En el momento de su fundación, hace ya casi tres décadas, la Unión Europea puso en el centro de sus fundamentos el compromiso con la defensa de la dignidad humana y la igualdad de trato. En cumplimiento de este compromiso, la Comisionada Europea para la Igualdad, Helena Dalli, llamó recientemente a los Estados miembros de la UE a “hacer todo lo posible para evitar que las minorías nacionales o étnicas, en particular los gitanos, se conviertan en chivos expiatorios de la crisis actual”. Estas declaraciones abrieron un debate necesario sobre una forma específica de racismo con largas raíces históricas, cuya espina sigue clavada en el corazón del presente.

En el caso de España, tan pronto como se declaró el estado de alarma, el Gobierno reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento significativo de la población gitana, inscrita en el contexto de las desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia. Y, de hecho, el Gobierno mapeó casi mil barrios, en su mayoría habitados por personas gitanas, que presentan índices de pobreza y extrema pobreza. En consecuencia, se trazó un plan para garantizar unos ingresos básicos, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad, a las familias necesitadas. Sin embargo, las medidas sociales y económicas siendo muy necesarias, no son suficientes para proteger los derechos de las personas gitanas en los tiempos que corren. Desde el comienzo de la pandemia, federaciones como Khetane y Unión Romaní han denunciado, en repetidas ocasiones, el uso de un lenguaje racista que retrata a las comunidades gitanas como una amenaza para la salud pública.

Personalmente me ha conmocionado el nivel de odio propagado por periódicos muy influyentes: insultando, ridiculizando y difamando a las comunidades gitanas. También fue sorprendente ver casos en los que los grandes medios de comunicación pedían el uso de la violencia policial o militar contra los barrios gitanos. Y tales mensajes de odio tuvieron consecuencias inmediatas: ha habido personas alentando, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, pogromos contra las comunidades gitanas sospechosas de saltarse el confinamiento.

En el caso del antigitanismo, hablamos de un racismo profundamente arraigado que se manifiesta con especial virulencia en contextos de crisis, cuando la ansiedad y el descontento social buscan canales de expresión disponibles no punibles. Y los gitanos han demostrado históricamente ser un blanco fácil, en estos contextos, debido a la impunidad vinculada a una forma ampliamente aceptada de racismo. Lo he expresado en diferentes foros de debate europeos, y ahora lo expreso también aquí: todas las políticas socioeconómicas dirigidas a la inclusión de la población gitana resultarán fallidas si no están respaldadas por el compromiso político de combatir el racismo y sus manifestaciones, incluido el discurso de odio.

En diciembre de este año, el marco estratégico de la UE para la inclusión de los gitanos llegará a su fin; y estoy seguro de que habrá muchas lecciones que aprender sobre la desigualdad tomadas de la crisis de la Covid-19. Una de ellas debería ser la necesidad de priorizar el antirracismo en los programas estratégicos de los países miembros de la UE. La inclusión, entendida como una participación equitativa en todos los ámbitos de la sociedad, seguirá siendo un objetivo lejano en el horizonte hasta que no logremos reducir los altísimos niveles de estigmatización y odio que padecen las comunidades gitanas.

El estigma de la “amenaza gitana” es la mayor barrera para acceder a viviendas de alquiler, trabajos de calidad o estructuras democráticas de representación. Estas tres áreas de inclusión, tan diferentes entre sí, requieren una cualidad básica común: la confiabilidad. Y es que las gitanas y los gitanos han sido desposeídos del capital social más elemental: la confianza. Las campañas de difamación contra la identidad gitana, por medio de los discursos racistas, tienen tres efectos principales: dañar la reputación de todo un grupo de población; crear una opinión pública basada en el miedo; y finalmente legitimar la exclusión social.

Tal estigma antigitano no es nuevo. Hay estudiosos de su genealogía que han trazado líneas paralelas con la infame historia del antisemitismo. De ser así, esta historia de discriminación ha tenido un impacto negativo muy duradero: las encuestas sobre intolerancia informan regularmente de los niveles más altos de hostilidad hacia los gitanos - entre todos los grupos minoritarios de Europa -. Esto debe detenerse: España y el resto de estados miembros de la UE tienen que hacer cumplir la ley y proteger a las víctimas gitanas de este maltrato. El discurso de odio debe ser perseguido y sancionado, en cualquier formato, ya sea en los medios tradicionales, en los medios digitales o en las redes sociales.

