Cuando Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, decidió convocar elecciones anticipadas en aquella comunidad el pasado mes de diciembre, es probable que no se imaginara que sus opciones de repetir en el cargo tras los comicios iban a depender casi exclusivamente de llegar a algún tipo de acuerdo con el partido de derecha radical Vox. Sin embargo, el auge electoral de la formación de Santiago Abascal, sumado al peor resultado en la historia del Partido Popular en unas elecciones regionales en aquella autonomía y a la falta de disposición del Partido Socialista a pactar con Mañueco, abocan ahora al político popular a tener que decidir entre pactar con la derecha radical o convocar de nuevo elecciones. En este escenario, se oyen con fuerza voces que abogan por establecer un llamado “cordón sanitario” entorno a Vox que imposibilite que los partidos lleguen a acuerdos con esta fuerza radical. Pero ¿qué es un cordón sanitario y para qué sirve?

Con un origen claramente epidemiológico, en ciencia política se ha venido a llamar cordón sanitario a aquella estrategia que adoptan ciertos partidos políticos que se niegan a colaborar con otras fuerzas cuya ideología consideran inaceptable. Tanto en la historia (por ejemplo, en Bélgica o Finlandia en los años 30 del siglo pasado) como en la actualidad (los casos del Frente Nacional en Francia, de los Demócratas Suecos o de Alternativa por Alemania son paradigmáticos en este sentido), existen numerosos episodios de estas prácticas en el ámbito comparado. Algunos de ellos son repasados someramente en el influyente libro de Levitsky y Ziblatt Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018). A pesar de lo frecuentes que han resultado estas estrategias en términos comparados y de sus indudables ventajas teóricas, tanto en términos de señalar a estos partidos como “apestados” no sólo a los ojos de votantes tácticos y/o moderados sino también a los de potenciales candidatos atractivos, como a propósito de bloquear su impacto en políticas públicas, lo cierto es que en nuestro país los cordones sanitarios han brillado por su ausencia. ¿Por qué no se producen los cordones sanitarios más a menudo, sobre todo en el caso español?

En primer lugar, desde el punto de vista teórico, un cordón sanitario puede contribuir a fomentar cierta imagen victimista de los partidos radicales que redunde en ganancias electorales para estas formaciones políticas. Pero es que además hay buenas razones desde el punto de vista empírico para dudar de la bondad absoluta de la conformación de los cordones sanitarios. En una investigación junto a Marco Pastor de la Universidad de Oxford que aparecerá en la revista Party Politics el año próximo, examinamos las consecuencias electorales de no establecer un cordón de estas características alrededor de partidos populistas e invitar a participar en gobiernos de coalición de ámbito nacional en Europa con partidos que no lo son. De acuerdo con la evidencia empírica proporcionada por este trabajo, los partidos populistas que entran a gobernar con otro tipo de fuerzas políticas como socios minoritarios de una coalición pierden en las siguientes elecciones de media casi 4 puntos porcentuales más que aquellos partidos que carecen de este carácter populista. En el trabajo, argumentamos que el coste adicional por el hecho de gobernar que sufren este tipo de partidos se debe principalmente a dos razones: su incapacidad para mantener su discurso antisistema de una manera creíble desde el gobierno y la exposición pública de su falta de competencia para lidiar con los problemas que afronta el país. Además, en el artículo también demostramos que estos costes electorales son más importantes cuando la situación económica es mala, en caso de gobiernos mayoritarios que presentan bajos niveles de conflicto ideológico en su seno o cuando el partido populista en cuestión es más extremista.

