La última vez que Cindy Madrid Henríquez, una inmigrante salvadoreña, habló por teléfono con su hija Jimena de seis años, la niña comenzó quejándose de tener que lavar su cabello con jabón en barra en lugar de champú. Ella se encuentra en un albergue de niños en Arizona. Su cuero cabelludo estaba seco y con picazón, tenía caspa. Entonces sus preguntas se convirtieron en miedos: ¿y si su cabello comenzaba a caerse? ¿Qué tal si su cuero cabelludo se infecta? Cuando, finalmente, ella gimió, ¿llegaría su madre a salvarla?

Madrid, que se encuentra en un centro de detención a 1.000 millas de distancia en el sur de Texas, dijo que la mayoría de las llamadas telefónicas con su hija van por ese camino: un dilema relativamente rutinario que se convierte en una crisis total. Y no hay mucho que Cindy Madrid pueda hacer, excepto mantener la calma y rescatar a su hija de sus límites emocionales.

“Ella dice una y otra vez, ‘Mami, quiero estar contigo’”, dijo Madrid, que tiene 29 años. “Le digo: ‘Lo sé. Estaremos juntas pronto. Hasta entonces, tienes que ser fuerte’”.

Esas llamadas telefónicas, los martes y jueves, son lo que le ha mantenido fuerte, dijo, en las tres semanas desde que las autoridades de inmigración le separaron de su única hija. Eso forma parte de la política de tolerancia cero de la Administración Trump, que exigía el enjuiciamiento criminal de todas las personas atrapadas al cruzar la frontera de manera ilegal — incluidas aquellas que, como Madrid, posteriormente solicitaran asilo. La difícil situación de las dos captó la atención internacional cuando ProPublica publicó una grabación hecha en secreto dentro de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza y capturó los gritos angustiados de Jimena en busca de ayuda después de que los agentes le separaran de su madre.

Sus súplicas dieron voz al impacto que la represión de la Administración Trump estaba teniendo sobre los más de 2.300 niños que fueron separados de sus padres desde que la política se lanzó oficialmente en marzo. Sin embargo, informes recientes indican que centenares de familias adicionales fueron arrastradas en un piloto de prueba del programa realizado el año pasado. La creciente presión política obligó a la Administración a anunciar que dejaría de separar a los inmigrantes de sus hijos y reuniría a los que ya habían sido afectados. Aún así, no ha habido alivio para aquellos como Madrid y su hija. Por el contrario, su caso muestra que la retirada de la cero tolerancia podría ser tan desordenada y dolorosa como su lanzamiento, ya que ella y otras familias inmigrantes intentan reunirse con sus hijos mientras solicitan asilo por separado.

Los movimientos de la Administración —o la falta de ellos— indican que no se quiere que los solicitantes de asilo lo tengan en ambos sentidos, a pesar de los fallos judiciales que les ordenan hacerlo. En términos mordaces, la semana pasada, un juez federal en San Diego emitió un mandamiento judicial contra las separaciones familiares e instruyó a la Administración para reunir a los niños inmigrantes con sus padres antes del 26 de julio. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en inglés) han afirmado repetidamente que tienen un “proceso bien coordinado” para cumplir esa orden. Sin embargo, hasta ahora han mostrado pocas señales de ello.

En cambio, la Administración sigue comprometida con los objetivos que inspiraron la tolerancia cero desde el principio, disuadiendo a las personas de buscar asilo, considerándolo un “vacío legal” que los inmigrantes no merecedores utilizan para obtener entrada legal en el país. La Administración ha intentado revocar una decisión que desde hace décadas prohíbe que los niños inmigrantes permanezcan detenidos más de 20 días. Los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, que son familiares de los niños detenidos y que expresan su voluntad de cuidarlos deben asumir los exorbitantes costos de viaje. Además, deben someterse a pruebas de ADN, toma de huellas dactilares y otras revisiones de antecedentes, sin garantías de que la información obtenida no se usará para otros fines. Los agentes de la Patrulla Fronteriza han rechazado físicamente a personas que se presentan para el asilo en los puertos de entrada, diciendo que no hay espacio suficiente para procesar a los nuevos solicitantes. Mientras tanto, los jueces de inmigración están estableciendo fianzas tan altas que los detenidos no pueden pagarlas.

