Que los fiscales colombianos a cargo de las investigaciones sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 nieguen que el Ejército colombiano desapareció personas forzadamente en torno a estos hechos es tan siniestro como negar el conflicto armado, no querer la paz o rehusarse a que Colombia merezca algo mejor que lo vivido en los últimos 50 años. Buscar la impunidad y desconocer la gravedad de lo acontecido es quizás el modelo del tratamiento que se quiere dar a las más de 80.000 personas desaparecidas en el país.  

Hace pocos días, el Ejército de Colombia dio a conocer que los altos mandos de esa institución acordaron presentar ante la sociedad colombiana y la Comisión de la Verdad parte del Sistema Integral de Justicia Transicional, una versión unificada como institución, sobre lo sucedido en los años pasados del conflicto armado. Una versión en la que, aunque suene increíble, se presentan como una de las víctimas de la guerra. ¡Sólo cometieron errores, pero nunca delitos!

Mucho parece que las declaraciones de los fiscales Sarmiento y Oróstegui, encargados de investigar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en el Palacio de Justicia, son parte de este plan coordinado. 

Los fiscales encargados del caso del Palacio de Justicia siguiendo el ejemplo del hasta hace poco fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, implicado en los casos de corrupción de Odebrecht y ferviente opositor de la Jurisdicción Especial para la Paz, abandonaron la ética, el profesionalismo y la dignidad, al negar que durante la retoma del edificio, el ejército incurrió en el delito de desaparición forzada, para argumentar, como cualquier ciudadano del común que no conoce del caso, que lo que hubo fueron simples errores en la identificación o cuerpos mezclados. 

Sus declaraciones no sólo ignoran la jurisprudencia internacional ya firmemente pronunciada en este caso por la CtIDH, sino que desconocen las investigaciones realizadas hasta ahora (muchas o pocas) por la misma entidad a la que pertenecen, (valga anotar dejándola en ridículo) y contradicen las sentencias de dos instancias nacionales (el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado) que, entre 1993 y 1994, es decir, hace 26 años, reconocieron que hubo desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia.

Y es que el paralelo entre las recientes actuaciones de la Fiscalía y del Ejército no es coincidencia. Son parte de un esfuerzo estratégico y engañoso por rescribir el pasado y, con esto, la memoria del país. Pero no se trata solamente de moldear su imagen ante la sociedad. La estrategia, clara y mediata, tiene también como finalidad replantear el contexto en el cual desarrollar su defensa ante dos tribunales: Los militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la Fiscalía, frente a la CtIDH en la audiencia de seguimiento a la sentencia pronunciada por los hechos del Palacio de Justicia, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia.‬ ‬‬

Sin embargo, descifrar el motivo subyacente de las insolentes declaraciones de la Fiscalía no las hace menos ofensivas. Es realmente lamentable que quienes podrían contribuir, y de hecho tienen como mandato investigar los hechos para que se esclarezca, se conozca, se rechace y juzgue a quienes cometen delitos y crímenes contra la sociedad civil, prefieran unirse a la parte que victimiza, ataca y niega hechos.

Es lamentable que, en lugar de unirse a los esfuerzos por crecer como sociedad, justa y en paz, opten por tomar el mismo camino que aquellos de la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia -FARC- que han decidido hoy regresar a las armas y mantenerse en la dinámica de la guerra.

Es lamentable que no sean parte del grupo de colombianos que quieren y reclaman su derecho a vivir en paz, a dejar de una vez por todas de ser vistos en el mundo entero como aquel país del “tercer mundo” donde se matan sin cesar unos a otros, donde la vida no vale nada, porque la dignidad se perdió hace mucho y donde la corrupción, la impunidad y la guerra no dejan de tener un rol predominante en la realidad del país.

Y también es deplorable que los medios de comunicación se presten para hacer eco de esta desviación que, aunque escandalosa por venir de la Fiscalía, no significa que no se hayan cometido crímenes de Estado como desaparición, tortura y ejecución, entre otras tantas.

Los medios que han reproducido esta noticia tienen el deber de aclararlo en vez de dinamizar la guerra, fomentando la mentira, la desinformación y la distorsión de la verdad.

Ya sé que muchos me volverán a decir que debo dejar de llorar, que debo superarlo, que sangro por la herida, que se alegran por sus coroneles y que son los hijueputas guerrilleros quienes deberían estar pagando y no los heroicos señores que entraron violentamente al Palacio de Justicia, según ellos a “salvar la democracia”.

Nadie ha desconocido que el accionar de la guerrilla es el origen de este macabro episodio en la historia de Colombia, que tienen plena responsabilidad, que fue un acto guerrero criminal y despiadado. Pero es intolerable seguir razonando como hacen muchos desde hace 30 años, que ellos, los guerrilleros, son los únicos culpables o, peor aún, que las verdaderas víctimas de este episodio son los generales del Ejército contra quienes se han iniciado procesos penales, mientras que algunos miembros de la cúpula guerrillera están sentados en el Congreso. 

El país se merece algo más que la repetición de este argumento frívolo, básico y simplista que obstaculiza su capacidad para crear una memoria histórica que le permita construir un presente digno y respetuoso entre todos. Esa argumentación para exculpar lo que hizo el Ejército, se agotó hace tiempo. Eso ya no va.

Primero que todo, no se puede seguir equiparando a un grupo de subversivos con el Ejército nacional, cuya razón de ser es la de proteger a sus ciudadanos. Segundo, no se puede negar que, aunque fue la guerrilla quien inició la toma del Palacio Justicia, fue el Ejército quien tuvo a los desaparecidos en su poder y custodia, tras lo cual no se volvió a saber de ellos. Tercero, hemos podido constatar que la incorporación del M-19 en la sociedad y, en particular, en su estamento político, fue lo que verdaderamente permitió la erradicación de ese grupo armado cuyos combatientes alcanzaron a rondar los 2.000 individuos.

Este no es un momento de celebraciones para Colombia. 

Sólo aquellos violentos, que aman la guerra, aquellos que piensan en sus propios intereses porque no son sus hijos los que van a la guerra, aquellos que se conforman con un país desbaratado porque no tienen capacidad para creer que todos merecemos algo mejor, o no quieren ceder a sus privilegios, son quienes hoy celebran el regreso de las FARC a las armas o las mentiras que imparte la Fiscalía. Porque prefieren 80 guerrilleros en el monte, que uno en el Congreso (como ya lo ha afirmado, Álvaro Uribe, jefe del partido de extrema derecha Centro Democrático), porque el egoísmo y el odio no les permite pensar en grande. Porque al final es sólo de valientes atreverse a más.

