“¡Divarian me va hacer un alquiler social por 7 años!”. Divarian es una sociedad inmobiliaria del BBVA y del fondo buitre Cerberus. Con esa frase empezaba este lunes 28 de febrero una de las más de 50 asambleas locales de la PAH en Catalunya, cuatro días después de haber aprobado la nueva Ley antidesahucios en el Parlament, impulsada por las entidades sociales.

Vendrán más. Ya son varias las familias que han notado una diferencia de trato con su entidad financiera o gran propietario, y es que allí donde había una negativa o un silencio aterrador, ahora hay una petición de documentación para firmar alquileres sociales. Y en todo el territorio, porque –por desgracia– amenazas de desahucio a familias vulnerables las hay en todos los pueblos y ciudades, desde Terres de l’Ebre o Tarragona o Girona, pasando por el Vallès y el área metropolitana de Barcelona y llegando a Lleida o el Pallars.

¿Por qué  no se firmaban antes? Porque por lo general no entra en los planes de los grandes propietarios tener en cuenta el derecho a la vivienda de las familias. Además, desde que el 6 de febrero de 2021 el Tribunal Constitucional anuló, tras un recurso del PP, las medidas antidesahucios de ampliación de la Ley catalana contra los desahucios conseguidas con el Decreto Ley 17/2019 de vivienda, quedaron  desamparadas –como mínimo– más de 4.000 familias. Estaban esperando sus alquileres sociales y la anulación de las medidas de alquiler social obligatorio las condenó a sufrir un posible desahucio.

Desde entonces, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 –esa es su numeración y apellido– ha trabajado sin descanso para recuperar los “alquileres sociales antidesahucios”. En febrero, miles de personas expresaron su rechazo al nuevo ataque del PP y la banca contra las medidas antidesahucios en una manifestación multitudinaria. En junio del mismo año se presentó y registró una nueva proposición de ley con el apoyo de ERC, Junts x Cat, CUP y En Comú Podem, con el compromiso de aprobarla urgentemente. Posteriormente, el grupo parlamentario de Junts presentó varias enmiendas que la debilitaban, quedando bloqueada. Pero finalmente y gracias a la presión social, se logró salvar la situación y llegar de nuevo a un acuerdo, al que se sumó también el PSC. 

¿Y qué ha cambiado ahora? Pues que el pasado miércoles 23 de febrero se aprobó por una mayoría muy amplia una nueva ley, recuperando herramientas clave para frenar los más de 60 desahucios que se producen cada día en Catalunya, gracias a la fuerza y tesón del movimiento por la vivienda de la PAH, de los colectivos en defensa por el derecho a la vivienda y de la ciudadanía organizada. Hoy mismo se ha publicado la ley, así que mañana ya estará vigente. 

Las medidas que se han recuperado para las personas en exclusión residencial son tres. En primer lugar, recuperamos las renovaciones obligatorias de los alquileres sociales de los grandes propietarios firmados en 2015 que llegaban a su fin, medida imprescindible para evitar una nueva ola de lanzamientos. En segundo lugar, se restituyen los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en finalización de contratos de alquiler, evitando los desahucios invisibles de familias que se han quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato con un gran tenedor y que estos buitres utilizaban para esquivar la obligación –que nunca anularon– de detener con la misma fórmula los desahucios de impago de alquiler.

Por último, y no menos importante, reactivamos los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables sin título, imprescindible para las familias que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de bancos o buitres y que estén viviendo en esa vivienda antes del 1 de junio 2021, o porque después de una ejecución hipotecaria o  desahucio de hipoteca se han quedado en el mismo piso –que ya no es suyo–, situaciones que son causa de miles de desahucios anuales y a las que, por fin, se da una respuesta valiente por parte del Parlament de Catalunya.

Además, la nueva ley incluye mejoras como son la ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora empresas de más de 10 viviendas, protegiendo a más gente (manteniéndose en 15  en personas físicas). El control de ofertas de alquiler social obligatorio y las multas por no hacerlas se asumirá por parte de la Generalitat y no solo de los Ayuntamientos, marcando además el límite de un mes por parte del gran tenedor para realizar la oferta, evitando así fintas y demoras en la firma de miles de alquileres sociales. También se amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y buitres, permitiendo movilizar durante más tiempo pisos vacíos provenientes de desahucios. Se elaborará un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas para facilitar el cumplimiento  de la ley y la sanción correspondiente si se esquiva. Y por último se introduce una medida de fomento  para evitar desahucios, a cambio de no poner demanda de desahucio o si lo detienen, sólo para grandes tenedores no vinculados a bancos y buitres, que podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial, quedándose estas como inquilinas con alquiler social de la Administración. Y si no no se acogen a esta medida se mantiene el alquiler social obligatorio, con sanciones si se incumple.

Sonia, Xesca, Aïcha, Rafa o Tania, y miles de personas más, anónimas, que no participan en ningún colectivo de vivienda, se podrán acoger a  esta medida y verán por fin con miles de alquileres sociales una salida a su calvario que no acabe en desahucio y con los sueños de su vida. 