“Su conclusión es que quieren que las personas sean detenidas a través del proceso de asilo”, dijo Joan Friedland, una veterana abogada de inmigración en Nuevo México. “Es el más punitivo. Es donde las personas tienen menos probabilidades de tener acceso a un abogado y prevalecer. Hace que las personas quieran renunciar a sus solicitudes y regresar a sus países de origen”.

Fuera de las llamadas de prensa cuidadosamente guionizadas, los funcionarios de ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (conocido como HHS por sus siglas en inglés) rara vez responden a las preguntas más básicas de los medios sobre el destino de los padres que han sido separados de sus hijos: cuántos siguen detenidos, cuántos han sido deportados, cuántos se han reunificado. Y cuando responden a preguntas, ofrecen estadísticas y lógicas cambiantes.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, encabezada por el secretario del HHS, Alex M. Azar, la Administración dijo que tenía a su cuidado a unos 3.000 niños — un número mucho mayor que los 2.057 que reportó al Congreso la semana pasada. Las autoridades, dijo, no habían determinado cuántos de esos niños habían sido separados como resultado de la política de tolerancia cero y cuántos simplemente habían sido separados de sus padres durante sus viajes. Su agencia ha traído a 230 más personas más para cumplir con la fecha límite de reunificación de la corte de San Diego, añadió, aunque no pudo decir cuántos niños se habían reunido con sus padres hasta el momento. La semana pasada, Azar le dijo al Congreso que 500 niños ya se habían encontrado con sus familias.

Al seguir a Madrid y a Jimena, esperaba seguir también el proceso y su impacto en quienes lo atraviesan. Pero incluso eso se ha topado con resistencia y reglas arbitrarias. Durante la semana pasada, hice varios intentos para visitar a Madrid. Después de acordar reunirse conmigo por teléfono, Madrid declinó mi solicitud oficial. Posteriormente, escribió y firmó dos cartas diciendo que había cometido un error y expresó interés en verme. Pero cuando compartí esas cartas con funcionarios de ICE en Texas, se negaron a procesar una nueva solicitud. En un correo electrónico, el portavoz Carl Rusnok me acusó de “acosar” a Madrid y escribió: “Para nuestros oficiales de ICE ya extremadamente ocupados, preguntar repetidamente al mismo individuo sobre una solicitud del mismo medio de comunicación podría interpretarse como coercitivo”.

Como resultado, solo he podido hablar con Madrid por teléfono, lo cual, como cualquiera que haya tenido que depender de los teléfonos del centro de detención sabe, es una alternativa imperfecta y estresante. Por razones poco claras, la calidad del sonido de las llamadas es terrible: Madrid suena como si estuviera hablando desde el espacio —con una manta que amortigua las palabras al azar. Sé que pierdo frases clave y debo pedirle constantemente que las repita. No puedo leer su lenguaje corporal. Ella no puede leer el mío. Y la conexión humana que permite a un periodista obtener una comprensión de los antecedentes y perspectivas de una persona es imposible. Es una experiencia profundamente frustrante para las dos. Peor, me imagino, son las llamadas de Madrid con Jimena.

Madrid dice que ella ha sido un desastre emocional desde el momento en que le quitaron a su hija. Su agonía sólo aumenta a medida que transcurren los días sin respuestas sobre si ella y Jimena se reunirán, o cuándo, o por lo menos noticias sobre cómo le está yendo a su hija. ¿Está comiendo bien? ¿Cómo está durmiendo? Ella no ha dormido sola en toda su vida. Siempre duerme en una cama con su madre o abuela.