Con todo, y sin entrar en excesivas disquisiciones académicas, nuestro artículo no deja de ser un primer intento de investigación empírica sobre las consecuencias políticas de los cordones sanitarios en Europa que merecen como mínimo tres reflexiones complementarias. En primer lugar, cabría preguntarse si examinar los futuros rendimientos electorales de este tipo de partidos es lo realmente importante. ¿De qué nos sirve que estos partidos pierdan parte de sus votos en las siguientes elecciones si mientras tanto han conseguido socavar desde el gobierno algunos de los principios fundamentales de nuestras democracias? En segundo lugar, y ya en el terreno estrictamente electoral, habría que plantearse una serie de cuestiones que van desde identificar qué votantes pierden estos partidos cuando entran a gobernar hasta averiguar a dónde van estos votantes o por qué los abandonan. ¿Pierden algunos de sus apoyos tras estas experiencias gubernamentales porque se penaliza que se moderen ideológicamente cuando “tocan poder” o se trata simplemente de una reacción lógica del electorado al quedar patente su incapacidad para gobernar de manera solvente sus países? ¿Responden estos efectos electorales a dinámicas a corto plazo o son por el contrario preludio de otras pérdidas electorales en sucesivas citas electorales? ¿Cuándo los cordones sanitarios (o su ausencia) producen efectos electorales: cuando se concluyen meros acuerdos de investidura y/o de gobernabilidad o cuando se conforman gobiernos de coalición? Todas estas preguntas constituyen una agenda de investigación futura cuyo interés teórico sólo es comparable a su relevancia práctica.

Finalmente, y volviendo al caso del Partido Popular en Castilla y León o en otros puntos de la geografía española en un futuro no muy lejano (por ejemplo, en Andalucía a finales de este año), deberíamos aspirar a entender hasta qué punto lo que sucede en Europa, donde las experiencias gubernamentales de este tipo de partidos se suelen saldar con sonadas derrotas electorales a continuación, se va a producir cuando Vox entre en ejecutivos, ya sea a nivel autonómico o estatal. En este sentido, me gustaría concluir esta breve nota con dos ideas finales. En primer lugar, establecer un cordón sanitario alrededor de Vox tanto en Castilla y León como en Andalucía, ya sea a través de gobiernos de coalición entre PP y PSOE como mediante acuerdos de investidura y/o de gobernabilidad entre estas mismas dos formaciones, supondría que esta fuerza radical se convirtiera en ambos casos de facto en primer partido de la oposición. ¿Se está dispuesto a otorgar a Vox tal posición preminente en el sistema político de estas comunidades con los consiguientes réditos electorales que esto puede suponer? En segundo lugar, y en contraposición al argumento anterior, aislar políticamente a la derecha radical mediante la conformación de un cordón sanitario contra Vox podría suponer que el electorado de derechas se convenciera de la esterilidad de votar a esta formación para evitar gobiernos de izquierdas y de la necesidad de confiar electoralmente en el Partido Popular. De ser este segundo el caso, podría considerarse que el cordón sanitario ha dado sus frutos al negar la legitimidad de la derecha radical y generar dudas acerca de su viabilidad electoral.

Podría haber 1200 calles, plazas o viales con nombres con remiscencias franquistas en España

¿Han sido las provincias donde el PP y la ideología conservadora son menos fuertes las más diligentes a la hora de adecuar sus callejeros a las previsiones legales?

¿O estaba la nomenclatura franquista mucho menos presente desde un principio en esos sitios y, por tanto, fue mucho más fácil ajustarse a la ley a partir de 2007?

En las próximas semanas conoceremos la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid acerca del cambio de nombre de 52 calles con reminiscencias franquistas de la capital. Se trata de un recurso presentado por la Fundación Francisco Franco contra un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manuela Carmena adoptado el año pasado en virtud de la ley de Memoria Histórica de 2007. Asimismo, parece ser que los restos del Dictador pueden abandonar por fin el Valle de los Caídos en próximas fechas. Son dos noticias que sin duda concitarán la atención de los medios  y que nos obligan a preguntarnos en qué grado y por qué la simbología franquista sigue presente en muchos lugares públicos de nuestros pueblos y ciudades más de una década después de quedar prohibido por dicha ley.

En mayo de 2018, el entonces gobierno de Mariano Rajoy daba respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Senador de Compromís Carles Mulet en que se instaba al ejecutivo conservador a conseguir del Instituto Nacional de Estadística (INE) una relación de las calles, plazas o viales de municipios españoles que mantuvieran alguno de los 11 nombres con reminiscencias franquistas recogidos en una lista elaborada por el político castellonense. En el documento de 27 páginas proporcionado por el gobierno, figuraban más de 1200 calles, plazas o viales con esos nombres, siendo con poco más de 300 los casos de José Antonio Primo de Rivera y de Calvo Sotelo (imaginamos que el de José, aunque no se especificaba) los más repetidos. ¿Es ajustado ese cálculo? ¿Son altos o bajos esos números desde un punto de vista legal y sobre todo ético-político? ¿A qué obedece encontrarnos aún en los callejeros nombres asociados a la dictadura franquista? Vayamos por partes.