Pero la sociedad es más fuerte y lo he visto en la reacción y rechazo frente a las declaraciones mentirosas de fiscales con relación a las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, porque aún son más del 90% de exguerrilleros de las FARC desmovilizados, porque aún en medio de todas las dificultades que enfrenta el país, el acuerdo se sigue implementando, porque aún son muchas más las partes que junto con el apoyo de la comunidad internacional, quieren la paz para Colombia.

Colombia da la batalla entre quienes quieren a su país y quienes sólo quieren sus intereses mezquinos. El país seguirá defendiendo la paz y la justicia.

Días atrás, cinco de los países del gran club de la (extrema) derecha de América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigida a su secretario general Paulo Abrao, para según ellos “proponerle respetuosamente” que este tribunal no interfiera más en los asuntos internos de los países firmantes cuando de violación de DDHH y reparación se trata.

Este club de los cinco mencionan que la CIDH al “momento de decretar medidas de reparación deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del Estado de Derecho”. Es decir, que el sistema de protección a los Derechos Humanos no puede “sobrepasar” la autonomía de los Estados.

Son varias las sorpresas que resultan de esta solicitud:

1) Si existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es precisamente porque estos países que se autodenominan como Estados de Derecho no parecen haber salvaguardado en todo momento los Derechos Humanos y libertades de sus ciudadanos como deberían. Este sistema es pues la última esperanza con la que cuentan los ciudadanos. Porque, aunque en muchas ocasiones, los Estados no llegan ni a cumplir con los fallos de la Corte, estas sentencias sí resultan un gran respaldo que empodera a las víctimas en su lucha por la justicia.

2) Los cinco países piden que no se intervenga en asuntos de reparación que tenga que ver con individuos, que ya de por si son vulnerables frente al poder del Estados, pero, sobre reparación a empresas, que en muchas ocasiones realizan reclamaciones poniendo en tela de juicio políticas públicas establecidas en beneficio de los ciudadanos y cuyas reparaciones son cuantiosas, no se hace mención alguna.

3) Estos mismos países que tienen la desfachatez de firmar esta carta critican hoy fuertemente a Venezuela por la violación de DDHH en la que está incurriendo el gobierno de Maduro (algo cierto) y dicen estar muy preocupados por el pueblo venezolano, pero al mismo tiempo desaprueban que un tribunal internacional, ratificado en su momento por ellos mismos y con esta función, les señale o exija reparar a sus propios ciudadanos, cuando son estos Estados los que atentan. Se creen con la autoridad moral para criticar la violación de DDHH del país vecino, pero rechazan que quien realmente tiene la potestad para hacerlo, los juzgue a ellos y montan un club para reducir la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano.

Se dice que cuando un caso llega a la CIDH es porque los recursos judiciales internos del país están agotados, pero, en muchos casos, la realidad es que estos recursos ni siquiera existen, o mejor, no se ponen a disposición de muchas personas a quienes se les niega hasta los más básicos derechos, incluido tener derecho a dichos recursos. Quitarles la esperanza que ofrece la CIDH, como última instancia, es dejar a los ciudadanos aún más desamparados y vulnerables de lo que ya están.

De manera socarrona y cínica, esta carta sigue la misma línea que regímenes como el de Fujimori (1999), o el de Chávez/Maduro (2012) en su postura frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando se sienten incomodados en lo que consideran su derecho natural para, violar, torturar, desparecer y ejecutar, sin rendir cuentas por ellos. Ahí entonces denuncia y deciden retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es imposible entender la osadía de este ramillete de países con su gran cúmulo de atentados a la libertad individual y los derechos humanos a cuestas.

Brasil, de Bolsonaro, con sus afirmaciones abiertamente a favor de la tortura; Argentina, de Macri, con su persecución política a través del poder judicial y multitudinarias manifestaciones sociales; Chile, de Piñeras y su manera de manejar los conflictos con los Mapuches que reivindican sus derechos a la tierra; Colombia, de Uribe/Duque, con la falta de control y esclarecimiento a los asesinatos masivos a líderes sociales y gestores de paz, así como su firme oposición a la Jurisdicción Especial para la paz; o Paraguay, que no hace nada para proteger a las comunidades indígenas Yakye axa, Sawhoyamaxa, de terceros que se apropian de sus tierras ancestrales para plantaciones de Soya, etc.

Que estos cinco pretendan que la Comisión y la Corte Interamericana deje de intervenir y más aún les dé palmaditas por sus grandes esfuerzos en la consolidación del Estado de derecho, reafirma simplemente sus políticas represoras y de impunidad.

Puedes ver aquí la carta.

Mientras haya víctimas con el valor de exigir verdad y reivindicación, mientras se haga memoria, habrá posibilidad de justicia.

Quizá no serán los tribunales nacionales —en contravía de su razón de ser y en función de razones políticas— los que juzguen a los responsables, pero las víctimas y sobrevivientes podrán entonces acudir a otros estrados judiciales, fuera de sus fronteras, o a instancias judiciales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o a la Corte Penal Internacional (CPI).

Los responsables de actos atroces, en medio de su delirio de poder, a menudo olvidan esto. Y muchas veces, quienes han sido violentados, aturdidos por las circunstancias y tanta impunidad, comprensiblemente pierden la esperanza. Sin embargo, son varios ya los ejemplos que confirman que en este asunto nada está definido. Casos como el de Pinochet, Videla y centenares de militares en Argentina o Fujimori, entre otros en el mundo, reflejan que, aunque sea tarde, es la memoria viva a través de las víctimas y sobrevivientes, la que lleva a que, al final, valiéndose de herramientas legales, se haga justicia, dentro o fuera de las fronteras.

No en vano se persigue y pretende callar a las víctimas, a los sobrevivientes y a quienes buscan esclarecer los hechos. No en vano, con intimidaciones, persecución y noticias falsas, se engaña y altera la realidad de los hechos.

Quienes tienen el poder y abusan de él confían en que este será infinito y que la impunidad los cobijará siempre pero, como dice el jurista en derecho internacional Wolfgang Kaleck, “la historia y la justicia son un proceso abierto. No se sabe con antelación qué medios jurídicos serán exitosos y cuáles no”. Así que lo que hoy puede que no funcione, podrá hacerlo mañana o al revés. Es una constante lucha en las que tanto las constelaciones políticas como las jurídicas cambian y con ellas, las oportunidades de justicia y verdad. Por ello la memoria viva es tan importante.

La memoria puede jugar un rol liberador para las víctimas y la sociedad entera, o puede ser usada como arma para la sumisión de otros. Esto explica por qué en países como la España de hoy los defensores de la dictadura franquista insisten en mantener a su líder como un héroe en un mausoleo y evitar a toda costa que sus restos sean exhumados para llevarlos a un lugar menos pretencioso y más acorde a lo que merece. Ellos dicen no encontrar el sentido en revolver el pasado.

