La Ley General de la Seguridad Social fijaba este 2018 como el último año en el que se cuentan los periodos realmente cotizados de las trabajadoras del hogar para el cálculo de sus prestaciones, y a partir de 2019 se computaban como al resto de los trabajadores del Régimen General, para los que se establecen unos mínimos de cotización para esos meses en los que no se haya cotizado.

Según la enmienda del PP, la número 7776, se fundamenta el aplazamiento para no establecer “nuevas obligaciones para los empleadores de hogar” como el deber de comunicar las horas de trabajo al mes de las contratadas a tiempo parcial e informar si se producen variaciones en las retribuciones mensuales de sus empleadas. Las trabajadoras seguirán sin derechos para que los empleadores no tengan tantas molestias.

Podemos ha pedido la retirada de esta enmienda del PP en el Senado. Muchos colectivos de mujeres ya se están pronunciando, como La Plataforma por los derechos de las personas trabajadoras de hogar de Castellón, que ha denunciado esta situación, manifestándose totalmente en contra a la enmienda del PP “porque dicha enmienda no hace nada más que superponer los derechos de los empleadores, en muchos casos gente con alto nivel adquisitivo, a los derechos de las trabajadoras de hogar y de cuidados, en un 90% mujeres inmigrantes.”

¿Seguimos tratando a las trabajadoras de hogar y de cuidados como personas sin dignidad laboral? Porque parece ser que algunos prefieren mantener la explotación laboral de estas trabajadoras, y que siempre sean las mujeres, y más aún, las mujeres migrantes, las que sigan sufriendo discriminación tras discriminación.

*Irene Gómez Santos, diputada de Podemos-Podem en las Corts