Plataforma de acción de Beijing, Objetivos D1 y D.2, 1995)

4. Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y trata de mujeres (Plataforma de acción de Beijing, Objetivo D.3, 1995)

5. En la Agenda 2030, los objetivos 5, 11 y 16 plantean metas para erradicar la violencia contra las mujeres y para construir ciudades libres de violencia de género.

Cada vez más los estados cumplen con sus compromisos internacionales, enfrentan la dura realidad social, y sacan la violencia contra las mujeres del ámbito privado al público para romper la cultura que invita a “lavar los trapos sucios en casa”. Cada vez son más las normativas para sancionar esta violencia sin esconderla o disimularla con otras formas de violencia, sino abordando la problemática de manera integral, posibilitando una respuesta institucional articulada, tanto para su prevención como para la protección de las víctimas, así como para la sanción de los perpetradores del delito. Son leyes que profundizan en las causas estructurales de esta violencia que hunde sus raíces en la desigualdad existente entre hombres y mujeres en nuestras sociedades y que requiere de un abordaje diferenciado para avanzar en su erradicación.

La ley Orgánica 1/2004 de Protección integral contra la Violencia de Género en España, con sus aciertos y errores, abordó el problema de manera integral y estableció acciones pioneras como los dispositivos para el control telemático de las medidas de alejamiento, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, la puesta en marcha del teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, campañas de sensibilización sostenidas en el tiempo, la capacitación de policías, jueces, fiscales y personal sanitario en violencia de género, entre otras. El problema al que nos enfrentábamos y sus dimensiones salió a la luz pública para no volver nunca a ser ocultado bajo una alfombra. Hoy la violencia de género y el machismo que la alimenta cuentan con un enorme rechazo social que ha comenzado a ganar la batalla en las calles y en la opinión pública.

Los acuerdos sobre la especificidad y las proporciones pandémicas de la violencia contra las mujeres están ampliamente consensuados por la comunicad internacional. Esta violencia no entiende de fronteras ni de banderas, sucede en todos los países del mundo, de ahí que se hayan establecido obligaciones internacionales para combatirla en todas partes. Por esta misma razón, debe ser un tema que se aborde en cada país a partir del más amplio consenso político, independiente de las ideologías, pues es vital construir alianzas entre todas las fuerzas en torno a la necesidad de adoptar medidas destinadas a eliminar la violencia de género, brindar protección efectiva a las víctimas y erradicar la impunidad de los agresores. La defensa y protección de los derechos de las mujeres no debe tener bandera política pues alude a una dimensión fundamental de los derechos humanos. Es un compromiso ético que nos convoca a todas y a todos.

Al ritmo actual, tardaríamos 217 años más para alcanzar la igualdad de género a nivel global, según los cálculos de Naciones Unidas. Al conformar el Gobierno con más mujeres de la historia de nuestra democracia y encargarles las carteras de mayor relevancia, el presidente Sánchez ha apostado claramente por acelerar de manera significativa el proceso en España. Desde la distancia, produce una profunda emoción que las políticas de igualdad tengan ahora rango vicepresidencial y de nuevo Ministerio de Igualdad. Sánchez y su equipo hacen suyas las reivindicaciones y las voces del 8M. Las de millones de mujeres cansadas de ser tratadas como ciudadanas de segunda, hastiadas de la desigualdad, de la violencia y la discriminación, mujeres que quieren ver garantizados sus derechos y ejercer el rol transformador que les corresponde en la sociedad.

España, al retomar el impulso decidido a las políticas de igualdad, que ya iniciara el Presidente Zapatero, se convierte en un ejemplo y en un referente a seguir. En una inspiración para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tiene como uno de sus pilares el avance en igualdad de género a partir de la certeza de que es imposible alcanzar el desarrollo sostenible si se le sigue negando a la mitad de la población el pleno disfrute de sus derechos humanos y de sus oportunidades.