Pero en realidad lo que temen es que se desmonte el imaginario de Franco como “el todo poderoso” que protegió a su pueblo de los rojos, temen que se genere reflexión en torno a los hechos, que se cuestione si realmente se puede reducir todo a una guerra entre dos bandos antagónicos o si hay mucho más detrás, que se cuestione la historia enseñada en la escuela y mucho menos quieren que finalmente la opinión pública sepa directamente de la voz de los pocos sobrevivientes y/o familiares de los violentados, la responsabilidad que Francisco Franco y la represión del Estado español tiene en el sufrimiento e indiferencia a la que han sido sometidos.

El silencio sobre los hechos, la censura, indiferencia al dolor de quienes padecieron estos abusos y la mentira a la que se sometió a toda la sociedad, es la que permite que aún hoy, más de 40 años desde las primeras elecciones democráticas en el país, exista, entre otras cosas, una fundación en y con el nombre del dictador y que una enorme parte de la sociedad ignore su propio pasado.

En todo conflicto armado, la primera víctima es la verdad y la lucha por la memoria se da al final entre quienes han ostentado el poder y escriben la historia oficial y quienes han sido victimizados. La historia nos ha sido enseñada con los lentes del poderoso. Y lo primeros, es decir, los poderosos lucharán por seguir presentándose como protectores y héroes, imponiendo la mentira y el olvido para minar la conciencia de la mayoría, los segundos exigen ser escuchados y reivindicar sus derechos.

Otro ejemplo actual, que refleja muy bien la lucha por la memoria, es el de Colombia. Con un Estado de Derecho profundamente débil y un aparato de justicia inoperante, o al servicio de intereses políticos y económicos, en este país es precisamente la memoria lo que más asusta a quienes han ejercido el control sobre el resto. Tienen la confianza de tener a la justicia ordinaria a su servicio, en muchos casos, a través de soborno, clientelismo o prebendas.

Para las víctimas y defensores de los derechos humanos es difícil superar la fuerza y el poder que poseen quienes han ejercido el control. Pero, la Justicia Especial para la Paz (JEP) como resultado de los acuerdos de paz firmados en 2016, representa un nuevo escenario que parece asustar a algunos, mientras que, por el contrario, a otra gran mayoría de la población afectada por el conflicto le da esperanza.

La JEP ha generado la expectativa de que finalmente el país se acerque un poco a la verdad, se ponga de manifiesto cuáles han sido las causas y se haga pública la responsabilidad de todos aquellos, aparte de las guerrillas, que han dinamizado una guerra de más de 50 años. Justamente y por esta gran oportunidad de justicia y verdad, es que este tribunal es constantemente torpedeado y atacado, pues de llegar a impartir justicia de manera seria y honesta, será imposible entonces seguir negando o escondiendo el abuso de poder y delitos perpetrados por las fuerzas armadas de la mano de los paramilitares y con el apoyo de grandes políticos, entes estatales y empresas al pueblo colombiano.

La historia se puede manipular, la memoria no, porque ella está viva. Buscarán silenciarla, pero mientras haya personas que la mantengan viva no podrá ser alterada. De ahí, que no solo sea la disputa solo entre poder y el derecho sino también la lucha entre historia y memoria.

El actual gobierno colombiano, en el que el senador Uribe Vélez da las directrices reales de mando, promueve la creación de nuevas salas especiales para los casos de militares dentro de la JEP, así como la introducción de magistrados adicionales a los inicialmente acordados y elegidos para tal tarea. El sentido de estos cambios, desde el uribismo, es que estos nuevos magistrados, expertos en “Derecho Operacional” y exmiembros de la fuerza pública juzgue a sus pares acorde a sus intereses. La lectura y narrativa que salga de estas sentencias es ya previsible.

Muy diciente es también que pretenden sentar en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica a otro sujeto muy allegado a la institución militar. ¿No sería más sensato y honesto contar con un profesional independiente sin vínculos con ninguno de los grupos armados? Está claro que una balanza tan inclinada, solo promueve la desconfianza evitando que muchos testimonios se den a conocer.

Lamentablemente ejemplos como estos encontramos muchos, desde Chile con la disputa en torno al museo de la memoria desde su apertura en 2010, o las infinitas trabas para esclarecer los crímenes de Colonia Dignidad, Guatemala donde el presidente de la República recientemente expulsó del país al presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velázquez, hasta Alemania, donde a pesar del proceso de Nuremberg y el inmenso trabajo de memoria histórica, la ausencia de una comisión de la verdad y depuración real lleva a que todavía 73 años después de la segunda guerra mundial políticos de extrema derecha, sentados en el Bundestag, pongan en tela de juicio el holocausto judío en manos del ejército alemán y lo presenten como una insignificante “cagadita de pájaro” (en palabras de Gauland, jefe del partido de extrema-derecha AFD), en comparación con las glorias conseguidas.

La lucha es por acabar con la memoria de las víctimas y así evitar cualquier acercamiento a verdad o justicia. Es evitar que entremos en diálogo con el pasado, y que desarrollemos un poco más de humanidad como seres sociales que somos, que nos responsabilicemos con nuestros congéneres y crezcamos como sociedades democráticas.

La lucha es larga y agotadora, pero es necesaria. La memoria es el primer paso para que tarde o temprano, adentro o afuera del territorio, la justicia actúe, la verdad se conozca y que los violentados recobren un poco de la dignidad arrebatada por los poderosos.

Es como si Alemania hubiera tenido que llegar al punto en que uno de sus jugadores de fútbol del equipo nacional renunciara para que medios de comunicación, políticos y la opinión pública escuchara las quejas sobre racismo y discriminación cotidianas que se viven en el país. Se ignoró durante años el llamado de muchos; y hoy la extrema derecha, con sus discursos de odio (Ausländer rauß y Wir sind das Volk: Fuera extranjeros y nosotros somos el pueblo) en sintonía con el resto en Europa, está en alza en todo el país, con manifestaciones más extremas como las recientes en Chemnitz, donde periodistas, personas que piensan diferente, y alemanes y extranjeros no blancos, fueron objeto de ataque. Lo que no entiendo es que todavía muchos se sorprendan.

Mucho tiempo se estuvo discutiendo si Alemania es o no país de emigración, ignorando que precisamente desde este país empezaron grandes movimientos migratorios que inevitablemente generan flujos en doble sentido. Al mismo tiempo, se creaba un imaginario construido de que el racismo era cosa del pasado, pero, mientras tanto, se seguía y siguen utilizando términos como Migrationshintergrund, o sea, trasfondo migratorio, para referirse a personas con raíces étnicas en otro país, por lo general personas no blancas. El término, con una connotación negativa y de inferioridad, se usa incluso hasta más allá de la tercera generación, lo que impide  que los así definidos generen un sentido de pertenencia común, a la vez que señala que aquel, aunque alemán, no pertenece al grupo.