Hemos de ser conscientes de que el clima social de pánico que prevalece en tiempos pandemia es crucial para evaluar los posibles efectos de los discursos racistas. Estos pueden servir para crear un entorno intimidante, hostil, degradante, humillante, ofensivo, cuando no directamente violento, contra las comunidades gitanas. La Directiva de Igualdad Racial de la UE proporciona a sus estados miembros un instrumento adecuado para luchar contra los discursos de odio. La ley española también protege formalmente a sus ciudadanos y grupos minoritarios contra amenazas, crímenes contra la integridad moral y discursos de odio; protecciones garantizadas y tipificadas en el código penal. Los instrumentos jurídicos ya existen, ahora son precisos programas políticos adecuados que velen por el cumplimiento de las leyes.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo judío Karl Popper publicó, La sociedad abierta y sus enemigos. En este tratado contra el autoritarismo, Popper formuló la paradoja de la tolerancia en los siguientes términos: “La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia.”

En un Estado democrático de derecho, las instituciones públicas han de adoptar un punto de vista postconvencional. Para ello, no deben limitarse a reflejar el estado social de opinión, sino que han de catalizar transformaciones hacia mayores cuotas de igualdad y justicia. Confío en que España puede liderar el camino hacia un nuevo paradigma de mutuo reconocimiento. La igualdad constitucional de los gitanos y las gitanas es más que una cuestión de inclusión social; es una cuestión de dignidad humana. Esto requiere políticas antirracistas que garanticen que las personas gitanas sean tratadas con respeto.

Atravesamos una crisis global, sin precedentes, causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Y nada como los momentos de crisis para poner a prueba nuestras capacidades individuales y colectivas. Venceremos la lucha contra el virus, no me cabe la menor duda. El desafío está en que, tras la victoria, nuestra sociedad salga reforzada en términos sociales y sanitarios.

Las múltiples discriminaciones que caracterizan al sistema capitalista hacen que las crisis no las vivamos todos igual. En estos días, pensemos en las familias con hijos confinadas en pisos de menos de 40 metros cuadrados. Situémonos en la piel de quienes no tienen ahorros y no pueden salir a trabajar. O pongámonos, por un momento, en los zapatos de quienes habitan en un asentamiento chabolista, en una barriada de infraviviendas o en un campamento de refugiados: sin electricidad, sin agua corriente o sin un techo decente. Antes de ponerse a pensar en estos escenarios de precariedad, la ultraderecha mediática y política ya ha tomado postura. Y no ha dudado en señalar a los más vulnerables como los enemigos a batir.

Tiempo antes de la aparición del coronavirus, el dirigente de Vox, Ortega Smith vaticinó a bombo y platillo (de manera fracasada) que “la inmigración podría traer a Europa pandemias erradicadas”. La ironía del destino quiso que él fuese el primer diputado del Congreso en contagiarse, contrayendo el COVID-19 en uno de sus viajes profesionales a Milán. Persistiendo en su estrategia de acoso y derribo contra los más débiles, el pasado miércoles vimos cómo el grupo parlamentario Vox planteó que los inmigrantes en situación irregular paguen por la prestación médica que puedan recibir mientras dure la crisis del coronavirus.

Otro ejemplo ultraderechista de hostigamiento a los más débiles, lo encontramos en el infame editorial que, el pasado lunes, escribía el director adjunto del diario ABC de Sevilla, Alberto García Reyes. Culpaba de su propia pobreza a los residentes de las 3.000 viviendas, en su mayoría personas gitanas. El columnista concluía así, con una falta absoluta de humanidad para con sus vecinos sevillanos: “cuando todo vuelva a la normalidad, nos reclamarán ayuda y nos acusarán de tenerlos abandonados. No caigamos en la trampa del buenismo otra vez. O nos aislamos de ellos, o nos contaminarán con su miseria”.