En primer lugar, hay motivos para sospechar tanto que ese cálculo es exagerado como que se queda muy corto. Por un lado, podríamos pensar que la cifra real de nombres franquistas es menor porque la respuesta del gobierno se basó en los datos del INE y hay muchos casos en que la denominación actual no se corresponde con la que figura en la base de datos de esta institución. Por otro lado, podríamos concluir que el número verdadero es mucho mayor si tenemos en cuenta que el listado solo se refiere a 11 nombres concretos. Pensemos por ejemplo que en toda la Comunidad de Madrid solo aparecen 44 casos mientras que ya en la capital el número de cambios que pretende hacer el consistorio de Ahora Madrid asciende a más de 50.

Si pasamos a la distribución geográfica de esos nombres, el gráfico 1 ofrece datos por provincia y vemos que existe una considerable variación. Así, hay provincias como las vascas, Lleida y Girona donde no hay ninguna calle o similar con nomenclatura franquista, mientras que Cáceres y Toledo con más de 100 aparecen a la cabeza de esa clasificación. ¿Qué podría explicar esa variación? En los gráficos 2, 3 y 4 se trata de arrojar un poco de luz a esta cuestión. Así, en el primero de ellos se ve claramente como a nivel provincial el número de nombres franquistas correlaciona positivamente con el porcentaje de votos obtenido por el Partido Popular en las elecciones generales de 2016 y negativamente con el logrado por Podemos y sus confluencias en esa misma cita electoral. Además, cabe destacar que las asociaciones entre porcentaje de votos de PSOE y Ciudadanos en 2016 y el número de nombres franquistas son en ambos casos positivas aunque de menor alcance que en el caso del PP.

Sin embargo, cabe pensar que estas relaciones pueden depender del número de municipios que existen en cada provincia. Por una mera cuestión de probabilidades, siempre será más fácil que Franco esté presente de alguna manera en los espacios públicos de aquellas provincias donde haya más entes locales. Por eso, en el gráfico 3 se muestran los resultados de unos sencillos análisis de regresión en que se explica la cantidad de nombres franquistas a partir del porcentaje de votos de los principales partidos políticos controlando por el número de municipios en cada provincia. Ahí se puede ver que los efectos para PP (positivo) y Podemos (negativo) se mantienen mientras que para el PSOE el efecto es positivo y ligeramente significativo quedando anulado el impacto del voto a Ciudadanos.

Para acabar, en el gráfico 4 se intenta establecer el mecanismo que explica estas asociaciones. Para ello, se toman el porcentaje de alcaldes por provincia de PP y PSOE, la ideología izquierda-derecha media del electorado así como su nivel de identificación regional. Los análisis aquí sugieren que el porcentaje de alcaldes del PP (los resultados no cambian si se coge como variable explicativa el color del alcalde de la capital de provincia) así como el nivel de regionalismo contribuyen a explicar la permanencia de nomenclatura franquista en los callejeros (efecto positivo en el primer caso y negativo en el segundo). Sin embargo, ni el porcentaje de alcaldes socialistas ni la ideología izquierda-derecha explican significativamente este resultado.

En resumen, en este post se demuestra que la permanencia del franquismo en los espacios públicos y, por ende, el grado de cumplimiento de la ley de Memoria Histórica viene determinado por una serie de factores políticos. ¿Han sido las provincias donde el PP y la ideología conservadora son menos fuertes las más diligentes a la hora de adecuar sus callejeros a las previsiones legales? ¿O estaba la nomenclatura franquista mucho menos presente desde un principio en esos sitios y, por tanto, fue mucho más fácil ajustarse a la ley a partir de 2007? ¿Siguió una lógica de premio o de castigo el franquismo cuando al acabar la guerra remodeló a su antojo el callejero de nuestros municipios? Pero, sobre todo, ¿ha tenido y tiene efectos electorales la presencia de placas con nombres franquistas en nuestros pueblos y ciudades? Estas y otras preguntas constituyen una agenda de investigación incipiente tanto para la ciencia política como para la historia que esperemos dé sus frutos en los próximos años.