Todo empieza por la palabra. Y esto, claramente, se ha visto también en estos días en los medios de comunicación y discusiones públicas sobre lo ocurrido en Chemnitz. Los reporteros, los analistas y los políticos han pretendido sentar una posición de rechazo a las actitudes racistas de la extrema derecha, pero casi automáticamente y sin reflexión, usando un lenguaje excluyente, que propaga aún más el racismo que dicen querer combatir. Un ejemplo, en vez de hablar sobre ataques racistas (a personas no blancas), hablan de ataques a extranjeros, afirmando implícitamente que para ser alemán hay que ser blanco, y si no lo eres, entonces es porque eres extranjero, emigrante. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿No pueden hacerlo mejor? ¿Hay que vivir la discriminación para notarlo?

Y como las palabras crean realidades y sustentan las relaciones de poder, también hoy siguen presentes nombres de calles y lugares públicos (aproximadamente 450.000 en todo el país) que remontan a la época esclavista en la que Europa, con Alemania como sede de La Conferencia de Berlín (1884-85), se repartió África y dio pie a genocidios como en Congo (1885 y 1906) bajo Leopoldo II de Bélgica, o el genocidio al pueblo Herero-Nama (1904 - 1907) en lo que hoy es Namibia, en manos de los alemanes. La solicitud de activistas, la comunidad afro-alemana y quienes han sufrido las consecuencias de esta época atroz, se ha convertido en una lucha. Estas calles y lugares reflejan la poca voluntad para resarcir errores y refuerza incluso el discurso y memoria oficial donde el verdugo ha sido glorificado y la víctima deshumanizada y olvidada.

Este tipo de términos, nombres de calles, etc. sigue recreando el imaginario de superioridad de muchos: héroes (blancos) - criminales (no blancos), cristianos versus musulmanes, etc. lo que lleva a que al final la mezquindad evolucione, pero no desaparezca. Muy diciente es precisamente que en la calle Mohren, término utilizado en la colonia para llamar despectivamente y haciendo referencia a su condición de esclavitud y servidumbre a los africanos, se encuentre hoy el Ministerio de Justicia alemán.

El problema en Alemania va, pues, mucho más allá de unos manifestantes de extrema derecha en las calles protagonizando actos de vandalismo, persiguiendo a quienes tienen la piel más oscura que ellos, o llevando al límite a las fuerzas de seguridad, que en esa ocasión demostraron no tener el monopolio de la fuerza.

La cuestión es que a veces se olvida que el racismo alemán viene de mucho antes del nacional socialismo y que empieza por el lenguaje, las instituciones, las escuelas, los espacios públicos y, claramente, los espacios de poder.

Discursos, palabras y manifestaciones en contra de la extrema derecha y en favor de una sociedad democrática, plural e inclusiva oímos muchos. Justo tras los incidentes de racismo en Chemnitz, el concierto con el lema wir sind mehr: somos más, logró convocar cerca de 65.000 personas, algo que refleja que muchos, de minorías y mayoría, rechazan estos hechos violentos y racistas. Sin embargo, no son suficientes para ir a la raíz del problema. No van al día a día. No van al trato diferente en las escuelas con los niños alemanes y los que no lo son; no va al mal manejo de prácticas de funcionarios frente a quien ante sus ojos no es suficientemente alemán; no cambia la negativa de muchos de alquilar a quien tenga apellido poco alemán a ni siquiera ser considerado para un puesto laboral por llamarse Mohamed o Hernández; no cambia las estructuras discriminatorias; solo airea el problema que, sin embargo, permanece incrustado.

Aquí el problema viene desde el centro de lo institucional que sostiene y da estructura a la discriminación, y que, junto con la falta de atención a problemas existenciales de grupos de la sociedad por parte de los partidos tradicionales, ha llevado a que hoy la extrema derecha sea una de las mayores fuerzas políticas y los movimientos neonazis aumenten.

¿Cuánto tiempo pensó acaso Alemania que podría seguir así? ¿Por qué no oye a las voces de quienes históricamente han sido discriminados para construir juntos? La respuesta está en la pregunta. No han sido reclamos de la clase dominante y por ello ¡ha sido una voz sin eco!

No hay más que ver los datos de desempleo del país para ver que el fenómeno ha sido simplemente ignorado durante mucho tiempo. En 2017 uno de cada dos desempleados era extranjero, o alemán, pero con raíces en otro país, o sea, los de trasfondo migratorio.

Ya en 2012 el comité de la ONU de DDHH mostraba preocupación por la segregación en escuelas primarias del país, donde se separaba a niños alemanes de aquellos niños también alemanes, pero con raíces en otro lugar. El sistema educativo alemán ofrece, a partir de la cuarta clase, tres modelos de secundaria: Hauptschule, Realschule y Gymnasium. Acorde a la recomendación de la maestra o el maestro, se cursa uno u otro. Lamentablemente, terminan siendo muy pocos los alumnos de primaria no blancos que logran llegar al Gymnasium, el modelo con el nivel más alto de los tres y el único que permite después el ingreso a la universidad.

Por eso no es de sorprender que tampoco en instituciones como el parlamento alemán, compuesto por 709 diputados, solo 58 tenga una historia de migración en su casa (y la mayoría son emigraciones de otros países de Europa), es decir, un 8% de del total de parlamentarios. Muy por debajo del 22,5 % de personas en Alemania con raíces en otro territorio.

Entonces, queda claro que consignas como ¨no hay lugar para el racismo¨, que se repiten en diferentes lugares, solo han llevado a crear una imagen errada de Alemania, porque sí ha habido y hay racismo constante, cotidiano y estructural. Se ha hecho creer que la discriminación se trataba de casos aislados, de que los migrantes son quienes no se integran, o que se mal interpretaban sucesos racistas.

Aunque muy importantes y acertados, no son suficientes los discursos y las palabras de políticos, como las dadas recientemente por el presidente Walter Steinmeier en su encuentro con personas de la comunidad turco-alemana: Es gibt keine halben oder ganzen, keine Bio- oder Passdeutschen. Es gibt keine Bürger erster oder zweiter Klasse; o sea, “no hay alemanes medios, bio (originales) o de pasaporte. No hay ciudadanos de primera y segunda categoría”, queriendo decir que todos somos alemanes. No es serio y responsable decir esto cuando después se hace la distinción oficial entre los unos (alemanes) y otros, aquellos que, aunque alemanes, tienen un trasfondo que no lo es. ¿Para qué la diferenciación? Algunos dirán que para aprovechar esta riqueza cultural, pero la práctica muestra que esta diferencia solo sirve para excluir, limitar oportunidades y alimentar las creencias de superioridad de miembros de la mayoría, que deriva en actos cotidianos de desdén e incluso en expresiones violentas de odio.