Las estadísticas de la OMS muestran cómo el virus ha ido trasladando su foco a través de las rutas que mueven la economía global. El virus no ha llegado hasta nuestras costas ni en patera, ni saltando alambradas de espino, ni a través de las rutas de los refugiados. El virus tampoco se ha propagado a través de la actividad de la gente que vive segregada en los barrios empobrecidos. El COVID-19 ha llegado hasta nosotros viajando unas veces en clase turista, otras en business, por barco, tren o avión. Hospedándose en el cuerpo de las acomodadas clases cosmopolitas, el virus ha estado pasando de mano a mano, de beso a beso, de abrazo a abrazo, de aliento a aliento, de moneda a moneda. Como un polizón invisible, el virus ha estado moviéndose al ritmo de los viajes internacionales aparejados al turismo, el comercio, la educación superior o la política global.

En el desplazamiento del epicentro del virus hacia Europa, podemos observar cómo la cartografía de la epidemia coincide geográficamente con las áreas de mayor actividad económica: París, Milán, Berlín, Londres, Madrid o Barcelona. Ahora sabemos que los casos de contagio ascienden a un ritmo vertiginoso también en Nueva York y California. Entretanto el virus tuvo anteriormente focos de contagio importantes en Shanghái, Hong Kong o Seúl.

Ahora queda por ver quién le pone el cascabel al gato: o el mundo para el funcionamiento del capitalismo o el funcionamiento del capitalismo acabará con el mundo (o al menos con su vida humana). Necesitamos liderazgos globales valientes, empezando por la Unión Europea, para coordinar una estrategia internacional que ordene la suspensión de toda actividad productiva o comercial no esencial. Mientras la actividad económica mundial siga su curso con normalidad, el virus continuará propagándose tal y como lo ha hecho hasta ahora.

Es el momento de que los países aúnen esfuerzos y hagan una inversión como nunca antes, para generar un nuevo paradigma de seguridad humana. En este cambio de paradigma, la sociedad del conocimiento juega un papel determinante. La lucha contra el coronavirus no la ganaremos ni con bulos ni con balas. Esta lucha la ganaremos reforzando nuestro sistema público de salud, dedicando un mayor presupuesto a la investigación científica, y generando modelos de información fiables y responsables.

Las fuerzas políticas y mediáticas de ultraderecha, cual brújula errática, marcan el camino inverso. Sus esfuerzos están dirigidos a construir la sociedad del ruido y a propagar noticias falsas. Cuando no, se dedican directamente a propagar prejuicios y estereotipos racistas, generando desconfianza y odio hacia el prójimo.

La sociedad global se está reconfigurando y somos testigos directos de este decisivo momento. Estamos viviendo una prueba de fuego para nuestra inteligencia colectiva. De nosotros depende. Podemos dar una respuesta a esta crisis social y sanitaria en clave humanista y científica, luchando unidos contra un enemigo común invisible. O podemos volvernos los unos contra los otros, replegándonos en antiguas guerras que explotan las ideologías racistas en un contexto de miedo colectivo.

He dedicado la primera quincena de agosto a hacer una estancia de estudio por diferentes ciudades de Estados Unidos. Justo al aterrizar, me sorprendía en los informativos de la CNN la noticia de la matanza de El Paso (Texas), en la que un hombre blanco de 21 años mató a 22 personas e hirió a otras 24, en nombre de la lucha americana contra la “invasión hispana”. Por una amarga coincidencia del destino, mis compañeros de asiento en el vuelo fueron un matrimonio de Ciudad Juárez que me contaron cómo su hija de 22 años acababa de irse a vivir a El Paso, huyendo del crimen y la inseguridad que azota a esta ciudad ubicada al otro lado del río Bravo que separa México del “sueño Americano”: el sueño de una vida próspera en una sociedad segura y justa. Nada más cruzar el río, la realidad desgarra las cortinas ilusorias del deseo.

El otro gran sueño, el de la política poética de Martin Luther King, también se ha desvanecido en la prosaica sociedad estadounidense. En su famoso discurso, pronunciado el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, el reverendo invocaba a un futuro de igualdad: “Yo tengo un sueño, que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad… Yo tengo un sueño, que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”.