“En seis años, solo había estado alejada de ella por dos noches”, dijo Madrid. “Y cada vez, ella me hizo prometer que nunca más estaría lejos de ella. Ella lo odiaba. Estamos increíblemente unidas”.

¿Habría hecho el viaje si hubiera sabido que estaría separada de su hija? “No”, dijo, “no hubiera venido”.

Pero Madrid dijo que quedarse en El Salvador tampoco era una opción. En una declaración jurada que es parte de su solicitud de asilo, escribió que a principios de este año, un líder de una pandilla salvadoreña disparó y mató a su novio mientras ella caminaba mano a mano con él. El pandillero amenazó con matar a Madrid también a menos que guardara silencio, relató. Ella dijo que reportó el asesinato a la policía, pero que el pandillero nunca fue arrestado.

La declaración jurada decía que Madrid observó que los agentes de policía y los pandilleros “hablaban y salían como viejos amigos”.

Semanas después del asesinato, dijo Madrid, el pandillero responsable se acercó a ella y a Jimena en un mercado. Ella dijo que amenazó con secuestrar a su hija si alguna vez las volvía a ver.

“No salimos de la casa después de eso”, dijo Madrid. “Cuando un pandillero dice algo así, no están jugando. Estábamos aterrorizadas”.

Madrid decidió llevar a Jimena a los Estados Unidos, donde Madrid tiene dos hermanas, y Jimena tiene cuatro primos queridos. Durante su primer intento en abril, llegaron hasta el norte de México, donde hay una violencia desenfrenada entre los carteles. Ella y Jimena fueron interceptadas por las autoridades mexicanas y deportadas a El Salvador. Partieron de nuevo en mayo y cruzaron el Río Grande en balsa hacia Texas a mediados de junio.

“Fue un viaje largo y difícil”, dijo Madrid. “Pero Jimena se portó muy bien. Todos sus primos están en Estados Unidos. Ella estaba muy feliz de venir a vivir con ellos”.

Madrid dijo que no tenían idea de que estaban caminando hacia la tolerancia cero. Una de sus hermanas había emigrado a Estados Unidos hace un par de años, también huyendo de la violencia de las pandillas. Esa hermana solo estuvo separada de su hija por unas horas, mientras ella defendía su caso en la corte. Y luego madre e hija fueron liberadas bajo fianza. Madrid le dijo a su abogada, Thelma O. García, que ella pensó que eso era lo que estaba sucediendo cuando un agente de la Patrulla Fronteriza se llevó a Jimena.

“Jimena estaba gritando por su madre”, dijo García que le dijo Madrid. “Cuando Cindy preguntó qué estaba pasando, el agente le dijo que no se preocupara. Solo estaba tomando a Jimena mientras Cindy iba a la corte. Solo se separarían unas pocas horas. Ahora sabemos que eso fue una mentira”.

García dijo que las autoridades han comenzado a revisar la solicitud de asilo de Madrid para determinar si sus temores de persecución son creíbles. La abogada dijo que cuando se reunió por primera vez con Madrid, fue difícil lograr que se concentrara en los incidentes que la llevaron a huir de El Salvador. “Su única preocupación era su hija, y lo que tenía que hacer para reunirlas lo más rápido posible”, dijo García. “El resto no parecía importar”.

Lo que debilita aún más el caso de Madrid, dice García, es que las solicitudes de asilo de ella y de Jimena se están moviendo por separado ante jueces diferentes que decidirán si sus reclamos merecen una audiencia completa. Madrid ha tenido noticias de muchos otros padres cuyas solicitudes han sido denegadas y que han sido deportados sin sus hijos. Está preocupada de que le pase lo mismo.

“No quiero irme sin mi hija”, dijo.

Sin embargo, mientras que sus reclamos están bajo revisión, Madrid quiere que su hija sea liberada y puesta bajo el cuidado de su hermana en Houston. Su abogado dijo que las autoridades están revisando la solicitud, pero no han indicado cuándo podría suceder.