También puede ser contraproducente que, queriendo mostrar una cara amigable, reuniera solo a personas de origen turco (que es asociada al mundo musulmán) y alemanes (cristianos) transmitiendo a su vez que el asunto es uno de diferencias religiosas respondiendo a la supuesta amenaza de la ¨islamización¨ de occidente que lo único que hace es legitimar guerras políticas y económicas a través de la religión y reafirmando que en esta diferencia radica el problema que tenemos en casa. ¿Por qué no se convocó a un grupo más plural e incluyente? ¿Dónde quedan las demás voces que no se sienten ni cristianas ni musulmanas, pero sí en la mitad del problema?

Ya es hora de que Alemania empiece a combatir sus problemas de racismo y discriminación de fondo, empezando por el lenguaje y siguiendo por las instituciones oficiales, las escuelas, ONGs, organizaciones de la iglesia, con medios de comunicación más pluriétnicos y espacios de poder en los que todos nos sintamos representados. Solo incluyendo a toda la sociedad en la vida pública y asuntos políticos del país podremos construir realmente juntos, sin importar las diferencias y combatir a aquellos que se niegan a aceptar que éste es un momento de cambio.

Hace unos días volví de una visita a Colombia. Fui para atender lo que la Fiscalía General de la Nación llama “entrega digna”.

“Entrega digna”, en este caso, de un cuerpo que fue víctima de un crimen de Estado. Entrega de los restos óseos de quien antes de ser ejecutado también fue torturado por miembros del Estado colombiano.

¿Cómo no quedarse tropezando en el hecho de que precisamente la institución que después de más de 30 años no ha sabido responder ante nuestro derecho a la justicia y la verdad, use sin sonrojarse la palabra “digna”, la expresión “entrega digna”? ¿Qué hay acaso de digno en todo esto?

¡Qué hueca resulta de repente la palabra “digna”! La “dignidad” viniendo de parte de esta institución que al igual que el instituto de medicina legal, ha sido cómplice de la violación y engaños cometidos a partir de noviembre del 85 y nunca ha tenido la dignidad de reconocer complicidad alguna ante lo sucedido.

¿Un cuerpo por tercera vez entregado a sus familiares por las autoridades y dos veces exhumado?¿De qué se trata en realidad?

¿Hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que detrás y antes de esta entrega ha sido indigno, hiriente, agresivo y violento? ¿Quizás buscando hacerlo esta vez mejor? ¡Puede ser!

¿Pretenden acaso que la llamada “entrega digna” sea el punto final de una historia de abusos y mentiras? ¿Pero cómo? ¿Sin verdad?

Inevitable pensar que detrás esté la maniobra de los últimos 30 años de dilatar y dilatar el proceso judicial, perpetuando la impunidad.

¿Un cuerpo tres veces entregado a sus familiares por las autoridades y dos veces exhumado? ¿Para qué?

Esta es mi historia, la de mi familia, pero lamentablemente también la de miles más en Colombia. La nuestra empezó con la toma por parte de la guerrilla del M-19 en 1985 al Palacio de Justicia y la retoma por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, quienes alegando defender la democracia de la subversión, destrozaron el edificio de la justicia a punta de cohetes, tanques de guerra y fuego, para después ejecutar y hacer desaparecer a varias personas que habían logrado salir vivas de ese infierno.

En esta visita a Colombia conocí las instalaciones de medicina legal. Ese lugar donde se va sólo cuando el que no es médico o funcionario se encuentra de repente y sin buscarlo con una historia de violencia en su vida. Un lugar frío y con necesidad de ser restaurado, reparado. Pero allí y con la idea de repararnos a nosotras se hizo el informe sobre la exhumación solicitada por la fiscalía y que se supone termina con la “entrega digna”.

Según ellos para confirmar y reconfirmar lo que su propia institución hizo antes. Sobre el hecho de que después de más de 30 años no haya completa claridad y verdad, no hubo mención, tampoco sobre errores de parte de los distintos entes comprometidos. Pero sí se habló de “entregas dignas”.

De esa Colombia llegué hace unos días. La Colombia de las historias de desaparecidos, desplazados, ejecutados, torturados, violentados. De la Colombia de la guerra, la del conflicto, de la Colombia que necesita de un referendo para saber si quieren vivir en paz y en la que después gana la guerra, de la que hace una consulta popular anticorrupción para poder exigir mayor transparencia, respeto y pulcritud a sus representantes para con el país, porque sencillamente allá nadie puede partir ya de esta base. De la Colombia donde lo irreal es la cotidianidad. De la Colombia donde un cuerpo puede ser entregado en tres ocasiones por las autoridades y ser dos veces exhumado, como quien saca y mete un objeto de un cajón y los familiares se convierten en meros espectadores. De la Colombia donde la ficción más atroz es real.

No, la paz y el respeto son algo que para muchos en Colombia no necesariamente se entiende como un valor, menos como un derecho de todos. De esa Colombia llegue hace unos días, de esa aún incomprensible para mí, de esa con tanto potencial derrochado, de esa tan explotada, abusada y dolida, de esa Colombia a donde mi padre alguna vez me llevó con la ilusión de que la construiríamos y de donde después tuve que salir.

Salí hastiada y asustada pero no desesperanzada y hoy estoy convencida de que Colombia puede ser algún día mejor. Y aunque en este texto hable concretamente de Colombia las consecuencias son para toda la humanidad y la lucha debe ser de parte de todos los que creemos en un mundo mejor. Porque el país lo merece y puede hacerlo.

Aunque no sean pocas las veces que sobresale la cara racista, la clasista, la homofóbica, y machista también sigue presente y muy viva la cara que han querido acabar, enterrar y desaparecer una y otra vez, la que está en cunetas y fosas comunes por su lucha por la paz, la de los líderes sociales, la de los defensores de DDHH, la de los que siguen levantando su voz porque creen en una democracia con derechos para todos, la de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, las de las familias que piden verdad y la del país que no quiere ser doblegado y no aceptara más impunidad e injusticia.

Me fui, sí, pero no me desprendí y por eso al igual que muchos otros seguiremos reivindicando y dignificando muestras historias, a nuestros seres perdidos y construyendo un futuro para todos.

La semana pasada y cerrando con broche de oro el desastroso papel que jugó la selección alemana de fútbol en el mundial, uno de sus jugadores decidió no querer jugar más para este país y renunció, por primera vez en su historia, a ella. La razón: Racismo y falta de respeto.

Alemania es conocido mundialmente por su fuerte historia de antisemitismo y racismo. Este caso del que quiero hablar, empezó con una foto donde aparece el jugador Mesut Özil posando junto al presidente Turco Erdogan. En cuanto la vi, supe que llegarían las críticas de todos los rincones de Alemania, no solo por tratarse de un presidente muy pero muy cuestionable, sino porque en el imaginario colectivo alemán, que poco entiende de biculturalidad y binacionalidad, un jugador de su selección solo podría posar con Merkel y esta foto era simplemente muy poco alemana.