A día de hoy, el color de la piel determina en Estados Unidos el barrio en el que vives, el colegio en el que estudias, la exposición a la enfermedad y la indigencia, el patrimonio económico heredado, las opciones profesionales y las posibilidades de acceso a espacios de representación política. A día de hoy, Estados Unidos es un país donde la población blanca concentra los recursos de poder de una forma proporcionalmente asimétrica respecto a las comunidades minoritarias. Queda pendiente una transformación del orden socio-político racializado, dominantemente blanco, que incluya de manera justa y ponderada a la población “no blanca” en cada una de las áreas de poder que estructuran la sociedad.

Los hispanos, que representan en torno a un 20% de la población estadounidense, solo conforman el 1% de todos los funcionarios electos. Por su parte, con un hondo arraigo histórico, la población afroamericana representa en torno a un 13% de la población estadounidense: ninguno de los 50 estados de Estados Unidos cuenta con un gobernador afroamericano. A pesar de estas cifras, la hegemonía blanca empieza a sentirse amenazada por el cambio demográfico de la sociedad estadounidense, que en las últimas elecciones ha convertido al 116 Congreso en el más diverso de la historia: un 20% está compuesto por representantes pertenecientes a comunidades minoritarias. No obstante, los políticos blancos aún representan un 80% de la cámara, mientras que la población blanca compone el 60% de la población estadounidense.

La retórica anti-inmigración de Trump, como representante de la América blanca y conservadora, en favor de la construcción de un muro en la frontera con México para evitar la “invasión” de migrantes ilegales, traduce un miedo político: que la diversidad étnica y/o “racial” dé un vuelco al tablero político en un futuro no muy lejano. En la elección en la que Trump venció a Clinton, los votantes blancos favorecieron al magnate republicano por un margen de 15 puntos. Por su parte, las comunidades minoritarias, en ascenso demográfico progresivo, votan mayoritariamente por el partido demócrata.

Trump encarna el sentimiento colectivo de una hegemonía blanca en retroceso, que recurre a metáforas apocalípticas al denominar “escuadrón” progresista a las cuatro congresistas demócratas a las que exhortó en un tuit a que “regresaran a sus países de origen”, refiriéndose a Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, todas ciudadanas estadounidenses pertenecientes a diferentes comunidades minoritarias.

Sarcásticamente, en la tierra de los sueños, al horizonte de la igualdad racial no se avanza por medio de la imaginación moral, sino por la fuerza imparable de la transformación demográfica de una sociedad que traduce la fragmentación étnica de la población en opciones electorales en competición.

Tras declararse ganador de las elecciones europeas en Italia el pasado 26M, Salvini ha venido inflando el pecho con gestos de desafío a la Unión Europea, para demostrar que él es el tenor que lidera el coro político del nuevo grupo europeo: Identidad y Democracia.

Ante el silencio de la Comisión Europea, ocupada en las negociaciones sobre los altos cargos que entrarán en el nuevo equipo ejecutivo del que puede considerarse el “Gobierno de la UE”, Salvini se proyecta como el “hombre fuerte” que viene a salvar a Italia de sus “enemigos”. Lo hemos visto en el caso de la detención de la Capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete. Salvini procura construirse una imagen de caudillo posmoderno gracias al uso sofisticado de las redes sociales y los medios de comunicación: implacable contra los “invasores”.

El éxito de Salvini no está en su capacidad para explicar las posibles soluciones a la crisis económica que azota a su país, sino en su ímpetu para señalar a los “culpables”. Valiéndose de una retórica simplista y demagógica, Salvini insiste en señalar los peligros para el desarrollo nacional que representan los “enemigos externos”, a saber, los inmigrantes africanos, y los “enemigos internos”, a saber, la comunidad romaní.

Desde que fue nombrado ministro del Interior, Salvini ha hecho declaraciones que suponen un flagrante agravio moral contra la dignidad de la comunidad romaní, y más aún, que atentan contra los derechos fundamentales de este colectivo. En junio del pasado año, expresó en una entrevista de radio la intención de crear un censo de aquellas personas que sean de etnia romaní, para expulsar a los que no hayan nacido en el país, lamentando que los que sean italianos “hay que quedárselos”. Precisamente, el pasado mes de junio, en su perfil de twitter, pedía la esterilización de una mujer romaní acusada de hurto. Y, esta misma semana, ha pedido un informe sobre los campamentos de romaníes para localizar a los ilegales y “preparar un plan de desalojo”, y subraya “que a menudo constituyen un peligro para el orden público y la seguridad”.