¡Bienvenidos sean! Miles de alquileres sociales contra los desahucios. Ahora toca exprimir la nueva Ley antidesahucios al máximo, seguir en la calle reivindicando el derecho a la vivienda y poder celebrar que tantas personas podrán rehacer sus vidas gracias a la lucha colectiva.

El pasado 23 de febrero el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime –todos los partidos, excepto el PP– la moción “Alquiler público Barcelona”, impulsada por una amplia coalición de entidades de la sociedad civil de reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda. Entre ellas estaban la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), el Observatorio DESC, el ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinos

Para hacer realidad y activar las 4 medidas aprobadas, las entidades y los partidos políticos representados en el Pleno hemos realizado tres reuniones de trabajo los días 11, 24 y 30 de mayo. Las entidades impulsoras hicimos aportaciones elaborando una propuesta avanzada y técnicamente solvente de ejecución y calendario de ahora hasta finales del 2018. Los grupos políticos han aportado también, así como los técnicos de urbanismo y vivienda del propio Ayuntamiento, que han validado todas las propuestas. La hoja de ruta resultante de las reuniones no ha modificado las medidas aprobadas en el Pleno, sino que concreta herramientas jurídicamente sólidas y calendario para hacer realidad las cuatro medidas.

Este lunes, 18 de junio, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad votará una modificación del Plan General Metropolitano, que es el paso imprescindible para activar la primera medida y una de las más relevantes de entre las que proponemos: destinar el 30% de las viviendas de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral de más de 600 m2 a viviendas protegidas. Para que esta primera medida sea aprobada, de nuevo, necesitamos una mayoría simple de votos, es decir, más votos a favor que en contra.

El próximo lunes podremos ver claramente cuál es la coherencia de todos los grupos políticos municipales que votaron “sí” a las medidas en el Pleno del mes de febrero: Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC, Ciutadans, la CUP y el concejal no adscrito de Demòcratas de Catalunya.

Lo que nos jugamos pues es la posibilidad de aumentar la vivienda protegida en la ciudad construida y consolidada, ya que la Ley de urbanismo actual sólo lo permite en zonas de gran transformación o nuevo suelo urbanizable, una opción muy reducida en nuestra ciudad. Sin embargo, desde el año 2007 la Ley del derecho a la vivienda permite hacerlo, aunque no ha sido utilizado en ninguna parte, aunque es perfectamente aplicable a toda Catalumya. De hecho la propia Ley de Vivienda obliga a disponer de un 15% de vivienda social frente al 1,5% actual. En ciudades como Nueva York o París hace tiempo que se aplica, por ello el parque de vivienda social es del 20% o más y no tenemos noticia de que hayan sufrido ningún “cataclismo”, como quieren hacer creer algunos sectores económicos. Al revés: los resultados son realmente positivos, como es lógico.

Aunque algunas voces del sector inmobiliario ya han puesto el grito en el cielo, esta es una técnica muy consolidada en nuestro urbanismo desde hace años para asegurar la función social de la propiedad. Además, no obliga a los privados a ceder suelo o aprovechamiento urbanístico como ocurre en nuevos crecimientos de la ciudad, sino que permitiría que parte de las nuevas viviendas de la ciudad actual no sean a precio de mercado libre sino a precio de viviendas de protección oficial . Por lo tanto, los privados no dejarían de ganar dinero con su actividad económica, simplemente 1 de cada 5 viviendas las cobrarían a precio más asequible y colaborarían en que acceder a la vivienda sea un derecho y no una quimera en Barcelona.

Con esta medida cada año conseguiremos aproximadamente 400 viviendas a un precio social. ¿Quién puede estar en contra de tener más vivienda a precio asequible en Barcelona?

Desde las entidades que impulsamos todas estas medidas estamos convencidas de que la ciudad, su gente y el derecho a la vivienda no pueden esperar más. Barcelona tiene menos del 2% de vivienda pública y 10 desahucios al día (!), un 85% de ellos derivados de problemas de alquiler. Esto sin contar los “desahucios silenciosos” (familias que van de las viviendas por no renovación de los contratos o por subidas de precios inasumibles) o las familias que al verse en la calle han accedido precariamente a viviendas vacías y que son desahuciadas. Este mismo jueves un vecino de Cornellà se quitó la vida cuando lo iban a desahuciar. No tenía ninguna vivienda social adonde ir.

Por coherencia y respeto al grave problema con la vivienda que está sufriendo la ciudad, a lo que los mismos partidos votaron en el Pleno, y a las entidades que impulsamos la moción, pedimos una vez más la colaboración y compromiso de todos los grupos municipales para asegurar que las medidas sean implementadas lo más rápido posible, empezando por la primera, que debe aprobarse el próximo lunes.

El lunes llega la hora de la verdad. Todo depende ahora de la voluntad de los grupos políticos de Barcelona de aumentar (o no) la vivienda asequible en la ciudad. Tenemos claro que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y por ello pedimos a los grupos municipales que tengan la responsabilidad y la valentía de apoyar a todas aquellas medidas que mejoren el escenario actual. Empezamos en Barcelona y extendemos esto en toda Catalunya.

Aumentar la vivienda social en Barcelona depende de la coherencia de los grupos políticos municipales: veremos de qué lado está cada uno.