Está claro que hacerse fotos con el presidente de un gobierno que viola los derechos humanos, que reprime la libertad de prensa y amenaza a la sociedad civil, sea quien sea, no es en lo absoluto de admirar. Al contrario fue un acto irresponsable y muy reprochable. Sin embargo ¿aquellos que arduamente criticaron a Mesut Özil, supuestamente por cuestiones de moral, porque entonces callaron ante el hecho de que el reciente mundial de fútbol se celebrara en un país como Rusia gobernado por otro autócrata, que tampoco se caracteriza por respetar los valores democráticos que toda sociedad necesita?

Aquí hay pues mucha mucha tela que cortar. Por un lado, la relación bilateral alemana-turca pasa por un momento especialmente difícil desde hace ya un tiempo. Por otro, Alemania ha visto siempre a Turquía como Estados Unidos ha visto a México. Con superioridad y cierto desprecio.

Esta intensa relación se remonta a los años 60 y 70 cuando los “Gastarbeiter” turcos que significa trabajadores invitados, atendiendo a un acuerdo de contratación bilateral, llegaron a Alemania para reconstruir un país ajeno después de la segunda guerra mundial. Nunca hubo un gesto colectivo de agradecimiento de parte de los alemanes hacia quienes habían abandonado su país, su lengua, tradiciones y familia. Al contrario, la tendencia fue de rechazo, esperando que una vez finalizado el trabajo, regresaran a Turquía.

El caso de USA y México, es muy similar. Con el “bracero program”(1942 - 1964) entraron 4.5 millones de trabajadores mexicanos de manera legal a Estados Unidos para desarrollar el campo agrícola y el sistema ferrovial. Después de más de 20 años de acuerdo y trabajo duro, las autoridades quisieron que se fueran.

En ambos casos los países del norte pensaron que sus políticas traerían sólo a trabajadores para después darse cuenta de que eran en realidad personas. Y aunque sus programas de contratación hubieran terminado, la estructura migratoria ya se había consolidado, tenían familia en los países receptores y una vida hecha.

El caso es que estas relaciones bilaterales generaron en los países de acogida relaciones de poder entre nacionales y trabajadores invitados, de las que nunca los recién llegados, ni sus hijos o los hijos de sus hijos se han podido librar. El irrespeto, la exclusión y el racismo siguen siendo hoy, medio siglo después, parte del diario vivir.

La renuncia de Özil, hijo de inmigrantes turcos, al equipo nacional alemán ha desatado un debate sobre el racismo en Alemania y un movimiento llamado #MeTwo. Este nombre hace alusión a que los inmigrantes, o sus hijos puedan vivir entre dos mundos, el alemán y otro y al mismo tiempo identificarse con los dos. Alemania aún hoy prohíbe, con pocas excepciones, la doble nacionalidad.

Bajo el Hashtag #MeTwo miles de personas, cuentan sus experiencias cotidianas de racismo en ese país. A veces es de frente como en el caso del Özil, para no hablar ya de los ataques físicos de extremistas de derecha que es otro nivel, pero muchas veces y a diario es sutil y estructural, lo que hace muy difícil de confrontar para quienes lo sufren.

Alemania tiene una historia de racismo muy pero muy fuerte sí y sus políticas de integración han sido desastrosas. Se dijo siempre que los migrantes tenían que integrarse, pero en la ignorancia se pensó que solo los de afuera tenían que hacer el esfuerzo y sería posible lograrlo en una sola dirección. Sin embargo, todos sabemos que es imposible entrar, por mucho que se quiera, si nadie está dispuesto a abrir la puerta del otro lado.

Del término “Gastarbeiter”, trabajadores invitados, se pasó al de personas con “Migrationshintergrund” o sea, trasfondo migratorio, y no precisamente como halago a lo de afuera. Así que aunque se trate de alguien de tercera o cuarta generación nacida en Alemania, siempre llevará el sello acuestas de “trasfondo migratorio”, es decir aquel que no pertenece a los demás, a la mayoría. Incluso teniendo pasaporte alemán, incluso con un alemán sin acento, incluso sin haber si quiera salido de Alemania y aunque se esfuerce como se esfuerzan. Pero sobre todo si el apellido no es muy Müller o Schmidt, o el color de su piel es distinto a lo que por razones extrañas se ha llamado “blanco”(blanco es quizás el yogurt). Para una celebridad como Mesut Özil tampoco parece haber sido posible.

Aquí el asunto no es el racismo en el futbol, esto solo es un reflejo de la sociedad. El problema real, es el gran número de personas con cabeza ignorantes y arrogante y el alma ahogada en odio. El problema es que el racismo ha estado presente en toda la historia de ese país. El problema es el discurso oficial y este tipo de términos, que propaga y legitima la división y la exclusión dentro de una misma sociedad, para después descaradamente, terminar señalando a aquellos que acude a su otra identidad, como fue el caso de Özil.

El reto para Alemania sigue siendo pues lograr, y al contrario de lo que se ha hecho tradicionalmente, destacar y aprovechar el potencial que tienen los del tal “trasfondo migratorio” para moverse entre dos o varios mundos, la capacidad para hablar varios idiomas, el entender otras culturas, el tener diferentes identidades y el que sean justamente estas personas quienes hacen de Alemania una más rica.

Porque sí, sí es posible vivir dos o más culturas, sea en la que se creció o la de sus padres y abuelos, y sobre todo sin que por ello se deba quedar expuesto a discriminación, racismo y exclusión.

¿Por qué quiere el partido del presidente electo de Colombia, el Centro Democrático (CD), evitar que los militares declaren ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), y que la verdad sobre los crímenes de guerra salga a la luz?

¿No es de entrada sospechoso que este partido se haya opuesto al acuerdo de paz firmado en 2016 y haya manipulado a los electores con mentiras, que incluso ellos mismos confesaron después haber divulgado, para que el pueblo votara en contra de la paz en el plebiscito? ¿Cualquier sociedad quiere vivir en paz, porque Colombia no?

Sí, dirán ellos, pero no así, esta paz significa impunidad para la guerrilla de las FARC. Ridícula afirmación sabiendo que Colombia cuenta de por sí, con una impunidad del 90% y precisamente el tribunal de la JEP busca resolver lo que durante años no ha hecho la justicia ordinaria.

Ah sí, sí... también harán uso del viejo discurso de la derecha de “los héroes de la patria que no se deben poner al mismo nivel que los terroristas de las FARC”.

Si no fuera porque el jefe del partido Centro Democrático, el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene tanto, pero tanto por esconder, podría uno quizás creer genuinamente que la intención de “modificar” el acuerdo de paz es para ajustarlo a uno mejor. Quizás incluso para favorecer a las fuerzas armadas. Aunque habría que hacer un gran esfuerzo, porque gracias al acuerdo de paz las cifras de soldados heridos en combate se redujeron en un 97%. Difícil una mejor protección que esta.