Estamos ante un claro caso de instrumentalización política del “chivo expiatorio”, analizado de manera magistral por el sociólogo René Girard, que consiste en escoger un enemigo reducido en número, y por lo tanto fácil de eliminar, que carga en su existencia con todo el mal de una sociedad. La segregación habitacional en la que vive la comunidad romaní desde hace décadas no es suficiente. Salvini no se conforma con el asedio y la segregación, quiere la expulsión: que los romaníes dejen de existir en Italia.

Los campamentos segregados, en los que vive un sector de la comunidad romaní en Italia, están formados por una demografía compleja que se ha configurado en tres fases: la primera, formada en la década de 1960 por ciudadanos romaníes de nacionalidad italiana; la segunda, formada en la década de 1990 por ciudadanos romaníes que huían de la guerra de los Balcanes, en el proceso de descomposición de ex-Yugoslavia; la tercera, formada en la década 2005-2015 por ciudadanos romaníes de nacionalidad búlgara, rumana y croata, en el proceso de ampliación de la UE hacia Europa central y del este.

Esta compleja demografía convive en los 50 campamentos que se reparten por todo el país. De las 40,000 personas que se estiman en los campamentos, dos terceras partes viven en campamentos legales, gestionados por las autoridades municipales, y una tercera parte en campamentos ilegales. En ambos casos, la comunidad romaní se enfrenta a tasas de desempleo más altas que el resto de la ciudadanía, pocos o ningún servicio público, viviendas en mal estado, educación de baja calidad, infraestructuras sanitarias deficientes y estigmatización severa.

La gestión de los campamentos de romaníes, conocidos popularmente en Italia como “Campi Nomadi”, forma parte de la agenda de la Comisión Europea desde 2011, cuando se aprobó el “Marco Europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Romaní”. Este año y el siguiente son cruciales para cumplir con los objetivos de inclusión marcados por la Comisión; tras este plazo, Italia se enfrentará a una evaluación del uso de los presupuestos asignados del Fondo Social Europeo, de los Fondos Estructurales y Fondos de Inversión. Salvini quiere hacer trampas en el inminente examen, expulsando masivamente a los ciudadanos romaníes que residen en los campamentos, para no tener que dar cuenta de su estado de exclusión y marginalización. Pero la expulsión no es una opción sencilla, muchos de los residentes en los campamentos son ciudadanos nacidos en Italia: algunos con nacionalidad italiana, otros sin documentos de identificación por dejadez institucional, pero que no tendrán mucha dificultad para demostrar que mientras que sus padres llegaron como migrantes, ellos no han tenido otro país de residencia más que Italia.

No sabemos hasta dónde es capaz de llegar Salvini con esta fanfarria política. De momento, la comunidad romaní es rehén del “hombre fuerte” de Italia que cuestiona los valores humanistas de la UE, al tiempo que evita dar explicaciones en el Parlamento de los 65 millones de dólares en negro que, presuntamente, habría recibido de lobistas cercanos al Kremlin para financiar a su partido Lega Nord.

Una vez más, la historia nos avisa: pisar la dignidad romaní es el primer paso para aplastar la dignidad de Europa.

Diez años después del big crunch del neoliberalismo, que se hizo manifiesto con la bancarrota de Goldman Sachs, y el consiguiente anuncio del fin de la era de los grandes bancos de inversión, asistimos incrédulos a una mutación inesperada del liberalismo democrático europeo: el populismo neofascista. Así lo demuestran los últimos éxitos electorales de partidos tales como: Agrupación Nacional (Francia), Fidesz (Hungría), Ley y Justicia (Polonia), Liga Norte (Italia), Partido de la Libertad (Austria) o el Partido Popular Danés (Dinamarca). Excepto Agrupación Nacional (principal partido de la oposición en Francia), los demás partidos forman parte de la ejecutiva de sus respectivos gobiernos. A esta lista hay que añadir el éxito de la campaña del partido ultra-nacionalista UKIP, a favor del Brexit, en el referéndum del 23 de junio de 2016.