Mientras tanto, Madrid se consuela con las docenas de otras madres que se encuentran en la misma situación en el centro de detención de Port Isabel. Hay 75 mujeres en sus barracas, dijo. Y ella se ha acercado a algunas de ellas. Intercambian los consejos que obtuvieron de sus abogados para prepararse para las llamadas entrevistas de “miedo creíble” que forman parte de los casos de asilo. Comparten pasteles y frutas que llegan ocasionalmente en paquetes de provisiones. Y hablan sobre sus llamadas telefónicas con sus hijos. “Por la noche se escucha que estamos llorando hasta lograr dormir”, dijo Madrid.

Madrid dice que intenta no llorar cuando habla con Jimena. Y se le ocurrió un truco para que tampoco llore Jimena: libros para colorear. Madrid comentó que le dijo a Jimena que ha empezado a colorear dibujos para enviarle a su hija por correo, o que guardará hasta que se vean. Le pidió a Jimena que hiciera lo mismo. En el teléfono, hablan de sus últimas obras de arte.

Madrid dice que está trabajando en la imagen de una muñeca con piel morena. Lleva un vestido rosa con adornos amarillos y una corona de flores anaranjadas. Jimena está coloreando una imagen de dos osos abrazándose, rodeados por un corazón.

“La hace feliz sentir que estamos trabajando juntas en un proyecto”, dijo Madrid sobre su hija. “Nos mantiene conectadas, por ahora”.

El desesperado llanto de diez niños centroamericanos, separados de sus padres un día de la semana pasada por las autoridades de inmigración en la frontera, es una escucha atroz. Muchos de ellos suenan como si estuvieran llorando tan fuerte que apenas pueden respirar. Gritan “mami” y “papá” una y otra vez, como si esas fueran las únicas palabras que conocen.

La voz de barítono de un agente de la Patrulla Fronteriza retumba por encima del llanto. “Bueno, aquí tenemos una orquesta,” bromea. “Faltaba el maestro”.

Entonces, una angustiada niña salvadoreña de seis años suplica repetidamente que alguien llame a su tía. Solo una llamada, ruega a cualquiera que la escuche. Dice que ha memorizado el número de teléfono y, en un momento dado, se lo recita de un tirón a un representante consular. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, gimotea.

Una grabación en audio obtenida por ProPublica pone sonido al sufrimiento real de un polémico debate político en el que hasta ahora no han participado quienes tienen más en juego: los niños inmigrantes. Más de 2300 de ellos han sido separados de sus padres desde abril, cuando la administración Trump lanzó su política migratoria de tolerancia cero, que exige procesar a todas las personas que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños que trajeron consigo. Más de 100 de esos niños son menores de cuatro años. Los niños se encuentran inicialmente en almacenes, tiendas de campaña o grandes almacenes que se han convertido en centros de detención de la Patrulla Fronteriza.

Las condenas a esta política han sido rápidas y agudas, incluso por parte de algunos de los partidarios más fiables de la administración. Ha unido conservadores religiosos y a activistas por los derechos de los inmigrantes, que han dicho que la tolerancia cero equivale a “cero humanidad”. Miembros demócratas y republicanos del Congreso se pronunciaron contra los esfuerzos de la administración durante el fin de semana. La ex primera dama Laura Bush describió las prácticas de la administración como “crueles” e “inmorales” y comparó las imágenes de los niños inmigrantes detenidos en perreras con las de los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría, en español) ha dicho que la práctica de separar a los niños de sus padres puede causarles un “daño irreparable”.

Aun así, la administración ha respaldado su política. El presidente Trump culpa a los demócratas y dice que su gobierno solo está aplicando leyes ya existentes, aunque eso no es verdad. No hay ninguna ley que obligue a separar a los niños de sus padres, o que exija el enjuiciamiento criminal de todos los individuos que cruzan la frontera sin documentos. Esas prácticas fueron establecidas por la administración Trump.