Pero no, no, aquí de lo que se trata es sobre todo, de salvar su propio pellejo. Y los miembros de su partido que más parece que trabajan para Uribe que para el país, también lo saben. Pero es que siendo sinceros, ese partido parece a veces más una secta fanática que otra cosa. A quien esta afirmación le suene exagerado, que revise los discursos en la convención nacional del partido CD. Y esto sin mencionar los casos en los que muy allegados a Uribe hablan de él como un Dios.

Lo cierto es que el partido CD ha empezado a hacer real lo manifestado por sus representantes con mayoría en el congreso: “hacer trizas el acuerdo de paz”. Lo han hecho torpedeando el trabajo de la JEP y evitando que las fuerzas armadas se presentan ante este mecanismo de justicia transicional, que es el eje fundamental de los acuerdos de paz. Un modelo que ha sido además aceptado y comentado por expertos internacionalmente, y en el que el mundo ha puesto los ojos por tratarse del más avanzado a nivel de derecho internacional humanitario. En Colombia la JEP, como justicia alternativa busca resolver los crímenes de los últimos 50 años de conflicto armado (entre guerrilla, fuerzas armadas y paramilitares), con la característica de emitir penas acorde al grado de responsabilidad que asuma el actor de los hecho y su aporte a la verdad.

Lo más importante es que este ejercicio de justicia y verdad permitiría al país forjar como sociedad un camino de transición más estable hacia la paz . Pero es justamente lo que daría descanso a las víctimas, lo que aturde a los del partido del Centro Democrático: La verdad.

El CD quiere evitar la paz con verdad jurídica. Y es que es mucho, demasiado, lo que tiene el jefe de este partido por esconder.

Teniendo en cuenta que Uribe Vélez y solo él, tiene el mayor número de investigaciones (276 por apoyo a paramilitares, relación con asesinatos de más de 4000 jóvenes, omisión en masacres, manipulación de testigos, interceptaciones ilegales, soborno y compra de votos para reelección etc.) del total (1.227) ante la Comisión de Acusación del Congreso (la encargada de investigar a expresidentes) no es de extrañar que esté tan nervioso.

Nervioso porque la JEP sí logre atar un hecho con el otro, sí determine su responsabilidad con que Colombia esté hoy llena de fosas comunes, desplazados, ejecutados y desaparecidos. Y sobre todo que lleguen a afectar su estatus de “ intocable”. Entonces su suerte cambiaría.

El CD alegará que todas las investigaciones y acusaciones son mera persecución política a su líder y a los miembros del partido. Sin embargo, contrasta que en un país con más de 8 millones de víctimas, 220.000 homicidios, 6,7 millones desplazados, 60.000 desapariciones forzadas y 800.000 de víctimas de violencia sexual, no se oiga que los miembros del Centro Democrático sufran de esta misma tragedia. No se tiene por lo menos conocimiento de que algún miembro del CD haya sido asesinado, tampoco desplazado, o que haya tenido que abandonar de la noche a la mañana el país por amenazas de muerte. Y los que de su círculo cercano han huido, ha sido pero huyendo de la justicia.

No sobra agregar que fue precisamente el periodo del gobierno de Uribe 2002-2010 el que más víctimas dejo (3.374.270) la mayoría en relación al narcotráfico y control de la tierra que está sobre todo en manos de las multinacionales y terratenientes, intereses representados por el CD. Precisamente la reforma rural, como primer punto del acuerdo de paz es otro al que el CD se niega en aceptar. Una pistas de esta oposición podría tener que ver con que Uribe Vélez es uno de los mayores acumuladores de tierras en el país.

Desde el pasado 17 de junio, que Iván Duque gano las elecciones presidenciales (puesto como candidato por Uribe a lo Chávez - Maduro), se han disparado los asesinatos a defensores ambientales, de DDHH y reclamantes de tierras. El Centro Democrático no sólo se niega en ver la sistematicidad en estos asesinatos en masa, sino que también se sienten atacados por las manifestaciones y marchas en repudio a estos crímenes, casi como triquiñuela para desmontar lo poco o mucho de democracia que tiene el país y así ganar ellos más espacios para el egoísmo, la indiferencia, el cinismo y su política del odio.

¿Entonces? Seguirán los fieles seguidores del Uribismo, creyendo lo que dice su líder. Solo puedo repetir lo que diría George Orwell “cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman.

Es maravillosa la forma alegre que tienen los colombianos, siempre con una sonrisa en la cara, su manera amable de relacionarse, su capacidad para disfrutar de la vida aún en momentos difíciles; todo esto es realmente admirable y de lo que muchas otras sociedades pueden aprender. Por eso, es que resulta tan perturbador, que cuando de fútbol se trata, afloren tantas emociones nacionalistas entre los colombianos, pero que con el dolor de sus connacionales se perciba tan poca empatía.

Algo bueno del fútbol es, sin duda, que borra las diferencias ideológicas, religiosas, étnicas o de clase dentro del grupo, o por lo menos las pone en un segundo plano para poner por delante el deseo de todos de que su selección llegue lo más lejos posible en la carrera del Mundial. Lo triste en ello, hablando del caso colombiano, es que esta preocupación por el fútbol logre más unión que el deseo de construir un país donde quepan todos y todas con la misma oportunidad de salir adelante y de triunfar.

Es comprensible que un evento como este, por supuesto sin hablar de los negocios legales e ilegales que sé que hay detrás, mueva tantas emociones positivas dentro de los hinchas. Incluso hombres, que nunca lo harían, se permiten aquí abrazarse, besarse y bailar juntos en pareja. Aquí sólo se trata de fiesta y eso permite esconder tantas vergüenzas y el peso ético y moral que lleva el país sudamericano encima.

El salario mínimo en Colombia es actualmente de aproximadamente 270 dólares. Es necesario de 11 generaciones para siquiera ascender a una renta media. Según el coeficiente de Gini, Colombia es el país más desigual de América del Sur y está entre los 10 primeros a nivel mundial, no sólo en cuanto a falta de equidad, sino también a impunidad con un 90%.

Aquí, sin embargo, no hemos visto una hinchada unida buscando ganar la lucha por una vida digna para todos. El nacionalismo o mejor patriotismo, para que no suene tan negativo, aquí no se aplica.  La abstención en las recientes elecciones presidenciales fue de un 46% , a pesar de ser la más baja desde 1976.  ¿Como entendemos esto? ¿Se quiere al país y nos sentimos parte de él cuando se trata de fútbol, pero hay indiferencia ante el dolor de los que viven dentro de sus fronteras?