La primera fase de la elección del nuevo presidente del PP celebrada esta semana pasará a la historia de este partido y seguramente de nuestra democracia. Después de más 40 años, los afiliados de esta formación podían pronunciarse por primera vez de manera directa sobre la identidad de la persona que querían que rigiera a partir de ahora los destinos del principal partido de la oposición. En este breve post se analizará tanto el sistema de elección utilizado algunas de las claves explicativas del resultado registrado el pasado domingo. Además, se especulará sobre lo que puede pasar en el Congreso a celebrar de aquí dos semanas.

Las reglas del juego: “Para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas”

En el último congreso del partido, celebrado en Madrid en febrero de 2017, se adopta un cambio fundamental en el método de elección del líder del partido. Desde entonces queda consagrado un método de elección de doble vuelta según el cual los militantes que se hubieran inscrito para participar en el proceso electoral podrían elegir de forma directa al presidente del partido. Según reza el artículo 35.2 de los Estatutos, si alguno de los candidatos obtenía más del 50% del total de los votos válidamente emitidos, con una diferencia de al menos 15 puntos sobre el resto de candidatos y era el más votado en la mitad de las circunscripciones sería proclamado  como candidato único a la Presidencia del partido. De no ser así, se procederá a una segunda vuelta en que los compromisarios en el Congreso elegirán al presidente del partido de entre los dos candidatos más votados.

Este sistema presenta más sombras que luces. En primer lugar, y no es un hecho menor, la redacción es sencillamente espantosa. ¿Por qué se llama aún precandidatos a quienes ya han conseguido los avales necesarios para concurrir a la primera vuelta? ¿Qué pasaría si el ganador de la primera vuelta vence en más de la mitad de las circunscripciones y no en la mitad de las mismas como exigen stricto sensu los estatutos? Parece que hay margen de mejora en este sentido.

Segundo, existen problemas desde el punto de vista de lo que en ciencia política llamamos el régimen electoral. En un proceso de estas características, el hecho de que se tenga que escribir el nombre del candidato en la papeleta, sin sobre y que se vote en urnas de cartón (opacas) ofrece serias dudas en aras de garantizar un proceso libre y justo. 

Tercero, y aquí está el quid de la cuestión, cuando se introdujeron estas reglas en el Congreso del año pasado, seguramente se pretendía dotar al proceso de una apariencia de mayor inclusividad, pero sin abrir la puerta completamente a la elección de candidatos que no contaran con el beneplácito del aparato del partido. Como se discutirá más adelante, parece que lo segundo se va a conseguir, ¿pero habrá valido la pena pagar un precio tan alto? El sistema está mal diseñado desde un principio porque configuraba dos cuerpos electorales tan distintos (el de inscritos y el de compromisarios) que era muy posible que el ganador de la primera vuelta no se convirtiera en presidente del partido. Miren si no lo que pasó en las primarias del PP de Cantabria el año pasado. Además, la “espantada” del candidato a priori más fuerte, Núñez Feijóo, pero sobre todo el hecho de que se presentaran hasta seis personas a presidir el partido (parece que el mínimo de 100 avales será también una cosa a revisar en el futuro) hacía casi inevitable que el ganador de la primera vuelta se quedara lejos del 50% requerido y se viera abocado a ser elegido por los compromisarios.

En definitiva, se ha dicho a veces en la literatura comparada que los procesos de primarias los carga el diablo, pero en esta ocasión parece que existe un riesgo muy serio de que el diablo acabe disparándose en el pie. Adoptar un sistema de doble vuelta como este en un partido que ha hecho bandera de la idea de que debe gobernar la lista más votada no parece la mejor idea.