El Fiscal General Jeff Sessions ha citado pasajes de la Biblia en un intento de establecer una justificación religiosa de esta política. El lunes la defendió de nuevo diciendo que era una cuestión de estado de derecho. “No podemos y no incitaremos a la gente a traer niños dándoles inmunidad general de nuestras leyes”. Un portavoz de la Patrulla Fronteriza se hizo eco de ese razonamiento en una declaración escrita.

En los últimos días, las autoridades en la frontera han comenzado a permitir recorridos estrechamente controlados por las instalaciones con el objetivo de poner un rostro humano a esta política, pero las cámaras están fuertemente restringidas. Y los niños retenidos no pueden hablar con periodistas.

El audio obtenido por ProPublica rompe ese silencio. Fue grabado la semana pasada dentro de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza. La persona que realizó la grabación solicitó no ser identificada por temor a represalias. Esa persona proporcionó el audio a Jennifer Harbury, una conocida abogada de derechos civiles que ha vivido y trabajado durante cuatro décadas en el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas con México. A su vez, Harbury facilitó el audio a ProPublica. Dijo que la persona que lo grabó era una clienta que “escuchó los llantos y los lloros de los niños y que quedó devastada”.

Esta persona estimó que los niños de la grabación tienen entre cuatro y diez años. Parecía que habían estado en el centro de detención menos de 24 horas, por lo que su angustia por haber sido separados de sus padres todavía estaba a flor de piel. Los funcionarios del consulado trataron de tranquilizarlos con bocadillos y juguetes, pero los niños eran inconsolables.

La niña que más destacó fue la salvadoreña de seis años que tenía un número de teléfono metido en la cabeza. Al final del audio, un funcionario consular ofrece llamar a la tía de la niña. ProPublica marcó el número que la menor recitó en el audio y habló con la tía sobre la llamada.

“Fue el momento más difícil de mi vida”, dijo. “Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando y me ruega que vaya a buscarla. Ella dice: ‘Prometo que me comportaré, pero por favor sácame de aquí. Estoy completamente sola’”.

La tía dijo que lo que hizo que la llamada fuera aún más dolorosa es que no había nada que ella pudiera hacer. Ella y su hija de nueve años buscan asilo en los Estados Unidos después de emigrar hace dos años por los mismos motivos y siguiendo la misma ruta que su hermana y su sobrina. Son procedentes de un pequeño pueblo llamado Armenia, a una hora en coche al noroeste de San Salvador, pero al alcance de sus olas de crímenes paralizantes de la capital salvadoreña. La tía dijo que las pandillas estaban en todas partes en El Salvador: “Están en los autobuses. Están en los bancos. Están en las escuelas. Están en la policía. No hay ningún lugar donde la gente normal se sienta segura”.

Dijo que su sobrina y su hermana partieron hacia Estados Unidos hace más de un mes. Pagaron a un traficante de personas 7,000 dólares para que las guiara a través de Guatemala y México y cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos. Ahora, añadió, todo el riesgo y la inversión parecen perdidos.

La tía dijo que le preocupaba que cualquier intento de intervenir en la situación de su sobrina pusiera en riesgo la suya y el asilo de su hija, sobre todo después de que la administración Trump haya anulado las protecciones de asilo para las víctimas de las pandillas y de la violencia doméstica. Ella dijo que logró hablar con su hermana, que fue trasladada a un centro de detención de inmigrantes cerca de Port Isabel, en Texas. Y se mantiene en contacto con su sobrina, Alison Jimena Valencia Madrid, por teléfono. Madre e hija, sin embargo, no han podido comunicarse.

La tía dijo que Alison había sido trasladada de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza a un refugio donde tiene una cama real. Pero dijo que las autoridades del refugio advirtieron a la niña de que su madre, Cindy Madrid, de 29 años, podría ser deportada sin ella.

“Sé que no es ciudadana estadounidense”, dijo la tía sobre su sobrina. “Pero es un ser humano. Es una niña. ¿Cómo pueden tratarla de esta manera?”