En la misma selección de Colombia, varios jugadores son víctimas del conflicto estructural y armado colombiano. Por ejemplo, Juan Fernando Quintero, cuyo padre fue desaparecido por el Ejército colombiano en 1995. Han pasado ya 13 años y su madre Lina Paniagua sigue esperando respuestas y justicia. O Juan Guillermo Cuadrado, quien nació en Urabá, una zona abatida por el conflicto armado; su padre fue asesinado cuando tenía 4 años y él presenció todos los hechos. Fue su madre Marcela Bello apunta de empacar bananos y definitivamente no fue la ayuda del Estado la que lo sacó adelante. También Yerry Mina, el autor del gol que llevaría a Colombia a octavos de final, tiene una historia de abandono estatal e indolencia social acuestas. Mina nació en Guachené, un municipio del que nadie se acuerda, donde las calles ni siquiera están pavimentadas y la renta familiar es de una media de 100$ mensuales. Con seguridad se podría aumentar la lista, sólo dentro de los jugadores del equipo de la selección Colombia.

La ONU acaba de hacer un llamado al Estado Colombiano, por el aumento desmedido de desplazamiento forzado. En lo corrido del año van, según ACNUR, más de 3.549 personas (913 familias) desplazadas y más de 90 líderes sociales han sido asesinados. En los últimos 6 días se cuentan ya 5 ejecuciones. La guerra no sólo sigue presente, sino que, con el regreso al poder, de los amantes de la guerra, está empezando día tras día, a arder con más intensidad.

Me pregunto si dentro del país se habla más de futbol o de los asuntos y cambios a nivel político que definitivamente sí determinará la vida de todos, pero sobre todo de aquellos más vulnerables, de aquellos que definitivamente no pueden estar en los estadios de fútbol gritando gol, porque están luchando día a día por sobrevivir a la guerra, por sobrevivir a los nuevos desplazamientos a los que son forzados, por sobrevivir a la exclusión social, económica y, por supuesto, política.

Colombia es el cuarto país del mundo que más entradas ha comprado para el Mundial, algo que no deja de sorprender a nadie. Los aficionados sacan de sus bolsillos mínimo 3000 euros para poder presenciar desde los estadios rusos los partidos de futbol. ¿Como se entiende esto? ¿Escapatoria, complicidad con la barbarie, o simplemente desesperanza a un posible cambio? Quizás una impunidad aprendida en la que antes de dar la lucha ya se da por hecho que no servirá de nada; alterando así el sentido de la democracia.

¿Cómo se entiende este compromiso con el fútbol nacional, pero, en escala infinitamente inferior, con el sufrimiento de sus connacionales? ¿Cómo entender que se acepte sin reparos que los jugadores que representen a Colombia en la selección de fútbol sean afrocolombianos, pero que sea justamente esta la población más golpeada por la pobreza, la guerra y la exclusión sin que la sociedad en conjunto, incluidos aquellos que también animan a la selección, exijan un cambio y no tolere más esta injusticia?

Un colombiano se sulfuraba ante mi punto de vista, porque decía que no debo generalizar, igual que lo hacen muchos alemanes cuando se habla de post-colonialismo o racismo estructural en la sociedad alemana. Con esta actitud pretenden relativizar la gravedad de este asunto, reorientar la discusión de lo que se está hablando, negar lo que refleja cualquier estadística sobre estos temas, pero, además, no aceptar algo que salta a la vista, hasta del que menos ve.

Está claro que no se pude generalizar, pues hay muchas iniciativas dando la batalla por los derechos de todos, aunque son precisamente éstas las que nunca han sido escuchadas ni apoyadas por la gran mayoría. Pero sería cínico negar que la tolerancia y complicidad al régimen establecido ha sido la tendencia, pues de lo contrario las cosas no serían como son.

Me pregunto entonces: ¿Será una cuestión de sentimiento de culpa, lo que ciega? En cualquier caso, sería mejor ser consciente de las sociedades en las que vivimos, afrontar nuestro pasado, pero, sobre todo, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos por delante en la construcción de un mejor país para todos y todas, también o quizás con mayor razón cuando se celebran los éxitos de la selección de fútbol.

Vivo en Alemania y cuando me quiero informar sobre lo que sucede en Colombia o cualquier país de la región, prefiero hacerlo a través de los medios locales más que los internacionales. Creo que son finalmente estos los que están en medio del suceso.

Soy consciente que el estilo periodístico colombiano dista mucho del de otros países, sobre todo del alemán, algo que también tiene que ver con un asunto cultural y puede a uno gustarle o no. Sin embargo, lo que tuvimos que soportar quienes queríamos informarnos a través de los medios de comunicación colombianos durante las elecciones presidenciales de ese país fue, lamentablemente en varios casos, una experiencia aberrante.

Es la labor del periodista la de cuestionar las acciones y proyectos de los políticos. Su función es llegar hasta la raíz del asunto. Una entrevista debe por eso contener preguntas atrevidas o fuertes, lo que permite en el mejor de los casos que todos podemos estar mejor informados. La idea finalmente es destapar la verdad, lo que entonces convierte al periodismo casi que un activista de Derechos Humanos.

Sin embargo, lo que se vio en Colombia fue un ataque vergonzoso al candidato de izquierda que casi dolía verlo por el grado de humillación al que se lo quería someter. Me sentí profundamente indignada y también yo misma maltratada y es por eso que escribo.

Algunas entrevistas se convirtieron en un espectáculo del odio. Una cosa es cuestionar e incomodar al encuestado y otra es violentarlo. La agresividad y el desprecio en las entrevistas de Juan Carlos Vélez, Darío Arizmendi y/o Nestor Morales, para mencionar algunas, se percibía en el tono de la voz, en el lenguaje corporal, en la sugestión de sus preguntas. Más parecía un ataque personal que una revisión a la propuesta y trasfondo político de Gustavo Petro. Eso definitivamente no es periodismo serio.

Estas entrevistas no ayudaron en nada a conocer mejor al candidato de izquierda, y mucho a saber del profesionalismo de los entrevistadores.

Lo visto fue finalmente un irrespeto a todos los que a través de la labor del periodista, buscamos informarnos y en el mejor de los casos conocer la verdad. Porque consciente o inconscientemente se nos quiso contagiar con ese odio y agresividad. Instrumentalizar el periodismo con fines indecentes. Echarle aceite al fuego que es ya Colombia.

El movimiento -19 al que perteneció Gustavo Petro, no le hizo ningún favor a mi familia al atacar el Palacio de Justicia donde después fue ejecutado por el ejército mi papá. Ellos llevan parte de la culpa de lo sucedido, no por eso acepto este maltrato bajo la mascara de periodismo crítico que nos presentan a todos. Tampoco de un canal privado. Lo que necesita Colombia es reconciliación y respeto, así como libertad de prensa con responsabilidad.