Los determinantes de la votación: “Lo que pasó, pasó… entre tú y yo”

En la noche de del pasado jueves, se da a conocer los resultados y Soraya Sáenz de Santamaría (37,02%) se impone a Pablo Casado (34,06%) quedando María Dolores de Cospedal (25,97%) en tercer lugar. La participación alcanza el 87,52% del total de inscritos, pero cabe recordar que el número de estos alcanzó un exiguo 7,6% del total de afiliados que dice tener el PP. Estas cifras quedan muy lejos de las poco más de 155.000 y de las cerca de 150.000 personas que participaron en las elecciones de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez respectivamente el año pasado. Esta baja implicación, sumado al tercer lugar conseguido por la hasta ahora secretaria general, María Dolores de Cospedal, pone una vez más en entredicho el poder del llamado “aparato”. Todo ello se ajusta a ciertos datos del CIS (Estudio 2588) que hace unos años apuntaban a que los ciudadanos de derechas en España no querían más pluralidad y debate en el seno de los partidos. Por comunidades, Sáenz de Santamaría se impone especialmente en Andalucía y en el País Valenciano mientras que Casado lo hace en Madrid. Una correlación de fuerzas parecida en el Congreso de Valencia de 2008 había confirmado a Mariano Rajoy al frente del partido en su momento más complicado.

Con unos sencillos análisis de regresión en el nivel de las comunidades autónomas se puede arrojar cierta luz acerca de qué influyó en los resultados del pasado jueves. En el gráfico 1 vemos que Casado obtiene sus mejores resultados allí donde el PSOE lo hace peor así como en aquellas regiones donde los porcentajes de votos de Ciudadanos son más altos. Si uno de los peligros a los que se enfrenta el PP es la salida de votantes y militantes hacia Ciudadanos, este último dato cobra especial relevancia. En el gráfico 2, podemos ver que el voto a Soraya Sáenz de Santamaría es más alto en aquellas comunidades donde la posición ideologica media es más de derechas y con mayor identificación con la región. Finalmente, el gráfico 3 muestra que Pablo Casado obtiene sus mejores resultados allí donde el número de afiliados es menor y la participación es más baja. Con ello, y teniendo en cuenta que el número de compromisarios de cada territorio viene determinado principalmente por el número de afiliados y que el jueves se elegían también a los compromisarios

El Congreso que nos viene: “Es la bola de cristal”

En los últimos días, la mayoría de tertulianos dan por hecho que Pablo Casado se impondrá con claridad en el Congreso a celebrar la semana que viene gracias sobre todo al apoyo que le brindarán los compromisarios afines a María Dolores de Cospedal, y creo que este pronóstico tiene todo el sentido del mundo. Las caras de los candidatos en Génova durante la noche electoral fueron muy elocuentes en este sentido. Pero también creo que la ventaja con la que el palentino se impondrá a la vallisoletana puede ser más estrecha de lo que algunos auguran, obligando seguramente al nuevo presidente del PP a integrar en la futura dirección a miembros de la candidatura de Sáenz de Santamaría si quiere que el partido permanezca unido y cohesionado.

NOTA: Coeficientes con intervalos de confianza al 90% asociados procedentes de un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es el porcentaje de voto obtenido por cada candidato a nivel autonómico en las elecciones primarias del PP de 2018 y las variables explicativas son los porcentajes de voto obtenidos por cada partido a ese mismo nivel en las elecciones generales de 2016.

FUENTE: http://www.eldiario.es y archivo electoral del Ministerio del Interior.

NOTA: NOTA: Coeficientes con intervalos de confianza al 90% asociados procedentes de un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es el porcentaje de voto obtenido por cada candidato a nivel autonómico en las elecciones primarias del PP de 2018 y las variables explicativas son el porcentaje de encuestados porcomunidad que en la típica pregunta Moreno-Linz (1-5) se declaran solo identificados con esa región o más con esa región que con España y la auto-ubicación ideológica media del electorado por autonomía en el clásico eje izquierda-derecha (1-10).

FUENTE: http//:www.eldiario.es y Estudio 3145 del CIS.

NOTA: Coeficientes con intervalos de confianza al 90% asociados procedentes de un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es el porcentaje de voto obtenido por cada candidato a nivel autonómico en las elecciones primarias del PP de 2017 y las variables explicativas son el número oficial de afiliados al PP por habitante en cada comunidad y el porcentaje de inscritos que votan en las primarias.

FUENTE: http//:www.eldiario.es.