En este contexto, Matteo Salvini emerge como Ministro del Interior de un país en busca de una nueva forma de hacer política. Lamentablemente, no hay nada original en las ideas de Salvini, salvo su cinismo orgulloso. Anteayer la comunidad gitana catalana se manifestó en Barcelona para denunciar el antigitanismo que el ministro no ha tardado en inyectar en la sociedad italiana, al declarar en una entrevista de radio la intención de crear un censo de aquellas personas que sean de etnia gitana, para expulsar a los que no hayan nacido en el país, lamentando que los que sean italianos “hay que quedárselos”. La iniciativa frustrada de Salvini, firmemente rechazada por el Primer Ministro Giuseppe Conte, ya fue implementada por su antecesor de la Liga Norte, Roberto Maroni, cuando en junio de 2008 puso en marcha un censo especial para inmigrantes gitanos, posibilitando el registro de los individuos mayores de 14 años e incluso la recopilación de huellas dactilares. Dicha práctica fue condenada por una resolución del Parlamento europeo, el 10 de julio del mismo año, que recordaba a Maroni que: “Recopilar huellas dactilares de la población gitana constituiría claramente un acto de discriminación directa basada en la raza y el origen étnico, prohibido por el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.

Salvini sabía pues que sus declaraciones no tendrían recorrido en la práctica, pero le valieron para ejercer su función de espantajo populista, asustando al segmento más vulnerable de la sociedad italiana, y proyectándose como el “hombre fuerte” que viene a salvar a Italia de sus “enemigos”. Salvini se procura construir así una imagen política de caudillo posmoderno, resucitando el mito del Duce Benito Mussolini. El éxito de Salvini no está en su definición de las posibles soluciones a la crisis económica, sino en su definición de los “culpables” de la crisis. El modo como Salvini señala las causas de la crisis aleja del pueblo italiano el “complejo de inferioridad” y la frustración derivada de la relación acreedor / deudor que mantiene con el Banco Central Europeo, es decir, de su dependencia del eje Frankfurt-Bruselas. Así pues la fórmula de Salvini está clara, la Unión Europea y sus pilares son un escollo para la recuperación de Italia, y le resulta fácil atacar: el respeto por los derechos de las minorías, el respeto por el derecho internacional humanitario, la democracia postnacional y la economía comunitaria. Esta fórmula no es exclusiva de Salvini, sino que constituye el común denominador del populismo neofascista.

Frente a la abstracción de la ciudadanía europea, cimentada en una economía comunitaria en crisis y en el anhelo frustrado de recobrar un proyecto constitucional, confederal y postnacional; el populismo neofascista insiste en la idea alternativa de una ciudadanía cimentada en una solidaridad orgánica: basada en el sentimiento de pertenencia común a unos mismos valores y metas existenciales, que se concretan en la cultura nacional. Esta vuelta espectral del ethnos sobrevolando la polis, emerge de las grietas de una Europa en crisis, donde el inconsciente nacionalista cobra fuerza como pulsión política; y representa el desafío más importante para la supervivencia de la UE. De momento, irónicamente, ya se ha cobrado la salida del país que ha legado a la Unión su lengua franca. Lo más preocupante, desde el punto de vista ético, es que este proceso de desintegración política viene acompañado de un racismo neofascista, que representa al “extranjero” simultáneamente como una carga económica para el Estado del bienestar y como una amenaza civilizatoria para la supervivencia de las culturas nacionales de los pueblos de Europa.

Sorprende de manera alarmante la falta de respuesta intelectual por parte de las fuerzas políticas europeístas. Por su parte, el populismo neofascista permanece certero en su proyecto de desintegrar la Unión, aupado por el éxito movilizador del euroescepticismo. La convergencia de las distintas crisis por las que atraviesa la UE, ha dado más protagonismo a la “microgestión” nacional para hacer frente a los múltiples desafíos que se traducen en la precarización de la vida de la gente común: migraciones, desempleo, especulación con la vivienda, incertidumbre sobre el futuro de las pensiones y aumento de la brecha de desigualdad. Por el momento, Salvini ha puesto a los gitanos en el foco político para desviar la mirada pública de otras dinámicas socio-económicas más complejas, para las que no tiene programa ni agenda.

La historia se repite en déjà vu, cuando el neofascismo vaya a buscarte a ti, quizás sea demasiado tarde: quizás ya no puedas hacer nada para pararlo.