La Agenda 2030 recoge el enorme potencial transformador que significa reconocer la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos, las interrelaciones entre la igualdad de género y las dimensiones del desarrollo sostenible, y la necesidad de contar con un enfoque integral para su implementación. Confiar en mujeres la gestión de temas y momentos complejos y apostar por la igualdad como condición necesaria para el desarrollo sostenible, significa dar un gran paso en el ajuste del modelo social. Incorporar el potencial femenino represado durante siglos genera beneficios en todos los campos, así lo confirman miles de estudios en el mundo.

También significa valorar el trabajo realizado por tantas mujeres a lo largo de la historia para llegar al momento en el que estamos hoy de un gobierno de mayoría femenina y feminista; destruyendo mitos, rompiendo techos de cristal, convirtiéndose en ejemplo e inspiración no solo para otros países sino también para otras esferas de poder. Las cifras globales confirman que hoy más mujeres que hombres obtienen títulos universitarios, masters y también doctorados en algunos países. Sin embargo, continúan enfrentando multitud de obstáculos para acceder a puestos de responsabilidad por la falta de redistribución de las tareas de cuidado y por la visión patriarcal que sigue considerando a las mujeres como intrusas en determinados espacios.

La importancia de una mayor participación de las mujeres en la política es enorme. Un aporte claro es que se enriquece la lista de asuntos y cuestiones que entran a formar parte de la agenda pública. La pluralidad de visiones y perspectivas que aportan las mujeres, permite abordar las necesidades de la población de una manera integral y más profunda, con dimensiones que estaban excluidas. La identificación correcta de los problemas y el espectro y los matices de las posibles soluciones aumenta.

Sin embargo, gran parte del mundo está todavía lejos de entender la relevancia de cambios como el que impulsa Sanchez. A nivel global, solo 1 de cada 5 parlamentarios son mujeres. Apenas el 7% de los jefes de estado y/o de gobierno de los miembros de las Naciones Unidas lo son. Y solo 14 gobiernos en el planeta cuentan con un 40% o más de mujeres en sus gobiernos. El año pasado el Parlamento Europeo advirtió que con el ritmo actual se necesitarían 20 años para alcanzar la paridad de género en política en Europa. En Suecia, el único gobierno del mundo que se define como feminista, la paridad en el gabinete se alcanzó en 2016, en el gobierno de Stefan Löfven, tres décadas después de presentado el proyecto de ley que buscaba ese objetivo. En América Latina la representación parlamentaria femenina alcanzó en 2017 el 28,1%, lo que la ubica como la región con mayor participación de mujeres en la función legislativa. Sin embargo, la región pasó de tener el mayor número de Presidentas, a no tener ninguna en muy poco tiempo.

Al mismo tiempo los niveles de violencia política crecen y son intolerables. La más visible y cruel se expresa en asesinatos de líderes emblemáticas, como fue el caso de Marielle en Brasil, hace pocos meses. Pero además las formas de violencia verbal, mediática y psicológica, siguen creciendo de una manera inusitada. Pareciera que ante el avance feminista surgen y se fortalecen las resistencias para tratar de frenar los avances, intimidar a las mujeres e impedir que ejerzan su liderazgo.

El nuevo Gobierno de España, con la inclusión de la igualdad de género en el corazón de la agenda política, lanza un mensaje inspirador al resto del mundo de que es posible reducir los 217 años que se prevén para alcanzar la igualdad de género. Y, asimismo relevante, recupera el optimismo de la ciudadanía que viene desde hace años protestando de muchas maneras contras las formas y expresiones políticas que se resisten a interpretar los anhelos e inquietudes de las mayorías. Repensar el ejercicio de la política, buscar que el poder ofrezca nuevas dimensiones económicas y sociales que permitan aumentar los aportes del talento, la creatividad y la productividad de las mujeres, es extraordinario. Sumar mujeres comprometidas y valientes, significa generar bienestar colectivo desde el centro del gobierno. Impulsar la igualdad de género es lo justo, lo inteligente y una respuesta inaplazable a la demanda ciudadana de cambio y modernización.